Patricia Manrique, Diagonal redacción Cantabria, 30.11.2009, nº 114

En ningún país europeo existe Tribunal de excepción semejante a la Audiencia Nacional (AN). En otros países que han vivido fenómenos de terrorismo o bandas organizadas se excluye al Jurado, pero se atribuye la competencia a juzgados ordinarios, sin necesidad de crear tribunales centrales. En España, bajo la ‘excusa’ de perseguir el terrorismo, la AN ha ido acumulando, bajo el signo de la excepción, competencias muy discutidas en el mundo judicial.

Heredera del Franquismo
La AN se crea mediante Real Decreto-Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día que se suprimía el Tribunal de Orden público (TOP) de la Dictadura, del que resultaba heredera en materia de represión política. Este carácter inusitado en un órgano judicial le ha valido abundantes críticas jurídicas. Según señala el abogado Juan Manuel Olarieta: “En la legislación española, sea la franquista o la postconstitucional, no se pueden crear órganos judiciales por Decreto-Ley, de modo que el nuevo tribunal nacía viciado de ilegalidad.”
El antecedente inmediato de la AN fue el Tribunal Central de lo Penal (TCP), un órgano judicial previsto en la Ley de Bases de la Justicia de 1974, que trataba de instaurar un modelo de justicia más adecuado al estado franquista, aunque el mismo estuviera ya en decadencia. Dicho TCP se llamaba justamente, en uno de los anteproyectos, “Audiencia Nacional”.

El objetivo de la UCD era, dado que los tribunales militarse se inhibían sistemáticamente de juzgar delitos políticos, crear un órgano heredero del TOP en materia de represión política: no se podía perpetuar dicho TOP por las duras críticas que suscitaba, ni se derivaban estas cuestiones a tribunales ordinarios porque eso hubiera sido verdaderamente innovador. La Ley de Bases no salió adelante por las críticas y el ‘cambio’ político pero la Audiencia nacional sobrevivió. En palabras de Juan Manuel Olarieta: “De la oposición se pasó al consenso y de ese consenso político formaba parte la aceptación de la Audiencia nacional, por más que con ello se arrastraran todas las deficiencias de un fuero centralizado que no tenía precedentes”.

La Ley Orgánica del poder judicial lo consagró en 1985 y el Tribunal Constitucional (TC) sancionó ese consenso político en 1987.

Tribunal Excepcional
De entre los motivos por los que se denuncia el carácter excepcional de la AN cabe destacar cuatro: que incumple el derecho al juez ordinario; que se determinan sin ningún criterio sus competencias; que favorece y acepta fórmulas inquisitivas de instrucción como la incomunicación y la tortura; y, por último, que presenta dependencias políticas o, a la inversa, limita el ejercicio del poder ejecutivo por la concentración de poder.

Respecto a la primera cuestión, el derecho al juez ordinario –que incluye el derecho al juez natural- es una pieza clave en el derecho al “debido proceso”, que garantiza una buena defensa y un buen ejercicio judicial. El artículo 24.2 de la Constitución lo consagra. Implica que el juez competente para juzgar cualquier delito sea el del lugar donde ese delito se ha cometido porque se dispone de mejores medios para la instrucción (testigos, datos de la sociedad en que se produce…) y porque “tiende a garantizar la independencia y la imparcialidad dispersando las competencias entre diversos órganos jurisdiccionales, evitando la concentración de funciones y poder” según señala Jose María Asencio, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante.

El derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, lo que la doctrina denomina “Tribunales de excepción”. Y este sería justamente el caso de la AN. Para el jurista catalán Jaume Assens: “Este hecho no tiene un sentido jurídico sino político. Rompiendo el principio del juez ordinario con un tribunal especial se consigue que la ‘Razón de Estado’ pueda tener mayor incidencia en la orientación e impulso de las investigaciones y juicios que se desarrollan en la Audiencia”.
La AN está situada en Madrid –en las mismas instalaciones que estaba el TOP y rentabilizando a algunos de sus funcionarios-, lo cual la hace más susceptible de presiones, amén de la dificultad que entraña para aquellos que se ven obligados a desplazarse a ella desde lugares alejados. Ante dicha violación del principio de juez ordinario, algunos juristas abogan por su supresión. Otros, que creen que hay argumentos políticos y jurídicos suficientes para apoyar esta excepción en el caso de delitos de terrorismo, en los que la proximidad de acusados y juzgador lo recomienda, proponen soluciones intermedias como que la AN no tenga todas las competencias de las distintas fases del proceso: suprimidos sus Juzgados de Instrucción –donde están los “jueces estrella”- ésta sería acometida por tribunales ordinarios de Madrid.

Un centralismo injustificado
En cuanto a la “discrecionalidad” con la que se atribuyen sus competencias, el propio TS reconocía en 1989 que carecen de “un haz unificador inequívoco”. En ella se tratan delitos muy diversos, desde la corrupción a las mafias, pasando por delitos, por ejemplo, contra la Corona. Por otro lado, cada vez pretenden atribuirse más competencias, lo cual denota un interés en centralizar decisiones judiciales.
El reciente nombramiento, por ejemplo, de Daniel Campos Navas como fiscal especializado en “bandas armadas”, supuestamente “en su gran mayoría” de orientación nazi, ha despertado sospechas. Para Jaume Assens: ”Hay un grave peligro, por el efecto expansivo de las legislaciones de excepción, de que se acabe aplicando a fenómenos como el anarquismo”, pues se pretende aplicar el discutido artículo 577 relativo a terrorismo urbano o de “baja intensidad”, creado para la kale borroka. Otra cosa es la creación de fiscalías especiales en tribunales ordinarios, como la que ya opera con éxito en Catalunya, o la que se pretende poner en funcionamiento en 2010 en Madrid.
En lo relativo a las fórmulas inquisitivas de instrucción que favorece y acepta la AN, han sido muchas las denuncias de diversos organismos de Derechos Humanos, y que el relator de la ONU, Martin Scheinin, ha refrendado recientemente.

Un Tribunal Político
En una reciente conferencia organizada por Eskubideak, sección vasca de la Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED), en la que participaron un centenar de abogados de Europa y América, se señalaba la AN como “paradigma de la politización de la Justicia y de la judicialización de la política”. Se concluyó asimismo que “su acción, que se puede calificar de creadora de derecho, genera la expansión de tipos penales”.

Un caso paradigmático lo constituye la labor directiva de la AN en la lucha contra el terrorismo, bajo la tesis de Garzón “todo es ETA”, que ha llegado hasta el TS. Sentencias como la de Jarrai-Haika-Segui, que las condenaba como “asociación ilícita”, en aplicación del controvertido artículo 577, fueron luego aumentadas en carga penal en la lectura del TS, que condenaba a estas mismas por “terrorismo”. Igualmente ha ocurrido con el sumario 18/98 en el que, de nuevo, se ha subsumido una práctica política bajo el epígrafe de “terrorismo”. El relator de la ONU, Martin Scheinin, ha advertido contra “definiciones vagas y amplias que acaban socavando el firme mensaje moral inherente en las definiciones estrictas”.

Respecto al “todo es ETA”, el abogado y miembro de la AED Julen Arzuaga señala: “Lo que fue la teoría de Garzón -no sin obstáculos- se convirtió en la teoría de la AN, para ser, a la postre, la teoría del Estado”. Por su parte, Endika Zulueta, abogado en la causa Jarrai, insiste en que “se utiliza la parte más dura del Código Penal no para juzgar ciudadanos, sino para combatir enemigos. Esta lucha debería trasladarse al ámbito estrictamente político y sacarse fuera de los muros de la AN”.

Jueces estrella
La AN produce “jueces políticos”, en expresión del magistrado del TC Gimeno Sendra: jueces “inquisidores” que, con suma incidencia en la vida pública, se mueven por criterios no estrictamente jurídicos. Son los habitualmente denominados “jueces estrella”, como Baltasar Garzón, que marcan la vida política y la agenda de los medios de comunicación. Para Jaume Assens, “hay una hipertrofia de una acción judicial cargada de valores políticos y la AN se convierte en actor político de primer orden. Figuras como Garzón son propias del populismo justiciero como nueva modalidad inquisitiva de la concepción de la justicia”.

José María Izquierdo, El País, 29.8.2010

Es tan excesivo que siempre que te asomas a cualquiera de sus textos temes que te enfanguen sapos viscosos, hígados putrefactos y litros de sangre oscura, espesa y maloliente. Algunos son desechos históricos. Esto, por ejemplo, lo escribía Moa hace apenas mes y medio: “Hoy es 18 de julio, aniversario del levantamiento legítimo contra un gobierno-régimen ilegítimo, según creo haber demostrado. De aquel levantamiento procede la época de paz más prolongada que haya vivido España desde tiempos lejanos, también de mayor prosperidad, de abandono de viejos odios y, en fin, la democracia…”. Así que ante tanta excelencia, Moa ha elegido bando: “No pienso en modo alguno enrolarme en el amplio coro de antifranquistas que une en un haz, en un fascio, a Josu Ternera, a Otegui, a Carod, a Ibarreche, a Maragall, a Zapo, al portavoz de la corrupción y el terrorismo gubernamental Rubalcaba, a De Juana Chaos, o al héroe de Paracuellos”. Y es que los rojos son, además, mentirosos: “Una de las más indignantes falsedades de los enemigos de la justicia y la democracia encubiertos hoy como antifranquistas es precisamente su invocación a ‘la dignidad de las víctimas del franquismo’. Pero ¿quiénes fueron esas víctimas? Entre los fusilados y damnificados por el franquismo hubo un número muy elevado de chekistas y autores de crímenes realmente sádicos, sicarios abandonados por sus jefes huidos al extranjero con inmensos tesoros robados al pueblo español”.

Bien. Sentado su parecer histórico, vayamos, por ejemplo, a sus opiniones-gallinejas sobre los políticos actuales en su conjunto, que luego iremos al menudeo. ¿Les basta como ejemplo su reacción al documento firmado por todos los diputados tras la muerte del cubano Orlando Zapata? Fue ésta: “¿Cómo va a condenar al castrismo un Charlamento envilecido, formado mayoritariamente por delincuentes pro terroristas y pro chekistas, miembros de partidos corruptos hasta la médula y encubridores del 11-m, la chusma de las Cortes, esas gentes de la trola, el choriceo y el puterío?”.

Aunque las entrañas que más le gustan son las de Zapatero. Julio de 2004: “Zapatero ha obtenido el gobierno mediante las elecciones más sucias y marrulleras de la historia de la democracia española, rompiendo las exigencias del juego democrático o utilizando a su favor a quienes las rompían, y en alianza con fuerzas siniestras que le exigirán el pago”. Y el paso del tiempo solo ha servido para reafirmarle: “Desde 2004 tenemos un gobierno mafioso, esto es, ilegal e inmoral, conculcador de la Constitución, aliado del terrorismo, de los separatismos, de totalitarismos como el cubano o tiranías amenazantes como la marroquí, socavador de la independencia judicial, de la familia, fomentador de todas las formas de corrupción y que se siente heredero de un Frente Popular a su vez ‘rojo’ y causante de la guerra civil”.

Pero quizá lo peor de Zapatero sea su abyecta servidumbre con ETA. “Los servicios de los socialistas a la ETA han sido inverosímiles (…): ha legalizado sus aparatos políticos, les ha inyectado gran cantidad de dinero público, ha dado a los terroristas proyección internacional, más dinero con motivo de la ‘ley de memoria histórica’, les ha facilitado una buena imagen mientras trataba de hacer añicos la de las víctimas del terrorismo, de silenciarlas y dividirlas. Ha justificado y premiado, en fin, el asesinato como método de hacer política”. Porque en definitiva, ¿acaso hay alguna diferencia entre socialistas y etarras? Dos gotas de agua, explica Moa: “Son muchos y muy importantes los lazos entre el gobierno actual y los pistoleros: unos y otros se proclaman ‘rojos’ y socialistas: son profundamente ‘antifranquistas’ (…) denuncian las “injusticias del capitalismo” en el mundo; simpatizan con ‘los pueblos oprimidos’ y las ‘civilizaciones’, como llaman a las cleptocracias tercermundistas; son feministas y amantes del ‘progreso’; tienen en poco a España, su unidad y carácter nacional, por no decir que los desprecian… Hay, realmente, muchas y sólidas coincidencias ideológicas entre Zapo y De Juana Chaos, entre la vice y Ternera, que permiten un amplio abanico de negocios y diálogos”.
¿Hemos escrito feministas? Más para la casquería: “Leo que, al grito de ‘nosotras parimos, nosotras decidimos’, un grupo de feministas agredió a un anciano en Madrid, y otro grupo se desnudó en Barcelona durante y contra las manifestaciones antiabortistas. Con seguridad, esas marimachos y arpías no paren (y hacen bien, por lo que atañe a su posible prole)”. O bien esta otra mollejita: “Si alguien creyera aún en la inferioridad de la mujer, podría encontrar un sólido argumento en las tiorrejas del gobierno y la mayoría de las diputadas. ¡Qué elementas! Y con toda desvergüenza, dicen representar a ‘la mujer’. Afortunadamente no es así, pero debe reconocerse que contaminan mucho”.

También le gusta exponer en el puesto del mercado, colgados de los ganchos, algunos escritos sobre homosexualidad: “Por supuesto, no odio a los homosexuales. Tengo amigos o conocidos que lo son y no se me ocurre juzgarlos a partir de su desgracia -pues sin duda lo es- (…) Parece bastante claro que la homosexualidad es una tara, es decir, una desviación de la sexualidad normal, demasiado evidente para precisar muchas explicaciones”. Que quede claro que “nadie en su sano juicio ‘opta’ por la homosexualidad, como no opta por la cojera, o por la miopía o por una inteligencia escasa”.

No quiero dejarles una imagen amarga de este último jinete, y por tanto de la serie, así que les regalo una propuesta suya de chiste, a raíz de aquella famosa portada de El Jueves con los Príncipes: “¿Por qué no una caricatura de Zapo y su señora en la misma posición, más Zerolo dando al primero por detrás (motivo de orgullo para ambos)?”.

Por dejarles con una gracia.
(Los jinetes del Apocalipsis: …).

Luis Pío Moa Rodríguez
nació en Vigo en 1948. Se ha especializado en temas históricos, preferentemente de la II República, la Guerra Civil y el franquismo. Ha escrito numerosos libros, algunos de gran éxito. El último es una Nueva Historia de España, en la editorial de El Mundo. Tiene su propio blog, escribe en Libertad Digital y en Época. En las postrimerías del franquismo militó en el PCE, en el PCEr y actuó con los GRAPO. Luego cambió. Exuberante en el lenguaje, su prosa se reseca para relatar su participación en el asesinato de un policía en 1975: “Yo llevaba un jersey muy grande y ancho, y, oculto en la manga, un martillo de soldador (…) Cerdán llevaba una pistola pequeña, que casi parecía de juguete (…) se puso frente al policía, y yo del lado donde éste tenía el arma. En caso de que la pistola de Cerdán fallase y él quisiera sacar la suya, pensaba destrozarle la mano de un martillazo”.
(Ver http://www.elmundo.es/cronica/2004/431/1074518894.html)

Navarra sufre un grave trastorno más propio de la Edad Media que del siglo XXI. El Opus Dei, prelatura de la iglesia católica, mantiene su imperio en la comunidad foral, con la generosa aportación de los contribuyentes, a pesar de lo cavernario de sus planteamientos ideológicos y de que su nacimiento e implantación están estrechamente vinculados con el franquismo.

Durante 2008-2009, 13197 alumnos (el 40% vascos) cursaron estudios en la universidad del Opus Dei y en su clínica trabajaron 499 médicos y 768 enfermeras. También le pertenecen el PIUNA (Plan de Investigación de la UN), el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, en busca de un premio Nobel que justifique las decenas de millones invertidos en el proyecto y el ICT (Instituto Científico y Tecnológico). Cuenta además en sus bibliotecas con un fondo bibliográfico de más de un millón de volúmenes y su editorial, EUNSA, publica casi un centenar de títulos nuevos al año.

La obra del santo y marqués Escrivá es la historia de la filia y obediencia franquistas, de un brillante proyecto que sabe succionar las ubres de las arcas públicas y del tirón populista de San Josemaría, quien dejara clara su santificada modestia el 25 de octubre de 1960 en Iruñea: “Señor alcalde: al recibir de vuestras manos el honroso título de hijo adoptivo de esta noble ciudad de Pamplona, no voy a caer en la falsa humildad de decir que no merezco tan alta distinción. Si lo hiciera, faltaría a la verdad y causaría agravio a vuestra justicia”. La inauguración de la universidad se convirtió en una cumbre del nacionalcatolicismo español con la presencia de numerosos cardenales, capitanes generales, ministros y gobernadores. Preguntado Escrivá ¿por qué en Navarra? contestaba: “Ésas son cosas de Dios, que tiene un gran amor a Navarra”. Y la diputación navarra y el ayuntamiento pamplonés correspondieron con desprendimiento a ese amor divino.

INMUDENSA, CIUNSA E INUNSA se convirtieron en las empresas clave del imperio poniendo así en evidencia que ni tan siquiera es una universidad de la iglesia católica sino un megaproyecto privado de la Obra. La diputación puso a su disposición el edificio de la Cámara de Comptos y el Museo de Navarra para la incipiente facultad de derecho y construyó gratis la de medicina. El ayuntamiento cedió 300 mil metros cuadrados y abrió el expediente de expropiación de otros 900 mil, mientras la banca pública les concedía créditos inmejorables. Aún así, gracias a la lucha de concejales como M.A. Muez, J. Martínez Alegría y J. Velasco, y a pesar de que les intentaron sobornar con pisos, coches y dinero, se construyó el Instituto Politécnico de Pamplona, cuyo solar pretendía la Obra para su nueva facultad de arquitectura. Con ellos había dado un vuelco la relación de fuerzas del ayuntamiento y el Opus perdió el control absoluto del que disfrutaba.

Ante la férrea oposición de los nuevos ediles tuvo que ser el Consejo de Ministros, capitaneado por Carrero Blanco, quien aprobara la expropiación forzosa de los golosos terrenos municipales en favor de la universidad, lo que obligó al ayuntamiento a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios para, inmediatamente, entregárselos al Opus. Esta carísima parcialidad hacia la Obra llegó a provocar la airada protesta del procurador Fernando Suárez que denunció en las Cortes franquistas (1967) el favoritismo con esta universidad.

En 1968 el 70% de lo presupuestado para investigación en los centros universitarios del estado iba a parar a la del Opus. En 1980 se calculaba que el dinero que aportaba la diputación a la universidad era de 100 mil pesetas de media por alumno navarro al año, beca casi del techo de Oxford.

El Opus dice financiarse con las dádivas de los fieles, lo aportado por sus empresas, sobre todo en el sector de la edición de libros y medios de comunicación, arrendamientos (todo un imperio inmobiliario en Iruñea gracias a la universidad y a la clínica) herencias, sus millonarias inversiones (como la agencia de fondos de inversión Sextante Partners AV, participada por la Fundación Universitaria de Navarra) y las subvenciones públicas que supondrán cerca del 40% de los 98,5 millones de euros presupuestados para el cuatrienio 2009-2013. Las arcas públicas siguen financiando un emporio creado para preparar los cuadros de mando de una sociedad conservadora y expandir la doctrina del fundamentalismo católico.

Para el Opus “el pecado original lo explica todo maravillosamente”, en la misma línea de los neocon estadounidenses que cuestionan el evolucionismo (en 2010 César Martínez, director creativo de G. Bush, McCain y Sarah Palin, impartió un máster en comunicación política en la UN) lo que convierte a la pobre enseñanza impartida en su universidad en sectaria, sexista y decimonónica. Influir en la sociedad del modo más discreto posible ha sido su máxima; asumió con clarividencia que la economía es ideología concentrada y fue fiel al consejo del Caudillo: “Haced como yo, no os metáis en política”, lo que a algunos fieles de la Obra no les ha impedido cometer el pecadillo de mantener una doble militancia en UPN, PP o PNV.

El Opus nació en Italia con Mussolini y en el estado español con Franco, de quien San Josemaría se convirtió en director espiritual. Destacados numerarios y supernumerarios de la Obra fueron máximos responsables del aparato franquista durante sus últimos 15 largos años (Carrero, López Rodó, López Bravo, el profesor de Juan Carlos Borbón, A. Fontán) durante los que se reprimió, torturó y fusiló sin denuedo. También se preocuparon de diseñar una transición basada en la conocida cita de Francisco Franco: “lo dejo todo atado y bien atado”.

La constitución de la II República establecía la separación entre Iglesia y Estado, suprimía el presupuesto para el clero e implantaba la educación laica que Franco desbarató devolviendo a la Iglesia la responsabilidad en la enseñanza de las nuevas generaciones. En cualquier sociedad verdaderamente democrática se pedirían cuentas por el bagaje histórico de la Obra y, por supuesto, se dejaría de financiar a una institución tan sumamente impresentable.

Patxi Zamora es periodista.

Un poco de luz en un proceso lleno de sombras. El pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) aprobó hoy por unanimidad de PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, PP e IU declarar los 50.000 metros cuadrados del antiguo campo de concentración de Los Merinales “suelo reservado para la creación de un centro de interpretación de la utilización de la mano de obra esclava durante el franquismo”.

La resolución, impulsada por IU, supone el desbloqueo tras más de dos años del proyecto de un memorial que testimonie el horror del campo, actualmente en estado de completo abandono. El proyecto ha salido al fin de la UVI. Los suelos, calificados como industriales, son golosos desde el punto de vista urbanístico. Su reserva para el memoria aleja el riesgo de que sean urbanizados, como ha ocurrido con los de otros muchos campos, donde no queda huella alguna de lo que fueron.

Unos 10.000 presos del franquismo, concentrados en Los Merinales, participaron en la construcción, entre 1940 y 1962, del canal del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos, una obra de 150 kilómetros de longitud para poner en regadíos miles de hectáreas en Sevilla.

Manto de silencio
PSOE, PP, IU, la Diputación de Sevilla, varios ayuntamientos, sindicatos, una caja de ahorros y así hasta 22 entidades firmaron en 2008 un protocolo para constituir la Fundación Los Merinales, que pretendía tirar del manto de silencio que durante décadas ha cubierto la memoria de los presos del canal. Pero la crisis económica y la falta de iniciativa de los actores de la fundación sumió después al proyecto del memorial en el olvido.

La moción insta a la fundación a que como muy tarde el 31 de octubre de 2010 se firmen sus estatutos y se haga la aportación de capital inicial por parte de las entidades.

Las aspiración más ambiciosa del movimiento memorialista es la declaración de la zona Bien de Interés Cultural, una categoría que Extremadura ya dio al campo de Castuera (Badajoz). Cecilio Gordillo, coordinador de memoria histórica de CGT, afirmó que la petición ya ha sido trasladada a la Consejería de Cultura.

El enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo de España (que en su seno tiene miembros que simpatizan con el golpe militar de 1936), en respuesta a la denuncia realizada por el partido fascista (La Falange) en protesta por el intento de tal juez de llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos realizados por la dictadura, muestra claramente varios hechos que no han sido suficientemente comentados en los medios de información y persuasión que gozan de mayor difusión del país. Uno es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato del estado dictatorial continúan teniendo una gran influencia sobre el Estado español.

El segundo hecho que tal caso ha mostrado es que el espectro político español está profundamente sesgado a la derecha, mucho más que en la mayoría de países de la UE-15. Las derechas españolas corresponden, en el espectro político europeo, a la ultraderecha. En la Unión Europea, los partidos ultraderechistas han sido los únicos que han apoyado el enjuiciamiento de Garzón, tal como han hecho en España los dirigentes del PP. La gran mayoría de la derecha europea ha denunciado y condenado tal enjuiciamiento y los grandes rotativos conservadores y liberales europeos han denunciado esta bochornosa situación, mostrando con ello que el PP –que apoyó tal enjuiciamiento– es un partido de la ultraderecha europea de raíces franquistas, lo cual también explica su resistencia a condenar aquella dictadura por su nombre. Lo máximo que ha hecho el PP ha sido condenar genéricamente todas las dictaduras totalitarias (en las Cortes Generales, el 20-11-02), sin referirse concretamente a la dictadura franquista por su nombre (ver mi artículo “El PP, ¿un partido franquista?” en www.vnavarro.org).

El tercer hecho que el caso Garzón ha evidenciado es la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos y/o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura y el impacto sumamente negativo que tal dictadura supuso para el desarrollo económico, político, social y cultural español. Esta resistencia de los vencedores y sus descendientes aparece en su persistente referencia a la equidistancia en las atrocidades realizadas por lo que llaman “los dos bandos” de la Guerra Civil.

Este argumento, ampliamente reproducido por los vencedores y sus descendientes (que dominan la vida política, mediática y cultural española, sean del color político que sean), pone en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. La forma extrema de esta equidistancia aparece en los escritos de Juan José López Burniol y de Gregorio Marañón, que indican que los vencedores tenían tanta razón moral y política como los vencidos, pues ellos (los vencedores) eran buenas personas y también lucharon por sus ideales. Según este relativismo moral y político, no se podría condenar ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini, pues todos ellos en su vida personal eran “buenas personas” (seguían la moral convencional de su tiempo) y creían que lo que hacían era lo mejor para España, Alemania e Italia, respectivamente.

Tal equidistancia es, en realidad, más una justificación que una explicación de lo ocurrido en España, intentando ofuscar las responsabilidades habidas en aquel periodo. Poner a los curas y monjas asesinados por los republicanos en las misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y democráticamente elegido. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que nunca ha estimulado a la Iglesia a hacer una reflexión sobre por qué era tan odiada) y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes –comprensibles, pero no justificables– no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años en que el repetido insulto (se les definió como pertenecientes a una raza y/o cultura inferior) no se podía contestar ni siquiera en la intimidad familiar, pues los padres no osaban hablar de ello con sus hijos con el fin de protegerlos. De ahí que hablar de reconciliación como las bases de la Transición y de la actual democracia es idealizar acríticamente un proceso claramente inmodélico. ¿Cómo quieren que la hija de un alcalde republicano asesinado, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, se reconcilie con un juez del Tribunal Supremo que apoya el golpe militar o con José Juan Toharia, que escribió en El País, nada menos que el 18 de julio (74 aniversario del día del golpe fascista), que los dos bandos eran “fundamentalistas fanáticos”, insultando a todos los que defendieron la democracia?

Por cierto, no se ha hecho todavía la novela o película antifascista perfecta, pues estas tendrían que mostrar que los fascistas eran muy buenas personas (iban a la iglesia, no robaban, les gustaba la música clásica y amaban a sus familias) que, cuando creían que iban a perder sus privilegios, apoyaban a otras que asesinaban, robaban, torturaban y hacían enormes barbaridades para continuar manteniendo sus privilegios. Y ellos, “las buenas personas”, lo sabían. De ahí la enorme necesidad de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

El juicio que en el futuro se haga a la democracia española deberá tener en cuenta su incapacidad para erradicar de la esfera pública todos los restos del franquismo. Más de 30 años después, las tibias políticas de memoria histórica del Estado español no sólo no han logrado devolver la dignidad a las víctimas, sino que tampoco han instaurado en la ciudadanía una cultura jurídica y política plenamente democrática. Este déficit contribuye a que en nuestras instituciones subsistan hoy esos “focos de supervivencia” del franquismo de los que advierte Carlos Jiménez Villarejo.

Son las sombras del franquismo, que se proyectan sobre la esfera pública y afectan a sus integrantes.
Uno de estos focos resiste aún en la universidad española. Sabido es que la dictadura franquista provocó “el atroz desmoche” (véase el libro así titulado de Jaume Claret) en los cuerpos docentes universitarios. Las mejores cabezas de la época fueron aniquiladas, depuradas o tuvieron que marchar al exilio. Ello generó un páramo científico e intelectual; un vacío que fue rápidamente ocupado por los partidarios de la dictadura, quienes no dudaron en servirse de la universidad como instrumento para sus fines políticos y personales. La ciencia fue sometida a la ideología fascista, primero, y nacional-católica, después. Y los principios de mérito y capacidad en la selección del profesorado se sustituyeron por la adhesión inquebrantable al régimen dictatorial.
Fueron demasiados los años durante los que se reprodujo y potenció este sistema.

Aunque con el transcurrir de la dictadura la universidad se convirtió en un semillero de la oposición democrática y no pocos de sus miembros pasaron después a desempeñar cargos de gobierno en las propias universidades, no se consiguió terminar con la herencia del franquismo. Quizá fuera un tanto ingenuo pensar que prácticas tan enraizadas iban a desaparecer de un día para otro. Máxime cuando no se produjo una depuración de los integrantes de la eufemísticamente llamada “vieja escuela” quienes, tras la muerte del dictador –y los días de luto oficial–, continuaron dando clase y ejerciendo su poder como si nada hubiera pasado.
Mucho es lo que ha avanzado la universidad española desde entonces, pero largo es el camino que le queda todavía por recorrer para convertirse en un espacio libre de ese autoritarismo que, más descarada que sibilinamente, se deja sentir en sus estructuras organizativas y de gobierno. En su interior a veces pesa más la jerarquía y el temor reverencial a la autoridad que la libre discusión racional de los argumentos en juego. A ello contribuye que las escuelas sigan siendo el elemento básico de reclutamiento y promoción del personal docente e investigador. Por supuesto que nada obsta a que los profesores se agrupen por afinidades temáticas, metodológicas o ideológicas, pero frecuentemente bajo esa fórmula se generan reinos de taifas, presididos por criterios ad hoc de índole más personal que profesional, donde a sus integrantes se les exige lealtad y adhesión a los principios no del Movimiento Nacional, sino de la propia escuela.

Salvo honrosas excepciones, funcionan con pretensión de hegemonía, vetando el acceso a la carrera universitaria a quienes no pertenezcan a ella e instaurando sin rubor la dialéctica del “amigo-enemigo” que los teóricos del franquismo aprendieron de Carl Schmitt.
Y qué decir de la igualdad de género. Las mujeres son mayoría en la universidad, sí, pero esa mayoría no se traslada simétricamente a los núcleos de poder, es decir, a los lugares donde se toman las decisiones que van a conformar la realidad presente y futura. En general, el número de hombres es desproporcionadamente superior al de mujeres en cátedras, cargos y tribunales de oposiciones, por citar los ejemplos más significativos.
Hoy, la universidad española vive bajo los efectos del Plan Bolonia, un proceso que está llamado a converger con el resto de Europa y a elevar el nivel de nuestras enseñanzas. Contadas son las universidades que están desarrollando este proceso de forma transparente, abriendo canales de diálogo con docentes, personal y alumnos que permitan la participación real de la comunidad universitaria en asuntos de su incumbencia.

No es esta la tónica general. La implantación de los nuevos títulos, el diseño de la carrera docente y la regulación de las relaciones laborales en la universidad recuerda sospechosamente a esa forma de gobernar “por decreto” típica de la dictadura.
Lo que sucede con el Plan Bolonia no es más que una manifestación de esa aversión a la política que profesaba el franquismo. En este sentido, de tanto en cuando se escuchan voces autorizadas que reclaman la salida del ámbito universitario de lo político, lo asociativo o lo sindical. Se afirma que la universidad ha de ser el espacio de la excelencia científica y no contaminarse por debates de tintes ideológicos. El de la excelencia funciona como un nuevo credo, un ideal no ideologizado que ha de permanecer al margen de cuestiones terrenales como la política. A sus apologetas cabría recordar las palabras del jurista Hans Kelsen, quien basaba la supremacía moral de la democracia y la libertad en su capacidad de generar mayores avances científicos. Sigamos su criterio: profundicemos en más y mejores prácticas democráticas, ya que sólo así podremos alcanzar la excelencia en nuestros campus.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2094/¿franquismo-en-la-universidad/

En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.

El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.

Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).

Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.

Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).

Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.

Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University

Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.



El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.



Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.



Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?



También merecen un reproche en el mismo sentido los responsables institucionales de diversa procedencia política que están convocando una manifestación para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos políticos que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia. 

La discusión sobre el lema de la marcha resulta tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias?



En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado, más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y produce un miedo más que justificado tanto desafío irracional al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.

Rafael Simancas

En la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, Manuel Azaña y su amigo y abogado Ángel Ossorio mantuvieron una larga y dramática conversación en el Palacio Nacional. Habían llegado a Palacio las noticias de las atrocidades cometidas por milicianos en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid, donde fueron abatidos o fusilados varias decenas de presos, entre otros Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña en el Partido Reformista. Azaña no puede soportar el duelo inmenso por la República, la insondable tristeza que le produce la matanza y siente veleidades de dimisión. Ossorio, que ha sido llamado por Cipriano de Rivas, cuñado del presidente, intenta tranquilizarlo recurriendo a un argumento que irrita a su amigo, pero que acaba por calmar su ansiedad: las muertes de aquellas personas, muchas de ellas encarceladas con el único propósito de garantizar su seguridad, entraban en la “lógica de la historia”.

Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos -y por algunos socialistas- ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.

De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no solo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip; o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo -esa “puñetera verdad” a la que se refiere Javier Cercas- que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia -insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo-, de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.

De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución -que es una conquista violenta de poder político y social- solo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas.

Solo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil -y ya no había a quién- seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.

Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro.

Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras -entonces todavía con artículo y minúsculas- y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro.

Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojada al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia -imperfecta, deficitaria, como todas- sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las armas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida.

Fuente:http://www.elpais.com/articulo/opinion/Duelo/Republica/Espanola/elpepuopi/20100625elpepiopi_11/Tes

PSOE y PP -y sus aliados autonomistas- quieren imponer en la enseñanza un funesto “Plan para la convivencia” basado en la condena social y política de la violencia… la de ETA, que según ellos es la única que existe, ignorando la violencia genocida de la reciente historia de Euskal Herria y del Estado español: la Cruzada de 1936 y la posterior dictadura fascista, cuyas consecuencias aún nos oprimen.

Durante ese largo periodo, el Estado homenajeó a los “Caídos por Dios y por España”, cuyos nombres glorificó y esculpió en fachadas de consistorios y catedrales, a la vez que edificaba en su honor multitud de monumentos, alguno tan desmesurado como el escurialense de Cuelgamuros. A cientos de miles de mujeres y hombres que se enfrentaron a los genocidas: republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas, ateos… y especialmente a los independentistas vascos, el nuevo Estado los ejecutó mediante sentencias “legales” de Consejos de Guerra sumarísimos; a otros les aplicó la “Ley de fugas”, o los “paseó” y enterró en fosas comunes, o los encerró en campos de concentración y de exterminio, o en presidios; o les persiguió hasta el exilio, a veces con ayuda de la Gestapo que ocupaba Iparralde; o les multó o confiscó sus bienes… A las mujeres desafectas, las rapó el pelo y purgó con aceite de ricino… y si parían estando presas, les robaban los hijos que repartían entre jerarcas. En las escuelas, las aulas eran presididas por un crucifijo flanqueado por el genocida Franco y el falangista Primo de Rivera; a alumnos y alumnas les obligaban cantar el “Cara al sol”, asistir a misa y rezar a Dios y a la Virgen por la supervivencia de la “España, Una, Grande y Libre” y por la salud del caudillo. Ocho semanas antes del fallecimiento natural de éste, el Estado asesinó “legalmente” a varios luchadores independentistas y antifascistas. Esto y la “guerra sucia” de AAA, GCR, BVE, GAL, etc., es terrorismo institucional.

Además de lo expuesto, hay que recordar que el Movimiento fascista esclavizó a prisioneros de guerra, y los empleó en la construcción de ferrocarriles, puentes, carreteras, y en la reconstrucción de poblaciones que destruyeron los bombardeos. Miles de estos esclavos fallecieron por la dureza del trabajo, el hambre, el frío, la falta de higiene y las enfermedades. Mientras así padecían los vencidos, los voluntarios del triunfante golpe militar eran agasajados y disfrutaban de privilegios para trabajar, estudiar, acceder a la vivienda, a alimentos, a ayudas sociales, adjudicación de estancos, loterías, taxis… ¡hasta en los transportes públicos, donde los mejores asientos se reservaban para los “Caballeros Mutilados”!

Ahora el Estado español es reinado y gobernado por los herederos políticos, económicos y hasta biológicos de los golpistas del 36, que dicen ser “demócratas de toda la vida”. Por su culpa, los crímenes fascistas permanecen impunes, y, para mayor escarnio, pretenden que su funesto “Plan para la convivencia” los ignore.