Pau Casanellas, SinPermiso, 18.7.2010

La memoria histórica, como punto de encuentro del presente con el pasado, como fuente de legitimación del presente en el pasado, es un espacio de conflicto. Después de unos años caracterizados por el olvido, fruto de la voluntad de los gobiernos de la democracia parlamentaria de fundamentar el actual régimen político no en la experiencia republicana o en la lucha del antifranquismo, sino en la transición, ha aflorado en el seno de la sociedad española una fuerte reivindicación de memoria; una demanda de recuperación —mejor dicho: de construcción— de las raíces sobre las cuales debe asentarse nuestro presente. Este proceso no solamente choca contra la voluntad de olvido que siguen abonando tanto la derecha heredera del franquismo como la izquierda hija de la transición, sino que entraña conflictos y contradicciones entre las distintas maneras de interpretar el pasado, que son, al mismo tiempo, conflictos entre maneras de ver el presente y de imaginar el futuro.

Todo régimen político necesita legitimarse en unos valores o tradición. Los actores institucionales que protagonizaron la configuración de la democracia parlamentaria en España optaron, sin embargo, por prescindir de cualquier referencia al pasado y convirtieron el mismo proceso de transición en mito fundacional del régimen parlamentario. Expresiones como consenso, reconciliación o moderación contribuyeron a fraguar el mito de una transición modélica, en la que el acuerdo institucional materializado principalmente en la Constitución de 1978 fue concebido como el fruto de la pericia de un pequeño grupo de diputados con proyectos políticos enfrentados, pero con una voluntad común: el pacto. La “larga marcha” del antifranquismo y, sobre todo, la explosión movilizadora de 1976 (año clave para entender la renuncia de las élites franquistas a los proyectos continuistas) quedaron reducidas, en este relato, al papel de “piedra en el zapato” en el camino presuntamente pacífico hacia la “democratización”. La perversidad de tal reconstrucción de los hechos resulta aún mayor si se tiene en cuenta el carácter de las movilizaciones de 1976, en las que tuvo un notable protagonismo la izquierda radical y, en el País Vasco, también los sectores aberzales: los que posibilitaron el cambio han sido, paradójicamente, convertidos en sus supuestos obstaculizadores (aunque los escenarios por los que luchaban distaran, en muchos casos, del actual marco parlamentario).

Desde mediados los años noventa proliferaron las voces en favor de una memoria que pusiera en relación las libertades formales actualmente vigentes con las luchas del pasado y que tuviera en cuenta, también, a las personas damnificadas por la represión franquista. Después de tres lustros de amplia reivindicación por la memoria, el gobierno español de Rodríguez Zapatero intentó canalizar estas demandas por medio de la promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Lejos de tratarse de una ley de memoria, la Ley 52/2007 se articuló en buena medida como ley de víctimas. Las palabras pronunciadas por el mismo presidente español el 26 de noviembre de 2008 en el Congreso de los Diputados dan una idea de cuál seguía siendo la voluntad gubernamental en materia memorialística: “[...] como demócrata considero que la mejor manera de fortalecer la democracia es disfrutar de la experiencia democrática más que del miedo a una dictadura. Estamos asistiendo a un fenómeno que pone de manifiesto la gran salud moral de la democracia española, un fenómeno que consiste en que cada vez se recuerda y se homenajea más a las víctimas y se olvida más al dictador. Ese fenómeno, esa realidad que estamos viviendo creo que responde a lo que debemos hacer. Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen sus derechos, que no han tenido, y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país.” (1) Si de lo que se trataba era de olvidar la dictadura, ¿dónde quedaban los verdugos?; ¿contra quién, o contra qué, habían luchado las víctimas?

¿Víctimas o luchadores?
La centralidad de las víctimas ha sido una constante en las políticas públicas de la memoria en numerosos países, sobre todo a partir de los años ochenta.

Como ha puesto de relieve el historiador Enzo Traverso, se pasó entonces de una memoria del antifascismo a una memoria de los derechos humanos, y la víctima substituyó a la clase social como sujeto de los discursos memorialísticos. En el caso alemán, se ha llegado a hablar de un anti-antifascismo, en referencia a los discursos interclasistas y despolitizados que se han articulado contra la reivindicación de la tradición cultural antifascista. (2)

Además de difuminar el contenido de clase y la presencia de conflictos sociales, colocar a las víctimas en el centro del discurso, sobre todo cuando es el Estado el que articula este discurso en la forma de una política pública, entraña el peligro de convertir el sufrimiento en principio de autoridad substitutivo de la razón. Como ha defendido Ricard Vinyes, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, sino una experiencia. Asimismo, la focalización en el daño infligido a las víctimas permite evocar el principio de responsabilidad compartida y puede llevar a la defensa de una impunidad equitativa, como si las ideas y los proyectos políticos que había detrás de cada tipo de violencia fueran equiparables. (3)

Por otro lado, una visión despolitizada de las víctimas, centrada en su sufrimiento, contribuye a despojarlas de su condición de luchadoras. No resulta para nada extraño que fueran los mismos represaliados por el franquismo e integrantes del movimiento asociativo por la memoria histórica los que, en la llamada Declaració del Liceu, presentada públicamente en abril de 2002, proclamaran su voluntad de incorporación al conocimiento común de las futuras generaciones de la memoria de la experiencia de la dictadura y de sus consecuencias, así como de la lucha por la libertad, lo que deja bien clara la identificación entre víctimas y luchadores hecha por las mismas víctimas.

¿Justicia o prevaricación?
No tardaron en emerger las notables contradicciones que entrañaba la ley de víctimas de diciembre de 2007. Uno de los casos más llamativos fue el de la viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los militantes del FRAP fusilados el 27 de septiembre de 1975, a quien el gobierno español denegó la indemnización que reclamaba, basándose en unos informes policiales que se elaboraron con los antecedentes penales que figuran en los archivos de la época, así como en la sentencia del consejo de guerra que lo condenó a muerte. Menospreciada por el gobierno, la viuda de Sánchez Bravo acudió en mayo a la justicia argentina para pedir la ilegalidad del juicio. Su demanda se unió a la que un grupo de familiares de víctimas del franquismo presentó el 14 de abril en Buenos Aires, con la intención de abrir un proceso contra los responsables de la dictadura española. (4) Si en los años setenta la depuración de responsabilidades de los responsables del franquismo sólo formaba parte del catálogo de reivindicaciones de algunos colectivos de la izquierda radical y del mundo libertario, hoy en día parece estar extendiéndose una demanda social en este sentido. Así lo pone de relieve, por ejemplo, el manifiesto Per la ruptura amb el franquisme i la fi de la impunitat dels crims de la dictadura, presentado públicamente el 18 de junio en Barcelona, así como los pronunciamientos de varias organizaciones y movimientos sociales por la memoria histórica. (5)

Muy en otra línea, aunque sea difícil saber cuál, iban los autos dictados por el juez Baltasar Garzón el 16 de octubre y el 18 de noviembre de 2008: si una cosa no intentó Garzón fue juzgar a ninguno de los responsables gubernamentales de la dictadura que aún siguen en vida. Después de defender en el primer auto la posibilidad legal de procesar a los responsables del Alzamiento Nacional en base a la cualificación jurídica de las desapariciones que se les imputan como crímenes contra la humanidad, Garzón preveía en el segundo auto la extinción de esa responsabilidad penal una vez recibida la notificación de la muerte de los principales responsables del partido único fascista hasta 1951. (6) Sí podría aducirse, en cambio, que lo que pretendía Garzón era dar un impulso a la localización y apertura de fosas comunes, que la Ley 52/2007 dejó principalmente en manos de las asociaciones. Sin embargo, el hecho de que en el segundo auto se inhibiera de la causa en favor de los juzgados de instrucción de las localidades donde se encuentran las fosas induce a pensar que tampoco era esta noble causa la que perseguía el juez. Por lo que respecta a la exhumación de fosas, a la hora de la verdad todo ha quedado en agua de borrajas: casi dos terceras partes de los juzgados de instrucción han archivado las causas. (7)

El debate acerca del procesamiento de Garzón por supuesta prevaricación ha girado en torno a la posibilidad o imposibilidad legal de juzgar a los responsables del franquismo. Mientras que, según algunos, la ley de amnistía de octubre de 1977 impide cualquier procesamiento, según otros la jurisdicción internacional sobre crímenes contra la humanidad sí lo permite. La extrema politización de la controversia convierte en casi inútil preguntarse si Garzón ha prevaricado o no: lo que resulta palmario es que tanto él como quienes lo acusan de prevaricador anteponen los criterios políticos a los jurídicos. Muestra suficientemente clara de esta politización es que se haya cuestionado la investigación de los crímenes del franquismo —del primer franquismo, habría que precisar—, pero no la apertura de diligencias, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por el secuestro y desaparición del líder de ETA-pm, Pertur, en julio de 1976, pese a que conforme a la ley de amnistía de 1977 estos hechos tampoco podrían ser juzgados. (8) Ante tanto confusionismo, emerge una pregunta: ¿cuál es la auténtica naturaleza de la ley de amnistía?

¿Amnistía o punto final?
Toda amnistía, para ser efectiva, debe implicar un cambio en la escala de valores de la sociedad en virtud del cual no solamente se libera a las personas que eran objeto de represión, sino que se reconoce públicamente la legitimidad de las acciones por las cuales sufrieron tal represión. Toda amnistía, por lo tanto, debe crear las condiciones para que no sea necesario pedir nuevas amnistías. (9) Es por ello que, como reivindicación central del antifranquismo, la amnistía puede ser entendida como el contrato social sobre el que había que fundamentar —o como el “quilómetro cero” a partir del cual había que edificar— la democracia parlamentaria, para romper definitivamente con el franquismo.

Habitualmente, se presume que la Ley 46/1977, de 15 de octubre, que amplió la amnistía a las personas condenadas por “delitos de sangre”, tenía por objeto favorecer la disolución de las organizaciones armadas que habían actuado bajo el franquismo e integrar a todos los sectores de la sociedad española en el nuevo régimen político. Sin embargo, el desarrollo de los hechos hace difícil pensar que esto fuera exactamente así. Santiago Carrillo lo dejó claro en su intervención en el pleno del Congreso el 27 de julio [1977], al advertir que la amnistía daría “todo el poder moral necesario para aplicar la ley a cuantos en lo sucesivo, y a condición de que las libertades democráticas sean garantizadas para todos, maten, secuestren o roben en nombre de actitudes a las que ya no podrá atribuirse legítimamente una intencionalidad política”. (10) En lo que atañe al gobierno de la UCD, no caben tampoco demasiadas dudas: el 9 de octubre, apenas unos días antes de la aprobación de la ley, era detenida la plana mayor de los GRAPO en Benidorm.

Tampoco puede concebirse la amnistía como el fruto de la voluntad de consenso de los grupos parlamentarios o, menos aún, como ejemplo de la buena voluntad gubernamental. Así lo demuestra que, pese a las propuestas presentadas, el gobierno no mostrara ningún interés en tramitar la amnistía antes de las vacaciones, y sí que lo hiciera, en cambio, después de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en el País Vasco entre finales de agosto y principios de septiembre. Especialmente concurrido fue el acto final de la Marcha de la Libertad, convocado en Arazuri (Navarra) el 28 de agosto, así como las manifestaciones por la liberación de Miguel Ángel Apalategui, Apala (entonces pendiente de una petición de extradición del gobierno español al francés), en Bilbao (el 2 de septiembre), San Sebastián y Vitoria (3 de septiembre). (11)

También las medidas gubernamentales de excarcelación de presos políticos previas a la ley de octubre de 1977 fueron siempre una respuesta a la movilización popular, que desbordó en todo momento las previsiones de los dos gobiernos del franquismo sin Franco (noviembre de 1975 – junio de 1977). He aquí dos clarísimos ejemplos de ello: la amnistía parcial de julio de 1976 vino después del ciclo movilizador más importante que se había vivido en España desde 1939, que forzó la caída del gobierno Arias Navarro; y los extrañamientos previos a las elecciones del mes de junio, gracias a los cuales los condenados por el proceso de Burgos de 1970 pudieron salir de la cárcel y exiliarse en otros países, fueron la respuesta a las espectaculares movilizaciones en el País Vasco, donde la semana pro-amnistía de mayo de 1977 dejó un saldo de cinco muertos a manos de las fuerzas policiales. (12)

Así pues, no puede dejarse de denunciar como distorsionada la equiparación de la Ley 46/1977 con las leyes de punto final promulgadas en algunos países latinoamericanos, o su consideración como “una vergonzante transacción […] con la fuerzas de la dictadura que querían un cheque en blanco” (así la ha definido el magistrado José Antonio Martín Pallín). (13) Ninguno de estos argumentos obsta para constatar, como consecuentemente debe hacerse, que, cuando las peticiones de la calle entraron en los despachos, se vieron substancialmente desfiguradas.

Así, por iniciativa de la UCD, las “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” del franquismo fueron incorporados entre los beneficiarios de la amnistía promulgada en octubre de 1977 (artículo 2.e), y la ley se convirtió en una traba legal para la depuración de las responsabilidades de los responsables de la dictadura. La salida de las cárceles de la mayor parte de los presos políticos, como victoria del antifranquismo, se vio por ende amputada por la garantía de impunidad a los represores de la dictadura, lo que —entre otros motivos— explica que la ley fuera contestada por insuficiente precisamente por los sectores que más la habían reivindicado. Sin embargo, dista mucho de ajustarse a la realidad la atribución a la ley de la responsabilidad de la supervivencia del aparato represivo del franquismo. (14)

La construcción de una memoria antifascista que vincule las libertades formales vigentes actualmente a la lucha del bando republicano y al antifranquismo es una tarea necesaria, sobre todo cuando aún hay quien cree, como afirmaba en enero de 2009 el ex ministro Martín Villa, que mientras la transición fue una victoria compartida de todos los españoles, la guerra también la perdimos todos (15); o que, como ha postulado de manera burda, esquemática y con altas dosis de ignorancia Francesc-Marc Álvaro, el protagonismo del antifranquismo en la liquidación de la dictadura se deba a una mera “leyenda” construida por quienes lucharon contra Franco. (16) No obstante, toda política pública de la memoria implica el peligro de servir únicamente para reforzar las instituciones vigentes —cada día más anquilosadas y deslegitimadas—, salvo que se trate de una memoria puesta en práctica de manera extremamente descentralizada, que sea promovida y gestionada por actores sociales diversos y autónomos. Una política de este cariz daría cabida, así, a la construcción de una memoria de los proyectos de emancipación brutalmente truncados a raíz de la instauración del franquismo y de la misma dinámica de guerra, así como de los desarrollados bajo la dictadura.

Es necesario advertir, por lo tanto, contra la reducción de la experiencia antifascista a un proyecto determinado, el frentepopulismo, y contra la conversión teleológica del frentepopulismo en una prefiguración de las formas de democracia parlamentaria que se asentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Como fenómeno cultural, y también en su concreción política, el antifascismo integró desde proyectos emancipatorios y revolucionarios a los que, ante el fascismo, propugnaban simplemente parlamentarismo democrático. Su limitación a unos u otros resulta inexacta.

El peligro de reducción de la memoria histórica a la legitimación de las instituciones parlamentarias vigentes ha hecho que, desde algunos sectores, se haya hablado de una memoria anticapitalista. Ésta era, por ejemplo, la propuesta de fondo de las Jornadas por la memoria histórica anticapitalista, organizadas en la Universidad de Valencia en noviembre de 2006. (17) Una memoria antifascista de corte amplio debería dar cabida también a estos discursos y poner de relieve que, si la emancipación fue percibida como una posibilidad en el pasado, no tiene por qué dejarlo de ser en el presente. Desde esta perspectiva, los conflictos sociales aparecen no como un obstáculo en el ineludible camino hacia el parlamentarismo democrático, sino como una posibilidad histórica de emancipación, como una puerta abierta a escenarios de futuro alternativos.

(Una primera versión de este artículo fue publicada en el número 18 de los Quaderns d’Illacrua, dentro del número 184 del semanario catalán Directa, 19 de mayo de 2010).

Pau Casanellas es historiador.

Notas

1 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, núm. 49, 26 de noviembre de 2008, p. 5.

2 Enzo Traverso, Els usos del passat. Història, memòria, política, València, PUV, 2006.

3 Ricard Vinyes, “La memoria del Estado”, en Ricard Vinyes (ed.), El Estado y la memoria, Barcelona, RBA, 2009, pp. 23-66.

4 También la hermana de Xosé Humberto Baena, otro de los últimos ejecutados por el franquismo, se adhirió a la querella interpuesta en Argentina. El País, 26 de abril de 2010, p. 11; El País, 3 de mayo de 2010, p. 15. Sobre el caso de Sánchez Bravo, véase también El País, 29 de junio de 2009, p. 18.

5 También las encuestas, siempre discutibles, corroboran esta tendencia. Según una realizada a principios de mayo, en pleno bullicio por el procesamiento a Garzón, tres de cada cinco ciudadanos del Estado aprobaría la investigación de los crímenes cometidos bajo el régimen franquista. Público, 10 de mayo de 2010, pp. 2-3.

6 Curiosamente, una de las únicas voces que han puesto de relieve tal contradicción (defender la posibilidad jurídica de encausar a los responsables del golpe militar sin tener la intención de juzgar a ninguno de ellos) ha sido Santos Juliá, “Sobre la impunidad de los crímenes del franquismo”, El País, Domingo, 23 de mayo de 2010, p. 20.

7 Público, 5 de mayo de 2010, p. 24.

8 Huelga decir que el la Fiscalía parte del supuesto de la responsabilidad de los comandos berezi en la desaparición, por lo que no se trata en modo alguno de un intento de investigación judicial de crímenes de Estado.

9 Son de interés algunas de las reflexiones en este sentido contenidas en Francisco Letamendia, El No vasco a la reforma, vol. 1, San Sebastián, Txertoa, 1979, p. 10.

10 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 5, 27 de julio de 1977, p. 73.

11 Aunque a raíz de estas movilizaciones el gobierno español pensó en buscar interlocutores al margen de la Asamblea de Parlamentarios Vascos, después de los enfrentamientos acaecidos en San Sebastián el 8 de septiembre, fruto del choque entre una manifestación auspiciada por la Asamblea y otra de carácter espontáneo en recuerdo de Jesús María Zabala, se reactivaron las negociaciones sobre el régimen pre-autonómico, llegándose a techos que hasta entonces no habían sido considerados por los emisarios gubernamentales.

12 Resulta llamativo que, siendo éste el mismo número de víctimas que las provocadas por la intervención policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976, los hechos no tuvieran entonces, ni tengan ahora, el mismo eco.

13 Diagonal, 26 de noviembre de 2009, p. 29. Las palabras de Martín Pallín son una muestra de lo distorsionada que puede aparecer la historia si se la contempla únicamente como una sucesión de textos legales.

14 Así lo ha hecho Jaime Pastor, “La Ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del «consenso» de la Transición”, Viento Sur, núm. 110, mayo de 2010, pp. 103-106.

15 Rodolfo Martín Villa, “Carta a los Reyes Magos”, El País, 3 de enero de 2009, p. 23.

16 Francesc-Marc Álvaro, Els assassins de Franco. Un judici particular del franquisme i dels que van deixar-lo morir al llit, Barcelona, L’Esfera dels Llibres, 2005, p. 34.

17 Las aportaciones al encuentro están recogidas en Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la autonomía, Madrid, Klinamen, 2008. Más que constituir un intento de reflexión sobre el concepto de memoria anticapitalista, el volumen recoge distintas experiencias vinculadas al área de la autonomía.

Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.



El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.



Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.



Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?



También merecen un reproche en el mismo sentido los responsables institucionales de diversa procedencia política que están convocando una manifestación para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos políticos que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia. 

La discusión sobre el lema de la marcha resulta tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias?



En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado, más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y produce un miedo más que justificado tanto desafío irracional al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.

Rafael Simancas

Me apena pero no me sorprende que la llamada del Presidente Montilla y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la movilización popular en Cataluña, en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), haya creado una respuesta de gran animosidad en sectores intelectuales basados en Madrid, no sólo entre las derechas, sino también en sectores del socialismo madrileño, que han definido tal llamada a la movilización popular como “desaforada”, “insensata” e “histriónica” (entre otros adjetivos) frente a una sentencia del TC que consideran “madura”, “equilibrada”, “sensata” y “ejemplar”, considerando a tal TC como un tribunal motivado única y exclusivamente por criterios jurídicos, deseosos de que cualquier ley en España encaje con la Carta Magna que “los españoles nos dimos en el año 1978”. Se juzga como desproporcionada tal respuesta, pues se asume que la sentencia del TC avala nada menos que el 90% del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y refrendado por el pueblo catalán. Y para añadir más fuego, se acusa al Presidente Montilla de tener una actitud “impropia” de un Estado de Derecho, pues lo que le toca hacer es acatar la sentencia y dejar de movilizar protestas contra el TC. Es más, tales voces insinúan que el Presidente Montilla tiene unas prioridades en su gobierno equivocadas, abandonando los problemas reales de la población en Cataluña entre los cuales el debate del Estatuto palidece en importancia frente a otras áreas algo descuidadas por su Gobierno.

Ante tantas críticas y observaciones insultantes, cabe preguntarse “¿de dónde viene tanto adjetivo descalificador?”. Y la respuesta es que viene de dos visiones muy distintas, no sólo de lo que es España, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. No coincido con la idealización de la Transición que supone la frase “de que los españoles nos dimos la Constitución (como un regalo, por lo visto) en 1978”. La Constitución, como la Transición que la produjo, fue inmodélica, resultado de un proceso muy desigual en el que las fuerzas conservadoras controlaban el aparato del Estado y dominaban el proceso de la Transición. Las izquierdas salían de la clandestinidad y no eran pares en aquel proceso. 

Ni que decir tiene que la gran conquista de las izquierdas (y muy en particular, de las movilizaciones obreras) fue que se aceptara en la Constitución que la soberanía viniera del pueblo. Pero, los elementos claves de como esta soberanía se refleja a través de los organismos del Estado, fue dictado por las derechas, bajo la supervisión del Ejército franquista, dificultando enormemente la expresión del poder popular.

Desde la Ley Electoral hasta el establecimiento de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el establecimiento del Tribunal Constitucional (así como su composición) fueron resultado de aquellas influencias, siendo estas instituciones gestionadas por un cuerpo judicial enormemente conservador. Como consecuencia de ello, tales organismos están profundamente politizados, siendo utilizados por las derechas para parar las leyes resultado de la soberanía popular. Una ley, aprobada por los dos parlamentos, el catalán y el español, y refrendada por el pueblo catalán está ahora siendo recortada sustancialmente por un tribunal claramente politizado, además de desacreditado. 

El PP está utilizando tal tribunal para conseguir lo que no ha conseguido a través de los parlamentos catalán y español, y está enojado además por el resultado del referéndum en Cataluña, que no deseaba. Leo hoy, por cierto, que está llevando al TC la ley del aborto y así un largo etcétera. No es la función de un Tribunal Constitucional hacer de tapón de la voluntad popular. Basado en esta experiencia, me parece una idealización de tal Tribunal definirlo como un organismo neutro y técnico. No lo es y ahí está parte del desacuerdo. Lo que el TC decide depende de la sensibilidad política de sus jueces, convirtiéndose así en una minicámara legislativa politizada. El sistema de selección de sus miembros es único y no se reproduce en otros tribunales de semejante responsabilidad en otros países. De ahí que tal tribunal ha sido utilizado predominantemente por el PP, el cual ha estado dividiendo a los españoles como parte de su estrategia política.

Partido enraizado en una dictadura, que justificó su existencia “apelando a la defensa de la unidad de España” frente a lo que llamaba comunistas y separatistas, el PP ha utilizado el TC para parar el Estatuto de Cataluña. La mejor prueba de ello es que llevó al Tribunal Constitucional, muchos elementos que han sido aprobados en otros estatutos (como el andaluz y el valenciano) sin que lo recurrieran. 

La movilización del 10 de julio no es contra España, y el Presidente Montilla ha clarificado este punto en su llamada. Dejó muy claro que la protesta no es contra España (de la cual Cataluña es parte), sino en contra del dictamen del TC. Y por razones, además, que exigen una protesta. Fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia no se entiende el genocidio cultural que la dictadura intentó hacer sobre las culturas y lenguas catalanas, vascas y gallegas. La primera vez que tuve problemas con la policía nacional fue a la temprana edad de siete años cuando uno de ellos me abofeteó por hablar en catalán (mi lengua materna) insultándome y gritándome que no “hablara como un perro sino como un cristiano”. Le escupí en la cara, por lo que me detuvieron y me llevaron al cuartelillo, llamando a mis padres. Mi padre, que luchó en varios frentes defendiendo a la República española y a la Generalitat de Catalunya, me acarició en la cara y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande que me dio en su vida. Los dos fueron antifascistas hasta el último día de su vida, y amaban profundamente a Cataluña y a España, por lo cual fueron brutalmente represaliados. Y parte de la humillación que sufrieron fue por su defensa de la identidad catalana. Sólo aquellos que sufrimos estas humillaciones pueden entender la intensidad de nuestro interés en defender nuestro idioma y nuestra cultura. Cataluña es además un país pequeño que puede fácilmente quedar absorbido y perder su cultura y su lengua, tal como ha ocurrido en la Cataluña francesa, donde se ha dejado de hablar catalán y las nuevas generaciones ni siquiera lo reconocen. Muchos jacobinos en España desearían que esto ocurriera también en Cataluña. Pero una persona de izquierdas no puede aceptar esto. De ahí la importancia de que sea una lengua preferente y no sólo igualitaria, pues hoy, por mucho que sorprenda, el catalán es todavía el idioma minoritario en los medios en Cataluña. Para que haya dos idiomas en iguales condiciones se requiere, paradójicamente, que, entre iguales, el catalán sea el preferente, es decir, el primero. Ello no implica una discriminación en contra del castellano, sino la necesidad de potenciar el catalán. 

Entiendo que se pueda estar en desacuerdo con esta postura que sostengo, pero tal desacuerdo no puede basarse en una situación de imposición y fuerza. El castellano se impuso en Cataluña (y el bofetón del policía es un ejemplo entre miles). De ahí que mis amigos castellanos y del centro de España tienen que ir con pies de plomo y ser súper cautos en sus comentarios, pues son vulnerables de ser acusados de defender intereses que se impusieron por la fuerza en su día en Cataluña.

Esta es una realidad, que fue habitualmente utilizada por la derecha nacionalista catalana por causas electorales. Pero el éxito de sus campañas se debía a que había una base real sobre la que se edificaba la protesta. Referirse a esto como meramente victimismo es semejante a desmerecer la causa sindical por querer corregir injusticias laborales. En España, la dictadura se basó en una imposición de clase y de nación. Esto está ampliamente concienciado en las izquierdas catalanas, cuya proclama en la lucha antifascista durante la clandestinidad era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”.

La gran sorpresa del socialismo centrado en Madrid fue que cuando ganaron las izquierdas, éstas fueron incluso más exigentes en su demanda de autogobierno y reconocimiento identitario, olvidando que fueron las izquierdas (y no las derechas nacionalistas, con notables excepciones) las que, durante la dictadura, defendieron la identidad catalana. Para colmo, hoy tal demanda la lidera un catalán nacido en Andalucía, un “charnego” como decían las derechas catalanas. De ahí el odio que recibe dentro y fuera de Cataluña. Unos lo consideran un impostor, otros un traidor (o, como dijo un socialista establecido durante treinta años en Madrid, un socialista contaminado de nacionalismo). Montilla es, como millones de catalanes, un catalán que se siente español, pero que se indigna por la falta de sensibilidad que se tiene en Madrid hacia la redefinición de lo que es España. 

Durante cuatro años se ha ido desarrollando el estatuto sin que España se rompiera. Pero las derechas y algunas izquierdas no quieren que se redefina esta España. Y el TC es uno de ellos.

Esta redefinición incluye la sustitución de una España radial centrada en Madrid por una España plurinacional en que, como en EEUU, algunos órganos del Estado central están ubicados en Madrid y otros en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Badajoz, y otras capitales de España, con pérdida del excesivo protagonismo que tiene Madrid y que es lo que explica, en gran parte, la resistencia del establishment político y mediático madrileño a esta redefinición, sea del color que sea. Y esta plurinacionalidad tiene que respetar las especificidades de cada componente, y no tratar de frenar o inhibir la diversidad que enriquece España. 

Ni que decir tiene que estas resistencias a redefinir España están azuzando el independentismo, que ha crecido enormemente. El 25% de la población catalana se muestra favorable a la independencia. Esta lucha ideológica la tenemos que llevar a cabo en Cataluña y se vencerá o perderá en Cataluña. Pero pediríamos a nuestros amigos del resto de España que ayudarían en lugar de animar al independentismo que es lo que hacen cuando insultan y muestran su enorme incomprensión. 


Una última observación referente a la supuesta falta de atención del gobierno de izquierdas a los problemas de cotidianeidad del pueblo catalán. El gobierno catalán ha sido uno de los gobiernos en las CCAA que ha mostrado mayor compromiso social (disminuyendo considerablemente el déficit de gasto publico social en Cataluña con el promedio de la UE-15), habiendo sido el primero en aumentar los impuestos de las rentas superiores, algo que no ha hecho el gobierno español socialista, y sobre el cual, las izquierdas socialistas madrileñas han guardado un silencio ensordecedor. Ganarían credibilidad en sus críticas si mostraran mayor protagonismo en la defensa de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, y menos en su defensa del TC. 



Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado entusiasta con el fallo del tribunal constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Acorralado por una crisis que no consiguió anticipar y por las presiones de la Unión Europea, las agencias de calificación de deuda y los poderes fácticos locales, parece haber recibido la noticia de la sentencia como un alivio. Como una suerte de respiro que, como mínimo, le permitirá quitarse de encima un “embrollo” que lo persigue hace cuatro años. Al igual, empero, que en otras cuestiones, el optimismo gubernamental parece basado más en el wishfull thinking que en un análisis realista de la situación.

Y es que la sentencia, sin ser la peor de las posibles, adolece de dos vicios insalvables. El primero, que resulta insuficiente, a estas alturas, para sanear la pérdida de legitimidad de un tribunal cuyo papel de árbitro en materia territorial se encuentra profundamente cuestionado, sobre todo desde un punto de vista político. El segundo, que el propio tribunal, para alcanzar una decisión, se ha visto forzado a hacerse eco del sentido común medio dominante en el PSOE y el PP. Para ello, ha trazado sus líneas rojas en torno a las dos cuestiones respecto de las cuales el Estatut podría haber supuesto un cierto avance: la consolidación de una mayor cultura federal y un genuino reconocimiento del pluralismo nacional.

El gobierno se ha apresurado en sugerir que el fallo podría haber sido más restrictivo, sobre todo si el ala más conservadora del TC hubiera conseguido imponer su criterio en torno a una mayoría que incluyera a algún miembro del sedicente sector “progresista”. Eso es parcialmente verdad y en muchos casos el arsenal argumentativo más centralista acabará engrosando los votos particulares sin afectar, como se podía temer, la decisión final ni los fundamentos jurídicos mayoritarios. Es posible, por tanto, que el fallo no sea el que los sectores más extremistas hubieran querido. Pero de allí a pretender convertirlo en una “derrota” de las tesis del PP y en una confirmación del Estatut aprobado en las Cortes existe un largo trecho.

El PP había impugnado 114 artículos y 12 disposiciones del Estatut. De este total, el TC ha declarado inconstitucionales y nulos 14 preceptos, aunque es probable que dichas nulidades incidan en un sentido restrictivo en la interpretación de otros preceptos impugnados. Más allá de la cuestión cuantitativa, en todo caso, el problema de fondo radica en otro sitio: en la abierta desconfianza que la sentencia proyecta sobre aquellos temas que podrían suponer una superación, en términos de autogobierno y de pluralismo, de la lógica autonómica vigente en los últimos años.

Algunos de esos temas tienen que ver sencillamente con el impulso, dentro del marco constitucional, de una auténtica cultura federal. Las limitaciones impuestas por el fallo, por ejemplo, al Consejo de Justicia, y con ello, a las posibilidades de una mayor desconcentración del Poder Judicial, así como al Consejo de Garantías Estatutarias, afectan a cuestiones que resultarían naturales en la mayoría de ordenamientos federales. Y lo mismo ocurre respecto de los límites a la llamada legislación básica del Estado central, que como el propio TC ha reconocido, ha sido un instrumento frecuente de vaciamiento de competencias autonómicas.

Es verdad que mucho de lo que el Estatut pretendía hacer en estos ámbitos podría impulsarse a través de la propia legislación estatal. Con todo, la experiencia de los últimos treinta años (y la de los últimos siglos, si nos remontamos a las amargas consideraciones de Valentí Almirall o del propio Pi i Margall en torno a las posibilidades de una federalización “desde arriba”) justifica un elevado grado de escepticismo respecto de estas vías.

Este escepticismo crece, en rigor, cuando lo que está en juego no es sólo la cultura federal sino el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado. También aquí las preocupaciones del TC parecen consistir en mantener a raya algunas exigencias que, en el caso de Catalunya, pero también de Euskadi o Galiza, se remontan como mínimo a los tiempos de la transición: el estatuto de las lenguas propias y cooficiales como lenguas vehiculares, cierta bilateralidad en la relación con el Estado, un régimen de financiación razonable y la admisión, en general, de los símbolos y de la identidad nacionales.

De todos estos aspectos en los que el TC interviene en términos restrictivos desde la perspectiva del autogobierno, la cuestión “nacional” es quizás una de las que más debates ha concitado. Naturalmente, resulta legítimo discutir el sentido de la afirmación de Catalunya como nación, democráticamente inscrita en el Preámbulo del Estatut. No obstante, las extensas disquisiciones del TC acerca de dicha categoría y de sus límites, con constantes y obsesivas apelaciones a la unidad e indisolubilidad de la nación española, sólo reflejan un nacionalismo de Estado que, a más de treinta años de la muerte del dictador, debería estar desterrado de la cultura política y jurídica. Si lo que se pretende, con estas disquisiciones, es impedir cualquier posibilidad futura de ejercicio del derecho a decidir por parte de quienes viven en Catalunya, el empeño será seguramente vano. Como ya apuntó en su momento el Tribunal Supremo de Canadá, cualquier gobierno -democrático, claro está- quedaría obligado, más allá de lo que estipule la Constitución, a negociar en caso de que una mayoría clara, articulada en torno a una pregunta clara, propusiera una reformulación de la organización territorial del poder (incluso si dicha reformulación condujera a la secesión o a la creación, desde abajo, de un nuevo modelo federal o confederal).

Al menos por lo que se conoce hasta ahora, la sensibilidad federalizante y pluralista del TC ha sido mínima, la justa como para contentar a unos partidos mayoritarios que, en el fondo, querían quitarse de encima un asunto percibido como un “problema”. Poco ha pesado la vía especial de acceso a la autonomía que la propia Constitución reconoció en su momento a Catalunya, precisamente en razón de su singularidad histórica y de su específica voluntad de autogobierno. O el hecho de que el Estatut haya sido aprobado con amplias mayorías en el Parlament de Catalunya y en las Cortes Generales -donde fue debidamente recortado con el objetivo declarado de “ajustarlo a la Constitución”-, además de en referéndum.

Más que con la presunción de constitucionalidad -que debería ser especialmente fuerte en aquellas normas con mayor legitimidad procedimental- el TC ha preferido operar –queda por constatar hasta qué punto- con la lógica de la inconstitucionalidad preventiva, una lógica de la sospecha y de la desconfianza similar a la ya utilizada para juzgar en su momento la ley de consultas vascas e incluso el Estatuto valenciano de 2007.

En un contexto de crisis que parece haberlo reducido a la más absoluta impotencia, se entiende que el gobierno Zapatero pretenda leer la decisión del TC como un triunfo de las propias tesis y como un “objetivo cumplido”. Sin embargo, una lectura democrática, pluralista, pero también más realista de la cuestión territorial, no admite semejante auto-complacencia.

Que Manuel Fraga haya reaccionado a la sentencia con un: “Este Estatuto no vale. ¡¡ Viva España !!”, o que José María Aznar haya entendido que el tribunal ha establecido los límites más allá de los cuales “no hay Estado”, no supone necesariamente que sea el centralismo más cerril el que se haya impuesto a lo largo de este proceso. Pero sí deja en evidencia, tras cuatro años de recortes, demoras e instrumentalización partidista, los límites de las lecturas abiertas y federalizantes que la Constitución española supuestamente admitía. Cerrada esa vía, y con el tribunal constitucional deslegitimado como “árbitro” en la materia, el escenario para la desafección y el mutuo recelo está servido. Y dicho escenario, combinado con el de la crisis económica, puede ser un cóctel explosivo de imprevisibles consecuencias. 

Gerardo Pisarello, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.