Un poco de luz en un proceso lleno de sombras. El pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) aprobó hoy por unanimidad de PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, PP e IU declarar los 50.000 metros cuadrados del antiguo campo de concentración de Los Merinales “suelo reservado para la creación de un centro de interpretación de la utilización de la mano de obra esclava durante el franquismo”.

La resolución, impulsada por IU, supone el desbloqueo tras más de dos años del proyecto de un memorial que testimonie el horror del campo, actualmente en estado de completo abandono. El proyecto ha salido al fin de la UVI. Los suelos, calificados como industriales, son golosos desde el punto de vista urbanístico. Su reserva para el memoria aleja el riesgo de que sean urbanizados, como ha ocurrido con los de otros muchos campos, donde no queda huella alguna de lo que fueron.

Unos 10.000 presos del franquismo, concentrados en Los Merinales, participaron en la construcción, entre 1940 y 1962, del canal del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos, una obra de 150 kilómetros de longitud para poner en regadíos miles de hectáreas en Sevilla.

Manto de silencio
PSOE, PP, IU, la Diputación de Sevilla, varios ayuntamientos, sindicatos, una caja de ahorros y así hasta 22 entidades firmaron en 2008 un protocolo para constituir la Fundación Los Merinales, que pretendía tirar del manto de silencio que durante décadas ha cubierto la memoria de los presos del canal. Pero la crisis económica y la falta de iniciativa de los actores de la fundación sumió después al proyecto del memorial en el olvido.

La moción insta a la fundación a que como muy tarde el 31 de octubre de 2010 se firmen sus estatutos y se haga la aportación de capital inicial por parte de las entidades.

Las aspiración más ambiciosa del movimiento memorialista es la declaración de la zona Bien de Interés Cultural, una categoría que Extremadura ya dio al campo de Castuera (Badajoz). Cecilio Gordillo, coordinador de memoria histórica de CGT, afirmó que la petición ya ha sido trasladada a la Consejería de Cultura.

Pau Casanellas, SinPermiso, 18.7.2010

La memoria histórica, como punto de encuentro del presente con el pasado, como fuente de legitimación del presente en el pasado, es un espacio de conflicto. Después de unos años caracterizados por el olvido, fruto de la voluntad de los gobiernos de la democracia parlamentaria de fundamentar el actual régimen político no en la experiencia republicana o en la lucha del antifranquismo, sino en la transición, ha aflorado en el seno de la sociedad española una fuerte reivindicación de memoria; una demanda de recuperación —mejor dicho: de construcción— de las raíces sobre las cuales debe asentarse nuestro presente. Este proceso no solamente choca contra la voluntad de olvido que siguen abonando tanto la derecha heredera del franquismo como la izquierda hija de la transición, sino que entraña conflictos y contradicciones entre las distintas maneras de interpretar el pasado, que son, al mismo tiempo, conflictos entre maneras de ver el presente y de imaginar el futuro.

Todo régimen político necesita legitimarse en unos valores o tradición. Los actores institucionales que protagonizaron la configuración de la democracia parlamentaria en España optaron, sin embargo, por prescindir de cualquier referencia al pasado y convirtieron el mismo proceso de transición en mito fundacional del régimen parlamentario. Expresiones como consenso, reconciliación o moderación contribuyeron a fraguar el mito de una transición modélica, en la que el acuerdo institucional materializado principalmente en la Constitución de 1978 fue concebido como el fruto de la pericia de un pequeño grupo de diputados con proyectos políticos enfrentados, pero con una voluntad común: el pacto. La “larga marcha” del antifranquismo y, sobre todo, la explosión movilizadora de 1976 (año clave para entender la renuncia de las élites franquistas a los proyectos continuistas) quedaron reducidas, en este relato, al papel de “piedra en el zapato” en el camino presuntamente pacífico hacia la “democratización”. La perversidad de tal reconstrucción de los hechos resulta aún mayor si se tiene en cuenta el carácter de las movilizaciones de 1976, en las que tuvo un notable protagonismo la izquierda radical y, en el País Vasco, también los sectores aberzales: los que posibilitaron el cambio han sido, paradójicamente, convertidos en sus supuestos obstaculizadores (aunque los escenarios por los que luchaban distaran, en muchos casos, del actual marco parlamentario).

Desde mediados los años noventa proliferaron las voces en favor de una memoria que pusiera en relación las libertades formales actualmente vigentes con las luchas del pasado y que tuviera en cuenta, también, a las personas damnificadas por la represión franquista. Después de tres lustros de amplia reivindicación por la memoria, el gobierno español de Rodríguez Zapatero intentó canalizar estas demandas por medio de la promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Lejos de tratarse de una ley de memoria, la Ley 52/2007 se articuló en buena medida como ley de víctimas. Las palabras pronunciadas por el mismo presidente español el 26 de noviembre de 2008 en el Congreso de los Diputados dan una idea de cuál seguía siendo la voluntad gubernamental en materia memorialística: “[...] como demócrata considero que la mejor manera de fortalecer la democracia es disfrutar de la experiencia democrática más que del miedo a una dictadura. Estamos asistiendo a un fenómeno que pone de manifiesto la gran salud moral de la democracia española, un fenómeno que consiste en que cada vez se recuerda y se homenajea más a las víctimas y se olvida más al dictador. Ese fenómeno, esa realidad que estamos viviendo creo que responde a lo que debemos hacer. Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen sus derechos, que no han tenido, y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país.” (1) Si de lo que se trataba era de olvidar la dictadura, ¿dónde quedaban los verdugos?; ¿contra quién, o contra qué, habían luchado las víctimas?

¿Víctimas o luchadores?
La centralidad de las víctimas ha sido una constante en las políticas públicas de la memoria en numerosos países, sobre todo a partir de los años ochenta.

Como ha puesto de relieve el historiador Enzo Traverso, se pasó entonces de una memoria del antifascismo a una memoria de los derechos humanos, y la víctima substituyó a la clase social como sujeto de los discursos memorialísticos. En el caso alemán, se ha llegado a hablar de un anti-antifascismo, en referencia a los discursos interclasistas y despolitizados que se han articulado contra la reivindicación de la tradición cultural antifascista. (2)

Además de difuminar el contenido de clase y la presencia de conflictos sociales, colocar a las víctimas en el centro del discurso, sobre todo cuando es el Estado el que articula este discurso en la forma de una política pública, entraña el peligro de convertir el sufrimiento en principio de autoridad substitutivo de la razón. Como ha defendido Ricard Vinyes, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, sino una experiencia. Asimismo, la focalización en el daño infligido a las víctimas permite evocar el principio de responsabilidad compartida y puede llevar a la defensa de una impunidad equitativa, como si las ideas y los proyectos políticos que había detrás de cada tipo de violencia fueran equiparables. (3)

Por otro lado, una visión despolitizada de las víctimas, centrada en su sufrimiento, contribuye a despojarlas de su condición de luchadoras. No resulta para nada extraño que fueran los mismos represaliados por el franquismo e integrantes del movimiento asociativo por la memoria histórica los que, en la llamada Declaració del Liceu, presentada públicamente en abril de 2002, proclamaran su voluntad de incorporación al conocimiento común de las futuras generaciones de la memoria de la experiencia de la dictadura y de sus consecuencias, así como de la lucha por la libertad, lo que deja bien clara la identificación entre víctimas y luchadores hecha por las mismas víctimas.

¿Justicia o prevaricación?
No tardaron en emerger las notables contradicciones que entrañaba la ley de víctimas de diciembre de 2007. Uno de los casos más llamativos fue el de la viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los militantes del FRAP fusilados el 27 de septiembre de 1975, a quien el gobierno español denegó la indemnización que reclamaba, basándose en unos informes policiales que se elaboraron con los antecedentes penales que figuran en los archivos de la época, así como en la sentencia del consejo de guerra que lo condenó a muerte. Menospreciada por el gobierno, la viuda de Sánchez Bravo acudió en mayo a la justicia argentina para pedir la ilegalidad del juicio. Su demanda se unió a la que un grupo de familiares de víctimas del franquismo presentó el 14 de abril en Buenos Aires, con la intención de abrir un proceso contra los responsables de la dictadura española. (4) Si en los años setenta la depuración de responsabilidades de los responsables del franquismo sólo formaba parte del catálogo de reivindicaciones de algunos colectivos de la izquierda radical y del mundo libertario, hoy en día parece estar extendiéndose una demanda social en este sentido. Así lo pone de relieve, por ejemplo, el manifiesto Per la ruptura amb el franquisme i la fi de la impunitat dels crims de la dictadura, presentado públicamente el 18 de junio en Barcelona, así como los pronunciamientos de varias organizaciones y movimientos sociales por la memoria histórica. (5)

Muy en otra línea, aunque sea difícil saber cuál, iban los autos dictados por el juez Baltasar Garzón el 16 de octubre y el 18 de noviembre de 2008: si una cosa no intentó Garzón fue juzgar a ninguno de los responsables gubernamentales de la dictadura que aún siguen en vida. Después de defender en el primer auto la posibilidad legal de procesar a los responsables del Alzamiento Nacional en base a la cualificación jurídica de las desapariciones que se les imputan como crímenes contra la humanidad, Garzón preveía en el segundo auto la extinción de esa responsabilidad penal una vez recibida la notificación de la muerte de los principales responsables del partido único fascista hasta 1951. (6) Sí podría aducirse, en cambio, que lo que pretendía Garzón era dar un impulso a la localización y apertura de fosas comunes, que la Ley 52/2007 dejó principalmente en manos de las asociaciones. Sin embargo, el hecho de que en el segundo auto se inhibiera de la causa en favor de los juzgados de instrucción de las localidades donde se encuentran las fosas induce a pensar que tampoco era esta noble causa la que perseguía el juez. Por lo que respecta a la exhumación de fosas, a la hora de la verdad todo ha quedado en agua de borrajas: casi dos terceras partes de los juzgados de instrucción han archivado las causas. (7)

El debate acerca del procesamiento de Garzón por supuesta prevaricación ha girado en torno a la posibilidad o imposibilidad legal de juzgar a los responsables del franquismo. Mientras que, según algunos, la ley de amnistía de octubre de 1977 impide cualquier procesamiento, según otros la jurisdicción internacional sobre crímenes contra la humanidad sí lo permite. La extrema politización de la controversia convierte en casi inútil preguntarse si Garzón ha prevaricado o no: lo que resulta palmario es que tanto él como quienes lo acusan de prevaricador anteponen los criterios políticos a los jurídicos. Muestra suficientemente clara de esta politización es que se haya cuestionado la investigación de los crímenes del franquismo —del primer franquismo, habría que precisar—, pero no la apertura de diligencias, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por el secuestro y desaparición del líder de ETA-pm, Pertur, en julio de 1976, pese a que conforme a la ley de amnistía de 1977 estos hechos tampoco podrían ser juzgados. (8) Ante tanto confusionismo, emerge una pregunta: ¿cuál es la auténtica naturaleza de la ley de amnistía?

¿Amnistía o punto final?
Toda amnistía, para ser efectiva, debe implicar un cambio en la escala de valores de la sociedad en virtud del cual no solamente se libera a las personas que eran objeto de represión, sino que se reconoce públicamente la legitimidad de las acciones por las cuales sufrieron tal represión. Toda amnistía, por lo tanto, debe crear las condiciones para que no sea necesario pedir nuevas amnistías. (9) Es por ello que, como reivindicación central del antifranquismo, la amnistía puede ser entendida como el contrato social sobre el que había que fundamentar —o como el “quilómetro cero” a partir del cual había que edificar— la democracia parlamentaria, para romper definitivamente con el franquismo.

Habitualmente, se presume que la Ley 46/1977, de 15 de octubre, que amplió la amnistía a las personas condenadas por “delitos de sangre”, tenía por objeto favorecer la disolución de las organizaciones armadas que habían actuado bajo el franquismo e integrar a todos los sectores de la sociedad española en el nuevo régimen político. Sin embargo, el desarrollo de los hechos hace difícil pensar que esto fuera exactamente así. Santiago Carrillo lo dejó claro en su intervención en el pleno del Congreso el 27 de julio [1977], al advertir que la amnistía daría “todo el poder moral necesario para aplicar la ley a cuantos en lo sucesivo, y a condición de que las libertades democráticas sean garantizadas para todos, maten, secuestren o roben en nombre de actitudes a las que ya no podrá atribuirse legítimamente una intencionalidad política”. (10) En lo que atañe al gobierno de la UCD, no caben tampoco demasiadas dudas: el 9 de octubre, apenas unos días antes de la aprobación de la ley, era detenida la plana mayor de los GRAPO en Benidorm.

Tampoco puede concebirse la amnistía como el fruto de la voluntad de consenso de los grupos parlamentarios o, menos aún, como ejemplo de la buena voluntad gubernamental. Así lo demuestra que, pese a las propuestas presentadas, el gobierno no mostrara ningún interés en tramitar la amnistía antes de las vacaciones, y sí que lo hiciera, en cambio, después de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en el País Vasco entre finales de agosto y principios de septiembre. Especialmente concurrido fue el acto final de la Marcha de la Libertad, convocado en Arazuri (Navarra) el 28 de agosto, así como las manifestaciones por la liberación de Miguel Ángel Apalategui, Apala (entonces pendiente de una petición de extradición del gobierno español al francés), en Bilbao (el 2 de septiembre), San Sebastián y Vitoria (3 de septiembre). (11)

También las medidas gubernamentales de excarcelación de presos políticos previas a la ley de octubre de 1977 fueron siempre una respuesta a la movilización popular, que desbordó en todo momento las previsiones de los dos gobiernos del franquismo sin Franco (noviembre de 1975 – junio de 1977). He aquí dos clarísimos ejemplos de ello: la amnistía parcial de julio de 1976 vino después del ciclo movilizador más importante que se había vivido en España desde 1939, que forzó la caída del gobierno Arias Navarro; y los extrañamientos previos a las elecciones del mes de junio, gracias a los cuales los condenados por el proceso de Burgos de 1970 pudieron salir de la cárcel y exiliarse en otros países, fueron la respuesta a las espectaculares movilizaciones en el País Vasco, donde la semana pro-amnistía de mayo de 1977 dejó un saldo de cinco muertos a manos de las fuerzas policiales. (12)

Así pues, no puede dejarse de denunciar como distorsionada la equiparación de la Ley 46/1977 con las leyes de punto final promulgadas en algunos países latinoamericanos, o su consideración como “una vergonzante transacción […] con la fuerzas de la dictadura que querían un cheque en blanco” (así la ha definido el magistrado José Antonio Martín Pallín). (13) Ninguno de estos argumentos obsta para constatar, como consecuentemente debe hacerse, que, cuando las peticiones de la calle entraron en los despachos, se vieron substancialmente desfiguradas.

Así, por iniciativa de la UCD, las “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” del franquismo fueron incorporados entre los beneficiarios de la amnistía promulgada en octubre de 1977 (artículo 2.e), y la ley se convirtió en una traba legal para la depuración de las responsabilidades de los responsables de la dictadura. La salida de las cárceles de la mayor parte de los presos políticos, como victoria del antifranquismo, se vio por ende amputada por la garantía de impunidad a los represores de la dictadura, lo que —entre otros motivos— explica que la ley fuera contestada por insuficiente precisamente por los sectores que más la habían reivindicado. Sin embargo, dista mucho de ajustarse a la realidad la atribución a la ley de la responsabilidad de la supervivencia del aparato represivo del franquismo. (14)

La construcción de una memoria antifascista que vincule las libertades formales vigentes actualmente a la lucha del bando republicano y al antifranquismo es una tarea necesaria, sobre todo cuando aún hay quien cree, como afirmaba en enero de 2009 el ex ministro Martín Villa, que mientras la transición fue una victoria compartida de todos los españoles, la guerra también la perdimos todos (15); o que, como ha postulado de manera burda, esquemática y con altas dosis de ignorancia Francesc-Marc Álvaro, el protagonismo del antifranquismo en la liquidación de la dictadura se deba a una mera “leyenda” construida por quienes lucharon contra Franco. (16) No obstante, toda política pública de la memoria implica el peligro de servir únicamente para reforzar las instituciones vigentes —cada día más anquilosadas y deslegitimadas—, salvo que se trate de una memoria puesta en práctica de manera extremamente descentralizada, que sea promovida y gestionada por actores sociales diversos y autónomos. Una política de este cariz daría cabida, así, a la construcción de una memoria de los proyectos de emancipación brutalmente truncados a raíz de la instauración del franquismo y de la misma dinámica de guerra, así como de los desarrollados bajo la dictadura.

Es necesario advertir, por lo tanto, contra la reducción de la experiencia antifascista a un proyecto determinado, el frentepopulismo, y contra la conversión teleológica del frentepopulismo en una prefiguración de las formas de democracia parlamentaria que se asentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Como fenómeno cultural, y también en su concreción política, el antifascismo integró desde proyectos emancipatorios y revolucionarios a los que, ante el fascismo, propugnaban simplemente parlamentarismo democrático. Su limitación a unos u otros resulta inexacta.

El peligro de reducción de la memoria histórica a la legitimación de las instituciones parlamentarias vigentes ha hecho que, desde algunos sectores, se haya hablado de una memoria anticapitalista. Ésta era, por ejemplo, la propuesta de fondo de las Jornadas por la memoria histórica anticapitalista, organizadas en la Universidad de Valencia en noviembre de 2006. (17) Una memoria antifascista de corte amplio debería dar cabida también a estos discursos y poner de relieve que, si la emancipación fue percibida como una posibilidad en el pasado, no tiene por qué dejarlo de ser en el presente. Desde esta perspectiva, los conflictos sociales aparecen no como un obstáculo en el ineludible camino hacia el parlamentarismo democrático, sino como una posibilidad histórica de emancipación, como una puerta abierta a escenarios de futuro alternativos.

(Una primera versión de este artículo fue publicada en el número 18 de los Quaderns d’Illacrua, dentro del número 184 del semanario catalán Directa, 19 de mayo de 2010).

Pau Casanellas es historiador.

Notas

1 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, núm. 49, 26 de noviembre de 2008, p. 5.

2 Enzo Traverso, Els usos del passat. Història, memòria, política, València, PUV, 2006.

3 Ricard Vinyes, “La memoria del Estado”, en Ricard Vinyes (ed.), El Estado y la memoria, Barcelona, RBA, 2009, pp. 23-66.

4 También la hermana de Xosé Humberto Baena, otro de los últimos ejecutados por el franquismo, se adhirió a la querella interpuesta en Argentina. El País, 26 de abril de 2010, p. 11; El País, 3 de mayo de 2010, p. 15. Sobre el caso de Sánchez Bravo, véase también El País, 29 de junio de 2009, p. 18.

5 También las encuestas, siempre discutibles, corroboran esta tendencia. Según una realizada a principios de mayo, en pleno bullicio por el procesamiento a Garzón, tres de cada cinco ciudadanos del Estado aprobaría la investigación de los crímenes cometidos bajo el régimen franquista. Público, 10 de mayo de 2010, pp. 2-3.

6 Curiosamente, una de las únicas voces que han puesto de relieve tal contradicción (defender la posibilidad jurídica de encausar a los responsables del golpe militar sin tener la intención de juzgar a ninguno de ellos) ha sido Santos Juliá, “Sobre la impunidad de los crímenes del franquismo”, El País, Domingo, 23 de mayo de 2010, p. 20.

7 Público, 5 de mayo de 2010, p. 24.

8 Huelga decir que el la Fiscalía parte del supuesto de la responsabilidad de los comandos berezi en la desaparición, por lo que no se trata en modo alguno de un intento de investigación judicial de crímenes de Estado.

9 Son de interés algunas de las reflexiones en este sentido contenidas en Francisco Letamendia, El No vasco a la reforma, vol. 1, San Sebastián, Txertoa, 1979, p. 10.

10 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 5, 27 de julio de 1977, p. 73.

11 Aunque a raíz de estas movilizaciones el gobierno español pensó en buscar interlocutores al margen de la Asamblea de Parlamentarios Vascos, después de los enfrentamientos acaecidos en San Sebastián el 8 de septiembre, fruto del choque entre una manifestación auspiciada por la Asamblea y otra de carácter espontáneo en recuerdo de Jesús María Zabala, se reactivaron las negociaciones sobre el régimen pre-autonómico, llegándose a techos que hasta entonces no habían sido considerados por los emisarios gubernamentales.

12 Resulta llamativo que, siendo éste el mismo número de víctimas que las provocadas por la intervención policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976, los hechos no tuvieran entonces, ni tengan ahora, el mismo eco.

13 Diagonal, 26 de noviembre de 2009, p. 29. Las palabras de Martín Pallín son una muestra de lo distorsionada que puede aparecer la historia si se la contempla únicamente como una sucesión de textos legales.

14 Así lo ha hecho Jaime Pastor, “La Ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del «consenso» de la Transición”, Viento Sur, núm. 110, mayo de 2010, pp. 103-106.

15 Rodolfo Martín Villa, “Carta a los Reyes Magos”, El País, 3 de enero de 2009, p. 23.

16 Francesc-Marc Álvaro, Els assassins de Franco. Un judici particular del franquisme i dels que van deixar-lo morir al llit, Barcelona, L’Esfera dels Llibres, 2005, p. 34.

17 Las aportaciones al encuentro están recogidas en Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la autonomía, Madrid, Klinamen, 2008. Más que constituir un intento de reflexión sobre el concepto de memoria anticapitalista, el volumen recoge distintas experiencias vinculadas al área de la autonomía.

En la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, Manuel Azaña y su amigo y abogado Ángel Ossorio mantuvieron una larga y dramática conversación en el Palacio Nacional. Habían llegado a Palacio las noticias de las atrocidades cometidas por milicianos en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid, donde fueron abatidos o fusilados varias decenas de presos, entre otros Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña en el Partido Reformista. Azaña no puede soportar el duelo inmenso por la República, la insondable tristeza que le produce la matanza y siente veleidades de dimisión. Ossorio, que ha sido llamado por Cipriano de Rivas, cuñado del presidente, intenta tranquilizarlo recurriendo a un argumento que irrita a su amigo, pero que acaba por calmar su ansiedad: las muertes de aquellas personas, muchas de ellas encarceladas con el único propósito de garantizar su seguridad, entraban en la “lógica de la historia”.

Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos -y por algunos socialistas- ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.

De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no solo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip; o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo -esa “puñetera verdad” a la que se refiere Javier Cercas- que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia -insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo-, de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.

De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución -que es una conquista violenta de poder político y social- solo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas.

Solo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil -y ya no había a quién- seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.

Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro.

Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras -entonces todavía con artículo y minúsculas- y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro.

Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojada al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia -imperfecta, deficitaria, como todas- sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las armas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida.

Fuente:http://www.elpais.com/articulo/opinion/Duelo/Republica/Espanola/elpepuopi/20100625elpepiopi_11/Tes

“Vienes a verme porque soy el único que queda” exclama con sorna y se ríe. Federico Álvarez Arregui me recibe en su austero despacho del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este vasco es de los pocos exiliados republicanos que siguen vivos y en activo en México. Desde este ajustado despacho, de unos 15 metros cuadrados y que comparte con su asistente, dirige desde hace 8 años, la revista Literatura Mexicana, una publicación académica sobre filosofía y las letras en lengua castellana. Es su trinchera particular, desde donde, pese a sus 83 años, sigue aportando al acervo cultural local. Pertenece a esa generación de intelectuales españoles que perdió nuestro país a causa de la Guerra Civil y la dictadura franquista y que en cambio, con su esfuerzo, engrandecieron la cultura mexicana y siguen haciéndolo, aunque son cada vez menos, entre ellos Álvarez Arregui, quien después de la risa, prosigue su primera frase: “no es cierto, quedan algunos más pero ya estan enfermos o muy mayores, con lo cual yo me convierto en bateador emergente”, agrega haciendo un símil con el béisbol que me recuerda sus primeros años de exilio en Cuba.

El hijo del fundador de Izquierda Republicana en Guipuzcoa llegó en 1940 a la Habana a reencontrarse con sus padres después de 4 años de no verlos, pues ellos se habían quedado en Madrid después de la toma de San Sebastián por el bando nacional, y ya en la derrota cruzaron la frontera a Francia donde sufrieron los campos de concentración y finalmente pudieron salir a Cuba. Cuando Álvarez desembarcó solito del Magallanes, tenía 13 años y en la mochila traía 4 años de vivir en territorio franquista, rezar cada noche el rosario con su abuela e ir a la escuela de los Marianistas. Con este equipaje la isla le sorprendió por su luminosidad, su sol, su música, su diversidad racial y su exuberancia. “Soy un exiliado particular porque mi llegada a Cuba fue de una felicidad infinita”, asevera y se le ilumina la cara recordando el colorido cubano.

Allí pasó 7 años trascendentales de su vida, hasta los 20, y asegura que “Cuba nos integró, por lo menos a mi generación pues el pueblo cubano era enteramente antifranquista, entonces nosotros los exiliados, éramos los buenos”. Con esta disposición, estudió el bachillerato e ingresó en la carrera de ingeniería. Allí militó en los movimientos estudiantiles de izquierda radical, y bebió del caldo de lo que pocos años después sería la revolución.

Sin embargo, Cuba no integró a los intelectuales exiliados en sus estructuras culturales como hizo México. En las universidades había cuotas para profesores extranjeros y muy pocos españoles tuvieron cabida. Por eso a sus 20 años, toda la família se mudó a México, donde empezó a relacionarse con la flor y nata de la intelectualidad republicana. Esas relaciones le devolvieron su españolidad pues Federico en ese momento ya se sentía un joven latinoamericano. “Cuando llegué a México no sentí ninguna estrañeza cultural, social o política y al igual que el resto de mi generación de exiliados, que no la de nuestros padres, participé totalmente en la vida política de México. Participaba en las movilizaciones de los ferroviarios, de los mineros, de los estudiantes… Eso sí, en las manifestaciones del 1 de mayo marchábamos en el contingente de la República.

Y es que los exiliados mantuvieron la llama de la democracia encendida desde la distancia. Y México fue uno de sus principales bastiones. Álvarez Arregui recuerda como en 1945, se reconstituyó la II República en la Sala de Cabildos, en la sede del gobierno del Distrito Federal, la residencia de los Virreyes en el periodo colonial. “Durante 24 horas, aquel hemiciclo fue España”, espeta con un repentino brillo en los ojos y continúa, “vinieron diputados de todos lados, exiliados en París, en Argentina, y se reunieron las Cortes por primera vez desde el 39, José Giral fue electo presidente, fue el único que recogió el variopinto sentir de los exiliados”.

Los exiliados no eran una masa uniforme. Por encima de las diferencias sociales y económicas, prevalecían las diferencias políticas que existían en la República y que se acentuaron en la Guerra Civil. Sin embargo, a todos les unía el sueño republicano y la nostalgia de la patria perdida.

“El exilio es un destierro, te fuiste y perdiste la tierra, porque sabes que no puedes regresar, al menos por un tiempo largo. La mayoría de los exiliados teníamos esa sensación permanente de destierro, una desazón que nos acompañaba siempre, y que de repente, se volvía hacía dentro y sentías como angustia de no poder volver a España”, recuerda con los ojos empañados de agua. Y continúa “saber, por ejemplo, que tus abuelos se están muriendo y no puedes ir a verlos…” Es el único momento de la entrevista en que, a este enérgico hombre de 83 años, se le enturbian los ojos, porque, de carácter afable y jovial, recuerda con alegría el peregrinaje vital que le ocasionó el exilio, y de hecho reconoce que ahora ya no vuelve porque ya no quiere. “Yo soy tricéfalo, soy mexicano, cubano y vasco”, confiesa. Y se explica: “este es mi país, aquí vivo, aquí trabajo, aquí me dan premios…”.

Sin embargo hay algo dentro de él que se resiste a serlo del todo. Pese a haber vivido más de 40 años en México sigue conservando, casi intacto, el acento vasco, y mantiene sus relaciones con sus compatriotas ibéricos.

De hecho, un telefonazo interrumpe la conversación. Es Joaquin Díez Canedo, quién ha continuado la gran labor editorial que hizo su homónimo padre primero en la editorial Joaquín Moritz y en el Fondo Económico de Cultura, publicando tanto a los exiliados españoles como a los grandes escritores mexicanos, incluso antes de que se les reconociera.  Le habla para comentarle que ha recibido el último manuscrito de otro exiliado, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Álvarez Arregui ya conoce de su existencia.
“Hemos sido como una gran família”, me cuenta. De hecho Álvarez Arregui se casó con Elena Aub, la hija de Max Aub, y uno de los testigos fue Juan Rejano, por no nombrar a todos los intelectuales que estaban invitados a la boda. Al igual que la mayoría de exiliados políticos, la pareja se involucró en la lucha antifranquista. A finales de los 50, participaron en el Movimiento Español (ME/59), con la idea de llenar el exilio de contenido ideológico y organizarse con la resistencia contra el régimen del interior del país.

Cuando ya veían acercarse la caída del dictador, conformaron, junto a otros intelectuales y líderes de izquierda, la Junta Democrática que pretendía movilizar unitariamente a la oposición antifranquista, con un programa político rupturista que abogaba por una consulta ciudadana para volver a la República. Un proyecto que se frustró con la transición, que Álvarez Arregui califica de “vergüenza”. “La transición nos permitió llenar las calles de banderas rojas, ver pornografía e ir a unas elecciones donde acabó ganando la derecha”, apostilla, y continúa: “los pactos de la Moncloa son un pacto de olvido. Se prohibió hablar del exilio y de la guerra, esa fue la tercera y última derrota de los exiliados”.

Y asegura que el exilio fue una derrota permanente, que empezó con el destierro, pero que tuvo su segundo golpe en el 1955 cuando la comunidad internacional levanta el aislamiento al gobierno franquista y lo acepta en el seno de las Naciones Unidas, y por lo tanto, desconoce el gobierno republicano que tenía sede en París y embajada en México. Sólo este último país y Yugoslavia, con Tito a la cabeza, mantendrán el apoyo al gobierno del exilio hasta la transición.

Álvarez Arregui se enerva al hablar de la transición, y aunque fue entonces cuando pudo y quiso volver al Estado español, los 10 años pasados en Madrid, entre el 1971 y el 1981, le decepcionaron. Ahora, va de visita una vez al año, a ver a sus hijos y a Congresos, pero asegura que se regresa tan pronto puede.

“No lo aguanto, cada vez que voy es un golpe, la última vez que estuve en Madrid, estaba sentado en un café y en la mesa de al lado un señor le decía a otro: -Hay que matarlos a todos, y yo digo ¿a quiénes? Antes era a los rojos y ahora es a los ecuatorianos o a los marroquíes. España no ha cambiado, sufre desmemoria histórica”, afirma y empezamos a hablar de la situación política actual.
“Este pobre (José Luís Rodríguez) Zapatero que intentó al principio hacer una política de izquierdas, al final ha tenido que hacer una política de derechas y el Partido Popular todavía está en contra, la derecho española es algo impar, como ella no hay nada. En Europa hay muchos gobiernos de derechas pero el Partido Popular representa la vieja derecha, la historia española, la eterna derrota de la izquierda.

-¿Qué diferencia ve entre el PP y la derecha europea?

La derecha europea es anti fascista. En Alemania está prohibido el partido nazi, pero en España la Falange Española se sigue presentando a las elecciones, en Francia está prohibido llevar una esvástica, en Italia colgaron de los pies a Musolini, en España Franco descansa en un sagrario. Además el poder de la iglesia y del ejército son enormes y no han tenido un saneamiento. En Francia, Alemania o Italia ha habido una desnazificación pero en España los que torturaron a Grimau o a Simón Sanchez Montero, pasean por la calle. Ahí está la diferencia con Europa”.

Es inevitable preguntarle por la suspensión de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional después que iniciase tres procesos sobre las víctimas de la Guerra Civil la dictadura.

“Lo que le ha pasado a Garzón es un ejemplo singular de lo que estoy diciendo. Un recurso de Falange Española, que debe tener un uno o dos por cien de los votos, es capaz de hundir a un juez como este. En cada pueblo hay una fosa común donde estan los abuelos de muchos de los que ahí viven, y la Justicia prohibe que se abran esas fosas, no permite que se reconozcan a los muertos y que sus familiares les den sepultura”.

Esta frustración le provoca un sentimiento agridulce versus España. Por un lado recuerda con nostalgia las playas de Donosti donde jugaba de niño, por otro se enfurece con el olvido de los españoles hacia toda la barbarie que implicó el franquismo.
“No puedo volver a soportar la bandera franquista, un rey, todo lo que representa la existencia del Valle de los Caídos, y encima ver que a millones de españoles no les importa hacerlo,… Esa falta de memoria me desespañolizó y ya solamente me queda la patria chica, Guipúzcoa”.

Hablamos de la ley de Memoria Histórica. Le parece una buena iniciativa, aunque tibia y tardía. “No se podrá reparar la memoria de los exiliados, mientras los españolitos de a pie estén de acuerdo en olvidar”, reitera. “Hay algunas iniciativas positivas, exposiciones, trabajo de recuperación histórica, pero no calan en una sociedad a la que se le cercenó la izquierda, en el exilio, en prisión o bajo tierra. En España cada vez que la izquierda levanta la cabeza, se la cortan. Ya lo hizo Carlos I con los comuneros de Castilla y desde entonces, hasta ahora sigue sucediendo. España es inasequible al desaliento”, concluye.

PSOE y PP -y sus aliados autonomistas- quieren imponer en la enseñanza un funesto “Plan para la convivencia” basado en la condena social y política de la violencia… la de ETA, que según ellos es la única que existe, ignorando la violencia genocida de la reciente historia de Euskal Herria y del Estado español: la Cruzada de 1936 y la posterior dictadura fascista, cuyas consecuencias aún nos oprimen.

Durante ese largo periodo, el Estado homenajeó a los “Caídos por Dios y por España”, cuyos nombres glorificó y esculpió en fachadas de consistorios y catedrales, a la vez que edificaba en su honor multitud de monumentos, alguno tan desmesurado como el escurialense de Cuelgamuros. A cientos de miles de mujeres y hombres que se enfrentaron a los genocidas: republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas, ateos… y especialmente a los independentistas vascos, el nuevo Estado los ejecutó mediante sentencias “legales” de Consejos de Guerra sumarísimos; a otros les aplicó la “Ley de fugas”, o los “paseó” y enterró en fosas comunes, o los encerró en campos de concentración y de exterminio, o en presidios; o les persiguió hasta el exilio, a veces con ayuda de la Gestapo que ocupaba Iparralde; o les multó o confiscó sus bienes… A las mujeres desafectas, las rapó el pelo y purgó con aceite de ricino… y si parían estando presas, les robaban los hijos que repartían entre jerarcas. En las escuelas, las aulas eran presididas por un crucifijo flanqueado por el genocida Franco y el falangista Primo de Rivera; a alumnos y alumnas les obligaban cantar el “Cara al sol”, asistir a misa y rezar a Dios y a la Virgen por la supervivencia de la “España, Una, Grande y Libre” y por la salud del caudillo. Ocho semanas antes del fallecimiento natural de éste, el Estado asesinó “legalmente” a varios luchadores independentistas y antifascistas. Esto y la “guerra sucia” de AAA, GCR, BVE, GAL, etc., es terrorismo institucional.

Además de lo expuesto, hay que recordar que el Movimiento fascista esclavizó a prisioneros de guerra, y los empleó en la construcción de ferrocarriles, puentes, carreteras, y en la reconstrucción de poblaciones que destruyeron los bombardeos. Miles de estos esclavos fallecieron por la dureza del trabajo, el hambre, el frío, la falta de higiene y las enfermedades. Mientras así padecían los vencidos, los voluntarios del triunfante golpe militar eran agasajados y disfrutaban de privilegios para trabajar, estudiar, acceder a la vivienda, a alimentos, a ayudas sociales, adjudicación de estancos, loterías, taxis… ¡hasta en los transportes públicos, donde los mejores asientos se reservaban para los “Caballeros Mutilados”!

Ahora el Estado español es reinado y gobernado por los herederos políticos, económicos y hasta biológicos de los golpistas del 36, que dicen ser “demócratas de toda la vida”. Por su culpa, los crímenes fascistas permanecen impunes, y, para mayor escarnio, pretenden que su funesto “Plan para la convivencia” los ignore.

Durante muchos años, la versión dominante en los medios de mayor difusión del país sobre la Transición de la dictadura a la democracia en España es que tal Transición fue un proceso modélico que transformó una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) en una democracia homologable con cualquier democracia existente en la Unión Europea. Esta versión dominante subraya, además, que el supuesto éxito de tal Transición se basó en la reconciliación de las derechas, herederas de lo que en España se llama franquismo (y fuera de España, fascismo), con las izquierdas y otras fuerzas democráticas, herederas de la República, que lucharon contra la dictadura.

Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.

Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo ‘¿Es el PP franquista?‘).

El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el PP) votaron a favor de tal Estatut.

La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus políticas neoliberales provocaron.

Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional. Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra