El Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (RMHSA), de CGT Andalucía, ha hecho público un comunicado crítico con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El motivo es el proyecto de ley del Registro Civil aprobado en Consejo de Ministros el pasado 23 de julio.

RMHSA manifiesta su “sorpresa y malestar” porque el Gobierno “no ha tenido en cuenta ni una sola de las sugerencias que le trasladamos en la reunión que celebramos el pasado mes de diciembre de 2009, que tenían como objetivo último favorecer la inscripción de varios miles de asesinados y asesinadas por el franquismo en los registros civiles”.

El grupo de trabajo califica como “lamentable” este “detalle” del Gobierno hacia los familiares de los ‘desaparecidos’. Señala que cada vez es más difícil hacer frente a la demanda de los jueces, que “hasta ahora solían pedir dos testigos presenciales (…) del fusilamiento”.

Según la asociación, el Gobierno del PSOE ha optado por ignorar todas las demandas de la campaña “Todas las víctimas del franquismo, en los registros civiles”, que pretenden facilitar la inscripción en ellos de los asesinados.

Todos fueron asesinos.
Aquellos que llevan mal todo lo relacionado con la memoria histórica se han visto obligados a reconocer el derecho de la gente a dar sepultura digna a sus familiares enterrados en fosas comunes. No hacerlo les hubiera dejado en muy mal lugar. Curiosamente, aunque no se diga, este reconocimiento generalizado a honrar a las víctimas del fascismo es fruto en exclusiva del movimiento pro memoria, que desde fines de los 90 y concretamente desde el año 2000 logró mostrar a la sociedad una realidad oculta y prohibida durante el franquismo y también a partir de la transición (las exhumaciones de entonces fueron hechas al margen del sistema cuando no en contra).

Sin embargo, los enemigos de la memoria, para justificar lo que no se hizo ni en la transición ni después por quienes tenían la obligación y el poder para hacerlo, se agarran a que esto es cosa de los nietos, que ignoran lo que fue el franquismo y la transición y que, por tanto, no pueden calibrar justamente lo que se hizo. Y como para esta gente todo es tan sencillo, no tienen reparo alguno ahora en responsabilizar al Gobierno de no dar solución a este asunto de los muertos y las fosas, que es, según ellos, para lo que se hizo la Ley de Memoria Histórica (LMH). De paso, aprovechan el debate para meter otras cuestiones de más calado relativas a la interpretación de nuestro pasado reciente. Sería el caso de Joaquín Leguina en su artículo “Enterrar a los muertos” (El País, 24/04/2010).

Para el político del PSOE son preocupantes “algunos mensajes de muy dudosa calidad” que se han ido colando en estos años. Así, critica la interpretación que se está dando de la Ley de Amnistía como vulgar apaño amnésico, que considera calumniosa “para quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada”. Todo por un objetivo: la reconciliación, dice Leguina. Porque para él hay algo que no admite discusión y que está en el origen de todo este asunto: “… en los dos bandos se practicó una enfurecida ‘limpieza étnica’”. Las palabras lo delatan. No parece caer Leguina en que bando, lo que se dice bando, sólo hubo uno, que fue el sublevado; la otra parte era el Gobierno legal de la República.

Si designamos a ambos con la palabra bando estamos igualándolos y situando al Gobierno y a quienes le servían a la altura de las bandas de facciosos que dieron el golpe militar. Éstos, además, traían un plan que pusieron en práctica desde el primer día: no de limpieza étnica sino de exterminio político y social. Como en Chile, caso que el señor Leguina debe conocer bien, pero a lo grande (piénsese en cualquiera de esas provincias en las que el golpe triunfó y la “guerra civil” fue sólo represión: todas superan en muertos a Chile). Los golpistas sabían que iniciaban la cadena de violencia y que, en consecuencia, en el otro lado caerían muchos de los que supuestamente venían a salvar de las garras del marxismo, pero esto no sólo no les importaba sino que venía bien a sus propósitos.

Es vieja la práctica de negar afirmaciones que nadie ha mantenido para lanzar las propias. Mantiene Leguina que tan inexacto fue antes catalogar a unas víctimas de “mártires de la Cruzada” como ahora a otras de “héroes de la democracia y de la libertad”. Quizás Leguina no haya caído en la cuenta pero esto de poner en duda a los “héroes” ya lo vienen haciendo los Moas hace tiempo. Con ello muestra su absoluto desprecio por los que dieron su vida por la libertad y por las víctimas del fascismo. Sabiendo lo que fue el golpe y la reacción popular que lo hizo fracasar prácticamente en todo el país, salir además con el ejemplo de Agapito García Atadell entra en el terreno de la perversión moral. ¿Será acaso la historia de García Atadell la que nos lleve a no generalizar sobre los represaliados franquistas o la que nos mueva a equiparar la violencia en ambas zonas? García Atadell representa el terror desatado en zona republicana a consecuencia del golpe militar y del resquebrajamiento del Estado y sus instituciones; también marca las diferencias entre unos y otros: al contrario que los “García Atadell” de la zona franquista, éste tuvo que huir y fue el propio gobierno republicano el que posibilitó a los franquistas su captura.

Ni en Madrid ni en el resto del territorio que quedó en zona gubernamental hubo durante meses fuerzas y recursos para controlar enteramente la situación. Lo que hemos demostrado los historiadores es que, a pesar de esto, en gran parte del territorio primó el respeto a la vida por deseo de las autoridades republicanas y de los comités que se constituyeron por todas partes en representación del Frente Popular. Fueron miles de presos de derechas los que salvaron la vida en aquellas terribles circunstancias gracias a lo que quedó de la República.

Pero el golpe no triunfó en todo el país y lo que se planeaba como una marcha triunfal hacia la capital se convirtió en una marcha plagada de obstáculos que se prolongó durante casi cinco meses. Además había que limpiar el territorio. Para colmo Madrid consiguió heroicamente frenar al ejército de África en sus mismas puertas y el golpe devino en larga guerra. No encontrará el Sr. Leguina a historiador alguno que justifique el terror que asoló ciudades y pueblos de la zona gubernamental; mucho más fácil le será lo contrario, ya que, como bien debe saber, abundan los justificadores del terror que acompañó en todo momento a las columnas franquistas. Sin embargo, uno formaba parte del programa y el otro no. Los historiadores sabemos que para las víctimas de los rojos hubo mucha memoria histórica, pero, a pesar de ello, no hemos olvidado en nuestros trabajos ni uno de sus nombres.

Ahora bien, lo que carece de sentido alguno, cuando ni siquiera sabemos aún el número y la identidad de todas las víctimas del franquismo, es que los tratemos por igual. Pide Leguina “ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos sean también de todos”. Pero ¿cómo que todos? ¿Ignora Leguina que sólo podemos hablar de todos los de un lado? ¿Desconoce que ha costado tres décadas de arduo trabajo recuperar parte de los nombres de las otras víctimas? ¿No sabe que, fiel a sus orígenes recientes e imbuida de espíritu de transición, la Universidad tardó años en ocuparse de esa etapa? ¿Ha olvidado ya que su partido gobernó durante catorce años y nunca tuvo voluntad ni tiempo de mirar atrás? Sin ir más lejos, ¿no tuvo tiempo él mismo entre 1983 y 1995, cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid, de dedicar un poco de atención a los hombres y mujeres que perecieron a manos del fascismo en su comunidad, fueran o no héroes de la democracia y de la libertad? Evidentemente no, ya que debía de pensar como sus superiores. La historia nos enseña que el primer deber de la democracia es la memoria pero, en aquellos años rutilantes, al PSOE, como a buena parte de la sociedad surgida de la dictadura, la memoria le estorbaba. Así acabó él y así acabó el PSOE.

Todos los muertos son iguales
El artículo de J. Leguina fue rebatido en el mismo periódico por Almudena Grandes, “La condición miserable” (09/05/2010), Teodulfo Lagunero, “Enterrar a los asesinados por los fascistas” (29/05/2010) y Javier Cercas, “La puñetera verdad” (06/06/2010). En todos ellos, por diferentes que sean, se pueden encontrar ideas interesantes que ha costado y está costando mucho transmitir a la sociedad y que hoy sean cosa aceptada para muchos, aunque no para los que aún funcionan dentro de esquemas heredados de la propaganda franquista, que no son pocos.

De orden muy diferente fue “Los muertos de todos”, artículo de Jorge M. Reverte que vio la luz en el mismo periódico citado el 18 de junio. Aquí volvemos otra vez a los dos bandos. Reverte, para quien todas las víctimas son iguales, las de Paracuellos como las de Badajoz, reconoce la responsabilidad de los golpistas y su plan de exterminio, pero para mostrar que los otros actuaron igual remite a Paracuellos (su documento encontrado por la documentalista Diana Plaza), Barcelona (Miquel Mir y Diario de un pistolero anarquista), La Solana (Fernando del Rey y Paisanos en lucha) y las matanzas finales de la guerra en Cataluña (J. Cercas).

No sé si será consciente Reverte de dónde se mete al asumir los más que dudosos escritos de Mir y a un historiador como Del Rey que considera esto de la memoria histórica “como una losa que ha caído sobre los historiadores profesionales” y que lamenta lo que llama “la irrupción de la historia militante”. Tampoco parece muy serio poner como ejemplo la conocida novela de Cercas. Yo podría mostrar a Reverte otros muchos casos que prueban que, por más que se cometieran crímenes en todo el territorio, nunca cabrá igualar ambos terrores. Podremos estar con las víctimas y despreciar a los asesinos, pero ni ambos bandos fueron iguales ni lo fueron todas las víctimas.

De entrada, no tenemos por qué asumir ni una sola víctima de los franquistas, ya fuera provocada en enfrentamiento armado u otros actos bélicos como por los bandos de guerra o los sumarísimos de urgencia. Sólo la investigación permitirá identificar a los asesinos. Efectivamente García Atadell era un criminal que mereció su final, pero no hay que olvidar que estos monstruos dan vía libre a sus instintos cuando la situación lo permite, y, en este caso, lo que lo permitió fue el golpe militar. Sin embargo, nuestra actitud, aunque cautelosa, debe ser diferente con las víctimas causadas en su defensa por la República y por quienes la apoyaron en todo momento, desde el 17 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39 y desde las acciones iniciales que hicieron fracasar la sublevación en lugares clave hasta las penas dictadas por los tribunales populares.

Lo que no cabe justificar en modo alguno, por más que entre los afectados cayeran elementos responsables y colaboradores del golpe, es el terror salvaje que durante varios meses causó miles de víctimas en numerosos lugares del territorio republicano. Podemos explicarlo, mostrar sus causas y retratar a sus responsables, pero no asumirlo. A estas alturas sabemos que, además del terror implantado por los comités, muchas de las matanzas que tuvieron lugar en zona republicana fueron consecuencia directa de bombardeos franquistas sobre objetivos civiles. ¿Justificaremos con ello el crimen? No, pero sí ofreceremos la secuencia completa, que la propaganda franquista tuvo buen cuidado en ocultar.

Reverte puede hacer suyos todos los muertos, los de Badajoz y los de Paracuellos; yo no creo que se puedan ni deban mezclar. Badajoz precede a la matanza de la Cárcel Modelo, en la que sin duda influyó; la de Paracuellos, por el contrario hay que relacionarla con el asedio a Madrid en noviembre del 36. Es fundamental la contextualización de estos hechos, ya que lo contrario sólo favorece a la propaganda y a la manipulación. Por ejemplo: falta una investigación sobre los brutales bombardeos a que fue sometida Madrid por la aviación fascista en esos meses. No para justificar la actividad criminal de las checas sino para saber por qué, cómo y dónde se gesta el odio asesino que conduce a algunas de esas masacres. De hecho, muchas de las matanzas ocurridas en zona republicana no se entienden sin la violencia previa derrochada por los golpistas, bien fuera por acciones de exterminio como por bombardeos, ocupaciones salvajes, etc. No es conveniente olvidar quién agredió primero, sin que esto suponga justificar crimen alguno. Pero recordémoslo una vez más: no podemos equiparar en modo alguno la violencia del que agrede con la violencia del que se defiende. Mención aparte merecen los elementos que en zona republicana derrocharon igual desprecio por la vida ajena que el que venían practicando los fascistas desde que se sublevaron.

Hechos de las dimensiones de Paracuellos hay muy pocos en la zona republicana; hechos como Badajoz hay muchos en el territorio controlado por los fascistas. Yo estoy a la espera de que se investigue a fondo lo ocurrido en Madrid desde el 18 de julio hasta bien entrados los años cuarenta. Una vez que esto ocurra sabremos a qué atenernos. No obstante, la gran diferencia entre las matanzas de Badajoz y Paracuellos es que la primera nunca fue investigada y la segunda sí. Compararlas para mostrar que todos fueron iguales mientras no conozcamos a fondo ambas constituye una aberración.

Franco nos salva del Soviet
Y llegamos a Santos Juliá (SJ) y su “Duelo por la República Española” (El País, 25/06/2010), en la misma línea que el de Leguina pero menos basto. Para SJ la revolución social latente tras las matanzas de la cárcel Modelo hubiera acelerado la derrota y acarreado el fin de la República.
Además, en zona republicana, “durante los primeros meses de la guerra, [se cometieron] crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad”. Para SJ sólo a partir de mayo del 37 “comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros”. Para Juliá en territorio republicano no se mató más porque ya no había dónde ni a quién. Dejemos de lado las referencias a Dionisio Ridruejo, nuestro pequeño Goebbels convertido ahora en “ideólogo de la democracia” (vivir para ver), quien por cierto murió sin contarnos lo mucho que debía saber sobre la época dorada del terror azul a pesar de haberse comprometido a ello en Escrito en España (seguimos a la espera de que su hagiógrafo J. Gracia nos cuente sus años fascistas). También preocupa a SJ “la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco”.

Sin duda lo más llamativo del texto de Juliá es la idea, nada novedosa por cierto, de que, de haberse inclinado la situación a favor de la República, la revolución social hubiera ido llevando el terror a todo el territorio para terminar devorando a la propia República. Desde este punto de vista cabe agradecer que los golpistas impidieran con su incesante victoria tan negro futuro, posibilitando así que veinte años después los hijos de vencedores y de los vencidos –esa increíble generación a la que pertenecen Leguina y Juliá– iniciaran el camino hacia la democracia. Conste, al menos, que la idea esta es franquista y no ha dejado de circular. No en vano L.P. Moa recibió el artículo de SJ que comentamos con otro titulado “Santos Juliá va enterándose”.

Aparte de esto debe quedar claro que la represión en ambas zonas no fue en absoluto equiparable ni en cantidad ni en objetivos. Una era fruto de un golpe militar que incluía un calculado plan de exterminio; otra de un proceso revolucionario abierto precisamente a consecuencia de lo anterior. No vale despachar de un plumazo, como hace SJ porque a él no le interesan, una serie de hechos objetivos como quién inició la agresión, de dónde partía, y qué plan y dimensión tuvo en cada zona. Que todo tenga “lógica propia” no significa que todo sea igual. Asusta un poco este relativismo.

Además, habrá que recordar a Juliá que las diferencias entre la represión en ambas zonas no empiezan en mayo de 1937 sino el mismo 17 de julio. La razón es simple: al contrario que los sublevados, tanto el gobierno de la República como los partidos que integraban el Frente Popular, carecían de plan alguno para acabar con nadie. Esta situación cambió tras el golpe. De ahí que sea algo admitido que, por más que en algunos lugares las ramificaciones del terror alcanzasen ciertos espacios del poder político y sindical, nunca se trató de un proyecto planificado con implicación de las más altas instancias del Estado ni del Frente Popular. Las tesis de SJ, como antes las de Leguina, suponen un total desprecio hacia aquellas personas, la mayoría, que, en todo el país y desde diversos ámbitos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para evitar el derramamiento de sangre. Nada de esto ocurrió en zona franquista, por la sencilla razón de que el derramamiento de sangre constituía la médula del plan.

Al tratar el asunto como lo tratan –los dos bandos que de pronto se lanzan por la pendiente de la guerra civil dirimiendo sus diferencias a garrotazos en medio de una orgía de sangre y terror– SJ y sus seguidores están ocultando y tergiversando la realidad con un claro objetivo: la memoria de la República y de quienes dieron la vida por ella desde el primer día, tanto civiles como militares, tanto en el frente como en los paredones, debe ser sacrificada en beneficio de la Transición. Esto es tan antiguo como la propia transición pero, a medida que ha ido saliendo a la luz la realidad de eso que llamamos “guerra civil”, a sus defensores se les ve más la tramoya de su argumentación. Así, no se dejan de lanzar sombras sobre la baja calidad de la democracia republicana o sobre la escasa validez de las elecciones de febrero del 36 (buen partido están sacando algunos, sin haberlos visto, a los “papeles” de Alcalá Zamora), y día llegará en que alguien desempolve de nuevo los “papeles” de la conspiración comunista, que vendrán bien a unos para demostrar una vez más que el “18 de julio” estaba justificado y a otros para probar que la República estaba ya carcomida por la hidra revolucionaria.

Veamos finalmente esa argentinización de la mirada al pasado que tanto preocupa a SJ. Debe referirse sin duda al tratamiento de la cuestión represiva y a la petición de verdad, justicia y reparación que se ha hecho desde el movimiento social a favor de la memoria. No debe extrañarse SJ de que haya gente que pida eso. Para argentinización pionera la del franquismo con sus víctimas. No parece muy justo que sólo haya habido “verdad” (Causa General), “justicia” (la represión judicial militar) y reparación (los muchos derechos y privilegios de que gozaron los Caídos y sus descendientes) para unos, y silencio, olvido y limosnas para los otros. Y ya que no es posible llevar al banquillo a los responsables, qué menos que exigir Verdad, Reparación y que la Justicia defina lo que realmente fue aquello.

La tesis central del artículo de Juliá fue rebatida por Josep Fontana (“Julio de 1936”, Público, 29/06/2010). En su respuesta SJ, como siempre, eludió el debate, recurriendo a su estilo habitual. Curiosamente –esto suele pasar– el “estilo” que lo caracteriza viene a ser una mezcla de dos de los insultos obsesivos que lanza sobre los demás: Vishinsky y Torquemada, es decir, estalinismo e inquisición. El resultado ya sabemos cuál es: alguien que no deja de sermonearnos desde sus muchos púlpitos y tribunas pero que, fiel a la máxima Roma locuta causa finita, no admite no ya sólo crítica alguna sino simplemente puntos de vista diferentes al suyo. De seguir así no habrá quien le chite urbi et orbi. Unos por temor reverencial, otros por puro miedo y los demás por débito o vasallaje. En realidad, la sensación que da es que sería un magnífico secretario de la Conferencia Episcopal Española.

Y al final del camino… la Tercera España
Dejó tan alto el listón Juliá que una de dos, o acabó con el debate en su periódico o bien el periódico, con la ayuda inestimable de alguno de sus manipuladores profesionales como el tal Javier Valenzuela, decidió desechar otras opiniones. Luego ya sólo vimos un “análisis” de José Juan Toharia titulado “La tercera España, 74 años después” (El País, 18/07/2010). De entrada y dado el día, aludía a “la irreconciliable fractura entre las dos Españas dispuestas a extirparse mutua e inmisericordemente de la convivencia nacional”. Para Toharia lo ocurrido en el 36 no fue un enfrentamiento entre “buenos y malos” sino “un choque entre dos fanatismo extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes”. Pero había otra España, dice Toharia: “… una mayoritaria tercera España que braceó, sin éxito, para evitar el desgarro. No lo logró y quedó finalmente laminada”. Aquí no podía faltar la referencia a Trapiello, el gran fustigador del rojerío hispano desde la República a la transición. A éste igual le da tirar contra uno de la generación del 27 que contra los maquis o los antifranquistas de los 70. Algunos parece que buscan así matar al rojo que alguna vez llevaron dentro.

Pues bien, Toharia ha descubierto, porque para eso es presidente de Metroscopia, que según dicen ahora los españoles, sus familias se posicionaron entonces de la siguiente manera: un 17% con “el bando franquista o nacional”, un 26% “con el bando republicano” y un 57% con la “Tercera España”. Y hay más, porque Toharia aporta un dato sensacional: la mayor parte de los votantes del PSOE y del PP “proceden de familias integradas en la tercera España”. ¡Acabáramos! ¡Haber tenido que esperar tanto tiempo para saber que ya en el 36 España no era ni de derechas ni de izquierdas sino de centro! Como ahora, qué casualidad. Bien es verdad que esto no cuadra mucho con los resultados de las elecciones de febrero del 36, pero seguro que Toharia tendrá alguna explicación. Igual es que fueron fraudulentas, como mantuvo “el bando franquista o nacional” (¿pero qué sociólogos son éstos que aún hablan de “nacionales”?). Quizás esos resultados hablen más de ahora que del 36 y resulte que hay una mayoría social que se siente desvinculada de “los dos bandos”. Lo cual no es de extrañar después de la incesante y machacona campaña que desde la transición se viene haciendo para relegar el pasado reciente al olvido y situar la amnistía del 77 y la Constitución del 78 como nuestros únicos referentes históricos.

Sin duda, este “análisis” contiene méritos para engrosar los desvaríos “científicos” del clásico de Cipolla (Allegro ma non troppo). Lo curioso y lo que me hace traerlo aquí son las conexiones de las teorías de Toharia con las de Leguina, Juliá, Trapiello y, cómo no recordarlo, con Muñoz Molina, otro cantor de la “tercera España”. Todos ellos y otros muchos están empeñados en convencernos de que “los dos bandos” eran, en el fondo, iguales; que la República contenía el germen de su propia destrucción y hubiera sido engullida por sus propios hijos (ya decían los franquistas que el Frente Popular conducía directamente al Soviet), y que es mejor que olvidemos todo aquello, incluidos los muertos, pues maldita sea la hora en que se empezó a mover todo esto de la represión y las fosas. Si hiciéramos caso de la encuesta de Toharia y pensáramos en la representación de los tres grupos en el actual panorama de los medios de comunicación veríamos que los de la “tercera España” están bien representados; aquellos cuyas familias se alinearon con los franquistas están sobrerrepresentados, y, finalmente, el 26% que se posicionó con la República es el que peor escapa, ya que apenas cuenta con medio alguno para exponer sus ideas (Internet sigue siendo prácticamente la única vía y ya sabemos sus limitaciones: un 80% de la población nunca lo usa para obtener información).

Seguramente a algunos debe molestar que se les diga que sus ideas coinciden con los Moas o que han sido gratamente recibidas por Intereconomía o Libertad Digital. No debe ser muy agradable para aquellos que pasan por ser referentes ideológicos de nuestro tiempo que sus ideas sean bien acogidas por los sectores más reaccionarios de la sociedad española. Al final va a resultar que, en lo fundamental, todos están de acuerdo. Ocurre que es la fuerza del movimiento por la memoria histórica la que va obligando a estos señores a decir lo que de otra forma ni se hubieran atrevido a decir ni hubiera hecho falta que dijeran. Ha sido la decisión de mostrar lo que fue realmente el “18 de julio” y de exigir que el Estado cumpla con su deber, la que ha llevado a esta gente a exponer públicamente lo que piensan de la República, de “la guerra civil” y de la dictadura. De paso nos han dado las claves de por qué actuaron como lo hicieron en la transición; incluso de por qué están tan contentos de conocerse: según parece, les debemos todo.

Por lo demás, pensando como pensaban de la anterior experiencia democrática, qué otra cosa iban a hacer. Se entiende que lleven tan mal las investigaciones sobre el golpe de julio del 36 y sus consecuencias, y, sobre todo, el movimiento pro memoria histórica. En realidad hubieran preferido que todo quedara como en la transición o como en los tiempos de Felipe González, aquellos del nosotros decidimos no mirar atrás. Pero fue en vano: de pronto, la “guerra civil” se fue mostrando como lo que realmente fue: la matanza fundacional del franquismo, y la tierra, mero paisaje, dejó ver las pruebas: un país sembrado de fosas comunes.

Sevilla, 18.8.2010

Francisco Espinosa Maestre. Historiador y Director Científico de http://www.ruedoiberico.org/blog/?p=926 A 74 años del 18 de julio de 1936

El PSOE e IU-ICV acordaron este mediodía en el Congreso un texto conjunto sobre la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica con el que se pretende reforzar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y garantizar la responsabilidad de los poderes públicos en las exhumaciones de fosas.

En concreto, el texto aboga por “transformar u potenciar” la Oficina de Víctimas que tiene su sede en el Ministerio de Justicia  para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, “asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley de Memoria”.  

Joan Herrera, el diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) que interpeló hace dos semanas al ministro de Justicia, (debate que ha dado origen a la moción que se vota esta tarde en el Pleno del Congreso), se mostró satisfecho con el acuerdo recordando que esa oficina cuenta actualmente con “tres o cuatro personas”.

También se ha incluido otro punto para “garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como a la divulgación de los resultados, pasando a ser ésta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de las Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario”.  

No se toca la Ley de Memoria

Ese compromiso incluye, según el acuerdo, “impulsar las reformas normativas que sean necesarias”, aunque el Gobierno no tiene en mente tocar la Ley de Memoria de 2007, como reclamaba inicialmente IU-ICV, sino sólo alguno de los reglamentos que la desarrollan, aseguraron a Europa Press fuentes oficiales.

Por último, el acuerdo confirma el compromiso de dar a conocer el mapa de fosas, realizado con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que hoy no son todas, y “conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen franquista y de apoyo a las víctimas” de la dictadura.

Todos estos compromisos, según Herrera, conllevarían recursos “anecdóticos” y puso como ejemplo el caso de las indemnizaciones por atentados terroristas: “¿Alguien se escandaliza por las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo? –se preguntó–. Yo no, creo que deben existir, y también estas ayudas”.

De la moción han quedado fuera del alcance dos de las peticiones iniciales de IU-ICV, como crear una Fiscalía especializada y constituir una fecha para que anualmente se celebren actos de condena del régimen franquista. En cualquier caso, Herrera cree que su formación ha logrado “una pequeña victoria”: “Son mandatos del Congreso para que algunas cosas se arreglen”, se felicitó.

Respeto al TC

En la moción también se alude a la investigación judicial de los crímenes del franquismo, asunto por el que el juez Baltasar Garzón corre el riesgo de ser procesado. En este sentido, se recuerda que la legislación española “obliga de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio”, pero al mismo tiempo se resalta que “la aplicación e interpretación de toda esta legislación corresponde a los jueces y tribunales”.

Es más, y en medio de la polémica por las críticas al Supremo por el ‘caso Garzón’ y al Tribunal Constitucional por la fallida sentencia del Estatut, la declaración pactada por PSOE e IU-ICV proclama su “respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos”.
Aunque para el socialista José Antonio Alonso esa doble declaración no supone un apoyo expreso al juez Garzón, sino un recordatorio del ordenamiento jurídico existente, Herrera cree que esos dos puntos ponen en cuestión la “pésima interpretación” de las leyes, en concreto de la Ley de Amnistía, que ha llevado al juez al banquillo de los acusados.

“Hay miembros del Poder Judicial que intentan malinterpretar la Ley de Amnistía, que fue una reivindicación de los antifranquistas, para criminalizar a quienes intentan investigar los crímenes contra humanidad -aseveró-. Lo que toca es que el juez Garzón no sea incriminado por intentar investigar los crímenes contra el franquismo”

Dice el poeta Juan Gelman que desaparecen los dictadores de la escena y aparecen entonces los organizadores del olvido. Nos recuerda Reyes Mate: “La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada”. Ambas reflexiones son especialmente atinadas para hablar de la Ley de Amnistía, aprobada por el nuevo Parlamento ‘democrático’ en 1977. Casi a la vez que se firmaban los mitificados Pactos de la Moncloa: el “consenso” sobre el olvido del pasado acompañaba así a unos acuerdos destinados a respetar al bloque económico en el poder y a frenar la dinámica ascendente del movimiento obrero.

En realidad, esa ley intentaba completar las medidas de amnistía parciales que se habían tomado desdel verano de 1976 y que habían permitido ya la libertad o el retorno del exilio de un número significativo de antifranquistas.

Faltaban, sobre todo, presos –y “extrañados” o deportados– de ETA, junto con algunos del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, condenados por delitos de sangre. Además de muchos trabajadores despedidos por motivos “políticos”. Entonces, en el tercer trimestre de 1977, se produjo la más intensa movilización en Euskadi para liberar a todos esos presos.
La respuesta a esa presión por su puesta en libertad (al final fueron en total 153, según el fiscal del Reino) llevó a la aprobación de una ley que amnistiaba “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez). Sin embargo, la UCD aprovechó esa “concesión” obligada para introducir, con el apoyo tanto del PSOE como del PCE, la amnistía para “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”; y “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se ‘perdonaron’ así tanto “delitos” cometidos por quienes habían luchado por las libertades democráticas como la represión franquista.

Se trataba de algo inédito en la Europa posterior al nazismo. Por eso, se presentó la Transición como “modélica”, pese a ser todo lo contrario, como bien recuerda Jon Elster: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transnacional”.

Ése fue el altísimo precio que pagó la llamada “oposición democrática antifranquista” en nombre de una ilusoria “reconciliación nacional”, bien utilizada por Suárez y los “poderes fácticos” para asegurarse el control de la Transición. Éste tendría su “consagración” en la aprobación de una Constitución que no hace mención al rechazo del Franquismo y blinda, en cambio, la monarquía, la “indisoluble unidad de la Nación española” y los privilegios de la Iglesia, herencias todas ellas de la dictadura.

Luego, se quiso convertir esa ley de “punto final” en referente para otras transiciones. Como comprobamos en Chile o Argentina, leyes similares no han resistido a la lucha por recuperar la memoria y a las conquistas logradas en el ámbito del Derecho Internacional y de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Se comprueba así por desgracia que, como escribió el ya fallecido Pepín Vidal Beneyto, “el sepultamiento de la memoria política durante la Transición, que se tradujo en una primera fase en una banalización de la dictadura, se ha transformado en una naturalización histórica del franquismo”. Hoy, pese al enorme coste que esto ha supuesto, la extensa lista de apologistas de aquella Transición todavía insiste en que la aprobación de aquella Ley era necesaria e incluso inevitable. Por el contrario, quienes nos opusimos entonces a la misma seguimos pensando que otro camino, el de la intensificación de la movilización desde abajo hasta la ruptura y la exigencia de justicia para las víctimas del Franquismo, era posible.

INTENTOS DE DEROGACIÓN
La petición de derogación de la Ley de Amnistía, expresada en enero de 2009 por el Comité de Derechos Humanos, después por el Comité contra la Tortura en noviembre y finalmente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas en diciembre, todos ellos dependientes de la ONU, sigue tropezando con la resistencia no sólo de un amplio sector del poder judicial, sino también de la mayoría de la derecha política, económica y mediática. Pero también de un sector nada despreciable de la izquierda oficial. La conocida como Ley de Memoria Histórica tampoco llegó a cuestionar la impunidad del Franquismo.

Y un testimonio:

La amnistía de 1977
por José María Benegas, El Siglo, Nº 761 5/11/2007

Entre el recuerdo de los Pactos de la Moncloa y la conmemoración de los veinticinco años de la victoria del PSOE en octubre de 1982, el treinta aniversario de la Ley de Amnistía ha pasado casi
desapercibido.

Me correspondió el honor de representar al Grupo Socialista en el pleno del Congreso de los Diputados que aprobó la ley. Era la primera vez que intervenía en el hemiciclo. Fue una sesión solemne. La amnistía fue una de las más queridas y sentidas reivindicaciones de la izquierda. No podíamos empezar una nueva etapa democrática con juicios del pasado pendientes, gente en la cárcel y
todavía miles de personas viviendo en el exilio político.

Como todo en aquel entonces, la Ley de amnistía fue producto de un pacto en el que los vencidos de la guerra civil y perseguidos durante cuarenta años nuevamente tuvimos que guardarnos nuestros sentimientos y demostrar generosidad política para poder avanzar en el proceso democrático. Lo digo porque la Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación, como ya he explicado recientemente en estas páginas. Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura.

En aquel discurso invoqué el recuerdo “para todos aquellos que hoy deberían ser amnistiados y no pueden participar de este momento, porque sus vidas quedaron truncadas en el camino y en la espera de una libertad ansiada que no llegaron jamás a ver; recuerdo para quienes han sufrido en este país, persecución por sus ideas y convicciones, para quienes han sufrido cárcel, ignominias, tortura, desprecios, vilezas y no desmayaron ni un instante en la defensa de la libertad; recuerdo para los miles de hombres y mujeres que han vivido día a día en el exilio, movidos por el señuelo de la caída de la dictadura, esperándola cada día y cada noche, añorando la vuelta a su tierra, a sus pueblos, a sus casas a España y que han fallecido lejos con esa esperanza alentada durante tantos años, rota por una muerte en tierra ajena”.

Así vivíamos y sentíamos en aquella época. “Las cosas tienen, en distintos días, distintos modos de acontecer y lo que ocurrió bajo la lluvia sólo bajo la lluvia puede ser contado” (Rafael Sánchez Ferlosio). Discutir y recordar nuestro pasado no es malo, es bueno y conveniente. La cuestión reside en el cómo se discute y con qué
intenciones se invoca nuestra historia. Los motivos del recuerdo deben ser limpios porque, en caso contrario, un pasado de enfrentamientos se convierte en un presente de confrontación sobre el pasado.

[La suspensión del juez Baltasar Garzón] carece de fundamento jurídico suficiente y es una forma de reprimir y criminalizar el ejercicio libre de la independencia judicial”.< --more--> Así al menos lo cree el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para quien esta medida creará “un cierto clima de amedrentamiento sobre jueces y magistrados, como lo prueba que hay ya dos jueces de Barcelona que han sido expedientados por criticar el comportamiento discutible de otro juez, el del Palau de la Música”. En su opinión, la decisión del Consejo General del Poder Judicial significa que “subsisten, de forma más o menos larvada, formas de pensar próximas al franquismo [entre jueces y magistrados]. De lo contrario, no se explica lo que está ocurriendo”.

En una charla con los lectores de EL PAÍS.com, Jiménez Villarejo recordó que “la magistratura española durante toda la dictadura, con algunas excepciones, [...] permaneció muda ante los crímenes franquistas”. “Me pregunto si los jueces y fiscales actuales conocen esa realidad”, dijo, “si saben que sus antecesores fueron fieles servidores de la dictadura y han hecho un análisis crítico de esa realidad que, ideológicamente, sigue sin ser asumida plenamente por el conjunto de jueces y fiscales”.

“¿Cree usted que la suspensión a Garzón tiene que ver con el ‘caso Gürtel’?”, inquiría una lectora. “Naturalmente que sí”, replicó el ex fiscal. “Es tan evidente que la primera querella contra el juez Garzón, admitida por el Tribunal Supremo, es del 26 de mayo de 2009, poco tiempo después de que él concluyera las investigaciones sobre el caso Gürtel y las remitiera a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia”. En su opinión, este caso “planea detrás de todas las querellas contra el juez Baltasar Garzón, hasta el punto de que en la última de ellas, la interpuesta por el letrado de un imputado del proceso Gürtel, se han persona como acusadores los principales implicados de Gürtel, Correa y Crespo, lo que constituye algo realmente insólito en la justicia española”. Esto supone “que los imputados y perseguidos por un juez de instrucción, en este caso el juez Garzón, terminen siendo los acusadores de dicho juez con la complacencia, en este caso, del Tribunal Supremo. Es un verdadero escándalo”, concluyó.

En cuanto a la posibilidad de que Baltasar Garzón comience a trabajar para la Corte Penal Internacional (CPI), como ha reiterado este lunes el fiscal de este tribunal, Luis Moreno-Ocampo, Jiménez Villarejo señaló que “su incorporación a dicha corte sería una satisfacción personal muy importante para él”. Sin embargo, “no empaña ni aligera para nada la brutalidad de la decisión acordada de apartarlo de sus funciones judiciales que no se corresponde ni con el derecho ni con los principios de justicia”.

Menos de tres horas han servido para finiquitar 22 años y siete meses de servicio a la Audiencia Nacional. La ‘osadía’ de investigar los crímenes que se perpetraron durante la dictadura franquista tiene como reflejo, todavía en 2010, un castigo severísimo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido, por unanimidad, suspender de forma cautelar al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por la apertura de juicio oral en su contra dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela. Está acusado de presunta prevaricación por investigar los crímenes del franquismo.

Garzón ha sido informado telefónicamente de la decisión a las 13.19 horas. El encargado de la llamada ha sido el secretario del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón. En ese momento, el juez se encontraba interrogando al empresario Josep Singla, imputado en la operación Pretoria. 
La suspensión no será formalmente efectiva hasta que el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, le comunique la resolución completa del CGPJ. Se trata de un trámite que según la portavoz del órgano de los jueces, Grabriela Bravo, estará listo “lo antes posible”.

El magistrado suspendido ha abandonado el edificio de la Audiencia Nacional minutos antes de las 14:00 horas llorando y entre los aplausos y entre gritos de apoyo de sus compañeros  y miembros de asociaciones de Memoria Histórica que, al grito de “¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!”, han despedido al magistrado. 

La decisión sobre su traslado, esta tarde
El Consejo ha actuado contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

En la reunión no se ha tratado la petición del magistrado del permiso para ir a La Haya como asesor externo de la Corte Penal Internacional.
El tema lo abordará esta tarde la Comisión Permanente del CGPJ, que comprobará si el cargo al que opta entra dentro de los previstos para declarar a un juez en situación de servicios especiales.

Apoyos
Durante la mañana se acercaron hasta el despacho del juez numerosos magistrados de la Audiencia Nacional, como Fernando Andreu, Santiago Pedraz, Fernando Grande-Marlaska o Ismael Moreno, y fiscales como Vicente González Mota, Dolores Delgado o Pedro Martínez, al objeto de transmitir al magistrado su apoyo. Hasta la Audiencia Nacional también se trasladó la mujer de Garzón, Rosario Molina.

Frente a la Audiencia Nacional se concentraron una decena de personas que profirieron gritos como ‘Queremos Justicia’, ‘Envidiosos, envidiosos’ y ‘Vosotros fascistas sois los terroristas’.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado su “respeto” a la decisión  y ha insistido en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del magistrado porque “el procedimiento no ha concluido”.
Falange Española de las Jons ha valorado la suspensión “muy positivamente”  y el PP, por boca de su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que  la ley se aplica a todos los españoles con absoluta igualdad”.

Más categórico ha sido el  el secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernard , quien defiende que hoy se ha producido el “triunfo de toda la sociedad” porque “nadie está por encima de la Ley”. Ver a Garzón fuera de la Audiencia supone que se “ha devuelto la dignidad a la Justicia española”.

La querella presentada en Argentina para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista en España se ampliará esta semana con 5.000 casos documentados de víctimas en Galicia, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

Entre los nuevos casos que se presentarán ante la justicia argentina figuran las denuncias de Flor Baena, hermana de Humberto, miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y de Silvia Carretero, esposa de Luis Sánchez Bravo, también miembro de esta organización.

Baena y Sánchez Bravo fueron dos de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista, el 27 de septiembre de 1975.

La documentación que se presentará el próximo viernes ante la jueza María Romilda Servini de Cubría en la Cámara Federal de Buenos Aires documenta más de 5.000 casos de torturas, detenciones ilegales y crímenes cometidos en Galicia entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, incluidas las desapariciones de una veintena de ciudadanos argentinos, explicó a Efe el abogado Gustavo García.

Los informes, agregó el abogado español, están documentados con declaraciones oficiales, fotografías e incluso vídeos, resultado del trabajo de investigación que comenzaron a realizar en 2006 tres prestigiosas universidades gallegas bajo el lema “Los nombres, los lugares, las voces”.

Parte de estos documentos integran la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, actualmente procesado por investigar los crímenes del franquismo.

El objetivo es lograr “que se reconozca que en Galicia hubo un genocidio, aunque no hubo frente de guerra”, agregó García, que recordó que organizaciones de memoria histórica gallegas cifran en más de 25.000 el número de víctimas en esta comunidad autónoma española.

“Nosotros mismos no reconocemos nuestro propio genocidio”, dijo, y afirmó que Galicia es diferente a la que hubiera sido si no hubieran faltado esas 25.000 personas. “Somos consecuencia de aquello y lo que queremos es que la Historia ponga a en su lugar a cada uno”.

“Aquí no hay un cuestión de ideologías. Son criminales, son crímenes contra la humanidad y deben juzgarse”, insistió.

Gustavo García, que trabaja desde hace más de diez años con abogados argentinos y chilenos que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus países, confía en que la Justicia argentina lleve adelante el proceso, como ocurrió cuando Garzón juzgó a represores argentinos.

“Ahora pedimos que nos devuelvan el favor y que se investigue aquí el genocidio gallego”, apuntó.
Para lograrlo, los demandantes se sumarán a la querella presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires por un grupo de abogados encabezados por Carlos Slepoy con el respaldo de organizaciones de argentinas de Derechos Humanos.

La denuncia presentada en Argentina se fundamenta en el principio de “jurisdicción universal” para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y consagrado en el Derecho Internacional.
La querella solicita a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.

Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentra el del presidente fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga.

Además, solicitan listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de “todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas”.

La viuda del último fusilado del franquismo pide justicia
Público, EFE 03/05/2010

Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, presentó hoy, 35 años después de lo ocurrido, una demanda en Buenos Aires para exigir una reparación “con todas las consecuencias”.

Motivada por el que considera “vergonzoso” caso del juez español Baltasar Garzón, acusado en España de prevaricación por su investigación de los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, Carretero se presentó hoy en los tribunales federales de Buenos Aires “con la ilusión y la confianza de que la Justicia argentina haga algo”, afirmó tras presentar la demanda.

Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

Su marido, Luis Sánchez Bravo, también de 21 años y miembro del FRAP, fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, después de haber sido condenado a muerte en el último Consejo de Guerra de la dictadura franquista por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose.

“Yo llevo esperando 35 años, nunca presenté ninguna demanda ni ninguna querella y precisamente por lo que ha pasado con Garzón he dicho: hasta aquí hemos llegado. Y es cuando me he decidido”, explicó a Efe.

“Me parece vergonzoso que para un juez que tenemos que persigue el genocidio y todos los problemas de lesa humanidad, ahora se le juzgue a él”, lamentó. Afirmó que ha esperado tanto tiempo porque nunca tuvo confianza en que sus demandas salieran adelante, por eso decidió mantenerse siempre “discreta y en un segundo plano”. “Quiero reparación, pero no una reparación cualquiera, sino con todas las consecuencias”, declaró, al destacar que la mayoría de los culpables están todavía vivos y pueden ser juzgados.

Su demanda se unió hoy a la querella presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, entre otros por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 tras haber sido encarcelado cuando era alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.

El viernes pasado se amplió la demanda con 16 nuevos casos de víctimas gallegas del franquismo.

El abogado Ricardo Huñis, uno de los representantes de los querellantes, acompañó hoy a Carretero a los tribunales y afirmó que durante los próximos días van a presentar diez nuevas demandas de familiares de víctimas , aunque evitó adelantar detalles.

A pesar de que el pasado viernes la Fiscalía federal de Argentina rechazó que la Justicia de este país investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo por considerar que ya hay procesos en curso en España, Huñis confió en que los próximos días la jueza federal Maria Servini de Cubría decida finalmente abrir la causa.

No obstante, fuentes judiciales coincidieron en afirmar en que el informe negativo de la Fiscalía constituye un “muy mal precedente” para la posible apertura de la causa.