Diego Barcalá, Público, 29.1.2012

La viuda de José Luis Sánchez Bravo, el último fusilado por el franquismo, el 27 de septiembre de 1975, nunca denunció en España a los responsables del crimen. Silvia Carretero, que siempre ha reclamado la anulación de la sentencia que condenó a su pareja sin las más mínimas garantías procesales, ni siquiera acudió a la Audiencia Nacional cuando el juez Baltasar Garzón abrió la causa contra los crímenes de la dictadura en 2008. Siempre desconfió de los tribunales españoles. Visto lo ocurrido con el juez, que el martes se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo acusado únicamente por dos colectivos de ultraderecha, el tiempo le ha dado la razón.

Carretero decidió exiliar su demanda a Argentina. El 14 de abril de 2010 fue presentada en Buenos Aires una querella que apela a la justicia universal para acabar con la impunidad de la dictadura franquista. La demanda se inició a partir de dos familiares de víctimas de la represión de la Guerra Civil. A los pocos días, se sumaron Carretero y un colectivo de víctimas de Galicia. A la vista del funcionamiento de la Justicia española, el goteo de denunciantes es constante. Los últimos en adherirse han sido los familiares de los fusilados en Pajares de Adaja (Ávila), cuyos restos fueron trasladados sin su consentimiento al Valle de los Caídos.

“El Tribunal Constitucional rechazó el recurso para que se reabriera la causa de mi hermano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también e incluso la ONU. Cuando un país se califica de democracia, lo tiene que demostrar”, resume Flor Baena, hermana del militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) Humberto Baena, ejecutado por un pelotón de voluntarios junto con José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz en septiembre de 1975. A la vista del escaso resultado de su intento por reabrir la causa que condenó a muerte a su hermano sin pruebas, Flor medita incorporar su caso a la querella argentina. “De momento, no lo he hecho porque Silvia [Carretero] ya ha abierto el camino”, explica.

La jueza argentina María Servini de Cubría reclamó el pasado 13 de diciembre al Estado español “los nombres de los que se presentaron como voluntarios para los fusilamientos” de los condenados a muerte en 1975. “Creemos que el Gobierno no va a contestar pero nosotros reclamaremos igualmente las imputaciones que creamos necesarias”, explica el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy.

“Vamos a ir donde haga falta a denunciar esta violación de los derechos humanos”, advierte Fausto Canales desde el despacho del notario. Junto con otros ocho familiares de fusilados en Pajares de Adaja, acordaron el pasado viernes adherirse a la querella de Buenos Aires. “Pusimos la primera denuncia ante la Audiencia Nacional el 24 de diciembre de 2007, dos días antes de que se aprobara la Ley de la Memoria Histórica”, recuerda Canales. Desde su punto de vista, la ley no iba a cumplir con lo que ellos reclamaban: la recuperación de los restos de los republicanos que fueron llevados al Valle de los Caídos sin el permiso familiar. “Lo que nosotros reclamamos sobre todo, es que en sede judicial se aclaren los hechos. Que un juez diga lo que realmente ocurrió”, explica Canales, cuyo padre fue fusilado por los sublevados.

Fusilados en 1940
La imagen de Garzón sentado en el banquillo por dos asociaciones simpatizantes con el franquismo, Manos Limpias y Libertad e Identidad, ha terminado de convencer a las familiares de las víctimas del franquismo. “La denuncia en Argentina demuestra la gran vergüenza que es el Tribunal Supremo. Quieran o no quieran el franquismo será juzgado”, advierte Críspulo Nieto, hijo y sobrino de dos militantes socialistas fusilados el 20 de noviembre de 1940.

Nieto acudió al despacho de Garzón en la Audiencia Nacional el 12 de septiembre de 2008 con una copia del sumario de su padre. “No aparece ni fiscal ni abogado defensor. Encontré un superviviente del juicio y me contó que no les dejaron ni hablar. Le condenaron por auxilio a la rebelión. Por rebelarse contra los sublevados”, resume. Asegura que acudirá “donde haga falta” para reclamar “verdad, justicia y reparación”.

La experiencia de la investigación de Garzón ha servido para que los denunciantes añadan nuevos crímenes a la dictadura para investigarla en su totalidad. La pasada semana anunciaron su intención de presentarse en Buenos Aires los presos de los años 60 y 70. La asociación La Comuna quiere que un juez investigue quiénes fueron los responsables de las torturas sufridas en comisarías y prisiones.

Fuente:http://www.publico.es/espana/419226/las-victimas-de-franco-se-refugian-en-la-justicia-argentina

Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.

La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido.

De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.

Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.

Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.

No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.

¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).

Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4598/garzon-y-la-transicion/

La celebración de los dos juicios orales por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón es un signo más de la crisis del Estado de derecho en España. El primer juicio que va a celebrarse, el de las escuchas telefónicas de los principales imputados del caso Gürtel con sus abogados, supone, por sí solo, una ofensa a la conciencia democrática. Los principales responsables de la trama, que permanecen en prisión preventiva desde hace tres años, son los acusadores del juez que los investigó.

La sola admisión de la querella ya constituyó la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y la corrupción, porque transmitió un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Y significa que los presuntamente corruptos han conseguido ya una victoria: someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos.

El juez Barreiro, instructor de este proceso contra Garzón –que tanto empeño ha puesto en amparar, decía, el derecho de defensa– ha contribuido decisivamente al archivo definitivo de la causa por el genocidio cometido por la República Popular China contra el pueblo tibetano. En una resolución, ramplona desde el punto de vista jurídico, de 6-10-2011, de la que fue ponente, le dio un hachazo al principio de justicia universal manteniendo la impunidad de tal genocidio. Pero, eso sí, la investigación de la corrupción y del blanqueo de capitales tiene, a su juicio, límites infranqueables que el juez Garzón traspasó.

Respecto al juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo conviene recordar ciertos antecedentes para situar el contexto en que se produce. El juez, ante las denuncias de los familiares de los desaparecidos en 2006, acordó una investigación penal –el sumario 53/2008– por “delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero de las víctimas en el contexto de crímenes contra la humanidad”, con una rigurosa fundamentación jurídica nacional e internacional. Por esta y otras resoluciones, el TS está a punto de juzgarlo por un inexistente delito de prevaricación.

El juez hizo una estimación provisional de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra: 114. 266. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, actualmente existen 1.204 fosas pendientes de actuación extendidas por todo el territorio nacional donde permanecen abandonados los restos de las víctimas de los “escuadrones de la muerte franquistas”, según dijo el Consejo de Europa. ¿Será posible que alguna vez el Estado y los tribunales abandonen la “lógica hobbesiana del poder” y se alineen con la “lógica de las víctimas”? El TS tiene la ocasión de hacerlo.

¿Cómo pueden estimarse válidas las resoluciones dictadas durante la fase de instrucción de los dos procesos por tribunales declarados parciales? Y cuando son sustituidos por otros magistrados, concurren en estos fundadas razones para estimarlos tanto o más parciales que los anteriores. Es el caso de los jueces Varela y Marchena, nuevos miembros de la Sala que va a enjuiciar el caso de las escuchas de Gürtel.

Todas las resoluciones dictadas por esas dos salas, declaradas parciales, están empañadas de injusticia. Y todo el material probatorio acumulado contra el juez Garzón en estas dos causas está viciado y no puede fundamentar, en un régimen procesal de garantías democráticas, una acusación formal contra el mismo.

Además, en el proceso contra el juez por los crímenes del franquismo concurre una circunstancia excepcional que permite dudar de la imparcialidad de los magistrados Soriano Soriano, Sánchez Melgar y Andrés Ibáñez. La Audiencia Nacional (AN), a finales de 2008, privó de competencia al juez Garzón para conocer las desapariciones forzadas y, consecuentemente, el citado sumario 53/2008 se fragmentó y se enviaron las piezas separadas en que se dividió el procedimiento a 66 juzgados de instrucción de España. Tantos como fosas comunes se habían localizado hasta esa fecha.

Pero dos de ellos, los de El Escorial y el 3 de Granada, entendieron que no eran competentes para conocer crímenes contra la humanidad y devolvieron los procedimientos a la AN. El conflicto de competencia planteado fue resuelto por el TS. Y el 26-03-2010, la Sala, de la que formaban parte dichos magistrados, en lugar de decidir qué juez era competente para conocer dichos delitos, adoptó una decisión tan insólita como irracional. Se subordinó y aplazó la resolución del conflicto a determinar si el juez Garzón había o no prevaricado.

Decisión de gravísimas consecuencias, porque desde aquella fecha muchos juzgados de instrucción, ante la ausencia de un criterio jurisprudencial definido, han estado archivando denuncias por desapariciones, archivos que, por el tiempo transcurrido, han resultado ya firmes e irreversibles. Por tanto, la decisión de aquellos magistrados, que estaban obligados a prever estas consecuencias, ha intensificado el desamparo de las víctimas negándoles para siempre derechos reconocidos por el Derecho Humanitario Internacional vigente en España.

Ya veremos cómo concluyen estos dos juicios, pero la sociedad española e internacional tiene una clara percepción: el TS, como cúspide del Poder Judicial, no inspira excesiva confianza a nuestra sociedad democrática. En cambio, la dignidad profesional del juez Garzón no sólo permanece intacta, sino que se ha acrecentado. (los subrayados son míos-mb)

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4585/malos-tiempos-para-el-supremo/

Human Rights Watch, 13.1.2012

(Madrid) – El juicio que se iniciará próximamente contra el juez español Baltasar Garzón por haber investigado crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo atenta contra el concepto mismo de justicia tanto dentro como fuera de España, señaló hoy Human Rights Watch.

La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.

“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”, manifestó Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. “Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.

El juicio de Garzón en el caso de “memoria histórica” está programado para el 24 de enero de 2012. Se le acusa del presunto delito de prevaricación –dictar a sabiendas resoluciones injustas- por intentar llevar a cabo una investigación efectiva de crímenes de detención ilegal y desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil española y la dictadura del general Franco, a pesar de que en 1977 España aprobó una ley de amnistía para “actos de intencionalidad política”.
 
La decisión de Garzón de no aplicar la ley española de amnistía encuentra sustento en el derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un delito de carácter permanente mientras no se de razón del paradero de las víctimas. De hecho, la reacción en cadena provocada por el histórico pronunciamiento que Garzón dictó en 1998 contra el Gral. Augusto Pinochet de Chile por el asesinato y la tortura de miles de personas dio lugar a la derogación de las leyes de amnistía en numerosos países en todo el mundo.


El el caso de las “escuchas Gürtel”, cuya vista se ha señalado para el 17 de enero, Garzón ha sido acusado de prevaricación y violación de garantías constitucionales. Esta causa se relaciona con la intervención de las comunicaciones efectuadas por personas detenidas en el contexto de un escándalo sobre una extensa trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, actualmente en el gobierno”.

Garzón ordenó una serie de escuchas telefónicas de conversaciones que mantuvieron los presuntos cabecillas de esta red con sus abogados mientras estaban en prisión, ante la sospecha de que los abogados pudieran estar involucrados en las actividades ilícitas .  Al menos, uno de los abogados está imputado en la causa por blanqueó de dinero. No obstante, las grabaciones afectaron conversaciones con otros abogados que no estaban involucrados en el blanqueo de los fondos.

En los dos procesos contra Garzón, la fiscalía ha pedido que se archivara la causa penal ya que, según señaló, los hechos no serían constitutivos de delito. No obstante, las causas han prosperado como acciones particulares y fueron sustanciados por el Tribunal Supremo, que tiene facultades para juzgar a jueces en ejercicio. En la causa sobre la investigación de los crímenes del franquismo, los querellantes son dos organizaciones de significado carácter franquista. En la causa “Gürtel”, los querellantes son los abogados y los detenidos cuyas conversaciones fueron intervenidas, incluso imputados en el caso de corrupción.

Garzón fue suspendido de sus funciones hasta el pronunciamiento definitivo en 2010 tras la apertura de juicio oral en el caso de los crímenes del franquismo.

La querella contra Garzón por el caso “Gürtel” fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo en febrero de 2010, nueve meses después de la admisión de la causa de la “memoria histórica”, en mayo de 2009. Además de otros actores consultados, un ex miembro del Tribunal Supremo recién jubilado señaló a Human Rights Watch que creía que los enemigos de Garzón en el poder judicial habían adelantado la causa “Gürtel” para que el proceso contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo, claramente más controvertido, tuviera menor difusión pública y permaneciera a la sombra de esta otra causa. El País señaló que la causa sobre el período franquista quedó “curiosamente paralizada” en el tiempo, en alusión a las demoras en el señalamiento del juicio.
(http://www.elpais.com/articulo/english/The/indictment/of/Garzon/elpepueng/20110413elpeng_12/Ten)

Human Rights Watch no ha adoptado una posición respecto de la legalidad de las grabaciones o de si estas pueden considerarse procedentes. Sin embargo, acudir a la interposición de una querella penal, cuando existen otras vías posibles, constituye una medida a primera vista injustificada. El enjuiciamiento de jueces por el delito de prevaricación es un hecho prácticamente sin precedentes en España, manifestó Human Rights Watch.

Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados han señalado que los jueces no deberían ser juzgados por sus pronunciamientos a menos que se configuren circunstancias absolutamente excepcionales, y que “con el fin de proteger a los jueces de acciones judiciales injustificadas… [es] esencial que también se [les] conceda… cierto grado de inmunidad penal”. Estos expertos de la ONU han concluido que “la comisión de errores judiciales, la revocación en apelación o la revisión por una instancia judicial superior de una decisión adoptada por un juez no debe ser motivo para su separación del cargo”.

“A menos que existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un juez por su actuación judicial atenta contra la independencia judicial”, señaló Brody. “Son muchos los gobernantes antidemocráticos que no dejarían pasar la oportunidad de aplicar sanciones penales para silenciar a jueces cuya labor se opone a intereses creados”.

Además del caso de Pinochet, Garzón se ha declarado competente en casos de abusos cometidos en numerosos países. El ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo, imputado por Garzón por el asesinato de presos políticos durante la dictadura militar de ese país, cumple actualmente una condena de 30 años de prisión en España. El pedido presentado por Garzón a México permitió la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, otro ex militar argentino. Cavallo fue extraditado a España en 2003 y posteriormente fue enviado a Argentina para ser juzgado por la justicia de ese país.

Más recientemente, en abril de 2009, Garzón admitió a trámite una demanda interpuesta por particulares e inició una investigación penal sobre presuntos abusos sufridos por cuatro detenidos en Guantánamo que tenían vínculos con España. Varios cables diplomáticos divulgados por Wikileaks revelan que en varias oportunidades funcionarios estadounidenses habrían intentado de manera privada presionar a fiscales y funcionarios públicos españoles para evitar que prosperaran las investigaciones y lograr que la causa no fuera asignada a Garzón, considerado por el embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre (h), como “antiamericano”.
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“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional. Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.
Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch

Fuente:http://www.hrw.org/es/news/2012/01/13/espa-proceso-contra-garz-n-supone-una-amenaza-para-los-derechos-humanos

David Arrabalí Campos, Mundo Obrero, 6.1.2012

Hace unos días hemos conocido que la justicia Argentina investigará a Manuel Fraga, por haber formado parte del régimen franquista. El que fuera ministro de Información y Turismo (1962-1969) del Dictador Francisco Franco, a sus 90 años, deberá ver cómo su paso, del que nunca se ha retractado, por la dictadura se cuestiona desde un tribunal extranjero.

Así lo han pedido familiares de represaliados durante el franquismo y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la jueza argentina María Servini, que está instruyendo una causa en ese país por los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

La jueza federal María Servini libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de esta investigación de crímenes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados [sic] y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron fuentes judiciales.

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la Transición española que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo. Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga, muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau, o Rodolfo Martín Villa, responsable político de la muerte de activistas demócratas durante la llamada transición pacífica a la democracia y ex presidente de Sogecable.

Cuando hace unos años se presentó una propuesta en la comisión constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión franquista, Manuel Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa, aprobada con los votos de los demás grupos políticos. El líder de la oposición antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte.

El ministerio de Información desarrolló una intensa campaña de propaganda para contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de Información era Manuel Fraga, que cuando desde las gradas del senado se le decía que pidiera perdón, no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin mover un músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de sanguinario asesino.

Estos funcionarios, policías torturadores o ministros, se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica Ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre atado y bien atado con el que Franco tranquilizó a sus seguidores en los últimos días de su vida.

En los años finales de la Dictadura se produjo una escalaba brutal de la represión que coincidía con un ciclo de luchas de la oposición antifranquista, organizada y dirigida principalmente por los sindicatos clandestinos y el Partido Comunista de España todavía ilegal. En unas condiciones muy difíciles de persecución, estos movimientos políticos encabezaban las luchas obreras, el movimiento estudiantil y las movilizaciones vecinales.

Este ciclo arranca aproximadamente con la designación en 1969 de Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Franco. Ese mismo año es detenido Enrique Ruano al que habían visto repartir en la calle propaganda de Comisiones Obreras, según la versión oficial se arrojó desde un séptimo piso. Los policías, hoy comisarios, no fueron juzgados por asesinato hasta 1997, le pegaron un tiro y luego lo tiraron por la ventana, y fueron absueltos por el tribunal supremo. En julio de 1970, mueren por disparos de la policía los albañiles Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez Mesa durante una manifestación organizada por Comisiones Obreras. Ese mismo mes el gobierno militariza el metro de Madrid tras el éxito de los huelguistas. En septiembre la huelga de la construcción en Madrid también es un éxito.

Pero el hecho histórico más relevante del momento fue el proceso de Burgos, en diciembre de 1970, (ver:http://www.ruedoiberico.org/libros/index.php?id=69) en el que fueron condenados a muerte y luego conmutada la pena de varios militantes de ETA. El obrero metalúrgico Roberto Pérez Jáuregui muere en los días posteriores por disparos de la policía en el curso de una manifestación de protesta contra el proceso de Burgos.

En septiembre de 1971 es asesinado Pedro Patiño, por disparos de la Guardia Civil mientras repartía octavillas de Comisiones Obreras convocando una huelga de la construcción. En octubre de 1971 durante la huelga de la SEAT organizada por Comisiones Obreras, la policía ocupa la fabrica y dispara sobre los trabajadores, matando a Antonio Ruiz Villalba. El 10 de marzo de 1972 en la huelga de los trabajadores de Bazán, en el Ferrol, son asesinados por la Policía los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.

En esos años se procedió a la detención y ejecución de numerosos líderes sindicales, el colofón a esta actividad represora es la detención de la cúpula de Comisiones Obreras en una reunión clandestina en junio en 1972, que dio lugar al Proceso 1001, y la posterior condena en diciembre de 1973 a largas penas de cárcel. Los asesinatos de obreros continúan; en abril de 1973 la Guardia Civil ametralla una manifestación de dos mil obreros, matando de una ráfaga a Manuel Fernández Márquez, militante del PSUC y de Comisiones Obreras, en la puerta de la central térmica de Sant Adrià de Besòs. En septiembre, Cipriano Martos, obrero de la construcción, es asesinado mediante la tortura por la Guardia Civil en Reus, fue obligado a beber el contenido de un cóctel molotov. En octubre, durante un reparto de octavillas en la fábrica de CASA en Madrid, es asesinado a tiros por la policía el obrero Victoriano Diego Gómez.

En agosto de 1974 es asesinado por la Guardia Civil en Carmona, Miguel Roldán Zafra, en una manifestación de vecinos del pueblo en la que pedían agua potable. En enero de 1975 es asesinado por un guardia civil Víctor Manuel Pérez Elexpe, cuando estaba repartiendo octavillas de apoyo a la huelga general en Navarra, recibió cinco disparos a quemarropa y por la espalda. El 27 de septiembre de 1975, tuvo un gran impacto el fusilamiento tras un consejo de guerra de cinco militantes de ETA y FRAP.

En noviembre de 1975 Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del estado y el ejército para convertirse en dictador cuando desaparece Franco. Tras la muerte del general se recrudece la represión. En los meses posteriores decenas de obreros y militantes antifranquistas son heridos y asesinados por la policía y la extrema derecha. La lista es interminable; en febrero de 1976 durante una manifestación a favor de los trabajadores del calzado en Elda, Teófilo del Valle es muerto a tiros por la policía. El 3 de marzo la policía mata en Vitoria a 5 trabajadores, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Luis Castillo García y Bienvenido Perea, y hiere a más de cien.

En agosto de 1976 el estudiante de 19 años Francisco Javier Verdejo Lucas, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil mientras hace una pintada:”Pan, trabajo y libertad”. En septiembre de 1976 el estudiante comunista, Bartolomé García Lorenzo, muere en La Laguna acribillado a tiros por agentes de la policía. Ese mismo mes es asesinado Carlos González Martínez, estudiante de 21 años, durante una manifestación. En noviembre de 1976 es asesinado de dos balazos por un guardia civil José Javier Nuin, estudiante de 19 años. En diciembre Ángel Almazán Luna es apaleado en una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política y muere por la paliza. En enero de 1977 muere José Vicente Casabany durante una manifestación. También muere Juan Manuel Iglesias, de 16 años, al huir de una carga policial y Arturo Ruiz es asesinado por la “Triple A”, ambos en manifestaciones pro amnistía.

El 24 de enero de 1977 nueve abogados laboralistas de Comisiones Obreras, militantes del PCE, fueron ametrallados por un grupo de ultraderecha. Cinco resultaron muertos: Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Ese mismo día, en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz, la policía mata con un bote de humo a Mª Luz Nájera y muere en Cartagena Pancho Egea, trabajador de la construcción, durante una manifestación conjunta de obreros de la construcción y del metal. En marzo muere José Luis Aristizabal Lasa, estudiante de 20 años, durante una manifestación pro amnistía, también muere Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de 24 años, apuñalado por elementos de ultraderecha durante una manifestación.

Más tarde, en diciembre de 1977, se aprueba la Ley de amnistía y las cárceles repletas de presos políticos se vacían, esto supone cierto respiro pero continúa la represión y muchos más luchadores mueren en los años posteriores, como: Manuel García Caparrós, obrero malagueño militante del Comisiones obreras y el PCE, en diciembre de 1977 en una manifestación por la autonomía de Andalucía; Javier Fernández Quesada, estudiante comunista de 22 años, que muere ese mes en Tenerife por disparos de la policía; Francisco Rodríguez Ledesma, obrero sevillano asesinado en una manifestación de trabajadores; Elvira Parcero Rodríguez, de 22 años, asesinada en una manifestación de los trabajadores de la empresa Ascón; José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras, es asesinado en Soria por cuatro disparos de un policía en el transcurso de una discusión; Manuel Medina Ayala, militante del PCE, apuñalado por un grupo ultraderechista durante un acto en solidaridad con el pueblo chileno; Andrés García, joven comunista asesinado por miembros del Frente de Juventud.

Los luchadores asesinados después del 6 de octubre del 1977 no son reconocidos como víctimas por las leyes, ni han percibido ayuda alguna. Estas matanzas y asesinatos permanecen impunes, la conculcación de derechos sigue vigente, y los máximos responsables no han sido juzgados y están presentes en la vida política, desde Juan Carlos de Borbón, jefe del estado y del ejército, a Manuel Fraga Iribarne o Rodolfo Martín Villa, ministros de Gobernación en esos años.

Han pasado más de treinta años desde que se produjeron estos crímenes, y los asesinos de centenares de defensores de la libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo impensable en una Democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en el estado español.

Existe una enorme deuda con las víctimas del franquismo y con las de la transición, ya que cuando se pudo no se hizo casi nada por las personas que fueron represaliadas durante la Dictadura, sólo pequeños pasos hacia la lenta y costosa rehabilitación de los luchadores y luchadoras por las libertades que se han dado en los últimos años gracias al esfuerzo de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que reivindican la memoria histórica.

NdCoord.: Como esta noticia proviene de Mundo obrero (comunista), no menciona otros muchos asesinatos perpetuados por el franquismo y postfranquismo pero que pertenecían a otros partidos o movimientos, en particular anarquistas, como Granado y Delgado, Puig Antich y muchos otros…

Una jueza federal argentina pidió a España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen franquista, informaron fuentes judiciales.

El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977. El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.

Asimismo, la jueza pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, según las mismas fuentes.

La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante. En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.

Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980.

La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.

Fuente:http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/414120/la-justicia-argentina-pide-a-espana-datos-sobre-ministros-de-franco

Las conmemoraciones del 75 aniversario de la sublevación militar de 1936 han pasado con más pena que gloria. Nadie que tenga dos dedos de razón se atreve ya a reivindicar el viejo mito que legitimaba la insurrección como la respuesta a la amenaza de una revolución comunista, pero esta interpretación ha sido reemplazada por otra que reparte la responsabilidad entre los dos bandos: la Guerra Civil habría sido, simplemente, el resultado del choque entre dos violencias de derechas e izquierdas, de signo distinto pero igualmente culpables.


Basta con examinar lo ocurrido con la documentación adecuada para rechazar esta nueva legitimación de la revuelta. Esto es lo que nos permite hacer un libro realmente excepcional, aparecido recientemente. Se trata de la obra de José María García Márquez y Miguel Guardado Rodríguez, Morón: consumatum est. 1936-1953: Historia de un crimen de guerra (Planta Baja, Morón, 2011), que se basa en una investigación realizada en los archivos militares y judiciales y en más de un centenar de registros civiles, complementada con un impresionante caudal de escritos y testimonios personales.


La historia que se nos cuenta en estas páginas puede parecer al principio algo conocido: una población donde no hubo violencia alguna hasta que se combinaron la amenaza militar de las tropas sublevadas y la defección de la guardia civil local; una rápida ocupación militar con escasa resistencia (los defensores, que apenas tenían fusiles, combatían con escopetas de caza, pistolas y hasta sables) y, como culminación, la represión consiguiente. Pese a que la gente de izquierdas, que sabía lo que le esperaba a manos de Antonio Castejón, se había apresurado a huir del pueblo, hubo un primer e inmediato “escarmiento en el que sucumbieron unos 300 comunistas”, según escribía un salesiano, en una ciudad con “las calles con cadáveres, basuras, cenizas y efectos de los saqueos y casas incendiadas”. Queipo de Llano se apresuró a proclamar: “En cuanto a Morón: consumatum est. Se ha hecho un escarmiento que supongo impresionará a los pueblos que aún tienen la estulticia de creer en el marxismo y en la esperanza de podernos resistir”.


El minucioso trabajo realizado por los autores les permite establecer el balance numérico de las dos violencias: un total de 24 víctimas de la violencia “roja”, contra 440 muertos y 575 encarcelados como consecuencia de la violencia “azul”. Las cifras son elocuentes, pero aún lo es más la cronología. Hubo 33 detenidos derechistas en los primeros días, entre los cuales figuraban un sacerdote y dos salesianos, mientras el resto de curas y las monjas quedaron en libertad. Las únicas víctimas derechistas se produjeron el día 21 como consecuencia de la sublevación de la Guardia Civil: 16 muertos en el tiroteo, 6 asesinados y un desaparecido. La respuesta fue, inmediatamente después de la conquista, 302 asesinados “por aplicación de los bandos de guerra”, a los que hay que añadir 49 que lo fueron tras la sentencia de un consejo de guerra, además de 26 muertos en prisión.


Sólo un trabajo como este permite sacar a la luz esa primera oleada de violencia ejecutada sin ningún trámite judicial, que en su mayor parte no sólo no dejó ningún registro, sino que fue cuidadosamente ocultada después. Lo que conduce a hacernos ver que las cifras globales de víctimas del terror franquista que manejamos no sólo es que no sean completas, sino que nunca podrán completarse, ante la dificultad de repetir pueblo por pueblo una investigación como la que se ha realizado en Morón.
La aportación fundamental de los autores no consiste, sin embargo, en haber establecido estas cifras, con ser importantes, sino en haber recuperado la realidad cotidiana de la represión y habernos mostrado el rostro inhumano de la barbarie a través del seguimiento de cada asesinato.


Son cientos de historias personales de víctimas, de gentes sencillas como ese Francisco Rubio García, de 52 años de edad, un jornalero que no estaba afiliado a partido ni sindicato alguno. Trabajaba a sueldo en la siega en una finca cercana cuando lo detuvieron en Morón y lo encerraron en un barco-prisión en Sevilla. Declaró ante el juez que no sabía leer ni escribir y que no sabía nada sobre lo que le preguntaban. El instructor propuso que se le dejase en libertad, por no existir indicios de culpabilidad; pero fue entregado a un piquete que lo asesinó en la madrugada del 4 de septiembre de 1936. Su muerte no se inscribió en el registro civil.


O como Mercedes Luna, natural de Córdoba y también de 52 años de edad, que se dedicaba a las labores de su casa, sin que se le conociese militancia alguna. Detenida el 26 de julio, fue también enviada a Sevilla, donde, en el cuartelillo policial, sufrió fracturas y una conmoción cerebral que le provocaron la muerte el 29 de julio. Ante la demanda del juez militar, que preguntaba por ella, el comisario jefe le comunicó que “cuando se encontraba en el piso superior de este edificio, aprovechando un descuido del guardia que la custodiaba, se arrojó por un balcón al patio interior”. Tampoco se inscribió su muerte en el registro.

Pretender que la Guerra Civil fue la consecuencia de dos violencias enfrentadas, equiparando la culpabilidad de los Franciscos Rubios y las Mercedes Lunas con la de sus asesinos es no sólo un insulto a la razón sino una muestra de miseria moral.

Mario Amorós, Le Monde Diplomatique, agosto 2011

Sergio Gálvez (Madrid, 1980) es miembro del equipo fundador de la única cátedra universitaria española dedicada al estudio de la recuperación de la memoria histórica republicana y antifranquista, dirigida por Julio Aróstegui en la Universidad Complutense de Madrid. Se instituyó en 2004 por iniciativa del legendario luchador comunista Miguel Núñez (entonces presidente de la Asociación para la Memoria Social y Democrática), quien propuso al rector Carlos Berzosa la creación de un espacio que permitiera el diálogo entre los movimientos sociales y el mundo académico en torno a uno de los asuntos, la llamada memoria histórica, que más ha convulsionado a la sociedad española en la última década.

Gálvez ha sido profesor de la UCM y de la Universidad de Buenos Aires, comisario de la exposición “Presas de Franco” de la Fundación de Investigaciones Marxistas, director de diferentes proyectos de investigación, ponente en numerosos congresos científicos, coeditor del libro “Nosotros los comunistas”. Memoria, identidad e historia social (Atrapasueños) y en la actualidad está preparando un estudio crítico para la reedición de la obra emblemática de E. P. Thompson: La formación de la clase obrera en Inglaterra. Este año defenderá su tesis doctoral: La modernización socialista (1982-1992). Entre sus últimos trabajos, ha coordinado con Julio Aróstegui Generaciones y memoria de la represión franquista. Un balance de los movimientos por la memoria, el 28º título de la excelente colección Historia y Memoria del Franquismo de Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV).

- Después de una década de existencia, el heterogéneo movimiento social por la recuperación de la memoria histórica ha impulsado notablemente las investigaciones sobre la represión franquista…

- Prefiero no hablar de memoria histórica porque memorias históricas hay muchas. La memoria histórica de la que vamos a hablar es la Memoria Democrática: la memoria republicana, la memoria antifranquista y por extensión la memoria antifascista. Efectivamente, todas estas investigaciones sobre la represión franquista, estimuladas por el activismo social, nos han permitido conocer mucho mejor las interioridades y los contornos del plan de exterminio del adversario político ejecutado por el franquismo. Estamos empezando a percibir las dimensiones reales de la represión, ya conocíamos las cifras generales y ahora vamos acercándonos poco a poco del ámbito regional al local.

El problema que se nos plantea ahora es que la magnitud de la represión franquista fue tan grande, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que la sociedad tardará mucho tiempo todavía en asimilar lo que fue el franquismo. Y esto exigirá muchos años de trabajo y pedagogía.

- La relación entre historia y memoria es uno de los grandes debates intelectuales de la última década en España. En su trabajo para el libro editado por PUV, Francisco Espinosa destaca, a partir de una crítica contundente de las tesis de Santos Juliá, que el movimiento social por la Memoria Democrática ha impugnado el “pacto de silencio” sellado en la Transición…

- Al igual que no se puede negar la política de exterminio franquista, ya no es posible -como defienden Espinosa o Reig Tapia- con los estudios y los documentos que vamos conociendo, negar aquel “pacto de silencio”. Evidentemente, un pacto de silencio no se pone por escrito, pero se aprecia si uno analiza desde las actividades parlamentarias a las declaraciones de las organizaciones políticas en aquel tiempo.

- ¿Cómo afectó aquel acuerdo tácito al conocimiento histórico?

- Durante muchos años hubo una clara voluntad política de que no se hablara de la Memoria Democrática y el principal ejemplo de la política del silencio lo representan los gobiernos socialistas de Felipe González, un periodo de casi 14 años en el que prácticamente no hubo ninguna iniciativa significativa. Un ejemplo de esa apuesta por la política del silencio fue la declaración que el Ejecutivo difundió el 18 de julio de 1986 (en el 50º aniversario del golpe de estado contra la II República), en la que señalaba que la guerra civil no era un hecho conmemorable y reforzaba el relato canónico de la Transición. Además, ahora empezamos a plantear que este relato tiene un claro sesgo de clase, impuesto por quienes pudieron sobrevivir al cambio político y social sin pagar ningún precio por su complicidad con la dictadura.

Entonces, si algo positivo ha tenido el movimiento por la Memoria Democrática es que, por una parte, el historiador ha recuperado su función social, es decir, se ha implicado en debates que cada vez han tenido un mayor eco ciudadano y mediático. Y, por otro lado, el debate entre historia y memoria responde a algo muy evidente: la Memoria Democrática, esa memoria ocultada, silenciada, que no interesaba a las instituciones y a la parte más conservadora del mundo académico, tiene una fuerza enorme que impugna el “pacto de silencio” de la Transición. Esto es lo que da miedo. Podrá disfrazarse de debate epistemológico, pero la relación entre historia y memoria va mucho más allá, porque cuando interconectamos historia y memoria, cuando construimos un nuevo relato con las voces de los protagonistas excluidos, empiezan a tambalearse esos discursos construidos en los años 80 y 90.

- En este conflicto social y político por la memoria ha habido una resurrección –con aparente éxito de ventas- del revisionismo histórico inspirado en la mitología franquista…

- A esa corriente neofranquista no dudo en calificarla de negacionista, porque niegan crímenes contra la humanidad y, si algo hemos demostrado los historiadores en la última década, es que el franquismo cometió crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Estos individuos, con su propaganda, niegan algo muy grave y tipificado penalmente. La justicia debería estar muy atenta a este tipo de libros y verificar que no sobrepasen la línea del delito penal, porque estamos ante auténticos delincuentes que niegan tres principios esenciales: verdad, justicia y reparación a las víctimas.

- En la última década, tras la exhumación de más de 200 fosas comunes, se han identificado los restos de más de 5.000 de los más de 100.000 republicanos desaparecidos a manos del franquismo.

- Más allá de la significativa recuperación personal y familiar de los restos, las exhumaciones tienen el gran valor de demostrar el plan de exterminio del adversario político que puso en marcha el franquismo durante la guerra civil y la dictadura.

- Pero esta inmensa labor ha sido impulsada por las asociaciones comprometidas con la Memoria Democrática…

- Porque el Estado español incumple los convenios internacionales en materia de desapariciones forzosas, en concreto, la Convención sobre Desapariciones Forzosas, que este año ha entrado en vigor en nuestro país. Además, la Ley de Memoria Histórica, con sus artículos 11, 12, 13 y 14, se saltó a la ligera toda la legislación internacional en materia de derechos humanos. Soy crítico con la externalización de las exhumaciones a las asociaciones a través de las conocidas subvenciones anuales del Ministerio de la Presidencia. Tenemos que decirlo alto y claro: ninguna persona ajena a la Administración pública debería llevar a cabo una exhumación porque se corren muchos riesgos. Por supuesto, no dudo de la profesionalidad de las asociaciones y de las personas que las llevan a cabo, pero debería ser una función exclusiva de la Administración pública, como por ejemplo sucede en Chile.

Estamos acostumbrados a este modelo de impunidad, incluso lo asumimos como propio, por eso que no vemos algo lógico: es el Estado el encargado de hacer justicia. El modelo español de impunidad, definido hace varios años por el Informe Nizkor, es casi perfecto y se ha demostrado invulnerable desde 1977. Tiene alguna pequeña grieta, pero la tapan incorporando a nuevos protagonistas a lo que Rafael Chirbes denominó el “santoral laico”. Sucedió, por ejemplo, en el otoño con Marcelino Camacho tras su fallecimiento, cuando el primer secretario general de CCOO nunca quiso ser parte de ese mecanismo de dominación y consenso, de ese mecanismo de compensación que tiene el discurso dominante para tapar las grietas del modelo de impunidad.

- En su trabajo incluido en Generaciones y memoria de la represión franquista habla del Derecho a la Memoria Democrática como un nuevo derecho ciudadano que debiera ser reconocido…

- El derecho a la memoria tendría que ser un derecho más, fomentado y auspiciado por las administraciones públicas, como un valor constitucional de primer orden, porque no debemos olvidar que, si vivimos en un país democrático –con sus límites, con sus carencias-, es gracias a la resistencia antifranquista. La Transición no fue un regalo de la derecha y de la monarquía, la libertad se conquistó gracias al sacrificio, la tenacidad y el valor de varias generaciones de luchadores sociales y políticos antifranquistas.

- Hechos como la demolición de la cárcel de Carabanchel evidencian que la conquista de este nuevo derecho aún queda lejos…

- Estuve muy implicado en esta lucha social, sobre todo en los últimos momentos, y no hay que olvidar que la orden de destrucción de esta emblemática prisión en el otoño de 2008 partió del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Las entidades vecinales, las fuerzas de izquierda y las asociaciones por la Memoria Democrática propusieron muchas alternativas, como construir un centro de memoria en una parte y destinar otra a usos sociales. En el último momento pedimos que se conservara la cúpula como elemento emblemático de un lugar donde centenares de presos políticos (principalmente militantes del PCE y de CCOO) pagaron con muchos años de cárcel su compromiso con la democracia y la libertad. La destrucción de la cárcel de Carabanchel es una metáfora más de la impunidad del franquismo y de la larga sombra de la dictadura, porque esto lo hizo el PSOE, no el PP, y conocían todas estas demandas. Es uno de los ataques más graves a nuestra Memoria Democrática.

- En cambio, persiste el “Valle de los Caídos”, el gran símbolo de la dictadura, un lugar de homenaje al fascismo español…

- A pesar de las indicaciones de la Ley de Memoria Histórica, este lugar conserva una connotación política claramente franquista y es un monumento a la política de exterminio, al esclavismo de los presos republicanos. Soy de la opinión de que no se puede reconvertir, es imposible, tan sólo hace falta visitarlo. ¿Por qué no volar el “Valle de los Caídos” como un acto institucional de higiene democrática con el Jefe del Estado y el jefe del Gobierno presentes?

- Muchas asociaciones comprometidas con la Memoria Democrática reivindican un proceso constituyente que desemboque en la III República. ¿La recuperación de la memoria republicana y antifranquista puede contribuir a construir un frente amplio por la República?

- No sólo lo creo, sino que pienso que es necesario. Es fundamental asumir y extender la reivindicación de la III República como un proceso de cambio político, de construcción desde abajo de una nueva ciudadanía, de unos nuevos valores. Además, en este momento de grave crisis de credibilidad de la clase política este proyecto estimula continuar hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Los ideales de los luchadores republicanos y antifranquistas están vigentes porque nos hablan de tres valores esenciales, del corazón de la razón democrática: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y los historiadores no debemos ser ajenos a este debate, debemos ser parte de este compromiso colectivo desde nuestro trabajo científico.

Entrevista publicada en el número de agosto de la edición española de Le Monde Diplomatique.

Dos imágenes. Cajamarca, 1532, Pizarro se encuentra con Atahualpa y le hace un requerimiento para que se someta a la autoridad del emperador Carlos I y del Papá Clemente VI. Para ello le entrega una Biblia y ordena a “Felipillo” su traductor que le explique que allí está la palabra de Dios. Atahualpa, hijo de una milenaria cultura oral, se lleva la Biblia al oído y la tira al suelo porque no escucha nada. El gesto desata la furia de los españoles que realizan una matanza que se salda con el asesinato de 5.000 indígenas.

Mediados de los ochenta, en plena democracia, un Instituto de Enseñanza Media, como muchos otros en aquella época, organiza una excursión para visitar, El Escorial, El Valle de los Caídos y el Palacio de la Granja, es decir, los dos palacios imperiales y el mausoleo fascista de un dictador que se creía heredero y continuador de esos dos imperios. 

Durante el recorrido, entre bocadillos de tortilla de patata y hormonas desenfrenadas, no se hace ninguna reflexión crítica sobre la historia de estos lugares y nadie resulta sorprendido de que se nos anime a admirar la belleza y grandiosidad de los monumentos. Eso es España: un lugar donde el pasado violento se niega, se ignora, se trivializa o, pero aún, se celebra sin ningunos escrúpulos.

Los latinoamericanos que han venido a España a aplaudir al Papá harían bien recordando la complicidad de la Iglesia con La Conquista, la Cruz y la espada, harían bien recordando que, aunque haya teología de la Liberación e Iglesia de los pobres, ésta es precisamente la Iglesia que rechaza la curia romana, deberían recordar la imagen de un furibundo Juan Pablo II levantado por la solapa al sacerdote y ministro sandinista, Ernesto Cardenal, culpable tan sólo de haber luchado contra la miseria y la injusticia social.

Esta historia, la de una Iglesia que justificó la conquista y el genocidio de los pueblos originarios de América, la de la Iglesia de los latifundistas y los nobles, la de la Iglesia que facilitó que Franco desfilara bajo palio, es la que converge y cristaliza en el fastuoso monumento de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Cuelgamuros, como llaman los presos al Valle de los Caídos, fue un campo de trabajos forzados y  es hoy un monumento fascista, probablemente el último que pueda visitarse en Europa sin otra mediación que una guía compuesta por Patrimonio Nacional que, al menos hasta hace poco, seguía exaltando las virtudes del régimen. La propia presencia de la cruz y la estrecha alianza de Franco con la jerarquía eclesiástica ha confundido a más de un politólogo, seguidor de las teorías revisionistas de Juan Linz, que consideran que la dictadura franquista fue un régimen autoritario, pero no fascista, pues el fascismo es incompatible con el catolicismo.

No llamar a las cosas por su nombre es propio de quiénes se creen no sólo dueños del dinero, sino también de los adjetivos, pero lo cierto es que el fascismo español combinó perfectamente la existencia de “células cancerígenas” en la sociedad española –la anti-España, esa amalgama de comunistas, masones, feministas, homosexuales, judíos y en general cualquiera que pensara en una sociedad más justa – con la idea de la Guerra Civil como santa cruzada contra los enemigos de la Iglesia. Como muestra valga una de las muchas citas que pueden entresacarse de los escritos de Franco: “Nuestra cruzada  –escribe el dictador–no se libró contra nuestros hermanos españoles, sino contra todo el sistema que los aprisionaba. Así podemos decir que constituyó una verdadera guerra de Liberación, la indispensable operación quirúrgica que la gran invasión del mal nos exigía, llevada a cabo con el mismo dolor con que se amputa un miembro a un ser querido”.

Esta lógica responde a un concepto de soberanía específicamente fascista. Carl Schmitt, teórico de la Alemania Nazi y a la sazón uno de los maestros de Manuel Fraga, define el poder del soberano como aquél que es capaz de decidir entre la vida y la muerte de sus súbditos. El soberano está por necesidad a la vez dentro y fuera de la ley, puede suspender en cualquier momento el orden jurídico y sobre todo es capaz de dar muerte sin cometer un homicidio. La multiplicación de las metáforas biopolíticas (i.e. el cáncer marxista) y la retórica religiosa (la cruzada) son la expresión de ese poder soberano del dictador que autorizó en distintos grados, la supresión de los derechos civiles, la tortura y la muerte de todas y todos aquellos que consideraba infrahumanos.

El Valle de los Caídos es la expresión arquitectónica de ese poder soberano del que la Iglesia es cómplice y participe. El decreto mismo de fundación habla de un “lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada”, pero además, cuando las cárceles franquistas empezaron a rebosar y el régimen se dio cuenta de que necesitaba mano de obra esclava para reconstruir el país, fue un jesuita, el padre Pérez del Pulgar, el que diseñó un “sistema de redención de penas” para justificar la existencia de campos de trabajo forzado, una expresión más del poder soberano del dictador. Pérez del Pulgar escribía en 1939, “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista” y así estableció un sistema por el cual determinados días de trabajo podían contribuir a la reducción de la condena. La idea transpiraba un tufillo de depuración espiritual, perdón y redención, pero en realidad se trataba de seguir imponiendo sobre los vencidos, la lógica soberana y deshumanizadora de los vencedores.

De ello habla muy elocuentemente el libro fundacional de Daniel Sueiro –La verdadera historia del Valle de los Caídos- en el hay un testimonio de un preso del Penal de Ocaña que cuenta que el mismo Juan Banús acudió al penal para proveerse de reclusos: “Me miró los dientes y me palpó los brazos; y me preguntó los años, claro, yo entonces tenía veinticinco, estaba en la flor de la vida, pero como no percibía alimentos de fuera de la prisión, pues estaba como un paraguas viejo, arrugado”. La cuestión, entonces, no sólo es cuántos presos murieron en Cuelgamuros o si se vivía mejor allí que en la Prisión de Burgos, lo importante es que los presos eran pura vida desnuda, es decir, menos que humanos, no muy diferentes a un caballo. Esa lógica era la lógica soberana del fascismo español en su doble arista católica (la cruzada), y biopolítica (la enfermedad en el cuerpo social).

Con estos antecedentes sólo cabe calificar la consulta de José Luis Rodríguez Zapatero al Papa sobre el Valle de los Caídos como una farsa total (Marx dixit: “la historia siempre se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa”). El Papa no tiene legitimidad ni derecho para decidir sobre el futuro de El Valle de los Caídos. Se trata de una cuestión de Estado en la que la Iglesia lo mejor que podría hacer es reconocer su complicidad en está historia de represión y terror para ganar al menos cierta legitimidad frente a la ciudadanía, no sería un mal principio para ganarse el respeto también de los laicos.

Si alguien tiene que ser consultado sobre el futuro de El Valle de los Caídos son justamente los presos que con su sangre, su sudor y su libertad levantaron semejante testimonio de barbarie. Algunos, como Nicolás Sánchez Albornoz, ya han expresado en numerosas ocasiones que lo primero que tiene que pasar es que los cadáveres de Franco y José Antonio [Primo de Rivera] sean exhumados y devueltos a sus familias para que los entierren tan cristianamente como deseen. Mientras Franco y José Antonio sigan enterrados en Cuelgamuros (curioso para un dictador sólo autoritario ser enterrado al lado del fundador de la Falange), se seguirá cumpliendo la “ley del padre” y seguirá en funcionamiento el concepto de soberanía descrito anteriormente.

De la pervivencia de esta forma de soberanía habla elocuentemente el doble rasero de la policía con los manifestantes laicos. La lógica soberana del estado de excepción antes de arrogarse el privilegio de matar impunemente, despoja a los sujetos de sus derechos; que haya quiénes puedan manifestar fervorosamente su fe y quienes sean apaleados por expresar su laicismo no es ajeno a esta lógica ni al testamento de Franco.

Por último, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero habla frecuentemente de transformar el Valle de los Caídos en un lugar para la reconciliación y el perdón. Hacer esto equivaldría a no cambiar absolutamente nada, puesto que en 1959, derrotadas las potencias del Eje y en otro contexto político, fue Franco mismo el que resignificó el monumento y lo transformó en lugar para la reconciliación y el olvido. El filósofo francés Jacques Derrida nos ha recordado en un texto deslumbrante sobre la memoria del Apartheid en  Sudáfrica que el perdón no puede ser un instrumento de gobernanza ni un cálculo político y que la experiencia de la justicia no debe quedar contaminada por los temas judeocristianos del perdón y la reconciliación. Dicho de otro modo: que se haga justicia o no es del todo independiente de que haya reconciliación y perdón.

Me consta que en la comisión interministerial para el futuro del Valle de los Caídos hay gente valiosa como Francisco Ferrándiz, les animo a que piensen que lo que se necesita hacer en Cuelgamuros es Justicia, no electoralismo. El señor Rodríguez Zapatero todavía podría, como en Estrella Distante, la novela del chileno Roberto Bolaño, dejar una fulgurante estela al caer que nos deslumbrara a todos con un último acto de Justicia. Sin esperanza, con convencimiento.
 
Luis Martín-Cabrera es Profesor de Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de California, San Diego y Coordinador de The Spanish Civil War Memory Project para recoger testimonios de supervivientes de la Guerra Civil y la represión franquista.

Patricia Campelo, Público, 30.8.2011

La concesión de la Medalla de Oro de la Policía Local de Melilla al ex consejero de Seguridad Ciudadana Ramón Antón Mota ha reavivado el debate sobre la necesidad de ruptura con el pasado franquista en la ciudad autónoma.

Entre los méritos que la Consejería de Seguridad Ciudadana destaca del exconsejero para atribuirle la condecoración está el de haber asistido “en comisión de servicios” con el Delegado Gubernativo a la última ejecución que hubo en España por garrote vil y penúltima pena de muerte dictada por un consejo de guerra en 1974: la del joven catalán Salvador Puig Antich .   

Otro de los méritos que se subrayan en el currículum de Antón Mota, quien promovió el distintivo que ahora se le concede, es el de haber estado destinado en Irún en 1970, “donde se declara por primera vez el estado de excepción tras los continuos incidentes de orden público”, según consta en la propuesta de concesión de la Medalla, firmada por el actual consejero de Seguridad, Francisco Calderón Carrillo. 

La atribución del distintivo, que será entregado el próximo 29 de septiembre, salió adelante con el voto en contra de todos los grupos de la oposición: PSOE, Coalición por Melilla (CPM) y Populares en Libertad (PPL).

La motivación que ha llevado a estos grupos a rechazar la propuesta —votada el pasado lunes en el Pleno de la Asamblea— también tiene que ver con la cuestión “ética” que supone premiar a la misma persona que ha promovido la concesión anual de esta condecoración. Así lo denunció el diputado y portavoz socialista en la Asamblea de Melilla, Dionisio Muñoz, quien considera que el trabajo de Antón está “más que reconocido” a través del salario que percibe.

“Todo lo que huela al régimen franquista debe desaparecer y más en este caso en el que se presume, a través de un currículum, de haber asistido a una de las últimas ejecuciones de la dictadura”, defiende Amin Azmani, exdiputado socialista. “Alguien que incluye un episodio como ese en su trayectoria profesional no debería recibir dinero de las arcas públicas”, añade. 

La oposición en la Asamblea pide que se retire esta distinción al que es actual asesor de Juan José Imbroda (PP), presidente de la Ciudad Autónoma. Por su parte, el consejero de Presidencia, Abdelmalik El Barkani, considera “pertinente” la concesión de la Medalla y defiende que la presencia de Antón Mota en la ejecución de Puig Antich en Barcelona responde a que “era su deber”, informa Efe. 

Amin Azmin recuerda que El Barkani defendió la iniciativa de la Consejería de Seguridad Ciudadana porque los méritos del exconsejero son “una realidad” que “forma parte de la historia”. 

Deudas con la ley de memoria

El Gobierno de la ciudad que aún mantiene una estatua de Francisco Franco es reacio a aplicar la Ley 52/2007 de memoria histórica. Según denuncian grupos de la oposición, en Melilla existe una “nostalgia franquista” que dificulta la ruptura con ese pasado y la aplicación de la normativa estatal en la materia. Así, cuando se retiró la última estatua ecuestre de Franco, “el Gobierno alegó que era patrimonio histórico” para impedir que la efigie abandonara el acuartelamiento militar Millán Astray donde se ubicaba, recuerda el ex diputado socialista Amin Azmani. Algo que, en este caso, no lograron y la estatua fue retirada.

Mientras, otra escultura—la última que queda en España del dictador— sigue a los pies de la muralla de la ciudad, en plena vía pública. No lejos de allí, un monumento al régimen continua presidiendo una de las principales avenidas de la ciudad, ocupando el lugar del antiguo Café La Peña. En aquel establecimiento se reunían intelectuales de la época de la República y, tras el alzamiento militar, fue destruido y sus propietarios fusilados. “Hoy, los familiares de los dueños del café tienen que seguir viendo ese monumento”, lamenta Azmani, cuya formación política no descarta emprender acciones legales para dar cumplimiento a la ley de memoria histórica.

El destino del conjunto arquitectónico —en el que se lee “Una grande libre”— se vuelve incierto después de que el ministerio de Defensa se ofreciera a retirarlo a cambio de que la Ciudad Autónoma le cediera la titularidad del mismo. El Gobierno de Melilla, en cambio, se niega a hacer este traspaso, dejando en suspenso la aplicación de la ley de memoria histórica.

Fuente;http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/393697/la-oposicion-en-melilla-rechaza-la-distincion-a-un-asesor-de-imbroda

In memoriam: http://www.elpais.com/articulo/domingo/HABLAN/VICTIMAS/MELITON/MANZANAS/elppor/20010128elpdmg_12/Tes