Diego Barcalá, Público, 29.1.2012

La viuda de José Luis Sánchez Bravo, el último fusilado por el franquismo, el 27 de septiembre de 1975, nunca denunció en España a los responsables del crimen. Silvia Carretero, que siempre ha reclamado la anulación de la sentencia que condenó a su pareja sin las más mínimas garantías procesales, ni siquiera acudió a la Audiencia Nacional cuando el juez Baltasar Garzón abrió la causa contra los crímenes de la dictadura en 2008. Siempre desconfió de los tribunales españoles. Visto lo ocurrido con el juez, que el martes se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo acusado únicamente por dos colectivos de ultraderecha, el tiempo le ha dado la razón.

Carretero decidió exiliar su demanda a Argentina. El 14 de abril de 2010 fue presentada en Buenos Aires una querella que apela a la justicia universal para acabar con la impunidad de la dictadura franquista. La demanda se inició a partir de dos familiares de víctimas de la represión de la Guerra Civil. A los pocos días, se sumaron Carretero y un colectivo de víctimas de Galicia. A la vista del funcionamiento de la Justicia española, el goteo de denunciantes es constante. Los últimos en adherirse han sido los familiares de los fusilados en Pajares de Adaja (Ávila), cuyos restos fueron trasladados sin su consentimiento al Valle de los Caídos.

“El Tribunal Constitucional rechazó el recurso para que se reabriera la causa de mi hermano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también e incluso la ONU. Cuando un país se califica de democracia, lo tiene que demostrar”, resume Flor Baena, hermana del militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) Humberto Baena, ejecutado por un pelotón de voluntarios junto con José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz en septiembre de 1975. A la vista del escaso resultado de su intento por reabrir la causa que condenó a muerte a su hermano sin pruebas, Flor medita incorporar su caso a la querella argentina. “De momento, no lo he hecho porque Silvia [Carretero] ya ha abierto el camino”, explica.

La jueza argentina María Servini de Cubría reclamó el pasado 13 de diciembre al Estado español “los nombres de los que se presentaron como voluntarios para los fusilamientos” de los condenados a muerte en 1975. “Creemos que el Gobierno no va a contestar pero nosotros reclamaremos igualmente las imputaciones que creamos necesarias”, explica el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy.

“Vamos a ir donde haga falta a denunciar esta violación de los derechos humanos”, advierte Fausto Canales desde el despacho del notario. Junto con otros ocho familiares de fusilados en Pajares de Adaja, acordaron el pasado viernes adherirse a la querella de Buenos Aires. “Pusimos la primera denuncia ante la Audiencia Nacional el 24 de diciembre de 2007, dos días antes de que se aprobara la Ley de la Memoria Histórica”, recuerda Canales. Desde su punto de vista, la ley no iba a cumplir con lo que ellos reclamaban: la recuperación de los restos de los republicanos que fueron llevados al Valle de los Caídos sin el permiso familiar. “Lo que nosotros reclamamos sobre todo, es que en sede judicial se aclaren los hechos. Que un juez diga lo que realmente ocurrió”, explica Canales, cuyo padre fue fusilado por los sublevados.

Fusilados en 1940
La imagen de Garzón sentado en el banquillo por dos asociaciones simpatizantes con el franquismo, Manos Limpias y Libertad e Identidad, ha terminado de convencer a las familiares de las víctimas del franquismo. “La denuncia en Argentina demuestra la gran vergüenza que es el Tribunal Supremo. Quieran o no quieran el franquismo será juzgado”, advierte Críspulo Nieto, hijo y sobrino de dos militantes socialistas fusilados el 20 de noviembre de 1940.

Nieto acudió al despacho de Garzón en la Audiencia Nacional el 12 de septiembre de 2008 con una copia del sumario de su padre. “No aparece ni fiscal ni abogado defensor. Encontré un superviviente del juicio y me contó que no les dejaron ni hablar. Le condenaron por auxilio a la rebelión. Por rebelarse contra los sublevados”, resume. Asegura que acudirá “donde haga falta” para reclamar “verdad, justicia y reparación”.

La experiencia de la investigación de Garzón ha servido para que los denunciantes añadan nuevos crímenes a la dictadura para investigarla en su totalidad. La pasada semana anunciaron su intención de presentarse en Buenos Aires los presos de los años 60 y 70. La asociación La Comuna quiere que un juez investigue quiénes fueron los responsables de las torturas sufridas en comisarías y prisiones.

Fuente:http://www.publico.es/espana/419226/las-victimas-de-franco-se-refugian-en-la-justicia-argentina

Human Rights Watch, 13.1.2012

(Madrid) – El juicio que se iniciará próximamente contra el juez español Baltasar Garzón por haber investigado crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo atenta contra el concepto mismo de justicia tanto dentro como fuera de España, señaló hoy Human Rights Watch.

La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.

“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”, manifestó Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. “Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.

El juicio de Garzón en el caso de “memoria histórica” está programado para el 24 de enero de 2012. Se le acusa del presunto delito de prevaricación –dictar a sabiendas resoluciones injustas- por intentar llevar a cabo una investigación efectiva de crímenes de detención ilegal y desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil española y la dictadura del general Franco, a pesar de que en 1977 España aprobó una ley de amnistía para “actos de intencionalidad política”.
 
La decisión de Garzón de no aplicar la ley española de amnistía encuentra sustento en el derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un delito de carácter permanente mientras no se de razón del paradero de las víctimas. De hecho, la reacción en cadena provocada por el histórico pronunciamiento que Garzón dictó en 1998 contra el Gral. Augusto Pinochet de Chile por el asesinato y la tortura de miles de personas dio lugar a la derogación de las leyes de amnistía en numerosos países en todo el mundo.


El el caso de las “escuchas Gürtel”, cuya vista se ha señalado para el 17 de enero, Garzón ha sido acusado de prevaricación y violación de garantías constitucionales. Esta causa se relaciona con la intervención de las comunicaciones efectuadas por personas detenidas en el contexto de un escándalo sobre una extensa trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, actualmente en el gobierno”.

Garzón ordenó una serie de escuchas telefónicas de conversaciones que mantuvieron los presuntos cabecillas de esta red con sus abogados mientras estaban en prisión, ante la sospecha de que los abogados pudieran estar involucrados en las actividades ilícitas .  Al menos, uno de los abogados está imputado en la causa por blanqueó de dinero. No obstante, las grabaciones afectaron conversaciones con otros abogados que no estaban involucrados en el blanqueo de los fondos.

En los dos procesos contra Garzón, la fiscalía ha pedido que se archivara la causa penal ya que, según señaló, los hechos no serían constitutivos de delito. No obstante, las causas han prosperado como acciones particulares y fueron sustanciados por el Tribunal Supremo, que tiene facultades para juzgar a jueces en ejercicio. En la causa sobre la investigación de los crímenes del franquismo, los querellantes son dos organizaciones de significado carácter franquista. En la causa “Gürtel”, los querellantes son los abogados y los detenidos cuyas conversaciones fueron intervenidas, incluso imputados en el caso de corrupción.

Garzón fue suspendido de sus funciones hasta el pronunciamiento definitivo en 2010 tras la apertura de juicio oral en el caso de los crímenes del franquismo.

La querella contra Garzón por el caso “Gürtel” fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo en febrero de 2010, nueve meses después de la admisión de la causa de la “memoria histórica”, en mayo de 2009. Además de otros actores consultados, un ex miembro del Tribunal Supremo recién jubilado señaló a Human Rights Watch que creía que los enemigos de Garzón en el poder judicial habían adelantado la causa “Gürtel” para que el proceso contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo, claramente más controvertido, tuviera menor difusión pública y permaneciera a la sombra de esta otra causa. El País señaló que la causa sobre el período franquista quedó “curiosamente paralizada” en el tiempo, en alusión a las demoras en el señalamiento del juicio.
(http://www.elpais.com/articulo/english/The/indictment/of/Garzon/elpepueng/20110413elpeng_12/Ten)

Human Rights Watch no ha adoptado una posición respecto de la legalidad de las grabaciones o de si estas pueden considerarse procedentes. Sin embargo, acudir a la interposición de una querella penal, cuando existen otras vías posibles, constituye una medida a primera vista injustificada. El enjuiciamiento de jueces por el delito de prevaricación es un hecho prácticamente sin precedentes en España, manifestó Human Rights Watch.

Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados han señalado que los jueces no deberían ser juzgados por sus pronunciamientos a menos que se configuren circunstancias absolutamente excepcionales, y que “con el fin de proteger a los jueces de acciones judiciales injustificadas… [es] esencial que también se [les] conceda… cierto grado de inmunidad penal”. Estos expertos de la ONU han concluido que “la comisión de errores judiciales, la revocación en apelación o la revisión por una instancia judicial superior de una decisión adoptada por un juez no debe ser motivo para su separación del cargo”.

“A menos que existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un juez por su actuación judicial atenta contra la independencia judicial”, señaló Brody. “Son muchos los gobernantes antidemocráticos que no dejarían pasar la oportunidad de aplicar sanciones penales para silenciar a jueces cuya labor se opone a intereses creados”.

Además del caso de Pinochet, Garzón se ha declarado competente en casos de abusos cometidos en numerosos países. El ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo, imputado por Garzón por el asesinato de presos políticos durante la dictadura militar de ese país, cumple actualmente una condena de 30 años de prisión en España. El pedido presentado por Garzón a México permitió la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, otro ex militar argentino. Cavallo fue extraditado a España en 2003 y posteriormente fue enviado a Argentina para ser juzgado por la justicia de ese país.

Más recientemente, en abril de 2009, Garzón admitió a trámite una demanda interpuesta por particulares e inició una investigación penal sobre presuntos abusos sufridos por cuatro detenidos en Guantánamo que tenían vínculos con España. Varios cables diplomáticos divulgados por Wikileaks revelan que en varias oportunidades funcionarios estadounidenses habrían intentado de manera privada presionar a fiscales y funcionarios públicos españoles para evitar que prosperaran las investigaciones y lograr que la causa no fuera asignada a Garzón, considerado por el embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre (h), como “antiamericano”.
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“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional. Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.
Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch

Fuente:http://www.hrw.org/es/news/2012/01/13/espa-proceso-contra-garz-n-supone-una-amenaza-para-los-derechos-humanos

Diego Barcalá, Público, 8.1.2012

Tan sólo dos años después de la caída del muro de Berlín, el escritor alemán Georg Dreyman acude a los archivos de la Stasi, la poderosa policía secreta de la antigua RDA, a comprobar quién era el policía encargado de espiarle, qué escribió sobre él, qué sabía de su vida… La conocida escena pertenece a la película La vida de los otros (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) y representa la ruptura con el pasado que España no hizo en su transición. Los expresos políticos españoles no sólo desconocen qué fue de sus informes policiales sino que los que ordenaron su elaboración, los utilizaron para condenarlos, los encarcelaron y hasta les torturaron siguieron en sus puestos o incluso fueron condecorados por el nuevo régimen democrático.

El próximo 21 de enero se presenta la asociación de expresos del franquismo La Comuna. Militantes de la Liga Comunista Revolucionaria, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), el PCE o la prehistórica ETA VI Asamblea que reclaman la nulidad de sus juicios y sentencias como un hecho que va más allá de un simple reconocimiento moral a su lucha por la democracia. “Los tres presidentes que tuvo el TOP (Tribunal espacial de Orden Público o represión en vigor desde 1963 a 1977) se reintegraron en el Tribunal Supremo y los 11 jueces acabaron haciendo sus carreras en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales”, ejemplifica José María Galante, militante de la Liga Comunista Revolucionaria que fue detenido cuatro veces entre 1968 y 1973.

Como asociación tienen un símbolo. No es otro que la desaparecida cárcel de Carabanchel, por donde pasaron miles de presos políticos y ahora mismo no hay una simple placa que los recuerde. “Hace tres años apareció por ahí Rubalcaba diciendo que corría mucha prisa construir sobre la cárcel. Y hoy sigue siendo un solar. Tenían mucha prisa por hacer desaparecer los muros”, explica Galante, conocido por todos como Chato.

“Lo mejor es que en la puerta del edificio una pancarta dice: Bienvenidos”, recuerda sobre la sede de la Stasi de La vida de los otros Luis Roncero, de 69 años, exmilitante del FRAP y que pasó cuatro años detenido en la cárcel de Carabanchel. Miles de militantes antifranquistas como Roncero, condenados por los tribunales ilegales e ilegítimos durante los años sesenta y setenta, nunca han confiado en la Justicia española para reclamar responsabilidades por las tropelías franquistas. “Estamos encandilados con la querella de Argentina porque es la única vía donde puede haber justicia. Aquí ya sabemos que no la va a haber. Y ya se ha visto en casos como el de Grimau o Humberto Baena que se da por causa juzgada”, opina Galante.

Las torturas sufridas por esta generación de entonces jóvenes que heredaron de sus padres derrotados en la Guerra Civil la dignidad, el coraje y la persistencia han quedado impunes. “Yo caí en Santander y me libré de las palizas porque me pusieron contra un muro y me pegaron un tiro en la espalda que me atravesó los pulmones. Como le gustaba decir a Franco, no hay mal que por bien no venga”, ironiza el exmilitante de ETA de 68 años, Enrique Guesalaga.

“En mi pueblo, en Eibar, donde todo el mundo hablaba en euskera, te castigaban si lo hablabas y antes de cada partido de pelota en el frontón te hacían cantar el Cara al sol. Esa es nuestra generación”, explica Guesalaga, condenado en el proceso de Burgos a 50 años de prisión por un delito de terrorismo. Con la Ley de Amnistía de 1977 salió en libertad. “La gran trampa de la Transición”, califica a esta norma su compañero Josu Ibargutxi, de 62 años. “Por 800 presos que había entonces en las cárceles, consiguieron aprobar una ley de punto final”, añade Ibargutxi.

Detenido en coma

Una selección de expresos reunidos en un bar irlandés junto a la antigua sede del TOP, ahora Tribunal Supremo, en Madrid, describen a Público cómo fueron sus detenciones. “Yo caí detenido como activista en abril de 1968, antes incluso del mayo francés, por acudir a desactivar un artefacto que la organización había decidido poner en la delegación de uno de los aparatos de propaganda franquista más importante de entonces, que era el periódico El correo español. Fui a desactivarlo para evitar que hiriera a alguna persona que pudiera pasar y me explotó en el morro. Me quedé malherido y en coma. Por eso evité las torturas de la comisaría”, describe Ibargutxi.

“La trampa de la Transición fue que el sistema perduró”, opina Puig

Cuando recuperó sus facultades, Josu fue sometido a los temidos interrogatorios. “Como no cantaba todo lo que querían, me amenazaban con hacerme pasar por las manos de Melitón Manzanas, el temido torturador franquista, que en agosto la organización decidió ejecutar”, recuerda. El Gobierno de José María Aznar condecoró en 2001 a Manzanas con la Medalla de Oro al Mérito Civil.

El grado de las palizas dependía del momento de la detención. Valentín García, de 68 años, fue detenido el 29 de enero de 1969, en pleno estado de excepción por la muerte días antes del estudiante antifranquista Enrique Ruano. “Estuve 15 días detenido e incomunicado. Me ataban a la silla y me desnudaban por el efecto psicológico. Me pegaron noche y día, aunque ni me acuerdo de qué horas eran”, recuerda.

Los expresos del tardofranquismo se reconocen a sí mismos como una organización huérfana de padres políticos. El PSOE apenas contó con presos en la Transición y el PCE “se olvidó de los suyos”, como destaca Galante. “La frase que define ese olvido es la de Santiago Carrillo cuando dice que el PCE ya ha enterrado a sus muertos”, explica (Marcelino Camacho aseguró en 1977 que el PCE había “enterrado sus muertos y sus rencores”). “¡Con todos los que todavía tienen desaparecidos en cunetas!”, exclama Guesalaga.
Aznar condecoró al torturador Manzanas en 2001 como víctima de ETA (ver:http://www.elpais.com/articulo/domingo/HABLAN/VICTIMAS/MELITON/MANZANAS/elppor/20010128elpdmg_12/Tes)

Tres décadas después de la Ley de Amnistía, los expresos se preguntan por qué no la han debatido hasta ahora. “Cuando salimos, pensábamos en el futuro. Éramos gente joven, nuestra generación no es la que vivió la guerra y teníamos muchos proyectos por hacer. El objetivo era derrocar a la dictadura. Queríamos romper con el sistema y transformarlo. Buscábamos la emancipación social. La Transición fue una trampa que hizo perdurar el sistema”, analiza Acacio Puig, de 63 años, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria.

Puig pide un té y sonríe a Chato al recordar sus tiempos entre rejas. “Tomábamos siempre té. Era como un ritual”, recuerda de sus días en Carabanchel. Acacio cayó en 1973 en un piso de Vallecas donde su organización tenía un almacén de propaganda electoral. Tras pasar por los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, tuvo un juicio militar. “Me metieron 13 años por asociación ilícita, propaganda ilegal y añadieron terrorismo porque les interesaba por haber sido un juicio militar”, concluye.

Si hay algún personaje de los calabozos que todos recuerdan es Saturnino Yagüe, jefe de la Brigada Político Social, excombatiente de la División Azul que falleció en 1978 después de haber recibido una medalla al mérito policial, entre otras condecoraciones. “Fue el que refinó las torturas. Hasta entonces eran muy borricos y este refina los métodos”, añade Puig. “Yagüe refinó las torturas en la Brigada Político-Social”, dice un ex preso

Perfil del funcionario

“El perfil del jefe de las prisiones cambia. Ya no son gente acostumbrada a sacar a fusilar cada día a un puñado de presos. A partir de los setenta saben que no se puede hacer eso. Por ejemplo, el jefe de la prisión en Segovia nos permitía tener equipos de música. Bueno, y además, con tal de que no hiciéramos ruido, nos dejaba en paz hasta tal punto de que preparamos dos fugas consecutivas”, apunta Chato. “Nuestra gran reclamación era el estatuto del preso político. Nunca lo conseguimos, pero éramos tratados como presos políticos”, matiza Ibargutxi.

Con un proceso de anulación de una sentencia, los expresos aspirarían a tirar de la manta de miembros de la brigada político social, guardias civiles o incluso de jefes de prisiones. Acacio apunta a alguno de esos funcionarios de prisiones como represores: “Javier Cabezudo Hernández, director de Carabanchel, José Manuel de la Fuente, de Soria, Antonio Rodríguez Alonso, del Puerto de Santamaría, o Prudencio de la Fuente, de Burgos”.

“El PSOE no tenía presos y el PCE se olvidó de ellos”, denuncia Chato

Todos coinciden en señalar que las peores experiencias que se vivieron en las cárceles fueron sufridas por los jóvenes. “Éramos unos 15 presos políticos de menos de 20 años. Nos juntaron con el resto de presos comunes que nos hicieron la vida imposible dirigidos por los funcionarios. No podíamos mantener ni la comida por la mafias que se formaban. Cómo sería que, cuando me trasladaron al módulo de adultos, creía que eso era la libertad”, recuerda Ramiro, ex del reformatorio de Carabanchel.

Fuente; http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/415817/amenazaban-con-llevarte-a-manos-de-meliton-manzanas

David Arrabalí Campos, Mundo Obrero, 6.1.2012

Hace unos días hemos conocido que la justicia Argentina investigará a Manuel Fraga, por haber formado parte del régimen franquista. El que fuera ministro de Información y Turismo (1962-1969) del Dictador Francisco Franco, a sus 90 años, deberá ver cómo su paso, del que nunca se ha retractado, por la dictadura se cuestiona desde un tribunal extranjero.

Así lo han pedido familiares de represaliados durante el franquismo y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la jueza argentina María Servini, que está instruyendo una causa en ese país por los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

La jueza federal María Servini libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de esta investigación de crímenes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados [sic] y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron fuentes judiciales.

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la Transición española que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo. Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga, muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau, o Rodolfo Martín Villa, responsable político de la muerte de activistas demócratas durante la llamada transición pacífica a la democracia y ex presidente de Sogecable.

Cuando hace unos años se presentó una propuesta en la comisión constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión franquista, Manuel Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa, aprobada con los votos de los demás grupos políticos. El líder de la oposición antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte.

El ministerio de Información desarrolló una intensa campaña de propaganda para contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de Información era Manuel Fraga, que cuando desde las gradas del senado se le decía que pidiera perdón, no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin mover un músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de sanguinario asesino.

Estos funcionarios, policías torturadores o ministros, se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica Ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre atado y bien atado con el que Franco tranquilizó a sus seguidores en los últimos días de su vida.

En los años finales de la Dictadura se produjo una escalaba brutal de la represión que coincidía con un ciclo de luchas de la oposición antifranquista, organizada y dirigida principalmente por los sindicatos clandestinos y el Partido Comunista de España todavía ilegal. En unas condiciones muy difíciles de persecución, estos movimientos políticos encabezaban las luchas obreras, el movimiento estudiantil y las movilizaciones vecinales.

Este ciclo arranca aproximadamente con la designación en 1969 de Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Franco. Ese mismo año es detenido Enrique Ruano al que habían visto repartir en la calle propaganda de Comisiones Obreras, según la versión oficial se arrojó desde un séptimo piso. Los policías, hoy comisarios, no fueron juzgados por asesinato hasta 1997, le pegaron un tiro y luego lo tiraron por la ventana, y fueron absueltos por el tribunal supremo. En julio de 1970, mueren por disparos de la policía los albañiles Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez Mesa durante una manifestación organizada por Comisiones Obreras. Ese mismo mes el gobierno militariza el metro de Madrid tras el éxito de los huelguistas. En septiembre la huelga de la construcción en Madrid también es un éxito.

Pero el hecho histórico más relevante del momento fue el proceso de Burgos, en diciembre de 1970, (ver:http://www.ruedoiberico.org/libros/index.php?id=69) en el que fueron condenados a muerte y luego conmutada la pena de varios militantes de ETA. El obrero metalúrgico Roberto Pérez Jáuregui muere en los días posteriores por disparos de la policía en el curso de una manifestación de protesta contra el proceso de Burgos.

En septiembre de 1971 es asesinado Pedro Patiño, por disparos de la Guardia Civil mientras repartía octavillas de Comisiones Obreras convocando una huelga de la construcción. En octubre de 1971 durante la huelga de la SEAT organizada por Comisiones Obreras, la policía ocupa la fabrica y dispara sobre los trabajadores, matando a Antonio Ruiz Villalba. El 10 de marzo de 1972 en la huelga de los trabajadores de Bazán, en el Ferrol, son asesinados por la Policía los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.

En esos años se procedió a la detención y ejecución de numerosos líderes sindicales, el colofón a esta actividad represora es la detención de la cúpula de Comisiones Obreras en una reunión clandestina en junio en 1972, que dio lugar al Proceso 1001, y la posterior condena en diciembre de 1973 a largas penas de cárcel. Los asesinatos de obreros continúan; en abril de 1973 la Guardia Civil ametralla una manifestación de dos mil obreros, matando de una ráfaga a Manuel Fernández Márquez, militante del PSUC y de Comisiones Obreras, en la puerta de la central térmica de Sant Adrià de Besòs. En septiembre, Cipriano Martos, obrero de la construcción, es asesinado mediante la tortura por la Guardia Civil en Reus, fue obligado a beber el contenido de un cóctel molotov. En octubre, durante un reparto de octavillas en la fábrica de CASA en Madrid, es asesinado a tiros por la policía el obrero Victoriano Diego Gómez.

En agosto de 1974 es asesinado por la Guardia Civil en Carmona, Miguel Roldán Zafra, en una manifestación de vecinos del pueblo en la que pedían agua potable. En enero de 1975 es asesinado por un guardia civil Víctor Manuel Pérez Elexpe, cuando estaba repartiendo octavillas de apoyo a la huelga general en Navarra, recibió cinco disparos a quemarropa y por la espalda. El 27 de septiembre de 1975, tuvo un gran impacto el fusilamiento tras un consejo de guerra de cinco militantes de ETA y FRAP.

En noviembre de 1975 Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del estado y el ejército para convertirse en dictador cuando desaparece Franco. Tras la muerte del general se recrudece la represión. En los meses posteriores decenas de obreros y militantes antifranquistas son heridos y asesinados por la policía y la extrema derecha. La lista es interminable; en febrero de 1976 durante una manifestación a favor de los trabajadores del calzado en Elda, Teófilo del Valle es muerto a tiros por la policía. El 3 de marzo la policía mata en Vitoria a 5 trabajadores, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Luis Castillo García y Bienvenido Perea, y hiere a más de cien.

En agosto de 1976 el estudiante de 19 años Francisco Javier Verdejo Lucas, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil mientras hace una pintada:”Pan, trabajo y libertad”. En septiembre de 1976 el estudiante comunista, Bartolomé García Lorenzo, muere en La Laguna acribillado a tiros por agentes de la policía. Ese mismo mes es asesinado Carlos González Martínez, estudiante de 21 años, durante una manifestación. En noviembre de 1976 es asesinado de dos balazos por un guardia civil José Javier Nuin, estudiante de 19 años. En diciembre Ángel Almazán Luna es apaleado en una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política y muere por la paliza. En enero de 1977 muere José Vicente Casabany durante una manifestación. También muere Juan Manuel Iglesias, de 16 años, al huir de una carga policial y Arturo Ruiz es asesinado por la “Triple A”, ambos en manifestaciones pro amnistía.

El 24 de enero de 1977 nueve abogados laboralistas de Comisiones Obreras, militantes del PCE, fueron ametrallados por un grupo de ultraderecha. Cinco resultaron muertos: Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Ese mismo día, en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz, la policía mata con un bote de humo a Mª Luz Nájera y muere en Cartagena Pancho Egea, trabajador de la construcción, durante una manifestación conjunta de obreros de la construcción y del metal. En marzo muere José Luis Aristizabal Lasa, estudiante de 20 años, durante una manifestación pro amnistía, también muere Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de 24 años, apuñalado por elementos de ultraderecha durante una manifestación.

Más tarde, en diciembre de 1977, se aprueba la Ley de amnistía y las cárceles repletas de presos políticos se vacían, esto supone cierto respiro pero continúa la represión y muchos más luchadores mueren en los años posteriores, como: Manuel García Caparrós, obrero malagueño militante del Comisiones obreras y el PCE, en diciembre de 1977 en una manifestación por la autonomía de Andalucía; Javier Fernández Quesada, estudiante comunista de 22 años, que muere ese mes en Tenerife por disparos de la policía; Francisco Rodríguez Ledesma, obrero sevillano asesinado en una manifestación de trabajadores; Elvira Parcero Rodríguez, de 22 años, asesinada en una manifestación de los trabajadores de la empresa Ascón; José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras, es asesinado en Soria por cuatro disparos de un policía en el transcurso de una discusión; Manuel Medina Ayala, militante del PCE, apuñalado por un grupo ultraderechista durante un acto en solidaridad con el pueblo chileno; Andrés García, joven comunista asesinado por miembros del Frente de Juventud.

Los luchadores asesinados después del 6 de octubre del 1977 no son reconocidos como víctimas por las leyes, ni han percibido ayuda alguna. Estas matanzas y asesinatos permanecen impunes, la conculcación de derechos sigue vigente, y los máximos responsables no han sido juzgados y están presentes en la vida política, desde Juan Carlos de Borbón, jefe del estado y del ejército, a Manuel Fraga Iribarne o Rodolfo Martín Villa, ministros de Gobernación en esos años.

Han pasado más de treinta años desde que se produjeron estos crímenes, y los asesinos de centenares de defensores de la libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo impensable en una Democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en el estado español.

Existe una enorme deuda con las víctimas del franquismo y con las de la transición, ya que cuando se pudo no se hizo casi nada por las personas que fueron represaliadas durante la Dictadura, sólo pequeños pasos hacia la lenta y costosa rehabilitación de los luchadores y luchadoras por las libertades que se han dado en los últimos años gracias al esfuerzo de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que reivindican la memoria histórica.

NdCoord.: Como esta noticia proviene de Mundo obrero (comunista), no menciona otros muchos asesinatos perpetuados por el franquismo y postfranquismo pero que pertenecían a otros partidos o movimientos, en particular anarquistas, como Granado y Delgado, Puig Antich y muchos otros…

Cristóbal García Vera, Canarias Semanal, 20.12.2011

El 14 de abril de 2010 familiares de víctimas del franquismo presentaban en Argentina una demanda para que se investigasen los crímenes de esta dictadura. Una iniciativa a la que se veían abocados ante el significativo bloqueo de sus reivindicaciones por parte de las instituciones del Estado español.

Seis meses después, la jueza federal argentina María Servini de Cubría enviaba un exhorto a España para que le indicaran qué investigaciones se estaban realizando sobre estos crímenes. A mediados del presente 2011 la Fiscalía General del Estado español le respondía que “se están llevando a cabo diversas investigaciones en varios juzgados del país”. La magistrada, sin embargo, no dio crédito a la contestación y acaba de emitir un segundo exhorto en el que pide que se le informe sobre los ministros y otros responsables de la represión franquista entre el 17 de julio de 1936 -cuando comenzó en Melilla la sublevación contra el gobierno de la II República- y el 15 de junio de 1977. Día en que se celebraron las primeras elecciones tras la muerte del dictador.

La jueza exige nombres y domicilios

La jueza Servini de Cubría “exige que se le comuniquen los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de ministros de los gobiernos del Estado español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange”, acompañados del certificado de defunción de aquellos que hayan fallecido. La resolución judicial ordena, asimismo, que se le proporcione el listado de empresas privadas, aún activas, que se beneficiaron del “trabajo esclavo y forzado de presos republicanos”. Demanda, igualmente, información sobre el número e identidad de las personas desaparecidas, su momento y lugar de desaparición; de cuantas personas fueron torturadas y asesinadas durante la “persecución política”; y sobre los niños que fueron robados a sus familias de origen, “con su ulterior sustitución de identidad”. Solicita, además, los “informes sobre las fosas comunes encontradas y la cantidad de cuerpos recuperados hasta la fecha”.

María Servini de Cubría realiza esta reclamación sobre los delitos de la dictadura franquista basándose en el principio de Justicia Universal, figura que reconoce la Constitución de ese país al igual que la española. La decisión de la jueza ha sido aplaudida por organismos humanitarios y por las asociaciones de víctimas del franquismo.

La ley española “de punto final” y la transición en entredicho

Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga -muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau- o Rodolfo Martín Villa -responsable político de la muerte de centenares de activistas demócratas durante la llamada “Transición pacífica a la democracia” y presidente de Sogecable hasta el año 2010-. Y éstos deberían responder ante los tribunales, del mismo modo que los funcionarios de menor rango que continuaron ejerciendo su labor represiva hasta las postrimerías de la dictadura franquista.

Estos funcionarios -policías torturadores, carceleros o ministros- se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica ley de punto final que garantizó su impunidad (no solo impunidad sino que a Meliton Manzana le dieron la medalla de oro del mérito civil – y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre “atado y bien atado” con el que Franco tranquilizó a sus secuaces y sucesores en los últimos días de su vida. (ver:http://www.elpais.com/articulo/domingo/HABLAN/VICTIMAS/MELITON/MANZANAS/elppor/20010128elpdmg_12/Tes)

Pero la Ley de Amnistía que han mantenido en vigor los gobiernos del PSOE y el PP constituye solamente una de las manifestaciones del llamado “espíritu de la Transición”. Para que la impunidad de los verdugos del franquismo pudiera estar plenamente garantizada, y el nuevo Estado monárquico pergeñado por los artífices del “cambio pactado” fuera viable, era preciso también imponer la desmemoria y la desmovilización popular. Las claves de esta operación, posteriormente mitificada y presentada como modélica, han sido plenamente desveladas por el politólogo y abogado Joan Garcés en su libro Soberanos e intervenidos:

“Agotado el Dictador -escribe Garcés en la citada obra- se procedió a reformar las estructuras del Estado de la Dictadura, no a romper con la obra de ésta.” La operación exigía aplicar las recomendaciones de la Comisión Trilateral para “contener la excesiva voluntad de cambio de los españoles… Estos fueron presupuestos de la Constitución de 1978 y de la reforma política que ella inauguraba… La aplicación de los postulados de la Trilateral significó sustituir la movilización en torno de reivindicaciones de soberanía y libertades democráticas por la apatía y la indiferencia… que legitimaran la sucesión del franquismo sin alterar las estructuras socio-económicas que lo sustentaban excepto en lo que facilitara la circulación del capital internacional”.

Con una sociedad construida sobre estos corruptos cimientos no es extraño, pues, que el Estado español haya hecho oídos sordos a la petición del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en 2008 le “recomendaba” que derogase la Ley de Amnistía de 1977. En su informe sobre este particular el Comité de la ONU daba por supuesto el hecho de que se habían cometido “crímenes contra la humanidad en su jurisdicción nacional”, denunciando que la amnistía en relación con este tipo de delitos contraviene la Convención de Derechos Políticos y Civiles de 1966, ratificada por España.

Años después de la Transición, las oligarquías latinoamericanas tomaron ese “cambio pactado” y la Ley de Amnistía como arquetipo para elaborar sus propias coartadas legales y eludir su responsabilidad y la de sus sicarios en las dictaduras militares que asolaron ese subcontinente.

Ahora, no obstante, el cuestionamiento de la hispánica ley de punto final proviene precisamente de uno de esos países en los que también se intentó que el asesinato, el secuestro y la tortura de miles de personas fueran borrados de la memoria colectiva en aras de una supuesta “reconciliación nacional”. La misma que en España ha prolongado hasta nuestros días el triunfo inicuo de los victimarios.

Fuente:http://canarias-semanal.com/not/989/_extraditaran_a_fraga_y_martin_villa_por_crimenes_de_lesa_humanidad_

Una jueza federal argentina pidió a España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen franquista, informaron fuentes judiciales.

El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977. El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.

Asimismo, la jueza pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, según las mismas fuentes.

La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante. En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.

Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980.

La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.

Fuente:http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/414120/la-justicia-argentina-pide-a-espana-datos-sobre-ministros-de-franco

Diego Barcala, Público, 31.7.2011

Al haberse cometido con fecha anterior al año 1976 y tener clara motivación política en la Guerra Civil 1936/1939, los autores, caso de sobrevivir en la actualidad, quedarían amparados por dicha amnistía”. Este párrafo, redactado el 22 de junio de 2010 por la Audiencia Provincial de Burgos, demuestra que la Fiscalía General del Estado oculta la realidad en el informe enviado el pasado junio a Argentina. En ese auto se asegura que ningún tribunal “ha aplicado la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 ni ninguna otra clase de medida de gracia o indulto” a los crímenes del franquismo.

La Audiencia Provincial de Burgos se basa para amnistiar a los criminales en decisiones en el mismo sentido de otros juzgados a los que le llegó la causa desde el despacho de Baltasar Garzón en el momento en que se vio obligado a inhibirse. Uno de esos es el auto redactado por la jueza de Zaragoza Natividad Rapún Jimeno, que archivó el caso de detención y asesinato, el 26 de agosto de 1936, de 22 afiliados de UGT que acabaron en una fosa de Magallón.

Una de esas víctimas que se han visto desamparadas ante la Justicia española es Olga Alcega, nieta de uno de los 81 fusilados en la fosa de Magallón. “La jueza de Zaragoza archivó la causa y no nos comunicaron absolutamente nada”, explica. “Nos merecemos que nos den los argumentos. Estoy dispuesta a declarar como testigo en la causa que Garzón tiene pendiente por investigar”, reflexiona.

“Mundialmente notorio”

“A mi abuelo lo fueron a buscar el 2 de septiembre de 1936 cuando estaba dando de beber a las vacas en el abrevadero de un pequeño pueblo de 200 habitantes. Le acusaron de hacer mítines de Izquierda Republicana en el café que tenía en su propiedad. Lo mataron y lo juzgaron para incautarle los bienes”, describe Alcega. La Justicia nunca ha investigado si esta familia merece una recompensa por el robo de sus bienes.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que esta semana escribió en un periódico su opinión a favor de la colaboración internacional entre fiscalías, oculta información a la jueza argentina con el objetivo de lograr el archivo de la denuncia presentada el 14 de abril de 2010 en Buenos Aires por familiares de víctimas de la represión franquista. Una semana después de que se presentara esa denuncia, Pumpido se reunió en Buenos Aires con el fiscal que pidió en primera instancia el archivo de la querella, como denunció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante el Consejo General del Poder Judicial.

El fiscal justifica que España investiga su pasado aludiendo a la instrucción llevada a cabo por Garzón en la Audiencia Nacional, sin citar el proceso al juez por investigar precisamente los crímenes del franquismo. “La causa abierta a Garzón por prevaricación es un hecho mundialmente notorio que la jueza argentina conoce”, advierte el juez de la Audiencia Ramón Sáez Valcárcel. “Es muy duro que un Estado reconozca lo que sabemos todos. Por eso el informe está redactado así. Todos sabemos que el único juez que abrió la única pequeña investigación penal al franquismo está procesado”, añade el magistrado.

“Las explicaciones del informe son coartadas para evitar la investigación”, asume el abogado de los querellantes en Argentina, Carlos Slepoy. “Citan que hay una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo que está pendiente. Lo esperábamos. Es el argumento más fuerte que tienen. Pero la doctrina del Supremo y del Constitucional en el caso Scilingo, cuando ya había habido juicios en Argentina por la dictadura, demuestra que se puede investigar pese a que exista esta cuestión”, explica el letrado.

Tampoco habla el informe de la Fiscalía de los motivos por los que los tribunales españoles suspendieron a Garzón, pese a que los argumentos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acabó con la carrera del magistrado en ese tribunal son utilizados por los juzgados territoriales para no investigar las fosas comunes. “No me extraña que las víctimas se indignen. Tienen razón. Es un acto de hipocresía claro”, reflexiona Sáez Valcárcel.

Denuncia de Manos Limpias

El 2 de diciembre de 2009, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia esgrime que los delitos que fueron investigados en este tribunal habían prescrito y que por tanto, Garzón había prevaricado al indagar, como denunció el sindicato ultraderechista Manos Limpias. En ese argumento, implícitamente, los jueces no tipifican los delitos como crímenes de lesa humanidad y por tanto darían la razón a los denunciantes en Argentina. La jueza María Servini de Cubría se dirige a España preguntando por una investigación sobre un “plan sistemático, generalizado y deliberado para la eliminación física de los ciudadanos españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno”.

El Ministerio Público asegura que nadie ha denunciado ese extremo en España como último argumento para frenar la causa. La primera denuncia de diciembre de 2006 habla de un “crimen masivo, de lesa humanidad (…) que causó un general y amplio exterminio (…) en un plan preconcebido de aniquilación humana”. La Fiscalía esgrime que, según los juzgados españoles, esas causas han prescrito, negando que este tipo de delitos no prescriben en el tiempo debido a su gravedad.

Fuente:http://www.publico.es/espana/389510/la-impunidad-franquista-que-espana-oculta-a-argentina

Patricia Campelo, Público, 3.8.2011

En cumplimiento de la ley de memoria histórica, el Ayuntamiento coruñés retiró el título de hijo predilecto de la ciudad concedido a José Millán Astray, jefe de propaganda de la dictadura y procurador en las Cortes nombrado por Franco.

La eliminación de este reconocimiento se efectuó en base al artículo 15 de la Ley 52/2007 que establece la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

La hija del general franquista recurrió esta decisión del pleno del  Ayuntamiento de A Coruña —cuyo gobierno lo integraban entonces el PSdeG y el BNG— y, ahora, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de la capital gallega ha estimado en parte sus pretensiones. La sucesora también pidió la restitución de la estatua de Millán Astray y el nombre de la plaza en la que estaba ubicada pero, en este caso, la justicia ha considerado que ahí si hubo una aplicación correcta de la ley.

El juzgado coruñés hace una aplicación “particular” de la ley de memoria histórica, a juicio del presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, Manuel Monge, quien ha pedido una entrevista con el regidor para tratar asuntos relacionados con la retirada de vestigios franquistas.
“No hay base jurídica ya que la ley obliga a retirar los honores a todas aquellas personas implicadas en el golpe militar” de julio de 1936, explica. La sentencia argumenta que el título fue otorgado al fundador de la Legión en un pleno municipal celebrado en agosto de 1922, 14 años antes de la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil, y que “no cabe aplicar por ello la ley de la memoria histórica”.

Monge pide al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), que defienda “los intereses del municipio” y que recurra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para no provocar un “antecedente gravísimo”. “Sería la primera vez que este ayuntamiento no recurre una sentencia que es contraria a un acuerdo adoptado en el pleno”, sostiene Monge, quien ha ofrecido el conocimiento de la asociación que preside para dar asesoramiento histórico a los técnicos municipales. 

“Pedimos al regidor que no ceda a presiones de los nostálgicos del franquismo”, reivindica el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica en declaraciones a Público.es.. Monge recuerda que existe una Comisión de expertos para asuntos de memoria histórica —de la que él es miembro— y sugiere a Negreira que la vuelva a convocar de cara a la elaboración del recurso que esperan que llegue “en los próximos días”. Sino, la asociación gallega anuncia que denunciará la situación en los tribunales. 

El franquista díscolo que adoraba la muerte

José Millán-Astray y Terreros (A Coruña 5 de julio de 1879 -1 de enero de 1954). Fundó la Legión en 1920 y formó parte de la élite de militares duros del régimen junto con Mola, Sanjurjo, Alonso Vega o Yagüe, planificadores  del golpe de Estado contra el gobierno de la República, en julio de 1936. 

Millán Astray participó activamente en los movimientos internos que culminarían, el 29 de septiembre de1936, con la proclamación de Francisco Franco como caudillo, jefe de Estado y Generalísimo. Más tarde fue nombrado responsable de Radio, Prensa y Propaganda de la dictadura, contribuyendo a ensalzar la figura de Franco como “salvador invencible de la patria”. 

Fue célebre el altercado que mantuvo con el entonces rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, el 12 de octubre de 1936, con motivo de la celebración de la llamada Fiesta de la raza. Millán Astray, presente en el acto, gritó: “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!”. El discurso que pronunciaba Unamuno decía lo siguiente: 

“Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece útil el pediros que penséis en España. He dicho”. [Testimonio recogido por Hugh Thomas en La Guerra Civil Española].
Meses antes, Millán Astray pronunció un encendido discurso en la plaza María Pita, en A Coruña el 6 de septiembre de 1936, que remataba así: “Muera el nacionalismo separatista. Los judíos moscovistas querían encadenar España para convertirnos en esclavos, pero hemos de luchar contra el comunismo y el judaísmo. ¡Viva la muerte!”.

En 1941, con 62 anos, anuló su primer matrimonio y se volvió a casar con Rita Gasset, casi 30 años más joven que él. Cuando esta quedó embarazada, fue tal el disgusto de Franco que mandó a la pareja a vivir a Lisboa para evitar el escándalo. 

Datos recabados por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña

Fuente:http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/389946/millan-astray-volvera-a-ser-hijo-predilecto-de-a-coruna

Joan Martinez Alier

 
Introducción
 
Un reciente ensayo sobre la Ley de Amnistía de 1977 de una becaria de la Universidad de Zaragoza (María García Yeregui) escrito con precisión y con la pasión propia de una magnífica nueva generación de historiadores contemporáneos, sostiene con razón que en España no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas durante la Transición. El debate solo ha empezado ya entrado el siglo XXI gracias a los historiadores y gracias al proceso del juez Garzón. Apenas se habló entonces acerca de la violencia política ejercida durante la dictadura y la guerra civil en términos de violaciones de los derechos humanos. La evidencia del silencio la encuentra en el análisis de los contenidos del diario El País y de la revista Triunfo. No usa ni hay razón para que use ni parece haber leído los Cuadernos de Ruedo ibérico cuya difusión era relativamente escasa. ¿Fuimos la excepción que confirma la regla? ¿Cómo acallaron a otras voces como las nuestras?
 
La denuncia y el debate político de tales crímenes contra los derechos humanos habría sido cortada por la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que amnistiaba (art. 2f) los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (tales como el no perder la vida y vivir en libertad). Quienes habían impedido el ejercicio de tales derechos, fueron amnistiados. Mejor dicho, se auto-amnistiaron con la aquiescencia de los partidos políticos de centro y de izquierda que habían ganado escaños en las primeras elecciones en España desde 1936, las de 1977.
 
Y así fue, ni en la política parlamentaria ni en la prensa y la televisión se debatió abierta y ampliamente sobre los crímenes franquistas, ni durante el gobierno de UCD hasta 1982, ni en el período socialista de 1982 al 1996, ni en el gobierno de Aznar del Partido Popular (cuyo presidente es Manuel Fraga, ex ministro de Franco) hasta el 2004. Se empezó por fin a despertar la memoria histórica en el ámbito parlamentario con el gobierno de Zapatero, por presión de los historiadores y de los “nietos” de quienes habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes y con los intentos muchas veces frustrados de revisar retrospectivamente la legalidad de las sentencias de muerte de los consejos de guerra franquistas. No hubo tampoco en España una Comisión de la Verdad como en Sudáfrica o en Perú. Llamaba la atención en Argentina o en Chile que la justicia española pudiera arrinconar y hasta juzgar a militares y torturadores de esos países y por el contrario no hiciera nada contra los franquistas.
 
La Transición no logró pacificar los ánimos en el País Vasco. A partir de 1982, el gobierno socialista se implicó en operaciones ilegales contra ETA, como lo había hecho la UCD. La prensa de derecha y el PP usaron los GAL para erigirse paradójicamente en defensores de los derechos humanos contra el PSOE aunque se sabía que UCD había estado implicada en similares actividades. Con los socialistas con la inocencia prontamente perdida y a la defensiva, no era momento de pensar en abrir el tema de los crímenes franquistas y de derogar o cambiar la Ley de Amnistía de 1977. Con el gobierno de Aznar, entre 1996 y 2004, era incluso más difícil esa derogación. Con el gobierno de Zapatero, pudiera haberse considerado la posibilidad de discutirla pero los propios socialistas no querían hacerlo. Si el PP se refuerza en las elecciones del 2012, se alejará más esta posibilidad, diga lo que diga el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno puede preguntarse si es todavía posible que el caso Garzón pueda desembocar a través de la justicia europea en una reconsideración de la (pretendida) amnistía de los crímenes franquistas de 1977. De hecho, a Garzón se le ha acusado por la justicia española de haberse saltado expresamente la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 pues él quería investigar (en el auto que dio el 16 de octubre de 2008)  si, como parecía,  Franco y el resto de los jefes militares y colaboradores que se rebelaron contra la República  habían ideado un plan de exterminio sistemático de sus oponentes que acabó con, al menos, 114.266 desaparecidos (además de los muertos comprobados). Según Garzón, este plan constituiría un delito de crímenes contra la humanidad no previsto en la ley de 1977. Los muertos comprobados quedaban al margen (posiblemente por haberse amnistiado o prescrito los hechos).

La organización Human Rights Watch el 18 de marzo de 2010 explicó en un comunicado que Garzón era  investigado penalmente por prevaricación, al intentar indagar presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951, mientras que los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Franco (1939-1975), invocando la Ley de Amnistía de 1977. Uno de los principales argumentos en contra de Garzón usados por la justicia española ha sido que él sostuvo equivocadamente que la Ley de Amnistía de 1977 no se aplicaba a los delitos que él quería investigar.
 
Para diversas organizaciones de derechos humanos internacionales, conviene derogar la Ley de Amnistía de 1977 pues los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas directas e indirectas de violaciones de derechos humanos la justicia y las reparaciones adecuadas. Hay opiniones legales, como las del propio juez Garzón, que aseguran que la Ley de Amnistía de 1977 no impide investigar (algunos de) los crímenes franquistas pero el hecho es que esos crímenes no fueron investigados judicialmente durante más de treinta años desde la llegada la democracia, y que el propio Tribunal Supremo parece pensar (contra Garzón) que la Ley de Amnistía era una ley de punto final, por muchas protestas nacionales o internacionales que haya al respecto. Por otro lado, se argumenta (en el caso español, con treinta años de retraso) que la causa contra los crímenes del franquismo está avalada por la doctrina internacional, según la cual, las leyes de punto final no pueden ser aplicadas cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Ciertamente pues, ha habido en los últimos años varios pronunciamientos de organismos internacionales instando a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 dada la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Y el Parlamento español no ha hecho ningún caso ni creo que vaya a hacer ningún caso. La impunidad de los franquistas quedó atada y bien atada.
 
El pésimo ejemplo español de la Transición permitiendo la auto-amnistía de criminales al servicio de una larga dictadura podía servir pour encourager les autres. Por suerte este no fue el caso en Argentina gracias a una ironía de la historia, es decir, la guerra de 1982 de la señora Thatcher en las Malvinas derrotando a los militares argentinos, y gracias a las protestas de las ciudadanas y ciudadanos. En Chile la Transición ha sido más a la española pero no totalmente. Irónicamente otra vez, la diferencia chilena se dio en parte por la intervención del juez Garzón con su auto de detención contra Pinochet en Londres que causó gran irritación a Thatcher que admiraba la política económica neoliberal de Pinochet. Ese auto de Garzón contra Pinochet reseña la larga lista de convenios internacionales pertinentes y le debe haber servido de entrenamiento para sus frustradas actuaciones contra el franquismo años más tarde.
 
Treinta años no es nada
 
José María Benegas, político socialista protagonista del debate sobre la Ley de Amnistía de 1977, la describió acertadamente (11/11/2007) como una ley de punto final. Como exigía la nueva situación política, se había amnistiado a los presos del franquismo ofreciendo a cambio el olvido jurídico de los crímenes franquistas. (http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2007/761/761benegas.html).
 
Entre el recuerdo de los Pactos de la Moncloa y la conmemoración de los veinticinco años de la victoria del PSOE en octubre de 1982, el treinta aniversario de la Ley de Amnistía ha pasado casi desapercibido. Me correspondió el honor de representar al Grupo Socialista en el pleno del Congreso de los Diputados que aprobó la ley. Era la primera vez que intervenía en el hemiciclo. Fue una sesión solemne. La amnistía fue una de las más queridas y sentidas reivindicaciones de la izquierda. No podíamos empezar una nueva etapa democrática con juicios del pasado pendientes, gente en la cárcel y todavía miles de personas viviendo en el exilio político. Como todo en aquel entonces, la Ley de Amnistía fue producto de un pacto en el que los vencidos de la guerra civil y perseguidos durante cuarenta años nuevamente tuvimos que guardarnos nuestros sentimientos y demostrar generosidad política para poder avanzar en el proceso democrático. Lo digo porque la Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación, como ya he explicado recientemente en estas páginas. Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura.
 
Vean que los diputados socialistas y comunistas se guardaron sus sentimientos y también, supuestamente, los de millones de familiares de víctimas del franquismo. Estuvieron a buen recaudo durante décadas, antes y después de la Transición. Ahora bien, sostengamos con el juez Garzón que la española Ley de Amnistía de 1977 no comprende imprescriptibles delitos contra los derechos humanos reconocidos internacionalmente tales como desapariciones y secuestro de niños. Podría también pensarse que, no ya los asesinados desaparecidos en la guerra y postguerra (como García Lorca) sino también los asesinados con paradero (como Lluís Companys), fueron víctimas de crímenes contra la humanidad que de ninguna manera podían ser amparados por la Ley de Amnistía de 1977. Si este fuera el caso, ¿cómo se explica entonces que en 1980, 1985, 1990,1995, 2000, 2005 ningún fiscal y ningún juez español iniciaran causas por crímenes franquistas? ¿Habrá que pensar que estaban prevaricando? ¿Cómo es posible que haya habido que esperar al juez Garzón en el 2008, cuando el propio juez Garzón actuaba en Chile y Argentina desde antes? Y si no era Garzón, ¿por qué no actuaron en 1980, 1985,1990, 1995, 2000 fiscales democráticos y de larga trayectoria anti-franquista como por ejemplo Jiménez Villarejo? Eso no tiene una contestación, pienso yo, de técnica jurídica ni de circunstancias personales, sino sociológica y política. El miedo perduraba aunque disminuía. Además la interpretación oficial y celebratoria de la Transición en términos de una reconciliación que había liberado a los presos políticos franquistas y que excluía elucidar judicialmente los crímenes franquistas era casi unánime en al arco parlamentario (y de ello se hace eco el diputado Benegas) predominando también en los medios de difusión masiva.
 
Antes de 1975, Gabriel Jackson había aventurado cifras sobre los muertos de la represión franquista durante y después de la guerra similares a las que ahora se manejan (y muy distintas de las de Hugh Thomas). Un historiador del régimen,  Salas Larrazábal, publicó un balance mucho más favorables para los franquistas que el de Jackson (yo logré publicar una temeraria carta contra los inventos de Salas Larrazábal en la revista Destino en 1975). Desde 1977 hasta el 2007 hubo durante 30 años investigación histórica en España que mejoró enormemente la que había podido hacerse antes sobre los crímenes del franquismo pero no hubo intentos de juicio contra los franquistas por delitos contra derechos humanos. Porque la verdad es que los franquistas habían sido amnistiados en 1977 (según creían y creen aún la gran mayoría de parlamentarios y el aparato judicial) con el beneplácito de Partido Comunista, el Partido Socialista, el PNB y CiU. En el Parlamento en 1977 solo expresó una queja desde la izquierda contra la Ley de Amnistía el diputado Francisco Letamendía, autor prolífico de libros sobre la historia de Euskadi en Ruedo ibérico, autor también de “El NO vasco a la Reforma” en esos años de la Transición, amigo mío y de la editorial Ruedo ibérico a la cual había aportado con Miguel Castells Arteche (y con el pseudónimo Kepa Salaberri) un excelente libro sobre el Proceso de Burgos de 1970 en el cual él había sido el más joven abogado.
 
Los colectivos de nietos de las víctimas del franquismo pueden comparar la Transición españolas con la argentina “donde (como ha escrito Diego Barcalá, 1/11/2009, www.publico.es) las leyes de punto final fueron derogadas para que los responsables de la tortura política desfilen ante los tribunales democráticos”. No ha sido fácil. Uruguay ha estado oscilando entre el ejemplo español y el argentino. En España, el blindaje de la Ley de Amnistía de 1977 (que tal vez contravenga tratados internacionales pero cuya vigencia es respaldada fuertemente no solo por la justicia sino por destacados políticos socialistas) permite que Garzón pasara fulminantemente de tardío acusador a acusado.

Los Cuadernos de Ruedo ibérico
 
Con José Manuel Naredo y con quien fue el alma de las Ediciones Ruedo ibérico de París, José Martínez Guerricabeitia (que era veinte años mayor que nosotros, nacido en Villar del Arzobispo, Valencia, en 1921), tomamos la entonces atascada revista Cuadernos de Ruedo ibérico con brío en 1974, y editamos desde el número 43-45 hasta el número final, el 63-66 en 1979 publicado ya en Barcelona (dedicado íntegramente al ecologismo y a criticar la energía nuclear). Los Cuadernos de Ruedo ibérico (CRI en lo siguiente) habían empezado en 1964-65 con apoyo de Jorge Semprún y de Fernando Claudín que habían sido expulsados del Partido Comunista, y en ellos y en sus suplementos escribieron jóvenes estudiantes y profesionales como Manuel Castells, Joaquín Leguina, Juan Muñoz García y muchos otros. Varios fueron a parar al PSOE, otros como Naredo y yo nos mantuvimos independientes durante y después de la Transición. Un aislamiento doloroso, con amistades desgarradas o perdidas con personas que a veces, ahora, ya han muerto haciendo imposible una conversación pausada sobre quién tenía más razón.
 
Cuando el PSOE triunfó en 1982 parecía hacerse realidad por un bello momento el verso de Salvador Espriu, només uns dits joves si encara són nets, guariran les plagues de l’estesa pell, solamente unos dedos jóvenes, todavía limpios, podrán curar las llagas de la extendida piel de toro de España. Pero los ministros del PSOE habían tragado ya todos los sapos de la Transición excluyente, se habían des-moralizado ya antes de ser ministros, habían optado por la continuidad y no supieron resolver el contencioso pendiente en el País Vasco porque se habían subordinado mentalmente con la amnistía a la versión que convenía a los franquistas. La Transición no fue un ejemplo de “a enemigo que huye, puente de plata” sino, al contrario, “si no puedes ganar a tu enemigo (ni lo intentas), júntate con él”, a expensas de los excluidos especialmente en Euskadi.
 
El final de los gobiernos de Felipe González (que hicieron algunas cosas muy buenas como meter a España en la Unión Europea) fue una mezcla de tragedia y de zarzuela. La tragedia de los GAL (cuyos actos no han sido aún juzgados en su totalidad) y la corrupción al estilo de la ladrona directora del Boletín Oficial del Estado y del jefe de la Guardia Civil fugado a Bangkok.
 
En un artículo enviado a CRI y que no se publicó, Joaquín Leguina nos había recomendado a los que quedábamos en Ruedo ibérico en 1977 que nos metiéramos en el PSOE, pero ¿cuántas dimisiones tendríamos en la cuenta (a ejemplo de Ignacio Sotelo) si le hubiéramos hecho caso?
 
Tal vez quien más artículos escribió en Cuadernos de Ruedo ibérico fue Luciano Rincón que vivía en Bilbao y que estuvo preso varios años por su labor para la editorial. Juan Goytisolo llevó desde el principio hasta el final la asesoría literaria, publicando el mismo varios ensayos. Mi primer artículo, sobre la agricultura andaluza, fue en el 1967, en el número 13-14, se llamaba “El Reparto”. El economista J. M Vegara (que estaba en Paris, más tarde concejal en Barcelona con el Partido Socialista de Cataluña, amigo muy cercano de Pascual Maragall, ambos autores con pseudónimo en Ruedo ibérico), me trajo en julio de 1968 a La Habana donde yo investigaba historia agraria, el primer ejemplar de La estabilidad del latifundismo escrito entre 1963 y 1967 entre Oxford y Córdoba. En Andalucía hablé con anarquistas sobrevivientes, escuché de escondidas Radio España Independiente en algún cortijo y entendí cómo el poder del franquismo se basaba en la memoria de una gran matanza, en la represión continuada y en un gran miedo. Recuerdo otro artículo mío en Ruedo ibérico (y en Marcha, de Uruguay) de 1970 con el título: “España: el miedo empieza a desaparecer”. Muy prematuro.
 
Naredo por su parte tomó su primer café con Pepe Martínez cuando a los 22 años visitó París en el verano de 1963, para acudir a una reunión de estudiantes comunistas que tuvo lugar en Arrás (tras esta reunión fue expulsado del Partido Comunista por sus desavenencias con la dirección de Santiago Carrillo). Ese primer contacto de Naredo se afirmó al residir en Paris durante 1966-1967 para hacer un curso de postgrado sobre las Cuentas Nacionales y la “técnicas de la planificación” francesas, completado con un stage en el INSEE. A raíz de ello coordinó la publicación en los Cuadernos de Ruedo ibérico y en sus voluminosos suplementos, de documentados ensayos de un grupo de “jóvenes economistas” madrileños (en un principio compuesto por Juan Muñoz García, Arturo Cabello, Santiago Roldán, que venían elaborando junto con Naredo, en una columna semanal de la revista Triunfo firmada como “Arturo López Muñoz”). La relación de Naredo con Ruedo ibérico se afianzó todavía más durante su segunda estancia en París entre 1970-1973 trabajando en la OCDE y estrechando su colaboración escondida con los Cuadernos de Ruedo ibérico y con la propia empresa editorial.

En el nacimiento de la nueva época de la revista en 1974, Naredo y yo éramos ya pues viejos conocidos de Ruedo ibérico, habíamos comido muchos platos de pasta cocinados y servidos por Marianne Brüll, factótum de Ruedo ibérico, en el 27 de la rue du Sommerard cerca de la sede de la rue de Latran, un rite de passage para los más iniciados. No éramos unos recién llegados, éramos amigos de Pepe Martínez y jóvenes estudiosos. Pero él sabía mucho más. Había hecho la guerra, había estado en la cárcel y en el exilio, sabía fabricar libros, vivía en Paris desde 1947. Pierre Vilar decía de él que era “anarco-marxista”. El, con Nicolás Sánchez-Albornoz, Ramón Viladás, Vicente Girbau y Elena Romo había fundado las Éditions Ruedo ibérico en París el año 1961. En el 2011 caen dos aniversarios que podrían celebrarse en el Colegio de España de París, pues Pepe Martínez murió hace 25 años en Madrid el 12 de marzo del 1986, el día del referéndum de la OTAN. Costaba olvidar que la OTAN había albergado a Salazar. Pepe Martínez murió en el silencio y soledad impuestos por el consenso de la Transición. El decía una frase: la guerra efectivamente había acabado pero le iba a suceder una larga época de “guerra” sobre la historia de la guerra y del franquismo.
 
Entre 1974 y 1978 publicamos diversos ensayos contra la Transición. Una selección va a publicarse próximamente en la editorial Backlist de Barcelona, compilada por el joven historiador Xavier Diez que aprovechará la ocasión para dar cuenta también de los animados debates actuales sobre la Transición. Hay artículos de esos años escritos a tres o cuatro manos, con Alfonso Colodrón, con Alberto Hernando, con Naredo y Pepe Martínez. Pusimos mucha atención en las muchas huelgas del postfranquismo. Había una tradición en Ruedo ibérico de crítica al dominio del PC sobre Comisiones Obreras. Juan Antonio Diaz y Santiago Lopez Petit habían publicado un libro en Ruedo ibérico que se llamaba Comisiones Obreras: entre el fraude y la esperanza. El Pacto de la Moncloa no hubiera sido posible sin ese dominio del PC sobre Comisiones Obreras.
 
Explicamos en CRI en 1976 y 1977 cómo eran los primeros gobiernos de la monarquía (en artículos con Juan Muñoz –más tarde vicepresidente del congreso de los diputados- y con Naredo), la creciente presencia de banqueros, empresarios y de políticos que venían de la ACNP (en sustitución del Opus Dei, como quien dice), los que iban a ser protagonistas de la Transición como Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Oscar Alzaga, Leopoldo Calvo Sotelo. Nos irritó mucho el silencio deliberado con que se acogió el libro que publicó Ruedo ibérico sobre la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en 1974 porque es importante para entender el franquismo (Herrera Oria, Martin Artajo, Castiella, Silva Muñoz) y el post-franquismo.
 
El más notable artículo en CRI en esos años ocupó todo el número 54 (nov.-dic 1976) redactado casi al cien por ciento por Naredo, y se llamó “Por una Oposición que se oponga”. Años más tarde lo reeditó con nostalgia el editor Herralde en Anagrama en Barcelona. Yo escribí un artículo más corto de parecido argumento en enero el 1976, que se llamó “La oposición política: grandes rebajas”. Recuerdo que fue en enero porque de ahí vino la idea de las rebajas. Y también escribí antes, ya en 1975 en vida de Franco, una serie de artículos con el título “Contra la Reconciliación”, título estridente que llamaba infructuosamente a un debate que el Partido Comunista no quería sostener ni permitir. Uno de esos artículos criticaba a Juan Linz, su noción de régimen autoritario de pluralismo limitado. También criticamos con toda la fuerza posible el Pacto de la Moncloa en el 1977, y asimismo el artículo 8 de la Constitución (que el general Armada estuvo por esgrimir en febrero del 1981 y que el PNB a veces ha propuesto eliminar). Había otras revistas de orientación parecida pero más ligeras, Bicicleta, Ajoblanco, El Viejo Topo, que a partir del 1975 se publicaron en el interior. Vender libros y revistas de Ruedo ibérico fue ilegal hasta el 1977.
 
La Transición se hizo a marcha lenta, con control desde arriba, con represión. Se han contado los muertos. Algunos han hablado de una Transición sangrienta. Fue además una Transición excluyente. La violencia vino de los aparatos del estado y de su entorno, y también de algunos de los que fueron o se sintieron excluidos. En Ruedo ibérico tuvimos miedo de abrir una librería en Barcelona o peor en Madrid cuando proliferaban “guerrilleros de Cristo Rey” y similares. En octubre de 1975 la librería de Paris en la rue de Latran había sido dañada por un bombazo. Ruedo ibérico había co-editado el libro de la Operación Ogro publicado por Mugalde en Hendaya sobre el atentado a Carrero Blanco en diciembre de 1973. Nunca se supo quien había puesto la bomba y a cuenta de quién, seguramente policías españoles quienes, como he escrito otras veces, habrán servido a la monarquía constitucional tan profesionalmente como a la dictadura y estarán ya jubilados. 
 
Los nombres de las calles
 
Uno puede obsesionarse con la memoria histórica. Recuerdo haber visitado la Universidad Menéndez y Pelayo en Santander hace diez años, poco tiempo después de que su rector, el ex ministro Ernest Lluch, muy amigo mío en la universidad de Barcelona cuando teníamos veinte años, falleciera en un atentado cruel y particularmente absurdo de ETA. Recuerdo que hace diez años una avenida principal de Santander se llamaba Camilo Alonso Vega, tal vez se llama así aún. Un capitán general franquista, ministro del interior con Franco, un criminal político de primer orden. Pensaba en Ernest Lluch que debía ver ese nombre cada vez que iba al aeropuerto o de compras. Tal vez le hayan cambiado el nombre a esta calle. Es posible que la memoria de muchos de los héroes criminales del franquismo sea erradicada de las calles. Si la Transición en España se hubiera hecho a impulsos de la “resistencia” anti-franquista, esos nombres hubieran caído ya, como ha ocurrido en Cataluña y en Euskadi casi totalmente. Muchas estatuas de Franco han sido retiradas en un proceso que ha durado treinta años.
 
No hubo en España una entrada popular masiva en la “resistencia” en las postrimerías de franquismo, un anhelo general, repentino y oportunista de derribar estatuas y cambiar los nombres de las calles como en Italia y en Francia en 1945. Tal vez lo impidió el miedo. Se mantiene casi 40 años después el monumento mortuorio a Franco en Cuelgamuros que el propio Franco hizo construir con trabajo forzado, allí está su túmulo, una atracción turística vecina a El Escorial. Se debate actualmente cómo neutralizar simbólicamente ese monumento, es todavía posible que se convierta con su carga pro-franquista en un elemento aceptado de la historia como les ocurrió hace tiempo a los vecinos del Generalísimo en El Escorial, a quien nadie les puede hacer el equivalente a un proceso penal retrospectivo aunque alguno se lo mereciera.
 
Si el franquismo perduró en el callejero es porque la Transición fue consensuada. Cuando protesto,  me dicen que es una extravagancia irritarse por los nombres de las calles. Sería inimaginable una calle del General Weyler en La Habana pero hay muchas calles del General Weyler en España y en sus islas, aunque los historiadores saben que fue responsable de la política de “reconcentración” y de cientos de miles de víctimas en la guerra de Cuba y de otras atrocidades en Filipinas. En España, eso se olvidó a nivel popular incluso por los descendientes de quienes criticaron a Weyler, eso está ya muy lejos y además siempre hubo partidarios de luchar hasta el último hombre y la última peseta en las casi últimas colonias. ¿Hay mociones en los ayuntamientos españoles para cambiar el nombre de las calles General Weyler? ¿No se produce un similar olvido en muchos países coloniales? ¿Pasará lo mismo con el gran monumento a Franco para mala pedagogía de las generaciones futuras?
 
¿Quién amnistiará al amnistiador?
 
No recuerdo en qué momento de indignación y de desespero en 1975 al ver como se escapaba la Transición escribí en Barcelona (y por eso el artículo está firmado solo con iniciales) el texto que pregunta: “¿quién amnistiará a los amnistiadores?” Estoy contento de haberlo escrito y publicado entonces, aunque podría haber estado mejor argumentado. El artículo está en CRI 46-48, junio-diciembre 1975. Copio algunos párrafos.
 
Se habla todo el tiempo de reconciliación y se pide una amnistía. Se discute la diferencia entre indulto (que supone el perdón de quien delinquió) y la amnistía (que implica reconocer que no se delinquió). Tal vez habría que dar una amnistía o indulto a personas como Fraga (ministro del gobierno que asesinó a Grimau y a otros), o a Pío Cabanillas (ministro del gobierno que asesinó a Puig Antich), o a Areilza, alcalde de Bilbao al ser conquistado por las tropas franquistas: todos ellos, y muchos otros, parece que están dispuestos a reconocer sus errores pasados y lo estarán cada vez más. Pero hay mucha distancia entre amnistiar a unos cuantos arrepentidos y dar una amnistía general a todos los que han llevado a cabo la represión franquista: hay que exigir responsabilidades políticas no sólo a los policías torturadores sino a los organizadores y cómplices de la represión. ¿Por qué? No por ansia de venganza, sino porque la petición de responsabilidades políticas lleva aparejada una necesaria discusión y esclarecimiento a fondo de la represión desde 1936 hasta la fecha, lo cual evidentemente perjudicará mucho más a la derecha que a la izquierda. Una vez esclarecidos y discutidos los hechos, una vez la derecha colaboradora con el franquismo haya sido desacreditada por su papel en la represión, entonces sí que podrá dárseles un indulto o amnistía, y podremos reconciliarnos.
…
Pero lo que resulta realmente curioso es que la izquierda, o la llamada izquierda. no está discutiendo si va a exigir responsabilidades políticas a los franquistas o si les va a perdonar ya de entrada sin una investigación previa y detallada de la represión desde 1936 hasta ahora, sino que la izquierda está reclamando que los franquistas le den una amnistía ¡a la propia izquierda! Realmente, el colmo. La izquierda solicita perdón y clemencia en vez de denunciar la ilegitimidad de los poderes actuantes, y en vez de insistir en la cantidad de muertos que Franco y los franquistas han producido, ante la complacida aquiescencia de obispos y generales y del borbónico sucesor de quien no se recuerda que, por ejemplo, intercediera cuando Puig Antich fue asesinado ni que denunciara la brutalidad policial cuando, poco tiempo después de ser nombrado sucesor, varios obreros fueron asesinados en Granada, El Ferrol y otros lugares. Ni que, ya más cerca de la herencia, hiciera otra cosa que aprobar mediante hipócritas cláusulas de estilo el asesinato de las últimas cinco víctimas de Franco. La izquierda, así, ayuda a que el poder se consolide.

Así pues, eso de pedir amnistía no es sólo desmovilizador sino que es un poco ridículo. En todo caso, a la vez que se pide amnistía, habría que discutir si se amnistiará a los eventuales amnistiadores. Una amnistía que permitiera al franquismo y a la sucesión del franquismo sacarse de encima, a última hora, como quien no quiere la cosa, a cientos de miles de muertos y todo lo que cuelga, sería una mala operación para la izquierda, pues le privaría de una buena arma de ataque contra la derecha. La izquierda debería anunciar que exigirá responsabilidades políticas (que no quiere decir, necesariamente, penas de muerte, sino, por ejemplo, inhabilitación para la vida pública) a los miles de personas que desde 1936 han colaborado activamente, e incluso con silencio cómplice, en la represión.

Los CRI son de fácil acceso. Están en bibliotecas extranjeras y españolas, hay además una excelente edición faxímil publicada en Valencia. Nosotros no participamos entonces ni ahora del entusiasmo por la Transición, al contrario. Queda probado por tanto que no todo el mundo participó del consenso de la reconciliación nacional y de la auto-amnistía. Sería interesante hacer un inventario de esas críticas. La auto-amnistía que se preparaba fue criticada por José Bergamín en enero de 1976 en lenguaje algo críptico en las páginas de Sábado Gráfico en Madrid. Treinta años después, Ricard Vinyes escribía en El País (25/10/07) que él se contaba entre “quienes consideramos la Ley 46/1977 como lo que realmente es: un éxito indudable del antifranquismo y a la vez un punto final, una auto-amnistía de los responsables de tantos crímenes” mientras que el historiador Francisco Espinosa, recordando la pléyade de jóvenes historiadores que con poco apoyo oficial han investigado la represión franquista en las provincias, escribía en la revista disidente Archipiélago (“Reflexiones en torno al fenómeno revisionista”, n. 72, p. 120) que el auténtico espíritu de la Transición había sido el pacto de silencio, la impunidad de la auto-amnistía del 77 y las políticas del olvido.
 
La verdad es que en Ruedo ibérico en 1975 ya advertimos que eso iba a ocurrir. Pero en tantísimos años ni a mi (ni a Naredo), aunque (entre los dos) somos bien conocidos internacionalmente en campos como la economía ecológica, la historia agraria y la historia ambiental, la ecología política, la economía agraria, la política hidráulica, las contabilidad macro-económica y el urbanismo, casi nadie nos ha preguntado nada sobre la Transición. Dimos abiertamente nuestra opinión en un excelente documental de Paco Ríos y Mariona Roca para la televisión española sobre Ruedo ibérico (que está en la web), pero al coloquio en televisión cuando se presentó este documental invitaron a Joaquín Leguina (ex autor de CRI y del PSOE) y no a nosotros. Muchas gracias pues por esta invitación al Colegio de España en Paris.
 
En su vida desde 1961 a 1981, Ruedo ibérico publicó unos 160 libros además de los Cuadernos y sus suplementos. En esos años 1974-79 Ruedo ibérico publicó varios libros de actualidad y unos cuantos clásicos: el Gernika de Southworth, el Eco de los Pasos que es el título de las memorias de García Oliver, la Extremadura Saqueada, un libro muy original de geografía regional ecológica de Naredo, Mario Gaviria y Juan Serna fruto de la campaña contra la central nuclear de Valdecaballeros. Yo fui contratado como catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1975-76 y en 1977 publiqué en Londres Haciendas, Plantations and Collective Farms (Cuba and Peru). Naredo y yo estudiábamos en los años 1970 muy intensamente temas de energética agrícola, él publicó estudios importantes sobre la agricultura española y juntos publicamos en 1979 un artículo sobre la contabilidad energética de Podolinsky y la reacción de Engels y Marx. Estos eran temas que nos apasionaban y apasionan, y que han ayudado al nacimiento internacional de la economía ecológica. Con estos auto-elogios, quiero decir que no éramos ni somos especialistas en la Transición. No somos politólogos de oficio sino de afición. En 1975-79 dediqué muchas horas a dar clases de economía sin explicar a los alumnos qué pensaba de la Transición. Sería sin embargo frívolo y falso decir que la Transición era meramente nuestro hobby; al contrario era nuestra angustia. Debíamos decir algo, protestar, sabíamos que las “teorías” del PC sobre el franquismo como el dominio de una camarilla latifundista y financiera contra el cual se enfrentaría una democrática alianza de la clase obrera y la burguesía industrial, eran verdaderas tonterías. Ruedo ibérico había publicado muchos libros de anarquistas españoles y también de autores que venían del POUM. Estábamos muy distanciados del Partido Comunista (y viceversa). No compartimos para nada el entusiasmo de los diputados del PC por la Ley de Amnistía de 1977. El PC español se había distanciado de la Unión Soviética solamente en 1968, con la invasión de Checoeslovaquia, no había protestado contra la invasión de Hungría en 1956. De Pepe Martínez hay que decir que no era de este mundo en absoluto.
 
En esos años de la Transición excluyente, con el empuje de Pepe Martínez y en medio de los apuros económicos de los traslados y las deudas de Ruedo ibérico, tomamos una posición muy clara “Contra la Transición”. Este será el título de la colección de artículos de CRI que prepara Xavier Diez. Pedíamos entonces una oposición que se oponga. Esa era  también la opinión de otras personas y otros grupos (especialmente en Euskadi pero también en otros lugares) como los que se han dedicado después con perseverancia a hacer listas con “todos los nombres” de los asesinados y desaparecidos en 1936 y años sucesivos. Los de la CGT en Andalucía a veces citan mi artículo de 1975, ¿quién amnistiará al amnistiador?. Sin embargo, como escribe acertada y honestamente la joven historiadora María García Yeregui, efectivamente no hubo un gran debate abierto durante la Transición sobre los crímenes franquistas. La prensa más democrática (como El País y Triunfo) no se escandalizó por la auto-amnistía, al contrario. ¿Cómo fueron acalladas las voces que pedían un debate?
 
Vergüenza internacional
 
En un artículo en El País del 3 de marzo de 2010 el fiscal y demócrata José M. Mena afirmaba que por fin, treinta años después, ya entrado el siglo XXI, Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo. Pero el cazador (a quien nadie puede acusar de madrugar demasiado) ha sido cazado, ha sido procesado porque se supone que debe conocer, siendo juez, las leyes vigentes y sin embargo deja de lado la Ley de Amnistía de 1977 que (como argumentó el fiscal Javier Zaragoza el 17 de octubre de 2008) impide exigir responsabilidades criminales por unos hechos que “deben considerarse amnistiados en virtud de la ley de 15 de Octubre de 1977 aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de Transición”.
 

En defensa de Garzón, el fiscal Mena asegura que había y hay base jurídica nacional e internacional suficiente para que esa investigación judicial general de los crímenes franquista sea posible, y para considerar que Garzón ha sido competente para llevarla a cabo en el cargo que tenía en la Audiencia Nacional antes de ser apartado de ella. Me pregunto entonces porqué el propio fiscal Mena no tomó la iniciativa de presentar denuncias hace décadas ni tampoco algún otro fiscal del reino. Esto aparte, comprobamos que a Garzón no se le permitió completar la investigación judicial de los crímenes franquistas. Y, en conclusión, escribía Mena, “para vergüenza internacional de todos nosotros, se le cambia de investigador a investigado, de juez a acusado”.
 
Ahora bien, ¿quiénes son esos “nosotros”, quiénes son ustedes que sienten vergüenza internacional? En Argentina o en Chile hay gente normal que pregunta cómo es posible que Garzón y otros jueces españoles procesaran y llevaran a la cárcel o causaran graves incomodidades a políticos criminales o torturadores de esos países y, sin embargo, los jueces españoles no hayan procesado a los autores de los crímenes franquistas. Conocemos la historia de esos crímenes gracias al trabajo esforzado de muchos historiadores. Pero no hubo investigación judicial ni procesamientos porque hubo en la práctica el equivalente a una Ley de Punto Final dictada el 1977. Eso es lo que muestra (por ahora) el caso Garzón.
 
En 1975-76, tras la muerte de Franco y llegada la Transición, el Partido Comunista continuaba presionando hacia la reconciliación nacional como llevaba años haciéndolo, con Carrillo al frente. El PSOE que apenas existía en la época se apuntó encantado, lo mismo los mayores partidos catalanes y vascos. Eso se reflejó en la composición de la comisión que redactó la Constitución, desde Fraga (ex-ministro del criminal Franco) hasta Solé-Tura, del PSUC (el partido comunista catalán). Hubo famosos símbolos sociales de la reconciliación: el beso cortesano de Carrillo en la mano de la reina, el matrimonio de la Duquesa de Alba con un ex-militante de la izquierda socialista (un aviso de que la transición excluía la reforma agraria).
 
La Transición fue excluyente. Aisló a la izquierda libertaria y a la izquierda marxista que no se acomodó en el PSOE, se quiso quebrar y finalmente se quebró el movimiento independentista vasco. Todo un éxito. La Ley de Amnistía fue como un chiste: los que habían matado sin sufrir ningún castigo y sin perder ni una de las antiguas pesetas de su patrimonio con la muerte de Franco, se daban el lujo de amnistiar a los que habían perdido la guerra y habían perdido la paz de los cementerios durante 35 años, y de paso se amnistiaban ellos mismos.
 
Los que protestamos (fuimos bastantes) no tuvimos audiencia en los medios. Bien natural, nosotros éramos excluidos de la Transición. El Partido Comunista y el (nuevo) Partido Socialista fueron actores principales en esta Transición excluyente, argumentando pro domo sua que los poderes fácticos (el Ejército) no permitían ir más allá. Los nuevos políticos dieron el equivalente a una Ley de Punto Final que ahora se comprueba que era efectiva. Es bien posible que a Garzón le absuelvan de los cargos de prevaricación (por no respetar esa Ley de Amnistía del 1977) pero es menos probable que  la investigación y condena judicial de los crímenes franquistas continúe. Tal vez algún juzgado local que investiga casos de desparecidos sentencie en este sentido pero el fallo estará sujeto a apelación. Tras los años del gobierno de Zapatero no hay en los mayores partidos parlamentarios entusiasmo por reavivar la memoria histórica y menos aun por derogar o enmendar la Ley de Amnistía de 1977. Tal vez la nueva generación que protesta en las plazas en mayo del 2011 cambiará esto, pero no es improbable que el próximo gobierno español en el 2012 sea del PP y el presidente honorario de este partido es Manuel Fraga.
 
Los artículos y dictámenes, las tesis doctorales que se escriban diciendo que la Ley de Amnistía debe ser derogada o cambiada o que no hace falta ni tan solo hacer esto porque ab initio no podía cubrir los crímenes franquistas contra la humanidad que no prescriben, tendrán mérito, pero la realidad parece indicar que nadie será nunca procesado ni tan siquiera investigado judicialmente (por lo menos en España) por crímenes realizados en el franquismo. Diez años más, y la cosa ya quedará clara definitivamente. Al juez Garzón le frenaron en seco. Tal vez el salga absuelto pero su causa está probablemente perdida. Cabe la hipótesis que el Tribunal Supremo español u otro tribunal en posterior apelación, diga que la Ley de Amnistía (que es un fruto de la política de Reconciliación Nacional) no puede impedir sin embargo la investigación de los crímenes franquistas y le dé la razón al juez Garzón. Eso sería muy saludable.
 
El gobierno socialista de Zapatero, tal vez avergonzado como dice Mena y como lo podría estar el propio Mena si era de los partidarios de la Reconciliación Nacional, tras 35 años de retraso les da a veces medallitas a las hijas e hijos de los represaliados (como ocurrió con los militares anti-franquistas de la UMD, por cierto excluidos de la amnistía de 1977). Espero que a nadie de los que quedemos de la editorial Ruedo ibérico se le ocurra nunca ir a Madrid a recoger una medallita a la libertad de expresión que nunca le ofrecieron a Pepe Martínez. Eso suponiendo que nos la quieran dar, tantos años de silencio después. Si ustedes sienten vergüenza, se la aguantan. Era previsible. Fue previsto, explicado y advertido.

Intervención de Joan Martínez Alier en el Coloquio Internacional “La Transición española. Nuevas perspectivas” en el Colegio de España (París). 27 mayo 2011
 

Diego Barcala, Público, 15.7.2011

El Gobierno español ha enviado tres informes a la Justicia argentina para frenar que sus tribunales inicien una investigación de los crímenes del franquismo bajo el paraguas del principio de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo alude a la causa abierta en octubre de 2008 por el juez Baltasar Garzón todavía abierta pese a la suspensión del magistrado para evitar que la jueza argentina María Servini de Cubría empiece una investigación en relación con las 113.000 desapariciones forzadas que ya empezó el propio Garzón a documentar.

El Gobierno ha respondido vía diplomática ocho meses después del requerimiento del Juzgado Federal en Buenos Aires equivalente a la Audiencia Nacional que exigía una comprobación sobre si existía una investigación en curso que impidiera la apertura del caso en Argentina. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron ayer que el Gobierno había enviado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores documentación que básicamente consiste en un informe de la Fiscalía con una relación de los juzgados con causas abiertas derivadas de la investigación abierta en 2008 por Garzón, informa Ángeles Vázquez.

Los denunciantes consideran, a la espera de poder leer detenidamente los informes a los que tendrán acceso hoy, que esos juzgados que han investigado alguna de las fosas comunes citadas en el sumario de Garzón no han realizado una investigación penal. Por tanto, es demostrable que el país donde se cometió el supuesto genocidio no está investigando la responsabilidad de los crímenes.

El principio de jurisdicción universal exige dos condiciones para abrir un caso. Primero: que el delito denunciado sea de lesa humanidad. Y segundo: que el país donde se produjeron los crímenes se oponga a abrir una investigación. El objetivo es que las víctimas puedan encontrar el amparo de la justicia más allá de sus fronteras, en el caso de que los criminales gocen de impunidad.

El juez Baltasar Garzón se acogió a este principio para solicitar la detención internacional del dictador Augusto Pinochet en Londres, gracias a una denuncia recibida en la Audiencia Nacional.

Los tres informes enviados a Buenos Aires en junio están elaborados por la Fiscalía General del Estado, el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular Garzón antes de ser suspendido precisamente por instruir el caso, y por el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. El documento enviado desde Andalucía corresponde a la investigación del asesinato en la fosa donde se cree fue enterrado Federico García Lorca junto con tres represaliados en 1936.

La denuncia presentada el 14 de abril de 2010 por familiares de víctimas del franquismo en los juzgados federales de Argentina tiene su origen en el portazo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a petición del Fiscal Javier Zaragoza, dio al intento de Garzón de abrir una investigación. Ante la falta de una respuesta en España, decidieron acudir a un país que reconociera el principio de jurisdicción universal.

Ese muro terminó de consolidarse cuando el juez que abrió la causa, el propio Garzón, fue imputado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. Según los denunciantes, el sindicato ultra-derechista Manos Limpias y Falange Española -este último acabó siendo expulsado del caso-, el magistrado había decidido investigar a sabiendas de que era una decisión injusta puesto que la Ley de Amnistía de 1977 impide, a su juicio, investigar las responsabilidades del pasado franquista.

El juzgado de Garzón se inhibió en favor de 46 tribunales territoriales donde se cometieron los crímenes denunciados por las asociaciones de familiares de víctimas. Veintiséis de estos juzgados archivaron la causa basándose en tres consideraciones básicas: los delitos habían prescrito al no ser considerados de lesa humanidad; la ley de amnistía impide la investigación; y la ley de la memoria histórica es suficiente para atender a los denunciados.

Sólo una juez fue a la fosa

Apenas tres jueces decidieron continuar la investigación de alguna manera. La jueza de Zamora, Tania Chico, fue la única que acudió a una fosa común en Benavente, pero se limitó a cumplir la ley de Enjuiciamiento Criminal que exige al juez acudir al lugar del crimen. Los magistrados de San Lorenzo de El Escorial donde llegó la denuncia sobre los muertos del Valle de los Caídos y de Granada devolvieron la causa a la Audiencia Nacional al estar de acuerdo con la tesis inicial de Garzón que aseguraba que la competencia era de su tribunal.

La decisión de estos dos jueces suscitó una cuestión de competencia que todavía está por decidirse en el Tribunal Supremo. Este tribunal señaló que no resolvería hasta que Garzón no fuese juzgado por el supuesto delito de prevaricación. El hecho de que uno de los informes enviados a Argentina provenga de Granada hace que los denunciantes crean que España se escudará en esa cuestión de competencia sin resolver para decir que está investigando.

Los denunciantes en Argentina llegaron a solicitar un listado de posibles culpables vivos. Desde ministros del franquismo hasta dirigentes militares o policiales. Los delitos de la denuncia presentada en Argentina llegaban hasta los fusilamientos de septiembre de 1975. El senador Manuel Fraga debería formar parte del listado de personas que serían interrogadas en el caso de que España obedeciera a lo solicitado en octubre por la jueza argentina.

Fuente:http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/387149/espana-responde-a-argentina-que-si-investiga-los-crimenes-franquistas

“La ley de amnistía de 1977 es irrelevante”

Carlos Slepoy es abogado de los denunciantes en Argentina

Público, 15.7.2011

1. ¿Podría archivar la denuncia la jueza argentina si admite que en España se están investigando fosas concretas?

Buscar la ubicación de las fosas o los cuerpos no es buscar la responsabilidad de los crímenes.

2. ¿Pedirán el interrogatorio de responsables?

Nuestra denuncia llega hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas. Existen represores vivos como los ministros que no concedieron el indulto de los fusilamientos de septiembre de 1975.

3. ¿Cabe la posibilidad de que la jueza argentina no considere los delitos como un genocidio?

Ese es un debate superado. Cuando envió el exhorto al Gobierno español estaba implícita esa consideración.

4. ¿Qué ocurrirá si los informes se escudan en la ley de amnistía de 1977?

Sería irrelevante. En los casos de las dictaduras de Argentina y Chile quedó claro que una ley en vigor en esos países no impidió a otros investigar. Ese argumento no impediría investigar. Además, existe doctrina del Constitucional y el Supremo que dicen que este tipo de crímenes no son amnistiables y que no prescriben.

5. ¿Recurrirán en caso de que la jueza archive la denuncia?

Sí, porque aunque considere que España sí está investigando, existe jurisprudencia, como el caso de Guatemala, en el que el país que se acoge a la jurisdicción universal sigue investigando para garantizar que los represores no queden impunes.

Fuente:http://www.publico.es/espana/387148/la-ley-de-amnistia-de-1977-es-irrelevante