Juan G, Bedoya, El País, 21.11.2011

Los obispos españoles iniciaron esta mañana su asamblea general de otoño ofreciendo a Mariano Rajoy una “humilde colaboración” y apoyo espiritual. Lo hizo el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), al final de un discurso dedicado muy especialmente a regodearse una vez más en los éxitos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el pasado mes de agosto. “Con nuestra asamblea plenaria ha coincidido el comienzo de un nuevo período político, después de las elecciones de ayer. Desde nuestro ministerio de pastores del Pueblo de Dios, deseamos a quienes han sido elegidos para gobernar, en tiempos tan difíciles, acierto, serenidad y espíritu de servicio en su noble y decisiva tarea. Como siempre hace la Iglesia con los gobernantes, les ofrecemos el apoyo espiritual de nuestras oraciones y las de todos los católicos”, dijo el líder eclesiástico.

Una hora más tarde, la oficina de comunicación de la CEE publicó sendas cartas de felicitación al líder del PP y futuro presidente de Gobierno “por los resultados obtenidos en las elecciones”, firmadas por el cardenal Rouco y por el secretario general y portavoz de organismo episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. “Le aseguramos nuestra oración para que el Señor le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que le encomienda el pueblo español, al servicio de la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos”, le dice el cardenal.

La asamblea episcopal estudiará esta semana un plan pastoral juvenil, el principal motivo de preocupación de la jerarquía sobre el futuro de su confesión en España. Pese a que la JMJ y la presencia de Benedicto XVI en Madrid le han parecido a Rouco “una estupenda manifestación de fe para España y, ante todo, para el mundo» (la frase es del Papa), los obispos siguen aferrados a una visión muy sombría del estado moral de la sociedad española y de su juventud. Pero también están preocupados por la crisis y sus causas. Según Rouco, “se trata, en síntesis, y en el fondo, de la pérdida de valores morales, que va de la mano del relativismo y del olvido de Dios y de su santa ley, cuyas consecuencias son la corrupción política y económica, la codicia, la búsqueda del propio interés a toda costa, el menosprecio de la vida humana mediante políticas y conductas abortistas y antinatalistas, la desprotección y la disolución institucional del matrimonio y de la familia, la instrumentalización y el deterioro de la educación”.

Según el líder del catolicismo español, son los jóvenes “los más afectados por ese trasfondo de relativismo moral, de escepticismo espiritual y religioso y de concepción egocéntrica e individualista del ser humano y de la vida, que tanto daño les causa a ellos mismos y al conjunto de la sociedad”.

Rouco asume que son los jóvenes los protagonistas “de su propio presente y futuro”, pero advierte de que es necesario que se les ofrezcan los medios adecuados, empezando por una “educación integral, que no se reduzca a una pobre y a veces inmoral transmisión de conocimientos, sino que les capacite para el desarrollo de todas sus posibilidades humanas”.

Los obispos también estudian esta semana una “pastoral del matrimonio y de la familia” que ofrecer a los jóvenes. Afirma Rouco: “Entre los escenarios más importantes de la nueva evangelización tiene especial relevancia la realidad de una cultura matrimonial y familiar gravemente herida por el individualismo hedonista y el positivismo jurídico, a los que ha conducido el alejamiento de Dios y de la verdadera humanidad”.

El arzobispo Renzo Fratini, nuncio del Papa en Madrid, se refirió a este tema en su breve discurso de salutación a los obispos. El plan pastoral juvenil impulsa la llamada “nueva evangelización”, cuyo punto crucial debe dirigirse a resolver lo que el Papa ha llamado “emergencia educativa”, les dijo.

Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2011/11/21/actualidad/1321891376_412542.html

Pablo Linde, El País, 29.10.2011

El Opus Dei ha conseguido que algunos de sus documentos internos que habían salido a la luz desaparezcan de la Red. La titular del juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid ha obligado a la página web Opuslibros.org a que retire escritos de Josemaría Escrivá de Balaguer que no habían sido publicados, así como archivos que mostraban las instrucciones para los miembros de la Obra y su funcionamiento.

La medida, tomada tras un requerimiento de la prelatura del Opus Dei y de la sociedad Scriptor -dueña de los derechos de algunas obras de Escrivá-, es cautelar. Está recogida en un auto del 11 de octubre que considera que la web puede estar vulnerando derechos de propiedad intelectual al difundir los archivos. Se basa en el derecho a “todo autor para decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma” y considera que, según los demandantes, se ha “sustituido la voluntad de los legítimos titulares”. El tratamiento del dictamen judicial es de orden puramente mercantil y en ningún momento se planea el derecho a la información de la web.

Opuslibros.org es un sitio creado por antiguos miembros de la Obra que pretende hacer ver al mundo cuál es el funcionamiento interno de este movimiento religioso. Su fundadora, la periodista y exnumeraria Agustina López de Mozos, afirma que estos “documentos internos y secretos, que hasta ahora no habían salido a la luz, dan la razón” a quienes sostienen “que lo que se hace y se vive dentro de la Obra es denunciable ante la sociedad y ante la Iglesia”. “Antes no había pruebas, solo el testimonio de quienes hemos pasado por la institución, y se nos tachaba de rebotados, mentirosos y apóstatas. Al desaparecer esos documentos de Opuslibros.org, el Opus se vuelve a salir con la suya y enmudece a quienes, en defensa de sus legítimos derechos, intentan luchar para que lo que hemos vivido no vuelva a repetirse en otros adolescentes captados con estrategias típicas de las sectas. La Iglesia, el Vaticano, tiene conocimiento de nuestras denuncias y no puede seguir mirando hacia otro lado. Somos tan hijos de Dios como
los demás cristianos”, defiende la creadora de Opuslibros.org.

Las razones del auto son de propiedad intelectual, pero este no es el verdadero motivo, en opinión de López de Mozos: “Es una pelea contra la censura, el secretismo y la falta de libertad de expresión. La Constitución Española prohíbe las asociaciones secretas y tan públicos han de ser sus estatutos como los reglamentos que de ellos se derivan. Son ellos quienes incumplen la ley, no yo”.

El Opus Dei defiende que el asunto no tiene nada que ver con la censura. Un portavoz desmintió que se trate de documentos secretos. Los llama “privados”. Minutos después de calificarlos así en conversación telefónica, invitó a este periódico a que los consulte en la sede de la prelatura en Madrid. El portavoz restó importancia al procedimiento e hizo hincapié en que la decisión judicial no es definitiva. “En esa web hay muchísimas cosas. No va para nada contra ellos, sino más que nada por mantener los derechos de propiedad intelectual. Los textos de san Josemaría y sus sucesores están protegidos. Tiene sus derechos tanto la prelatura como la sociedad Scriptor y no queremos que se usen fuera de contexto. No hay intención contra la libertad de expresión. Son documentos propios y se ha pedido por escrito que los retiraran porque no era un sitio para tenerlos expuestos”, añade.

La juez ha estimado esta reclamación y, aunque como regla general la adopción de una medida cautelar requiera la audiencia de la parte demandada, en esta ocasión no se han escuchado los argumentos de López de Mozos. La juez justifica la urgencia de este trámite en la intención de “poner fin (provisionalmente) a un daño inmediato” a los demandantes. La parte demandada podrá formular oposición a la medida en un plazo de 20 días desde la notificación del auto. Las partes esperan a que se celebre el juicio que determine definitivamente si los documentos pueden o no ser difundidos en la página.

Quien la visite ahora se encontrará junto al título de todos los archivos borrados la siguiente leyenda: “Por denuncia de la prelatura del Opus Dei alegando derechos de autor, esta obra se ha retirado temporalmente en cumplimiento de la resolución de medidas cautelares de la magistrada doña Olga Martín Alonso, del juzgado número 10 de lo Mercantil de Madrid”. No hay más detalles sobre el auto porque la juez ordena a la demandada que se abstenga de “publicar en sus páginas web los documentos relacionados con el presente procedimiento”.

Desde que en 2002 nació Opuslibros.org, figura una leyenda al pie de la página: “Si esta web desaparece milagrosamente [...] pensad en la santa intransigencia, en la santa coacción y en la santa desvergüenza y en los santos tentáculos. En tales milagrosos supuestos, volveríamos en otro servidor y os avisaríamos”. Los creadores del sitio temían que la Obra pudiese hacerles desaparecer del ciberespacio. Desde entonces, han sufrido algún ataque ocasional (el último hace unas semanas), pero siempre habían conseguido mantener en la Red todos los documentos que han ido aportando de forma anónima miembros y exmiembros del Opus Dei.

Fuente:http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/obliga/web/retirar/documentos/internos/Opus/Dei/elpepisoc/20111029elpepisoc_2/Tes
Catecismo
http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/201110/29/sociedad/20111029elpepisoc_1_Pes_PDF.pdf

Dos imágenes. Cajamarca, 1532, Pizarro se encuentra con Atahualpa y le hace un requerimiento para que se someta a la autoridad del emperador Carlos I y del Papá Clemente VI. Para ello le entrega una Biblia y ordena a “Felipillo” su traductor que le explique que allí está la palabra de Dios. Atahualpa, hijo de una milenaria cultura oral, se lleva la Biblia al oído y la tira al suelo porque no escucha nada. El gesto desata la furia de los españoles que realizan una matanza que se salda con el asesinato de 5.000 indígenas.

Mediados de los ochenta, en plena democracia, un Instituto de Enseñanza Media, como muchos otros en aquella época, organiza una excursión para visitar, El Escorial, El Valle de los Caídos y el Palacio de la Granja, es decir, los dos palacios imperiales y el mausoleo fascista de un dictador que se creía heredero y continuador de esos dos imperios. 

Durante el recorrido, entre bocadillos de tortilla de patata y hormonas desenfrenadas, no se hace ninguna reflexión crítica sobre la historia de estos lugares y nadie resulta sorprendido de que se nos anime a admirar la belleza y grandiosidad de los monumentos. Eso es España: un lugar donde el pasado violento se niega, se ignora, se trivializa o, pero aún, se celebra sin ningunos escrúpulos.

Los latinoamericanos que han venido a España a aplaudir al Papá harían bien recordando la complicidad de la Iglesia con La Conquista, la Cruz y la espada, harían bien recordando que, aunque haya teología de la Liberación e Iglesia de los pobres, ésta es precisamente la Iglesia que rechaza la curia romana, deberían recordar la imagen de un furibundo Juan Pablo II levantado por la solapa al sacerdote y ministro sandinista, Ernesto Cardenal, culpable tan sólo de haber luchado contra la miseria y la injusticia social.

Esta historia, la de una Iglesia que justificó la conquista y el genocidio de los pueblos originarios de América, la de la Iglesia de los latifundistas y los nobles, la de la Iglesia que facilitó que Franco desfilara bajo palio, es la que converge y cristaliza en el fastuoso monumento de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Cuelgamuros, como llaman los presos al Valle de los Caídos, fue un campo de trabajos forzados y  es hoy un monumento fascista, probablemente el último que pueda visitarse en Europa sin otra mediación que una guía compuesta por Patrimonio Nacional que, al menos hasta hace poco, seguía exaltando las virtudes del régimen. La propia presencia de la cruz y la estrecha alianza de Franco con la jerarquía eclesiástica ha confundido a más de un politólogo, seguidor de las teorías revisionistas de Juan Linz, que consideran que la dictadura franquista fue un régimen autoritario, pero no fascista, pues el fascismo es incompatible con el catolicismo.

No llamar a las cosas por su nombre es propio de quiénes se creen no sólo dueños del dinero, sino también de los adjetivos, pero lo cierto es que el fascismo español combinó perfectamente la existencia de “células cancerígenas” en la sociedad española –la anti-España, esa amalgama de comunistas, masones, feministas, homosexuales, judíos y en general cualquiera que pensara en una sociedad más justa – con la idea de la Guerra Civil como santa cruzada contra los enemigos de la Iglesia. Como muestra valga una de las muchas citas que pueden entresacarse de los escritos de Franco: “Nuestra cruzada  –escribe el dictador–no se libró contra nuestros hermanos españoles, sino contra todo el sistema que los aprisionaba. Así podemos decir que constituyó una verdadera guerra de Liberación, la indispensable operación quirúrgica que la gran invasión del mal nos exigía, llevada a cabo con el mismo dolor con que se amputa un miembro a un ser querido”.

Esta lógica responde a un concepto de soberanía específicamente fascista. Carl Schmitt, teórico de la Alemania Nazi y a la sazón uno de los maestros de Manuel Fraga, define el poder del soberano como aquél que es capaz de decidir entre la vida y la muerte de sus súbditos. El soberano está por necesidad a la vez dentro y fuera de la ley, puede suspender en cualquier momento el orden jurídico y sobre todo es capaz de dar muerte sin cometer un homicidio. La multiplicación de las metáforas biopolíticas (i.e. el cáncer marxista) y la retórica religiosa (la cruzada) son la expresión de ese poder soberano del dictador que autorizó en distintos grados, la supresión de los derechos civiles, la tortura y la muerte de todas y todos aquellos que consideraba infrahumanos.

El Valle de los Caídos es la expresión arquitectónica de ese poder soberano del que la Iglesia es cómplice y participe. El decreto mismo de fundación habla de un “lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada”, pero además, cuando las cárceles franquistas empezaron a rebosar y el régimen se dio cuenta de que necesitaba mano de obra esclava para reconstruir el país, fue un jesuita, el padre Pérez del Pulgar, el que diseñó un “sistema de redención de penas” para justificar la existencia de campos de trabajo forzado, una expresión más del poder soberano del dictador. Pérez del Pulgar escribía en 1939, “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista” y así estableció un sistema por el cual determinados días de trabajo podían contribuir a la reducción de la condena. La idea transpiraba un tufillo de depuración espiritual, perdón y redención, pero en realidad se trataba de seguir imponiendo sobre los vencidos, la lógica soberana y deshumanizadora de los vencedores.

De ello habla muy elocuentemente el libro fundacional de Daniel Sueiro –La verdadera historia del Valle de los Caídos- en el hay un testimonio de un preso del Penal de Ocaña que cuenta que el mismo Juan Banús acudió al penal para proveerse de reclusos: “Me miró los dientes y me palpó los brazos; y me preguntó los años, claro, yo entonces tenía veinticinco, estaba en la flor de la vida, pero como no percibía alimentos de fuera de la prisión, pues estaba como un paraguas viejo, arrugado”. La cuestión, entonces, no sólo es cuántos presos murieron en Cuelgamuros o si se vivía mejor allí que en la Prisión de Burgos, lo importante es que los presos eran pura vida desnuda, es decir, menos que humanos, no muy diferentes a un caballo. Esa lógica era la lógica soberana del fascismo español en su doble arista católica (la cruzada), y biopolítica (la enfermedad en el cuerpo social).

Con estos antecedentes sólo cabe calificar la consulta de José Luis Rodríguez Zapatero al Papa sobre el Valle de los Caídos como una farsa total (Marx dixit: “la historia siempre se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa”). El Papa no tiene legitimidad ni derecho para decidir sobre el futuro de El Valle de los Caídos. Se trata de una cuestión de Estado en la que la Iglesia lo mejor que podría hacer es reconocer su complicidad en está historia de represión y terror para ganar al menos cierta legitimidad frente a la ciudadanía, no sería un mal principio para ganarse el respeto también de los laicos.

Si alguien tiene que ser consultado sobre el futuro de El Valle de los Caídos son justamente los presos que con su sangre, su sudor y su libertad levantaron semejante testimonio de barbarie. Algunos, como Nicolás Sánchez Albornoz, ya han expresado en numerosas ocasiones que lo primero que tiene que pasar es que los cadáveres de Franco y José Antonio [Primo de Rivera] sean exhumados y devueltos a sus familias para que los entierren tan cristianamente como deseen. Mientras Franco y José Antonio sigan enterrados en Cuelgamuros (curioso para un dictador sólo autoritario ser enterrado al lado del fundador de la Falange), se seguirá cumpliendo la “ley del padre” y seguirá en funcionamiento el concepto de soberanía descrito anteriormente.

De la pervivencia de esta forma de soberanía habla elocuentemente el doble rasero de la policía con los manifestantes laicos. La lógica soberana del estado de excepción antes de arrogarse el privilegio de matar impunemente, despoja a los sujetos de sus derechos; que haya quiénes puedan manifestar fervorosamente su fe y quienes sean apaleados por expresar su laicismo no es ajeno a esta lógica ni al testamento de Franco.

Por último, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero habla frecuentemente de transformar el Valle de los Caídos en un lugar para la reconciliación y el perdón. Hacer esto equivaldría a no cambiar absolutamente nada, puesto que en 1959, derrotadas las potencias del Eje y en otro contexto político, fue Franco mismo el que resignificó el monumento y lo transformó en lugar para la reconciliación y el olvido. El filósofo francés Jacques Derrida nos ha recordado en un texto deslumbrante sobre la memoria del Apartheid en  Sudáfrica que el perdón no puede ser un instrumento de gobernanza ni un cálculo político y que la experiencia de la justicia no debe quedar contaminada por los temas judeocristianos del perdón y la reconciliación. Dicho de otro modo: que se haga justicia o no es del todo independiente de que haya reconciliación y perdón.

Me consta que en la comisión interministerial para el futuro del Valle de los Caídos hay gente valiosa como Francisco Ferrándiz, les animo a que piensen que lo que se necesita hacer en Cuelgamuros es Justicia, no electoralismo. El señor Rodríguez Zapatero todavía podría, como en Estrella Distante, la novela del chileno Roberto Bolaño, dejar una fulgurante estela al caer que nos deslumbrara a todos con un último acto de Justicia. Sin esperanza, con convencimiento.
 
Luis Martín-Cabrera es Profesor de Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de California, San Diego y Coordinador de The Spanish Civil War Memory Project para recoger testimonios de supervivientes de la Guerra Civil y la represión franquista.

El máximo dirigente de la Iglesia católica, Benedicto XVI, ha denunciado en repetidas ocasiones lo que él ha definido como “el laicismo militante” que supuestamente existe en España, semejante –según él– al ocurrido durante los años treinta en este país. De estas y otras declaraciones se deduce que percibe esta militancia laica como una amenaza para la Iglesia (traducida en un anticlericalismo) y también para la sociedad, pues representa una intolerancia hacia la religión católica impropia en una sociedad democrática, donde todas las religiones deberían respetarse, con especial consideración a la católica –tal y como reconoce la Constitución de 1978–, que es a la que supuestamente pertenece la mayoría de la población española.


Esta crítica al laicismo es sorprendente pues muestra un escaso conocimiento de la historia de España. Una lectura objetiva de nuestro pasado muestra que ha sido la Iglesia católica la que históricamente ha mostrado una enorme hostilidad hacia el laicismo, habiendo además violado los derechos democráticos, no sólo de la población laica, sino de la mayoría de la población española a lo largo de nuestra historia.

La mayor expresión de tal hostilidad se dio durante los años treinta a los que Benedicto XVI hace referencia, a los cuales podría añadirse la experiencia antilaica de la Iglesia durante los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, que el papa silencia e ignora.
Es importante recalcar que la Iglesia católica apoyó un golpe militar que terminó con un proceso democrático (y que asesinó al mayor número de españoles en su historia), lo cual fue objeto de la ira de las clases populares que, viendo a la Iglesia como parte militante del golpe, agredió al clero y a las instituciones de la Iglesia sin que tales actos contaran con el apoyo del Gobierno republicano democráticamente elegido.

La brutal represión que el golpe instauró, sí que contó, sin embargo, con el apoyo del Estado dictatorial del cual la Iglesia formó parte. Su objetivo fue imponer su ideología. Basta leer el Catecismo patriótico español publicado en 1939 y en 1951, en el que se afirmaba que los enemigos de España eran “el socialismo, el comunismo, el sindicalismo, el liberalismo y el laicismo”.

Benedicto XVI debería conocer y reconocer que tal creencia significó la eliminación de las personas pertenecientes a aquellas sensibilidades, lo que provocó no sólo su expulsión, encarcelamiento, tortura y exilio, sino también su fusilamiento, todo ello a fin de “no tolerar a los envenenadores del alma popular” (Decreto de depuración de los funcionarios del Estado de 1939). En la mayoría de los tribunales en los que se decidía la eliminación de laicos, socialistas, comunistas, judíos y masones, estaba la Iglesia como parte y testigo. En realidad, en muchos de estos tribunales el informe de denuncia era escrito por los párrocos.

Tal hostilidad de la Iglesia fue incluso más acentuada hacia los educadores de la enseñanza laica. Hubo casos como el de un sacerdote aragonés que llegó a informar de que el maestro de su pueblo era “fusilable” (citado en el libro La Dictadura de Franco, de Borja de Riquer, del cual extraigo los datos de la represión durante la dictadura). La depuración de los maestros de la escuela pública laica fue masiva, acusándoles de querer inculcar valores laicos que contaminaban el alma popular. El objetivo de tal represión fue la “recristianización de la sociedad”, tal como indicó el ultraderechista Ibáñez Martín, ministro de Educación durante el periodo 1939-1951.


Esta represión alcanzó a todos los estamentos de la enseñanza pública, incluyendo las universidades, y todos los niveles dentro de ellas. De los 580 catedráticos universitarios existentes en España, 20 fueron ejecutados, 150 fueron expulsados y 195 se exiliaron. En algunas universidades, como en la Universidad de Barcelona, el 44% de su profesorado fue sancionando. La Iglesia supervisó y/o participó en cada una de estas denuncias. Como afirmó una autoridad educativa citada por De Riquer, era preferible que “una universidad estuviera integrada por ignorantes pero buenos, que por doctos pero malos”. Ser malo era tener, entre otros valores, el del laicismo.
Otra área en la que se plasmó la militancia antilaica de la Iglesia fue en el periodismo. La autorización para poder ser periodista pasó a ser muy restrictiva, según criterios definidos por la Iglesia, la Falange (el partido fascista) y el Ejército. De los 4.000 periodistas que solicitaron realizar su profesión entre 1939-1940, sólo lo obtuvieron unos 1.800. A todos los demás se les denegó el permiso de trabajar como periodistas al no ajustarse al criterio del tribunal político-religioso que evaluaba su “competencia”.


Benedicto XVI debería conocer y reconocer estos hechos ampliamente documentados en España, aún cuando han sido ocultados en la mayoría de medios de mayor difusión, y muy en particular en los influenciados por las derechas españolas. Estas, como la Iglesia, nunca han condenado sin paliativos aquella dictadura y los horrores que se hicieron en teoría en nombre de Dios, en la práctica, en la defensa descarnada de sus intereses materiales. Su enorme oposición a las fuerzas democráticas se debe a que estas desean una pérdida de los excesivos derechos que el régimen democrático –resultado de una Transición inmodélica– le otorgó, incluyendo su reconocimiento preferencial que le concede la Constitución, que contradice la aconfesionalidad del Estado, y que ha dado pie a toda una serie de privilegios heredados del régimen dictatorial anterior y que deben eliminarse. La visita de Benedicto XVI no es un paso adelante en esta vía correctiva, pues ni conoce ni reconoce el enorme sufrimiento que la Iglesia impuso a la población española, ni pedirá perdón al pueblo español por ello, ni cederá ni un ápice en el goce de sus privilegios.

Así es la Iglesia católica.

Jesús Bastante, Público, 31.5.2011

Miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios, sin explicaciones y en mitad de una absoluta opacidad. Así son las cuentas de la Iglesia católica en España, según recoge el Anuario de la Laicidad en España 2011, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que hoy se presenta en el Ateneo de Madrid.

“Es preciso denunciar la falta de transparencia de las instituciones públicas sobre las cifras”, apunta el estudio, que denuncia cómo no existe ningún documento que acredite, a nivel global, la suma total que se embolsa la Iglesia de las arcas públicas, y ni siquiera en ámbitos como la educación; el gasto en hospitales; el sueldo de curas castrenses o las ayudas a su patrimonio histórico-artístico. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto dinero recibe la Iglesia del Estado, bajo qué conceptos, y mucho menos en qué lo gasta.

Pese a ello, y tras más de 18 meses de trabajo, el estudio sostiene que, al menos, el conjunto de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica asciende a más de 7.000 millones de euros, “a lo que habría que sumar las exenciones de impuestos de los que gozan ella y sus donantes”. Así como la financiación de otros “grandes eventos”, como la Jornada Mundial de la Juventud de agosto con una aportación pública de más de 50 millones de euros, o las recientes visitas del papa a Barcelona y Santiago. Estas cifras no están muy alejadas de las planteadas por Europa Laica, que cifraba en más de 10.000 millones de euros la financiación estatal a la Iglesia, y en las antípodas de lo expresado por la Conferencia Episcopal, cuyos responsables aseguran que la Iglesia “ahorra miles de millones al Estado” con su labor social y asistencial.

Separación Iglesia-Estado

Por otro lado, según los responsables del estudio, en el que han colaborado expertos de primera talla, algunos católicos practicantes, como el sociólogo Javier Elzo o el teólogo Evaristo Villar, “la separación efectiva entre el Estado y la Iglesia católica” sigue siendo, 30 años después de la llegada de la democracia, “una de las asignaturas pendientes de la Transición española”.

“Cuando hablamos de laicidad señala el informe hay que tener muy presente que, entre otras cosas, estamos cuestionando privilegios y prebendas que la Iglesia católica ha conseguido mantener desde el régimen franquista”. “Se trata, prosigue, de intereses políticos y económicos tan poderosos que dificultan enormemente poder hablar de ello desde una posición reflexiva y a menudo unas posiciones radicalizan las demás y el entendimiento se hace prácticamente imposible”.

Y eso que tres de cada cuatro españoles, según el estudio, creen que la Iglesia católica tiene demasiada influencia en las decisiones políticas, sociales y de igualdad que se toman en España, y achacan este omnímodo poder a una “legislación obsoleta” que tiene en la Constitución y en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 (pero negociados antes del texto constitucional) los anclajes de los ingentes privilegios con los que cuenta la institución eclesiástica.

Y eso por no hablar de su influencia: “Hoy la Iglesia mantiene intacta gran parte de su influencia política, económica y mediática en la sociedad española y la utiliza a través de su Conferencia Episcopal tanto como puede para intentar determinar la moral pública y la legislación del país”, constata el Anuario.

Crispación y radicalización

Según sus autores, esta influencia lleva a la “crispación y radicalización de sectores ultraconservadores y nacional-católicos integristas” ante leyes como la ampliación del aborto, la Memoria Histórica, el matrimonio homosexual o la reforma educativa, llegando incluso a pedir la excomunión de los políticos que votaran a favor, lo que denota un “clericalismo excesivo” que el Estado laico tendría que acotar de alguna manera.

También se critica con virulencia “la asistencia de las autoridades civiles a los actos religiosos”, que, según el documento, “es totalmente contraria al principio de neutralidad del Estado”. 

El camino del activismo laico: Moral y vida pública

El informe destaca que el activismo laico en España se presenta como “una oportunidad de gran alianza para la emancipación” del todavía persistente nacionalcatolicismo. Así, indica que las organizaciones de defensa de derechos sociales “no conseguirán sus objetivos si las religiones mantienen su capacidad de imponer su moral privada como ética pública”. La Fundación Ferrer i Guàrdia insta a un “trabajo compartido” entre las ONG para “fraguar alianzas” en pos del Estado laico. 

Poco parecen importarle al Gobierno los últimos desplantes de la Iglesia católica, así como sus furibundos ataques contra algunos de los pilares de la política desarrollada desde 2004 por José Luis Rodríguez Zapatero, como la reforma de la Ley del Aborto o la regulación del matrimonio entre personas homosexuales. También parece que el Ejecutivo ha olvidado el mal sabor de boca que dejó en noviembre la última visita a España de Joseph Ratzinger que, pese a ser tratado con los máximos honores, denunció la existencia en España de un laicismo “fuerte y agresivo” como el de los años de la II República.

Un par de meses después de esa polémica, y cuando sólo hace unos días que el Papa cargó desde el Vaticano contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, el Gobierno puso ayer a disposición del máximo jerarca católico todos los medios necesarios para que su próximo viaje a España, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, sea todo un éxito.

En concreto, el Gobierno movilizará a siete de sus 15 ministerios Exteriores, Trabajo, Cultura, Interior, Defensa, Fomento y Presidencia para colaborar en la organización del evento, que se celebrará en Madrid del 16 al 21 de agosto. El compromiso del Ejecutivo se concretó ayer en una reunión mantenida por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui; con el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela; el nuncio del Papa en España, Renzo Fratini, y el coordinador de los viajes de Joseph Ratzinger, Alberto Gasbarri, entre otros.

El presupuesto

Los organizadores del acto religioso, que prevén una asistencia de un millón y medio de personas, manejan un presupuesto de unos 50 millones de euros, una cifra similar a la de otras ediciones de la misma celebración en otros países, aunque la cifra final podría ser menor porque “esta tiene que ser la Jornada Mundial de la Juventud de la crisis”, según informaron a Público fuentes de la organización.

El comité organizador de la Jornada afirma que el evento se autofinanciará con las aportaciones de los propios peregrinos, que pagarán entre 30 y 210 euros por cabeza según la duración de la estancia y el país de procedencia de cada uno, y con los patrocinios de empresas y los donativos particulares. A su juicio, los peregrinos pagarán dos tercios del coste previsto y las empresas, que se beneficiarán de importantes beneficios fiscales, el tercio restante.

La aportación pública

En este cómputo de 50 millones no entra, sin embargo, el coste que supondrá la celebración católica para las arcas públicas, cuya cuantía sigue siendo un misterio, aunque según algunas estimaciones ya publicadas por este diario podría duplicar la citada cifra. Y es que las tres administraciones implicadas en el evento Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid pondrán a disposición de Joseph Ratzinger numerosos recursos humanos y materiales para garantizar la organización, la seguridad y el alojamiento de los millares de jóvenes que llegarán a la capital de España en esos días de agosto.

“Cordialidad y colaboración”

En lo que se refiere al Ejecutivo central, el Ministerio de la Presidencia detalló ayer, tras la citada reunión, que se celebró en un “clima de cordialidad y colaboración”, que unos 6.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velarán por la seguridad de los asistentes. Además, los jóvenes de fuera del espacio Schengen (sobre todo de Suramérica y África) que llegarán a España para participar en la celebración 23.000 de un total de 240.000 inscripciones registradas a día de ayer podrán sacarse el visado gratis.

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha cedido el uso del aeródromo de Cuatro Vientos para la vigilia y la misa con Benedicto XVI, que tendrán lugar el 20 y el 21 de agosto.

En cualquier caso, el principal apoyo del Estado a la Jornada llegará en forma de desgravaciones fiscales para las empresas que decidan aportar fondos y patrocinar la jornada, y entre las que ya figuran algunas de las principales compañías españolas como Banco Santander, Telefónica, El Corte Inglés, Endesa o FCC, entre muchas otras.

No obstante, según informaron ayer a este diario fuentes del Ministerio de Hacienda, que lidera el consorcio creado para adecuar los gastos a los objetivos del encuentro religioso, resulta muy complicado estimar a priori la cuantía de las desgravaciones, ya que se trata de una magnitud que sólo se calcula posteriormente en función de las empresas colaboradoras y de la cuantía de la colaboración.

Por su parte, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid facilitarán también ayudas en especie, como el alojamiento de los peregrinos en centros educativos públicos y polideportivos, y colaborarán en las labores de seguridad (a través de efectivos de Policía Municipal, Samur y Emergencias 112 ) y protección civil.

En cuanto al impacto global que tendrá la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud para los contribuyentes, es decir, el coste derivado tanto de los recursos humanos como de la cesión de espacios públicos, distintos departamentos gubernamentales consultados ayer prefirieron no hacer pública estimación alguna.

Desde la organización del evento tampoco evalúan el valor de estos recursos al considerar que en España “eso no se paga” por parte de los organizadores, de la misma forma que los convocantes de una manifestación tampoco pagan por la presencia de la policía. “Lo que cuesta usar la Cibeles ni siquiera está medido”, argumentan las mismas fuentes, que creen que la situación es la misma que cuanto se prepara un Mundial de fútbol. Además, sostienen que la Jornada supondrá beneficios en materia de imagen tanto para Madrid como para el país, y señalan que unos 4.000 periodistas cubrirán el evento. Desde el Gobierno, se equipara la visita de Ratzinger a la de otros jefes de Estado, pese a que el viaje del jerarca católico tiene la doble consideración de visita oficial y visita pastoral, según los organizadores.
Una multinacional religiosa

El decidido apoyo del Gobierno a la celebración del evento religioso no ha pasado desapercibido para organizaciones civiles como Europa Laica, cuyo presidente, Francisco Delgado, criticó ayer duramente que, en tiempos de crisis, se dediquen fondos públicos a financiar “una multinacional religiosa inmensamente rica”.

Delgado compara el “dispendio” que supondrá la visita de Ratzinger con partidas cuestionadas como los 250.000 euros que cuesta el uso de lenguas cooficiales en el pleno del Senado para criticar acto seguido que el Estado le “rinda pleitesía” de esta forma a un líder religioso cuando además España “ya no es católica socialmente”.

Y es que, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque el 73% de los españoles se declara católico, casi seis de cada diez reconocen que no van a casi ningún oficio religioso.

El día 6 de enero publiqué un artículo en Público titulado “La Iglesia contra Jesús”, en el que señalaba las enormes contradicciones que existían entre las enseñanzas de Jesús de Nazareth (que muestran un claro compromiso con los oprimidos y explotados), y las prácticas de la Iglesia Católica, (que ha sido siempre en España un pilar básico de las estructuras de poder responsables de una enorme explotación y opresión a las clases populares). Señalaba en el artículo que un ejemplo de las alianzas de la Iglesia Católica española con las fuerzas oprimentes y explotadoras era el apoyo que tal Iglesia dio al golpe militar liderado por el General Franco y a la dictadura que estableció. No podría encontrarse mayor contradicción entre las enseñanzas de Jesús de Nazareth, que había indicado que era más fácil que “un camello pasara a través del ojo de una aguja que un rico fuera al cielo” (asumiendo que las riquezas de los ricos se basan en explotación) y el apoyo de la Iglesia al régimen dictatorial que se basaba en una enorme explotación de las clases populares, negándoles los instrumentos más elementales para ejercer la defensa de sus intereses. El nivel de vida de la clase trabajadora española, que había sido semejante al nivel de vida de la clase trabajadora italiana antes del golpe militar del 1936 [la cual sufría ya una dictadura desde hacía años! - mb], era sólo el 60% del nivel de vida de la clase trabajadora italiana el año 1978, cuando terminó la dictadura. Éste fue el coste sobre el desarrollo económico y social de España, que supuso aquel régimen.

La ausencia de democracia y de sindicatos auténticamente representativos permitió la enorme explotación de la clase trabajadora española por parte de unas estructuras dictatoriales, corruptas por unas élites y grupos de presión, incluida la Iglesia Católica española.
Como era predecible, la derecha española respondió a mi artículo con la agresividad y hostilidad personal que la caracteriza, refiriéndose a mi persona como “un tal Vicenç Navarro, apóstol de la memoria histórica”, negando en su respuesta cada una de las contradicciones que señalaba en mi artículo, entre las enseñanzas de Jesús y el comportamiento de la Iglesia. Jaime Ignacio del Burgo, fue el autor de una de tales respuestas (publicada en La Gaceta, la versión escrita de Intereconomía) y en Noticias de Navarra, que había publicado mi artículo (como parte de un convenio de distribución de artículos con Público) unos días antes. En el artículo de Del Burgo, titulado “La Iglesia, de víctima a verdugo”, éste niega que “La Iglesia hubiera sido privilegiada durante la Dictadura”, y que en absoluto “había alentado públicamente al Ejército a sublevarse contra la República”, negando también que la “Iglesia dirigiera o colaborara con el estado dictatorial en su función represora”. Es más, Jaime Ignacio del Burgo añade que “el golpe militar respondía a un deseo de justicia y libertad”. Todas estas posturas se presentan salpicadas con una gran amalgama de insultos personales.


Considero extraordinario que un artículo tal como éste se escriba y se publique en España.Treinta y dos años después de haberse establecido la democracia, la publicación de tal artículo muestra lo enormemente incompleta que está todavía la democracia española, resultado de una transición inmodélica que reprodujo el enorme poder de las derechas en España. La abierta defensa de un régimen terrorista como el del General Franco es, todavía hoy, una práctica común. La incoherencia (en realidad, hipocresía) de las derechas españolas se muestra en que por un lado se oponen a que se legalice a la izquierda abertzale hasta que ésta condene el terrorismo de ETA y que por el otro lado defiendan a un estado y a un régimen que fue infinitamente más terrorista que ETA, asesinando a muchos más españoles de lo que ETA ha hecho.

La vida de cada español asesinado por la dictadura que no quiere condenar es tan valiosa como la vida de cada español asesinado por ETA. Su supuesta indignación y supuesto patriotismo ganarían credibilidad si hubieran ellos mismos condenado aquel régimen asesino y hubieran facilitado que el estado actual honrara a aquellas víctimas olvidadas. Las derechas (cuando gobernaron) y la Iglesia Católica nunca expresaron apoyo o simpatía por aquellas víctimas del terror del estado dictatorial.
En cuanto a los argumentos utilizados por Jaime Ignacio del Burgo, la documentación existente muestra claramente que la Iglesia fue una institución que apoyó el golpe militar (antes, durante y después del mismo), y que se benefició enormemente, consiguiendo una situación de gran privilegio, convirtiéndose en una de las instituciones, no sólo con mayores riquezas, sino también con mayor control sobre la población, incluyendo su educación. A fin de conseguir tales privilegios, dirigió la represión frente a amplios sectores de la población, con especial énfasis en el magisterio español, con una represión sin precedentes en Europa. La documentación, fácilmente accesible, también muestra la enorme concentración de riqueza que se dio durante la dictadura, uno de los regímenes que benefició más a las clases adineradas a costa de las clases populares.


En cuanto al autor del insulto, el lector debiera conocer que Jaime Ignacio del Burgo, congresista del Partido Popular de Navarra, es hijo de otro Del Burgo, gran defensor también del golpe militar y de la dictadura, que negó la represión que existió en Navarra contra los vencidos, ocultando que más de 2.500 navarros fueron fusilados, (además de los 678 que admitió), y de los cuales Del Burgo indicó que merecían su destino. De tal palo tal astilla. Su hijo defiende, todavía hoy, el golpe militar y la dictadura que hizo tanto daño a España. Del Burgo (hijo) ha aplaudido que “el régimen surgido de la Cruzada con el esfuerzo unánime de los navarros” y que se define como luchador por la libertad. En realidad, por su defensa de aquel régimen terrorista, del Burgo debiera estar encarcelado, tal como exige la propia Ley de Atención de Víctimas del Terrorismo, y como ocurriría en Alemania o en Argentina que padecieron regímenes semejantes. La existencia visible y prominente de tal postura, ampliamente sostenida en sectores del PP y de la Iglesia es un indicador de insalubridad democrática en nuestro país.


Una última observación. Una persona de Navarra me envió una nota informándome de la existencia del artículo insultante en Noticias de Navarra de Del Burgo. Desconocía su existencia pues no leo regularmente tal rotativo. Cuando le invité a él (al ser de Navarra y conocer bien aquella comunidad, y al autor Del Burgo) a que enviara una respuesta a aquel artículo publicado en Noticias de Navarra corrigiendo sus falsedades, esta persona declinó mi invitación indicando que estaba temeroso, pues en Navarra las derechas son todavía muy poderosas. En partes de España hay todavía miles de personas temerosas de denunciar el terrorismo, apoyado por las derechas y por la Iglesia. Y todo esto ocurre en la España del 2011, treinta y dos años después del fin de aquel régimen.

El nombramiento este sábado de José Ignacio Munilla como nuevo obispo de San Sebastián suscitó una nueva polémica política en Euskadi. El presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, atribuyó la llegada de este prelado ultraconservador a una “operación” de “diseño político” para acabar con “el hecho diferencial”.

El líder del partido nacionalista en Guipúzcoa se refirió, en declaraciones a Radio Euskadi, a la “conocida trayectoria” de Munilla, que acusó a quienes votaran a favor de la Ley del Aborto de “ser cómplices de asesinato” y reivindicó “propiedades curativas” para curar la homosexualidad.

No obstante, Egibar se centró en el trasfondo político de la designación del nuevo obispo de San Sebastián, en sustitución de Juan María Uriarte. A su juicio, este nombramiento es una jugada más en una operación con otros cambios, como el del obispo en Baiona (País Vasco francés), “y otras diócesis que constituían eso que se llama Iglesia vasca”.

“A partir de ese diseño político piensan cerrar la operación con este nombramiento en la diócesis de Guipúzcoa. Esta Iglesia está pagando el que hasta ahora haya habido obispos, sin editorial nacionalista, pero sí muy pegados al pueblo y también del pueblo”, dijo, en alusión a Uriarte y su antecesor, José María Setién.

El malestar del PNV con la llegada de Munilla se dejó notar también en su nombramiento en la Catedral del Buen Pastor. No asistió ningún representante de la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por el partido nacionalista y Hamaikabat [escisión de EA], después de sí haber estado presente hace una semana en la despedida de Uriarte.

La postura del PP
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, tampoco acudió a la celebración. Aunque, según se excusaba el jueves, iba a estar ausente por no “dar el gusto” al PNV de poder utilizar su presencia para “decir que es un obispo del PP”. El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, acusó a “algunos dirigentes nacionalistas” de actuar como Franco, al querer “controlar” al nuevo obispo. El coordinador de EB, Mikel Arana, aseguró, por su parte, que las declaraciones realizadas hasta la fecha por Munilla, sobre el aborto o la homosexualidad “le colocan en la más extrema derecha”.

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, dijo esperar que pronto se recomponga en Euskadi “lo que haya podido haber de heridas o polémica” a raíz de esta designación.

Durante las casi dos horas que duró la ceremonia de su nombramiento, José Ignacio Munilla evitó cualquier polémica en su discurso. Se presentó ante sus fieles como “pobre y humilde” y manifestó que su acogida en la catedral del Buen Pastor, totalmente llena, era un fruto “sobredimensionado por las circunstancias”.
“El factor mediático tan influyente en nuestros días contribuye fácilmente a construir castillos en el aire, a ver gigantes donde sólo hay molinos (…) o tal vez, a juzgar como demonios a quienes simplemente comparten nuestra misma condición pecadora”, destacó durante su homilia el obispo de San Sebastián.

El poder Judicial, ese pilar del Estado Derecho, iniciará el curso con una ceremonia de carácter religioso por segundo año consecutivo. El anacronismo denominado “Misa de Apertura de Tribunales” se reeditará el próximo lunes gracias a su autor intelectual, el presidente de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, un ultra católico confeso que fue sorprendentemente elegido para el cargo por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Dívar, no conforme con imponer una ceremonia religiosa como pistoletazo de salida al curso, ha vuelto a invitar a su amigo, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Antonio María Rouco Varela, para oficiarla. Rouco es uno de los máximos responsables de la politización y beligerancia del episcopado español que alcanzó sus puntos máximos en la pasada legislatura ante el matrimonio homosexual. La fe vuelve a las más altas instancias del Estado.

Durante la mañana del próximo lunes la sotana de Rouco estará, nunca mejor dicho, diciendo misa en el CGPJ. Dívar ha invitado “de manera personal” a magistrados, jueces y vocales al acto que se ha sacado de la manga, según recoge El Confidencial Digital.

La Misa de Apertura
Hasta 2007, al empezar el curso judicial se celebraba una ceremonia por los magistrados fallecidos durante el periodo anterior. Dívar impuso la presencia de Rouco y la figura de Misa de Apertura a finales de septiembre de 2008, el mismo día en que juraba el cargo asegurando que “los criterios personales del juez no pueden emerger en el espacio público”.

Elección… ¿socialista?
Pero que un juez ultra conservador se lleve muy bien con el jerarca de los obispos –“ojalá todos los españoles fueran tan católicos como Dívar”, ha llegado a exclamar Rouco- no es noticia. Lo noticiable es que sea un Gobierno socialista el que le aúpe a las más altas esferas jurídicas teniendo en cuenta la importancia de presidir y de mantener medianamente neutral el Poder Judicial.

La derecha festiva…
El nombramiento de Dívar lo pactaron PP y PSOE el 22 de septiembre de 2008 y generó una polémica inmediata. La derecha política y, por supuesto, la mediática cantaron victoria –más aun teniendo en cuenta que también se acordó poner a Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia del PP en Valencia, como número dos del CGPJ-. Si el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, elogiaba al “jurista de prestigio” que dirimiría el CGPJ, El Mundo se congratulaba de la “buena elección” que reconocía a un “profesional de perfil conservador y firmes convicciones religiosas” sin ocultar, eso sí, una deuda de gratitud con el magistrado: el archivo de una querella contra el rotativo.

…y los progresistas ojipláticos
Más reacia se mostró la prensa progresista, que objetó, además de su vertiente extremadamente católica, el bajo perfil de Dívar y el incumplimiento de la que, hasta septiembre de 2008, era la norma tácita para ocupar su cargo: haber pasado por la magistratura del Tribunal Supremo y tener una carrera de catedrático universitario de reconocido prestigio. El entonces titular de Justicia del Gobierno, Mariano Fernández Bermejo, defendió la elección apelando a la “neutralidad” y “prudencia” del juez religioso. Un extremo al que se aferró Bermejo mientras salían a la luz los vínculos entre Dívar y la Hermandad del Valle de los Caídos.

El Valle de los Caídos
Y es que Dívar, además de ser ponente en los encuentros organizados anualmente por la Hermandad, las llamadas “Conversaciones en el Valle”, colaboraba con la revista del grupo en la que llegó a escribir frases célebres como “sólo en amar a Cristo y hacerle amar se encuentra la única y verdadera Justicia”. Su carrera de conferencista la completaba con conferencias, precisamente, en el Arzobispado de Rouco donde dio su “Testimonio cristiano en la vida pública” según se titulaba el encuentro.

Veto al aborto
Así las cosas, cuando el 29 de septiembre de 2008 Dívar aseguró que “la función jurisdiccional no es acción política” sino “estatal” muchas cosas no encajaban. Las peores sospechas se confirmaron el pasado 24 de julio cuando por primera vez en los 30 años de historias del CGPJ el órgano era incapaz de pronunciarse sobre una norma. Por si quedaban dudas, se trataba de la Ley del aborto, que se quedó sin el aval del Poder Judicial por el veto del presidente “imparcial”.

El Plural, 19/9/09

La consolidación de la democracia en España ha sido posible por la retirada del espacio activo de la política de dos instituciones, la Monarquía y el Ejército. Otra institución, la Iglesia católica, se resiste denodadamente a ello. Su negativa a considerar que la religiosidad, en sus diversas expresiones, debe ser un asunto estrictamente privado, sigue siendo militante.

La resistencia eclesiástica a soltar todos aquellos resortes (e ingresos) del Estado que puedan favorecerla siempre ha requerido aliados e instrumentos políticos. Entre ellos, la Monarquía ha ocupado un lugar privilegiado. Las cosas comenzaron a complicarse en toda Europa, y en España, cuando la Monarquía dejó de ser absoluta y pasó a ser constitucional.

Aun entonces, contra viento y marea, la Iglesia siguió considerando que los reyes “eran suyos” y que su obligación -desde una concepción del poder monárquico ligada a lo divino y no a la voluntad nacional- era defenderla contra la secularización del Estado y de la sociedad. La posibilidad de un monarca ajeno a las luchas de partido, incluidas las suscitadas por la llamada “cuestión religiosa”, tiene precisamente ese límite: la cuestión religiosa. Algo que llega hasta hoy con las implicaciones netamente partidistas del rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En ese tema, como en cualquier otro considerado sensible para sus intereses, la lógica de funcionamiento de una Monarquía democrática es contraria a la lógica de la Iglesia.

Quizás convenga volver la mirada hacia los orígenes, hacia la ruptura liberal con el absolutismo durante el siglo XIX, para entender el hálito decimonónico de episodios actuales que involucran a la Iglesia y a la Corona. Aquella ruptura implicó el reacomodo forzado de la Iglesia a una nueva situación política y a un nuevo tipo de Monarquía cuyos supuestos básicos no compartía en absoluto. Isabel II, como no se cansaron de repetir los mismos liberales, subió al trono porque contó con el apoyo del liberalismo y lo hizo como reina constitucional, legitimada por la voluntad nacional y no por la herencia o la voluntad divina. Durante la guerra civil carlista, la Iglesia estuvo (como siempre) en los dos bandos. Por si acaso. Sin embargo, no hay duda de que el corazón y los intereses (las armas y los rezos) de la mayoría del clero estuvieron con don Carlos. El liberalismo era sin duda pecado y la nueva reina, ilegítima, además de interesada, porque había aceptado el poder de los impíos liberales.

Sin embargo, las cosas estaban como estaban y a ellas había que acomodarse, al menos de momento. En ese reacomodo, el control del alma deshilvanada de la hija de Fernando VII era fundamental. Como lo era el Partido Moderado donde convivían liberales conservadores con carlistas reciclados, como ahora convive el liberalismo conservador y el franquismo sociológico en el principal partido de la derecha. Juan Donoso Cortés -quien participó en la primera redacción de lo que luego sería la condena papal del liberalismo en el Syllabus- fue muy explícito en una carta al duque de Riánsares, padrastro de Isabel II. Hoy se agradece su desparpajo: “Los progresistas no necesitan del Monarca para ser fuertes porque se apoyan en las turbas. Los moderados no necesitan de las turbas para ser fuertes porque se apoyan en el trono: pero ¿dónde estará su fuerza cuando no se apoyen ni en el trono ni en las turbas? Usted dirá que es triste soltar a la presa”.

Como una presa, en el doble sentido cinegético y carcelario del término, fue concebida desde entonces la primera reina constitucional de España. La Iglesia comprendió y perdonó sus flaquezas humanas y rezó por ella cuando su imagen fue arrastrada por el lodo de la pornografía política de la época. A cambio, el Concordato de 1851 -pariente lejano de los acuerdos actuales- devolvió al clero parte sustancial de sus riquezas, de su influencia política y de su capacidad de control sobre la educación y las conciencias de la ciudadanía.
El entonces arzobispo de Toledo y la Monja de las Llagas fueron especialmente activos en impedir cualquier posible acomodo de Isabel II a una situación de gobierno progresista. Con los progresistas venían tímidas propuestas de tolerancia religiosa que había que cortar de raíz recordándole a la reina, con humanidad pero con severidad, que sus pecados privados y políticos tan sólo podrían ser purgados si se convertía en el más firme y visible bastión de la Iglesia católica.

Con Isabel II comenzó el doble juego y la doble moral que arrastró a todos los monarcas decimonónicos (y no tan decimonónicos) al conflicto partidista en el cual la posición de la Iglesia desempeñó un papel decisivo. Salustiano de Olózaga popularizó la expresión “obstáculos tradicionales” para señalar el origen de las dificultades de consolidación del liberalismo pluralista en España. Apuntaba directamente al entorno reaccionario y clerical de Palacio que acabó costándole el trono, en 1868, a esa primera reina constitucional.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. No hay comparación posible; entre otras cosas porque Isabel II (por educación y por afición) colaboró activamente con quienes buscaron convertirla en un desastre personal y político. Queda, sin embargo, la incomodidad de un recuerdo, de un hálito titubeante pero persistente, que parece filtrarse a través de los siglos. La presencia de Juan Carlos I contribuye mucho a despejar el ambiente. Para los demócratas, su legitimidad reside precisamente en su firme invisibilidad política en las legítimas luchas entre partidos, incluidas aquellas referidas a (o que toman como pretexto) la “cuestión religiosa”. El Rey tan sólo se hizo visible cuando ayudó a pilotar la transición a la democracia y cuando se opuso a quienes quisieron acabar violentamente con ella. Todos los esfuerzos por hacerle bajar a la arena política, en temas sin duda candentes pero no letales como aquel, han sido vanos.
Pero, hete aquí, tras 32 años de democracia, que desde la emisora de la Iglesia se pide insistentemente la abdicación del primer monarca democrático de la historia de España. Su locutor más popular y rentable denigra personalmente al Rey y afirma que “no cumple con sus obligaciones”. Es decir, que no se implica en la defensa de lo que considera “obligado” una emisora cuya línea editorial se ajusta en todo (según su página web) a la doctrina de la Iglesia.

Escándalos lánguidos aquí y allá. Destacados dignatarios eclesiásticos se apresuran a “lamentar” esas declaraciones y anuncian que rezan (mucho) por el Rey, por su familia y por la Monarquía. Algunos demócratas impíos nos asustamos recordando (un pecado como cualquier otro) que esos rezos han sonado demasiado a menudo, en la historia de nuestros reyes y en la nuestra, a sometimiento simbólico y a advertencia. Nos tememos que en la apropiación de la Monarquía todo vale: los rezos y Jiménez Losantos. Si Juan Carlos I no se implica, hay que implicarlo.

Alguien filtra que una destacada dirigente del Partido Popular sugiere al Rey un “trato humano” para ese acosado locutor cuya libertad y expresividad podrían peligrar. Se filtra que el Rey se pregunta quién es, en realidad, el maltratado y se filtra que espera algo más que oraciones. Como penúltima vuelta de tuerca no está mal. Cualquier “reacomodo” mediático de dicho locutor será interpretado como una intervención del monarca, como un atentado contra la libertad de expresión por parte del garante de la libertad de todos. Chapeau, que diría Voltaire. A su pesar, la Corona ya es visible en la arena política de la España democrática del siglo XXI y a lo lejos se oye el ruido de los rezos habituales.

In El País, 31/10/2007

Isabel Burdiel es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia.