Un poco de luz en un proceso lleno de sombras. El pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) aprobó hoy por unanimidad de PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, PP e IU declarar los 50.000 metros cuadrados del antiguo campo de concentración de Los Merinales “suelo reservado para la creación de un centro de interpretación de la utilización de la mano de obra esclava durante el franquismo”.

La resolución, impulsada por IU, supone el desbloqueo tras más de dos años del proyecto de un memorial que testimonie el horror del campo, actualmente en estado de completo abandono. El proyecto ha salido al fin de la UVI. Los suelos, calificados como industriales, son golosos desde el punto de vista urbanístico. Su reserva para el memoria aleja el riesgo de que sean urbanizados, como ha ocurrido con los de otros muchos campos, donde no queda huella alguna de lo que fueron.

Unos 10.000 presos del franquismo, concentrados en Los Merinales, participaron en la construcción, entre 1940 y 1962, del canal del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos, una obra de 150 kilómetros de longitud para poner en regadíos miles de hectáreas en Sevilla.

Manto de silencio
PSOE, PP, IU, la Diputación de Sevilla, varios ayuntamientos, sindicatos, una caja de ahorros y así hasta 22 entidades firmaron en 2008 un protocolo para constituir la Fundación Los Merinales, que pretendía tirar del manto de silencio que durante décadas ha cubierto la memoria de los presos del canal. Pero la crisis económica y la falta de iniciativa de los actores de la fundación sumió después al proyecto del memorial en el olvido.

La moción insta a la fundación a que como muy tarde el 31 de octubre de 2010 se firmen sus estatutos y se haga la aportación de capital inicial por parte de las entidades.

Las aspiración más ambiciosa del movimiento memorialista es la declaración de la zona Bien de Interés Cultural, una categoría que Extremadura ya dio al campo de Castuera (Badajoz). Cecilio Gordillo, coordinador de memoria histórica de CGT, afirmó que la petición ya ha sido trasladada a la Consejería de Cultura.

El enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo de España (que en su seno tiene miembros que simpatizan con el golpe militar de 1936), en respuesta a la denuncia realizada por el partido fascista (La Falange) en protesta por el intento de tal juez de llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos realizados por la dictadura, muestra claramente varios hechos que no han sido suficientemente comentados en los medios de información y persuasión que gozan de mayor difusión del país. Uno es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato del estado dictatorial continúan teniendo una gran influencia sobre el Estado español.

El segundo hecho que tal caso ha mostrado es que el espectro político español está profundamente sesgado a la derecha, mucho más que en la mayoría de países de la UE-15. Las derechas españolas corresponden, en el espectro político europeo, a la ultraderecha. En la Unión Europea, los partidos ultraderechistas han sido los únicos que han apoyado el enjuiciamiento de Garzón, tal como han hecho en España los dirigentes del PP. La gran mayoría de la derecha europea ha denunciado y condenado tal enjuiciamiento y los grandes rotativos conservadores y liberales europeos han denunciado esta bochornosa situación, mostrando con ello que el PP –que apoyó tal enjuiciamiento– es un partido de la ultraderecha europea de raíces franquistas, lo cual también explica su resistencia a condenar aquella dictadura por su nombre. Lo máximo que ha hecho el PP ha sido condenar genéricamente todas las dictaduras totalitarias (en las Cortes Generales, el 20-11-02), sin referirse concretamente a la dictadura franquista por su nombre (ver mi artículo “El PP, ¿un partido franquista?” en www.vnavarro.org).

El tercer hecho que el caso Garzón ha evidenciado es la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos y/o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura y el impacto sumamente negativo que tal dictadura supuso para el desarrollo económico, político, social y cultural español. Esta resistencia de los vencedores y sus descendientes aparece en su persistente referencia a la equidistancia en las atrocidades realizadas por lo que llaman “los dos bandos” de la Guerra Civil.

Este argumento, ampliamente reproducido por los vencedores y sus descendientes (que dominan la vida política, mediática y cultural española, sean del color político que sean), pone en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. La forma extrema de esta equidistancia aparece en los escritos de Juan José López Burniol y de Gregorio Marañón, que indican que los vencedores tenían tanta razón moral y política como los vencidos, pues ellos (los vencedores) eran buenas personas y también lucharon por sus ideales. Según este relativismo moral y político, no se podría condenar ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini, pues todos ellos en su vida personal eran “buenas personas” (seguían la moral convencional de su tiempo) y creían que lo que hacían era lo mejor para España, Alemania e Italia, respectivamente.

Tal equidistancia es, en realidad, más una justificación que una explicación de lo ocurrido en España, intentando ofuscar las responsabilidades habidas en aquel periodo. Poner a los curas y monjas asesinados por los republicanos en las misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y democráticamente elegido. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que nunca ha estimulado a la Iglesia a hacer una reflexión sobre por qué era tan odiada) y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes –comprensibles, pero no justificables– no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años en que el repetido insulto (se les definió como pertenecientes a una raza y/o cultura inferior) no se podía contestar ni siquiera en la intimidad familiar, pues los padres no osaban hablar de ello con sus hijos con el fin de protegerlos. De ahí que hablar de reconciliación como las bases de la Transición y de la actual democracia es idealizar acríticamente un proceso claramente inmodélico. ¿Cómo quieren que la hija de un alcalde republicano asesinado, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, se reconcilie con un juez del Tribunal Supremo que apoya el golpe militar o con José Juan Toharia, que escribió en El País, nada menos que el 18 de julio (74 aniversario del día del golpe fascista), que los dos bandos eran “fundamentalistas fanáticos”, insultando a todos los que defendieron la democracia?

Por cierto, no se ha hecho todavía la novela o película antifascista perfecta, pues estas tendrían que mostrar que los fascistas eran muy buenas personas (iban a la iglesia, no robaban, les gustaba la música clásica y amaban a sus familias) que, cuando creían que iban a perder sus privilegios, apoyaban a otras que asesinaban, robaban, torturaban y hacían enormes barbaridades para continuar manteniendo sus privilegios. Y ellos, “las buenas personas”, lo sabían. De ahí la enorme necesidad de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Pau Casanellas, SinPermiso, 18.7.2010

La memoria histórica, como punto de encuentro del presente con el pasado, como fuente de legitimación del presente en el pasado, es un espacio de conflicto. Después de unos años caracterizados por el olvido, fruto de la voluntad de los gobiernos de la democracia parlamentaria de fundamentar el actual régimen político no en la experiencia republicana o en la lucha del antifranquismo, sino en la transición, ha aflorado en el seno de la sociedad española una fuerte reivindicación de memoria; una demanda de recuperación —mejor dicho: de construcción— de las raíces sobre las cuales debe asentarse nuestro presente. Este proceso no solamente choca contra la voluntad de olvido que siguen abonando tanto la derecha heredera del franquismo como la izquierda hija de la transición, sino que entraña conflictos y contradicciones entre las distintas maneras de interpretar el pasado, que son, al mismo tiempo, conflictos entre maneras de ver el presente y de imaginar el futuro.

Todo régimen político necesita legitimarse en unos valores o tradición. Los actores institucionales que protagonizaron la configuración de la democracia parlamentaria en España optaron, sin embargo, por prescindir de cualquier referencia al pasado y convirtieron el mismo proceso de transición en mito fundacional del régimen parlamentario. Expresiones como consenso, reconciliación o moderación contribuyeron a fraguar el mito de una transición modélica, en la que el acuerdo institucional materializado principalmente en la Constitución de 1978 fue concebido como el fruto de la pericia de un pequeño grupo de diputados con proyectos políticos enfrentados, pero con una voluntad común: el pacto. La “larga marcha” del antifranquismo y, sobre todo, la explosión movilizadora de 1976 (año clave para entender la renuncia de las élites franquistas a los proyectos continuistas) quedaron reducidas, en este relato, al papel de “piedra en el zapato” en el camino presuntamente pacífico hacia la “democratización”. La perversidad de tal reconstrucción de los hechos resulta aún mayor si se tiene en cuenta el carácter de las movilizaciones de 1976, en las que tuvo un notable protagonismo la izquierda radical y, en el País Vasco, también los sectores aberzales: los que posibilitaron el cambio han sido, paradójicamente, convertidos en sus supuestos obstaculizadores (aunque los escenarios por los que luchaban distaran, en muchos casos, del actual marco parlamentario).

Desde mediados los años noventa proliferaron las voces en favor de una memoria que pusiera en relación las libertades formales actualmente vigentes con las luchas del pasado y que tuviera en cuenta, también, a las personas damnificadas por la represión franquista. Después de tres lustros de amplia reivindicación por la memoria, el gobierno español de Rodríguez Zapatero intentó canalizar estas demandas por medio de la promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Lejos de tratarse de una ley de memoria, la Ley 52/2007 se articuló en buena medida como ley de víctimas. Las palabras pronunciadas por el mismo presidente español el 26 de noviembre de 2008 en el Congreso de los Diputados dan una idea de cuál seguía siendo la voluntad gubernamental en materia memorialística: “[...] como demócrata considero que la mejor manera de fortalecer la democracia es disfrutar de la experiencia democrática más que del miedo a una dictadura. Estamos asistiendo a un fenómeno que pone de manifiesto la gran salud moral de la democracia española, un fenómeno que consiste en que cada vez se recuerda y se homenajea más a las víctimas y se olvida más al dictador. Ese fenómeno, esa realidad que estamos viviendo creo que responde a lo que debemos hacer. Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen sus derechos, que no han tenido, y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país.” (1) Si de lo que se trataba era de olvidar la dictadura, ¿dónde quedaban los verdugos?; ¿contra quién, o contra qué, habían luchado las víctimas?

¿Víctimas o luchadores?
La centralidad de las víctimas ha sido una constante en las políticas públicas de la memoria en numerosos países, sobre todo a partir de los años ochenta.

Como ha puesto de relieve el historiador Enzo Traverso, se pasó entonces de una memoria del antifascismo a una memoria de los derechos humanos, y la víctima substituyó a la clase social como sujeto de los discursos memorialísticos. En el caso alemán, se ha llegado a hablar de un anti-antifascismo, en referencia a los discursos interclasistas y despolitizados que se han articulado contra la reivindicación de la tradición cultural antifascista. (2)

Además de difuminar el contenido de clase y la presencia de conflictos sociales, colocar a las víctimas en el centro del discurso, sobre todo cuando es el Estado el que articula este discurso en la forma de una política pública, entraña el peligro de convertir el sufrimiento en principio de autoridad substitutivo de la razón. Como ha defendido Ricard Vinyes, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, sino una experiencia. Asimismo, la focalización en el daño infligido a las víctimas permite evocar el principio de responsabilidad compartida y puede llevar a la defensa de una impunidad equitativa, como si las ideas y los proyectos políticos que había detrás de cada tipo de violencia fueran equiparables. (3)

Por otro lado, una visión despolitizada de las víctimas, centrada en su sufrimiento, contribuye a despojarlas de su condición de luchadoras. No resulta para nada extraño que fueran los mismos represaliados por el franquismo e integrantes del movimiento asociativo por la memoria histórica los que, en la llamada Declaració del Liceu, presentada públicamente en abril de 2002, proclamaran su voluntad de incorporación al conocimiento común de las futuras generaciones de la memoria de la experiencia de la dictadura y de sus consecuencias, así como de la lucha por la libertad, lo que deja bien clara la identificación entre víctimas y luchadores hecha por las mismas víctimas.

¿Justicia o prevaricación?
No tardaron en emerger las notables contradicciones que entrañaba la ley de víctimas de diciembre de 2007. Uno de los casos más llamativos fue el de la viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los militantes del FRAP fusilados el 27 de septiembre de 1975, a quien el gobierno español denegó la indemnización que reclamaba, basándose en unos informes policiales que se elaboraron con los antecedentes penales que figuran en los archivos de la época, así como en la sentencia del consejo de guerra que lo condenó a muerte. Menospreciada por el gobierno, la viuda de Sánchez Bravo acudió en mayo a la justicia argentina para pedir la ilegalidad del juicio. Su demanda se unió a la que un grupo de familiares de víctimas del franquismo presentó el 14 de abril en Buenos Aires, con la intención de abrir un proceso contra los responsables de la dictadura española. (4) Si en los años setenta la depuración de responsabilidades de los responsables del franquismo sólo formaba parte del catálogo de reivindicaciones de algunos colectivos de la izquierda radical y del mundo libertario, hoy en día parece estar extendiéndose una demanda social en este sentido. Así lo pone de relieve, por ejemplo, el manifiesto Per la ruptura amb el franquisme i la fi de la impunitat dels crims de la dictadura, presentado públicamente el 18 de junio en Barcelona, así como los pronunciamientos de varias organizaciones y movimientos sociales por la memoria histórica. (5)

Muy en otra línea, aunque sea difícil saber cuál, iban los autos dictados por el juez Baltasar Garzón el 16 de octubre y el 18 de noviembre de 2008: si una cosa no intentó Garzón fue juzgar a ninguno de los responsables gubernamentales de la dictadura que aún siguen en vida. Después de defender en el primer auto la posibilidad legal de procesar a los responsables del Alzamiento Nacional en base a la cualificación jurídica de las desapariciones que se les imputan como crímenes contra la humanidad, Garzón preveía en el segundo auto la extinción de esa responsabilidad penal una vez recibida la notificación de la muerte de los principales responsables del partido único fascista hasta 1951. (6) Sí podría aducirse, en cambio, que lo que pretendía Garzón era dar un impulso a la localización y apertura de fosas comunes, que la Ley 52/2007 dejó principalmente en manos de las asociaciones. Sin embargo, el hecho de que en el segundo auto se inhibiera de la causa en favor de los juzgados de instrucción de las localidades donde se encuentran las fosas induce a pensar que tampoco era esta noble causa la que perseguía el juez. Por lo que respecta a la exhumación de fosas, a la hora de la verdad todo ha quedado en agua de borrajas: casi dos terceras partes de los juzgados de instrucción han archivado las causas. (7)

El debate acerca del procesamiento de Garzón por supuesta prevaricación ha girado en torno a la posibilidad o imposibilidad legal de juzgar a los responsables del franquismo. Mientras que, según algunos, la ley de amnistía de octubre de 1977 impide cualquier procesamiento, según otros la jurisdicción internacional sobre crímenes contra la humanidad sí lo permite. La extrema politización de la controversia convierte en casi inútil preguntarse si Garzón ha prevaricado o no: lo que resulta palmario es que tanto él como quienes lo acusan de prevaricador anteponen los criterios políticos a los jurídicos. Muestra suficientemente clara de esta politización es que se haya cuestionado la investigación de los crímenes del franquismo —del primer franquismo, habría que precisar—, pero no la apertura de diligencias, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por el secuestro y desaparición del líder de ETA-pm, Pertur, en julio de 1976, pese a que conforme a la ley de amnistía de 1977 estos hechos tampoco podrían ser juzgados. (8) Ante tanto confusionismo, emerge una pregunta: ¿cuál es la auténtica naturaleza de la ley de amnistía?

¿Amnistía o punto final?
Toda amnistía, para ser efectiva, debe implicar un cambio en la escala de valores de la sociedad en virtud del cual no solamente se libera a las personas que eran objeto de represión, sino que se reconoce públicamente la legitimidad de las acciones por las cuales sufrieron tal represión. Toda amnistía, por lo tanto, debe crear las condiciones para que no sea necesario pedir nuevas amnistías. (9) Es por ello que, como reivindicación central del antifranquismo, la amnistía puede ser entendida como el contrato social sobre el que había que fundamentar —o como el “quilómetro cero” a partir del cual había que edificar— la democracia parlamentaria, para romper definitivamente con el franquismo.

Habitualmente, se presume que la Ley 46/1977, de 15 de octubre, que amplió la amnistía a las personas condenadas por “delitos de sangre”, tenía por objeto favorecer la disolución de las organizaciones armadas que habían actuado bajo el franquismo e integrar a todos los sectores de la sociedad española en el nuevo régimen político. Sin embargo, el desarrollo de los hechos hace difícil pensar que esto fuera exactamente así. Santiago Carrillo lo dejó claro en su intervención en el pleno del Congreso el 27 de julio [1977], al advertir que la amnistía daría “todo el poder moral necesario para aplicar la ley a cuantos en lo sucesivo, y a condición de que las libertades democráticas sean garantizadas para todos, maten, secuestren o roben en nombre de actitudes a las que ya no podrá atribuirse legítimamente una intencionalidad política”. (10) En lo que atañe al gobierno de la UCD, no caben tampoco demasiadas dudas: el 9 de octubre, apenas unos días antes de la aprobación de la ley, era detenida la plana mayor de los GRAPO en Benidorm.

Tampoco puede concebirse la amnistía como el fruto de la voluntad de consenso de los grupos parlamentarios o, menos aún, como ejemplo de la buena voluntad gubernamental. Así lo demuestra que, pese a las propuestas presentadas, el gobierno no mostrara ningún interés en tramitar la amnistía antes de las vacaciones, y sí que lo hiciera, en cambio, después de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en el País Vasco entre finales de agosto y principios de septiembre. Especialmente concurrido fue el acto final de la Marcha de la Libertad, convocado en Arazuri (Navarra) el 28 de agosto, así como las manifestaciones por la liberación de Miguel Ángel Apalategui, Apala (entonces pendiente de una petición de extradición del gobierno español al francés), en Bilbao (el 2 de septiembre), San Sebastián y Vitoria (3 de septiembre). (11)

También las medidas gubernamentales de excarcelación de presos políticos previas a la ley de octubre de 1977 fueron siempre una respuesta a la movilización popular, que desbordó en todo momento las previsiones de los dos gobiernos del franquismo sin Franco (noviembre de 1975 – junio de 1977). He aquí dos clarísimos ejemplos de ello: la amnistía parcial de julio de 1976 vino después del ciclo movilizador más importante que se había vivido en España desde 1939, que forzó la caída del gobierno Arias Navarro; y los extrañamientos previos a las elecciones del mes de junio, gracias a los cuales los condenados por el proceso de Burgos de 1970 pudieron salir de la cárcel y exiliarse en otros países, fueron la respuesta a las espectaculares movilizaciones en el País Vasco, donde la semana pro-amnistía de mayo de 1977 dejó un saldo de cinco muertos a manos de las fuerzas policiales. (12)

Así pues, no puede dejarse de denunciar como distorsionada la equiparación de la Ley 46/1977 con las leyes de punto final promulgadas en algunos países latinoamericanos, o su consideración como “una vergonzante transacción […] con la fuerzas de la dictadura que querían un cheque en blanco” (así la ha definido el magistrado José Antonio Martín Pallín). (13) Ninguno de estos argumentos obsta para constatar, como consecuentemente debe hacerse, que, cuando las peticiones de la calle entraron en los despachos, se vieron substancialmente desfiguradas.

Así, por iniciativa de la UCD, las “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” del franquismo fueron incorporados entre los beneficiarios de la amnistía promulgada en octubre de 1977 (artículo 2.e), y la ley se convirtió en una traba legal para la depuración de las responsabilidades de los responsables de la dictadura. La salida de las cárceles de la mayor parte de los presos políticos, como victoria del antifranquismo, se vio por ende amputada por la garantía de impunidad a los represores de la dictadura, lo que —entre otros motivos— explica que la ley fuera contestada por insuficiente precisamente por los sectores que más la habían reivindicado. Sin embargo, dista mucho de ajustarse a la realidad la atribución a la ley de la responsabilidad de la supervivencia del aparato represivo del franquismo. (14)

La construcción de una memoria antifascista que vincule las libertades formales vigentes actualmente a la lucha del bando republicano y al antifranquismo es una tarea necesaria, sobre todo cuando aún hay quien cree, como afirmaba en enero de 2009 el ex ministro Martín Villa, que mientras la transición fue una victoria compartida de todos los españoles, la guerra también la perdimos todos (15); o que, como ha postulado de manera burda, esquemática y con altas dosis de ignorancia Francesc-Marc Álvaro, el protagonismo del antifranquismo en la liquidación de la dictadura se deba a una mera “leyenda” construida por quienes lucharon contra Franco. (16) No obstante, toda política pública de la memoria implica el peligro de servir únicamente para reforzar las instituciones vigentes —cada día más anquilosadas y deslegitimadas—, salvo que se trate de una memoria puesta en práctica de manera extremamente descentralizada, que sea promovida y gestionada por actores sociales diversos y autónomos. Una política de este cariz daría cabida, así, a la construcción de una memoria de los proyectos de emancipación brutalmente truncados a raíz de la instauración del franquismo y de la misma dinámica de guerra, así como de los desarrollados bajo la dictadura.

Es necesario advertir, por lo tanto, contra la reducción de la experiencia antifascista a un proyecto determinado, el frentepopulismo, y contra la conversión teleológica del frentepopulismo en una prefiguración de las formas de democracia parlamentaria que se asentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Como fenómeno cultural, y también en su concreción política, el antifascismo integró desde proyectos emancipatorios y revolucionarios a los que, ante el fascismo, propugnaban simplemente parlamentarismo democrático. Su limitación a unos u otros resulta inexacta.

El peligro de reducción de la memoria histórica a la legitimación de las instituciones parlamentarias vigentes ha hecho que, desde algunos sectores, se haya hablado de una memoria anticapitalista. Ésta era, por ejemplo, la propuesta de fondo de las Jornadas por la memoria histórica anticapitalista, organizadas en la Universidad de Valencia en noviembre de 2006. (17) Una memoria antifascista de corte amplio debería dar cabida también a estos discursos y poner de relieve que, si la emancipación fue percibida como una posibilidad en el pasado, no tiene por qué dejarlo de ser en el presente. Desde esta perspectiva, los conflictos sociales aparecen no como un obstáculo en el ineludible camino hacia el parlamentarismo democrático, sino como una posibilidad histórica de emancipación, como una puerta abierta a escenarios de futuro alternativos.

(Una primera versión de este artículo fue publicada en el número 18 de los Quaderns d’Illacrua, dentro del número 184 del semanario catalán Directa, 19 de mayo de 2010).

Pau Casanellas es historiador.

Notas

1 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, núm. 49, 26 de noviembre de 2008, p. 5.

2 Enzo Traverso, Els usos del passat. Història, memòria, política, València, PUV, 2006.

3 Ricard Vinyes, “La memoria del Estado”, en Ricard Vinyes (ed.), El Estado y la memoria, Barcelona, RBA, 2009, pp. 23-66.

4 También la hermana de Xosé Humberto Baena, otro de los últimos ejecutados por el franquismo, se adhirió a la querella interpuesta en Argentina. El País, 26 de abril de 2010, p. 11; El País, 3 de mayo de 2010, p. 15. Sobre el caso de Sánchez Bravo, véase también El País, 29 de junio de 2009, p. 18.

5 También las encuestas, siempre discutibles, corroboran esta tendencia. Según una realizada a principios de mayo, en pleno bullicio por el procesamiento a Garzón, tres de cada cinco ciudadanos del Estado aprobaría la investigación de los crímenes cometidos bajo el régimen franquista. Público, 10 de mayo de 2010, pp. 2-3.

6 Curiosamente, una de las únicas voces que han puesto de relieve tal contradicción (defender la posibilidad jurídica de encausar a los responsables del golpe militar sin tener la intención de juzgar a ninguno de ellos) ha sido Santos Juliá, “Sobre la impunidad de los crímenes del franquismo”, El País, Domingo, 23 de mayo de 2010, p. 20.

7 Público, 5 de mayo de 2010, p. 24.

8 Huelga decir que el la Fiscalía parte del supuesto de la responsabilidad de los comandos berezi en la desaparición, por lo que no se trata en modo alguno de un intento de investigación judicial de crímenes de Estado.

9 Son de interés algunas de las reflexiones en este sentido contenidas en Francisco Letamendia, El No vasco a la reforma, vol. 1, San Sebastián, Txertoa, 1979, p. 10.

10 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 5, 27 de julio de 1977, p. 73.

11 Aunque a raíz de estas movilizaciones el gobierno español pensó en buscar interlocutores al margen de la Asamblea de Parlamentarios Vascos, después de los enfrentamientos acaecidos en San Sebastián el 8 de septiembre, fruto del choque entre una manifestación auspiciada por la Asamblea y otra de carácter espontáneo en recuerdo de Jesús María Zabala, se reactivaron las negociaciones sobre el régimen pre-autonómico, llegándose a techos que hasta entonces no habían sido considerados por los emisarios gubernamentales.

12 Resulta llamativo que, siendo éste el mismo número de víctimas que las provocadas por la intervención policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976, los hechos no tuvieran entonces, ni tengan ahora, el mismo eco.

13 Diagonal, 26 de noviembre de 2009, p. 29. Las palabras de Martín Pallín son una muestra de lo distorsionada que puede aparecer la historia si se la contempla únicamente como una sucesión de textos legales.

14 Así lo ha hecho Jaime Pastor, “La Ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del «consenso» de la Transición”, Viento Sur, núm. 110, mayo de 2010, pp. 103-106.

15 Rodolfo Martín Villa, “Carta a los Reyes Magos”, El País, 3 de enero de 2009, p. 23.

16 Francesc-Marc Álvaro, Els assassins de Franco. Un judici particular del franquisme i dels que van deixar-lo morir al llit, Barcelona, L’Esfera dels Llibres, 2005, p. 34.

17 Las aportaciones al encuentro están recogidas en Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la autonomía, Madrid, Klinamen, 2008. Más que constituir un intento de reflexión sobre el concepto de memoria anticapitalista, el volumen recoge distintas experiencias vinculadas al área de la autonomía.

El juicio que en el futuro se haga a la democracia española deberá tener en cuenta su incapacidad para erradicar de la esfera pública todos los restos del franquismo. Más de 30 años después, las tibias políticas de memoria histórica del Estado español no sólo no han logrado devolver la dignidad a las víctimas, sino que tampoco han instaurado en la ciudadanía una cultura jurídica y política plenamente democrática. Este déficit contribuye a que en nuestras instituciones subsistan hoy esos “focos de supervivencia” del franquismo de los que advierte Carlos Jiménez Villarejo.

Son las sombras del franquismo, que se proyectan sobre la esfera pública y afectan a sus integrantes.
Uno de estos focos resiste aún en la universidad española. Sabido es que la dictadura franquista provocó “el atroz desmoche” (véase el libro así titulado de Jaume Claret) en los cuerpos docentes universitarios. Las mejores cabezas de la época fueron aniquiladas, depuradas o tuvieron que marchar al exilio. Ello generó un páramo científico e intelectual; un vacío que fue rápidamente ocupado por los partidarios de la dictadura, quienes no dudaron en servirse de la universidad como instrumento para sus fines políticos y personales. La ciencia fue sometida a la ideología fascista, primero, y nacional-católica, después. Y los principios de mérito y capacidad en la selección del profesorado se sustituyeron por la adhesión inquebrantable al régimen dictatorial.
Fueron demasiados los años durante los que se reprodujo y potenció este sistema.

Aunque con el transcurrir de la dictadura la universidad se convirtió en un semillero de la oposición democrática y no pocos de sus miembros pasaron después a desempeñar cargos de gobierno en las propias universidades, no se consiguió terminar con la herencia del franquismo. Quizá fuera un tanto ingenuo pensar que prácticas tan enraizadas iban a desaparecer de un día para otro. Máxime cuando no se produjo una depuración de los integrantes de la eufemísticamente llamada “vieja escuela” quienes, tras la muerte del dictador –y los días de luto oficial–, continuaron dando clase y ejerciendo su poder como si nada hubiera pasado.
Mucho es lo que ha avanzado la universidad española desde entonces, pero largo es el camino que le queda todavía por recorrer para convertirse en un espacio libre de ese autoritarismo que, más descarada que sibilinamente, se deja sentir en sus estructuras organizativas y de gobierno. En su interior a veces pesa más la jerarquía y el temor reverencial a la autoridad que la libre discusión racional de los argumentos en juego. A ello contribuye que las escuelas sigan siendo el elemento básico de reclutamiento y promoción del personal docente e investigador. Por supuesto que nada obsta a que los profesores se agrupen por afinidades temáticas, metodológicas o ideológicas, pero frecuentemente bajo esa fórmula se generan reinos de taifas, presididos por criterios ad hoc de índole más personal que profesional, donde a sus integrantes se les exige lealtad y adhesión a los principios no del Movimiento Nacional, sino de la propia escuela.

Salvo honrosas excepciones, funcionan con pretensión de hegemonía, vetando el acceso a la carrera universitaria a quienes no pertenezcan a ella e instaurando sin rubor la dialéctica del “amigo-enemigo” que los teóricos del franquismo aprendieron de Carl Schmitt.
Y qué decir de la igualdad de género. Las mujeres son mayoría en la universidad, sí, pero esa mayoría no se traslada simétricamente a los núcleos de poder, es decir, a los lugares donde se toman las decisiones que van a conformar la realidad presente y futura. En general, el número de hombres es desproporcionadamente superior al de mujeres en cátedras, cargos y tribunales de oposiciones, por citar los ejemplos más significativos.
Hoy, la universidad española vive bajo los efectos del Plan Bolonia, un proceso que está llamado a converger con el resto de Europa y a elevar el nivel de nuestras enseñanzas. Contadas son las universidades que están desarrollando este proceso de forma transparente, abriendo canales de diálogo con docentes, personal y alumnos que permitan la participación real de la comunidad universitaria en asuntos de su incumbencia.

No es esta la tónica general. La implantación de los nuevos títulos, el diseño de la carrera docente y la regulación de las relaciones laborales en la universidad recuerda sospechosamente a esa forma de gobernar “por decreto” típica de la dictadura.
Lo que sucede con el Plan Bolonia no es más que una manifestación de esa aversión a la política que profesaba el franquismo. En este sentido, de tanto en cuando se escuchan voces autorizadas que reclaman la salida del ámbito universitario de lo político, lo asociativo o lo sindical. Se afirma que la universidad ha de ser el espacio de la excelencia científica y no contaminarse por debates de tintes ideológicos. El de la excelencia funciona como un nuevo credo, un ideal no ideologizado que ha de permanecer al margen de cuestiones terrenales como la política. A sus apologetas cabría recordar las palabras del jurista Hans Kelsen, quien basaba la supremacía moral de la democracia y la libertad en su capacidad de generar mayores avances científicos. Sigamos su criterio: profundicemos en más y mejores prácticas democráticas, ya que sólo así podremos alcanzar la excelencia en nuestros campus.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2094/¿franquismo-en-la-universidad/

En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.

El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.

Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).

Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.

Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).

Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.

Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University

Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.



El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.



Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.



Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?



También merecen un reproche en el mismo sentido los responsables institucionales de diversa procedencia política que están convocando una manifestación para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos políticos que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia. 

La discusión sobre el lema de la marcha resulta tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias?



En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado, más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y produce un miedo más que justificado tanto desafío irracional al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.

Rafael Simancas

Tengo demasiado respeto a Santos Juliá como para despachar este asunto de la manera simplista en que lo hace Intereconomía; pero no puedo evitar la expresión de algunas discrepancias. Lo que había en España el 18 de julio de 1936 era un régimen democrático empeñado en una política reformista, definida así en el pacto del Frente Popular: “La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social”. Los “partidos obreros” habían aceptado estos límites por unas razones que Martínez Barrio expuso claramente en 1937: “El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria”.

Aunque hablasen de revolución para azuzar los miedos de la derecha, los militares y sus asociados se sublevaron en realidad contra la democracia republicana. Lo dicen sus primeros textos internos, como el de Mola, que proclama: “Es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder”. Lo que debía hacerse era “un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo”, de modo que en el futuro “nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (…), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo”. De forma más expresiva lo decían los militares de su entorno, que, como nos cuenta su secretario en la primera versión de sus recuerdos, sostenían que “hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”, lo que ejemplificaban con “la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros”.
Cuando se analiza la violencia inicial del levantamiento, se puede ver que se trata sobre todo de asesinatos preventivos, movidos por el deseo de desarticular hasta sus raíces la sociedad republicana. Se mata a alcaldes y concejales, a sindicalistas o a maestros de escuela. ¿Cómo explicar de otro modo el asesinato en los primeros días de tantos maestros de escuela? ¿O el hecho de que hubiese tantas víctimas en provincias que votaban tradicionalmente a las derechas y donde el movimiento había triunfado sin resistencia? No eran víctimas de una guerra civil que no existía aún cuando sus muertes fueron decididas, sino de un proyecto de exterminio colectivo.

En un balance sobre la violencia roja y azul que aparecerá próximamente, José Mª García Márquez ha reconstruido la realidad de los asesinatos del verano de 1936 en la provincia de Sevilla. Se trata de hombres y mujeres que murieron sin dejar rastro, no porque fuesen víctimas de actos incontrolados, sino porque hubo una voluntad deliberada de ocultación. Una de las aportaciones más interesantes de su investigación es la certeza de que las autoridades de la revuelta tenían exacta noticia de cada muerte que se producía.

Esta primera oleada salvaje de los muertos en los descampados y en las cunetas, realizada cuando no había motivo alguno que pudiera legitimarla, es la que revela con más claridad la naturaleza y el sentido de esta violencia fundacional. Después empezó una Guerra Civil que desbordó el proyecto político republicano y dio paso a una situación nueva, en que el análisis de la violencia de ambos bandos debe hacerse sin duda con algunas de las cautelas que preocupan a Santos Juliá. Pero la suposición de que la crisis del proyecto del Frente Popular se hubiese producido de todos modos sin la provocación inicial de la revuelta no aparece justificada por el estudio de lo que ocurrió en la primavera anterior. Y, privada de esta legitimación, la violencia azul del verano de 1936 resulta ser el mayor crimen colectivo de la historia de España: un crimen contra la humanidad que no tiene amnistía ni perdón.

Josep Fontana,  miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es catedrático emérito de Historia y  dirige el Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Maestro indiscutible de varias generaciones de historiadores y científicos sociales españoles, investigador de prestigio internacional e introductor en el mundo editorial hispánico, entre muchas otras cosas, de la gran tradición historiográfica marxista británica contemporánea, Fontana fue una de las más emblemáticas figuras de la resistencia democrática al franquismo y es un historiador militante e incansablemente comprometido con la causa de la democracia republicana y el socialismo.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3454

En la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, Manuel Azaña y su amigo y abogado Ángel Ossorio mantuvieron una larga y dramática conversación en el Palacio Nacional. Habían llegado a Palacio las noticias de las atrocidades cometidas por milicianos en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid, donde fueron abatidos o fusilados varias decenas de presos, entre otros Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña en el Partido Reformista. Azaña no puede soportar el duelo inmenso por la República, la insondable tristeza que le produce la matanza y siente veleidades de dimisión. Ossorio, que ha sido llamado por Cipriano de Rivas, cuñado del presidente, intenta tranquilizarlo recurriendo a un argumento que irrita a su amigo, pero que acaba por calmar su ansiedad: las muertes de aquellas personas, muchas de ellas encarceladas con el único propósito de garantizar su seguridad, entraban en la “lógica de la historia”.

Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos -y por algunos socialistas- ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.

De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no solo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip; o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo -esa “puñetera verdad” a la que se refiere Javier Cercas- que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia -insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo-, de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.

De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución -que es una conquista violenta de poder político y social- solo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas.

Solo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil -y ya no había a quién- seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.

Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro.

Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras -entonces todavía con artículo y minúsculas- y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro.

Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojada al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia -imperfecta, deficitaria, como todas- sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las armas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida.

Fuente:http://www.elpais.com/articulo/opinion/Duelo/Republica/Espanola/elpepuopi/20100625elpepiopi_11/Tes

“Vienes a verme porque soy el único que queda” exclama con sorna y se ríe. Federico Álvarez Arregui me recibe en su austero despacho del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este vasco es de los pocos exiliados republicanos que siguen vivos y en activo en México. Desde este ajustado despacho, de unos 15 metros cuadrados y que comparte con su asistente, dirige desde hace 8 años, la revista Literatura Mexicana, una publicación académica sobre filosofía y las letras en lengua castellana. Es su trinchera particular, desde donde, pese a sus 83 años, sigue aportando al acervo cultural local. Pertenece a esa generación de intelectuales españoles que perdió nuestro país a causa de la Guerra Civil y la dictadura franquista y que en cambio, con su esfuerzo, engrandecieron la cultura mexicana y siguen haciéndolo, aunque son cada vez menos, entre ellos Álvarez Arregui, quien después de la risa, prosigue su primera frase: “no es cierto, quedan algunos más pero ya estan enfermos o muy mayores, con lo cual yo me convierto en bateador emergente”, agrega haciendo un símil con el béisbol que me recuerda sus primeros años de exilio en Cuba.

El hijo del fundador de Izquierda Republicana en Guipuzcoa llegó en 1940 a la Habana a reencontrarse con sus padres después de 4 años de no verlos, pues ellos se habían quedado en Madrid después de la toma de San Sebastián por el bando nacional, y ya en la derrota cruzaron la frontera a Francia donde sufrieron los campos de concentración y finalmente pudieron salir a Cuba. Cuando Álvarez desembarcó solito del Magallanes, tenía 13 años y en la mochila traía 4 años de vivir en territorio franquista, rezar cada noche el rosario con su abuela e ir a la escuela de los Marianistas. Con este equipaje la isla le sorprendió por su luminosidad, su sol, su música, su diversidad racial y su exuberancia. “Soy un exiliado particular porque mi llegada a Cuba fue de una felicidad infinita”, asevera y se le ilumina la cara recordando el colorido cubano.

Allí pasó 7 años trascendentales de su vida, hasta los 20, y asegura que “Cuba nos integró, por lo menos a mi generación pues el pueblo cubano era enteramente antifranquista, entonces nosotros los exiliados, éramos los buenos”. Con esta disposición, estudió el bachillerato e ingresó en la carrera de ingeniería. Allí militó en los movimientos estudiantiles de izquierda radical, y bebió del caldo de lo que pocos años después sería la revolución.

Sin embargo, Cuba no integró a los intelectuales exiliados en sus estructuras culturales como hizo México. En las universidades había cuotas para profesores extranjeros y muy pocos españoles tuvieron cabida. Por eso a sus 20 años, toda la família se mudó a México, donde empezó a relacionarse con la flor y nata de la intelectualidad republicana. Esas relaciones le devolvieron su españolidad pues Federico en ese momento ya se sentía un joven latinoamericano. “Cuando llegué a México no sentí ninguna estrañeza cultural, social o política y al igual que el resto de mi generación de exiliados, que no la de nuestros padres, participé totalmente en la vida política de México. Participaba en las movilizaciones de los ferroviarios, de los mineros, de los estudiantes… Eso sí, en las manifestaciones del 1 de mayo marchábamos en el contingente de la República.

Y es que los exiliados mantuvieron la llama de la democracia encendida desde la distancia. Y México fue uno de sus principales bastiones. Álvarez Arregui recuerda como en 1945, se reconstituyó la II República en la Sala de Cabildos, en la sede del gobierno del Distrito Federal, la residencia de los Virreyes en el periodo colonial. “Durante 24 horas, aquel hemiciclo fue España”, espeta con un repentino brillo en los ojos y continúa, “vinieron diputados de todos lados, exiliados en París, en Argentina, y se reunieron las Cortes por primera vez desde el 39, José Giral fue electo presidente, fue el único que recogió el variopinto sentir de los exiliados”.

Los exiliados no eran una masa uniforme. Por encima de las diferencias sociales y económicas, prevalecían las diferencias políticas que existían en la República y que se acentuaron en la Guerra Civil. Sin embargo, a todos les unía el sueño republicano y la nostalgia de la patria perdida.

“El exilio es un destierro, te fuiste y perdiste la tierra, porque sabes que no puedes regresar, al menos por un tiempo largo. La mayoría de los exiliados teníamos esa sensación permanente de destierro, una desazón que nos acompañaba siempre, y que de repente, se volvía hacía dentro y sentías como angustia de no poder volver a España”, recuerda con los ojos empañados de agua. Y continúa “saber, por ejemplo, que tus abuelos se están muriendo y no puedes ir a verlos…” Es el único momento de la entrevista en que, a este enérgico hombre de 83 años, se le enturbian los ojos, porque, de carácter afable y jovial, recuerda con alegría el peregrinaje vital que le ocasionó el exilio, y de hecho reconoce que ahora ya no vuelve porque ya no quiere. “Yo soy tricéfalo, soy mexicano, cubano y vasco”, confiesa. Y se explica: “este es mi país, aquí vivo, aquí trabajo, aquí me dan premios…”.

Sin embargo hay algo dentro de él que se resiste a serlo del todo. Pese a haber vivido más de 40 años en México sigue conservando, casi intacto, el acento vasco, y mantiene sus relaciones con sus compatriotas ibéricos.

De hecho, un telefonazo interrumpe la conversación. Es Joaquin Díez Canedo, quién ha continuado la gran labor editorial que hizo su homónimo padre primero en la editorial Joaquín Moritz y en el Fondo Económico de Cultura, publicando tanto a los exiliados españoles como a los grandes escritores mexicanos, incluso antes de que se les reconociera.  Le habla para comentarle que ha recibido el último manuscrito de otro exiliado, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Álvarez Arregui ya conoce de su existencia.
“Hemos sido como una gran família”, me cuenta. De hecho Álvarez Arregui se casó con Elena Aub, la hija de Max Aub, y uno de los testigos fue Juan Rejano, por no nombrar a todos los intelectuales que estaban invitados a la boda. Al igual que la mayoría de exiliados políticos, la pareja se involucró en la lucha antifranquista. A finales de los 50, participaron en el Movimiento Español (ME/59), con la idea de llenar el exilio de contenido ideológico y organizarse con la resistencia contra el régimen del interior del país.

Cuando ya veían acercarse la caída del dictador, conformaron, junto a otros intelectuales y líderes de izquierda, la Junta Democrática que pretendía movilizar unitariamente a la oposición antifranquista, con un programa político rupturista que abogaba por una consulta ciudadana para volver a la República. Un proyecto que se frustró con la transición, que Álvarez Arregui califica de “vergüenza”. “La transición nos permitió llenar las calles de banderas rojas, ver pornografía e ir a unas elecciones donde acabó ganando la derecha”, apostilla, y continúa: “los pactos de la Moncloa son un pacto de olvido. Se prohibió hablar del exilio y de la guerra, esa fue la tercera y última derrota de los exiliados”.

Y asegura que el exilio fue una derrota permanente, que empezó con el destierro, pero que tuvo su segundo golpe en el 1955 cuando la comunidad internacional levanta el aislamiento al gobierno franquista y lo acepta en el seno de las Naciones Unidas, y por lo tanto, desconoce el gobierno republicano que tenía sede en París y embajada en México. Sólo este último país y Yugoslavia, con Tito a la cabeza, mantendrán el apoyo al gobierno del exilio hasta la transición.

Álvarez Arregui se enerva al hablar de la transición, y aunque fue entonces cuando pudo y quiso volver al Estado español, los 10 años pasados en Madrid, entre el 1971 y el 1981, le decepcionaron. Ahora, va de visita una vez al año, a ver a sus hijos y a Congresos, pero asegura que se regresa tan pronto puede.

“No lo aguanto, cada vez que voy es un golpe, la última vez que estuve en Madrid, estaba sentado en un café y en la mesa de al lado un señor le decía a otro: -Hay que matarlos a todos, y yo digo ¿a quiénes? Antes era a los rojos y ahora es a los ecuatorianos o a los marroquíes. España no ha cambiado, sufre desmemoria histórica”, afirma y empezamos a hablar de la situación política actual.
“Este pobre (José Luís Rodríguez) Zapatero que intentó al principio hacer una política de izquierdas, al final ha tenido que hacer una política de derechas y el Partido Popular todavía está en contra, la derecho española es algo impar, como ella no hay nada. En Europa hay muchos gobiernos de derechas pero el Partido Popular representa la vieja derecha, la historia española, la eterna derrota de la izquierda.

-¿Qué diferencia ve entre el PP y la derecha europea?

La derecha europea es anti fascista. En Alemania está prohibido el partido nazi, pero en España la Falange Española se sigue presentando a las elecciones, en Francia está prohibido llevar una esvástica, en Italia colgaron de los pies a Musolini, en España Franco descansa en un sagrario. Además el poder de la iglesia y del ejército son enormes y no han tenido un saneamiento. En Francia, Alemania o Italia ha habido una desnazificación pero en España los que torturaron a Grimau o a Simón Sanchez Montero, pasean por la calle. Ahí está la diferencia con Europa”.

Es inevitable preguntarle por la suspensión de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional después que iniciase tres procesos sobre las víctimas de la Guerra Civil la dictadura.

“Lo que le ha pasado a Garzón es un ejemplo singular de lo que estoy diciendo. Un recurso de Falange Española, que debe tener un uno o dos por cien de los votos, es capaz de hundir a un juez como este. En cada pueblo hay una fosa común donde estan los abuelos de muchos de los que ahí viven, y la Justicia prohibe que se abran esas fosas, no permite que se reconozcan a los muertos y que sus familiares les den sepultura”.

Esta frustración le provoca un sentimiento agridulce versus España. Por un lado recuerda con nostalgia las playas de Donosti donde jugaba de niño, por otro se enfurece con el olvido de los españoles hacia toda la barbarie que implicó el franquismo.
“No puedo volver a soportar la bandera franquista, un rey, todo lo que representa la existencia del Valle de los Caídos, y encima ver que a millones de españoles no les importa hacerlo,… Esa falta de memoria me desespañolizó y ya solamente me queda la patria chica, Guipúzcoa”.

Hablamos de la ley de Memoria Histórica. Le parece una buena iniciativa, aunque tibia y tardía. “No se podrá reparar la memoria de los exiliados, mientras los españolitos de a pie estén de acuerdo en olvidar”, reitera. “Hay algunas iniciativas positivas, exposiciones, trabajo de recuperación histórica, pero no calan en una sociedad a la que se le cercenó la izquierda, en el exilio, en prisión o bajo tierra. En España cada vez que la izquierda levanta la cabeza, se la cortan. Ya lo hizo Carlos I con los comuneros de Castilla y desde entonces, hasta ahora sigue sucediendo. España es inasequible al desaliento”, concluye.

Me apena pero no me sorprende que la llamada del Presidente Montilla y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la movilización popular en Cataluña, en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), haya creado una respuesta de gran animosidad en sectores intelectuales basados en Madrid, no sólo entre las derechas, sino también en sectores del socialismo madrileño, que han definido tal llamada a la movilización popular como “desaforada”, “insensata” e “histriónica” (entre otros adjetivos) frente a una sentencia del TC que consideran “madura”, “equilibrada”, “sensata” y “ejemplar”, considerando a tal TC como un tribunal motivado única y exclusivamente por criterios jurídicos, deseosos de que cualquier ley en España encaje con la Carta Magna que “los españoles nos dimos en el año 1978”. Se juzga como desproporcionada tal respuesta, pues se asume que la sentencia del TC avala nada menos que el 90% del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y refrendado por el pueblo catalán. Y para añadir más fuego, se acusa al Presidente Montilla de tener una actitud “impropia” de un Estado de Derecho, pues lo que le toca hacer es acatar la sentencia y dejar de movilizar protestas contra el TC. Es más, tales voces insinúan que el Presidente Montilla tiene unas prioridades en su gobierno equivocadas, abandonando los problemas reales de la población en Cataluña entre los cuales el debate del Estatuto palidece en importancia frente a otras áreas algo descuidadas por su Gobierno.

Ante tantas críticas y observaciones insultantes, cabe preguntarse “¿de dónde viene tanto adjetivo descalificador?”. Y la respuesta es que viene de dos visiones muy distintas, no sólo de lo que es España, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. No coincido con la idealización de la Transición que supone la frase “de que los españoles nos dimos la Constitución (como un regalo, por lo visto) en 1978”. La Constitución, como la Transición que la produjo, fue inmodélica, resultado de un proceso muy desigual en el que las fuerzas conservadoras controlaban el aparato del Estado y dominaban el proceso de la Transición. Las izquierdas salían de la clandestinidad y no eran pares en aquel proceso. 

Ni que decir tiene que la gran conquista de las izquierdas (y muy en particular, de las movilizaciones obreras) fue que se aceptara en la Constitución que la soberanía viniera del pueblo. Pero, los elementos claves de como esta soberanía se refleja a través de los organismos del Estado, fue dictado por las derechas, bajo la supervisión del Ejército franquista, dificultando enormemente la expresión del poder popular.

Desde la Ley Electoral hasta el establecimiento de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el establecimiento del Tribunal Constitucional (así como su composición) fueron resultado de aquellas influencias, siendo estas instituciones gestionadas por un cuerpo judicial enormemente conservador. Como consecuencia de ello, tales organismos están profundamente politizados, siendo utilizados por las derechas para parar las leyes resultado de la soberanía popular. Una ley, aprobada por los dos parlamentos, el catalán y el español, y refrendada por el pueblo catalán está ahora siendo recortada sustancialmente por un tribunal claramente politizado, además de desacreditado. 

El PP está utilizando tal tribunal para conseguir lo que no ha conseguido a través de los parlamentos catalán y español, y está enojado además por el resultado del referéndum en Cataluña, que no deseaba. Leo hoy, por cierto, que está llevando al TC la ley del aborto y así un largo etcétera. No es la función de un Tribunal Constitucional hacer de tapón de la voluntad popular. Basado en esta experiencia, me parece una idealización de tal Tribunal definirlo como un organismo neutro y técnico. No lo es y ahí está parte del desacuerdo. Lo que el TC decide depende de la sensibilidad política de sus jueces, convirtiéndose así en una minicámara legislativa politizada. El sistema de selección de sus miembros es único y no se reproduce en otros tribunales de semejante responsabilidad en otros países. De ahí que tal tribunal ha sido utilizado predominantemente por el PP, el cual ha estado dividiendo a los españoles como parte de su estrategia política.

Partido enraizado en una dictadura, que justificó su existencia “apelando a la defensa de la unidad de España” frente a lo que llamaba comunistas y separatistas, el PP ha utilizado el TC para parar el Estatuto de Cataluña. La mejor prueba de ello es que llevó al Tribunal Constitucional, muchos elementos que han sido aprobados en otros estatutos (como el andaluz y el valenciano) sin que lo recurrieran. 

La movilización del 10 de julio no es contra España, y el Presidente Montilla ha clarificado este punto en su llamada. Dejó muy claro que la protesta no es contra España (de la cual Cataluña es parte), sino en contra del dictamen del TC. Y por razones, además, que exigen una protesta. Fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia no se entiende el genocidio cultural que la dictadura intentó hacer sobre las culturas y lenguas catalanas, vascas y gallegas. La primera vez que tuve problemas con la policía nacional fue a la temprana edad de siete años cuando uno de ellos me abofeteó por hablar en catalán (mi lengua materna) insultándome y gritándome que no “hablara como un perro sino como un cristiano”. Le escupí en la cara, por lo que me detuvieron y me llevaron al cuartelillo, llamando a mis padres. Mi padre, que luchó en varios frentes defendiendo a la República española y a la Generalitat de Catalunya, me acarició en la cara y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande que me dio en su vida. Los dos fueron antifascistas hasta el último día de su vida, y amaban profundamente a Cataluña y a España, por lo cual fueron brutalmente represaliados. Y parte de la humillación que sufrieron fue por su defensa de la identidad catalana. Sólo aquellos que sufrimos estas humillaciones pueden entender la intensidad de nuestro interés en defender nuestro idioma y nuestra cultura. Cataluña es además un país pequeño que puede fácilmente quedar absorbido y perder su cultura y su lengua, tal como ha ocurrido en la Cataluña francesa, donde se ha dejado de hablar catalán y las nuevas generaciones ni siquiera lo reconocen. Muchos jacobinos en España desearían que esto ocurriera también en Cataluña. Pero una persona de izquierdas no puede aceptar esto. De ahí la importancia de que sea una lengua preferente y no sólo igualitaria, pues hoy, por mucho que sorprenda, el catalán es todavía el idioma minoritario en los medios en Cataluña. Para que haya dos idiomas en iguales condiciones se requiere, paradójicamente, que, entre iguales, el catalán sea el preferente, es decir, el primero. Ello no implica una discriminación en contra del castellano, sino la necesidad de potenciar el catalán. 

Entiendo que se pueda estar en desacuerdo con esta postura que sostengo, pero tal desacuerdo no puede basarse en una situación de imposición y fuerza. El castellano se impuso en Cataluña (y el bofetón del policía es un ejemplo entre miles). De ahí que mis amigos castellanos y del centro de España tienen que ir con pies de plomo y ser súper cautos en sus comentarios, pues son vulnerables de ser acusados de defender intereses que se impusieron por la fuerza en su día en Cataluña.

Esta es una realidad, que fue habitualmente utilizada por la derecha nacionalista catalana por causas electorales. Pero el éxito de sus campañas se debía a que había una base real sobre la que se edificaba la protesta. Referirse a esto como meramente victimismo es semejante a desmerecer la causa sindical por querer corregir injusticias laborales. En España, la dictadura se basó en una imposición de clase y de nación. Esto está ampliamente concienciado en las izquierdas catalanas, cuya proclama en la lucha antifascista durante la clandestinidad era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”.

La gran sorpresa del socialismo centrado en Madrid fue que cuando ganaron las izquierdas, éstas fueron incluso más exigentes en su demanda de autogobierno y reconocimiento identitario, olvidando que fueron las izquierdas (y no las derechas nacionalistas, con notables excepciones) las que, durante la dictadura, defendieron la identidad catalana. Para colmo, hoy tal demanda la lidera un catalán nacido en Andalucía, un “charnego” como decían las derechas catalanas. De ahí el odio que recibe dentro y fuera de Cataluña. Unos lo consideran un impostor, otros un traidor (o, como dijo un socialista establecido durante treinta años en Madrid, un socialista contaminado de nacionalismo). Montilla es, como millones de catalanes, un catalán que se siente español, pero que se indigna por la falta de sensibilidad que se tiene en Madrid hacia la redefinición de lo que es España. 

Durante cuatro años se ha ido desarrollando el estatuto sin que España se rompiera. Pero las derechas y algunas izquierdas no quieren que se redefina esta España. Y el TC es uno de ellos.

Esta redefinición incluye la sustitución de una España radial centrada en Madrid por una España plurinacional en que, como en EEUU, algunos órganos del Estado central están ubicados en Madrid y otros en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Badajoz, y otras capitales de España, con pérdida del excesivo protagonismo que tiene Madrid y que es lo que explica, en gran parte, la resistencia del establishment político y mediático madrileño a esta redefinición, sea del color que sea. Y esta plurinacionalidad tiene que respetar las especificidades de cada componente, y no tratar de frenar o inhibir la diversidad que enriquece España. 

Ni que decir tiene que estas resistencias a redefinir España están azuzando el independentismo, que ha crecido enormemente. El 25% de la población catalana se muestra favorable a la independencia. Esta lucha ideológica la tenemos que llevar a cabo en Cataluña y se vencerá o perderá en Cataluña. Pero pediríamos a nuestros amigos del resto de España que ayudarían en lugar de animar al independentismo que es lo que hacen cuando insultan y muestran su enorme incomprensión. 


Una última observación referente a la supuesta falta de atención del gobierno de izquierdas a los problemas de cotidianeidad del pueblo catalán. El gobierno catalán ha sido uno de los gobiernos en las CCAA que ha mostrado mayor compromiso social (disminuyendo considerablemente el déficit de gasto publico social en Cataluña con el promedio de la UE-15), habiendo sido el primero en aumentar los impuestos de las rentas superiores, algo que no ha hecho el gobierno español socialista, y sobre el cual, las izquierdas socialistas madrileñas han guardado un silencio ensordecedor. Ganarían credibilidad en sus críticas si mostraran mayor protagonismo en la defensa de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, y menos en su defensa del TC. 



Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra