Desde hace unas semanas estamos asistiendo a un vergonzante espectáculo que haría reír si no fuera porque es un signo más de la situación de abandono en la que se encuentra el patrimonio cultural de esta ciudad (un seguimiento completo en http://www.todoslosnombres.org). Una de sus fuentes de riqueza, por mucho que algunos piensen que eso de la cultura sólo es cuestión que interese como fuente de ingresos a particulares y gasto improductivo colectivo. Nos referimos a la aparición de una documentación relacionada con el sistema penitenciario franquista. Aunque estaba en manos de la llamada Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica desde hace bastante tiempo, una década quizás, no ha sido sino tras el anuncio de la puesta a disposición del público de los expedientes penitenciarios de los reclusos condenados por las autoridades franquistas del penal de El Puerto de Santa María y la Prisión de Partido de Jerez de la Frontera, cuando se ha decidido a darlo a conocer. Una curiosa coincidencia.

Como extraña resulta la declaración que hacía su presidente de que estaba entregando a los familiares dicha documentación porque la necesitaban para poder reclamar indemnizaciones a la administración y porque, desde su punto de vista, eran quienes debían tenerla. Ciertamente en el movimiento memorialístico existen diferencias en sus objetivos y divergencias en sus métodos de actuación. Incluso prioridades. Pero es la primera vez que oigo decir que la forma de ayudar a los familiares es repartir la documentación, esperamos que de forma altruista, en vez de exigir a la Administración que cumpla con su obligación de ayudarlas. Como también resulta peculiar que un investigador piense que diseminar un patrimonio milagrosamente rescatado sea la mejor manera de conservarlo. Todo muy extraño.

Pero resulta que las sorpresas no acaban aquí. A los pocos días de aparecer la noticia y ante la falta de reacción de las autoridades competentes, medio centenar de historiadores, asociaciones y personas sensibles, no sólo de Cádiz sino también del resto de Andalucía y otras regiones del país, suscribieron un comunicado de denuncia de la situación y pidiendo que la administración actuara de forma inmediata y contundente con los instrumentos que tiene en su mano. Escrito que, por cierto, escasa difusión ha tenido. En paralelo la Delegación de Cultura de Cádiz anunciaba que iba a llegar a un acuerdo con la asociación para la digitalización de la documentación pública que obraba en su poder. Es decir, que aunque aseguraba su presidente que no tenía ningún problema en devolverla, la realidad era que ponía unas condiciones y aunque decía que no se trataba de una cuestión de dinero, éste aparecía de por medio. Pero si rara era la actitud de la asociación, más aún lo era la de la administración que no sólo relegaba a septiembre, «cuando los técnicos volvieran de vacaciones», el tema sino que se avenía a aceptar las condiciones de un particular para recuperar una documentación pública que estaba obligado a devolver. Seguramente los servicios jurídicos sepan la forma más eficaz de llevarlo a cabo.

Así las cosas, al día siguiente los firmantes del manifiesto citado presentaron ante la Delegación del Gobierno en Sevilla un escrito en el que se le pedía su intervención inmediata y decidida en el asunto. Algo debió de moverse porque ese mismo día la delegación gaditana envió al director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el lugar donde debe estar la documentación, a la sede de la asociación para requerirle su entrega. Así pareció que se iba a hacer el pasado martes 31 de agosto. A cambio de «material de oficina» como compensación por haber mantenido oculta una documentación pública durante años, aunque fuera por la ineptitud administrativa y proceder a su dispersión. Sin embargo el sainete no había llegado a su fin. El Archivo Histórico Provincial no aceptaba la muestra del material que se le entregaba de todo el que dice la asociación poseer. La excusa es que era lo que había podido recopilar de la documentación porque ésta está distribuida entre los miembros de la asociación, muchos de ellos de vacaciones. Si los técnicos de cultura y la delegada estaban de vacaciones por qué no podían estarlo los socios de la asociación.

Conocida es la fama de Cádiz por lo graciosos y cachondos que son sus habitantes. Se cachondean de todo y todos/as. En carnaval y fuera de él. Así que, aprovechando los carnavales de agosto, Delegación de Cultura y Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica han decidido aportar su grano de arena. Menos mal que el director del Archivo Histórico Provincial decidió no participar y ha vuelto a poner las cosas en su sitio: toda la documentación debe ser entregada y de forma inmediata. La cuestión no es si la Delegación de Cultura tiene medios o no para hacerlo, que no cabe duda de que los tiene, sino por qué no los pone en práctica.

Hace unos años alguien tuvo acceso al sumario, o a parte del sumario, del proceso del capitán Rojas. El homicida de Casas Viejas. Lo quiso vender en Sevilla y la actuación de las autoridades y la policía fue inmediata y contundente. Quizás Cádiz forme parte de otra administración -¿será cantón independiente?- y en asuntos como éste llueve sobre mojado. Conocido es en el mundillo de los que trabajamos la edad contemporánea en Cádiz, y el golpe de estado y la represión franquista el estupor que nos supuso que tras la muerte del jefe del Estado Mayor del Gobierno Militar de Cádiz, José Pettenghi Estrada, autor entre 1963 y 1977 de numerosos artículos en la prensa local, muchos de ellos sobre el golpe de estado de julio de 1936, no apareciera en la documentación entregada al Archivo Histórico ninguna de las fuentes que habitualmente utilizaba -procedentes del Gobierno Militar pero citadas como archivo particular del autor- y sobre las que había decidido que no se pudieran consultar hasta no recuerdo qué año después de su muerte. Seguramente, como en el caso de la documentación de la que ahora tratamos, la encontrara en la basura y a ella volviera a su fallecimiento.

Para más información y suscribir la petición: http://www.todoslosnombres.org
Ver también: Manifiesto Archivo PPC

Un poco de luz en un proceso lleno de sombras. El pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) aprobó hoy por unanimidad de PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, PP e IU declarar los 50.000 metros cuadrados del antiguo campo de concentración de Los Merinales “suelo reservado para la creación de un centro de interpretación de la utilización de la mano de obra esclava durante el franquismo”.

La resolución, impulsada por IU, supone el desbloqueo tras más de dos años del proyecto de un memorial que testimonie el horror del campo, actualmente en estado de completo abandono. El proyecto ha salido al fin de la UVI. Los suelos, calificados como industriales, son golosos desde el punto de vista urbanístico. Su reserva para el memoria aleja el riesgo de que sean urbanizados, como ha ocurrido con los de otros muchos campos, donde no queda huella alguna de lo que fueron.

Unos 10.000 presos del franquismo, concentrados en Los Merinales, participaron en la construcción, entre 1940 y 1962, del canal del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos, una obra de 150 kilómetros de longitud para poner en regadíos miles de hectáreas en Sevilla.

Manto de silencio
PSOE, PP, IU, la Diputación de Sevilla, varios ayuntamientos, sindicatos, una caja de ahorros y así hasta 22 entidades firmaron en 2008 un protocolo para constituir la Fundación Los Merinales, que pretendía tirar del manto de silencio que durante décadas ha cubierto la memoria de los presos del canal. Pero la crisis económica y la falta de iniciativa de los actores de la fundación sumió después al proyecto del memorial en el olvido.

La moción insta a la fundación a que como muy tarde el 31 de octubre de 2010 se firmen sus estatutos y se haga la aportación de capital inicial por parte de las entidades.

Las aspiración más ambiciosa del movimiento memorialista es la declaración de la zona Bien de Interés Cultural, una categoría que Extremadura ya dio al campo de Castuera (Badajoz). Cecilio Gordillo, coordinador de memoria histórica de CGT, afirmó que la petición ya ha sido trasladada a la Consejería de Cultura.

En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.

El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.

Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).

Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.

Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).

Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.

Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University

Me apena pero no me sorprende que la llamada del Presidente Montilla y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la movilización popular en Cataluña, en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), haya creado una respuesta de gran animosidad en sectores intelectuales basados en Madrid, no sólo entre las derechas, sino también en sectores del socialismo madrileño, que han definido tal llamada a la movilización popular como “desaforada”, “insensata” e “histriónica” (entre otros adjetivos) frente a una sentencia del TC que consideran “madura”, “equilibrada”, “sensata” y “ejemplar”, considerando a tal TC como un tribunal motivado única y exclusivamente por criterios jurídicos, deseosos de que cualquier ley en España encaje con la Carta Magna que “los españoles nos dimos en el año 1978”. Se juzga como desproporcionada tal respuesta, pues se asume que la sentencia del TC avala nada menos que el 90% del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y refrendado por el pueblo catalán. Y para añadir más fuego, se acusa al Presidente Montilla de tener una actitud “impropia” de un Estado de Derecho, pues lo que le toca hacer es acatar la sentencia y dejar de movilizar protestas contra el TC. Es más, tales voces insinúan que el Presidente Montilla tiene unas prioridades en su gobierno equivocadas, abandonando los problemas reales de la población en Cataluña entre los cuales el debate del Estatuto palidece en importancia frente a otras áreas algo descuidadas por su Gobierno.

Ante tantas críticas y observaciones insultantes, cabe preguntarse “¿de dónde viene tanto adjetivo descalificador?”. Y la respuesta es que viene de dos visiones muy distintas, no sólo de lo que es España, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. No coincido con la idealización de la Transición que supone la frase “de que los españoles nos dimos la Constitución (como un regalo, por lo visto) en 1978”. La Constitución, como la Transición que la produjo, fue inmodélica, resultado de un proceso muy desigual en el que las fuerzas conservadoras controlaban el aparato del Estado y dominaban el proceso de la Transición. Las izquierdas salían de la clandestinidad y no eran pares en aquel proceso. 

Ni que decir tiene que la gran conquista de las izquierdas (y muy en particular, de las movilizaciones obreras) fue que se aceptara en la Constitución que la soberanía viniera del pueblo. Pero, los elementos claves de como esta soberanía se refleja a través de los organismos del Estado, fue dictado por las derechas, bajo la supervisión del Ejército franquista, dificultando enormemente la expresión del poder popular.

Desde la Ley Electoral hasta el establecimiento de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el establecimiento del Tribunal Constitucional (así como su composición) fueron resultado de aquellas influencias, siendo estas instituciones gestionadas por un cuerpo judicial enormemente conservador. Como consecuencia de ello, tales organismos están profundamente politizados, siendo utilizados por las derechas para parar las leyes resultado de la soberanía popular. Una ley, aprobada por los dos parlamentos, el catalán y el español, y refrendada por el pueblo catalán está ahora siendo recortada sustancialmente por un tribunal claramente politizado, además de desacreditado. 

El PP está utilizando tal tribunal para conseguir lo que no ha conseguido a través de los parlamentos catalán y español, y está enojado además por el resultado del referéndum en Cataluña, que no deseaba. Leo hoy, por cierto, que está llevando al TC la ley del aborto y así un largo etcétera. No es la función de un Tribunal Constitucional hacer de tapón de la voluntad popular. Basado en esta experiencia, me parece una idealización de tal Tribunal definirlo como un organismo neutro y técnico. No lo es y ahí está parte del desacuerdo. Lo que el TC decide depende de la sensibilidad política de sus jueces, convirtiéndose así en una minicámara legislativa politizada. El sistema de selección de sus miembros es único y no se reproduce en otros tribunales de semejante responsabilidad en otros países. De ahí que tal tribunal ha sido utilizado predominantemente por el PP, el cual ha estado dividiendo a los españoles como parte de su estrategia política.

Partido enraizado en una dictadura, que justificó su existencia “apelando a la defensa de la unidad de España” frente a lo que llamaba comunistas y separatistas, el PP ha utilizado el TC para parar el Estatuto de Cataluña. La mejor prueba de ello es que llevó al Tribunal Constitucional, muchos elementos que han sido aprobados en otros estatutos (como el andaluz y el valenciano) sin que lo recurrieran. 

La movilización del 10 de julio no es contra España, y el Presidente Montilla ha clarificado este punto en su llamada. Dejó muy claro que la protesta no es contra España (de la cual Cataluña es parte), sino en contra del dictamen del TC. Y por razones, además, que exigen una protesta. Fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia no se entiende el genocidio cultural que la dictadura intentó hacer sobre las culturas y lenguas catalanas, vascas y gallegas. La primera vez que tuve problemas con la policía nacional fue a la temprana edad de siete años cuando uno de ellos me abofeteó por hablar en catalán (mi lengua materna) insultándome y gritándome que no “hablara como un perro sino como un cristiano”. Le escupí en la cara, por lo que me detuvieron y me llevaron al cuartelillo, llamando a mis padres. Mi padre, que luchó en varios frentes defendiendo a la República española y a la Generalitat de Catalunya, me acarició en la cara y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande que me dio en su vida. Los dos fueron antifascistas hasta el último día de su vida, y amaban profundamente a Cataluña y a España, por lo cual fueron brutalmente represaliados. Y parte de la humillación que sufrieron fue por su defensa de la identidad catalana. Sólo aquellos que sufrimos estas humillaciones pueden entender la intensidad de nuestro interés en defender nuestro idioma y nuestra cultura. Cataluña es además un país pequeño que puede fácilmente quedar absorbido y perder su cultura y su lengua, tal como ha ocurrido en la Cataluña francesa, donde se ha dejado de hablar catalán y las nuevas generaciones ni siquiera lo reconocen. Muchos jacobinos en España desearían que esto ocurriera también en Cataluña. Pero una persona de izquierdas no puede aceptar esto. De ahí la importancia de que sea una lengua preferente y no sólo igualitaria, pues hoy, por mucho que sorprenda, el catalán es todavía el idioma minoritario en los medios en Cataluña. Para que haya dos idiomas en iguales condiciones se requiere, paradójicamente, que, entre iguales, el catalán sea el preferente, es decir, el primero. Ello no implica una discriminación en contra del castellano, sino la necesidad de potenciar el catalán. 

Entiendo que se pueda estar en desacuerdo con esta postura que sostengo, pero tal desacuerdo no puede basarse en una situación de imposición y fuerza. El castellano se impuso en Cataluña (y el bofetón del policía es un ejemplo entre miles). De ahí que mis amigos castellanos y del centro de España tienen que ir con pies de plomo y ser súper cautos en sus comentarios, pues son vulnerables de ser acusados de defender intereses que se impusieron por la fuerza en su día en Cataluña.

Esta es una realidad, que fue habitualmente utilizada por la derecha nacionalista catalana por causas electorales. Pero el éxito de sus campañas se debía a que había una base real sobre la que se edificaba la protesta. Referirse a esto como meramente victimismo es semejante a desmerecer la causa sindical por querer corregir injusticias laborales. En España, la dictadura se basó en una imposición de clase y de nación. Esto está ampliamente concienciado en las izquierdas catalanas, cuya proclama en la lucha antifascista durante la clandestinidad era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”.

La gran sorpresa del socialismo centrado en Madrid fue que cuando ganaron las izquierdas, éstas fueron incluso más exigentes en su demanda de autogobierno y reconocimiento identitario, olvidando que fueron las izquierdas (y no las derechas nacionalistas, con notables excepciones) las que, durante la dictadura, defendieron la identidad catalana. Para colmo, hoy tal demanda la lidera un catalán nacido en Andalucía, un “charnego” como decían las derechas catalanas. De ahí el odio que recibe dentro y fuera de Cataluña. Unos lo consideran un impostor, otros un traidor (o, como dijo un socialista establecido durante treinta años en Madrid, un socialista contaminado de nacionalismo). Montilla es, como millones de catalanes, un catalán que se siente español, pero que se indigna por la falta de sensibilidad que se tiene en Madrid hacia la redefinición de lo que es España. 

Durante cuatro años se ha ido desarrollando el estatuto sin que España se rompiera. Pero las derechas y algunas izquierdas no quieren que se redefina esta España. Y el TC es uno de ellos.

Esta redefinición incluye la sustitución de una España radial centrada en Madrid por una España plurinacional en que, como en EEUU, algunos órganos del Estado central están ubicados en Madrid y otros en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Badajoz, y otras capitales de España, con pérdida del excesivo protagonismo que tiene Madrid y que es lo que explica, en gran parte, la resistencia del establishment político y mediático madrileño a esta redefinición, sea del color que sea. Y esta plurinacionalidad tiene que respetar las especificidades de cada componente, y no tratar de frenar o inhibir la diversidad que enriquece España. 

Ni que decir tiene que estas resistencias a redefinir España están azuzando el independentismo, que ha crecido enormemente. El 25% de la población catalana se muestra favorable a la independencia. Esta lucha ideológica la tenemos que llevar a cabo en Cataluña y se vencerá o perderá en Cataluña. Pero pediríamos a nuestros amigos del resto de España que ayudarían en lugar de animar al independentismo que es lo que hacen cuando insultan y muestran su enorme incomprensión. 


Una última observación referente a la supuesta falta de atención del gobierno de izquierdas a los problemas de cotidianeidad del pueblo catalán. El gobierno catalán ha sido uno de los gobiernos en las CCAA que ha mostrado mayor compromiso social (disminuyendo considerablemente el déficit de gasto publico social en Cataluña con el promedio de la UE-15), habiendo sido el primero en aumentar los impuestos de las rentas superiores, algo que no ha hecho el gobierno español socialista, y sobre el cual, las izquierdas socialistas madrileñas han guardado un silencio ensordecedor. Ganarían credibilidad en sus críticas si mostraran mayor protagonismo en la defensa de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, y menos en su defensa del TC. 



Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado entusiasta con el fallo del tribunal constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Acorralado por una crisis que no consiguió anticipar y por las presiones de la Unión Europea, las agencias de calificación de deuda y los poderes fácticos locales, parece haber recibido la noticia de la sentencia como un alivio. Como una suerte de respiro que, como mínimo, le permitirá quitarse de encima un “embrollo” que lo persigue hace cuatro años. Al igual, empero, que en otras cuestiones, el optimismo gubernamental parece basado más en el wishfull thinking que en un análisis realista de la situación.

Y es que la sentencia, sin ser la peor de las posibles, adolece de dos vicios insalvables. El primero, que resulta insuficiente, a estas alturas, para sanear la pérdida de legitimidad de un tribunal cuyo papel de árbitro en materia territorial se encuentra profundamente cuestionado, sobre todo desde un punto de vista político. El segundo, que el propio tribunal, para alcanzar una decisión, se ha visto forzado a hacerse eco del sentido común medio dominante en el PSOE y el PP. Para ello, ha trazado sus líneas rojas en torno a las dos cuestiones respecto de las cuales el Estatut podría haber supuesto un cierto avance: la consolidación de una mayor cultura federal y un genuino reconocimiento del pluralismo nacional.

El gobierno se ha apresurado en sugerir que el fallo podría haber sido más restrictivo, sobre todo si el ala más conservadora del TC hubiera conseguido imponer su criterio en torno a una mayoría que incluyera a algún miembro del sedicente sector “progresista”. Eso es parcialmente verdad y en muchos casos el arsenal argumentativo más centralista acabará engrosando los votos particulares sin afectar, como se podía temer, la decisión final ni los fundamentos jurídicos mayoritarios. Es posible, por tanto, que el fallo no sea el que los sectores más extremistas hubieran querido. Pero de allí a pretender convertirlo en una “derrota” de las tesis del PP y en una confirmación del Estatut aprobado en las Cortes existe un largo trecho.

El PP había impugnado 114 artículos y 12 disposiciones del Estatut. De este total, el TC ha declarado inconstitucionales y nulos 14 preceptos, aunque es probable que dichas nulidades incidan en un sentido restrictivo en la interpretación de otros preceptos impugnados. Más allá de la cuestión cuantitativa, en todo caso, el problema de fondo radica en otro sitio: en la abierta desconfianza que la sentencia proyecta sobre aquellos temas que podrían suponer una superación, en términos de autogobierno y de pluralismo, de la lógica autonómica vigente en los últimos años.

Algunos de esos temas tienen que ver sencillamente con el impulso, dentro del marco constitucional, de una auténtica cultura federal. Las limitaciones impuestas por el fallo, por ejemplo, al Consejo de Justicia, y con ello, a las posibilidades de una mayor desconcentración del Poder Judicial, así como al Consejo de Garantías Estatutarias, afectan a cuestiones que resultarían naturales en la mayoría de ordenamientos federales. Y lo mismo ocurre respecto de los límites a la llamada legislación básica del Estado central, que como el propio TC ha reconocido, ha sido un instrumento frecuente de vaciamiento de competencias autonómicas.

Es verdad que mucho de lo que el Estatut pretendía hacer en estos ámbitos podría impulsarse a través de la propia legislación estatal. Con todo, la experiencia de los últimos treinta años (y la de los últimos siglos, si nos remontamos a las amargas consideraciones de Valentí Almirall o del propio Pi i Margall en torno a las posibilidades de una federalización “desde arriba”) justifica un elevado grado de escepticismo respecto de estas vías.

Este escepticismo crece, en rigor, cuando lo que está en juego no es sólo la cultura federal sino el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado. También aquí las preocupaciones del TC parecen consistir en mantener a raya algunas exigencias que, en el caso de Catalunya, pero también de Euskadi o Galiza, se remontan como mínimo a los tiempos de la transición: el estatuto de las lenguas propias y cooficiales como lenguas vehiculares, cierta bilateralidad en la relación con el Estado, un régimen de financiación razonable y la admisión, en general, de los símbolos y de la identidad nacionales.

De todos estos aspectos en los que el TC interviene en términos restrictivos desde la perspectiva del autogobierno, la cuestión “nacional” es quizás una de las que más debates ha concitado. Naturalmente, resulta legítimo discutir el sentido de la afirmación de Catalunya como nación, democráticamente inscrita en el Preámbulo del Estatut. No obstante, las extensas disquisiciones del TC acerca de dicha categoría y de sus límites, con constantes y obsesivas apelaciones a la unidad e indisolubilidad de la nación española, sólo reflejan un nacionalismo de Estado que, a más de treinta años de la muerte del dictador, debería estar desterrado de la cultura política y jurídica. Si lo que se pretende, con estas disquisiciones, es impedir cualquier posibilidad futura de ejercicio del derecho a decidir por parte de quienes viven en Catalunya, el empeño será seguramente vano. Como ya apuntó en su momento el Tribunal Supremo de Canadá, cualquier gobierno -democrático, claro está- quedaría obligado, más allá de lo que estipule la Constitución, a negociar en caso de que una mayoría clara, articulada en torno a una pregunta clara, propusiera una reformulación de la organización territorial del poder (incluso si dicha reformulación condujera a la secesión o a la creación, desde abajo, de un nuevo modelo federal o confederal).

Al menos por lo que se conoce hasta ahora, la sensibilidad federalizante y pluralista del TC ha sido mínima, la justa como para contentar a unos partidos mayoritarios que, en el fondo, querían quitarse de encima un asunto percibido como un “problema”. Poco ha pesado la vía especial de acceso a la autonomía que la propia Constitución reconoció en su momento a Catalunya, precisamente en razón de su singularidad histórica y de su específica voluntad de autogobierno. O el hecho de que el Estatut haya sido aprobado con amplias mayorías en el Parlament de Catalunya y en las Cortes Generales -donde fue debidamente recortado con el objetivo declarado de “ajustarlo a la Constitución”-, además de en referéndum.

Más que con la presunción de constitucionalidad -que debería ser especialmente fuerte en aquellas normas con mayor legitimidad procedimental- el TC ha preferido operar –queda por constatar hasta qué punto- con la lógica de la inconstitucionalidad preventiva, una lógica de la sospecha y de la desconfianza similar a la ya utilizada para juzgar en su momento la ley de consultas vascas e incluso el Estatuto valenciano de 2007.

En un contexto de crisis que parece haberlo reducido a la más absoluta impotencia, se entiende que el gobierno Zapatero pretenda leer la decisión del TC como un triunfo de las propias tesis y como un “objetivo cumplido”. Sin embargo, una lectura democrática, pluralista, pero también más realista de la cuestión territorial, no admite semejante auto-complacencia.

Que Manuel Fraga haya reaccionado a la sentencia con un: “Este Estatuto no vale. ¡¡ Viva España !!”, o que José María Aznar haya entendido que el tribunal ha establecido los límites más allá de los cuales “no hay Estado”, no supone necesariamente que sea el centralismo más cerril el que se haya impuesto a lo largo de este proceso. Pero sí deja en evidencia, tras cuatro años de recortes, demoras e instrumentalización partidista, los límites de las lecturas abiertas y federalizantes que la Constitución española supuestamente admitía. Cerrada esa vía, y con el tribunal constitucional deslegitimado como “árbitro” en la materia, el escenario para la desafección y el mutuo recelo está servido. Y dicho escenario, combinado con el de la crisis económica, puede ser un cóctel explosivo de imprevisibles consecuencias. 

Gerardo Pisarello, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.

El texto de la sentencia: http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/7/9/1278677521174Sentencia%20del%20Estatut.pdf

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha pedido “coraje al conjunto de los pueblos de España para avanzar en un estructura federal más sólida”, y ha añadido que “España debería empezar a reconocerse a sí misma en sus diversas lenguas y en sus diversas energías creadoras y artísticas”.

En sus primeras palabras tras publicarse la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, no se ha referido explícitamente en ningún momento a ella, aunque ha criticado que existen en España algunos sectores de tendencia “recentralizadora y uniformizadora, que no han asumido aún que la diversidad es la esencia cultural y patrimonial de la España del 2010″.

Para el también líder del PSC, el federalismo es “la solución más práctica” para favorecer el progreso de la sociedad, y lo ha defendido porque es la mejor manera de coordinar las políticas autónomas de cada territorio desplegadas desde la máxima proximidad posible a los ciudadanos, según ha dicho en el discurso de clausura de las jornadas de socialistas europeos ‘Por una nueva política cultural de progreso en la UE’.

Desde un atril en el que se podía leer el lema ‘Sigo creyendo en el Estatut’, ha afirmado que “la diversidad es la esencia de la riqueza cultural”, sobre todo en el ámbito de las lenguas. “La cultura ha contribuido a cohesionar España”, ha sentenciado. Por este motivo ha criticado a los que desaprobaron que hablara recientemente en catalán en el Senado, y les ha acusado de hacer un gesto “triste, reaccionario, ofensivo y nada inteligente”, el mismo gesto que considera que han hecho los que han criticado la ley del cine catalán recién aprobada por el Parlament.
Entre los retos de la cultura, Montilla ha señalado que los gobiernos deben definir “un marco moderno para promover el mecenazgo cultural” con el objetivo de encontrar los mecanismo legales para atraer recursos privados al fomento de la cultura. “Es una asignatura pendiente de España y Catalunya”.

Cultura pese a la crisis

El President también ha explicado que, aunque la sociedad está en una crisis por la que los gobiernos ajustan sus presupuestos, la cultura no debe considerarse “un gasto prescindible”, sino una inversión. Ha pedido a la Unión Europea que promocione iniciativas culturales en sus Estados miembros, y ha avanzado que uno de los factores clave en el futuro será implementar programas para “detectar el talento” entre los más jóvenes.

Durante muchos años, la versión dominante en los medios de mayor difusión del país sobre la Transición de la dictadura a la democracia en España es que tal Transición fue un proceso modélico que transformó una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) en una democracia homologable con cualquier democracia existente en la Unión Europea. Esta versión dominante subraya, además, que el supuesto éxito de tal Transición se basó en la reconciliación de las derechas, herederas de lo que en España se llama franquismo (y fuera de España, fascismo), con las izquierdas y otras fuerzas democráticas, herederas de la República, que lucharon contra la dictadura.

Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.

Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo ‘¿Es el PP franquista?‘).

El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el PP) votaron a favor de tal Estatut.

La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus políticas neoliberales provocaron.

Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional. Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Iñaki Iriondo, Gara 20.6.2010

Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale suscribirán hoy un acuerdo estratégico entre ambas formaciones que, según señalan en el documento al que ha tenido acceso GARA, «tiene la dimensión política y social para poder articular un espacio progresista en favor de la independencia y poder así incidir de forma adecuada en la dirección del necesario cambio político en Euskal Herria».

Ambas partes son conscientes de que vienen de tradiciones y experiencias políticas distintas que en algunos momentos incluso han llegado a chocar entre sí, pero sostienen que ahora les corresponde responder a un momento en la historia del país que consideran crucial, y también a un sentimiento amplio de los sectores abertzales de la sociedad vasca. Por ello, presentan este acuerdo como «un instrumento táctico-estratégico» que mira a un nuevo tiempo que se debe desarrollar en Euskal Herria.

En el texto se insiste en que son tiempos de unir fuerzas y aunar esfuerzos y teniendo claro que el objetivo estratégico es la creación de un Estado vasco.

El acuerdo se firmará hoy a la conclusión de un acto político público que comenzará a las 12.00 en el Palacio Euskalduna de Bilbo y en el que se congregarán cientos de militantes de ambas formaciones y decenas de invitados de otros partidos de todo el mundo. El documento, acordado tras varios meses de trabajo por Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale, tiene como base el respeto y compromiso el pueblo vasco y se centra en sumar adhesiones a un proyecto independentista que los firmantes consideran que será beneficioso para el país, tanto en el apartado institucional como en los ámbitos cultural, económico, social…

La apuesta es poder lograr un pueblo libre y en paz, dueño de su destino. Pero el acuerdo tiene además una importante dimensión social, ya que se hacen continuas referencias a la justicia social y también a la paridad entre hombres y mujeres.

Respeto y confianza mutua
El documento señala que, como es natural, el acuerdo debe basarse en el respeto entre las partes y la confianza mutua. De su lectura queda claro que ambas formaciones seguirán manteniendo su propia identidad aunque con compromisos de colaboración mucho más estrechos que hasta ahora. Se habla de una relación especial entre las partes, con un carácter preferente, y de la necesidad de alimentarla con diálogo, búsqueda de acuerdos y lealtad a lo que se vaya consensuando.

No cabe olvidar que Eusko Alkartasuna parten de culturas políticas diferentes y también han mantenido posiciones distintas sobre cuestiones concretas. Sin embargo, muestran su intención de superar las diferencias que puedan surgir en el proceso con respeto y la voluntad positiva de lograr consensos y tratando de evitar que cualquiera de las partes pretenda imponer sus propias conclusiones, puesto que ello no redundaría en el camino a recorrer conjuntamente en el futuro.

Ámbito nacional
EA y la izquierda abertzale no dejan dudas en su documento sobre el ámbito del acuerdo, puesto que afirman que el sujeto al que va destinado es el conjunto de los territorios vascos, es decir, tiene ámbito nacional.
Pero también se aclara en el acuerdo que el desarrollo de esa dimensión nacional la harán desde la conciencia de que existen distintos ritmos en los diferentes territorios y marcos de decisión. La intención de EA y la izquierda abertzale es respetar esos ritmos diferentes e incluso proteger la diversidad existente dentro de una misma nación.

Ambos apuestan, por lo tanto, por respetar la diversidad desde una perspectiva nacional, lo que significa que los planteamientos que se hagan responderán a esa visión de conjunto y que el acuerdo tendrá su aplicación en todo el territorio y en todos los ámbitos sociales de Euskal Herria.

El documento, denominado «Bases de un acuerdo estratégico entre fuerzas políticas independentistas», recoge puntos generales. Por ejemplo, tiene un gran apartado destinado al ámbito institucional, en el que entre otras cuestiones se recoge la necesidad de crear estructuras jurídico políticas nuevas para los territorios vascos y también instituciones nacionales, desde las realidades existentes en este momento.

Violencia y libertades
En otro gran epígrafe se abordan los puntos referidos a la resolución del conflicto político. En este punto figura el compromiso de los firmantes con los «principios Mitchell», pero también se habla de otras cuestiones relativas a la legalización de partidos y el traslado de los presos a Euskal Herria.

En el acuerdo figuran también diversos puntos sectoriales que influyen en el modelo de sociedad y sobre los que tanto EA como la izquierda abertzale se comprometen a «compartir y gestionar una unidad de acción». Se trata de aspectos como la democracia participativa, la justicia social, el desarrollo sostenible y la ordenación territorial, la paridad, el euskara, la educación, la salud y la nacionalidad y ciudadanía.

Algunas de estas materias serán desarrolladas en el acto de hoy en el Euskalduna por personas que son referenciales en cada ámbito.

El acuerdo estratégico entre EA y la izquierda abertzale, fruto de muchos meses de trabajo y abierto a otros agentes independentistas, supone una novedad en el escenario político vasco y da la impresión de encerrar potencialidades para agitarlo en el futuro más próximo.

Expectativa, desconocimiento e intoxicaciones
El acto político conjunto convocado para hoy por EA y la izquierda abertzale ha suscitado expectación, pero también ha levantado en días anteriores no pocas especulaciones, algunas realizadas probablemente desde el desconocimiento de lo que se venía gestando y otras con un carácter nítidamente intoxicador. En todas las etapas que la izquierda abertzale ha ido cubriendo en su proceso de debate interno y de expresión pública de sus conclusiones, determinados medios han seguido una actuación consistente en alimentar primero falsas ideas sobre el mismo, criticar después que no se cumplieran y terminar semanas después reconociendo su importancia.

I.I.
Apoyo internacional y retransmisión por internet

Los firmantes del acuerdo y convocantes del acto dieron a conocer el pasado jueves que en el mismo estarán presentes representantes de diversos partidos del mundo. Son formaciones con las que históricamente han mantenido relaciones y alianzas bien Eusko Alkartasuna, bien la izquierda abertzale o, en algunos casos, incluso ambas partes.

El listado remitido a los medios de comunicación señala que entre los asistentes estarán el Sinn Féin (Irlanda); N-VA (Flandes) partido que acaba de convertirse en el más votado en las elecciones belgas; el FMLN que gobierna en El Salvador; FPLP (Palestina); representación del grupo parlamentario Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo, incluido su vicepresidente; ERC, CUP y Endavant (Cataluña); BNG, NOS-UP y FPG (Galicia); BIC (Aragón); Corriente Roja (Estado Español) e IZCA (Castilla).

En el acto habrá diversas intervenciones en las que se irán explicando los diversos aspectos del acuerdo.
También está previsto que haya actuaciones musicales y de danzas. Un vídeo recogerá la trayectoria de ambas formaciones.

El acto conjunto se cerrará con la firma del acuerdo por parte de dirigentes de Eusko Alkartasuna y de la izquierda abertzale.

Dado que el aforo de la sala es limitado, y aunque está prevista la colocación de pantallas para poder seguirlo desde otros puntos del Euskalduna, se hará una retransmisión en directo a través de las páginas web www.euskoalkartasuna.org y www.ezkerabertzalea.info.

Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20100620/206001/es/Izquierda-abertzale-EA-firmaran-hoy-dar-impulso-Estado-vasco

[La suspensión del juez Baltasar Garzón] carece de fundamento jurídico suficiente y es una forma de reprimir y criminalizar el ejercicio libre de la independencia judicial”.< --more--> Así al menos lo cree el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para quien esta medida creará “un cierto clima de amedrentamiento sobre jueces y magistrados, como lo prueba que hay ya dos jueces de Barcelona que han sido expedientados por criticar el comportamiento discutible de otro juez, el del Palau de la Música”. En su opinión, la decisión del Consejo General del Poder Judicial significa que “subsisten, de forma más o menos larvada, formas de pensar próximas al franquismo [entre jueces y magistrados]. De lo contrario, no se explica lo que está ocurriendo”.

En una charla con los lectores de EL PAÍS.com, Jiménez Villarejo recordó que “la magistratura española durante toda la dictadura, con algunas excepciones, [...] permaneció muda ante los crímenes franquistas”. “Me pregunto si los jueces y fiscales actuales conocen esa realidad”, dijo, “si saben que sus antecesores fueron fieles servidores de la dictadura y han hecho un análisis crítico de esa realidad que, ideológicamente, sigue sin ser asumida plenamente por el conjunto de jueces y fiscales”.

“¿Cree usted que la suspensión a Garzón tiene que ver con el ‘caso Gürtel’?”, inquiría una lectora. “Naturalmente que sí”, replicó el ex fiscal. “Es tan evidente que la primera querella contra el juez Garzón, admitida por el Tribunal Supremo, es del 26 de mayo de 2009, poco tiempo después de que él concluyera las investigaciones sobre el caso Gürtel y las remitiera a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia”. En su opinión, este caso “planea detrás de todas las querellas contra el juez Baltasar Garzón, hasta el punto de que en la última de ellas, la interpuesta por el letrado de un imputado del proceso Gürtel, se han persona como acusadores los principales implicados de Gürtel, Correa y Crespo, lo que constituye algo realmente insólito en la justicia española”. Esto supone “que los imputados y perseguidos por un juez de instrucción, en este caso el juez Garzón, terminen siendo los acusadores de dicho juez con la complacencia, en este caso, del Tribunal Supremo. Es un verdadero escándalo”, concluyó.

En cuanto a la posibilidad de que Baltasar Garzón comience a trabajar para la Corte Penal Internacional (CPI), como ha reiterado este lunes el fiscal de este tribunal, Luis Moreno-Ocampo, Jiménez Villarejo señaló que “su incorporación a dicha corte sería una satisfacción personal muy importante para él”. Sin embargo, “no empaña ni aligera para nada la brutalidad de la decisión acordada de apartarlo de sus funciones judiciales que no se corresponde ni con el derecho ni con los principios de justicia”.

Menos de tres horas han servido para finiquitar 22 años y siete meses de servicio a la Audiencia Nacional. La ‘osadía’ de investigar los crímenes que se perpetraron durante la dictadura franquista tiene como reflejo, todavía en 2010, un castigo severísimo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido, por unanimidad, suspender de forma cautelar al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por la apertura de juicio oral en su contra dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela. Está acusado de presunta prevaricación por investigar los crímenes del franquismo.

Garzón ha sido informado telefónicamente de la decisión a las 13.19 horas. El encargado de la llamada ha sido el secretario del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón. En ese momento, el juez se encontraba interrogando al empresario Josep Singla, imputado en la operación Pretoria. 
La suspensión no será formalmente efectiva hasta que el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, le comunique la resolución completa del CGPJ. Se trata de un trámite que según la portavoz del órgano de los jueces, Grabriela Bravo, estará listo “lo antes posible”.

El magistrado suspendido ha abandonado el edificio de la Audiencia Nacional minutos antes de las 14:00 horas llorando y entre los aplausos y entre gritos de apoyo de sus compañeros  y miembros de asociaciones de Memoria Histórica que, al grito de “¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!”, han despedido al magistrado. 

La decisión sobre su traslado, esta tarde
El Consejo ha actuado contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

En la reunión no se ha tratado la petición del magistrado del permiso para ir a La Haya como asesor externo de la Corte Penal Internacional.
El tema lo abordará esta tarde la Comisión Permanente del CGPJ, que comprobará si el cargo al que opta entra dentro de los previstos para declarar a un juez en situación de servicios especiales.

Apoyos
Durante la mañana se acercaron hasta el despacho del juez numerosos magistrados de la Audiencia Nacional, como Fernando Andreu, Santiago Pedraz, Fernando Grande-Marlaska o Ismael Moreno, y fiscales como Vicente González Mota, Dolores Delgado o Pedro Martínez, al objeto de transmitir al magistrado su apoyo. Hasta la Audiencia Nacional también se trasladó la mujer de Garzón, Rosario Molina.

Frente a la Audiencia Nacional se concentraron una decena de personas que profirieron gritos como ‘Queremos Justicia’, ‘Envidiosos, envidiosos’ y ‘Vosotros fascistas sois los terroristas’.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado su “respeto” a la decisión  y ha insistido en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del magistrado porque “el procedimiento no ha concluido”.
Falange Española de las Jons ha valorado la suspensión “muy positivamente”  y el PP, por boca de su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que  la ley se aplica a todos los españoles con absoluta igualdad”.

Más categórico ha sido el  el secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernard , quien defiende que hoy se ha producido el “triunfo de toda la sociedad” porque “nadie está por encima de la Ley”. Ver a Garzón fuera de la Audiencia supone que se “ha devuelto la dignidad a la Justicia española”.