Desde hace unas semanas estamos asistiendo a un vergonzante espectáculo que haría reír si no fuera porque es un signo más de la situación de abandono en la que se encuentra el patrimonio cultural de esta ciudad (un seguimiento completo en http://www.todoslosnombres.org). Una de sus fuentes de riqueza, por mucho que algunos piensen que eso de la cultura sólo es cuestión que interese como fuente de ingresos a particulares y gasto improductivo colectivo. Nos referimos a la aparición de una documentación relacionada con el sistema penitenciario franquista. Aunque estaba en manos de la llamada Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica desde hace bastante tiempo, una década quizás, no ha sido sino tras el anuncio de la puesta a disposición del público de los expedientes penitenciarios de los reclusos condenados por las autoridades franquistas del penal de El Puerto de Santa María y la Prisión de Partido de Jerez de la Frontera, cuando se ha decidido a darlo a conocer. Una curiosa coincidencia.

Como extraña resulta la declaración que hacía su presidente de que estaba entregando a los familiares dicha documentación porque la necesitaban para poder reclamar indemnizaciones a la administración y porque, desde su punto de vista, eran quienes debían tenerla. Ciertamente en el movimiento memorialístico existen diferencias en sus objetivos y divergencias en sus métodos de actuación. Incluso prioridades. Pero es la primera vez que oigo decir que la forma de ayudar a los familiares es repartir la documentación, esperamos que de forma altruista, en vez de exigir a la Administración que cumpla con su obligación de ayudarlas. Como también resulta peculiar que un investigador piense que diseminar un patrimonio milagrosamente rescatado sea la mejor manera de conservarlo. Todo muy extraño.

Pero resulta que las sorpresas no acaban aquí. A los pocos días de aparecer la noticia y ante la falta de reacción de las autoridades competentes, medio centenar de historiadores, asociaciones y personas sensibles, no sólo de Cádiz sino también del resto de Andalucía y otras regiones del país, suscribieron un comunicado de denuncia de la situación y pidiendo que la administración actuara de forma inmediata y contundente con los instrumentos que tiene en su mano. Escrito que, por cierto, escasa difusión ha tenido. En paralelo la Delegación de Cultura de Cádiz anunciaba que iba a llegar a un acuerdo con la asociación para la digitalización de la documentación pública que obraba en su poder. Es decir, que aunque aseguraba su presidente que no tenía ningún problema en devolverla, la realidad era que ponía unas condiciones y aunque decía que no se trataba de una cuestión de dinero, éste aparecía de por medio. Pero si rara era la actitud de la asociación, más aún lo era la de la administración que no sólo relegaba a septiembre, «cuando los técnicos volvieran de vacaciones», el tema sino que se avenía a aceptar las condiciones de un particular para recuperar una documentación pública que estaba obligado a devolver. Seguramente los servicios jurídicos sepan la forma más eficaz de llevarlo a cabo.

Así las cosas, al día siguiente los firmantes del manifiesto citado presentaron ante la Delegación del Gobierno en Sevilla un escrito en el que se le pedía su intervención inmediata y decidida en el asunto. Algo debió de moverse porque ese mismo día la delegación gaditana envió al director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el lugar donde debe estar la documentación, a la sede de la asociación para requerirle su entrega. Así pareció que se iba a hacer el pasado martes 31 de agosto. A cambio de «material de oficina» como compensación por haber mantenido oculta una documentación pública durante años, aunque fuera por la ineptitud administrativa y proceder a su dispersión. Sin embargo el sainete no había llegado a su fin. El Archivo Histórico Provincial no aceptaba la muestra del material que se le entregaba de todo el que dice la asociación poseer. La excusa es que era lo que había podido recopilar de la documentación porque ésta está distribuida entre los miembros de la asociación, muchos de ellos de vacaciones. Si los técnicos de cultura y la delegada estaban de vacaciones por qué no podían estarlo los socios de la asociación.

Conocida es la fama de Cádiz por lo graciosos y cachondos que son sus habitantes. Se cachondean de todo y todos/as. En carnaval y fuera de él. Así que, aprovechando los carnavales de agosto, Delegación de Cultura y Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica han decidido aportar su grano de arena. Menos mal que el director del Archivo Histórico Provincial decidió no participar y ha vuelto a poner las cosas en su sitio: toda la documentación debe ser entregada y de forma inmediata. La cuestión no es si la Delegación de Cultura tiene medios o no para hacerlo, que no cabe duda de que los tiene, sino por qué no los pone en práctica.

Hace unos años alguien tuvo acceso al sumario, o a parte del sumario, del proceso del capitán Rojas. El homicida de Casas Viejas. Lo quiso vender en Sevilla y la actuación de las autoridades y la policía fue inmediata y contundente. Quizás Cádiz forme parte de otra administración -¿será cantón independiente?- y en asuntos como éste llueve sobre mojado. Conocido es en el mundillo de los que trabajamos la edad contemporánea en Cádiz, y el golpe de estado y la represión franquista el estupor que nos supuso que tras la muerte del jefe del Estado Mayor del Gobierno Militar de Cádiz, José Pettenghi Estrada, autor entre 1963 y 1977 de numerosos artículos en la prensa local, muchos de ellos sobre el golpe de estado de julio de 1936, no apareciera en la documentación entregada al Archivo Histórico ninguna de las fuentes que habitualmente utilizaba -procedentes del Gobierno Militar pero citadas como archivo particular del autor- y sobre las que había decidido que no se pudieran consultar hasta no recuerdo qué año después de su muerte. Seguramente, como en el caso de la documentación de la que ahora tratamos, la encontrara en la basura y a ella volviera a su fallecimiento.

Para más información y suscribir la petición: http://www.todoslosnombres.org
Ver también: Manifiesto Archivo PPC

Patricia Manrique, Diagonal redacción Cantabria, 30.11.2009, nº 114

En ningún país europeo existe Tribunal de excepción semejante a la Audiencia Nacional (AN). En otros países que han vivido fenómenos de terrorismo o bandas organizadas se excluye al Jurado, pero se atribuye la competencia a juzgados ordinarios, sin necesidad de crear tribunales centrales. En España, bajo la ‘excusa’ de perseguir el terrorismo, la AN ha ido acumulando, bajo el signo de la excepción, competencias muy discutidas en el mundo judicial.

Heredera del Franquismo
La AN se crea mediante Real Decreto-Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día que se suprimía el Tribunal de Orden público (TOP) de la Dictadura, del que resultaba heredera en materia de represión política. Este carácter inusitado en un órgano judicial le ha valido abundantes críticas jurídicas. Según señala el abogado Juan Manuel Olarieta: “En la legislación española, sea la franquista o la postconstitucional, no se pueden crear órganos judiciales por Decreto-Ley, de modo que el nuevo tribunal nacía viciado de ilegalidad.”
El antecedente inmediato de la AN fue el Tribunal Central de lo Penal (TCP), un órgano judicial previsto en la Ley de Bases de la Justicia de 1974, que trataba de instaurar un modelo de justicia más adecuado al estado franquista, aunque el mismo estuviera ya en decadencia. Dicho TCP se llamaba justamente, en uno de los anteproyectos, “Audiencia Nacional”.

El objetivo de la UCD era, dado que los tribunales militarse se inhibían sistemáticamente de juzgar delitos políticos, crear un órgano heredero del TOP en materia de represión política: no se podía perpetuar dicho TOP por las duras críticas que suscitaba, ni se derivaban estas cuestiones a tribunales ordinarios porque eso hubiera sido verdaderamente innovador. La Ley de Bases no salió adelante por las críticas y el ‘cambio’ político pero la Audiencia nacional sobrevivió. En palabras de Juan Manuel Olarieta: “De la oposición se pasó al consenso y de ese consenso político formaba parte la aceptación de la Audiencia nacional, por más que con ello se arrastraran todas las deficiencias de un fuero centralizado que no tenía precedentes”.

La Ley Orgánica del poder judicial lo consagró en 1985 y el Tribunal Constitucional (TC) sancionó ese consenso político en 1987.

Tribunal Excepcional
De entre los motivos por los que se denuncia el carácter excepcional de la AN cabe destacar cuatro: que incumple el derecho al juez ordinario; que se determinan sin ningún criterio sus competencias; que favorece y acepta fórmulas inquisitivas de instrucción como la incomunicación y la tortura; y, por último, que presenta dependencias políticas o, a la inversa, limita el ejercicio del poder ejecutivo por la concentración de poder.

Respecto a la primera cuestión, el derecho al juez ordinario –que incluye el derecho al juez natural- es una pieza clave en el derecho al “debido proceso”, que garantiza una buena defensa y un buen ejercicio judicial. El artículo 24.2 de la Constitución lo consagra. Implica que el juez competente para juzgar cualquier delito sea el del lugar donde ese delito se ha cometido porque se dispone de mejores medios para la instrucción (testigos, datos de la sociedad en que se produce…) y porque “tiende a garantizar la independencia y la imparcialidad dispersando las competencias entre diversos órganos jurisdiccionales, evitando la concentración de funciones y poder” según señala Jose María Asencio, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante.

El derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, lo que la doctrina denomina “Tribunales de excepción”. Y este sería justamente el caso de la AN. Para el jurista catalán Jaume Assens: “Este hecho no tiene un sentido jurídico sino político. Rompiendo el principio del juez ordinario con un tribunal especial se consigue que la ‘Razón de Estado’ pueda tener mayor incidencia en la orientación e impulso de las investigaciones y juicios que se desarrollan en la Audiencia”.
La AN está situada en Madrid –en las mismas instalaciones que estaba el TOP y rentabilizando a algunos de sus funcionarios-, lo cual la hace más susceptible de presiones, amén de la dificultad que entraña para aquellos que se ven obligados a desplazarse a ella desde lugares alejados. Ante dicha violación del principio de juez ordinario, algunos juristas abogan por su supresión. Otros, que creen que hay argumentos políticos y jurídicos suficientes para apoyar esta excepción en el caso de delitos de terrorismo, en los que la proximidad de acusados y juzgador lo recomienda, proponen soluciones intermedias como que la AN no tenga todas las competencias de las distintas fases del proceso: suprimidos sus Juzgados de Instrucción –donde están los “jueces estrella”- ésta sería acometida por tribunales ordinarios de Madrid.

Un centralismo injustificado
En cuanto a la “discrecionalidad” con la que se atribuyen sus competencias, el propio TS reconocía en 1989 que carecen de “un haz unificador inequívoco”. En ella se tratan delitos muy diversos, desde la corrupción a las mafias, pasando por delitos, por ejemplo, contra la Corona. Por otro lado, cada vez pretenden atribuirse más competencias, lo cual denota un interés en centralizar decisiones judiciales.
El reciente nombramiento, por ejemplo, de Daniel Campos Navas como fiscal especializado en “bandas armadas”, supuestamente “en su gran mayoría” de orientación nazi, ha despertado sospechas. Para Jaume Assens: ”Hay un grave peligro, por el efecto expansivo de las legislaciones de excepción, de que se acabe aplicando a fenómenos como el anarquismo”, pues se pretende aplicar el discutido artículo 577 relativo a terrorismo urbano o de “baja intensidad”, creado para la kale borroka. Otra cosa es la creación de fiscalías especiales en tribunales ordinarios, como la que ya opera con éxito en Catalunya, o la que se pretende poner en funcionamiento en 2010 en Madrid.
En lo relativo a las fórmulas inquisitivas de instrucción que favorece y acepta la AN, han sido muchas las denuncias de diversos organismos de Derechos Humanos, y que el relator de la ONU, Martin Scheinin, ha refrendado recientemente.

Un Tribunal Político
En una reciente conferencia organizada por Eskubideak, sección vasca de la Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED), en la que participaron un centenar de abogados de Europa y América, se señalaba la AN como “paradigma de la politización de la Justicia y de la judicialización de la política”. Se concluyó asimismo que “su acción, que se puede calificar de creadora de derecho, genera la expansión de tipos penales”.

Un caso paradigmático lo constituye la labor directiva de la AN en la lucha contra el terrorismo, bajo la tesis de Garzón “todo es ETA”, que ha llegado hasta el TS. Sentencias como la de Jarrai-Haika-Segui, que las condenaba como “asociación ilícita”, en aplicación del controvertido artículo 577, fueron luego aumentadas en carga penal en la lectura del TS, que condenaba a estas mismas por “terrorismo”. Igualmente ha ocurrido con el sumario 18/98 en el que, de nuevo, se ha subsumido una práctica política bajo el epígrafe de “terrorismo”. El relator de la ONU, Martin Scheinin, ha advertido contra “definiciones vagas y amplias que acaban socavando el firme mensaje moral inherente en las definiciones estrictas”.

Respecto al “todo es ETA”, el abogado y miembro de la AED Julen Arzuaga señala: “Lo que fue la teoría de Garzón -no sin obstáculos- se convirtió en la teoría de la AN, para ser, a la postre, la teoría del Estado”. Por su parte, Endika Zulueta, abogado en la causa Jarrai, insiste en que “se utiliza la parte más dura del Código Penal no para juzgar ciudadanos, sino para combatir enemigos. Esta lucha debería trasladarse al ámbito estrictamente político y sacarse fuera de los muros de la AN”.

Jueces estrella
La AN produce “jueces políticos”, en expresión del magistrado del TC Gimeno Sendra: jueces “inquisidores” que, con suma incidencia en la vida pública, se mueven por criterios no estrictamente jurídicos. Son los habitualmente denominados “jueces estrella”, como Baltasar Garzón, que marcan la vida política y la agenda de los medios de comunicación. Para Jaume Assens, “hay una hipertrofia de una acción judicial cargada de valores políticos y la AN se convierte en actor político de primer orden. Figuras como Garzón son propias del populismo justiciero como nueva modalidad inquisitiva de la concepción de la justicia”.

El Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (RMHSA), de CGT Andalucía, ha hecho público un comunicado crítico con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El motivo es el proyecto de ley del Registro Civil aprobado en Consejo de Ministros el pasado 23 de julio.

RMHSA manifiesta su “sorpresa y malestar” porque el Gobierno “no ha tenido en cuenta ni una sola de las sugerencias que le trasladamos en la reunión que celebramos el pasado mes de diciembre de 2009, que tenían como objetivo último favorecer la inscripción de varios miles de asesinados y asesinadas por el franquismo en los registros civiles”.

El grupo de trabajo califica como “lamentable” este “detalle” del Gobierno hacia los familiares de los ‘desaparecidos’. Señala que cada vez es más difícil hacer frente a la demanda de los jueces, que “hasta ahora solían pedir dos testigos presenciales (…) del fusilamiento”.

Según la asociación, el Gobierno del PSOE ha optado por ignorar todas las demandas de la campaña “Todas las víctimas del franquismo, en los registros civiles”, que pretenden facilitar la inscripción en ellos de los asesinados.

… o cómo Enric Ucelay-Da Cal,
eminente representante del Alma Máter,
inventa, prologando las Memorias de José Peirats,
un nuevo método de ejecución intelectual:
la descalificación post mortem

JOSÉ PEIRATS (1908-1989), que fue ladrillero y periodista obrero antes de convertirse en uno de los mejores especialistas del anarquismo
español, se le ha citado a menudo en las columnas de À contretemps, y lo hemos hecho como mínimo por dos motivos. El primero, porque, durante los años 1930, su existencia militante le colocó, como redactor que fue de Solidaridad Obrera, en el meollo de una « gimnástica revolucionaria » que desembocaría, en julio del 36, en un proceso revolucionario de una amplitud sin igual. Esta revolución, que sigue alimentando –pero también cuestionando– el imaginario libertario, Peirats la vio amanecer, y luego, presa de una infernal lógica de guerra, apagarse inexorablemente. El segundo (motivo), porque decidió hacerse él mismo su escrupuloso histo-riador al producir, en los años 1950, una obra crítica de una enorme calidad analítica y documental –La CNT en la Revolución
española [1]–, de un alcance decisivo para la época. La rectitud sin fallos de la que hizo gala cuando la CNT faltó, en diversos momentos de su historia, contra los principios fundamentales que la regían, y el rigor intelectual con el cual intentó comprender las causas de esas desviaciones convierten a Peirats en uno de los personajes más singulares, y sin lugar a dudas uno de los más dignos
de elogios, de una generación militante hoy desaparecida.

Visto el interés que nos tomamos por Peirats, el anuncio de la publicación de sus Memorias se nos antojó una excelentísima noticia, ya que esta edición se esperaba desde hacía ya mucho tiempo. En efecto, escrito en su mayoría en 1974 y 1975, este largo texto autobiográfico –de unas 1.300 páginas dactilografiadas– se topó al principio de los años 1980 con las imposiciones de algunos merca-deres de libros, entre ellos Planeta, los cuales se declararon deseosos de publicarlo pero amputándolo, para hacer entrar de fuerza los
recuerdos del autor relativos a su niñez, a su adolescencia y a sus experiencias vividas de la época de anteguerra por el aro de ese tipo de producciones memorialísticas. Peirats, que podía ser muy cabezudo, se negó obstinadamente a semejantes cortes, prefiriendo con mucho que no salieran sus Memorias antes que se publicaran truncadas. Por eso rogó a su representante ante los editores,
su amigo el historiador y sociólogo uruguayo Carlos Rama, que rechazara cualquier oferta de esa calaña. Para él, era o todo o nada. Por consiguiente, a falta de un editor digno de tal nombre, todo se redujo a la nada. Desde entonces, la única huella que teníamos de esas Memorias se la debíamos al propio Peirats, el cual aceptó, a finales de los 80 y a petición de la revista barcelonesa Anthropos, escoger unos extractos de sus Memorias, una selección que salió, poco después de la muerte de Peirats, en la colección « Antologías temáticas » de esta revista [2]. Desde entonces, depositado por su compañera, Gracia Ventura, en la Biblioteca Arus de Barcelona, el manuscrito dormía en las estanterías de aquella noble institución.

Muy buena se nos antojaba pues la noticia de que, a los veinte años de la muerte de Peirats, los historiadores Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero preparaban una edición de sus Memorias. Por desgracia, visto el resultado [3], hemos de confesar que nos esperábamos –¡y tanto que lo esperábamos!– algo mucho mejor…

Para evitar cualquier malentendido, puntualicemos de entrada que no tenemos la intención de adentrarnos aquí en una reseña de las Memorias de José Peirats. Para ello, esperaremos que salga, redactada por la pluma de Chris Ealham [4], su biografía anunciada, de la que todo augura que permitirá, en paralelo con estas Memorias, un examen serio y pormenorizado del trayecto militante y de la obra de historiador del autor de La CNT en la Revolución española.

Dicho lo dicho y a la espera de días mejores, nos vamos a interesar por la manera en que esta edición truncada de las Memorias de Peirats, llevada a cabo por el neomandarinato universitario, desnaturaliza sus efectos y su alcance. Truncada, decimos, ya que la versión abreviada que nos dan de dichas Memorias Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero contraviene al deseo expresado en repetidas ocasiones por Peirats de autorizar la publicación de sus Memorias con la única condición de que no fuesen amputadas, lo cual da a entender que, de vivir, se hubiera negado a avalar este proyecto del mismo modo que se opuso, incluso en contra de la opinión de algunos de sus allegados, a las veleidades depuratorias manifestadas por el mundillo editorial de los años 1980. Con los muertos se juega con ventaja, ya que se puede prescindir de su asentimiento.

Pero lo peor por parte de los responsables de esta muy discutible empresa editorial es sin lugar a dudas haberle confiado a su superior jerárquico –Enric Ucelay-Da Cal– el encargo de producir, a modo de prólogo del libro, un increíble alegato en contra del personaje y de las Memorias que debía supuestamente presentar. Algo así como si se hubiera invitado a José Visarionovich Djugachvili a dar un prefacio a Mi vida, de Trostki, o si el propio León Davidovich Bronstein hubiera prologado la autobiografía de Majno.
Profesor de historia contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Ucelay-Da Cal es un especialista de los nacionalismos y, más en concreto, del nacionalismo catalán. Sin embargo, más allá de su campo de competencia, ese hijo de la diáspora republicana vertiente middle class, nacido en 1948, estudiante en Estados Unidos –de donde salió diplomado por la prestigiosa Columbia University (Nueva York)–, se precia asimismo de ser un experto en historia del movimiento obrero. Autor prolijo [5], Ucelay-Da Cal, a tono con la época, profesa una concepción objetivista y razonable de la historia, supuestamente desideologizada y desprovista de cualquier propósito militante. Bien es verdad que, desde el punto de vista político, el maestro historiador –quien, como muchos colegas suyos condecorados por el Alma Máter, escribe cuando y cuanto le apetece en la prensa– no es ningún extremista acalorado: sería más bien un esteta del mariposeo político. Puesto que lo más importante radica en tener siempre la sartén por el mango socialliberal, nuestro experto navegó, según soplaba el viento, en compañía de los amigos de José Montilla Aguilera, el « socialista » presidente de la Generalitat de Cataluña, y los de Artur Mas y de la Fundació Trías Fargas, sus opositores de « derechas » [6]. Esto dicho, la única ebriedad que embarga al personaje, es ser reconocido, desde la « izquierda » como desde la « derecha », como supremo representante de su casta, el Historiador por excelencia, puesto que Su Altiva Majestad Ucelay-Da Cal está sobre todo pagado de sí mismo.

Del autodidactismo al organicismo o cómo nace un « intelectual orgánico »

Harto es sabido que a los historiadores siempre les ha costado mucho hacerse cargo de las singularidades y del eclectismo del anarquis-mo obrero. Como si, de facto, aquel mundo no pudiera sino escapar de las casillas explicativas de una disciplina exagera-damente clasificadora para entender la abundancia de su mundo imaginario y la pluralidad de las prácticas culturales y de los modos de acción que lo acompañan. Además, largo tiempo marxistas, en el sentido académico por supuesto, la mayoría de los representantes más
eminentes de la disciplina –aquellos que publican y de los que se habla– acostumbraron a manifestar, respecto al anarquismo obrero, una
condescendencia muy propia de la historiografía dominante. De ahí la acumulación de estereotipos producidos por el Alma Máter sobre un tema que, por lo visto, le cuesta trabajo sacar del tópico sabiamente repetido y metódicamente mantenido. Todavía hoy, el anarquismo sigue siendo, para él, la expresión de un anacronismo, de una pasión destructiva, de un idealismo sin contenido y/o de un autodidac-tismo trasnochado. Huelga precisar que esa incomprensión universitaria es evidentemente una oportunidad para el propio anarquismo: de esa forma escapa al orden discursivo de la historia, aquella que baila al son que le tocan los funcionarios del saber.

Ignoramos si Ucelay-Da Cal fue marxista en tiempos de una juventud vagamente crítica que la edad se habría encargado de aplacar [7], pero el mismo título de su prólogo –« José Peirats, el autodidacta como intelectual orgánico »– huele a antiguas influencias gramscianas. Notemos, sin embargo, que el concepto de « intelectual orgánico » –el cual, en el verdadero sentido del término, conviene a los intelec-tuales orgánicamente supeditados al poder dominante, como el mismo Ucelay-Da Cal– sirve más vulgarmente, aquí, a calificar a los autodidactas promovidos al estatus de intelectual por su pertenencia a una organización de masa, en este caso la CNT. Sin insistir en el
método que consiste en desviar un concepto definido para aplicarlo a una situación que no le corresponde en absoluto, hay que poner de manifiesto una deficiente comprensión de la relación –muy remota– que el anarquismo obrero mantiene con los intelectuales para pensar que el estatus de « intelectual orgánico » podía haber ejercido el más mínimo atractivo en unos autodidactas libertarios más interesados en ser « amantes apasionados de la cultura de sí mismos » (Pelloutier) que no adeptos de la promoción social o política. Ya que es poco decir que practicaron con suma constancia « le refus de parvenir [el negarse a medrar] » (Albert Thierry), que fue otra particularidad –y no de las menores– del anarquismo obrero y del sindicalismo revolucionario. Para decirlo claramente, su forma de ser los situaba a años-luz del universo mental de Ucelay-Da Cal, intelectual orgánico donde los haya.

Para el historiador, del que pasaremos por alto voluntariamente las largas y pesadas trivialidades sobre el apego de los libertarios al libro y a la cultura, Peirats sería pues el ejemplo perfecto del autodidacta que habría logrado hacerse un nombre, esto es salir de su condición de trabajador manual para entrar en la categoría, orgánicamente envidiable, de los trabajadores del pensamiento. Y si lo
consiguió –o, para decirlo al modo del historiador, si hizo carrera como « intelectual orgánico »–, fue desde luego porque supo sacar
provecho de sus talentos personales, pero sobre todo porque supo entender el ser profundo, la naturaleza secreta y el « cemento espiritual » (p. 62) del movimiento libertario español al que pertenecía. Ya que, moldeado y dominado por autodidactas, prosigue nuestro experto, manifestaba aquél tan escasa autoestima que se hizo el portavoz constante de un furioso « organicismo » (p. 62) que favorecía la promoción de sus miembros más « tozudos » (p. 62), « seleccionados por la lucha interna y el combate social » (p. 62). En dicho terreno, concluye Ucelay-Da Cal, Peirats halló por consiguiente su puesto de « intelectual orgánico » por antonomasia, convirtiéndose en teórico de dicho « organicismo », una « metáfora obsesiva » (p. 62) que servía a disimular la permanente falta de profesionalidad de la organi-zación anarcosindicalista. Y concluye como sigue: nunca abandonó esa posición, fundada en la idea según la cual la solidez organizativa constituía el principal tesoro de la CNT, al contrario de sus tendencias al « optimismo revolucionario » y al « neo-nietzscheano “triunfo de la voluntad” » (p. 63).

Aquí conviene detenerse un momento en el enfoque metodológico reiterativo del honorable profesor, que consiste en manejar, a la vez, la loa (aparente) y una (auténtica) descalificación. De modo que se saluda al autodidactismo, simultáneamente, como algo encomiable pero que favorecería a la vez un saber bulímico y aproximativo. « En el país de los analfabetos, no duda en escribir Ucelay-Da Cal, manda el autodidacta » (p. 47), condenando para el caso a ese « self-made intelectual » (p. 51) a su diminuta condición de teórico de baja estofa que sólo podía acoger el movimiento libertario español, « medio tan heteróclito y falto de solidez especulativa y analítica » (p. 51). Rezumando condescendencia por los cuatro costados, lo demás va cortado por el mismo patrón: de Francisco Ferrer, « antiguo revisor de trenes » (p. 50), puntualiza que su autodidactismo pedagógico sirvió sobre todo para disimular « su pasado insurreccional republicano » y « sus iniciativas terroristas » (p. 50); de las prácticas de democracia directa de la CNT, no retiene sino que producían oscuras recensiones de reuniones que sólo podían entender los adeptos (autodidactas por fuerza) del lenguaje « en clave » (p. 33); de uno de los primeros textos del joven Peirats –Lo que podría ser un cinema social (1935)–, hace escarnio del « estilo muy propio del autodidacta [que ha] hecho bien los deberes » (p. 53) [8]. Y así sucesivamente… Página tras página, Ucelay-Da Cal destila su altivez de poseedor del único saber que cuenta para él, aquel que confiere la « formación académica » (p. 49). Y lo hace hasta tal punto que su asperísima embestida debe entenderse primero como lo que es: el alegato pro domo de un graduado de la intelligentsia que odia ver a los desharrapados aventurarse en su terreno propio como Pedro por su casa. La continuación de su requisitoria lo va a probar con creces.

La ascensión de un Rastignac en alpargatas

Visto por Ucelay-Da Cal, el trayecto de Peirats se parece a la ascensión de un Rastignac en alpargatas pasado, en unos pocos años, de ladrillero a periodista en Solidaridad Obrera. Prueba, nos dice, de que tuvo la inteligencia de comprender que el verdadero centro de control y de decisión de ese « antipartido movimental » (p. 56) que fue, según él, la CNT, no se situaba, como se ha dicho a
menudo, del lado de la FAI, sino en el mismo corazón de la casa madre, dentro de los muros de su órgano histórico, Solidaridad Obrera, cuyas « funciones coordinadoras [iban] mas allá de las usuales funciones de la “prensa de partido” » (p. 57). Convencido de haber descubierto el Mediterráneo, Ucelay-Da Cal insiste: allí es donde había que estar para formar parte de los seguros « cuadros dirigentes » (p. 56) de un movimiento que « aspiraba a ser todo el pueblo trabajador, en su más perfecto conjunto » (p. 57). Y si se desea
saber en nombre de qué y a partir de qué fuentes adelanta semejante hipótesis, habrá que esperar sentado. Ucelay-Da Cal no se preocupa en probar nada, bastan sus afirmaciones. Por lo tanto, el asunto está muy claro: para elevarse fuera de la base y convertirse en « intelectual orgánico », no había posición más envidiable que la que consistía en ejercer su magisterio en el seno de Solidaridad
Obrera. Para él, la CNT, es algo así como el Alma Máter de los pobres, un mundo despiadado donde la promoción de las élites depende de su capacidad para hacerse cargo de los envites del poder y para ocupar the right place. Asumiendo el riesgo de dejar algunos cadáveres por el camino.

Por eso, prosigue nuestro experto, la trayectoria de Peirats fue « más contradictoria y menos lineal de lo que él siempre pretendió » (p. 42). Y detalla dicho trayecto: opuesto a los « treintistas » –cuya lógica interna, afirma perentorio, desembocaba por fuerza en la constitución de un partido sindicalista (el de Pestaña)–, sostuvo a los « pistoleros anarcosindicalistas » (p. 60) haciendo alianza, en 1931, con « los “anarco-bolcheviques” […] partidarios de Durruti y compañía » (p. 59) antes de convertirse, en 1933, con el grupo faísta del que formó parte (« Afinidad »), en uno de los principales críticos del « insurreccionalismo “anarco-bolchevique” » (p. 60). Lo cual no hizo de él un moderado, afirma Ucelay-Da Cal, sino más bien un radical sui generis, convencido de que « era mejor estar solo que mal acompañado » (p. 61).

Buenas pruebas de ello serían sus tendencias depuradoras contra los « treintistas », pero también contra Francisco Tomás, condenado en 1934 en un « juicio de honor » por no haber cumplido debidamente con sus obligaciones durante la insurrección de diciembre de 1933 en L’Hospitalet –feudo de Peirats, puntualiza el historiador.

Hay que ser, por lo visto, graduado en la Columbia University para escribir tantos disparates sin temor a poner en peligro la propia fama. Recordemos pues a Ucelay-Da Cal que muy pocos fueron los « treintistas » que se adhirieron a la lógica de Ángel Pestaña, cuyo proyecto político no cuadraba con la prístina inspiración del « treintismo », directamente heredada del muy antipolítico sindicalismo de acción directa al modo francés, el de la CGT de los orígenes. Y hablar de las supuestas alianzas, incluso circunstanciales y provisionales, entre Peirats y García Oliver (antes que Durruti), supone no entender ni papa de las profundas divergencias que los opusieron de forma duradera, y que ambos expresaron sin la menor amenidad. Por muy anarquista que fuera –y lo era a veces de forma exageradamente ortodoxa–, Peirats se sentía evidentemente más cercano, en un plano ético, al sindicalista Peiró que no al político García Oliver [9]. Por fin, convertir la expulsión del muy criticable y criticado Francisco Tomás Facundo –expulsión que Peirats cuenta detalladamente y sin ningún reparo en sus Memorias (pp. 237-238)– en prueba de su vigor punitivo, eso está perfectamente fuera de lugar, sobre todo cuando se sabe el papel de depurador auténtico que el célebre « expulsado » desempeñó, como responsable cenetista de la policía local de Lérida, durante la revolución española.

Por lo demás, el ilustrísimo Ucelay-Da Cal se esfuerza sobre todo en cargar las tintas, pese a incurrir en afirmaciones aproximativas o triviales, difamatorias o grotescas. Al leerlo, descubrimos que la FAI, de la que se ignoraba que fuera tan receptiva a los ecos del mundo exterior, habría sufrido la fuerte influencia de Majno –calificado de « sponsorizador de la tesis de la llamada “Plataforma Archinoff” » (p. 40). O que Emma Goldman, de la que Peirats fue el biógrafo [10], era, en realidad, nada menos que una « ácida matriarca libertaria »
y una « insufrible luchadora » cuya característica principal fue la « obcecación doctrinal » (p. 81). O que el activismo antirrepublicano de los libertarios « dio a la derecha insurreccional una excusa para su rebelión militar » (p. 75), una opinión que difiere bien poco de la de los revisionistas de cuatro cuartos de la calaña de Pío Moa, para los cuales la Cruzada nacionalcatólica no fue, al fin y al cabo, sino una reacción a la barbarie roja. Podemos leer, en fin, que « Durruti, García Oliver y sus amigos “anarco-bolcheviques” » no habrían estado
inspirados más que por el deseo de hacer las cosas « mejor » (p. 39) y más fuerte que los comunistas –cuya potencia era, como bien es sabido, decisiva en la España de los años 1930 (o sea, según las estimaciones más benévolas, unos 3.000 militantes en vísperas de la Guerra Civil). Y para apuntalar un descubrimiento un tanto defectuoso a nivel local, el sutilísimo analista afirma, bromas aparte, que los anarquistas no han hecho sino correr, en todas partes, tras los comunistas: lanzando la AIT depués del Komintern, la SIA después del
Socorro Rojo y el ABC del comunismo libertario de Berkman después del ABC del comunismo de Bujarin. Aquí es tan grande el despropósito que uno se pregunta si el catalanísimo profesor no tendrá cierta inclinación en ahogar su orxata con moscatel. De todas esas ocurrencias, tan lamentables como enredadas, se colige, en todo caso, que, para el genio de la Pompeu Fabra, a ese impresentable anarquismo sólo se le puede tratar con el mayor menosprecio.

De la guerra al exilio, el hombre del « doble juego »

Muy en contra de su inclinación natural, Ucelay-Da Cal no se explaya en demasía sobre los años de guerra de Peirats. Su posición, nos dice, habría sido la de un « irreductible » (p. 64) que jugaba, permanentemente, un « juego ubicuo, doble » (p. 69). Opuesto a « los que dominaban la FAI y […] controlaban los órganos superiores de la CNT (pero no necesariamente lasFederaciones locales) » (p. 68), Peirats no tuvo otra alternativa, recalca, sino replegarse en unas Juventudes Libertarias bastante « fragmentadas » (p. 68) para ofrecerle un espacio de oposición a la línea general, un espacio que ocupó al tomar la dirección de Ruta, su órgano de expresión. Sin embargo, da a entender el historiador, Peirats no fue nunca hasta el final de su lógica opositora. Ni en Mayo del 37, ni cuando se pensó en él para secretario de las JJ. LL. Asimismo, su integración, a finales de 1937, en el Estado-Mayor de la 119 Brigada de la 26 División (ex columna Durruti), cuando había sido uno de los ardientes opositores a la militarización de las milicias, daría buena muestra, según el fino
sabueso de la Universidad, de la misma indecisión.

Una vez más, Ucelay-Da Cal instruye a cargo y sin probar jamás ninguna de sus hipótesis. Si Peirats, opositor declarado a la participación de la CNT en el Gobierno central, decidió dedicar sus fuerzas a denunciar esa línea en las columnas de Ruta, es que el periódico al cual colaboraba hasta entonces – Acracia, de Lérida– acababa de ser normalizado por las instancias de la CNT. Si
no aceptó acceder a un cargo directivo en las JJ. LL., es porque sabía que las iban a meter, a ellas también, por el recto camino
« colaboracionista ». Si marcó las diferencias, en Mayo del 37, con Jaime Balius y los « Amigos de Durruti », fue por desconfiar de su posicionamiento político, que juzgaba demasiado bolchevizante. Si decidió, en otoño, unirse a las filas de la 26 División, incluso
militarizada, es que pensaba que, al fin y al cabo, se sentiría en ella más a gusto con su conciencia que no en una organización en vía de normalización ideológica. No existe nada, pues, en ese trayecto de minoritario, que sea signo de un « doble juego » cualquiera, a no ser que se considere que la única solución, para él, hubiera sido saltarse la tapa de los sesos.

Pero, como tratándose de Ucelay-Da Cal, lo peor siempre está por venir, toma aquí la forma de la patada del burro –en el sentido propio como figurado: una vez terminada la guerra, nos espeta, la identificación de Peirats « con la línea perdedora en las “Jornadas de Mayo” » (p. 70) hallará su natural salida en un « anticomunismo acérrimo » (p. 70), posición que el antifascista y progresista Ucelay-Da Cal juzga « literalmente inaguantable » (p. 70) en cuanto… los ejércitos alemanes invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Llegados a semejante nivel de estupidez argumentaria, no queda más remedio que correr el telón de acero.

Ante tal acumulación de mala fe, uno se pregunta, más de una vez, leyendo esa prosa ampulosa, qué mosca habrá picado a nuestro excelso profesor para incurrir en tal empresa de descalificación, dando pie tan fácilmente, por pura necedad, a la crítica. Vayan por delante dos ejemplos más. El primero: Peirats, nos dice, « tuvo [la] suerte » (p. 71) de que le enviaran al campo de Le Vernet (Ariège), una observación por cierto bastante peregrina cuando se sabe, primo, que, visto que todos los combatientes de la ex columna Durruti fueron internados allí, no podía ir a otro sitio y, secundo, que Le Vernet era un campo represivo particularmente reputado. El segundo: de su exilio en las Américas (República Dominicana, Ecuador, Panamá y Venezuela), Ucelay retiene que Peirats manifestó algun resabio « algo racista » (p. 72) respecto a las poblaciones locales y, como prueba, cita un extracto de un libro suyo [11] que emite simplemente la opinión, en definitiva bastante defendible, que la capacidad de resistencia del mestizo es infinitamente superior, en medio hostil, a la del europeo. O sea que no da siquiera para hacerle cosquillas a lo políticamente correcto de nuestra época, tan normativa ella [12].

¡Fuego contra el usurpador!

Plato fuerte de un prólogo que, por lo visto, sólo se ha escrito con ese propósito, la treintena de páginas que Ucelay-Da Cal dedica a machacar la obra maestra de Peirats constituyen un perfecto ejemplo del odio (de casta) que puede apoderarse de un historiador condecorado cuando la gente de a pie se atreve a ocupar su perímetro reservado. Ante tal falta de gusto, y como el rabassaire armando el trabuco para espantar al ladrón de manzanas, el único método que conoce es disparar.

El enfoque adoptado por el historiador de turno consta de dos partes. La primera, burguesamente clásica, pretende ser un recordatorio de los sacrosantos principios de la objetividad: patrocinado y financiado por la CNT a principios de los años 1950, el libro La CNT en la Revolución española no podía ser, nos dice el experto, sino una crónica –oficial o, por lo menos, oficiosa– de las hazañas de la organización confederal. La causa está pues vista para sentencia en el primer considerando del fiscal Ucelay-Da Cal: al tomarse por un
historiador, Peirats, que no podía pretender más que al título de « cronista » (p. 97), usurpó un estatus que nadie le había concedido. Segunda parte de la requisitoria: si los compromisos contraídos por Peirats ante una organización de la que era uno de los responsables le impedían, de entrada, hacer obra de historiador, su auto-institución como historiador era la buena manera de alcanzar el único objetivo que la habría motivado: acceder al primer círculo de la excelencia libertaria, la que sólo confiere el reconocimiento intelectual. Visto por Ucelay-Da Cal, eso se dice así: promovido a historiador, el « organization man » se convierte en un « auténtico intelectual orgánico » (p. 78) [13].

Aquí, conviene reconocerle al crítico de Peirats cierta habilidad en la perfidia porque nadie podría negar que La CNT en la Revolución española fue, en efecto, un libro de encargo de la CNT, pobremente financiado por sus militantes. Pero no sólo es que uno se pregunta quién fuera de la CNT podía haberlo editado, es que, puesto a ser objetivo, el muy puntilloso Ucelay-Da Cal [14] tenía que haber recordado que el asentimiento de Peirats a ese proyecto editorial estaba supeditado al respeto escrupuloso de una única
condición: su estudio no debía ser objeto de ninguna interferencia « orgánica ». En ese sentido, y muy al contrario de lo que sugiere Ucelay-Da Cal, no existe evidentemente ningún punto común entre esa actitud y la que, entre 1967 y 1977, presidió –bajo control de una comisión historiográfica dirigida por Dolores Ibárruri, llamada La Pasionaria– la publicación, en cuatro volúmenes, de Guerra y revolución en España, 1936-1939, la historia –ésta sí que oficial– del conflicto español visto por el PCE.

Después viene, a través de la pluma mordaz de Ucelay-Da Cal, el análisis de un « éxito » editorial. Si La CNT en la Revolución española ha encontrado su puesto en la historiografía dedicada a la guerra de España, es, nos dice, que el estudio de Peirats se habría beneficiado de una coyuntura política favorable en relación con « la desaparición de Stalin, en marzo de 1953 » y a la repentina
emergencia de « revelaciones sobre la brutalidad de la dictadura comunista » (p. 77). Poco faltó para que acusara a Peirats de haberle echado arsénico en el vodka del mismísimo Padrecito de los Pueblos. Y luego, cabalgando la misma línea argumentaria, el genialísimo analista nos espeta lo siguiente: en dicho contexto de decaimiento del comunismo internacional, el « éxito » del libro –y, por consiguiente, el « triunfo intelectual » (p. 77) de su autor– dependía en buena parte de la apropiación que operó Peirats de la antigua retórica antiestaliniana de tradición poumista [15], y en particular la que desarrolló Julián Gorkín –del cual Ucelay-Da Cal recuerda las relaciones con el Congreso para la Libertad de la Cultura– « o sea la CIA estadounidense » (p. 80) [16]. Según el historiador, ese prestado temático, maquillado de rojo y negro, habría tenido por principal ventaja « remozar [el] maltrecho edificio ideológico-explicativo [libertario]» (p. 84), pero también el no tener que ahondar en las contradicciones internas de un anarcosindicalismo muy dividido sobre la
conducta de la guerra y/o de la revolución. Dicho de otra manera, el « anticomunista acérrimo » Peirats y sus comanditarios tenían todo interés en echarles a la Union Soviética y a su apéndice comunista local la culpa de la derrota.

El « cronista » y los historiadores

Fiel a esa dialéctica donde la (falsa) alabanza precede siempre la (verdadera) calumnia, Ucelay-Da Cal le reconoce una cualidad a Peirats –la de haber sabido manejar, en los márgenes, la crítica del « colectivo “orgánico” » al que pertenecía (la CNT)–, pero es para puntualizar al momento que, para ese fin, poseía, con respecto a otros, la indiscutible ventaja de no haber sido, durante la guerra civil, « un protagonista de primera fila » (p. 89). De haberlo sido, prosigue cínicamente, debía haberse contentado con el papel de simple testigo
sin acceder nunca a la notoriedad historiográfica que fue la suya al convertirse en « paladín del “libertarismo” frente a las falsedades historicistas » (p. 88). Y todo lo demás por el estilo. No cabe duda, reconoce el historiador, de que La CNT en la Revolución española contribuyó a situar « la historiografía militante libertaria en la primera fila de las nuevas olas de producción acerca de la
contienda española » (p. 90), las que despuntan a principios de los años 1960, pero precisa de inmediato que ese éxito sólo podía ser provisional vista la abundante producción académica de calidad publicada en aquel decenio. Y Ucelay-Da Cal, que quiere probar que conoce el percal y desea ante todo poner al intruso Peirats en su merecido puesto de cronista de tres al cuarto, anega al lector bajo una acumulación de referencias bibliográficas acompañadas de comentarios de los que podemos colegir que prefiere, y con mucho, Hugh
Thomas a Burnett Bolloten y al dúo Broué-Témime, pero sobre todo que profesa mucha admiración, lo cual no deja de ser raro tratándose de él, a Gabriel Jackson, mandarín notorio que un tal Noam Chomsky vapuleó en otros tiempos [17].

Para Ucelay-Da Cal, fue precisamente el ataque de Chomsky contra Jackson lo que salvó a Peirats del olvido al que tenían que haberle condenado los nuevos trabajos historiográficos, en particular los de Jackson [18] « ¡Qué gozada, escribe, debió ser para Peirats leerle! » Chomsky, esa « eminencia científica [que] dominaba con comodidad todas las exigencias de la bella maniera académica » y cuya prosa daba a entender, in fine, que « Peirats, el autodidacta, tenía toda la razón » (p. 95). A contrario, uno puede imaginar cual pudo ser la irritación del no todavía diplomado Ucelay-Da Cal al leer, en 1969, los contundentes análisis chomskianos sobre la « supeditación contrarrevolucionaria » del mandarinato estalino-liberal [19]… Una prueba: ahora que se ha vuelto una de sus principales figuras, sigue sin haberlos digerido.

Pero hay más: si la crítica chomskiana le sienta tan mal al profesor Ucelay-Da Cal, es que le parece imperdonable que, en el seno de la élite tal como él la concibe, alguien se pueda hacer, como ese « lingüista tan intensamente ideologizado » (p. 94), el portavoz de la chusma. Hasta tal punto que a nuestro profesor le parece casi la figura por excelencia de la traición. En la visión que tiene de la historia Ucelay-Da-Cal (y también posiblemente en la que tiene del mundo), a cada cual le corresponde un lugar determinado y a la chusma su
patio trasero. Si le reconoce a Peirats el derecho de escribir un libro –y es que nuestro neomandarín no deja de ser de lo más liberal–, no tenía, clama el autor del prefacio, el de pretender jugar en el patio de los mayores, aquel por el que Ucelay-Da Cal, convencido de su grandeza, transita a diario sin miedo a toparse con otros proletarios que no sean aquellos que barren dicho patio. La historia, escribe sin reír, pertenece a aquellos que tienen la belle manière, esto es, esa mezcla sutil de saber y de estilo que sólo otorgaría la pertenencia al mundo de la élite académica. Si hacer el ridículo matara, Ucelay-Da Cal ya estaría tieso y su cenotafio, debidamente mantenido por la servidumbre de la Generalitat y de la Pompeu Fabra, se habría convertido en un lugar señalado de romería de la soberbia postmoderna.

Uno se atreve a imaginar que la defensa grotescamente corporatista de la historia académica a la que se dedica Ucelay-Da Cal habrá incomodado un tanto a algunos de sus colegas –tal vez los propios Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero, promotores de esta edición–, pero es de suponer que, en las antecocinas del Alma Máter, cuando se trata de demarcarse de un mandamás, cada cual se limita a cuchichear, como en las del Vaticano cuando prolifera la pedofilia apostólica. El caso es que nadie, que sepamos, ni siquiera en los márgenes de la Universidad, tuvo las agallas de decirle a Ucelay-Da Cal que, a fuerza de defender en demasía a sus pares, la gente iba a terminar por creerse que eran culpables, o por lo menos sospechosos, de algo [20]. De donde se deduce que, entre dicha gente, el espíritu corporativo es exactamente proporcional al pánico que les embarga cuando, al decir simplemente lo que piensan, correría el mayor peligro su carrerrilla universitaria. Porque, en realidad, se sabe que Ucelay-Da Cal pasa, entre unos cuantos expertos universitarios del anarquismo, por un cantamañanas o un cínico. Y sin embargo, como se lo tienen muy calladito, el tipo sigue tan campante. En otros
tiempos, incluso en la Columbia University, a eso se le llamaba el poder mandarinal [21].

Dicho esto, y para volver a las valoraciones expresadas sobre el autor de La CNT en la revolución española, no es inútil precisar que la corporación de los historiadores no manifestó, ni mucho menos, las mismas prevenciones o reticencias que Ucelay-Da Cal en cuanto a la calidad histórica de sus trabajos. Así es como, en los años 1980, Julio Arostegui, otra figura de la historiografía contemporánea, solicitó a Peirats para que, en vista de « sus méritos científicos », integrara la Sociedad de Estudios sobre la Guerra Civil y el Franquismo (SEGUEF). Asimismo, y en la misma época, la Radio Televisión Española (RTVE) invitó a Peirats a formar parte de un comité de expertos encargado de valorar el rigor científico de una serie de documentales sobre la Guerra Civil que tenía por intención difundir en sus cadenas, propuesta que no fue impugnada ni por Paul Preston ni por los numerosos universitarios condecorados que integraron dicho comité.

Precisiones finales

Seamos justos, Ucelay-Da Cal no abomina por igual de todos los libertarios. Por ejemplo, a César M. Lorenzo, cuya tesis es exactamente contraria a la de Peirats, se le alaba por su « obra muy trabajada » (p. 96) [22]. El complimento, bien es verdad, sirve sobre todo para echarle en cara a Peirats el haber ignorado el trabajo de Lorenzo cuando la reedición, en 1971, en Ruedo Ibérico, de La
CNT en la Revolución española, un argumento por lo menos especioso cuando se sabe, por una parte, que Peirats redactó la introducción de dicha reedición en 1969, el año de publicación del libro de Lorenzo, y que, por otra parte, no dudó en decir todo el mal que pensaba del mencionado libro [23]. De hecho, al anarquismo de la chusma, Ucelay-Da Cal le prefiere, lo cual es su derecho, el
anarquismo de gobierno, línea que defendió Horacio M. Prieto, del que Lorenzo se ha hecho, desde hace cuarenta años, el constante apologista.

Asimismo Ucelay-Da Cal juzga las Memorias del muy político García Oliver [24] infinitamente superiores a las del muy antipolítico Peirats, cosa que uno puede admitir igualmente de buena gana. Lo que pasa es que, en un caso como en el otro, las alabanzas que les dedica Ucelay-Da Cal a Lorenzo y a García Oliver tienen una sola y única función: desacreditar al autor cuyas Memorias está encargardo de presentar. Por lo demás, poco importan Lorenzo, García Oliver o Peirats, ya que lo relevante, para Ucelay-Da Cal, es que, contrariamente a las esperanzas conjuntas de estos tres autores, el anarquismo obrero se haya hundido definitivamente, en los albores de la llamada Transición democrática, en « la auto-parodia » (p. 108) y que la CNT no haya levantado cabeza desde entonces.

Pero cuando hubiera podido limitarse a una simple constatación, ese desliz hacia la nada cobra, a través de la prolífica pluma de Ucelay-Da Cal, aspectos auténticamente orgiásticos. Para él, al parecer, las causas de la autodestrucción en pleno vuelo de la CNT serían múltiples: el desacrédito provocado por una supuesta alianza financiera de la Confederación con el catalanista Jordi Pujol para contrarrestar a los comunistas; la invasión de la casa madre por una « melenuda juventud masculina » acompañada de sus « amigas feministas » (p. 109); la « onda “psicodélica” » (p. 109) desbordando la « Semana Libertaria » de Barcelona cuando, en julio de 1977, el parque Güell se dio aires de « Woodstock catalán » (p. 110); la progresiva influencia del « homintern » (p. 110), o sea de la homosexualidad militante encarnada por el travestido Ocaña [25]; y, ocasionalmente, « con o sin provocación policial » (p. 108), el caso Scala [26]. El hecho es que, añade el histriónico observador de esa gozosa descomposición, Peirats, quien era « hombre chapado a la antigua » (p. 111), no podía reconocerse en esa CNT new style y prefirió, como García Oliver, « autoexcluirse » de ella
(p. 109). Esa forma de no retener sino los aspectos espectaculares de una época que vio, en efecto, la CNT, reconstruida en un tiempo récord, perder en cinco años la mayor parte de sus fuerzas en sus luchas intestinas, resume bastante bien el enfoque primariamente descalificante de Ucelay-Da Cal. La verdad es que, por muy duros que fueran los debates que agitaron a la CNT, merecían otro trato que la caricatura que les dedica el autor. Y, por mucho que diga éste, Peirats no se excluyó en absoluto de aquellos debates. Muy al contrario, los siguió de cerca y participó en ellos, por lo menos hasta la ruptura de 1979, fecha a partir de la cual decidió, bien es cierto, mantenerse al margen. Limitar los términos de un debate en que se enfrentaron varias visiones de la CNT –sindicalista stricto sensu, anarcosindicalista, anarquista y movimientista, para decirlo en pocas palabras– a su única dimensión generacional, es, in fine, dar muestras de una evidente incapacidad intelectual en ver mas allá de la espuma de los acontecimientos. En cuanto a recordar los términos del consenso que unificó, en aquellos tiempos de transacción, a la izquierda institutional –política y sindical–, a los postfranquistas y a los representantes del capital para aniquilar cualquier perspectiva de desarrollo de un polo radical de impugnación del sistema, de eso Ucelay-Da Cal se guarda muy mucho. Más le vale, en efecto, hacer pasar la CNT por un manicomio –lo cual era también, por cierto– antes que examinar, a fuer de historiador, las múltiples connivencias que contribuyeron, incluso dentro de ella, a su marginalización.

« Sin duda, Peirats logró ser un intelectual y superó con creces su origen de autodidacta, concluye el autor de este prólogo con sabor a requisitoria, pero al final descubrió que el reconocimiento otorgado a los “trabajadores del intelecto” en España era y es escaso, cuando no más bien despreciativo. » (p. 112). Detrás de esa enrevesada fórmula, muy significativa de la pobre prosa de Ucelay-Da Cal, está muy claro que ese « desprecio » que atribuye a España entera, él mismo lo ha estando manejando a lo largo de unas cien páginas.

Queda en el aire una pregunta: ¿por qué demonios Ucelay-Da Cal, que podemos suponer ocupadísimo en destilar su infinita ciencia en los lugares del saber asalariado, ha dedicado tanta energía en presentar tan profusamente la obra autobiográfica de un personaje que le resulta a todas luces insoportable? Lo inédito del caso, en efecto, no es tanto la aversión del mandamás –una aversión a la que podía haber dado libre curso, en forma de recensión, en una de las numerosas publicaciones académicas en las que colabora– como su
empeño en rematar a un muerto en las páginas de presentación de un libro que no va firmado con su nombre sino con el de su víctima. Así que no nos parece exagerado decir que ese parangón de objetividad académica acaba de inventar un nuevo método de ejecución intelectual, método tanto menos arriesgado cuanto que, como bien es sabido, los muertos no tienen derecho a responder.

Por esa misma razón hemos deseado responder nosotros a esa infamia.

Freddy Gómez
Traducido del francés por Miguel Chueca

[À contretemps, n° 38, septiembre de 2010, pp. 9-15]
http://acontretemps.org

Notas

1 José Peirats, La CNT en la Revolución española, tres volúmenes, Toulouse, Ed. CNT, 1951-1953 ; reed. París, Ruedo Ibérico, 1971. Sobre Peirats, remitimos al lector a la entrevista publicada en José Peirats, introducción de Freddy Gómez, « Cuadernos de historia oral n° 1 », Fundación Salvador Seguí, Madrid, s.f.

2 José Peirats Valls, Una experiencia histórica del pensamiento libertario. Memorias y selección de artículos breves, Barcelona, Anthropos, « Antologías temáticas », n° 18, enero de 1990, 160 p.

3 José Peirats Valls, De mi paso por la vida (Memorias), selección, edición y notas: Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero, prólogo: Enric Ucelay-Da Cal, Barcelona, Flor de Viento Ed., 2009, 784 p.

4 El historiador Chris Ealham se encargó, en particular, de la edición inglesa de la obra maestra de Peirats, de la que fue el traductor, en colaboración con Paul Sharkey –The CNT in the Spanish Revolution, tres volúmenes, Christie Books, Hastings. Es autor, por otra parte, del excelente libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937 –Madrid, Alianza Editorial, 2005–, obra reseñada en el n° 25, enero de 2007, de À contretemps, p. 14.

5 Citemos, entre sus obras más conocidas, La Catalunya populista (1982) y El imperialismo catalán (2003). Sobre el movimiento libertario español, un tema que suele tratar de consuno con Susana Tavera García –del que esta última es en principio una especialista–, citaremos un estudio, firmado por ambos: « Grupos de afinidad, disciplina bélica y periodismo libertario, 1936-1938 », Historia contemporánea, n° 9, 1993, pp. 167-192.

6 José Montilla Aguilera es el actual presidente del Gobierno autonómico de Cataluña, la Generalitat. Miembro del Partido Socialista Catalán (PSC), ejerce dicha función desde 2008. Su principal oponente institucional de centro derecho es el catalanista Artur Mas, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ex feudatario de Jordi Pujol, inamovible presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003. La Fundació Trías Fargas –del nombre del economista liberal Ramón Trías i Fargas (1922-1989)– es un think tank local con vocación cultural. Retribuido por la Pompeu Fabra, que depende ampliamente de la generosidad de la Generalitat de Cataluña, es fácil entender que Ucelay-Da Cal le ponga una vela a Dios y otra al diablo: nadie sabe lo que puede depararnos el porvenir.

7 Sobre el particular, Ucelay-Da Cal se limita a notar que la única entrevista que mantuvo, en 1986, con Peirats, no suscitó, por parte del anarquista, ningún movimiento de simpatía hacia él. Para aquél, puntualiza, « yo venía de la pijería marxista y académica » (p. 101). Está claro que Peirats, que no comulgaba con ruedas de molino, sabía juzgar a la gente a las primeras de cambio.

8 Se notará que la voluntad de descalificación de Ucelay-Da Cal es tal que rellena sistemáticamente las citas de Peirats de unos « sic » zumbones, acompañados, de vez en cuando, de vengativos comentarios entre corchetes, método que no se suponía utilizado entre los historiadores diplomados.

9 Lo cual admite Ucelay-Da Cal al notar que Peirats sintió mucho gusto en conocer personalmente a Juan Peiró con ocasión de un mitin celebrado en Mataró, en el verano de 1937, o sea en el momento más intenso de la lucha interna entre « anticolaboracionistas » y « circunstancialistas ». « Las interacciones personales, indica, siempre eran más complejas y contradictorias en el mundo ácrata » (p. 69), lo cual es, al fin y al cabo, una forma de reconocer que no tenían porqué corresponderse, como entre los marxistas, con las líneas de división política interna.

10 José Peirats, Emma Goldman, anarquista de ambos mundos, Madrid, Campo Abierto, 1978 [reed. : Emma Goldman, una mujer en la tormenta del siglo, Barcelona, Laia, 1983].

11 José Peirats, Estampas del Exilio en América, Paris, CNT, s. f. [1951], pp. 72-73.

12 Precisaremos, a modo de anécdota, que lo políticamente correcto puede tener también una variante lingüística. Así es como Ucelay-Da Cal nota que « los preparadores de este volumen no han podido encontrar un solo texto suyo escrito en catalán » (p. 23), lo cual indicaría que hubiera estado en adecuación con la ideología lingüística dominante de su época: el españolismo. La deducción es tanto más curiosa cuanto que Peirats, que nunca ocultó su inquina por los nacionalistas catalanes, practicaba a diario su lengua materna, incluso en su correspondencia –depositada en el IISG (Amsterdam). En cuanto a publicar en castellano, como la mayor parte de los autores libertarios catalanes de su época, la causa es, muy sencillamente, que esa lengua vehicular aseguraba a sus escritos una difusión más amplia.

13 Ucelay-Da Cal no duda en afirmar que la adquisición de dicho estatus de intelectual tuvo por primer efecto ventajoso para Peirats desencadenar, a favor suyo, una campaña de solidaridad de sus pares en intelectualidad –entre ellos el « gran » Camus– cuando le detuvieron en Lyon, en febrero de 1951, como secretario de la CNT. En realidad, dicha campaña concernía no sólo a Peirats sino también a Pedro Mateu y a José Pascual, que no eran « intelectuales » para nada: no fue sino una de las muchas manifestaciones de solidaridad con los libertarios españoles, de las que Camus fue, bien es cierto, el incansable artífice –véase Freddy Gomez, « Fraternité des combats, fidélité des solitudes : Camus et Solidaridad Obrera, in Lou Marin, Albert Camus et les libertaires, Marseille, Égrégores Éditions, 2008, pp. 325-342. Pero eso le trae sin cuidado al muy objetivo Ucelay-Da Cal. Sólo le importa la conclusión, verdaderamente abyecta, de su demostración: « Las autoridades galas siempre han sido muy sensibles a la literatura, y un “terrorista” devenido autor es de inmediato un intelectual a proteger con todas las de la ley » (p. 76).

14 Apuntaremos que Enric Ucelay-Da Cal, que no gusta de libros de « encargo » cuando son de la CNT, fue él también solicitado, patrocinado y financiado por las instituciones catalanas en dos obras suyas por lo menos: Francesc Macía: una vida en imatges, Barcelona, Departament de la Presidencia, 1984, y con Francesc i Llussá, Macía i el seu temps, Barcelona, Diputació, D. L., 1985.

15 Fondo temático con el cual Ucelay-Da Cal relaciona a George Orwell, « fino estilista », pero « “socialista revolucionario” despistado » (p. 83).

16 Recordemos, para todos los efectos, lo cual no hace Ucelay-Da Cal, que, en la época en que Julián Gorkín [Julián Gómez García (1901-1987)] trabajaba, como otros muchos militantes internacionalistas antiestalinianos, para una u otra de las numerosas publicaciones del Congreso para la Libertad de la Cultura –Cuadernos, en este caso–, se pensaba que las actividades del Congreso eran financiadas por unas fundaciones culturales norteamericanas. La participación –oculta– de la CIA a dicha financiación no fue revelada sino en los años 1970.

17 Hugh Thomas, The Spanish Civil War, 1961 ; Burnett Bolloten, The Grand Camouflage, 1961 ; Pierre Broué et Émile Témime, La Guerre civile et la révolution en Espagne, 1961 ; Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, 1965 ; Noam Chomsky, « Objectivity and Liberal Scholarship », in : American Power and the New Mandarins, 1969. Notemos, por otra parte, que, a través de la matizada pluma de Ucelay- Da Cal, Bolloten se convierte en « obsesivo » (p. 93) del anticomunismo, Broué y Témime en especialistas de « la narración turbia » (p. 94) y Noam Chomsky en un demagogo « muy corto de luces » (p. 94). Además de los autores aludidos, Ucelay-Da Cal cita las obras de Stanley G. Payne, de Grandizo Munis (Manuel Fernández Grandizo) y de Carlos Rama –al que juzga demasiado « académico», una valoración bastante divertida por venir de quien viene, pero sobre todo con demasiadas simpatías para con los libertarios.

18 Por lo que se refiere al anarquismo español, Ucelay-Da Cal indica que la publicación, en 1973, del libro de John S. Brademas –Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937)– ha marcado el nacimiento de un movimiento de reapropiación de esa temática, abandonada hasta entonces a unos « aficionados », por « jovenes historiadores académicos» (pp. 103-104). Lástima que el académico historiador Brademas haya optado, al final, por hacer carrera –como representante del Partido Demócrata– en la política antes que en la historia. Por otra parte, omite señalar Ucelay-Da Cal que la ola posterior al 68 surtió algunos efectos en ese redescubrimiento universitario del anarquismo y que este súbito interés no indujo una ruptura tan nítida como lo pretende entre historia « académica » e historia « militante », la una alimentando a la otra muy a menudo y vice versa.

19 Sobre el tema, remitimos al lector al artículo de José Fergo, publicado en el n° 32, octubre de 2008, de À contretemps, pp. 8-10 : « Mai 37 et l’Alma Mater : du néo-mandarinat stalino-libéral ».

20 Ucelay-Da Cal, que no repara en nada a la hora de defender el honor de su corporación, va hasta lavarla, en bloque, de cualquier sospecha de adhesión al dispositivo ideológico, todavía operativo, instaurado por la Transición democrática. De creerlo, en efecto, « la historiografía académica […], profesional, universitaria » (p. 103) habría jugado entonces plenamente su papel de descubridora de la verdad al oponer su infinito rigor a una diarréica producción de testimonios militantes, cuya acumulación, dice, terminó por saturar el mercado de la memoria. Dichas afirmaciones omiten que, en aquellos años de la Transición, los profesionales más prestigiosos del Alma Máter se atuvieron globalmente a la misión democrática que les encomendó la ideología dominante a la que adherían: reducir la historia de la Guerra Civil a un conflicto clásico entre fascismo y democracia, edulcorando su dimensión social de guerra de clases. Sobre el particular, me permito remitir al lector a mi artículo: « Guerre civile : les soubresauts d’une histoire sans fin », À contretemps, n° 25, pp. 3-6.

21 Mucho más inexplicable, en cambio, se nos antoja el pesado silencio que observó la prensa libertaria española, en su totalidad, sobre este bochornoso prólogo. Se imponen al respecto dos hipótesis: o los anarquistas de España han dejado de leer, lo cual indicaría que están en consonancia con su época; o han bajado la guardia definitivamente, lo cual probaría que Ucelay-Da Cal hace bien en
despreciarles.

22 César M. Lorenzo, Le Mouvement anarchiste en Espagne. Pouvoir et révolution sociale, Les Éditions libertaires, 2006. El lector puede remitirse a la recensión que José Fergo hizo de dicho libro en el n° 25, de À contretemps, enero de 2007: « De la guerre sociale à la guerre civile, trajectoires et mutations de l’anarchisme espagnol », pp. 7-9.

23 José Peirats, « Los anarquistas y el poder », Frente Libertario, n° 1, septiembre de 1970.

24 A propósito de las Memorias de Juan García Oliver, El Eco de los pasos, haremos observar que Ucelay da a entender, muy elegantemente, que su editor, José Martínez Guerricabeitia, quien fue asimismo el de Peirats, habría apostado por dicha obra para « lanzar » Ruedo Ibérico en el mercado español tras la muerte de Franco. Y, chismoso a más no poder, añade: « No lo fue y hay quien asegura que Martínez no murió sino que se suicidió, de pura depresión » (p. 89). Deprimido, quizás, pero ¿porqué? ¿Porque el « García Oliver » no fue un best-seller o por estar asqueado por el espectáculo de una época en la que ya proliferaba la mediocridad democrática e intelectual? Sobre Ruedo Ibérico y José Martínez, remito al lector al n° 3 de À contretemps, junio de 2001, dedicado por entero al tema.

25 El travestido José Pérez Ocaña (1947-1983), pintor « naïf », fue un activista de la causa homosexual que, en aquella época del destape y merced a la película de Ventura Pons, Ocaña, retrato intermitente (1978), alcanzó cierta notoriedad.

26 El 15 de enero de 1978, mientras la CNT había llamado, en Barcelona, a una manifestación de masas contra el pacto de paz social llamado de La Moncloa, explotó una bomba en el Teatro Scala, atentado que la policia achacó de inmediato a los anarquistas y que tuvo por efecto principal criminalizar también a la CNT.

José María Izquierdo, El País, 29.8.2010

Es tan excesivo que siempre que te asomas a cualquiera de sus textos temes que te enfanguen sapos viscosos, hígados putrefactos y litros de sangre oscura, espesa y maloliente. Algunos son desechos históricos. Esto, por ejemplo, lo escribía Moa hace apenas mes y medio: “Hoy es 18 de julio, aniversario del levantamiento legítimo contra un gobierno-régimen ilegítimo, según creo haber demostrado. De aquel levantamiento procede la época de paz más prolongada que haya vivido España desde tiempos lejanos, también de mayor prosperidad, de abandono de viejos odios y, en fin, la democracia…”. Así que ante tanta excelencia, Moa ha elegido bando: “No pienso en modo alguno enrolarme en el amplio coro de antifranquistas que une en un haz, en un fascio, a Josu Ternera, a Otegui, a Carod, a Ibarreche, a Maragall, a Zapo, al portavoz de la corrupción y el terrorismo gubernamental Rubalcaba, a De Juana Chaos, o al héroe de Paracuellos”. Y es que los rojos son, además, mentirosos: “Una de las más indignantes falsedades de los enemigos de la justicia y la democracia encubiertos hoy como antifranquistas es precisamente su invocación a ‘la dignidad de las víctimas del franquismo’. Pero ¿quiénes fueron esas víctimas? Entre los fusilados y damnificados por el franquismo hubo un número muy elevado de chekistas y autores de crímenes realmente sádicos, sicarios abandonados por sus jefes huidos al extranjero con inmensos tesoros robados al pueblo español”.

Bien. Sentado su parecer histórico, vayamos, por ejemplo, a sus opiniones-gallinejas sobre los políticos actuales en su conjunto, que luego iremos al menudeo. ¿Les basta como ejemplo su reacción al documento firmado por todos los diputados tras la muerte del cubano Orlando Zapata? Fue ésta: “¿Cómo va a condenar al castrismo un Charlamento envilecido, formado mayoritariamente por delincuentes pro terroristas y pro chekistas, miembros de partidos corruptos hasta la médula y encubridores del 11-m, la chusma de las Cortes, esas gentes de la trola, el choriceo y el puterío?”.

Aunque las entrañas que más le gustan son las de Zapatero. Julio de 2004: “Zapatero ha obtenido el gobierno mediante las elecciones más sucias y marrulleras de la historia de la democracia española, rompiendo las exigencias del juego democrático o utilizando a su favor a quienes las rompían, y en alianza con fuerzas siniestras que le exigirán el pago”. Y el paso del tiempo solo ha servido para reafirmarle: “Desde 2004 tenemos un gobierno mafioso, esto es, ilegal e inmoral, conculcador de la Constitución, aliado del terrorismo, de los separatismos, de totalitarismos como el cubano o tiranías amenazantes como la marroquí, socavador de la independencia judicial, de la familia, fomentador de todas las formas de corrupción y que se siente heredero de un Frente Popular a su vez ‘rojo’ y causante de la guerra civil”.

Pero quizá lo peor de Zapatero sea su abyecta servidumbre con ETA. “Los servicios de los socialistas a la ETA han sido inverosímiles (…): ha legalizado sus aparatos políticos, les ha inyectado gran cantidad de dinero público, ha dado a los terroristas proyección internacional, más dinero con motivo de la ‘ley de memoria histórica’, les ha facilitado una buena imagen mientras trataba de hacer añicos la de las víctimas del terrorismo, de silenciarlas y dividirlas. Ha justificado y premiado, en fin, el asesinato como método de hacer política”. Porque en definitiva, ¿acaso hay alguna diferencia entre socialistas y etarras? Dos gotas de agua, explica Moa: “Son muchos y muy importantes los lazos entre el gobierno actual y los pistoleros: unos y otros se proclaman ‘rojos’ y socialistas: son profundamente ‘antifranquistas’ (…) denuncian las “injusticias del capitalismo” en el mundo; simpatizan con ‘los pueblos oprimidos’ y las ‘civilizaciones’, como llaman a las cleptocracias tercermundistas; son feministas y amantes del ‘progreso’; tienen en poco a España, su unidad y carácter nacional, por no decir que los desprecian… Hay, realmente, muchas y sólidas coincidencias ideológicas entre Zapo y De Juana Chaos, entre la vice y Ternera, que permiten un amplio abanico de negocios y diálogos”.
¿Hemos escrito feministas? Más para la casquería: “Leo que, al grito de ‘nosotras parimos, nosotras decidimos’, un grupo de feministas agredió a un anciano en Madrid, y otro grupo se desnudó en Barcelona durante y contra las manifestaciones antiabortistas. Con seguridad, esas marimachos y arpías no paren (y hacen bien, por lo que atañe a su posible prole)”. O bien esta otra mollejita: “Si alguien creyera aún en la inferioridad de la mujer, podría encontrar un sólido argumento en las tiorrejas del gobierno y la mayoría de las diputadas. ¡Qué elementas! Y con toda desvergüenza, dicen representar a ‘la mujer’. Afortunadamente no es así, pero debe reconocerse que contaminan mucho”.

También le gusta exponer en el puesto del mercado, colgados de los ganchos, algunos escritos sobre homosexualidad: “Por supuesto, no odio a los homosexuales. Tengo amigos o conocidos que lo son y no se me ocurre juzgarlos a partir de su desgracia -pues sin duda lo es- (…) Parece bastante claro que la homosexualidad es una tara, es decir, una desviación de la sexualidad normal, demasiado evidente para precisar muchas explicaciones”. Que quede claro que “nadie en su sano juicio ‘opta’ por la homosexualidad, como no opta por la cojera, o por la miopía o por una inteligencia escasa”.

No quiero dejarles una imagen amarga de este último jinete, y por tanto de la serie, así que les regalo una propuesta suya de chiste, a raíz de aquella famosa portada de El Jueves con los Príncipes: “¿Por qué no una caricatura de Zapo y su señora en la misma posición, más Zerolo dando al primero por detrás (motivo de orgullo para ambos)?”.

Por dejarles con una gracia.
(Los jinetes del Apocalipsis: …).

Luis Pío Moa Rodríguez
nació en Vigo en 1948. Se ha especializado en temas históricos, preferentemente de la II República, la Guerra Civil y el franquismo. Ha escrito numerosos libros, algunos de gran éxito. El último es una Nueva Historia de España, en la editorial de El Mundo. Tiene su propio blog, escribe en Libertad Digital y en Época. En las postrimerías del franquismo militó en el PCE, en el PCEr y actuó con los GRAPO. Luego cambió. Exuberante en el lenguaje, su prosa se reseca para relatar su participación en el asesinato de un policía en 1975: “Yo llevaba un jersey muy grande y ancho, y, oculto en la manga, un martillo de soldador (…) Cerdán llevaba una pistola pequeña, que casi parecía de juguete (…) se puso frente al policía, y yo del lado donde éste tenía el arma. En caso de que la pistola de Cerdán fallase y él quisiera sacar la suya, pensaba destrozarle la mano de un martillazo”.
(Ver http://www.elmundo.es/cronica/2004/431/1074518894.html)

Para la mayoría de quienes la vivieron, Manuel Azaña personificó, como ningún otro de sus protagonistas, la Segunda República. Para sus partidarios, encarnaba los valores cívicos y laicos del régimen, como para sus enemigos los demoniacos y antinacionales. Para bien o para mal, él era la República. Y con razón, según se deduce de este libro de Santos Juliá. Un libro muy esperado por quienes habían seguido la trayectoria de este autor, que sobre Azaña publicó ya en 1990 una biografía excelente -aunque parcial, pues sólo cubría la política y sólo los años 1930-1936-, prologó en 1997 los Cuadernos robados y recopiló e introdujo el año pasado las Obras completas. Nadie, pues, más cualificado para ofrecer, como hace ahora, una biografía completa del segundo y último presidente de aquel régimen iniciado en la euforia multitudinaria de abril de 1931 y hundido en el sangriento enfrentamiento de 1936-1939.

Este volumen es mucho más que una repetición o resumen de ideas o páginas anteriormente publicadas por Santos Juliá. Se trata de una obra nueva, coherente y cerrada en sí misma. Una obra, además, centrada en el personaje, pues debatir los problemas políticos del largo periodo que cubre hubiera exigido una extensión inabarcable. Su tema no es la política española de 1900 a 1939: es Manuel Azaña, su evolución intelectual, estética y política, su psicología íntima, los dilemas específicos con que se enfrentó, las soluciones que ideó y defendió para ellos; y, en especial, los instrumentos políticos que utilizó, lo que casi equivale a decir sus discursos.

Respecto de la imagen conocida de Azaña, lo más innovador que ofrece esta biografía es que no fue un oscuro funcionario catapultado al escenario público por el 14 de abril y que se adueñó de la situación un poco por azar y un mucho por influencia de tenebrosas logias. Juliá dedica casi trescientas páginas al Azaña anterior a 1931, en las que sigue con detalle su formación intelectual y política. Deshace ahí la imagen, que el propio biografiado cultivó, de “señorito benaventino”. Nada de bohemia ni de indolencia; por el contrario, trabajo metódico, cuidadosa preparación de conferencias, lectura de libros de difícil acceso en el Madrid de la época; y actividad trepidante, con años en los que pudo ser a la vez secretario del Ateneo, funcionario de la Dirección de Registros y Notariado, pensionado en París, activista aliadófilo y director de revistas literarias como España o La Pluma. Nada, tampoco, de genialidades o giros políticos caprichosos; coherencia, en cambio, alrededor de una idea fija: la transformación del Estado, como instrumento de modernización de la sociedad. Y, pese a ello, tampoco jacobinismo: por el contrario, implicación seria en la opción posibilista dirigida por Melquíades Álvarez hasta que, tras concluir que la monarquía era el obstáculo más insalvable para la democratización y modernización del Estado, se sumó a quienes llamaban a la revolución republicana.

Lo que sí confirma esta biografía es que Azaña era un político “intelectual”, en el mejor sentido de este término, es decir, alguien que estudiaba a fondo los problemas, tanto a partir de la historia española como por comparación, en especial del modelo francés. Pero intelectuales metidos en política había habido en España desde hacía décadas: desde Salmerón o Azcárate hasta Ortega, pasando por los noventayochistas y los trágicos exégetas del “problema español”. ¿En qué se diferenciaba Azaña? De la generación del 98, en que veía en ellos pura rebeldía sin objetivo político, sin plan alguno para reformar el Estado; en que proponían caudillos, hombres providenciales, “cirujanos de hierro”, sin comprender que sólo la democracia asentaba la legitimidad del sistema. De Azcárate u Ortega, que no piensan en política, sino en principios ético-filosóficos o en tarea pedagógica. Aunque cabría preguntarse si el propio Azaña no relegó también la política. Porque su propio planteamiento de estadista, sus serios y coherentes diagnósticos histórico-políticos -que hacían de él un ser tan “raro”-, son la base de su convicción y de su atractivo, pero también de su insoportable sentimiento de superioridad, de su convencimiento de que todo lo podía resolver con un discurso. Lo que le llevaba a no dedicar tiempo a organizar un partido, a crear redes de clientelas, a buscar acuerdos con intereses corporativos; que son la esencia de la política.

Otro aspecto en el que esta biografía pulveriza la imagen acuñada por los enemigos de Azaña es el de su supuesto antipatriotismo. Azaña defiende el sentimiento nacional, pero en la línea de Cicerón o Maquiavelo: como orgullo de pertenecer a una sociedad capaz de dotarse de instituciones libres. La nación, así entendida, es para él un instrumento de modernización. Las identidades culturales se forjan, sin duda, a lo largo de siglos, pero sólo son naciones modernas cuando se asocia a ellas el sentimiento de soberanía colectiva sobre el territorio que convierte a los súbditos en ciudadanos. De ahí que las naciones, lejos de ser eternas, sean necesariamente recientes, observación en la que Azaña se adelanta a los enfoques hoy dominantes sobre el tema. La nación en la que él piensa es, además, compleja, y permite el reconocimiento de identidades culturales diversas. Lo que le hace defender el Estatuto catalán (a diferencia de Ortega, que sólo predica “conllevar” el “problema”), como instrumento de modernización, como avance hacia la adecuación del Estado a la realidad social. Siempre, claro está, que no fomente sentimientos patrióticos basados en la identificación étnica, que responden -en palabras del propio Azaña- a un “concepto islámico de la nación y del Estado” y cuyo modo de expresión es el “alarido”.

En conjunto, el retrato que de Azaña ofrece Santos Juliá es muy positivo. Se identifica, en buena medida, con su biografiado, en el que apenas aprecia carencias o errores. No se plantea si la actuación de Azaña durante el segundo bienio no coadyuvó al triste final del régimen. No pidió, sostiene Juliá, la disolución de las Cortes tras los resultados electorales de 1933. Pero su pasividad como diputado en 1934-1935 no es coherente con su reiterada defensa del Parlamento como eje de la democracia; y su participación en las maniobras para desbancar a los radicales tras el asunto del estraperlo ayudó a liquidar el centro político en los cruciales meses anteriores a febrero de 1936. Ante la intentona revolucionaria de octubre de 1934, Juliá reconoce su ambigua actitud; y detalla sobre sus iniciativas en pro de una mediación británica durante la Guerra Civil, que en alguna ocasión sobrepasaron sus atribuciones constitucionales.

Los últimos momentos de la vida de Azaña son sobrecogedores. La Guerra Civil, drama personal y colectivo para todos, lo fue en especial para él. Era lo peor que podía imaginar. Todo su esfuerzo por civilizar el sistema político, por crear una nación de hombres libres, se venía abajo. Ante la tragedia sintió horror, asco, tentaciones de dimitir, en especial cuando le llegó la noticia de los asesinatos en la Modelo de Madrid, entre otros el de su antiguo jefe, Melquíades Álvarez. Pero eso no quiere decir, insiste Juliá, que fuera una “tercera España”. Supo siempre muy bien que los culpables de la matanza eran quienes habían urdido y perpetrado el golpe de Estado, un crimen de lesa patria. Los siguientes, en orden de culpabilidad, eran las democracias europeas, que habían abandonado al régimen republicano a su suerte. Pero atribuía también responsabilidad a los “leales”, por ser incapaces de imponer disciplina e impedir los desmanes de sus grupos más radicalizados. Todo ello explica su aislamiento y su depresión, que le acabó llevando a su shakespeariana agonía de 1940, en un hotel provinciano, protegido por la bandera mexicana de los nazis y los comandos enviados por Serrano Suñer para raptarle y poderle fusilar en España.

Un libro apasionante. Será, durante mucho tiempo, la biografía de referencia de Manuel Azaña.

Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940), Taurus Madrid, 2008, 394 pp,

Navarra sufre un grave trastorno más propio de la Edad Media que del siglo XXI. El Opus Dei, prelatura de la iglesia católica, mantiene su imperio en la comunidad foral, con la generosa aportación de los contribuyentes, a pesar de lo cavernario de sus planteamientos ideológicos y de que su nacimiento e implantación están estrechamente vinculados con el franquismo.

Durante 2008-2009, 13197 alumnos (el 40% vascos) cursaron estudios en la universidad del Opus Dei y en su clínica trabajaron 499 médicos y 768 enfermeras. También le pertenecen el PIUNA (Plan de Investigación de la UN), el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, en busca de un premio Nobel que justifique las decenas de millones invertidos en el proyecto y el ICT (Instituto Científico y Tecnológico). Cuenta además en sus bibliotecas con un fondo bibliográfico de más de un millón de volúmenes y su editorial, EUNSA, publica casi un centenar de títulos nuevos al año.

La obra del santo y marqués Escrivá es la historia de la filia y obediencia franquistas, de un brillante proyecto que sabe succionar las ubres de las arcas públicas y del tirón populista de San Josemaría, quien dejara clara su santificada modestia el 25 de octubre de 1960 en Iruñea: “Señor alcalde: al recibir de vuestras manos el honroso título de hijo adoptivo de esta noble ciudad de Pamplona, no voy a caer en la falsa humildad de decir que no merezco tan alta distinción. Si lo hiciera, faltaría a la verdad y causaría agravio a vuestra justicia”. La inauguración de la universidad se convirtió en una cumbre del nacionalcatolicismo español con la presencia de numerosos cardenales, capitanes generales, ministros y gobernadores. Preguntado Escrivá ¿por qué en Navarra? contestaba: “Ésas son cosas de Dios, que tiene un gran amor a Navarra”. Y la diputación navarra y el ayuntamiento pamplonés correspondieron con desprendimiento a ese amor divino.

INMUDENSA, CIUNSA E INUNSA se convirtieron en las empresas clave del imperio poniendo así en evidencia que ni tan siquiera es una universidad de la iglesia católica sino un megaproyecto privado de la Obra. La diputación puso a su disposición el edificio de la Cámara de Comptos y el Museo de Navarra para la incipiente facultad de derecho y construyó gratis la de medicina. El ayuntamiento cedió 300 mil metros cuadrados y abrió el expediente de expropiación de otros 900 mil, mientras la banca pública les concedía créditos inmejorables. Aún así, gracias a la lucha de concejales como M.A. Muez, J. Martínez Alegría y J. Velasco, y a pesar de que les intentaron sobornar con pisos, coches y dinero, se construyó el Instituto Politécnico de Pamplona, cuyo solar pretendía la Obra para su nueva facultad de arquitectura. Con ellos había dado un vuelco la relación de fuerzas del ayuntamiento y el Opus perdió el control absoluto del que disfrutaba.

Ante la férrea oposición de los nuevos ediles tuvo que ser el Consejo de Ministros, capitaneado por Carrero Blanco, quien aprobara la expropiación forzosa de los golosos terrenos municipales en favor de la universidad, lo que obligó al ayuntamiento a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios para, inmediatamente, entregárselos al Opus. Esta carísima parcialidad hacia la Obra llegó a provocar la airada protesta del procurador Fernando Suárez que denunció en las Cortes franquistas (1967) el favoritismo con esta universidad.

En 1968 el 70% de lo presupuestado para investigación en los centros universitarios del estado iba a parar a la del Opus. En 1980 se calculaba que el dinero que aportaba la diputación a la universidad era de 100 mil pesetas de media por alumno navarro al año, beca casi del techo de Oxford.

El Opus dice financiarse con las dádivas de los fieles, lo aportado por sus empresas, sobre todo en el sector de la edición de libros y medios de comunicación, arrendamientos (todo un imperio inmobiliario en Iruñea gracias a la universidad y a la clínica) herencias, sus millonarias inversiones (como la agencia de fondos de inversión Sextante Partners AV, participada por la Fundación Universitaria de Navarra) y las subvenciones públicas que supondrán cerca del 40% de los 98,5 millones de euros presupuestados para el cuatrienio 2009-2013. Las arcas públicas siguen financiando un emporio creado para preparar los cuadros de mando de una sociedad conservadora y expandir la doctrina del fundamentalismo católico.

Para el Opus “el pecado original lo explica todo maravillosamente”, en la misma línea de los neocon estadounidenses que cuestionan el evolucionismo (en 2010 César Martínez, director creativo de G. Bush, McCain y Sarah Palin, impartió un máster en comunicación política en la UN) lo que convierte a la pobre enseñanza impartida en su universidad en sectaria, sexista y decimonónica. Influir en la sociedad del modo más discreto posible ha sido su máxima; asumió con clarividencia que la economía es ideología concentrada y fue fiel al consejo del Caudillo: “Haced como yo, no os metáis en política”, lo que a algunos fieles de la Obra no les ha impedido cometer el pecadillo de mantener una doble militancia en UPN, PP o PNV.

El Opus nació en Italia con Mussolini y en el estado español con Franco, de quien San Josemaría se convirtió en director espiritual. Destacados numerarios y supernumerarios de la Obra fueron máximos responsables del aparato franquista durante sus últimos 15 largos años (Carrero, López Rodó, López Bravo, el profesor de Juan Carlos Borbón, A. Fontán) durante los que se reprimió, torturó y fusiló sin denuedo. También se preocuparon de diseñar una transición basada en la conocida cita de Francisco Franco: “lo dejo todo atado y bien atado”.

La constitución de la II República establecía la separación entre Iglesia y Estado, suprimía el presupuesto para el clero e implantaba la educación laica que Franco desbarató devolviendo a la Iglesia la responsabilidad en la enseñanza de las nuevas generaciones. En cualquier sociedad verdaderamente democrática se pedirían cuentas por el bagaje histórico de la Obra y, por supuesto, se dejaría de financiar a una institución tan sumamente impresentable.

Patxi Zamora es periodista.

Todos fueron asesinos.
Aquellos que llevan mal todo lo relacionado con la memoria histórica se han visto obligados a reconocer el derecho de la gente a dar sepultura digna a sus familiares enterrados en fosas comunes. No hacerlo les hubiera dejado en muy mal lugar. Curiosamente, aunque no se diga, este reconocimiento generalizado a honrar a las víctimas del fascismo es fruto en exclusiva del movimiento pro memoria, que desde fines de los 90 y concretamente desde el año 2000 logró mostrar a la sociedad una realidad oculta y prohibida durante el franquismo y también a partir de la transición (las exhumaciones de entonces fueron hechas al margen del sistema cuando no en contra).

Sin embargo, los enemigos de la memoria, para justificar lo que no se hizo ni en la transición ni después por quienes tenían la obligación y el poder para hacerlo, se agarran a que esto es cosa de los nietos, que ignoran lo que fue el franquismo y la transición y que, por tanto, no pueden calibrar justamente lo que se hizo. Y como para esta gente todo es tan sencillo, no tienen reparo alguno ahora en responsabilizar al Gobierno de no dar solución a este asunto de los muertos y las fosas, que es, según ellos, para lo que se hizo la Ley de Memoria Histórica (LMH). De paso, aprovechan el debate para meter otras cuestiones de más calado relativas a la interpretación de nuestro pasado reciente. Sería el caso de Joaquín Leguina en su artículo “Enterrar a los muertos” (El País, 24/04/2010).

Para el político del PSOE son preocupantes “algunos mensajes de muy dudosa calidad” que se han ido colando en estos años. Así, critica la interpretación que se está dando de la Ley de Amnistía como vulgar apaño amnésico, que considera calumniosa “para quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada”. Todo por un objetivo: la reconciliación, dice Leguina. Porque para él hay algo que no admite discusión y que está en el origen de todo este asunto: “… en los dos bandos se practicó una enfurecida ‘limpieza étnica’”. Las palabras lo delatan. No parece caer Leguina en que bando, lo que se dice bando, sólo hubo uno, que fue el sublevado; la otra parte era el Gobierno legal de la República.

Si designamos a ambos con la palabra bando estamos igualándolos y situando al Gobierno y a quienes le servían a la altura de las bandas de facciosos que dieron el golpe militar. Éstos, además, traían un plan que pusieron en práctica desde el primer día: no de limpieza étnica sino de exterminio político y social. Como en Chile, caso que el señor Leguina debe conocer bien, pero a lo grande (piénsese en cualquiera de esas provincias en las que el golpe triunfó y la “guerra civil” fue sólo represión: todas superan en muertos a Chile). Los golpistas sabían que iniciaban la cadena de violencia y que, en consecuencia, en el otro lado caerían muchos de los que supuestamente venían a salvar de las garras del marxismo, pero esto no sólo no les importaba sino que venía bien a sus propósitos.

Es vieja la práctica de negar afirmaciones que nadie ha mantenido para lanzar las propias. Mantiene Leguina que tan inexacto fue antes catalogar a unas víctimas de “mártires de la Cruzada” como ahora a otras de “héroes de la democracia y de la libertad”. Quizás Leguina no haya caído en la cuenta pero esto de poner en duda a los “héroes” ya lo vienen haciendo los Moas hace tiempo. Con ello muestra su absoluto desprecio por los que dieron su vida por la libertad y por las víctimas del fascismo. Sabiendo lo que fue el golpe y la reacción popular que lo hizo fracasar prácticamente en todo el país, salir además con el ejemplo de Agapito García Atadell entra en el terreno de la perversión moral. ¿Será acaso la historia de García Atadell la que nos lleve a no generalizar sobre los represaliados franquistas o la que nos mueva a equiparar la violencia en ambas zonas? García Atadell representa el terror desatado en zona republicana a consecuencia del golpe militar y del resquebrajamiento del Estado y sus instituciones; también marca las diferencias entre unos y otros: al contrario que los “García Atadell” de la zona franquista, éste tuvo que huir y fue el propio gobierno republicano el que posibilitó a los franquistas su captura.

Ni en Madrid ni en el resto del territorio que quedó en zona gubernamental hubo durante meses fuerzas y recursos para controlar enteramente la situación. Lo que hemos demostrado los historiadores es que, a pesar de esto, en gran parte del territorio primó el respeto a la vida por deseo de las autoridades republicanas y de los comités que se constituyeron por todas partes en representación del Frente Popular. Fueron miles de presos de derechas los que salvaron la vida en aquellas terribles circunstancias gracias a lo que quedó de la República.

Pero el golpe no triunfó en todo el país y lo que se planeaba como una marcha triunfal hacia la capital se convirtió en una marcha plagada de obstáculos que se prolongó durante casi cinco meses. Además había que limpiar el territorio. Para colmo Madrid consiguió heroicamente frenar al ejército de África en sus mismas puertas y el golpe devino en larga guerra. No encontrará el Sr. Leguina a historiador alguno que justifique el terror que asoló ciudades y pueblos de la zona gubernamental; mucho más fácil le será lo contrario, ya que, como bien debe saber, abundan los justificadores del terror que acompañó en todo momento a las columnas franquistas. Sin embargo, uno formaba parte del programa y el otro no. Los historiadores sabemos que para las víctimas de los rojos hubo mucha memoria histórica, pero, a pesar de ello, no hemos olvidado en nuestros trabajos ni uno de sus nombres.

Ahora bien, lo que carece de sentido alguno, cuando ni siquiera sabemos aún el número y la identidad de todas las víctimas del franquismo, es que los tratemos por igual. Pide Leguina “ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos sean también de todos”. Pero ¿cómo que todos? ¿Ignora Leguina que sólo podemos hablar de todos los de un lado? ¿Desconoce que ha costado tres décadas de arduo trabajo recuperar parte de los nombres de las otras víctimas? ¿No sabe que, fiel a sus orígenes recientes e imbuida de espíritu de transición, la Universidad tardó años en ocuparse de esa etapa? ¿Ha olvidado ya que su partido gobernó durante catorce años y nunca tuvo voluntad ni tiempo de mirar atrás? Sin ir más lejos, ¿no tuvo tiempo él mismo entre 1983 y 1995, cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid, de dedicar un poco de atención a los hombres y mujeres que perecieron a manos del fascismo en su comunidad, fueran o no héroes de la democracia y de la libertad? Evidentemente no, ya que debía de pensar como sus superiores. La historia nos enseña que el primer deber de la democracia es la memoria pero, en aquellos años rutilantes, al PSOE, como a buena parte de la sociedad surgida de la dictadura, la memoria le estorbaba. Así acabó él y así acabó el PSOE.

Todos los muertos son iguales
El artículo de J. Leguina fue rebatido en el mismo periódico por Almudena Grandes, “La condición miserable” (09/05/2010), Teodulfo Lagunero, “Enterrar a los asesinados por los fascistas” (29/05/2010) y Javier Cercas, “La puñetera verdad” (06/06/2010). En todos ellos, por diferentes que sean, se pueden encontrar ideas interesantes que ha costado y está costando mucho transmitir a la sociedad y que hoy sean cosa aceptada para muchos, aunque no para los que aún funcionan dentro de esquemas heredados de la propaganda franquista, que no son pocos.

De orden muy diferente fue “Los muertos de todos”, artículo de Jorge M. Reverte que vio la luz en el mismo periódico citado el 18 de junio. Aquí volvemos otra vez a los dos bandos. Reverte, para quien todas las víctimas son iguales, las de Paracuellos como las de Badajoz, reconoce la responsabilidad de los golpistas y su plan de exterminio, pero para mostrar que los otros actuaron igual remite a Paracuellos (su documento encontrado por la documentalista Diana Plaza), Barcelona (Miquel Mir y Diario de un pistolero anarquista), La Solana (Fernando del Rey y Paisanos en lucha) y las matanzas finales de la guerra en Cataluña (J. Cercas).

No sé si será consciente Reverte de dónde se mete al asumir los más que dudosos escritos de Mir y a un historiador como Del Rey que considera esto de la memoria histórica “como una losa que ha caído sobre los historiadores profesionales” y que lamenta lo que llama “la irrupción de la historia militante”. Tampoco parece muy serio poner como ejemplo la conocida novela de Cercas. Yo podría mostrar a Reverte otros muchos casos que prueban que, por más que se cometieran crímenes en todo el territorio, nunca cabrá igualar ambos terrores. Podremos estar con las víctimas y despreciar a los asesinos, pero ni ambos bandos fueron iguales ni lo fueron todas las víctimas.

De entrada, no tenemos por qué asumir ni una sola víctima de los franquistas, ya fuera provocada en enfrentamiento armado u otros actos bélicos como por los bandos de guerra o los sumarísimos de urgencia. Sólo la investigación permitirá identificar a los asesinos. Efectivamente García Atadell era un criminal que mereció su final, pero no hay que olvidar que estos monstruos dan vía libre a sus instintos cuando la situación lo permite, y, en este caso, lo que lo permitió fue el golpe militar. Sin embargo, nuestra actitud, aunque cautelosa, debe ser diferente con las víctimas causadas en su defensa por la República y por quienes la apoyaron en todo momento, desde el 17 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39 y desde las acciones iniciales que hicieron fracasar la sublevación en lugares clave hasta las penas dictadas por los tribunales populares.

Lo que no cabe justificar en modo alguno, por más que entre los afectados cayeran elementos responsables y colaboradores del golpe, es el terror salvaje que durante varios meses causó miles de víctimas en numerosos lugares del territorio republicano. Podemos explicarlo, mostrar sus causas y retratar a sus responsables, pero no asumirlo. A estas alturas sabemos que, además del terror implantado por los comités, muchas de las matanzas que tuvieron lugar en zona republicana fueron consecuencia directa de bombardeos franquistas sobre objetivos civiles. ¿Justificaremos con ello el crimen? No, pero sí ofreceremos la secuencia completa, que la propaganda franquista tuvo buen cuidado en ocultar.

Reverte puede hacer suyos todos los muertos, los de Badajoz y los de Paracuellos; yo no creo que se puedan ni deban mezclar. Badajoz precede a la matanza de la Cárcel Modelo, en la que sin duda influyó; la de Paracuellos, por el contrario hay que relacionarla con el asedio a Madrid en noviembre del 36. Es fundamental la contextualización de estos hechos, ya que lo contrario sólo favorece a la propaganda y a la manipulación. Por ejemplo: falta una investigación sobre los brutales bombardeos a que fue sometida Madrid por la aviación fascista en esos meses. No para justificar la actividad criminal de las checas sino para saber por qué, cómo y dónde se gesta el odio asesino que conduce a algunas de esas masacres. De hecho, muchas de las matanzas ocurridas en zona republicana no se entienden sin la violencia previa derrochada por los golpistas, bien fuera por acciones de exterminio como por bombardeos, ocupaciones salvajes, etc. No es conveniente olvidar quién agredió primero, sin que esto suponga justificar crimen alguno. Pero recordémoslo una vez más: no podemos equiparar en modo alguno la violencia del que agrede con la violencia del que se defiende. Mención aparte merecen los elementos que en zona republicana derrocharon igual desprecio por la vida ajena que el que venían practicando los fascistas desde que se sublevaron.

Hechos de las dimensiones de Paracuellos hay muy pocos en la zona republicana; hechos como Badajoz hay muchos en el territorio controlado por los fascistas. Yo estoy a la espera de que se investigue a fondo lo ocurrido en Madrid desde el 18 de julio hasta bien entrados los años cuarenta. Una vez que esto ocurra sabremos a qué atenernos. No obstante, la gran diferencia entre las matanzas de Badajoz y Paracuellos es que la primera nunca fue investigada y la segunda sí. Compararlas para mostrar que todos fueron iguales mientras no conozcamos a fondo ambas constituye una aberración.

Franco nos salva del Soviet
Y llegamos a Santos Juliá (SJ) y su “Duelo por la República Española” (El País, 25/06/2010), en la misma línea que el de Leguina pero menos basto. Para SJ la revolución social latente tras las matanzas de la cárcel Modelo hubiera acelerado la derrota y acarreado el fin de la República.
Además, en zona republicana, “durante los primeros meses de la guerra, [se cometieron] crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad”. Para SJ sólo a partir de mayo del 37 “comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros”. Para Juliá en territorio republicano no se mató más porque ya no había dónde ni a quién. Dejemos de lado las referencias a Dionisio Ridruejo, nuestro pequeño Goebbels convertido ahora en “ideólogo de la democracia” (vivir para ver), quien por cierto murió sin contarnos lo mucho que debía saber sobre la época dorada del terror azul a pesar de haberse comprometido a ello en Escrito en España (seguimos a la espera de que su hagiógrafo J. Gracia nos cuente sus años fascistas). También preocupa a SJ “la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco”.

Sin duda lo más llamativo del texto de Juliá es la idea, nada novedosa por cierto, de que, de haberse inclinado la situación a favor de la República, la revolución social hubiera ido llevando el terror a todo el territorio para terminar devorando a la propia República. Desde este punto de vista cabe agradecer que los golpistas impidieran con su incesante victoria tan negro futuro, posibilitando así que veinte años después los hijos de vencedores y de los vencidos –esa increíble generación a la que pertenecen Leguina y Juliá– iniciaran el camino hacia la democracia. Conste, al menos, que la idea esta es franquista y no ha dejado de circular. No en vano L.P. Moa recibió el artículo de SJ que comentamos con otro titulado “Santos Juliá va enterándose”.

Aparte de esto debe quedar claro que la represión en ambas zonas no fue en absoluto equiparable ni en cantidad ni en objetivos. Una era fruto de un golpe militar que incluía un calculado plan de exterminio; otra de un proceso revolucionario abierto precisamente a consecuencia de lo anterior. No vale despachar de un plumazo, como hace SJ porque a él no le interesan, una serie de hechos objetivos como quién inició la agresión, de dónde partía, y qué plan y dimensión tuvo en cada zona. Que todo tenga “lógica propia” no significa que todo sea igual. Asusta un poco este relativismo.

Además, habrá que recordar a Juliá que las diferencias entre la represión en ambas zonas no empiezan en mayo de 1937 sino el mismo 17 de julio. La razón es simple: al contrario que los sublevados, tanto el gobierno de la República como los partidos que integraban el Frente Popular, carecían de plan alguno para acabar con nadie. Esta situación cambió tras el golpe. De ahí que sea algo admitido que, por más que en algunos lugares las ramificaciones del terror alcanzasen ciertos espacios del poder político y sindical, nunca se trató de un proyecto planificado con implicación de las más altas instancias del Estado ni del Frente Popular. Las tesis de SJ, como antes las de Leguina, suponen un total desprecio hacia aquellas personas, la mayoría, que, en todo el país y desde diversos ámbitos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para evitar el derramamiento de sangre. Nada de esto ocurrió en zona franquista, por la sencilla razón de que el derramamiento de sangre constituía la médula del plan.

Al tratar el asunto como lo tratan –los dos bandos que de pronto se lanzan por la pendiente de la guerra civil dirimiendo sus diferencias a garrotazos en medio de una orgía de sangre y terror– SJ y sus seguidores están ocultando y tergiversando la realidad con un claro objetivo: la memoria de la República y de quienes dieron la vida por ella desde el primer día, tanto civiles como militares, tanto en el frente como en los paredones, debe ser sacrificada en beneficio de la Transición. Esto es tan antiguo como la propia transición pero, a medida que ha ido saliendo a la luz la realidad de eso que llamamos “guerra civil”, a sus defensores se les ve más la tramoya de su argumentación. Así, no se dejan de lanzar sombras sobre la baja calidad de la democracia republicana o sobre la escasa validez de las elecciones de febrero del 36 (buen partido están sacando algunos, sin haberlos visto, a los “papeles” de Alcalá Zamora), y día llegará en que alguien desempolve de nuevo los “papeles” de la conspiración comunista, que vendrán bien a unos para demostrar una vez más que el “18 de julio” estaba justificado y a otros para probar que la República estaba ya carcomida por la hidra revolucionaria.

Veamos finalmente esa argentinización de la mirada al pasado que tanto preocupa a SJ. Debe referirse sin duda al tratamiento de la cuestión represiva y a la petición de verdad, justicia y reparación que se ha hecho desde el movimiento social a favor de la memoria. No debe extrañarse SJ de que haya gente que pida eso. Para argentinización pionera la del franquismo con sus víctimas. No parece muy justo que sólo haya habido “verdad” (Causa General), “justicia” (la represión judicial militar) y reparación (los muchos derechos y privilegios de que gozaron los Caídos y sus descendientes) para unos, y silencio, olvido y limosnas para los otros. Y ya que no es posible llevar al banquillo a los responsables, qué menos que exigir Verdad, Reparación y que la Justicia defina lo que realmente fue aquello.

La tesis central del artículo de Juliá fue rebatida por Josep Fontana (“Julio de 1936”, Público, 29/06/2010). En su respuesta SJ, como siempre, eludió el debate, recurriendo a su estilo habitual. Curiosamente –esto suele pasar– el “estilo” que lo caracteriza viene a ser una mezcla de dos de los insultos obsesivos que lanza sobre los demás: Vishinsky y Torquemada, es decir, estalinismo e inquisición. El resultado ya sabemos cuál es: alguien que no deja de sermonearnos desde sus muchos púlpitos y tribunas pero que, fiel a la máxima Roma locuta causa finita, no admite no ya sólo crítica alguna sino simplemente puntos de vista diferentes al suyo. De seguir así no habrá quien le chite urbi et orbi. Unos por temor reverencial, otros por puro miedo y los demás por débito o vasallaje. En realidad, la sensación que da es que sería un magnífico secretario de la Conferencia Episcopal Española.

Y al final del camino… la Tercera España
Dejó tan alto el listón Juliá que una de dos, o acabó con el debate en su periódico o bien el periódico, con la ayuda inestimable de alguno de sus manipuladores profesionales como el tal Javier Valenzuela, decidió desechar otras opiniones. Luego ya sólo vimos un “análisis” de José Juan Toharia titulado “La tercera España, 74 años después” (El País, 18/07/2010). De entrada y dado el día, aludía a “la irreconciliable fractura entre las dos Españas dispuestas a extirparse mutua e inmisericordemente de la convivencia nacional”. Para Toharia lo ocurrido en el 36 no fue un enfrentamiento entre “buenos y malos” sino “un choque entre dos fanatismo extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes”. Pero había otra España, dice Toharia: “… una mayoritaria tercera España que braceó, sin éxito, para evitar el desgarro. No lo logró y quedó finalmente laminada”. Aquí no podía faltar la referencia a Trapiello, el gran fustigador del rojerío hispano desde la República a la transición. A éste igual le da tirar contra uno de la generación del 27 que contra los maquis o los antifranquistas de los 70. Algunos parece que buscan así matar al rojo que alguna vez llevaron dentro.

Pues bien, Toharia ha descubierto, porque para eso es presidente de Metroscopia, que según dicen ahora los españoles, sus familias se posicionaron entonces de la siguiente manera: un 17% con “el bando franquista o nacional”, un 26% “con el bando republicano” y un 57% con la “Tercera España”. Y hay más, porque Toharia aporta un dato sensacional: la mayor parte de los votantes del PSOE y del PP “proceden de familias integradas en la tercera España”. ¡Acabáramos! ¡Haber tenido que esperar tanto tiempo para saber que ya en el 36 España no era ni de derechas ni de izquierdas sino de centro! Como ahora, qué casualidad. Bien es verdad que esto no cuadra mucho con los resultados de las elecciones de febrero del 36, pero seguro que Toharia tendrá alguna explicación. Igual es que fueron fraudulentas, como mantuvo “el bando franquista o nacional” (¿pero qué sociólogos son éstos que aún hablan de “nacionales”?). Quizás esos resultados hablen más de ahora que del 36 y resulte que hay una mayoría social que se siente desvinculada de “los dos bandos”. Lo cual no es de extrañar después de la incesante y machacona campaña que desde la transición se viene haciendo para relegar el pasado reciente al olvido y situar la amnistía del 77 y la Constitución del 78 como nuestros únicos referentes históricos.

Sin duda, este “análisis” contiene méritos para engrosar los desvaríos “científicos” del clásico de Cipolla (Allegro ma non troppo). Lo curioso y lo que me hace traerlo aquí son las conexiones de las teorías de Toharia con las de Leguina, Juliá, Trapiello y, cómo no recordarlo, con Muñoz Molina, otro cantor de la “tercera España”. Todos ellos y otros muchos están empeñados en convencernos de que “los dos bandos” eran, en el fondo, iguales; que la República contenía el germen de su propia destrucción y hubiera sido engullida por sus propios hijos (ya decían los franquistas que el Frente Popular conducía directamente al Soviet), y que es mejor que olvidemos todo aquello, incluidos los muertos, pues maldita sea la hora en que se empezó a mover todo esto de la represión y las fosas. Si hiciéramos caso de la encuesta de Toharia y pensáramos en la representación de los tres grupos en el actual panorama de los medios de comunicación veríamos que los de la “tercera España” están bien representados; aquellos cuyas familias se alinearon con los franquistas están sobrerrepresentados, y, finalmente, el 26% que se posicionó con la República es el que peor escapa, ya que apenas cuenta con medio alguno para exponer sus ideas (Internet sigue siendo prácticamente la única vía y ya sabemos sus limitaciones: un 80% de la población nunca lo usa para obtener información).

Seguramente a algunos debe molestar que se les diga que sus ideas coinciden con los Moas o que han sido gratamente recibidas por Intereconomía o Libertad Digital. No debe ser muy agradable para aquellos que pasan por ser referentes ideológicos de nuestro tiempo que sus ideas sean bien acogidas por los sectores más reaccionarios de la sociedad española. Al final va a resultar que, en lo fundamental, todos están de acuerdo. Ocurre que es la fuerza del movimiento por la memoria histórica la que va obligando a estos señores a decir lo que de otra forma ni se hubieran atrevido a decir ni hubiera hecho falta que dijeran. Ha sido la decisión de mostrar lo que fue realmente el “18 de julio” y de exigir que el Estado cumpla con su deber, la que ha llevado a esta gente a exponer públicamente lo que piensan de la República, de “la guerra civil” y de la dictadura. De paso nos han dado las claves de por qué actuaron como lo hicieron en la transición; incluso de por qué están tan contentos de conocerse: según parece, les debemos todo.

Por lo demás, pensando como pensaban de la anterior experiencia democrática, qué otra cosa iban a hacer. Se entiende que lleven tan mal las investigaciones sobre el golpe de julio del 36 y sus consecuencias, y, sobre todo, el movimiento pro memoria histórica. En realidad hubieran preferido que todo quedara como en la transición o como en los tiempos de Felipe González, aquellos del nosotros decidimos no mirar atrás. Pero fue en vano: de pronto, la “guerra civil” se fue mostrando como lo que realmente fue: la matanza fundacional del franquismo, y la tierra, mero paisaje, dejó ver las pruebas: un país sembrado de fosas comunes.

Sevilla, 18.8.2010

Francisco Espinosa Maestre. Historiador y Director Científico de http://www.ruedoiberico.org/blog/?p=936 Joaquín Leguina, El País 24/04/2010
 
Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.