Carles Geli, El País, 30.3.2012

No tenía que pasar la censura oficial, ni tampoco la de sus colegas nacionales. Por eso, Jaume Vicens Vives (1910-1960) fue a por todas en unos textos inéditos cuyo hallazgo fue la gran aportación dejada por la conmemoración del centenario del nacimiento del historiador. Los reveladores documentos ven ahora la luz en el libro España contemporánea: 1814-1953 (Acantilado; Quaderns Crema, en catalán). Son 300 páginas al cuidado del historiador Miquel Marín Gelabert, de la Universidad de Zaragoza y descubridor de los textos. El encargo surgió durante un congreso internacional en Mantua en 1952. El material estaba pensado para integrar una ambiciosa obra de siete volúmenes (L’ Europe du XIXe et du XXe siècle). Vicens Vives, pese a ser medievalista, se ofreció para ello.

Más allá del indudable interés académico, el descubrimiento es una gran noticia para los amantes de la honestidad. Valgan como prueba las anotaciones hechas a corazón abierto por Vicens Vives sobre la Guerra Civil. Según el historiador, se llegó a ella por la alianza de intereses de la Iglesia y una derecha “incapaz de otra cosa que la pura y simple vuelta atrás”. Hubo represión en la retaguardia de ambos bandos, pero “con la importante salvedad” de que en el autoproclamado nacional “los jefes del pronunciamiento militar se entregaron a una represión sistemática”, mientras en la zona republicana el terror venía de “organizaciones que escapaban a todo control”.

La particular y desprejuiciada mirada del historiador se aplica también a la construcción de la España franquista, que define como marcada por un estraperlo que había embrutecido el país. La autarquía, escribe, es inviable en una nación de “cuotas, controles y racionamientos” que comportan una economía “esclerótica”, fruto de “una burguesía de estrechas miras egoístas y una administración codiciosa”. El “centralismo administrativo y espiritual, reforzado por el empuje del nacionalismo castellano” es total.

Cuando escribe esto, Vicens Vives cuenta con 42 años y una actividad frenética como catedrático de la Universidad de Barcelona, como editor de éxito de manuales escolares, director de diversos centros de estudios históricos e investigador de prestigio. Entre verano de 1953 y principios de invierno de 1954 deja el texto escrito en castellano para su posterior traducción al francés (nunca se ha hallado el original).

Fe del interés en la empresa se puede hallar en una misiva dirigida a su amigo el filósofo Josep Ferrater Mora. En ella, le habla de este trabajo, que define “dedicado a la historia reciente, con notas a pie de página, numerosa bibliografía y absoluta sinceridad”. “Comprende de 1808 a 1952. Quizá interesaría a algún editor norteamericano. Si se quiere encargar de ello se lo agradecería…”. Al mismo destinatario le dice unos meses después: “Todo esto no son más que preludios de mi Historia Española Contemporánea, que espero que sea mi trabajo culminante”.

“Sinceridad”, “trabajo culminante”… Vicens Vives iba fuerte. Y lo demuestra también la bibliografía que utiliza, muy contemporánea y que probablemente tuvo que consultar fuera del territorio español o de forma casi clandestina. Son citas de obras de exiliados como Salvador de Madariaga o hispanistas como Pierre Vilar y Gabriel Jackson. Todo está al servicio de un centenar largo de folios, divididos en tres capítulos: uno inicial que ocuparía de 1815 a 1870, otro hasta 1914 y un tercero hasta septiembre de 1953.

Diversos avatares retrasaron la obra e hicieron que Vicens Vives no pudiera corregir pruebas del primer capítulo hasta 1957. El volumen se publicaría en 1959, pero no se distribuiría hasta 1960. El segundo aparecería en 1962 y el último, en 1964. Vicens Vives nunca vio los dos últimos. Tampoco todo el mundo pudo leerlo. Se sabía de la existencia de los textos dedicados hasta 1917 pero no de los cerca de 60 folios que conformaban la interpretación de la Guerra Civil y la creación y desarrollo del estado franquista hasta el momento del escrito. Esta parte es la que Martí Gelabert hizo aflorar cuando el centenario del historiador hace dos años.

Vicens Vives disfrutó y rentabilizó apenas parcialmente lo que escribió. Solo entre finales de 1957 y 1959 utilizó el contenido de los dos primeros capítulos en el último volumen de su Historia Social y Económica de España y América. Poca cosa pudo aprovechar del tercero. En total fueron más de 200 modificaciones, así como la supresión de todo el análisis de los antecedentes de la Guerra Civil y buena parte de la bibliografía más incómoda. Lógico: en el trabajo original, una de las aportaciones más significativas está en los seis dilemas en los que resume los retos del régimen: Dirigismo o libertad económica, Socialismo de Estado o justicia social, Autoridad o libertad, Unitarismo o regionalismo, Ortodoxia o disidencia e Incorporación o división intelectual. El último llamaba a superar “los divorcios desde 1808 entre tradición y progreso, unidad y diversidad, ortodoxia y disidencia”.

El proyecto truncado podía considerarse la primera historia oficial de Europa al ser auspiciada y patrocinada incluso por el Conseil de l’Europe, como apunta Martí Gelabert en el prólogo.

Fuente:http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/29/actualidad/1333047346_113622.html

A. Ibáñez, El Periódico de Aragón, 31.3.2012

El PP y el PAR volvieron a sacar el viejo discurso de que no hay que reabrir heridas para enterrar definitivamente el programa de la Amarga Memoria que defiende la dignificación de las víctimas asesinadas por el franquismo. Eso sí, cumplirá con la ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista. El cómo -eliminado el programa que permitía aplicar y desarrollar la ley- es otra cuestión.

Así de claro lo dejó ayer el director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, el aragonesista Javier Callizo, que compareció a petición del grupo socialista en las Cortes. Su comparecencia estuvo llena de polémica ante la intervención, muy protestada por los partidos de la izquierda, de la diputada del PP, María José Ferrando. La popular no ahorró adjetivos para calificar la posición de estos partidos en sus esfuerzos por defender la memoria de miles de aragoneses asesinados durante la guerra civil.

Ferrando lamentó que PSOE, CHA e IU, siguieran “hurgando en la llaga” del pasado “más vergonzoso”. “Escuchando estos discursos en esta agradable mañana -que por un lapsus fechó en el 2010- los he percibido como un estremecedor eco de los debates de los años 30 del siglo pasado, pareciéndome incluso más propio de sociedades primitivas y desvertebradas este morboso culto a la muerte que alguno de ustedes ha profesado”. Para la popular, entre las protestas de diputados como el socialista Jesús Miguel Franco y Patricia Luquin (IU), incidir en la Memoria histórica “provoca serias divisiones” y reedita “añejos enfrentamientos”.

La diputada continuó acusando: “El grupo socialista pretende perpetuar sine die un programa que solo ha servido de oprobio al objetivo que fue diseñado”.
Basaba estas afirmaciones en que de los 2,3 millones destinados a la Amarga Memoria, solo 36.000 euros se han destinado a desenterrar cadáveres de fosas, mientras que el resto ha sido para libros “de cuestionable difusión”. “La voluntad del departamento no es más que el estricto cumplimiento con la ley. Voluntad que no tuvo el PSOE al reabrir un debate realmente amargo, por no hablar del humor ácido que impregna este asunto al tratar de confundir a los aragoneses mezclando la Memoria Histórica, la de la ley, con la sectaria interpretación de las obligaciones que conlleva”.

Fuente:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/una-popular-recrimina-morboso-culto-a-muerte-de-izquierda_746241.html

El Congreso toma medidas contra las misas franquistas

F. V. L. El Periódico de Aragón, 24.3.2012

El Congreso de los Diputados ha ordenado que se tomen las “medidas oportunas” ante la exaltación del franquismo y la exhibición de sus símbolos en las ceremonias religiosas que se vienen celebrando en las iglesias mayores de Belchite y Codo. En un documento firmado por Gabino Puche Rodríguez-Acosta, presidente de la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja, se acuerda dar parte de lo que viene sucediendo en ambas localidades tanto a la Comisión de Interior como a la de Justicia, con el fin de que intervengan en el caso.

La celebración de misas donde se exaltaba la figura de Franco y se utilizaban símbolos de la dictadura fue denunciado ante el Congreso el pasado mes de noviembre por Luis Badenas Marco, exconcejal del Partido Aragonés en el consistorio belchitano.

En su denuncia argumentaba que los actos organizados en el interior y exterior de los templos contravienen la Ley de Memoria Histórica del 2007. El exconcejal señalaba que las exhibiciones de parafernalia franquista se realizaban presuntamente con la connivencia de las autoridades civiles y religiosas.

En su opinión, esta “falta de actuación” revelaba una supuesta complicidad y permisividad. Los hechos objeto de la denuncia de Badenas se remontan a los años 2008, 2009 y 2010 y las demostraciones políticas preconstitucionales se llevaban a cabo incluso en las calles de las poblaciones, “con lo que se herían muchas sensibilidades”. Para Badenas, “nunca antes los homenajes habían salido de una ermita de Codo y del pueblo viejo de Belchite”, que ha quedado como un vestigio de los graves daños materiales y morales que ocasionó la guerra civil.

Fuente:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-congreso-toma-medidas-contra-las-misas-franquistas_744443.html

El Gobierno ha pegado un recorte de un 60% a las ayudas del Ministerio de Presidencia a las tareas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica. De los 6,2 millones de euros de partida en los Presupuestos Generales de 2011 se pasa en 2012 a 2,5 millones.

Esa cuantía se restringirá, añaden fuentes del Ministerio de la Presidencia, exclusivamente a las tareas de exhumación de fosas comunes del franquismo y de “carácter humanitario”, quedando fuera todos aquellos proyectos (documentales, libros, exposiciones) que durante las dos legislaturas de Gobierno socialista se habían venido beneficiando de estas subvenciones. El Ejecutivo de Zapatero concedió desde el año 2006 más de 20 millones de euros a estas tareas. Menos del 30% se dedicó a exhumaciones.

Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, que ayudan a los familiares a localizar y abrir las fosas de fusilados, se esperaban el recorte. Siempre han mantenido que con subvenciones o sin ellas, continuarán ayudando, en la medida de sus posibilidades, a los hijos y nietos de las víctimas a recuperar los restos.

Fuente:http://economia.elpais.com/economia/2012/04/03/actualidad/1333486460_445519.html

La senadora de Amaiur, Amalur Mendizabal, ha denunciado el cierre de la oficina de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura

Pregunta en el Pleno del Senado, 27 de marzo de 2012 

Muchas gracias sr. Presidente, buenas tardes sr. Ministro.

En diciembre de 2008, el Gobierno del Estado, puso en marcha la oficina de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Entre otras funciones, esta oficina se encargaba de la coordinación de las exhumaciones para proceder a las mismas. Hay que destacar la realización de un mapa de fosas que incluye la localización, características y otros datos relevantes, tal y como está previsto en la Ley de Memoria Histórica. Porque recordemos que esta Ley otorgó a las administraciones un papel colaborador en la búsqueda de los cientos de miles de fusilados bajo las cunetas y los bordes de las tapias de los cementerios. También venía realizando una labor informativa con los familiares, administraciones públicas, organismos y asociaciones, para que las víctimas conocieran sus derechos.

Recientemente, este Gobierno ha decidido en Consejo de Ministros, suprimir la oficina, argumentando cambios en la estructura del Ministerio de Justicia. Por lo que sus funciones pasarán a la División de Derechos de Gracia y otros derechos.

Este cierre o traspaso no deja de ser más que otra nueva traba, poner otra piedra en el camino para dificultar y evitar que se continúen las labores de investigación y reparación de los familiares de dichas víctimas y de las distintas asociaciones que luchan por recuperar la memoria que no la dignidad (porque siempre la tuvieron) de todas las víctimas afectadas y represaliados del franquismo.

Asi que ahora debemos esperar todos que la División de Gracia (el nombre ya es un mal presagio) actúe conforme el Derecho Penal Internacional y no a los derechos de gracia divinos.

En su labor, la oficina de atención a las víctimas contabilizó 2.200 fosas y se calcula que hay alrededor de 114.000 víctimas sin exhumar. Estamos hablando de una cifra muy elevada, una injusticia que debe ser reparada en la medida de lo posible. El devolver los cuerpos a los familiares es un acto cargado de sentimientos que también reparan. Las familias lo que piden es recuperar los cuerpos, aunque sólo sea por no dejarlos en el lugar en donde fueron abandonados por sus asesinos.

Desde Amaiur, entendemos que todas las víctimas de todas las violencias deben ser tratadas por igual, sin distinciones de categorías. Las víctimas no son más o menos víctimas en función de cual haya sido el origen de la violencia sufrida. Consideramos importante que se conozca la Verdad. Y los familiares ante todo quieren conocer la verdad.

Recientemente, numerosas organizaciones de Derechos Humanos, instaron a España a garantizar de manera efectiva la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo de conformidad con el cumplimiento efectivo y la plena observancia del derecho internacional.

“La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria y al Estado le corresponde a través de sus organismos realizar la labor de conocer la verdad de lo ocurrido y la suerte de los desaparecidos”. Esto no lo digo yo, esto lo dice en sentencia el Tribunal Supremo.

Por todo ello desde Amaiur queremos preguntar al Gobierno si tras el cierre, van a seguir teniendo estas víctimas a su disposición los mismos instrumentos, recursos y labores de atención que les destinaba el Estado a través de la oficina.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147264&titular=amaiur-denuncia-el-cierre-de-la-oficina-de-v%EDctimas-de-la-guerra-civila-y-la-

Perseguir la verdad ha sido una constante en la vida de Natividad Rodrigo (Burgos, 1931). Cuando apenas contaba con 5 años, su madre, embarazada de cinco meses, y su padre, un labrador de Villanueva de Odra, “desaparecieron”. Según las autoridades franquistas, el matrimonio había abandonado a sus tres hijos. Pero en casa sabían la verdad.

“Lo que más rabia me daba era que dijeran que se habían marchado dejando a tres niños pequeños”. Y en el pueblo también conocían lo sucedido, hasta el punto de saber el lugar en el que enterraron a las 18 personas fusiladas aquella noche del 2 de septiembre de 1936, una información que nadie quería proporcionar. “Cuando en 2006 abrimos la fosa donde estaban mis padres enterrados con otros vecinos, nadie decía nada, incluso un primo mío dio una patada en el suelo de rabia cuando la máquina encontró el punto exacto. No querían que abrieran la fosa. Sin muertos, tampoco hay culpables”,relata Natividad, quien además cuenta, por la memoria de su abuela, cómo antes del 18 de julio estaba todo preparado: “Había armas guardadas en el pueblo y, a las afueras, estaban excavadas dos fosas enormes”.

Para los hermanos Rodrigo Fernández el sufrimiento no terminó con el asesinato de sus padres. Una providencia judicial fechada el 20 de mayo de 1937 requería al padre de Natividad en un proceso de incautación de bienes. Restituto Rodríguez Pérez llevaba ocho meses muerto, pero toda la maquinaria judicial del franquismo se puso en marcha para legitimar el robo de las propiedades que tenían él y su mujer, Natividad Fernández Calvo.

Transcurrido el plazo de diez días para que el afectado por el expolio se personara en el juzgado de incautaciones, el siguiente paso era la petición de informes sobre la conducta de la víctima al alcalde de la localidad, al juez municipal y al párroco, quienes se hacían valer a su vez de testimonios de vecinos. En el caso del padre de Natividad, todos los informes que integran su expediente de incautación -al que ha tenido acceso Memoria Pública- apuntaban en un único sentido: se trataba de un hombre de izquierdas que había participado en una comisión gestora del Ayuntamiento y que asistió a la manifestación del primero de mayo por los derechos de los trabajadores. “En las últimas elecciones votó al Frente Popular”, testimonió un vecino de Villanueva de Odra. “Se mostró contrario al movimiento y se le consideraba afiliado al Partido Socialista”, rezaba el informe de octubre de 1937 del regidor municipal.

De la madre de Natividad, en cambio, los informes decían que se le observó “una conducta irregular con anterioridad al movimiento” pero “sin que se demostrara pertenecer a ningún partido político”. Incluso el juez municipal aseveró en un documento del 22 de octubre de 1937 que Natividad Fernández Calvo “demostró unirse al movimiento”. Pero estas consideraciones llegaron más de un año después del asesinato de la pareja, el 2 de septiembre de 1936. Ese día ella llevaba “un vestido fino de fiesta”, y él “un traje de paño fino, boina y calzaba zapatos”, según el escrito del juez municipal que certificaba la desaparición de ambos.

Agotado el procedimiento, que incluía la tasación de todos los bienes del afectado – en este caso se valoraron en 1.279 pesetas e incluían una casa, varias fincas, un huerto y todo tipo de enseres – se procedió al embargo en 1939. “Se lo dieron todo al marido de una tía mía que se afilió a Falange”, recuerda Natividad. El mismo hombre que se oponía a retirar la tierra encima de sus padres. A pesar de la incautación, esta burgalesa no cejó en su empeño de recuperar el nombre y las propiedades de sus progenitores. “Ellos no habían desaparecido, les habían matado”, vuelve a insistir, dejando claro que fue su perseverancia lo que la condujo, en 1956, a recuperar sus pertenencias cuando su primo se dispuso a venderlas. “Nos dieron una parte del dinero de la venta”, aclara Natividad.

Entramado jurídico del robo

“Los rojos no solo perdieron la vida o la libertad, también sus bienes”. Bajo esta premisa arranca el proyecto ‘Rapiña’, la iniciativa de un grupo de investigadores pertenecientes a una asociación andaluza de memoria que está documentando las prácticas de pillaje, incautaciones, robos y expolios de bienes a ciudadanos durante la represión franquista.

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGTA) ha buceado en el entramado jurídico que posibilitaba estas prácticas. Cecilio Gordillo, uno de sus integrantes, explica que se trata de una iniciativa abierta a la participación de quienes puedan aportar su testimonio.

La arquitectura legal que dio cobertura a estos expolios comenzó, en todo el Estado, con la Comisión Central de Incautaciones, creada el 10 de enero de 1937, de la que dependían las comisiones provinciales, presididas por gobernadores civiles. El nuevo estado franquista “se benefició de todos los procesos de incautación que se siguieron contra partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales y personas”, subraya el CGTA. La posterior ley de Responsabilidades Políticas, de febrero de 1939, continuó el proceso de represión económica, estableciendo que “todas las condenas conllevaban sanción pecuniaria y, en caso de fallecimiento, ésta recaía sobre la familia”, explica el Grupo de Trabajo. Una estructura de 60 juzgados posibilitó la aplicación de la norma.

En 1941 ya había más de 114.000 expedientes, una cifra que, según estima el CGTA, pudo alcanzar el cuarto de millón a finales de ese mismo año. El colapso administrativo obligó a reformar la ley “suavizando los supuestos de responsabilidad y restructurando la jurisdicción para agilizar los trámites”.

Fuente:http://blogs.publico.es/memoria-publica/2012/03/27/sin-muertos-tampoco-hay-culpables/

Un libro que acaba de publicarse:
Franco: la represión como sistema. Julio Aróstegui (coordinador). Flor del Viento 2012, 479 páginas, precio 26.-€

Lejos de basarse en el Derecho el fundamento del poder del franquismo fue siempre la represión, la coerción extra política de los gobernados mediante la violencia no legítima, con resultados que fueron desde la ejecución sumaria de muchos enemigos hasta la reclusión carcelaria, el extrañamiento, …

El Tribunal Supremo ha decidido que la competencia sobre las fosas del franquismo es de los  juzgados de la localidad donde se encuentren y no de la Audiencia Nacional, aunque cierra la vía a investigar los crímenes del franquismo como “delitos contra la humanidad” ya que considera que no estaban en vigor durante la contienda y posteriormente los considera prescritos. La Sala admite que los familiares de desaparecidos puedan instar la apertura de fosas en los juzgados donde se localicen y que se atengan a los “recursos legales” para satisfacer los derechos de lograr las identificaciones.

Según el Supremo, el delito de detención ilegal de carácter permanente sin dar razón del paradero de la víctima, presente en el Código Penal de 1928, desapareció en el de 1932, para ser reincorporado al de 1944, de modo que no estuvo vigente durante la mayor parte del tiempo en que tuvieron lugar las acciones que se trataría de perseguir. Añade el auto que el argumento de la permanencia del delito fundado en la hipotética subsistencia actual de situaciones de detención producidas en torno al año 1936, “carece de plausibilidad”.

Según el auto que decide la competencia, aunque se admitiese que los familiares de los asesinados no tuvieron la posibilidad de instar la persecución de esos delitos durante la dictadura, y hubiera que iniciar el cómputo de la prescripción a la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, incluso en este supuesto, el plazo de 20 años habría transcurrido en todo caso. También declara que la ley de Amnistía de 1977 forma parte del ordenamiento vigente y determina la extinción de la responsabilidad criminal de las penas impuestas o que pudieran imponerse.

La Sala Penal del Supremo confirma que la Audiencia Nacional ya resolvió que la competencia para investigar los crímenes del franquismo no era del juzgado de Baltasar Garzón, pero también dijo que esa resolución no afectaba “al legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura del general Franco, de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarles y honrar su memoria”.

La resolución excluye expresamente la posibilidad de enjuiciamiento penal de los autores de los crímenes del franquismo. “Esa clase de legítimas pretensiones no podrá canalizarse hacia el proceso penal ni llegar a concretarse en declaraciones de responsabilidad por delito”.

Sin embargo, eso no será obstáculo para que, en presencia de indicios de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización, “pueda instarse del Juez de Instrucción competente la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados, para proceder luego, consecuentemente, en derecho”.

El Supremo expone desde la dignidad de las personas hasta “razones de policía sanitaria mortuoria” para señalar que “los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato, ni fuera de los lugares propios de enterramiento”

Tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen de esa clase de situaciones, “moral y jurídicamente insostenibles”, dice el Supremo, para lo que se remite a los “recursos legales, por más que su suficiencia se discuta”, como la Ley de Memoria Histórica. También cita como otros recursos los expedientes de jurisdicción voluntaria previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Registro Civil de 2011 que incluye una disposición adicional sobre inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.

El fallo concluye decidiendo la cuestión de competencia a los juzgados promotores de la misma, los de Granada y El Escorial en los que se encuentran las fosas del poeta Federico García Lorca y las tumbas de republicanos llevados al Valle de los Caídos, “que deberán continuar la tramitación en el marco de lo acordado y como crean que procede en derecho”.

Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2012/03/29/actualidad/1333018481_450535.html

A. del Campo, Elplural.com, 2.3.2012

“Hoy es un día triste, el Partido Popular ha dado un paso de gigante en el plan preconcebido de eliminar los apoyos oficiales para recuperar la memoria histórica” Matías Alonso coordinador del grupo de recuperación de la Memoria Histórica de Valencia vaticina: “Supongo que el siguiente paso será derogar la Ley de Memoria Histórica. Pero esto se veía venir. Rajoy ya lo había anunciado en el año 2008”.

La supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura aprobada en el Consejo de Ministros de este viernes ha producido indignación entre los miembros de las asociaciones de Memoria Histórica. El anuncio, enclavado en una reestructuración del Ministerio de Justicia, se completa con la decisión de que estas funciones, a partir de ahora, sean desempeñadas por la División de Derechos de Gracia y otros Derechos que dirige la Subsecretaría de Justicia.

Rajoy lo anunció

La Oficina de Víctimas era un centro ministerial cuya importancia tenía que ver con que centralizaba todo aquello que tuviera relación con la Memoria Histórica: la realización del mapa de fosas, recibía decenas de miles de consultas, entre ellas las de nacionalización de descendientes de exiliados. Las organizaciones memorialistas buscaban aquí sus datos.  “Ya nos temíamos que iba a ser eliminado porque Rajoy lo anunció”, subrayó Alonso.

En efecto  el 20 de febrero de 2008 el diario 20 minutos publicaba la entrevista realizada al entonces candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Popular Mariano Rajoy.  Los periodistas Arsenio Escolar, Francisco Frechoso y Juan Carlos Escudier fueron los autores de este encuentro con Rajoy y esto es lo que contestó el candidato popular a las preguntas sobre memoria histórica:

Ni un euro para las fosas
-Díganos qué haría si ganara las elecciones con ¿La Ley de Memoria Histórica?
Yo, desde luego, eliminaría todos aquellos artículos de la Ley de la Memoria que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos.

Entonces, ¿las familias de los miles de muertos que hay en las cunetas no tienen derecho a sacarlos?
Yo creo que a lo que tienen derecho todos los españoles es a que miremos al futuro y no generemos tensión ni división, como decidimos en el año 1978. Y se lo dice una persona que no tiene ni un solo pariente franquista, ni uno, ni por parte de padre ni por parte de madre, porque los he tenido en el otro lado.
Pero ¿no tiene derecho una familia a recuperar los restos del abuelo que está en una cuneta y…?
Si sabe dónde… Pero mire, yo creo que en el año 78 dijimos: “Miremos hacia el futuro”. Hagámoslo.

Odio visceral al recuerdo

“En este sentido, Mariano Rajoy muestra además una ignorancia supina cuando habla de las fosas- afirma Matías Alonso- Porque no hay solo fosas de la guerra sino  que hay más fosas producto de los asesinatos cometidos después de la guerra, mientras los asesinos estaban bien vistos y entrando en la Iglesia bajo palio”

“Lo que tienen es un odio visceral a que en España se recuerde. Van dejando indefensas a miles de víctimas vivas que son los hijos, los hermanos, los nietos de aquellos desaparecidos y que tienen todo el derecho a la acción de la ” – continuó.

Soraya eliminó el portal de la Memoria

“Se veía venir además porque, nada mas llegar al Ministerio de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, aún caliente el sillón de su antecesor, lo que hizo fue suprimir de la web del Ministerio todo lo referido al portal de la Memoria. Y ya veremos si este año hay subvenciones, conociendo el punto de vista de Rajoy nos tememos que no. Las ayudas que concedía el ministerio servían para poder avanzar. Las víctimas vivas no tienen posibilidades económicas de abordar estos trabajos. Sabemos ya que podemos esperar”.

Víctimas atendidas, víctimas abandonadas

“Es un ejercicio de doble moral, se garantizan los derechos a determinadas víctimas y a las del  franquismo se las abandona”- manifestó a Elplural.com Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.- Quieren cerrarles las puertas del poder judicial, y la del ejecutivo… Y eso que en sus estatutos el Partido Popular se declara un partido solidario con las víctimas de la violencia de cualquier signo”.

España, ni justicia ni reparación

Por su parte Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, comentaba a Elplural.com “ si quitas la oficina de Atención a las Víctimas y se acaban las subvenciones ¿qué queda de esa Ley de Memoria Histórica cuando además no hay acceso a la Justicia”. Ya se ha bloqueado ese acceso con la reciente sentencia del caso “Memoria Histórica”.

Para la jurista internacional “esto es indicativo de la postura del Estado español en cuanto a las víctimas del franquismo. No hay justicia ni reparación, ni siquiera el mínimo acompañamiento para responder a sus dudas. Se evidencia que en España las víctimas del franquismo importan muy poco y que el Gobierno no está dispuesto a atenderlas como establece el derecho internacional.”

Limosna y caridad

¿En qué situación se encontrarán a partir de hoy las víctimas del franquismo? Matías Alonso lo tiene claro. “Es un plan preconcebido. Primero eliminaron  el memorial democrático de Cataluña, una institución de la Generalitat. Ha desaparecido otro organismo “Amarga Victoria” en Aragón, todos dedicados a promocionar la recuperación de la memoria histórica. Nos queda una isla, Andalucía. Por lo demás España se va a ver como aquí, como en Valencia en que nos vemos obligados a hacer lo que se pueda sin apoyo alguno. Eso pasará en toda España.”

“Para colmo – concluye el representante de la memoria histórica valenciana- el organismo que va a ocuparse de esto es la División de Derechos de Gracia. ¿Qué derecho de Gracia? Esto es un derecho fundamental, no tiene que depender de la gracia de nadie. En vez de afianzar los derechos de la gente vamos hacia la  caridad, hacia la limosna, a la concesión graciosa del que manda. Este es un retroceso fundamental y muy peligroso”

Fuente:http://www.elplural.com /2012/03/02/rajoy-cierra-la-oficina-de-victimas-de-la-guerra-civil-y-la-dictadura-como-prometio-en-el-2008-“ni-un-solo-euro-para-recuperar-el-pasado”/

Una herramienta de trabajo:

www.todoslosnombres.org puede considerarse la mayor Base de Datos existente en España gestionada desde el ámbito social.

68.500 nombres de víctimas del franquismo en Internet. Seis años poniendo nombre a las víctimas del franquismo en Andalucía, Extremadura y norte de Africa. 

Las víctimas están encuadradas en grupos específicos (asesinados y fusilados, presos en cárceles y campos de concentración, en trabajos forzados, depurados –despedidos- de sus puestos de trabajo, incautados sus patrimonios,  procesados en Consejos de Guerra, deportados a los campos de exterminio nazis, guerrilleros ejecutados extrajudicialmente, exiliados, rapadas y vejadas, procesados por el Tribunal de Orden Público y muertos por “tiros al aire”  en manifestaciones varias, hasta diciembre de 1978.

Zapatero renovó el discurso socialdemócrata español con la introducción del republicanismo y la idea de un socialismo basado en una noción fuerte de ciudadanía. Este esquema le permitió desarrollar una política que no consistía solamente en defender las conquistas en educación, sanidad y pensiones, sino que permitía desarrollar nuevas políticas de igualdad y no discriminación, así como reformas democráticas importantes. En su estilo de hacer política, Zapatero adoptó un talante dialogante y respetuoso con la oposición en todo momento. No mostró los tics autoritarios de su predecesor en el cargo y fue especialmente escrupuloso con los proce­dimientos y las reglas.

El proyecto de Zapatero dio algunos frutos importantes, sobre todo en el ámbito de los derechos civiles y sociales. Así, el Gobierno hizo reformas legales para dotar de nuevos contenidos al concepto de ciudadanía, aprobando el matrimonio homosexual, la agilización del divorcio, una ley de plazos del aborto, la ley sobre violencia de género, la ley de igualdad y otras más. Todas estas iniciativas situaron a nuestro país en una posición destacada en el mundo en materia de derechos y libertades. España se convirtió en un país más decente gra­cias a estas reformas.

Por lo que respecta a derechos sociales, el desarrollo más importante fue la Leyde Dependencia o cuarto pilar del Estado de bienestar. Por desgracia, la implementación de la ley ha consistido sobre todo en transferencias a las familias con insuficiente desarrollo de una red de servicios públicos. En cuanto a la construcción de una red universal de guarderías públicas, no hubo avances significativos. Y se cometieron errores graves de planteamiento político, como la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de niño.

En su vena republicanista, el Gobierno hizo alguna reforma democrática de gran calado, como la eliminación del control político de los medios públicos de comunicación. Hubo mayor control parlamentario de los actos de gobierno, incluyendo el envío de tropas al extranjero, comparecencias del presidente en el Senado, etc. Sin embargo, no se aprobó la Ley de Transparencia, prometida en los programas electorales de 2004 y 2008; no se avanzó mucho en laicidad (de hecho, se mejoró la financiación de la Iglesia católica); y no hubo reformas institucionales eficaces para combatir la corrupción.

El Gobierno no pudo impulsar la reforma constitucional del Senado como cámara territorial por la oposición del PP. Zapatero, siguiendo los principios de la Declaración de Santillana, condensados en el eslogan de la “España plural”, se embarcó en un proceso de revisión estatutaria y de reforma de la financiación autonómica que, frente a la época de Aznar, basada en el choque entre el nacionalismo español y los nacionalismos vasco y catalán, ha pacificado notablemente la cuestión territorial. La gestión de la reforma del Estatuto catalán fue tortuosa y supuso un grave desgaste para el Gobierno, que no se esperaba que Pasqual Maragall fuera incapaz de controlar el proceso parlamentario de elaboración del texto legal. A pesar de las energías políticas invertidas en este asunto, es dudoso que al final se haya mejorado el acomodo de Cataluña en España. Más bien la desafección mutua entre Cataluña y España parece haberse ahondado. La intervención desafortunada del Tribunal Constitucional no ha hecho más que empeorar las cosas. Las encuestas revelan hoy por hoy una mayoría de catalanes a favor de la independencia.

El Gobierno acabó con el terrorismo de ETA. Este es uno de los mayores logros de Zapatero y fue uno de sus principales empeños en toda su etapa al frente del Ejecutivo. El proceso de paz, que en algunos aspectos no estuvo bien diseñado por parte del Gobierno, no dio los resultados esperados, pero generó las condiciones para que la izquierda abertzale decidiera distanciarse del terrorismo. La actitud dialogante del Gobierno y su disposición a explorar vías de solución mostró ante la sociedad vasca que el principal obstáculo para el final de la violencia era el cerrilismo de ETA y no el del Estado. ETA rompió el alto el fuego y lanzó una nueva oleada de violencia, aunque de alcance muy limitado comparada con la de 2000-2003. Las fuerzas de seguridad fueron muy eficaces en la desarticulación de comandos: ETA, muy debilitada, no tuvo más remedio que seguir la apuesta por las vías pacíficas de su brazo político y retirarse del escenario poniendo fin al terrorismo.

El proyecto político de Zapatero se vio truncado por la llegada de la crisis. Antes de la crisis, la gestión de la economía fue continuista con respecto a la de la etapa anterior. El Gobierno se dejó arrastrar por el elevado crecimiento económico y no hizo esfuerzos para desinflar la burbuja inmobiliaria, ni llevó a cabo la reforma fiscal que había prometido ni revisó la política de obras públicas. Sí se produjo un aumento muy importante de la inversión en I+D y un impulso fuerte a las energías renovables.

La crisis pilló al Gobierno con el paso cambiado. Reaccionó primero con políticas expansivas, pero el inicio de la crisis de la deuda pública provocó un giro brusco en la política económica del Gobierno, que se apuntó a la tesis de que con recortes del gasto y reformas estructurales se recuperaría el crecimiento. Hubo reformas de las pensiones, del mercado de trabajo, de la negociación colectiva y de las entidades financieras. La medida más sorprendente se produjo al final del periodo, cuando Zapatero acordó con Rajoy una reforma constitucional de limitación del déficit de difícil justificación para un Gobierno socialdemócrata. El Gobierno, con todo, consiguió evitar una intervención externa en España como la que habían sufrido antes Grecia, Irlanda y Portugal. Y también evitó la solución tecnocrática que se ha impuesto en Italia y Grecia.

Durante la segunda legislatura, hubo un vuelco en la opinión pública. Unos se distanciaron ideológicamente del partido en el Gobierno, acusando a este de haber tirado por la borda los principios progresistas en la gestión de la crisis. Otros juzgaron que los miembros del Gobierno no estaban bien preparados para resolver los problemas económicos, o al menos que los dirigentes del PP lo estaban mejor. Las dudas sobre la coherencia ideológica del PSOE y sobre su capacidad minaron sus apoyos electorales. La valoración de Zapatero en las encuestas cayó hasta niveles ínfimos.

La primera advertencia ocurrió en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011: el PSOE quedó 10 puntos por detrás del PP y perdió prácticamente todo su poder autonómico. Las encuestas, por su parte, revelan una erosión muy fuerte en la intención de voto al PSOE a lo largo de toda la segunda legislatura. Solo en los cuatro meses que median entre abril de 2010 (inmediatamente antes del ajuste) y julio (inmediatamente después), se registra una pérdida de cuatro puntos en intención de voto socialista. Hubo también una caída muy pronunciada tras el verano de 2011, cuando se vio que la crisis se recrudecía y la tasa de paro superaba el 20%. El castigo final fue contundente: el 20-N los socialistas pasaron de 169 a 110 diputados y perdieron 15 puntos porcentuales de voto, cosechando su peor resultado desde la muerte de Franco.

El final de los casi ocho años del PSOE no resultó precisamente ejemplar. A medida que calaba la constatación de que el PSOE iba a perder las elecciones generales, fue aumentando la presión de dirigentes socialistas para que Zapatero anunciara su compromiso de no presentarse como candidato. Los cabezas de lista en las elecciones municipales y autonómicas creyeron que obtendrían mejor resultado si el anuncio del presidente se realizaba antes de la jornada electoral. Zapatero hizo el anuncio el 2 de abril, pero ello no evitó que el PP aventajara al PSOE por 10 puntos.

Habiéndose eliminado Zapatero de la contienda, el siguiente paso, de acuerdo con los reglamentos del partido, consistía en convocar unas primarias para elegir al candidato que se presentara a las elecciones generales. Todo el mundo daba por descontado que se presentarían al menos dos contendientes, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Sin embargo, se produjo una oscura e inquietante operación en torno a Rubalcaba para suspender las primarias.

En esencia, la operación consistía en solicitar la convocatoria de un congreso extraordinario del partido que relevara a Zapatero en julio de 2011. La iniciativa partió de Patxi López, quien defendió públicamente su postura argumentando que las primarias no eran un procedimiento adecuado pues­to que el PSOE necesitaba una renovación más profunda de estructuras y programa. La convocatoria del congreso extraordinario suponía la pérdida de autoridad de Zapatero en el partido, lo que le habría obligado a disolver las cámaras y convocar de inmediato elecciones.

En el partido se entendió que la condición para evitar el congreso extraordinario y la crisis de Gobierno que este provocaría era que Chacón diera un paso atrás y se retirara de la competición, como terminó haciendo ante la magnitud del desafío. Rubalcaba fue elegido candidato por aclamación en el Comité Federal. Para guardar las apariencias, se convocó una conferencia política en septiembre de 2011 con el propósito de debatir sobre la línea ideológica del partido. Patxi López no hizo contribución alguna digna de mención.

El resultado de esta maniobra política fue que las reglas del partido y la democracia interna quedaron hechas añicos, justo lo más inconveniente que podía suceder ante la pérdida de confianza ciudadana en el PSOE y las demandas del movimiento 15-M a favor de mayor transparencia y mayor participación.

La campaña electoral realizada por Rubalcaba resultó desconcertante. A pesar de que fue nombrado ministro en 2006 y además vicepresidente y portavoz en octubre de 2010, Rubalcaba se situó durante la campaña como un candidato externo al Gobierno, sin asumir la gestión del Ejecutivo, ni siquiera para señalar en qué había acertado y en qué había fallado. Desde esa posición imposible, anunció medidas fiscales izquierdistas que no encajaban demasiado con su perfil y trayectoria política. A la vista de los resultados del 20-N, no parece que el liderazgo de Rubalcaba consiguiera suavizar la derrota traumática y sin paliativas que ese día se produjo.

En el 38 Congreso, celebrado durante los días 3-5 de febrero, midieron por fin sus fuerzas Rubalcaba y Chacón. Aquel aventajó a esta por 22 votos sobre un total de 956 y se erigió en el nuevo secretario general del PSOE. La elección de Rubalcaba marca el final de la etapa de Zapatero en un sentido muy especial. Al representar Rubalcaba la política de los años de Felipe González, el periodo de Zapatero aparece como un paréntesis dentro de la historia del partido, como si fuera una anomalía que hubiera que rectificar devolviendo el poder a un político de la etapa anterior. Resultó muy significativo que, en las semanas previas al congreso, Felipe Gonzá­lez, quien debería ser una figura institucional y simbólica en el partido, hiciera explícito su apoyo a Rubalcaba y aunara esfuerzos con Alfonso Guerra, tras un distanciamiento de décadas, a fin de conseguir entre ambos apoyos al candidato.

Rubalcaba es sin duda uno de los políticos más sólidos de la España contemporánea. Tiene una trayectoria muy dilatada, con puestos diversos, tanto en el Gobierno como en la oposición, es un temible dialéctico y posee un conocimiento profundo de muchos temas. ¿Qué mensaje renovador puede ofrecer para recuperar la confianza que buena parte de la sociedad ha retirado al PSOE? Numerosos comentaristas han insistido en que los socialistas tienen, ante todo, que resolver ciertas cuestiones internas.

El partido, desde la época de González, ha ido perdiendo apoyos en todas partes. Hoy en día, la inmensa mayoría de los medios de comunicación y casi la totalidad del sistema judicial están muy escorados hacia la derecha, como también sucede con el empresariado y buena parte de las profesiones liberales. Además de apoyos, el PSOE también ha perdido militantes. En la actualidad es un partido considerablemente más pequeño que el PP. Las razones de esta decadencia resultan complejas y no todas son responsabilidad del partido. La hegemonía de las ideas liberales y conservadoras seguramente ha influido en este estado de cosas. Pero no hay duda de que los factores más importantes son específicos del PSOE, pues no todos los partidos socialdemócratas atraviesan las mismas dificultades en Europa.

Estos factores de naturaleza más idiosincrásica son: redes clientelares, ausencia de debates, baja formación de los cuadros, inercias burocráticas muy fuertes, desconfianza hacia todo lo que proceda de fuera del partido, falta de profesionalidad, etc. Una larga etapa de oposición puede resultar funcional para superar estos problemas y reformar y renovar profundamente el partido.

Ahora bien, recuperar apoyos sociales y reorganizar el funcionamiento del partido no será suficiente para que el PSOE vuelva a constituir una alternativa seria al PP. Los socialistas tendrán que encontrar también nuevas ideas políticas que despierten ilusión y esperanza entre la ciudadanía. Tanto la etapa de González, basada en la modernización de España y la construcción del Estado de bienestar, como la de Zapatero, basada en la expansión de los derechos y libertades, no podrán servir de inspiración para el futuro. Habrá que encontrar nuevas modulaciones de los ideales igualitarios que son intrínsecos a la izquierda.

En este sentido, durante la crisis económica ha ido cristalizando una demanda renovada, que es evidente en el movimiento 15-M y en su equivalente estadounidense, “Occupy Wall Street”, para acabar con los privilegios de los que disfrutan las grandes corporaciones, los grupos bancarios y financieros, así como los “ricos” y los “poderosos”, esa pequeña minoría que se ha beneficiado extraordinariamente de la globalización económica. Hay una percepción muy extendida de que el sistema es injusto con respecto a esta minoría.

Por un lado, los altos ejecutivos y los consejeros de las empresas perciben sueldos, compensaciones y pensiones astronómicas. Por otro, tanto esta gente como las empresas para las que trabajan gozan de un trato fiscal escandalosamente benigno, gracias a lo cual su contribución a los bienes públicos y las transferencias del Estado es menor que la de muchos asalariados. Esto ocurre así ya sea porque las reglas fiscales están diseñadas explícitamente para beneficiar a estas personas y organizaciones, ya sea porque encuentran formas de burlar la ley sin pagar consecuencia alguna por ello.

La percepción de que los poderosos reciben un trato especial no solo en materia de fiscalidad, también por lo que toca a la justicia, y de que tienen una influencia enorme en las decisiones políticas puede servir de aglutinante para una gran coalición de clases trabajadoras y medias. Se trata, por decirlo brevemente, de luchar contra los privilegios económicos que se han consolidado en el capitalismo financiero de los últimos 20 años. En casi todos los países desarrollados se han reducido significativamente los impuestos a las empresas, se han creado agujeros fiscales para las corporaciones y los poderosos, y, no es de extrañar, ha aumentado la desigualdad, especialmente entre una pequeña elite económica, que a veces representa poco más del 1% de la población, y el resto de la sociedad.

Mientras duró el boom económico basado en la expansión del crédito y la burbuja inmobiliaria, la existencia de esos privilegios no fue motivo de especial controversia. Sin embargo, en el contexto dramático de la crisis, con una fuerte destrucción de puestos de trabajo y empobrecimiento de amplias clases medias, hay un malestar evidente por la injusticia en el reparto de sacrificios. De ahí que se alcen voces sobre la necesidad de corregir ciertas desigualdades que hasta el momento se habían pasado por alto.

Los partidos socialdemócratas, en las dos últimas décadas, han tendido a adoptar una posición puramente defensiva, buscando garantizar el Estado de bienestar frente a un clima económico, el de la globalización financiera, que no les resultaba propicio. No solo no se han atrevido a desafiar la ortodoxia imperante sobre los beneficios de dicha globalización, sino que han participado activamente en las reformas institucionales que la han hecho posible. Los socialdemócratas no se han resistido a la proliferación de poderes regulativos contra mayoritarios ni a una integración supranacional que favorece intereses que son contrarios a los de la izquier­da. La estructura de poder que tenemos hoy en día en Europa, con un banco central independiente, agencias reguladoras, reglas fiscales y acuerdos intergubernamentales, apenas deja margen para que los poderes representativos puedan modificar el statu quo.

Si la izquierda socialdemócrata quiere acabar con los privilegios económicos y corregir algunas de las injusticias más profundas en el tipo de capitalismo que ha producido la crisis actual, tendrá que tomarse más en serio de lo que lo ha hecho hasta ahora la cuestión de cómo las instituciones políticas pueden cambiar las relaciones de poder económico existentes. Este parece un reto inexcusable para el futuro.

Ignacio Sánchez-Cuenca es Director de Investigación del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March y profesor de Sociología en la Universidad Complutense. Es autor de varios libros y artículos académicos sobre teoría de la democracia, violencia política, política comparada y metodología. Ha colaborado, desde sus inicios, con el Informe sobre la democracia española, de la Fundación Alternativas.

El texto que publicamos por gentileza de la editorial Catarata es el capítulo final del libro “Años de cambios, años de crisis”.

Fuente:http://lamentable.org/?p=3367

Julián Casanova, El País, 25.3.2012

La conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812 ha mostrado una vez más cómo puede utilizarse el pasado para justificar el presente. Los políticos lo hacen a menudo: deforman la historia para adaptarla a sus propios fines. Y lo pueden hacer escogiendo mitos o lugares comunes que explican sus argumentos o distorsionando las pruebas para llegar al fin deseado. Tiran de la historia, porque toca ese día o porque la agenda lo exige, pero, en realidad, la aproximación que hacen es todo menos histórica, pura invención.

En el acto oficial que tuvo lugar el pasado 19 de marzo en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz, tanto Mariano Rajoy como el rey Juan Carlos se refirieron a la labor realizada por aquellos diputados como fuente de inspiración para afrontar las dificultades actuales. El pasado hecho presente, aunque sólo en las partes que cumplen la función deseada. La Constitución de 1812 sería “un eslabón decisivo en el esfuerzo para la liberación de la Patria” (palabras del Rey) o “una de las mayores aportaciones a la cultura política universal” (Rajoy). Ocurrió, sin embargo, que fue derogada muy pronto por un rey Borbón y que un sector muy importante de aquella sociedad, de esos que se supone querían liberar a la Patria, encabezados por la nobleza y la Iglesia católica, lo que defendieron fue restaurar el absolutismo y mandar a la soberanía nacional a la cárcel y al exilio.

El principio de soberanía nacional, que entonces significaba el reconocimiento de que el poder residía en la nación, el conjunto de ciudadanos, sin distinción de los privilegios que otorgaba el Antiguo Régimen a los estamentos, era la base del liberalismo frente a la monarquía absoluta. Se trataba de limitar la autoridad del rey, separar los poderes, suprimir los privilegios y reconocer las libertades y derechos individuales. Eso era lo nuevo de la cultura política liberal que había comenzado a nacer en Inglaterra, en el movimiento de independencia americano y con la revolución francesa. En vez de subrayar esos valores, reprimidos después durante tanto tiempo, lo que han destacado los discursos oficiales es la “unidad nacional” y el “espíritu de concordia”, las motivaciones patrióticas, en suma, que mejor sirven al presente.

Lo que debe siempre evitarse es buscar los hechos más convenientes para apoyar las ideas favoritas

Pese a lo bonita que puede resultar la celebración, no hay un hilo conductor que una aquel pasado de 1812 con el presente, como si la historia de España de los siglos XIX y XX hubiera sido una lucha continua del “pueblo” por mantener sus libertades. La historia dice más bien lo contrario: las constituciones del siglo XIX que más duraron fueron muy conservadoras y el siglo XX, hasta 1978, estuvo marcado por las dictaduras y la negación del constitucionalismo. La Constitución republicana de 1931, en el papel la más democrática de todas, que otorgó por primera vez el voto a las mujeres e introdujo, por ejemplo, el matrimonio civil y el divorcio, sufrió ataques frontales desde el principio y la derecha católica, con José María Gil Robles a la cabeza, pidió su “revisión total” por ser “tiránica”, “persecutoria”, “vergonzosamente bolchevizante”, antes de que un golpe de Estado y una guerra civil la liquidaran. Ninguna institución democrática actual ha querido o se ha atrevido a conmemorarla, celebrarla cuando cumple años (80 el pasado diciembre), y menos todavía reconocerla.

Esas declaraciones interesadas sobre la historia, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, contribuyen a articular una memoria popular sobre determinados hechos del pasado, hitos de la historia, que tiene poco que ver con el estudio cuidadoso de las pruebas disponibles, entendidas en el contexto en que se produjeron. Planteada de esa forma, la historia rescata tradiciones inventadas desde el presente y proporciona lecciones morales.

Rajoy apeló a ese pasado glorioso, “celebración de unos patriotas”, para mostrar “que en tiempos de crisis no sólo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas”. Podría haber usado el mismo pasado para demostrar que las cosas no tienen por qué ser de la manera que son ahora, que en tiempos difíciles la gente puede encontrar caminos de resistencia, que hay alternativas y que algunos avances del pasado ocurrieron a través de la lucha y el conflicto.

Las visiones históricas están sujetas a revisión y cambios con el tiempo, porque la historia no es una mera narración de hechos, vacía de interpretación, sino un análisis del pasado fundamentado en las pruebas disponibles. Aunque el conocimiento del pasado está limitado por las disputas entre historiadores, por los diferentes puntos de vista, por la tensión entre subjetividad y objetividad, lo que debe siempre evitarse es buscar los hechos más convenientes para apoyar las ideas favoritas.

No situar los hechos en su contexto histórico apropiado conduce a perspectivas ahistóricas y a leer el pasado con los ojos del presente. Promover una buena educación sobre la historia quizás parezca ahora irrelevante, “con la que está cayendo”, frase preferida para evitar cualquier posición crítica o pensamiento analítico, pero, mientras tanto, las celebraciones oficiales siguen alimentando relatos míticos, simplificados, para consumo popular, a mayor gloria del poder.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Fuente:http://elpais.com/elpais/2012/03/23/opinion/1332506305_674525.html

Manuel Montobbio, El País, 19.3.2012

Decía María Zambrano que el hombre es el único ser que no sólo padece la historia, sino también la hace. Que en ese hacer la historia ha buscado el ser humano la realización de creencias y de ideas; pero que mientras las creencias nos ligan necesariamente hacia el pasado, las ideas nos orientan hacia el futuro y lo adelantan.

Se cumplen en estos tiempos con el de la Constitución de Cádiz, los bicentenarios de las independencias, un parteaguas, un punto de inflexión de la historia de los pueblos de los entonces españoles de ambos hemisferios que la alumbraron, no sólo en el qué, sino también y especialmente en el cómo de ese hacer la historia. De las creencias a las ideas como guía y motor de ésta. De la sociedad cerrada a la sociedad abierta.

Fin de un mundo construido en ambos hemisferios sobre la expansión por la conquista –reconquista peninsular primero, conquista del nuevo mundo descubierto después- de una creencia, la fe católica común que lo aglutinaba junto a la común condición de súbditos de un monarca cuya legitimidad dinástica provenía de la voluntad de Dios. Un mundo que se ve cuestionado a partir de 1808 con las abdicaciones de Bayona y la imposición de José Bonaparte.

El cuestionamiento de la validez de éstas y por ello de la legitimidad de la nueva dinastía lleva al levantamiento, a la creación de las juntas, siempre en nombre del Rey deseado, y en definitiva en Cádiz a la afirmación de una nueva fuente de legitimidad aglutinadora de la Monarquía: la voluntad del pueblo que suscribe a través de la reunión en Cortes de sus representantes el contrato social expresado en la Constitución para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, afirmar su condición de tales, y regular el funcionamiento del Estado y sus instituciones.

Se establece no sólo la división de poderes, sino también el triple nivel nacional, provincial y municipal en que se organizarían sus territorios peninsulares, americanos y asiáticos. A partir de su proclamación, se instalan las ideas, sus ideas, frente a las creencias como necesario referente en la construcción de la historia, y la pugna entre unas y otras marcará la lucha fraticida que atraviesa en las décadas siguientes el mundo hispánico, su devenir histórico.

De alguna manera tal es la cuestión decisiva, por encima de cualquier otra, a uno y otro lado de ese mundo bañado por el Atlántico, a partir de la reinstauración del absolutismo por Fernando VII en 1814. Hasta el punto de que sólo la pérdida de la perspectiva autonómica y federal en el seno de la Monarquía y de los derechos y principios que implicaba la Constitución de Cádiz promueve definitivamente la opción por la independencia entre quienes luchan contra la reinstauración del viejo orden en las guerras civiles que en América llevaron a las separaciones.

Hasta el punto, carente de precedente en cualquier otra historia imperial o colonial, de que con el pronunciamiento en Cabezas de San Juan que conduce a la reinstauración de la Pepa en 1820, Riego rehúsa embarcar las tropas destinadas a luchar contra los liberales americanos y en su lugar las dirige a Madrid para forzar la implantación de esta Constitución. Sólo desaparecida de nuevo su vigencia, y con ella la de cualquier posible evolución interpretadora en sus parámetros del encaje de las aspiraciones liberales americanas, identificada definitivamente la permanencia del poder español con la del absolutismo, es cuando los liberales americanos realizan finalmente sus ideas en la historia a través de las independencias.

Pues así como la presencia de 60 diputados americanos en Cádiz nos muestra que la Pepa fue un proyecto hemisférico; la de firmantes americanos en el Manifiesto de los Persas que instó a Fernando VII a la reinstauración del absolutismo en 1814 muestra que éste también lo fue. Hasta el punto, en definitiva, de que el qué determina al quiénes, la opción por el contrato social frente al poder absoluto, la creación de comunidades políticas distintas y su organización en Estados tras la realización efectiva de las independencias.

Cuestión decisiva, esencial, que no tiene sólo como corolario los procesos de construcción nacional e identitaria y de escritura o reescritura de la historia que tienen lugar en las repúblicas americanas, sino también el de la independencia de España y la necesidad de reinvención de ésta que conlleva. Pues el discurso clásico que presenta el proceso de creación de las repúblicas americanas como su independencia de España presupone que éstas y España eran previamente comunidades políticas diferenciadas y no que, como proclamaba la Constitución de Cádiz, la nación española cuya soberanía afirmaba fuese “la reunión de los españoles de ambos hemisferios”.

Cuando, como ha demostrado la historiografía reciente, el sujeto político previo era un Imperio, la Monarquía Católica, aglutinado por la común soberanía del monarca, que Cádiz intentaba transformar en Monarquía Constitucional afirmando la soberanía de los habitantes de todos sus territorios. Su ruptura implica el desmembramiento del Imperio, del que todas sus partes, incluyendo la que impulsó su creación, son herederas. Y a todas se les plantea un reto de reinvención, de construcción nacional desde la nueva comunidad política constituida. Todas, de alguna manera, si ése es el término que se quiere utilizar, se independizan.

Bien pudiera sostenerse también, frente al relato canónico, que la España que resiste al orden napoleónico, la que cuestiona la legitimidad de éste y le derrota, no es sólo la del Cádiz sitiado, sino éste y los territorios de ultramar que lo sostienen y cuyos representantes participan en sus Cortes. Y que la restauración del absolutismo por Fernando VII da lugar a una nueva guerra de legitimidades en el mundo hispánico, saldada primero en América y después en España a favor del liberalismo constitucional, al precio de la implosión y fragmentación del Imperio.

La independencia de España, implica para ésta el fin de su dependencia económica de América -que plantea la necesidad de búsqueda de un nuevo modelo económico- y de su condición de potencia de primer orden, consagrado en el Congreso de Viena. Y la necesidad de reinventarse, de concebirse de nuevo en su nueva realidad y límites, algo que no asumirá, sin embargo, hasta 1898.

La promulgación de la Pepa, los bicentenarios de la independencia de España y, sobre todo, el paso de las creencias a las ideas como motor de la historia, la afirmación del contrato social como fundamento de la ley y del sistema político, suponen un sueño y referente compartido, de pasado y de futuro, en el caminar por la historia de los pueblos que la alumbramos, para los que fue alumbrada.

Manuel Montobbio es diplomático y escritor

Fuente:http://elpais.com/elpais/2012/03/16/opinion/1331913986_760004.html