Isabel Burdiel
La consolidación de la democracia en España ha sido posible por la retirada del espacio activo de la política de dos instituciones, la Monarquía y el Ejército. Otra institución, la Iglesia católica, se resiste denodadamente a ello. Su negativa a considerar que la religiosidad, en sus diversas expresiones, debe ser un asunto estrictamente privado, sigue siendo militante.
La resistencia eclesiástica a soltar todos aquellos resortes (e ingresos) del Estado que puedan favorecerla siempre ha requerido aliados e instrumentos políticos. Entre ellos, la Monarquía ha ocupado un lugar privilegiado. Las cosas comenzaron a complicarse en toda Europa, y en España, cuando la Monarquía dejó de ser absoluta y pasó a ser constitucional.
Aun entonces, contra viento y marea, la Iglesia siguió considerando que los reyes “eran suyos” y que su obligación -desde una concepción del poder monárquico ligada a lo divino y no a la voluntad nacional- era defenderla contra la secularización del Estado y de la sociedad. La posibilidad de un monarca ajeno a las luchas de partido, incluidas las suscitadas por la llamada “cuestión religiosa”, tiene precisamente ese límite: la cuestión religiosa. Algo que llega hasta hoy con las implicaciones netamente partidistas del rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En ese tema, como en cualquier otro considerado sensible para sus intereses, la lógica de funcionamiento de una Monarquía democrática es contraria a la lógica de la Iglesia.
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