… o cómo Enric Ucelay-Da Cal,
eminente representante del Alma Máter,
inventa, prologando las Memorias de José Peirats,
un nuevo método de ejecución intelectual:
la descalificación post mortem

JOSÉ PEIRATS (1908-1989), que fue ladrillero y periodista obrero antes de convertirse en uno de los mejores especialistas del anarquismo
español, se le ha citado a menudo en las columnas de À contretemps, y lo hemos hecho como mínimo por dos motivos. El primero, porque, durante los años 1930, su existencia militante le colocó, como redactor que fue de Solidaridad Obrera, en el meollo de una « gimnástica revolucionaria » que desembocaría, en julio del 36, en un proceso revolucionario de una amplitud sin igual. Esta revolución, que sigue alimentando –pero también cuestionando– el imaginario libertario, Peirats la vio amanecer, y luego, presa de una infernal lógica de guerra, apagarse inexorablemente. El segundo (motivo), porque decidió hacerse él mismo su escrupuloso histo-riador al producir, en los años 1950, una obra crítica de una enorme calidad analítica y documental –La CNT en la Revolución
española [1]–, de un alcance decisivo para la época. La rectitud sin fallos de la que hizo gala cuando la CNT faltó, en diversos momentos de su historia, contra los principios fundamentales que la regían, y el rigor intelectual con el cual intentó comprender las causas de esas desviaciones convierten a Peirats en uno de los personajes más singulares, y sin lugar a dudas uno de los más dignos
de elogios, de una generación militante hoy desaparecida.

Visto el interés que nos tomamos por Peirats, el anuncio de la publicación de sus Memorias se nos antojó una excelentísima noticia, ya que esta edición se esperaba desde hacía ya mucho tiempo. En efecto, escrito en su mayoría en 1974 y 1975, este largo texto autobiográfico –de unas 1.300 páginas dactilografiadas– se topó al principio de los años 1980 con las imposiciones de algunos merca-deres de libros, entre ellos Planeta, los cuales se declararon deseosos de publicarlo pero amputándolo, para hacer entrar de fuerza los
recuerdos del autor relativos a su niñez, a su adolescencia y a sus experiencias vividas de la época de anteguerra por el aro de ese tipo de producciones memorialísticas. Peirats, que podía ser muy cabezudo, se negó obstinadamente a semejantes cortes, prefiriendo con mucho que no salieran sus Memorias antes que se publicaran truncadas. Por eso rogó a su representante ante los editores,
su amigo el historiador y sociólogo uruguayo Carlos Rama, que rechazara cualquier oferta de esa calaña. Para él, era o todo o nada. Por consiguiente, a falta de un editor digno de tal nombre, todo se redujo a la nada. Desde entonces, la única huella que teníamos de esas Memorias se la debíamos al propio Peirats, el cual aceptó, a finales de los 80 y a petición de la revista barcelonesa Anthropos, escoger unos extractos de sus Memorias, una selección que salió, poco después de la muerte de Peirats, en la colección « Antologías temáticas » de esta revista [2]. Desde entonces, depositado por su compañera, Gracia Ventura, en la Biblioteca Arus de Barcelona, el manuscrito dormía en las estanterías de aquella noble institución.

Muy buena se nos antojaba pues la noticia de que, a los veinte años de la muerte de Peirats, los historiadores Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero preparaban una edición de sus Memorias. Por desgracia, visto el resultado [3], hemos de confesar que nos esperábamos –¡y tanto que lo esperábamos!– algo mucho mejor…

Para evitar cualquier malentendido, puntualicemos de entrada que no tenemos la intención de adentrarnos aquí en una reseña de las Memorias de José Peirats. Para ello, esperaremos que salga, redactada por la pluma de Chris Ealham [4], su biografía anunciada, de la que todo augura que permitirá, en paralelo con estas Memorias, un examen serio y pormenorizado del trayecto militante y de la obra de historiador del autor de La CNT en la Revolución española.

Dicho lo dicho y a la espera de días mejores, nos vamos a interesar por la manera en que esta edición truncada de las Memorias de Peirats, llevada a cabo por el neomandarinato universitario, desnaturaliza sus efectos y su alcance. Truncada, decimos, ya que la versión abreviada que nos dan de dichas Memorias Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero contraviene al deseo expresado en repetidas ocasiones por Peirats de autorizar la publicación de sus Memorias con la única condición de que no fuesen amputadas, lo cual da a entender que, de vivir, se hubiera negado a avalar este proyecto del mismo modo que se opuso, incluso en contra de la opinión de algunos de sus allegados, a las veleidades depuratorias manifestadas por el mundillo editorial de los años 1980. Con los muertos se juega con ventaja, ya que se puede prescindir de su asentimiento.

Pero lo peor por parte de los responsables de esta muy discutible empresa editorial es sin lugar a dudas haberle confiado a su superior jerárquico –Enric Ucelay-Da Cal– el encargo de producir, a modo de prólogo del libro, un increíble alegato en contra del personaje y de las Memorias que debía supuestamente presentar. Algo así como si se hubiera invitado a José Visarionovich Djugachvili a dar un prefacio a Mi vida, de Trostki, o si el propio León Davidovich Bronstein hubiera prologado la autobiografía de Majno.
Profesor de historia contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Ucelay-Da Cal es un especialista de los nacionalismos y, más en concreto, del nacionalismo catalán. Sin embargo, más allá de su campo de competencia, ese hijo de la diáspora republicana vertiente middle class, nacido en 1948, estudiante en Estados Unidos –de donde salió diplomado por la prestigiosa Columbia University (Nueva York)–, se precia asimismo de ser un experto en historia del movimiento obrero. Autor prolijo [5], Ucelay-Da Cal, a tono con la época, profesa una concepción objetivista y razonable de la historia, supuestamente desideologizada y desprovista de cualquier propósito militante. Bien es verdad que, desde el punto de vista político, el maestro historiador –quien, como muchos colegas suyos condecorados por el Alma Máter, escribe cuando y cuanto le apetece en la prensa– no es ningún extremista acalorado: sería más bien un esteta del mariposeo político. Puesto que lo más importante radica en tener siempre la sartén por el mango socialliberal, nuestro experto navegó, según soplaba el viento, en compañía de los amigos de José Montilla Aguilera, el « socialista » presidente de la Generalitat de Cataluña, y los de Artur Mas y de la Fundació Trías Fargas, sus opositores de « derechas » [6]. Esto dicho, la única ebriedad que embarga al personaje, es ser reconocido, desde la « izquierda » como desde la « derecha », como supremo representante de su casta, el Historiador por excelencia, puesto que Su Altiva Majestad Ucelay-Da Cal está sobre todo pagado de sí mismo.

Del autodidactismo al organicismo o cómo nace un « intelectual orgánico »

Harto es sabido que a los historiadores siempre les ha costado mucho hacerse cargo de las singularidades y del eclectismo del anarquis-mo obrero. Como si, de facto, aquel mundo no pudiera sino escapar de las casillas explicativas de una disciplina exagera-damente clasificadora para entender la abundancia de su mundo imaginario y la pluralidad de las prácticas culturales y de los modos de acción que lo acompañan. Además, largo tiempo marxistas, en el sentido académico por supuesto, la mayoría de los representantes más
eminentes de la disciplina –aquellos que publican y de los que se habla– acostumbraron a manifestar, respecto al anarquismo obrero, una
condescendencia muy propia de la historiografía dominante. De ahí la acumulación de estereotipos producidos por el Alma Máter sobre un tema que, por lo visto, le cuesta trabajo sacar del tópico sabiamente repetido y metódicamente mantenido. Todavía hoy, el anarquismo sigue siendo, para él, la expresión de un anacronismo, de una pasión destructiva, de un idealismo sin contenido y/o de un autodidac-tismo trasnochado. Huelga precisar que esa incomprensión universitaria es evidentemente una oportunidad para el propio anarquismo: de esa forma escapa al orden discursivo de la historia, aquella que baila al son que le tocan los funcionarios del saber.

Ignoramos si Ucelay-Da Cal fue marxista en tiempos de una juventud vagamente crítica que la edad se habría encargado de aplacar [7], pero el mismo título de su prólogo –« José Peirats, el autodidacta como intelectual orgánico »– huele a antiguas influencias gramscianas. Notemos, sin embargo, que el concepto de « intelectual orgánico » –el cual, en el verdadero sentido del término, conviene a los intelec-tuales orgánicamente supeditados al poder dominante, como el mismo Ucelay-Da Cal– sirve más vulgarmente, aquí, a calificar a los autodidactas promovidos al estatus de intelectual por su pertenencia a una organización de masa, en este caso la CNT. Sin insistir en el
método que consiste en desviar un concepto definido para aplicarlo a una situación que no le corresponde en absoluto, hay que poner de manifiesto una deficiente comprensión de la relación –muy remota– que el anarquismo obrero mantiene con los intelectuales para pensar que el estatus de « intelectual orgánico » podía haber ejercido el más mínimo atractivo en unos autodidactas libertarios más interesados en ser « amantes apasionados de la cultura de sí mismos » (Pelloutier) que no adeptos de la promoción social o política. Ya que es poco decir que practicaron con suma constancia « le refus de parvenir [el negarse a medrar] » (Albert Thierry), que fue otra particularidad –y no de las menores– del anarquismo obrero y del sindicalismo revolucionario. Para decirlo claramente, su forma de ser los situaba a años-luz del universo mental de Ucelay-Da Cal, intelectual orgánico donde los haya.

Para el historiador, del que pasaremos por alto voluntariamente las largas y pesadas trivialidades sobre el apego de los libertarios al libro y a la cultura, Peirats sería pues el ejemplo perfecto del autodidacta que habría logrado hacerse un nombre, esto es salir de su condición de trabajador manual para entrar en la categoría, orgánicamente envidiable, de los trabajadores del pensamiento. Y si lo
consiguió –o, para decirlo al modo del historiador, si hizo carrera como « intelectual orgánico »–, fue desde luego porque supo sacar
provecho de sus talentos personales, pero sobre todo porque supo entender el ser profundo, la naturaleza secreta y el « cemento espiritual » (p. 62) del movimiento libertario español al que pertenecía. Ya que, moldeado y dominado por autodidactas, prosigue nuestro experto, manifestaba aquél tan escasa autoestima que se hizo el portavoz constante de un furioso « organicismo » (p. 62) que favorecía la promoción de sus miembros más « tozudos » (p. 62), « seleccionados por la lucha interna y el combate social » (p. 62). En dicho terreno, concluye Ucelay-Da Cal, Peirats halló por consiguiente su puesto de « intelectual orgánico » por antonomasia, convirtiéndose en teórico de dicho « organicismo », una « metáfora obsesiva » (p. 62) que servía a disimular la permanente falta de profesionalidad de la organi-zación anarcosindicalista. Y concluye como sigue: nunca abandonó esa posición, fundada en la idea según la cual la solidez organizativa constituía el principal tesoro de la CNT, al contrario de sus tendencias al « optimismo revolucionario » y al « neo-nietzscheano “triunfo de la voluntad” » (p. 63).

Aquí conviene detenerse un momento en el enfoque metodológico reiterativo del honorable profesor, que consiste en manejar, a la vez, la loa (aparente) y una (auténtica) descalificación. De modo que se saluda al autodidactismo, simultáneamente, como algo encomiable pero que favorecería a la vez un saber bulímico y aproximativo. « En el país de los analfabetos, no duda en escribir Ucelay-Da Cal, manda el autodidacta » (p. 47), condenando para el caso a ese « self-made intelectual » (p. 51) a su diminuta condición de teórico de baja estofa que sólo podía acoger el movimiento libertario español, « medio tan heteróclito y falto de solidez especulativa y analítica » (p. 51). Rezumando condescendencia por los cuatro costados, lo demás va cortado por el mismo patrón: de Francisco Ferrer, « antiguo revisor de trenes » (p. 50), puntualiza que su autodidactismo pedagógico sirvió sobre todo para disimular « su pasado insurreccional republicano » y « sus iniciativas terroristas » (p. 50); de las prácticas de democracia directa de la CNT, no retiene sino que producían oscuras recensiones de reuniones que sólo podían entender los adeptos (autodidactas por fuerza) del lenguaje « en clave » (p. 33); de uno de los primeros textos del joven Peirats –Lo que podría ser un cinema social (1935)–, hace escarnio del « estilo muy propio del autodidacta [que ha] hecho bien los deberes » (p. 53) [8]. Y así sucesivamente… Página tras página, Ucelay-Da Cal destila su altivez de poseedor del único saber que cuenta para él, aquel que confiere la « formación académica » (p. 49). Y lo hace hasta tal punto que su asperísima embestida debe entenderse primero como lo que es: el alegato pro domo de un graduado de la intelligentsia que odia ver a los desharrapados aventurarse en su terreno propio como Pedro por su casa. La continuación de su requisitoria lo va a probar con creces.

La ascensión de un Rastignac en alpargatas

Visto por Ucelay-Da Cal, el trayecto de Peirats se parece a la ascensión de un Rastignac en alpargatas pasado, en unos pocos años, de ladrillero a periodista en Solidaridad Obrera. Prueba, nos dice, de que tuvo la inteligencia de comprender que el verdadero centro de control y de decisión de ese « antipartido movimental » (p. 56) que fue, según él, la CNT, no se situaba, como se ha dicho a
menudo, del lado de la FAI, sino en el mismo corazón de la casa madre, dentro de los muros de su órgano histórico, Solidaridad Obrera, cuyas « funciones coordinadoras [iban] mas allá de las usuales funciones de la “prensa de partido” » (p. 57). Convencido de haber descubierto el Mediterráneo, Ucelay-Da Cal insiste: allí es donde había que estar para formar parte de los seguros « cuadros dirigentes » (p. 56) de un movimiento que « aspiraba a ser todo el pueblo trabajador, en su más perfecto conjunto » (p. 57). Y si se desea
saber en nombre de qué y a partir de qué fuentes adelanta semejante hipótesis, habrá que esperar sentado. Ucelay-Da Cal no se preocupa en probar nada, bastan sus afirmaciones. Por lo tanto, el asunto está muy claro: para elevarse fuera de la base y convertirse en « intelectual orgánico », no había posición más envidiable que la que consistía en ejercer su magisterio en el seno de Solidaridad
Obrera. Para él, la CNT, es algo así como el Alma Máter de los pobres, un mundo despiadado donde la promoción de las élites depende de su capacidad para hacerse cargo de los envites del poder y para ocupar the right place. Asumiendo el riesgo de dejar algunos cadáveres por el camino.

Por eso, prosigue nuestro experto, la trayectoria de Peirats fue « más contradictoria y menos lineal de lo que él siempre pretendió » (p. 42). Y detalla dicho trayecto: opuesto a los « treintistas » –cuya lógica interna, afirma perentorio, desembocaba por fuerza en la constitución de un partido sindicalista (el de Pestaña)–, sostuvo a los « pistoleros anarcosindicalistas » (p. 60) haciendo alianza, en 1931, con « los “anarco-bolcheviques” […] partidarios de Durruti y compañía » (p. 59) antes de convertirse, en 1933, con el grupo faísta del que formó parte (« Afinidad »), en uno de los principales críticos del « insurreccionalismo “anarco-bolchevique” » (p. 60). Lo cual no hizo de él un moderado, afirma Ucelay-Da Cal, sino más bien un radical sui generis, convencido de que « era mejor estar solo que mal acompañado » (p. 61).

Buenas pruebas de ello serían sus tendencias depuradoras contra los « treintistas », pero también contra Francisco Tomás, condenado en 1934 en un « juicio de honor » por no haber cumplido debidamente con sus obligaciones durante la insurrección de diciembre de 1933 en L’Hospitalet –feudo de Peirats, puntualiza el historiador.

Hay que ser, por lo visto, graduado en la Columbia University para escribir tantos disparates sin temor a poner en peligro la propia fama. Recordemos pues a Ucelay-Da Cal que muy pocos fueron los « treintistas » que se adhirieron a la lógica de Ángel Pestaña, cuyo proyecto político no cuadraba con la prístina inspiración del « treintismo », directamente heredada del muy antipolítico sindicalismo de acción directa al modo francés, el de la CGT de los orígenes. Y hablar de las supuestas alianzas, incluso circunstanciales y provisionales, entre Peirats y García Oliver (antes que Durruti), supone no entender ni papa de las profundas divergencias que los opusieron de forma duradera, y que ambos expresaron sin la menor amenidad. Por muy anarquista que fuera –y lo era a veces de forma exageradamente ortodoxa–, Peirats se sentía evidentemente más cercano, en un plano ético, al sindicalista Peiró que no al político García Oliver [9]. Por fin, convertir la expulsión del muy criticable y criticado Francisco Tomás Facundo –expulsión que Peirats cuenta detalladamente y sin ningún reparo en sus Memorias (pp. 237-238)– en prueba de su vigor punitivo, eso está perfectamente fuera de lugar, sobre todo cuando se sabe el papel de depurador auténtico que el célebre « expulsado » desempeñó, como responsable cenetista de la policía local de Lérida, durante la revolución española.

Por lo demás, el ilustrísimo Ucelay-Da Cal se esfuerza sobre todo en cargar las tintas, pese a incurrir en afirmaciones aproximativas o triviales, difamatorias o grotescas. Al leerlo, descubrimos que la FAI, de la que se ignoraba que fuera tan receptiva a los ecos del mundo exterior, habría sufrido la fuerte influencia de Majno –calificado de « sponsorizador de la tesis de la llamada “Plataforma Archinoff” » (p. 40). O que Emma Goldman, de la que Peirats fue el biógrafo [10], era, en realidad, nada menos que una « ácida matriarca libertaria »
y una « insufrible luchadora » cuya característica principal fue la « obcecación doctrinal » (p. 81). O que el activismo antirrepublicano de los libertarios « dio a la derecha insurreccional una excusa para su rebelión militar » (p. 75), una opinión que difiere bien poco de la de los revisionistas de cuatro cuartos de la calaña de Pío Moa, para los cuales la Cruzada nacionalcatólica no fue, al fin y al cabo, sino una reacción a la barbarie roja. Podemos leer, en fin, que « Durruti, García Oliver y sus amigos “anarco-bolcheviques” » no habrían estado
inspirados más que por el deseo de hacer las cosas « mejor » (p. 39) y más fuerte que los comunistas –cuya potencia era, como bien es sabido, decisiva en la España de los años 1930 (o sea, según las estimaciones más benévolas, unos 3.000 militantes en vísperas de la Guerra Civil). Y para apuntalar un descubrimiento un tanto defectuoso a nivel local, el sutilísimo analista afirma, bromas aparte, que los anarquistas no han hecho sino correr, en todas partes, tras los comunistas: lanzando la AIT depués del Komintern, la SIA después del
Socorro Rojo y el ABC del comunismo libertario de Berkman después del ABC del comunismo de Bujarin. Aquí es tan grande el despropósito que uno se pregunta si el catalanísimo profesor no tendrá cierta inclinación en ahogar su orxata con moscatel. De todas esas ocurrencias, tan lamentables como enredadas, se colige, en todo caso, que, para el genio de la Pompeu Fabra, a ese impresentable anarquismo sólo se le puede tratar con el mayor menosprecio.

De la guerra al exilio, el hombre del « doble juego »

Muy en contra de su inclinación natural, Ucelay-Da Cal no se explaya en demasía sobre los años de guerra de Peirats. Su posición, nos dice, habría sido la de un « irreductible » (p. 64) que jugaba, permanentemente, un « juego ubicuo, doble » (p. 69). Opuesto a « los que dominaban la FAI y […] controlaban los órganos superiores de la CNT (pero no necesariamente lasFederaciones locales) » (p. 68), Peirats no tuvo otra alternativa, recalca, sino replegarse en unas Juventudes Libertarias bastante « fragmentadas » (p. 68) para ofrecerle un espacio de oposición a la línea general, un espacio que ocupó al tomar la dirección de Ruta, su órgano de expresión. Sin embargo, da a entender el historiador, Peirats no fue nunca hasta el final de su lógica opositora. Ni en Mayo del 37, ni cuando se pensó en él para secretario de las JJ. LL. Asimismo, su integración, a finales de 1937, en el Estado-Mayor de la 119 Brigada de la 26 División (ex columna Durruti), cuando había sido uno de los ardientes opositores a la militarización de las milicias, daría buena muestra, según el fino
sabueso de la Universidad, de la misma indecisión.

Una vez más, Ucelay-Da Cal instruye a cargo y sin probar jamás ninguna de sus hipótesis. Si Peirats, opositor declarado a la participación de la CNT en el Gobierno central, decidió dedicar sus fuerzas a denunciar esa línea en las columnas de Ruta, es que el periódico al cual colaboraba hasta entonces – Acracia, de Lérida– acababa de ser normalizado por las instancias de la CNT. Si
no aceptó acceder a un cargo directivo en las JJ. LL., es porque sabía que las iban a meter, a ellas también, por el recto camino
« colaboracionista ». Si marcó las diferencias, en Mayo del 37, con Jaime Balius y los « Amigos de Durruti », fue por desconfiar de su posicionamiento político, que juzgaba demasiado bolchevizante. Si decidió, en otoño, unirse a las filas de la 26 División, incluso
militarizada, es que pensaba que, al fin y al cabo, se sentiría en ella más a gusto con su conciencia que no en una organización en vía de normalización ideológica. No existe nada, pues, en ese trayecto de minoritario, que sea signo de un « doble juego » cualquiera, a no ser que se considere que la única solución, para él, hubiera sido saltarse la tapa de los sesos.

Pero, como tratándose de Ucelay-Da Cal, lo peor siempre está por venir, toma aquí la forma de la patada del burro –en el sentido propio como figurado: una vez terminada la guerra, nos espeta, la identificación de Peirats « con la línea perdedora en las “Jornadas de Mayo” » (p. 70) hallará su natural salida en un « anticomunismo acérrimo » (p. 70), posición que el antifascista y progresista Ucelay-Da Cal juzga « literalmente inaguantable » (p. 70) en cuanto… los ejércitos alemanes invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Llegados a semejante nivel de estupidez argumentaria, no queda más remedio que correr el telón de acero.

Ante tal acumulación de mala fe, uno se pregunta, más de una vez, leyendo esa prosa ampulosa, qué mosca habrá picado a nuestro excelso profesor para incurrir en tal empresa de descalificación, dando pie tan fácilmente, por pura necedad, a la crítica. Vayan por delante dos ejemplos más. El primero: Peirats, nos dice, « tuvo [la] suerte » (p. 71) de que le enviaran al campo de Le Vernet (Ariège), una observación por cierto bastante peregrina cuando se sabe, primo, que, visto que todos los combatientes de la ex columna Durruti fueron internados allí, no podía ir a otro sitio y, secundo, que Le Vernet era un campo represivo particularmente reputado. El segundo: de su exilio en las Américas (República Dominicana, Ecuador, Panamá y Venezuela), Ucelay retiene que Peirats manifestó algun resabio « algo racista » (p. 72) respecto a las poblaciones locales y, como prueba, cita un extracto de un libro suyo [11] que emite simplemente la opinión, en definitiva bastante defendible, que la capacidad de resistencia del mestizo es infinitamente superior, en medio hostil, a la del europeo. O sea que no da siquiera para hacerle cosquillas a lo políticamente correcto de nuestra época, tan normativa ella [12].

¡Fuego contra el usurpador!

Plato fuerte de un prólogo que, por lo visto, sólo se ha escrito con ese propósito, la treintena de páginas que Ucelay-Da Cal dedica a machacar la obra maestra de Peirats constituyen un perfecto ejemplo del odio (de casta) que puede apoderarse de un historiador condecorado cuando la gente de a pie se atreve a ocupar su perímetro reservado. Ante tal falta de gusto, y como el rabassaire armando el trabuco para espantar al ladrón de manzanas, el único método que conoce es disparar.

El enfoque adoptado por el historiador de turno consta de dos partes. La primera, burguesamente clásica, pretende ser un recordatorio de los sacrosantos principios de la objetividad: patrocinado y financiado por la CNT a principios de los años 1950, el libro La CNT en la Revolución española no podía ser, nos dice el experto, sino una crónica –oficial o, por lo menos, oficiosa– de las hazañas de la organización confederal. La causa está pues vista para sentencia en el primer considerando del fiscal Ucelay-Da Cal: al tomarse por un
historiador, Peirats, que no podía pretender más que al título de « cronista » (p. 97), usurpó un estatus que nadie le había concedido. Segunda parte de la requisitoria: si los compromisos contraídos por Peirats ante una organización de la que era uno de los responsables le impedían, de entrada, hacer obra de historiador, su auto-institución como historiador era la buena manera de alcanzar el único objetivo que la habría motivado: acceder al primer círculo de la excelencia libertaria, la que sólo confiere el reconocimiento intelectual. Visto por Ucelay-Da Cal, eso se dice así: promovido a historiador, el « organization man » se convierte en un « auténtico intelectual orgánico » (p. 78) [13].

Aquí, conviene reconocerle al crítico de Peirats cierta habilidad en la perfidia porque nadie podría negar que La CNT en la Revolución española fue, en efecto, un libro de encargo de la CNT, pobremente financiado por sus militantes. Pero no sólo es que uno se pregunta quién fuera de la CNT podía haberlo editado, es que, puesto a ser objetivo, el muy puntilloso Ucelay-Da Cal [14] tenía que haber recordado que el asentimiento de Peirats a ese proyecto editorial estaba supeditado al respeto escrupuloso de una única
condición: su estudio no debía ser objeto de ninguna interferencia « orgánica ». En ese sentido, y muy al contrario de lo que sugiere Ucelay-Da Cal, no existe evidentemente ningún punto común entre esa actitud y la que, entre 1967 y 1977, presidió –bajo control de una comisión historiográfica dirigida por Dolores Ibárruri, llamada La Pasionaria– la publicación, en cuatro volúmenes, de Guerra y revolución en España, 1936-1939, la historia –ésta sí que oficial– del conflicto español visto por el PCE.

Después viene, a través de la pluma mordaz de Ucelay-Da Cal, el análisis de un « éxito » editorial. Si La CNT en la Revolución española ha encontrado su puesto en la historiografía dedicada a la guerra de España, es, nos dice, que el estudio de Peirats se habría beneficiado de una coyuntura política favorable en relación con « la desaparición de Stalin, en marzo de 1953 » y a la repentina
emergencia de « revelaciones sobre la brutalidad de la dictadura comunista » (p. 77). Poco faltó para que acusara a Peirats de haberle echado arsénico en el vodka del mismísimo Padrecito de los Pueblos. Y luego, cabalgando la misma línea argumentaria, el genialísimo analista nos espeta lo siguiente: en dicho contexto de decaimiento del comunismo internacional, el « éxito » del libro –y, por consiguiente, el « triunfo intelectual » (p. 77) de su autor– dependía en buena parte de la apropiación que operó Peirats de la antigua retórica antiestaliniana de tradición poumista [15], y en particular la que desarrolló Julián Gorkín –del cual Ucelay-Da Cal recuerda las relaciones con el Congreso para la Libertad de la Cultura– « o sea la CIA estadounidense » (p. 80) [16]. Según el historiador, ese prestado temático, maquillado de rojo y negro, habría tenido por principal ventaja « remozar [el] maltrecho edificio ideológico-explicativo [libertario]» (p. 84), pero también el no tener que ahondar en las contradicciones internas de un anarcosindicalismo muy dividido sobre la
conducta de la guerra y/o de la revolución. Dicho de otra manera, el « anticomunista acérrimo » Peirats y sus comanditarios tenían todo interés en echarles a la Union Soviética y a su apéndice comunista local la culpa de la derrota.

El « cronista » y los historiadores

Fiel a esa dialéctica donde la (falsa) alabanza precede siempre la (verdadera) calumnia, Ucelay-Da Cal le reconoce una cualidad a Peirats –la de haber sabido manejar, en los márgenes, la crítica del « colectivo “orgánico” » al que pertenecía (la CNT)–, pero es para puntualizar al momento que, para ese fin, poseía, con respecto a otros, la indiscutible ventaja de no haber sido, durante la guerra civil, « un protagonista de primera fila » (p. 89). De haberlo sido, prosigue cínicamente, debía haberse contentado con el papel de simple testigo
sin acceder nunca a la notoriedad historiográfica que fue la suya al convertirse en « paladín del “libertarismo” frente a las falsedades historicistas » (p. 88). Y todo lo demás por el estilo. No cabe duda, reconoce el historiador, de que La CNT en la Revolución española contribuyó a situar « la historiografía militante libertaria en la primera fila de las nuevas olas de producción acerca de la
contienda española » (p. 90), las que despuntan a principios de los años 1960, pero precisa de inmediato que ese éxito sólo podía ser provisional vista la abundante producción académica de calidad publicada en aquel decenio. Y Ucelay-Da Cal, que quiere probar que conoce el percal y desea ante todo poner al intruso Peirats en su merecido puesto de cronista de tres al cuarto, anega al lector bajo una acumulación de referencias bibliográficas acompañadas de comentarios de los que podemos colegir que prefiere, y con mucho, Hugh
Thomas a Burnett Bolloten y al dúo Broué-Témime, pero sobre todo que profesa mucha admiración, lo cual no deja de ser raro tratándose de él, a Gabriel Jackson, mandarín notorio que un tal Noam Chomsky vapuleó en otros tiempos [17].

Para Ucelay-Da Cal, fue precisamente el ataque de Chomsky contra Jackson lo que salvó a Peirats del olvido al que tenían que haberle condenado los nuevos trabajos historiográficos, en particular los de Jackson [18] « ¡Qué gozada, escribe, debió ser para Peirats leerle! » Chomsky, esa « eminencia científica [que] dominaba con comodidad todas las exigencias de la bella maniera académica » y cuya prosa daba a entender, in fine, que « Peirats, el autodidacta, tenía toda la razón » (p. 95). A contrario, uno puede imaginar cual pudo ser la irritación del no todavía diplomado Ucelay-Da Cal al leer, en 1969, los contundentes análisis chomskianos sobre la « supeditación contrarrevolucionaria » del mandarinato estalino-liberal [19]… Una prueba: ahora que se ha vuelto una de sus principales figuras, sigue sin haberlos digerido.

Pero hay más: si la crítica chomskiana le sienta tan mal al profesor Ucelay-Da Cal, es que le parece imperdonable que, en el seno de la élite tal como él la concibe, alguien se pueda hacer, como ese « lingüista tan intensamente ideologizado » (p. 94), el portavoz de la chusma. Hasta tal punto que a nuestro profesor le parece casi la figura por excelencia de la traición. En la visión que tiene de la historia Ucelay-Da-Cal (y también posiblemente en la que tiene del mundo), a cada cual le corresponde un lugar determinado y a la chusma su
patio trasero. Si le reconoce a Peirats el derecho de escribir un libro –y es que nuestro neomandarín no deja de ser de lo más liberal–, no tenía, clama el autor del prefacio, el de pretender jugar en el patio de los mayores, aquel por el que Ucelay-Da Cal, convencido de su grandeza, transita a diario sin miedo a toparse con otros proletarios que no sean aquellos que barren dicho patio. La historia, escribe sin reír, pertenece a aquellos que tienen la belle manière, esto es, esa mezcla sutil de saber y de estilo que sólo otorgaría la pertenencia al mundo de la élite académica. Si hacer el ridículo matara, Ucelay-Da Cal ya estaría tieso y su cenotafio, debidamente mantenido por la servidumbre de la Generalitat y de la Pompeu Fabra, se habría convertido en un lugar señalado de romería de la soberbia postmoderna.

Uno se atreve a imaginar que la defensa grotescamente corporatista de la historia académica a la que se dedica Ucelay-Da Cal habrá incomodado un tanto a algunos de sus colegas –tal vez los propios Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero, promotores de esta edición–, pero es de suponer que, en las antecocinas del Alma Máter, cuando se trata de demarcarse de un mandamás, cada cual se limita a cuchichear, como en las del Vaticano cuando prolifera la pedofilia apostólica. El caso es que nadie, que sepamos, ni siquiera en los márgenes de la Universidad, tuvo las agallas de decirle a Ucelay-Da Cal que, a fuerza de defender en demasía a sus pares, la gente iba a terminar por creerse que eran culpables, o por lo menos sospechosos, de algo [20]. De donde se deduce que, entre dicha gente, el espíritu corporativo es exactamente proporcional al pánico que les embarga cuando, al decir simplemente lo que piensan, correría el mayor peligro su carrerrilla universitaria. Porque, en realidad, se sabe que Ucelay-Da Cal pasa, entre unos cuantos expertos universitarios del anarquismo, por un cantamañanas o un cínico. Y sin embargo, como se lo tienen muy calladito, el tipo sigue tan campante. En otros
tiempos, incluso en la Columbia University, a eso se le llamaba el poder mandarinal [21].

Dicho esto, y para volver a las valoraciones expresadas sobre el autor de La CNT en la revolución española, no es inútil precisar que la corporación de los historiadores no manifestó, ni mucho menos, las mismas prevenciones o reticencias que Ucelay-Da Cal en cuanto a la calidad histórica de sus trabajos. Así es como, en los años 1980, Julio Arostegui, otra figura de la historiografía contemporánea, solicitó a Peirats para que, en vista de « sus méritos científicos », integrara la Sociedad de Estudios sobre la Guerra Civil y el Franquismo (SEGUEF). Asimismo, y en la misma época, la Radio Televisión Española (RTVE) invitó a Peirats a formar parte de un comité de expertos encargado de valorar el rigor científico de una serie de documentales sobre la Guerra Civil que tenía por intención difundir en sus cadenas, propuesta que no fue impugnada ni por Paul Preston ni por los numerosos universitarios condecorados que integraron dicho comité.

Precisiones finales

Seamos justos, Ucelay-Da Cal no abomina por igual de todos los libertarios. Por ejemplo, a César M. Lorenzo, cuya tesis es exactamente contraria a la de Peirats, se le alaba por su « obra muy trabajada » (p. 96) [22]. El complimento, bien es verdad, sirve sobre todo para echarle en cara a Peirats el haber ignorado el trabajo de Lorenzo cuando la reedición, en 1971, en Ruedo Ibérico, de La
CNT en la Revolución española, un argumento por lo menos especioso cuando se sabe, por una parte, que Peirats redactó la introducción de dicha reedición en 1969, el año de publicación del libro de Lorenzo, y que, por otra parte, no dudó en decir todo el mal que pensaba del mencionado libro [23]. De hecho, al anarquismo de la chusma, Ucelay-Da Cal le prefiere, lo cual es su derecho, el
anarquismo de gobierno, línea que defendió Horacio M. Prieto, del que Lorenzo se ha hecho, desde hace cuarenta años, el constante apologista.

Asimismo Ucelay-Da Cal juzga las Memorias del muy político García Oliver [24] infinitamente superiores a las del muy antipolítico Peirats, cosa que uno puede admitir igualmente de buena gana. Lo que pasa es que, en un caso como en el otro, las alabanzas que les dedica Ucelay-Da Cal a Lorenzo y a García Oliver tienen una sola y única función: desacreditar al autor cuyas Memorias está encargardo de presentar. Por lo demás, poco importan Lorenzo, García Oliver o Peirats, ya que lo relevante, para Ucelay-Da Cal, es que, contrariamente a las esperanzas conjuntas de estos tres autores, el anarquismo obrero se haya hundido definitivamente, en los albores de la llamada Transición democrática, en « la auto-parodia » (p. 108) y que la CNT no haya levantado cabeza desde entonces.

Pero cuando hubiera podido limitarse a una simple constatación, ese desliz hacia la nada cobra, a través de la prolífica pluma de Ucelay-Da Cal, aspectos auténticamente orgiásticos. Para él, al parecer, las causas de la autodestrucción en pleno vuelo de la CNT serían múltiples: el desacrédito provocado por una supuesta alianza financiera de la Confederación con el catalanista Jordi Pujol para contrarrestar a los comunistas; la invasión de la casa madre por una « melenuda juventud masculina » acompañada de sus « amigas feministas » (p. 109); la « onda “psicodélica” » (p. 109) desbordando la « Semana Libertaria » de Barcelona cuando, en julio de 1977, el parque Güell se dio aires de « Woodstock catalán » (p. 110); la progresiva influencia del « homintern » (p. 110), o sea de la homosexualidad militante encarnada por el travestido Ocaña [25]; y, ocasionalmente, « con o sin provocación policial » (p. 108), el caso Scala [26]. El hecho es que, añade el histriónico observador de esa gozosa descomposición, Peirats, quien era « hombre chapado a la antigua » (p. 111), no podía reconocerse en esa CNT new style y prefirió, como García Oliver, « autoexcluirse » de ella
(p. 109). Esa forma de no retener sino los aspectos espectaculares de una época que vio, en efecto, la CNT, reconstruida en un tiempo récord, perder en cinco años la mayor parte de sus fuerzas en sus luchas intestinas, resume bastante bien el enfoque primariamente descalificante de Ucelay-Da Cal. La verdad es que, por muy duros que fueran los debates que agitaron a la CNT, merecían otro trato que la caricatura que les dedica el autor. Y, por mucho que diga éste, Peirats no se excluyó en absoluto de aquellos debates. Muy al contrario, los siguió de cerca y participó en ellos, por lo menos hasta la ruptura de 1979, fecha a partir de la cual decidió, bien es cierto, mantenerse al margen. Limitar los términos de un debate en que se enfrentaron varias visiones de la CNT –sindicalista stricto sensu, anarcosindicalista, anarquista y movimientista, para decirlo en pocas palabras– a su única dimensión generacional, es, in fine, dar muestras de una evidente incapacidad intelectual en ver mas allá de la espuma de los acontecimientos. En cuanto a recordar los términos del consenso que unificó, en aquellos tiempos de transacción, a la izquierda institutional –política y sindical–, a los postfranquistas y a los representantes del capital para aniquilar cualquier perspectiva de desarrollo de un polo radical de impugnación del sistema, de eso Ucelay-Da Cal se guarda muy mucho. Más le vale, en efecto, hacer pasar la CNT por un manicomio –lo cual era también, por cierto– antes que examinar, a fuer de historiador, las múltiples connivencias que contribuyeron, incluso dentro de ella, a su marginalización.

« Sin duda, Peirats logró ser un intelectual y superó con creces su origen de autodidacta, concluye el autor de este prólogo con sabor a requisitoria, pero al final descubrió que el reconocimiento otorgado a los “trabajadores del intelecto” en España era y es escaso, cuando no más bien despreciativo. » (p. 112). Detrás de esa enrevesada fórmula, muy significativa de la pobre prosa de Ucelay-Da Cal, está muy claro que ese « desprecio » que atribuye a España entera, él mismo lo ha estando manejando a lo largo de unas cien páginas.

Queda en el aire una pregunta: ¿por qué demonios Ucelay-Da Cal, que podemos suponer ocupadísimo en destilar su infinita ciencia en los lugares del saber asalariado, ha dedicado tanta energía en presentar tan profusamente la obra autobiográfica de un personaje que le resulta a todas luces insoportable? Lo inédito del caso, en efecto, no es tanto la aversión del mandamás –una aversión a la que podía haber dado libre curso, en forma de recensión, en una de las numerosas publicaciones académicas en las que colabora– como su
empeño en rematar a un muerto en las páginas de presentación de un libro que no va firmado con su nombre sino con el de su víctima. Así que no nos parece exagerado decir que ese parangón de objetividad académica acaba de inventar un nuevo método de ejecución intelectual, método tanto menos arriesgado cuanto que, como bien es sabido, los muertos no tienen derecho a responder.

Por esa misma razón hemos deseado responder nosotros a esa infamia.

Freddy Gómez
Traducido del francés por Miguel Chueca

[À contretemps, n° 38, septiembre de 2010, pp. 9-15]
http://acontretemps.org

Notas

1 José Peirats, La CNT en la Revolución española, tres volúmenes, Toulouse, Ed. CNT, 1951-1953 ; reed. París, Ruedo Ibérico, 1971. Sobre Peirats, remitimos al lector a la entrevista publicada en José Peirats, introducción de Freddy Gómez, « Cuadernos de historia oral n° 1 », Fundación Salvador Seguí, Madrid, s.f.

2 José Peirats Valls, Una experiencia histórica del pensamiento libertario. Memorias y selección de artículos breves, Barcelona, Anthropos, « Antologías temáticas », n° 18, enero de 1990, 160 p.

3 José Peirats Valls, De mi paso por la vida (Memorias), selección, edición y notas: Susana Tavera García y Gerard Pedret Otero, prólogo: Enric Ucelay-Da Cal, Barcelona, Flor de Viento Ed., 2009, 784 p.

4 El historiador Chris Ealham se encargó, en particular, de la edición inglesa de la obra maestra de Peirats, de la que fue el traductor, en colaboración con Paul Sharkey –The CNT in the Spanish Revolution, tres volúmenes, Christie Books, Hastings. Es autor, por otra parte, del excelente libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937 –Madrid, Alianza Editorial, 2005–, obra reseñada en el n° 25, enero de 2007, de À contretemps, p. 14.

5 Citemos, entre sus obras más conocidas, La Catalunya populista (1982) y El imperialismo catalán (2003). Sobre el movimiento libertario español, un tema que suele tratar de consuno con Susana Tavera García –del que esta última es en principio una especialista–, citaremos un estudio, firmado por ambos: « Grupos de afinidad, disciplina bélica y periodismo libertario, 1936-1938 », Historia contemporánea, n° 9, 1993, pp. 167-192.

6 José Montilla Aguilera es el actual presidente del Gobierno autonómico de Cataluña, la Generalitat. Miembro del Partido Socialista Catalán (PSC), ejerce dicha función desde 2008. Su principal oponente institucional de centro derecho es el catalanista Artur Mas, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ex feudatario de Jordi Pujol, inamovible presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003. La Fundació Trías Fargas –del nombre del economista liberal Ramón Trías i Fargas (1922-1989)– es un think tank local con vocación cultural. Retribuido por la Pompeu Fabra, que depende ampliamente de la generosidad de la Generalitat de Cataluña, es fácil entender que Ucelay-Da Cal le ponga una vela a Dios y otra al diablo: nadie sabe lo que puede depararnos el porvenir.

7 Sobre el particular, Ucelay-Da Cal se limita a notar que la única entrevista que mantuvo, en 1986, con Peirats, no suscitó, por parte del anarquista, ningún movimiento de simpatía hacia él. Para aquél, puntualiza, « yo venía de la pijería marxista y académica » (p. 101). Está claro que Peirats, que no comulgaba con ruedas de molino, sabía juzgar a la gente a las primeras de cambio.

8 Se notará que la voluntad de descalificación de Ucelay-Da Cal es tal que rellena sistemáticamente las citas de Peirats de unos « sic » zumbones, acompañados, de vez en cuando, de vengativos comentarios entre corchetes, método que no se suponía utilizado entre los historiadores diplomados.

9 Lo cual admite Ucelay-Da Cal al notar que Peirats sintió mucho gusto en conocer personalmente a Juan Peiró con ocasión de un mitin celebrado en Mataró, en el verano de 1937, o sea en el momento más intenso de la lucha interna entre « anticolaboracionistas » y « circunstancialistas ». « Las interacciones personales, indica, siempre eran más complejas y contradictorias en el mundo ácrata » (p. 69), lo cual es, al fin y al cabo, una forma de reconocer que no tenían porqué corresponderse, como entre los marxistas, con las líneas de división política interna.

10 José Peirats, Emma Goldman, anarquista de ambos mundos, Madrid, Campo Abierto, 1978 [reed. : Emma Goldman, una mujer en la tormenta del siglo, Barcelona, Laia, 1983].

11 José Peirats, Estampas del Exilio en América, Paris, CNT, s. f. [1951], pp. 72-73.

12 Precisaremos, a modo de anécdota, que lo políticamente correcto puede tener también una variante lingüística. Así es como Ucelay-Da Cal nota que « los preparadores de este volumen no han podido encontrar un solo texto suyo escrito en catalán » (p. 23), lo cual indicaría que hubiera estado en adecuación con la ideología lingüística dominante de su época: el españolismo. La deducción es tanto más curiosa cuanto que Peirats, que nunca ocultó su inquina por los nacionalistas catalanes, practicaba a diario su lengua materna, incluso en su correspondencia –depositada en el IISG (Amsterdam). En cuanto a publicar en castellano, como la mayor parte de los autores libertarios catalanes de su época, la causa es, muy sencillamente, que esa lengua vehicular aseguraba a sus escritos una difusión más amplia.

13 Ucelay-Da Cal no duda en afirmar que la adquisición de dicho estatus de intelectual tuvo por primer efecto ventajoso para Peirats desencadenar, a favor suyo, una campaña de solidaridad de sus pares en intelectualidad –entre ellos el « gran » Camus– cuando le detuvieron en Lyon, en febrero de 1951, como secretario de la CNT. En realidad, dicha campaña concernía no sólo a Peirats sino también a Pedro Mateu y a José Pascual, que no eran « intelectuales » para nada: no fue sino una de las muchas manifestaciones de solidaridad con los libertarios españoles, de las que Camus fue, bien es cierto, el incansable artífice –véase Freddy Gomez, « Fraternité des combats, fidélité des solitudes : Camus et Solidaridad Obrera, in Lou Marin, Albert Camus et les libertaires, Marseille, Égrégores Éditions, 2008, pp. 325-342. Pero eso le trae sin cuidado al muy objetivo Ucelay-Da Cal. Sólo le importa la conclusión, verdaderamente abyecta, de su demostración: « Las autoridades galas siempre han sido muy sensibles a la literatura, y un “terrorista” devenido autor es de inmediato un intelectual a proteger con todas las de la ley » (p. 76).

14 Apuntaremos que Enric Ucelay-Da Cal, que no gusta de libros de « encargo » cuando son de la CNT, fue él también solicitado, patrocinado y financiado por las instituciones catalanas en dos obras suyas por lo menos: Francesc Macía: una vida en imatges, Barcelona, Departament de la Presidencia, 1984, y con Francesc i Llussá, Macía i el seu temps, Barcelona, Diputació, D. L., 1985.

15 Fondo temático con el cual Ucelay-Da Cal relaciona a George Orwell, « fino estilista », pero « “socialista revolucionario” despistado » (p. 83).

16 Recordemos, para todos los efectos, lo cual no hace Ucelay-Da Cal, que, en la época en que Julián Gorkín [Julián Gómez García (1901-1987)] trabajaba, como otros muchos militantes internacionalistas antiestalinianos, para una u otra de las numerosas publicaciones del Congreso para la Libertad de la Cultura –Cuadernos, en este caso–, se pensaba que las actividades del Congreso eran financiadas por unas fundaciones culturales norteamericanas. La participación –oculta– de la CIA a dicha financiación no fue revelada sino en los años 1970.

17 Hugh Thomas, The Spanish Civil War, 1961 ; Burnett Bolloten, The Grand Camouflage, 1961 ; Pierre Broué et Émile Témime, La Guerre civile et la révolution en Espagne, 1961 ; Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, 1965 ; Noam Chomsky, « Objectivity and Liberal Scholarship », in : American Power and the New Mandarins, 1969. Notemos, por otra parte, que, a través de la matizada pluma de Ucelay- Da Cal, Bolloten se convierte en « obsesivo » (p. 93) del anticomunismo, Broué y Témime en especialistas de « la narración turbia » (p. 94) y Noam Chomsky en un demagogo « muy corto de luces » (p. 94). Además de los autores aludidos, Ucelay-Da Cal cita las obras de Stanley G. Payne, de Grandizo Munis (Manuel Fernández Grandizo) y de Carlos Rama –al que juzga demasiado « académico», una valoración bastante divertida por venir de quien viene, pero sobre todo con demasiadas simpatías para con los libertarios.

18 Por lo que se refiere al anarquismo español, Ucelay-Da Cal indica que la publicación, en 1973, del libro de John S. Brademas –Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937)– ha marcado el nacimiento de un movimiento de reapropiación de esa temática, abandonada hasta entonces a unos « aficionados », por « jovenes historiadores académicos» (pp. 103-104). Lástima que el académico historiador Brademas haya optado, al final, por hacer carrera –como representante del Partido Demócrata– en la política antes que en la historia. Por otra parte, omite señalar Ucelay-Da Cal que la ola posterior al 68 surtió algunos efectos en ese redescubrimiento universitario del anarquismo y que este súbito interés no indujo una ruptura tan nítida como lo pretende entre historia « académica » e historia « militante », la una alimentando a la otra muy a menudo y vice versa.

19 Sobre el tema, remitimos al lector al artículo de José Fergo, publicado en el n° 32, octubre de 2008, de À contretemps, pp. 8-10 : « Mai 37 et l’Alma Mater : du néo-mandarinat stalino-libéral ».

20 Ucelay-Da Cal, que no repara en nada a la hora de defender el honor de su corporación, va hasta lavarla, en bloque, de cualquier sospecha de adhesión al dispositivo ideológico, todavía operativo, instaurado por la Transición democrática. De creerlo, en efecto, « la historiografía académica […], profesional, universitaria » (p. 103) habría jugado entonces plenamente su papel de descubridora de la verdad al oponer su infinito rigor a una diarréica producción de testimonios militantes, cuya acumulación, dice, terminó por saturar el mercado de la memoria. Dichas afirmaciones omiten que, en aquellos años de la Transición, los profesionales más prestigiosos del Alma Máter se atuvieron globalmente a la misión democrática que les encomendó la ideología dominante a la que adherían: reducir la historia de la Guerra Civil a un conflicto clásico entre fascismo y democracia, edulcorando su dimensión social de guerra de clases. Sobre el particular, me permito remitir al lector a mi artículo: « Guerre civile : les soubresauts d’une histoire sans fin », À contretemps, n° 25, pp. 3-6.

21 Mucho más inexplicable, en cambio, se nos antoja el pesado silencio que observó la prensa libertaria española, en su totalidad, sobre este bochornoso prólogo. Se imponen al respecto dos hipótesis: o los anarquistas de España han dejado de leer, lo cual indicaría que están en consonancia con su época; o han bajado la guardia definitivamente, lo cual probaría que Ucelay-Da Cal hace bien en
despreciarles.

22 César M. Lorenzo, Le Mouvement anarchiste en Espagne. Pouvoir et révolution sociale, Les Éditions libertaires, 2006. El lector puede remitirse a la recensión que José Fergo hizo de dicho libro en el n° 25, de À contretemps, enero de 2007: « De la guerre sociale à la guerre civile, trajectoires et mutations de l’anarchisme espagnol », pp. 7-9.

23 José Peirats, « Los anarquistas y el poder », Frente Libertario, n° 1, septiembre de 1970.

24 A propósito de las Memorias de Juan García Oliver, El Eco de los pasos, haremos observar que Ucelay da a entender, muy elegantemente, que su editor, José Martínez Guerricabeitia, quien fue asimismo el de Peirats, habría apostado por dicha obra para « lanzar » Ruedo Ibérico en el mercado español tras la muerte de Franco. Y, chismoso a más no poder, añade: « No lo fue y hay quien asegura que Martínez no murió sino que se suicidió, de pura depresión » (p. 89). Deprimido, quizás, pero ¿porqué? ¿Porque el « García Oliver » no fue un best-seller o por estar asqueado por el espectáculo de una época en la que ya proliferaba la mediocridad democrática e intelectual? Sobre Ruedo Ibérico y José Martínez, remito al lector al n° 3 de À contretemps, junio de 2001, dedicado por entero al tema.

25 El travestido José Pérez Ocaña (1947-1983), pintor « naïf », fue un activista de la causa homosexual que, en aquella época del destape y merced a la película de Ventura Pons, Ocaña, retrato intermitente (1978), alcanzó cierta notoriedad.

26 El 15 de enero de 1978, mientras la CNT había llamado, en Barcelona, a una manifestación de masas contra el pacto de paz social llamado de La Moncloa, explotó una bomba en el Teatro Scala, atentado que la policia achacó de inmediato a los anarquistas y que tuvo por efecto principal criminalizar también a la CNT.

José María Izquierdo, El País, 29.8.2010

Es tan excesivo que siempre que te asomas a cualquiera de sus textos temes que te enfanguen sapos viscosos, hígados putrefactos y litros de sangre oscura, espesa y maloliente. Algunos son desechos históricos. Esto, por ejemplo, lo escribía Moa hace apenas mes y medio: “Hoy es 18 de julio, aniversario del levantamiento legítimo contra un gobierno-régimen ilegítimo, según creo haber demostrado. De aquel levantamiento procede la época de paz más prolongada que haya vivido España desde tiempos lejanos, también de mayor prosperidad, de abandono de viejos odios y, en fin, la democracia…”. Así que ante tanta excelencia, Moa ha elegido bando: “No pienso en modo alguno enrolarme en el amplio coro de antifranquistas que une en un haz, en un fascio, a Josu Ternera, a Otegui, a Carod, a Ibarreche, a Maragall, a Zapo, al portavoz de la corrupción y el terrorismo gubernamental Rubalcaba, a De Juana Chaos, o al héroe de Paracuellos”. Y es que los rojos son, además, mentirosos: “Una de las más indignantes falsedades de los enemigos de la justicia y la democracia encubiertos hoy como antifranquistas es precisamente su invocación a ‘la dignidad de las víctimas del franquismo’. Pero ¿quiénes fueron esas víctimas? Entre los fusilados y damnificados por el franquismo hubo un número muy elevado de chekistas y autores de crímenes realmente sádicos, sicarios abandonados por sus jefes huidos al extranjero con inmensos tesoros robados al pueblo español”.

Bien. Sentado su parecer histórico, vayamos, por ejemplo, a sus opiniones-gallinejas sobre los políticos actuales en su conjunto, que luego iremos al menudeo. ¿Les basta como ejemplo su reacción al documento firmado por todos los diputados tras la muerte del cubano Orlando Zapata? Fue ésta: “¿Cómo va a condenar al castrismo un Charlamento envilecido, formado mayoritariamente por delincuentes pro terroristas y pro chekistas, miembros de partidos corruptos hasta la médula y encubridores del 11-m, la chusma de las Cortes, esas gentes de la trola, el choriceo y el puterío?”.

Aunque las entrañas que más le gustan son las de Zapatero. Julio de 2004: “Zapatero ha obtenido el gobierno mediante las elecciones más sucias y marrulleras de la historia de la democracia española, rompiendo las exigencias del juego democrático o utilizando a su favor a quienes las rompían, y en alianza con fuerzas siniestras que le exigirán el pago”. Y el paso del tiempo solo ha servido para reafirmarle: “Desde 2004 tenemos un gobierno mafioso, esto es, ilegal e inmoral, conculcador de la Constitución, aliado del terrorismo, de los separatismos, de totalitarismos como el cubano o tiranías amenazantes como la marroquí, socavador de la independencia judicial, de la familia, fomentador de todas las formas de corrupción y que se siente heredero de un Frente Popular a su vez ‘rojo’ y causante de la guerra civil”.

Pero quizá lo peor de Zapatero sea su abyecta servidumbre con ETA. “Los servicios de los socialistas a la ETA han sido inverosímiles (…): ha legalizado sus aparatos políticos, les ha inyectado gran cantidad de dinero público, ha dado a los terroristas proyección internacional, más dinero con motivo de la ‘ley de memoria histórica’, les ha facilitado una buena imagen mientras trataba de hacer añicos la de las víctimas del terrorismo, de silenciarlas y dividirlas. Ha justificado y premiado, en fin, el asesinato como método de hacer política”. Porque en definitiva, ¿acaso hay alguna diferencia entre socialistas y etarras? Dos gotas de agua, explica Moa: “Son muchos y muy importantes los lazos entre el gobierno actual y los pistoleros: unos y otros se proclaman ‘rojos’ y socialistas: son profundamente ‘antifranquistas’ (…) denuncian las “injusticias del capitalismo” en el mundo; simpatizan con ‘los pueblos oprimidos’ y las ‘civilizaciones’, como llaman a las cleptocracias tercermundistas; son feministas y amantes del ‘progreso’; tienen en poco a España, su unidad y carácter nacional, por no decir que los desprecian… Hay, realmente, muchas y sólidas coincidencias ideológicas entre Zapo y De Juana Chaos, entre la vice y Ternera, que permiten un amplio abanico de negocios y diálogos”.
¿Hemos escrito feministas? Más para la casquería: “Leo que, al grito de ‘nosotras parimos, nosotras decidimos’, un grupo de feministas agredió a un anciano en Madrid, y otro grupo se desnudó en Barcelona durante y contra las manifestaciones antiabortistas. Con seguridad, esas marimachos y arpías no paren (y hacen bien, por lo que atañe a su posible prole)”. O bien esta otra mollejita: “Si alguien creyera aún en la inferioridad de la mujer, podría encontrar un sólido argumento en las tiorrejas del gobierno y la mayoría de las diputadas. ¡Qué elementas! Y con toda desvergüenza, dicen representar a ‘la mujer’. Afortunadamente no es así, pero debe reconocerse que contaminan mucho”.

También le gusta exponer en el puesto del mercado, colgados de los ganchos, algunos escritos sobre homosexualidad: “Por supuesto, no odio a los homosexuales. Tengo amigos o conocidos que lo son y no se me ocurre juzgarlos a partir de su desgracia -pues sin duda lo es- (…) Parece bastante claro que la homosexualidad es una tara, es decir, una desviación de la sexualidad normal, demasiado evidente para precisar muchas explicaciones”. Que quede claro que “nadie en su sano juicio ‘opta’ por la homosexualidad, como no opta por la cojera, o por la miopía o por una inteligencia escasa”.

No quiero dejarles una imagen amarga de este último jinete, y por tanto de la serie, así que les regalo una propuesta suya de chiste, a raíz de aquella famosa portada de El Jueves con los Príncipes: “¿Por qué no una caricatura de Zapo y su señora en la misma posición, más Zerolo dando al primero por detrás (motivo de orgullo para ambos)?”.

Por dejarles con una gracia.
(Los jinetes del Apocalipsis: …).

Luis Pío Moa Rodríguez
nació en Vigo en 1948. Se ha especializado en temas históricos, preferentemente de la II República, la Guerra Civil y el franquismo. Ha escrito numerosos libros, algunos de gran éxito. El último es una Nueva Historia de España, en la editorial de El Mundo. Tiene su propio blog, escribe en Libertad Digital y en Época. En las postrimerías del franquismo militó en el PCE, en el PCEr y actuó con los GRAPO. Luego cambió. Exuberante en el lenguaje, su prosa se reseca para relatar su participación en el asesinato de un policía en 1975: “Yo llevaba un jersey muy grande y ancho, y, oculto en la manga, un martillo de soldador (…) Cerdán llevaba una pistola pequeña, que casi parecía de juguete (…) se puso frente al policía, y yo del lado donde éste tenía el arma. En caso de que la pistola de Cerdán fallase y él quisiera sacar la suya, pensaba destrozarle la mano de un martillazo”.
(Ver http://www.elmundo.es/cronica/2004/431/1074518894.html)

Para la mayoría de quienes la vivieron, Manuel Azaña personificó, como ningún otro de sus protagonistas, la Segunda República. Para sus partidarios, encarnaba los valores cívicos y laicos del régimen, como para sus enemigos los demoniacos y antinacionales. Para bien o para mal, él era la República. Y con razón, según se deduce de este libro de Santos Juliá. Un libro muy esperado por quienes habían seguido la trayectoria de este autor, que sobre Azaña publicó ya en 1990 una biografía excelente -aunque parcial, pues sólo cubría la política y sólo los años 1930-1936-, prologó en 1997 los Cuadernos robados y recopiló e introdujo el año pasado las Obras completas. Nadie, pues, más cualificado para ofrecer, como hace ahora, una biografía completa del segundo y último presidente de aquel régimen iniciado en la euforia multitudinaria de abril de 1931 y hundido en el sangriento enfrentamiento de 1936-1939.

Este volumen es mucho más que una repetición o resumen de ideas o páginas anteriormente publicadas por Santos Juliá. Se trata de una obra nueva, coherente y cerrada en sí misma. Una obra, además, centrada en el personaje, pues debatir los problemas políticos del largo periodo que cubre hubiera exigido una extensión inabarcable. Su tema no es la política española de 1900 a 1939: es Manuel Azaña, su evolución intelectual, estética y política, su psicología íntima, los dilemas específicos con que se enfrentó, las soluciones que ideó y defendió para ellos; y, en especial, los instrumentos políticos que utilizó, lo que casi equivale a decir sus discursos.

Respecto de la imagen conocida de Azaña, lo más innovador que ofrece esta biografía es que no fue un oscuro funcionario catapultado al escenario público por el 14 de abril y que se adueñó de la situación un poco por azar y un mucho por influencia de tenebrosas logias. Juliá dedica casi trescientas páginas al Azaña anterior a 1931, en las que sigue con detalle su formación intelectual y política. Deshace ahí la imagen, que el propio biografiado cultivó, de “señorito benaventino”. Nada de bohemia ni de indolencia; por el contrario, trabajo metódico, cuidadosa preparación de conferencias, lectura de libros de difícil acceso en el Madrid de la época; y actividad trepidante, con años en los que pudo ser a la vez secretario del Ateneo, funcionario de la Dirección de Registros y Notariado, pensionado en París, activista aliadófilo y director de revistas literarias como España o La Pluma. Nada, tampoco, de genialidades o giros políticos caprichosos; coherencia, en cambio, alrededor de una idea fija: la transformación del Estado, como instrumento de modernización de la sociedad. Y, pese a ello, tampoco jacobinismo: por el contrario, implicación seria en la opción posibilista dirigida por Melquíades Álvarez hasta que, tras concluir que la monarquía era el obstáculo más insalvable para la democratización y modernización del Estado, se sumó a quienes llamaban a la revolución republicana.

Lo que sí confirma esta biografía es que Azaña era un político “intelectual”, en el mejor sentido de este término, es decir, alguien que estudiaba a fondo los problemas, tanto a partir de la historia española como por comparación, en especial del modelo francés. Pero intelectuales metidos en política había habido en España desde hacía décadas: desde Salmerón o Azcárate hasta Ortega, pasando por los noventayochistas y los trágicos exégetas del “problema español”. ¿En qué se diferenciaba Azaña? De la generación del 98, en que veía en ellos pura rebeldía sin objetivo político, sin plan alguno para reformar el Estado; en que proponían caudillos, hombres providenciales, “cirujanos de hierro”, sin comprender que sólo la democracia asentaba la legitimidad del sistema. De Azcárate u Ortega, que no piensan en política, sino en principios ético-filosóficos o en tarea pedagógica. Aunque cabría preguntarse si el propio Azaña no relegó también la política. Porque su propio planteamiento de estadista, sus serios y coherentes diagnósticos histórico-políticos -que hacían de él un ser tan “raro”-, son la base de su convicción y de su atractivo, pero también de su insoportable sentimiento de superioridad, de su convencimiento de que todo lo podía resolver con un discurso. Lo que le llevaba a no dedicar tiempo a organizar un partido, a crear redes de clientelas, a buscar acuerdos con intereses corporativos; que son la esencia de la política.

Otro aspecto en el que esta biografía pulveriza la imagen acuñada por los enemigos de Azaña es el de su supuesto antipatriotismo. Azaña defiende el sentimiento nacional, pero en la línea de Cicerón o Maquiavelo: como orgullo de pertenecer a una sociedad capaz de dotarse de instituciones libres. La nación, así entendida, es para él un instrumento de modernización. Las identidades culturales se forjan, sin duda, a lo largo de siglos, pero sólo son naciones modernas cuando se asocia a ellas el sentimiento de soberanía colectiva sobre el territorio que convierte a los súbditos en ciudadanos. De ahí que las naciones, lejos de ser eternas, sean necesariamente recientes, observación en la que Azaña se adelanta a los enfoques hoy dominantes sobre el tema. La nación en la que él piensa es, además, compleja, y permite el reconocimiento de identidades culturales diversas. Lo que le hace defender el Estatuto catalán (a diferencia de Ortega, que sólo predica “conllevar” el “problema”), como instrumento de modernización, como avance hacia la adecuación del Estado a la realidad social. Siempre, claro está, que no fomente sentimientos patrióticos basados en la identificación étnica, que responden -en palabras del propio Azaña- a un “concepto islámico de la nación y del Estado” y cuyo modo de expresión es el “alarido”.

En conjunto, el retrato que de Azaña ofrece Santos Juliá es muy positivo. Se identifica, en buena medida, con su biografiado, en el que apenas aprecia carencias o errores. No se plantea si la actuación de Azaña durante el segundo bienio no coadyuvó al triste final del régimen. No pidió, sostiene Juliá, la disolución de las Cortes tras los resultados electorales de 1933. Pero su pasividad como diputado en 1934-1935 no es coherente con su reiterada defensa del Parlamento como eje de la democracia; y su participación en las maniobras para desbancar a los radicales tras el asunto del estraperlo ayudó a liquidar el centro político en los cruciales meses anteriores a febrero de 1936. Ante la intentona revolucionaria de octubre de 1934, Juliá reconoce su ambigua actitud; y detalla sobre sus iniciativas en pro de una mediación británica durante la Guerra Civil, que en alguna ocasión sobrepasaron sus atribuciones constitucionales.

Los últimos momentos de la vida de Azaña son sobrecogedores. La Guerra Civil, drama personal y colectivo para todos, lo fue en especial para él. Era lo peor que podía imaginar. Todo su esfuerzo por civilizar el sistema político, por crear una nación de hombres libres, se venía abajo. Ante la tragedia sintió horror, asco, tentaciones de dimitir, en especial cuando le llegó la noticia de los asesinatos en la Modelo de Madrid, entre otros el de su antiguo jefe, Melquíades Álvarez. Pero eso no quiere decir, insiste Juliá, que fuera una “tercera España”. Supo siempre muy bien que los culpables de la matanza eran quienes habían urdido y perpetrado el golpe de Estado, un crimen de lesa patria. Los siguientes, en orden de culpabilidad, eran las democracias europeas, que habían abandonado al régimen republicano a su suerte. Pero atribuía también responsabilidad a los “leales”, por ser incapaces de imponer disciplina e impedir los desmanes de sus grupos más radicalizados. Todo ello explica su aislamiento y su depresión, que le acabó llevando a su shakespeariana agonía de 1940, en un hotel provinciano, protegido por la bandera mexicana de los nazis y los comandos enviados por Serrano Suñer para raptarle y poderle fusilar en España.

Un libro apasionante. Será, durante mucho tiempo, la biografía de referencia de Manuel Azaña.

Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940), Taurus Madrid, 2008, 394 pp,

Navarra sufre un grave trastorno más propio de la Edad Media que del siglo XXI. El Opus Dei, prelatura de la iglesia católica, mantiene su imperio en la comunidad foral, con la generosa aportación de los contribuyentes, a pesar de lo cavernario de sus planteamientos ideológicos y de que su nacimiento e implantación están estrechamente vinculados con el franquismo.

Durante 2008-2009, 13197 alumnos (el 40% vascos) cursaron estudios en la universidad del Opus Dei y en su clínica trabajaron 499 médicos y 768 enfermeras. También le pertenecen el PIUNA (Plan de Investigación de la UN), el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, en busca de un premio Nobel que justifique las decenas de millones invertidos en el proyecto y el ICT (Instituto Científico y Tecnológico). Cuenta además en sus bibliotecas con un fondo bibliográfico de más de un millón de volúmenes y su editorial, EUNSA, publica casi un centenar de títulos nuevos al año.

La obra del santo y marqués Escrivá es la historia de la filia y obediencia franquistas, de un brillante proyecto que sabe succionar las ubres de las arcas públicas y del tirón populista de San Josemaría, quien dejara clara su santificada modestia el 25 de octubre de 1960 en Iruñea: “Señor alcalde: al recibir de vuestras manos el honroso título de hijo adoptivo de esta noble ciudad de Pamplona, no voy a caer en la falsa humildad de decir que no merezco tan alta distinción. Si lo hiciera, faltaría a la verdad y causaría agravio a vuestra justicia”. La inauguración de la universidad se convirtió en una cumbre del nacionalcatolicismo español con la presencia de numerosos cardenales, capitanes generales, ministros y gobernadores. Preguntado Escrivá ¿por qué en Navarra? contestaba: “Ésas son cosas de Dios, que tiene un gran amor a Navarra”. Y la diputación navarra y el ayuntamiento pamplonés correspondieron con desprendimiento a ese amor divino.

INMUDENSA, CIUNSA E INUNSA se convirtieron en las empresas clave del imperio poniendo así en evidencia que ni tan siquiera es una universidad de la iglesia católica sino un megaproyecto privado de la Obra. La diputación puso a su disposición el edificio de la Cámara de Comptos y el Museo de Navarra para la incipiente facultad de derecho y construyó gratis la de medicina. El ayuntamiento cedió 300 mil metros cuadrados y abrió el expediente de expropiación de otros 900 mil, mientras la banca pública les concedía créditos inmejorables. Aún así, gracias a la lucha de concejales como M.A. Muez, J. Martínez Alegría y J. Velasco, y a pesar de que les intentaron sobornar con pisos, coches y dinero, se construyó el Instituto Politécnico de Pamplona, cuyo solar pretendía la Obra para su nueva facultad de arquitectura. Con ellos había dado un vuelco la relación de fuerzas del ayuntamiento y el Opus perdió el control absoluto del que disfrutaba.

Ante la férrea oposición de los nuevos ediles tuvo que ser el Consejo de Ministros, capitaneado por Carrero Blanco, quien aprobara la expropiación forzosa de los golosos terrenos municipales en favor de la universidad, lo que obligó al ayuntamiento a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios para, inmediatamente, entregárselos al Opus. Esta carísima parcialidad hacia la Obra llegó a provocar la airada protesta del procurador Fernando Suárez que denunció en las Cortes franquistas (1967) el favoritismo con esta universidad.

En 1968 el 70% de lo presupuestado para investigación en los centros universitarios del estado iba a parar a la del Opus. En 1980 se calculaba que el dinero que aportaba la diputación a la universidad era de 100 mil pesetas de media por alumno navarro al año, beca casi del techo de Oxford.

El Opus dice financiarse con las dádivas de los fieles, lo aportado por sus empresas, sobre todo en el sector de la edición de libros y medios de comunicación, arrendamientos (todo un imperio inmobiliario en Iruñea gracias a la universidad y a la clínica) herencias, sus millonarias inversiones (como la agencia de fondos de inversión Sextante Partners AV, participada por la Fundación Universitaria de Navarra) y las subvenciones públicas que supondrán cerca del 40% de los 98,5 millones de euros presupuestados para el cuatrienio 2009-2013. Las arcas públicas siguen financiando un emporio creado para preparar los cuadros de mando de una sociedad conservadora y expandir la doctrina del fundamentalismo católico.

Para el Opus “el pecado original lo explica todo maravillosamente”, en la misma línea de los neocon estadounidenses que cuestionan el evolucionismo (en 2010 César Martínez, director creativo de G. Bush, McCain y Sarah Palin, impartió un máster en comunicación política en la UN) lo que convierte a la pobre enseñanza impartida en su universidad en sectaria, sexista y decimonónica. Influir en la sociedad del modo más discreto posible ha sido su máxima; asumió con clarividencia que la economía es ideología concentrada y fue fiel al consejo del Caudillo: “Haced como yo, no os metáis en política”, lo que a algunos fieles de la Obra no les ha impedido cometer el pecadillo de mantener una doble militancia en UPN, PP o PNV.

El Opus nació en Italia con Mussolini y en el estado español con Franco, de quien San Josemaría se convirtió en director espiritual. Destacados numerarios y supernumerarios de la Obra fueron máximos responsables del aparato franquista durante sus últimos 15 largos años (Carrero, López Rodó, López Bravo, el profesor de Juan Carlos Borbón, A. Fontán) durante los que se reprimió, torturó y fusiló sin denuedo. También se preocuparon de diseñar una transición basada en la conocida cita de Francisco Franco: “lo dejo todo atado y bien atado”.

La constitución de la II República establecía la separación entre Iglesia y Estado, suprimía el presupuesto para el clero e implantaba la educación laica que Franco desbarató devolviendo a la Iglesia la responsabilidad en la enseñanza de las nuevas generaciones. En cualquier sociedad verdaderamente democrática se pedirían cuentas por el bagaje histórico de la Obra y, por supuesto, se dejaría de financiar a una institución tan sumamente impresentable.

Patxi Zamora es periodista.

Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.

Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.

Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.

Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.

El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.

En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.

Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.

En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida “limpieza étnica”.
Y aquí llega el segundo mensaje perverso:

Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron “honrados” y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser “honrados” -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.

Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas…) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista…) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!

Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.

Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que “sus” muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran “mártires de la Cruzada”, afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.

Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron “héroes de la Democracia”.

Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.

Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en “represión revolucionaria” y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente “de derechas” para dar el paseo a sus moradores y, de paso, “requisar” en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.

Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al “compañero” García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.

Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados… ¿Con honores?

¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva “revolucionaria”. En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada… “Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz”, ¿recuerdan?

En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual “el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas” (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.

Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.

¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.

Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.

Joaquín Leguina es economista.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Enterrar/muertos/elpepiopi/20100424elpepiopi_12/Tes

El enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo de España (que en su seno tiene miembros que simpatizan con el golpe militar de 1936), en respuesta a la denuncia realizada por el partido fascista (La Falange) en protesta por el intento de tal juez de llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos realizados por la dictadura, muestra claramente varios hechos que no han sido suficientemente comentados en los medios de información y persuasión que gozan de mayor difusión del país. Uno es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato del estado dictatorial continúan teniendo una gran influencia sobre el Estado español.

El segundo hecho que tal caso ha mostrado es que el espectro político español está profundamente sesgado a la derecha, mucho más que en la mayoría de países de la UE-15. Las derechas españolas corresponden, en el espectro político europeo, a la ultraderecha. En la Unión Europea, los partidos ultraderechistas han sido los únicos que han apoyado el enjuiciamiento de Garzón, tal como han hecho en España los dirigentes del PP. La gran mayoría de la derecha europea ha denunciado y condenado tal enjuiciamiento y los grandes rotativos conservadores y liberales europeos han denunciado esta bochornosa situación, mostrando con ello que el PP –que apoyó tal enjuiciamiento– es un partido de la ultraderecha europea de raíces franquistas, lo cual también explica su resistencia a condenar aquella dictadura por su nombre. Lo máximo que ha hecho el PP ha sido condenar genéricamente todas las dictaduras totalitarias (en las Cortes Generales, el 20-11-02), sin referirse concretamente a la dictadura franquista por su nombre (ver mi artículo “El PP, ¿un partido franquista?” en www.vnavarro.org).

El tercer hecho que el caso Garzón ha evidenciado es la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos y/o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura y el impacto sumamente negativo que tal dictadura supuso para el desarrollo económico, político, social y cultural español. Esta resistencia de los vencedores y sus descendientes aparece en su persistente referencia a la equidistancia en las atrocidades realizadas por lo que llaman “los dos bandos” de la Guerra Civil.

Este argumento, ampliamente reproducido por los vencedores y sus descendientes (que dominan la vida política, mediática y cultural española, sean del color político que sean), pone en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. La forma extrema de esta equidistancia aparece en los escritos de Juan José López Burniol y de Gregorio Marañón, que indican que los vencedores tenían tanta razón moral y política como los vencidos, pues ellos (los vencedores) eran buenas personas y también lucharon por sus ideales. Según este relativismo moral y político, no se podría condenar ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini, pues todos ellos en su vida personal eran “buenas personas” (seguían la moral convencional de su tiempo) y creían que lo que hacían era lo mejor para España, Alemania e Italia, respectivamente.

Tal equidistancia es, en realidad, más una justificación que una explicación de lo ocurrido en España, intentando ofuscar las responsabilidades habidas en aquel periodo. Poner a los curas y monjas asesinados por los republicanos en las misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y democráticamente elegido. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que nunca ha estimulado a la Iglesia a hacer una reflexión sobre por qué era tan odiada) y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes –comprensibles, pero no justificables– no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años en que el repetido insulto (se les definió como pertenecientes a una raza y/o cultura inferior) no se podía contestar ni siquiera en la intimidad familiar, pues los padres no osaban hablar de ello con sus hijos con el fin de protegerlos. De ahí que hablar de reconciliación como las bases de la Transición y de la actual democracia es idealizar acríticamente un proceso claramente inmodélico. ¿Cómo quieren que la hija de un alcalde republicano asesinado, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, se reconcilie con un juez del Tribunal Supremo que apoya el golpe militar o con José Juan Toharia, que escribió en El País, nada menos que el 18 de julio (74 aniversario del día del golpe fascista), que los dos bandos eran “fundamentalistas fanáticos”, insultando a todos los que defendieron la democracia?

Por cierto, no se ha hecho todavía la novela o película antifascista perfecta, pues estas tendrían que mostrar que los fascistas eran muy buenas personas (iban a la iglesia, no robaban, les gustaba la música clásica y amaban a sus familias) que, cuando creían que iban a perder sus privilegios, apoyaban a otras que asesinaban, robaban, torturaban y hacían enormes barbaridades para continuar manteniendo sus privilegios. Y ellos, “las buenas personas”, lo sabían. De ahí la enorme necesidad de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Tengo demasiado respeto a Santos Juliá como para despachar este asunto de la manera simplista en que lo hace Intereconomía; pero no puedo evitar la expresión de algunas discrepancias. Lo que había en España el 18 de julio de 1936 era un régimen democrático empeñado en una política reformista, definida así en el pacto del Frente Popular: “La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social”. Los “partidos obreros” habían aceptado estos límites por unas razones que Martínez Barrio expuso claramente en 1937: “El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria”.

Aunque hablasen de revolución para azuzar los miedos de la derecha, los militares y sus asociados se sublevaron en realidad contra la democracia republicana. Lo dicen sus primeros textos internos, como el de Mola, que proclama: “Es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder”. Lo que debía hacerse era “un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo”, de modo que en el futuro “nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (…), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo”. De forma más expresiva lo decían los militares de su entorno, que, como nos cuenta su secretario en la primera versión de sus recuerdos, sostenían que “hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”, lo que ejemplificaban con “la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros”.
Cuando se analiza la violencia inicial del levantamiento, se puede ver que se trata sobre todo de asesinatos preventivos, movidos por el deseo de desarticular hasta sus raíces la sociedad republicana. Se mata a alcaldes y concejales, a sindicalistas o a maestros de escuela. ¿Cómo explicar de otro modo el asesinato en los primeros días de tantos maestros de escuela? ¿O el hecho de que hubiese tantas víctimas en provincias que votaban tradicionalmente a las derechas y donde el movimiento había triunfado sin resistencia? No eran víctimas de una guerra civil que no existía aún cuando sus muertes fueron decididas, sino de un proyecto de exterminio colectivo.

En un balance sobre la violencia roja y azul que aparecerá próximamente, José Mª García Márquez ha reconstruido la realidad de los asesinatos del verano de 1936 en la provincia de Sevilla. Se trata de hombres y mujeres que murieron sin dejar rastro, no porque fuesen víctimas de actos incontrolados, sino porque hubo una voluntad deliberada de ocultación. Una de las aportaciones más interesantes de su investigación es la certeza de que las autoridades de la revuelta tenían exacta noticia de cada muerte que se producía.

Esta primera oleada salvaje de los muertos en los descampados y en las cunetas, realizada cuando no había motivo alguno que pudiera legitimarla, es la que revela con más claridad la naturaleza y el sentido de esta violencia fundacional. Después empezó una Guerra Civil que desbordó el proyecto político republicano y dio paso a una situación nueva, en que el análisis de la violencia de ambos bandos debe hacerse sin duda con algunas de las cautelas que preocupan a Santos Juliá. Pero la suposición de que la crisis del proyecto del Frente Popular se hubiese producido de todos modos sin la provocación inicial de la revuelta no aparece justificada por el estudio de lo que ocurrió en la primavera anterior. Y, privada de esta legitimación, la violencia azul del verano de 1936 resulta ser el mayor crimen colectivo de la historia de España: un crimen contra la humanidad que no tiene amnistía ni perdón.

Josep Fontana,  miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es catedrático emérito de Historia y  dirige el Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Maestro indiscutible de varias generaciones de historiadores y científicos sociales españoles, investigador de prestigio internacional e introductor en el mundo editorial hispánico, entre muchas otras cosas, de la gran tradición historiográfica marxista británica contemporánea, Fontana fue una de las más emblemáticas figuras de la resistencia democrática al franquismo y es un historiador militante e incansablemente comprometido con la causa de la democracia republicana y el socialismo.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3454

“Vienes a verme porque soy el único que queda” exclama con sorna y se ríe. Federico Álvarez Arregui me recibe en su austero despacho del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este vasco es de los pocos exiliados republicanos que siguen vivos y en activo en México. Desde este ajustado despacho, de unos 15 metros cuadrados y que comparte con su asistente, dirige desde hace 8 años, la revista Literatura Mexicana, una publicación académica sobre filosofía y las letras en lengua castellana. Es su trinchera particular, desde donde, pese a sus 83 años, sigue aportando al acervo cultural local. Pertenece a esa generación de intelectuales españoles que perdió nuestro país a causa de la Guerra Civil y la dictadura franquista y que en cambio, con su esfuerzo, engrandecieron la cultura mexicana y siguen haciéndolo, aunque son cada vez menos, entre ellos Álvarez Arregui, quien después de la risa, prosigue su primera frase: “no es cierto, quedan algunos más pero ya estan enfermos o muy mayores, con lo cual yo me convierto en bateador emergente”, agrega haciendo un símil con el béisbol que me recuerda sus primeros años de exilio en Cuba.

El hijo del fundador de Izquierda Republicana en Guipuzcoa llegó en 1940 a la Habana a reencontrarse con sus padres después de 4 años de no verlos, pues ellos se habían quedado en Madrid después de la toma de San Sebastián por el bando nacional, y ya en la derrota cruzaron la frontera a Francia donde sufrieron los campos de concentración y finalmente pudieron salir a Cuba. Cuando Álvarez desembarcó solito del Magallanes, tenía 13 años y en la mochila traía 4 años de vivir en territorio franquista, rezar cada noche el rosario con su abuela e ir a la escuela de los Marianistas. Con este equipaje la isla le sorprendió por su luminosidad, su sol, su música, su diversidad racial y su exuberancia. “Soy un exiliado particular porque mi llegada a Cuba fue de una felicidad infinita”, asevera y se le ilumina la cara recordando el colorido cubano.

Allí pasó 7 años trascendentales de su vida, hasta los 20, y asegura que “Cuba nos integró, por lo menos a mi generación pues el pueblo cubano era enteramente antifranquista, entonces nosotros los exiliados, éramos los buenos”. Con esta disposición, estudió el bachillerato e ingresó en la carrera de ingeniería. Allí militó en los movimientos estudiantiles de izquierda radical, y bebió del caldo de lo que pocos años después sería la revolución.

Sin embargo, Cuba no integró a los intelectuales exiliados en sus estructuras culturales como hizo México. En las universidades había cuotas para profesores extranjeros y muy pocos españoles tuvieron cabida. Por eso a sus 20 años, toda la família se mudó a México, donde empezó a relacionarse con la flor y nata de la intelectualidad republicana. Esas relaciones le devolvieron su españolidad pues Federico en ese momento ya se sentía un joven latinoamericano. “Cuando llegué a México no sentí ninguna estrañeza cultural, social o política y al igual que el resto de mi generación de exiliados, que no la de nuestros padres, participé totalmente en la vida política de México. Participaba en las movilizaciones de los ferroviarios, de los mineros, de los estudiantes… Eso sí, en las manifestaciones del 1 de mayo marchábamos en el contingente de la República.

Y es que los exiliados mantuvieron la llama de la democracia encendida desde la distancia. Y México fue uno de sus principales bastiones. Álvarez Arregui recuerda como en 1945, se reconstituyó la II República en la Sala de Cabildos, en la sede del gobierno del Distrito Federal, la residencia de los Virreyes en el periodo colonial. “Durante 24 horas, aquel hemiciclo fue España”, espeta con un repentino brillo en los ojos y continúa, “vinieron diputados de todos lados, exiliados en París, en Argentina, y se reunieron las Cortes por primera vez desde el 39, José Giral fue electo presidente, fue el único que recogió el variopinto sentir de los exiliados”.

Los exiliados no eran una masa uniforme. Por encima de las diferencias sociales y económicas, prevalecían las diferencias políticas que existían en la República y que se acentuaron en la Guerra Civil. Sin embargo, a todos les unía el sueño republicano y la nostalgia de la patria perdida.

“El exilio es un destierro, te fuiste y perdiste la tierra, porque sabes que no puedes regresar, al menos por un tiempo largo. La mayoría de los exiliados teníamos esa sensación permanente de destierro, una desazón que nos acompañaba siempre, y que de repente, se volvía hacía dentro y sentías como angustia de no poder volver a España”, recuerda con los ojos empañados de agua. Y continúa “saber, por ejemplo, que tus abuelos se están muriendo y no puedes ir a verlos…” Es el único momento de la entrevista en que, a este enérgico hombre de 83 años, se le enturbian los ojos, porque, de carácter afable y jovial, recuerda con alegría el peregrinaje vital que le ocasionó el exilio, y de hecho reconoce que ahora ya no vuelve porque ya no quiere. “Yo soy tricéfalo, soy mexicano, cubano y vasco”, confiesa. Y se explica: “este es mi país, aquí vivo, aquí trabajo, aquí me dan premios…”.

Sin embargo hay algo dentro de él que se resiste a serlo del todo. Pese a haber vivido más de 40 años en México sigue conservando, casi intacto, el acento vasco, y mantiene sus relaciones con sus compatriotas ibéricos.

De hecho, un telefonazo interrumpe la conversación. Es Joaquin Díez Canedo, quién ha continuado la gran labor editorial que hizo su homónimo padre primero en la editorial Joaquín Moritz y en el Fondo Económico de Cultura, publicando tanto a los exiliados españoles como a los grandes escritores mexicanos, incluso antes de que se les reconociera.  Le habla para comentarle que ha recibido el último manuscrito de otro exiliado, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Álvarez Arregui ya conoce de su existencia.
“Hemos sido como una gran família”, me cuenta. De hecho Álvarez Arregui se casó con Elena Aub, la hija de Max Aub, y uno de los testigos fue Juan Rejano, por no nombrar a todos los intelectuales que estaban invitados a la boda. Al igual que la mayoría de exiliados políticos, la pareja se involucró en la lucha antifranquista. A finales de los 50, participaron en el Movimiento Español (ME/59), con la idea de llenar el exilio de contenido ideológico y organizarse con la resistencia contra el régimen del interior del país.

Cuando ya veían acercarse la caída del dictador, conformaron, junto a otros intelectuales y líderes de izquierda, la Junta Democrática que pretendía movilizar unitariamente a la oposición antifranquista, con un programa político rupturista que abogaba por una consulta ciudadana para volver a la República. Un proyecto que se frustró con la transición, que Álvarez Arregui califica de “vergüenza”. “La transición nos permitió llenar las calles de banderas rojas, ver pornografía e ir a unas elecciones donde acabó ganando la derecha”, apostilla, y continúa: “los pactos de la Moncloa son un pacto de olvido. Se prohibió hablar del exilio y de la guerra, esa fue la tercera y última derrota de los exiliados”.

Y asegura que el exilio fue una derrota permanente, que empezó con el destierro, pero que tuvo su segundo golpe en el 1955 cuando la comunidad internacional levanta el aislamiento al gobierno franquista y lo acepta en el seno de las Naciones Unidas, y por lo tanto, desconoce el gobierno republicano que tenía sede en París y embajada en México. Sólo este último país y Yugoslavia, con Tito a la cabeza, mantendrán el apoyo al gobierno del exilio hasta la transición.

Álvarez Arregui se enerva al hablar de la transición, y aunque fue entonces cuando pudo y quiso volver al Estado español, los 10 años pasados en Madrid, entre el 1971 y el 1981, le decepcionaron. Ahora, va de visita una vez al año, a ver a sus hijos y a Congresos, pero asegura que se regresa tan pronto puede.

“No lo aguanto, cada vez que voy es un golpe, la última vez que estuve en Madrid, estaba sentado en un café y en la mesa de al lado un señor le decía a otro: -Hay que matarlos a todos, y yo digo ¿a quiénes? Antes era a los rojos y ahora es a los ecuatorianos o a los marroquíes. España no ha cambiado, sufre desmemoria histórica”, afirma y empezamos a hablar de la situación política actual.
“Este pobre (José Luís Rodríguez) Zapatero que intentó al principio hacer una política de izquierdas, al final ha tenido que hacer una política de derechas y el Partido Popular todavía está en contra, la derecho española es algo impar, como ella no hay nada. En Europa hay muchos gobiernos de derechas pero el Partido Popular representa la vieja derecha, la historia española, la eterna derrota de la izquierda.

-¿Qué diferencia ve entre el PP y la derecha europea?

La derecha europea es anti fascista. En Alemania está prohibido el partido nazi, pero en España la Falange Española se sigue presentando a las elecciones, en Francia está prohibido llevar una esvástica, en Italia colgaron de los pies a Musolini, en España Franco descansa en un sagrario. Además el poder de la iglesia y del ejército son enormes y no han tenido un saneamiento. En Francia, Alemania o Italia ha habido una desnazificación pero en España los que torturaron a Grimau o a Simón Sanchez Montero, pasean por la calle. Ahí está la diferencia con Europa”.

Es inevitable preguntarle por la suspensión de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional después que iniciase tres procesos sobre las víctimas de la Guerra Civil la dictadura.

“Lo que le ha pasado a Garzón es un ejemplo singular de lo que estoy diciendo. Un recurso de Falange Española, que debe tener un uno o dos por cien de los votos, es capaz de hundir a un juez como este. En cada pueblo hay una fosa común donde estan los abuelos de muchos de los que ahí viven, y la Justicia prohibe que se abran esas fosas, no permite que se reconozcan a los muertos y que sus familiares les den sepultura”.

Esta frustración le provoca un sentimiento agridulce versus España. Por un lado recuerda con nostalgia las playas de Donosti donde jugaba de niño, por otro se enfurece con el olvido de los españoles hacia toda la barbarie que implicó el franquismo.
“No puedo volver a soportar la bandera franquista, un rey, todo lo que representa la existencia del Valle de los Caídos, y encima ver que a millones de españoles no les importa hacerlo,… Esa falta de memoria me desespañolizó y ya solamente me queda la patria chica, Guipúzcoa”.

Hablamos de la ley de Memoria Histórica. Le parece una buena iniciativa, aunque tibia y tardía. “No se podrá reparar la memoria de los exiliados, mientras los españolitos de a pie estén de acuerdo en olvidar”, reitera. “Hay algunas iniciativas positivas, exposiciones, trabajo de recuperación histórica, pero no calan en una sociedad a la que se le cercenó la izquierda, en el exilio, en prisión o bajo tierra. En España cada vez que la izquierda levanta la cabeza, se la cortan. Ya lo hizo Carlos I con los comuneros de Castilla y desde entonces, hasta ahora sigue sucediendo. España es inasequible al desaliento”, concluye.

Me apena pero no me sorprende que la llamada del Presidente Montilla y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la movilización popular en Cataluña, en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), haya creado una respuesta de gran animosidad en sectores intelectuales basados en Madrid, no sólo entre las derechas, sino también en sectores del socialismo madrileño, que han definido tal llamada a la movilización popular como “desaforada”, “insensata” e “histriónica” (entre otros adjetivos) frente a una sentencia del TC que consideran “madura”, “equilibrada”, “sensata” y “ejemplar”, considerando a tal TC como un tribunal motivado única y exclusivamente por criterios jurídicos, deseosos de que cualquier ley en España encaje con la Carta Magna que “los españoles nos dimos en el año 1978”. Se juzga como desproporcionada tal respuesta, pues se asume que la sentencia del TC avala nada menos que el 90% del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y refrendado por el pueblo catalán. Y para añadir más fuego, se acusa al Presidente Montilla de tener una actitud “impropia” de un Estado de Derecho, pues lo que le toca hacer es acatar la sentencia y dejar de movilizar protestas contra el TC. Es más, tales voces insinúan que el Presidente Montilla tiene unas prioridades en su gobierno equivocadas, abandonando los problemas reales de la población en Cataluña entre los cuales el debate del Estatuto palidece en importancia frente a otras áreas algo descuidadas por su Gobierno.

Ante tantas críticas y observaciones insultantes, cabe preguntarse “¿de dónde viene tanto adjetivo descalificador?”. Y la respuesta es que viene de dos visiones muy distintas, no sólo de lo que es España, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. No coincido con la idealización de la Transición que supone la frase “de que los españoles nos dimos la Constitución (como un regalo, por lo visto) en 1978”. La Constitución, como la Transición que la produjo, fue inmodélica, resultado de un proceso muy desigual en el que las fuerzas conservadoras controlaban el aparato del Estado y dominaban el proceso de la Transición. Las izquierdas salían de la clandestinidad y no eran pares en aquel proceso. 

Ni que decir tiene que la gran conquista de las izquierdas (y muy en particular, de las movilizaciones obreras) fue que se aceptara en la Constitución que la soberanía viniera del pueblo. Pero, los elementos claves de como esta soberanía se refleja a través de los organismos del Estado, fue dictado por las derechas, bajo la supervisión del Ejército franquista, dificultando enormemente la expresión del poder popular.

Desde la Ley Electoral hasta el establecimiento de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el establecimiento del Tribunal Constitucional (así como su composición) fueron resultado de aquellas influencias, siendo estas instituciones gestionadas por un cuerpo judicial enormemente conservador. Como consecuencia de ello, tales organismos están profundamente politizados, siendo utilizados por las derechas para parar las leyes resultado de la soberanía popular. Una ley, aprobada por los dos parlamentos, el catalán y el español, y refrendada por el pueblo catalán está ahora siendo recortada sustancialmente por un tribunal claramente politizado, además de desacreditado. 

El PP está utilizando tal tribunal para conseguir lo que no ha conseguido a través de los parlamentos catalán y español, y está enojado además por el resultado del referéndum en Cataluña, que no deseaba. Leo hoy, por cierto, que está llevando al TC la ley del aborto y así un largo etcétera. No es la función de un Tribunal Constitucional hacer de tapón de la voluntad popular. Basado en esta experiencia, me parece una idealización de tal Tribunal definirlo como un organismo neutro y técnico. No lo es y ahí está parte del desacuerdo. Lo que el TC decide depende de la sensibilidad política de sus jueces, convirtiéndose así en una minicámara legislativa politizada. El sistema de selección de sus miembros es único y no se reproduce en otros tribunales de semejante responsabilidad en otros países. De ahí que tal tribunal ha sido utilizado predominantemente por el PP, el cual ha estado dividiendo a los españoles como parte de su estrategia política.

Partido enraizado en una dictadura, que justificó su existencia “apelando a la defensa de la unidad de España” frente a lo que llamaba comunistas y separatistas, el PP ha utilizado el TC para parar el Estatuto de Cataluña. La mejor prueba de ello es que llevó al Tribunal Constitucional, muchos elementos que han sido aprobados en otros estatutos (como el andaluz y el valenciano) sin que lo recurrieran. 

La movilización del 10 de julio no es contra España, y el Presidente Montilla ha clarificado este punto en su llamada. Dejó muy claro que la protesta no es contra España (de la cual Cataluña es parte), sino en contra del dictamen del TC. Y por razones, además, que exigen una protesta. Fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia no se entiende el genocidio cultural que la dictadura intentó hacer sobre las culturas y lenguas catalanas, vascas y gallegas. La primera vez que tuve problemas con la policía nacional fue a la temprana edad de siete años cuando uno de ellos me abofeteó por hablar en catalán (mi lengua materna) insultándome y gritándome que no “hablara como un perro sino como un cristiano”. Le escupí en la cara, por lo que me detuvieron y me llevaron al cuartelillo, llamando a mis padres. Mi padre, que luchó en varios frentes defendiendo a la República española y a la Generalitat de Catalunya, me acarició en la cara y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande que me dio en su vida. Los dos fueron antifascistas hasta el último día de su vida, y amaban profundamente a Cataluña y a España, por lo cual fueron brutalmente represaliados. Y parte de la humillación que sufrieron fue por su defensa de la identidad catalana. Sólo aquellos que sufrimos estas humillaciones pueden entender la intensidad de nuestro interés en defender nuestro idioma y nuestra cultura. Cataluña es además un país pequeño que puede fácilmente quedar absorbido y perder su cultura y su lengua, tal como ha ocurrido en la Cataluña francesa, donde se ha dejado de hablar catalán y las nuevas generaciones ni siquiera lo reconocen. Muchos jacobinos en España desearían que esto ocurriera también en Cataluña. Pero una persona de izquierdas no puede aceptar esto. De ahí la importancia de que sea una lengua preferente y no sólo igualitaria, pues hoy, por mucho que sorprenda, el catalán es todavía el idioma minoritario en los medios en Cataluña. Para que haya dos idiomas en iguales condiciones se requiere, paradójicamente, que, entre iguales, el catalán sea el preferente, es decir, el primero. Ello no implica una discriminación en contra del castellano, sino la necesidad de potenciar el catalán. 

Entiendo que se pueda estar en desacuerdo con esta postura que sostengo, pero tal desacuerdo no puede basarse en una situación de imposición y fuerza. El castellano se impuso en Cataluña (y el bofetón del policía es un ejemplo entre miles). De ahí que mis amigos castellanos y del centro de España tienen que ir con pies de plomo y ser súper cautos en sus comentarios, pues son vulnerables de ser acusados de defender intereses que se impusieron por la fuerza en su día en Cataluña.

Esta es una realidad, que fue habitualmente utilizada por la derecha nacionalista catalana por causas electorales. Pero el éxito de sus campañas se debía a que había una base real sobre la que se edificaba la protesta. Referirse a esto como meramente victimismo es semejante a desmerecer la causa sindical por querer corregir injusticias laborales. En España, la dictadura se basó en una imposición de clase y de nación. Esto está ampliamente concienciado en las izquierdas catalanas, cuya proclama en la lucha antifascista durante la clandestinidad era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”.

La gran sorpresa del socialismo centrado en Madrid fue que cuando ganaron las izquierdas, éstas fueron incluso más exigentes en su demanda de autogobierno y reconocimiento identitario, olvidando que fueron las izquierdas (y no las derechas nacionalistas, con notables excepciones) las que, durante la dictadura, defendieron la identidad catalana. Para colmo, hoy tal demanda la lidera un catalán nacido en Andalucía, un “charnego” como decían las derechas catalanas. De ahí el odio que recibe dentro y fuera de Cataluña. Unos lo consideran un impostor, otros un traidor (o, como dijo un socialista establecido durante treinta años en Madrid, un socialista contaminado de nacionalismo). Montilla es, como millones de catalanes, un catalán que se siente español, pero que se indigna por la falta de sensibilidad que se tiene en Madrid hacia la redefinición de lo que es España. 

Durante cuatro años se ha ido desarrollando el estatuto sin que España se rompiera. Pero las derechas y algunas izquierdas no quieren que se redefina esta España. Y el TC es uno de ellos.

Esta redefinición incluye la sustitución de una España radial centrada en Madrid por una España plurinacional en que, como en EEUU, algunos órganos del Estado central están ubicados en Madrid y otros en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Badajoz, y otras capitales de España, con pérdida del excesivo protagonismo que tiene Madrid y que es lo que explica, en gran parte, la resistencia del establishment político y mediático madrileño a esta redefinición, sea del color que sea. Y esta plurinacionalidad tiene que respetar las especificidades de cada componente, y no tratar de frenar o inhibir la diversidad que enriquece España. 

Ni que decir tiene que estas resistencias a redefinir España están azuzando el independentismo, que ha crecido enormemente. El 25% de la población catalana se muestra favorable a la independencia. Esta lucha ideológica la tenemos que llevar a cabo en Cataluña y se vencerá o perderá en Cataluña. Pero pediríamos a nuestros amigos del resto de España que ayudarían en lugar de animar al independentismo que es lo que hacen cuando insultan y muestran su enorme incomprensión. 


Una última observación referente a la supuesta falta de atención del gobierno de izquierdas a los problemas de cotidianeidad del pueblo catalán. El gobierno catalán ha sido uno de los gobiernos en las CCAA que ha mostrado mayor compromiso social (disminuyendo considerablemente el déficit de gasto publico social en Cataluña con el promedio de la UE-15), habiendo sido el primero en aumentar los impuestos de las rentas superiores, algo que no ha hecho el gobierno español socialista, y sobre el cual, las izquierdas socialistas madrileñas han guardado un silencio ensordecedor. Ganarían credibilidad en sus críticas si mostraran mayor protagonismo en la defensa de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, y menos en su defensa del TC. 



Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado entusiasta con el fallo del tribunal constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Acorralado por una crisis que no consiguió anticipar y por las presiones de la Unión Europea, las agencias de calificación de deuda y los poderes fácticos locales, parece haber recibido la noticia de la sentencia como un alivio. Como una suerte de respiro que, como mínimo, le permitirá quitarse de encima un “embrollo” que lo persigue hace cuatro años. Al igual, empero, que en otras cuestiones, el optimismo gubernamental parece basado más en el wishfull thinking que en un análisis realista de la situación.

Y es que la sentencia, sin ser la peor de las posibles, adolece de dos vicios insalvables. El primero, que resulta insuficiente, a estas alturas, para sanear la pérdida de legitimidad de un tribunal cuyo papel de árbitro en materia territorial se encuentra profundamente cuestionado, sobre todo desde un punto de vista político. El segundo, que el propio tribunal, para alcanzar una decisión, se ha visto forzado a hacerse eco del sentido común medio dominante en el PSOE y el PP. Para ello, ha trazado sus líneas rojas en torno a las dos cuestiones respecto de las cuales el Estatut podría haber supuesto un cierto avance: la consolidación de una mayor cultura federal y un genuino reconocimiento del pluralismo nacional.

El gobierno se ha apresurado en sugerir que el fallo podría haber sido más restrictivo, sobre todo si el ala más conservadora del TC hubiera conseguido imponer su criterio en torno a una mayoría que incluyera a algún miembro del sedicente sector “progresista”. Eso es parcialmente verdad y en muchos casos el arsenal argumentativo más centralista acabará engrosando los votos particulares sin afectar, como se podía temer, la decisión final ni los fundamentos jurídicos mayoritarios. Es posible, por tanto, que el fallo no sea el que los sectores más extremistas hubieran querido. Pero de allí a pretender convertirlo en una “derrota” de las tesis del PP y en una confirmación del Estatut aprobado en las Cortes existe un largo trecho.

El PP había impugnado 114 artículos y 12 disposiciones del Estatut. De este total, el TC ha declarado inconstitucionales y nulos 14 preceptos, aunque es probable que dichas nulidades incidan en un sentido restrictivo en la interpretación de otros preceptos impugnados. Más allá de la cuestión cuantitativa, en todo caso, el problema de fondo radica en otro sitio: en la abierta desconfianza que la sentencia proyecta sobre aquellos temas que podrían suponer una superación, en términos de autogobierno y de pluralismo, de la lógica autonómica vigente en los últimos años.

Algunos de esos temas tienen que ver sencillamente con el impulso, dentro del marco constitucional, de una auténtica cultura federal. Las limitaciones impuestas por el fallo, por ejemplo, al Consejo de Justicia, y con ello, a las posibilidades de una mayor desconcentración del Poder Judicial, así como al Consejo de Garantías Estatutarias, afectan a cuestiones que resultarían naturales en la mayoría de ordenamientos federales. Y lo mismo ocurre respecto de los límites a la llamada legislación básica del Estado central, que como el propio TC ha reconocido, ha sido un instrumento frecuente de vaciamiento de competencias autonómicas.

Es verdad que mucho de lo que el Estatut pretendía hacer en estos ámbitos podría impulsarse a través de la propia legislación estatal. Con todo, la experiencia de los últimos treinta años (y la de los últimos siglos, si nos remontamos a las amargas consideraciones de Valentí Almirall o del propio Pi i Margall en torno a las posibilidades de una federalización “desde arriba”) justifica un elevado grado de escepticismo respecto de estas vías.

Este escepticismo crece, en rigor, cuando lo que está en juego no es sólo la cultura federal sino el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado. También aquí las preocupaciones del TC parecen consistir en mantener a raya algunas exigencias que, en el caso de Catalunya, pero también de Euskadi o Galiza, se remontan como mínimo a los tiempos de la transición: el estatuto de las lenguas propias y cooficiales como lenguas vehiculares, cierta bilateralidad en la relación con el Estado, un régimen de financiación razonable y la admisión, en general, de los símbolos y de la identidad nacionales.

De todos estos aspectos en los que el TC interviene en términos restrictivos desde la perspectiva del autogobierno, la cuestión “nacional” es quizás una de las que más debates ha concitado. Naturalmente, resulta legítimo discutir el sentido de la afirmación de Catalunya como nación, democráticamente inscrita en el Preámbulo del Estatut. No obstante, las extensas disquisiciones del TC acerca de dicha categoría y de sus límites, con constantes y obsesivas apelaciones a la unidad e indisolubilidad de la nación española, sólo reflejan un nacionalismo de Estado que, a más de treinta años de la muerte del dictador, debería estar desterrado de la cultura política y jurídica. Si lo que se pretende, con estas disquisiciones, es impedir cualquier posibilidad futura de ejercicio del derecho a decidir por parte de quienes viven en Catalunya, el empeño será seguramente vano. Como ya apuntó en su momento el Tribunal Supremo de Canadá, cualquier gobierno -democrático, claro está- quedaría obligado, más allá de lo que estipule la Constitución, a negociar en caso de que una mayoría clara, articulada en torno a una pregunta clara, propusiera una reformulación de la organización territorial del poder (incluso si dicha reformulación condujera a la secesión o a la creación, desde abajo, de un nuevo modelo federal o confederal).

Al menos por lo que se conoce hasta ahora, la sensibilidad federalizante y pluralista del TC ha sido mínima, la justa como para contentar a unos partidos mayoritarios que, en el fondo, querían quitarse de encima un asunto percibido como un “problema”. Poco ha pesado la vía especial de acceso a la autonomía que la propia Constitución reconoció en su momento a Catalunya, precisamente en razón de su singularidad histórica y de su específica voluntad de autogobierno. O el hecho de que el Estatut haya sido aprobado con amplias mayorías en el Parlament de Catalunya y en las Cortes Generales -donde fue debidamente recortado con el objetivo declarado de “ajustarlo a la Constitución”-, además de en referéndum.

Más que con la presunción de constitucionalidad -que debería ser especialmente fuerte en aquellas normas con mayor legitimidad procedimental- el TC ha preferido operar –queda por constatar hasta qué punto- con la lógica de la inconstitucionalidad preventiva, una lógica de la sospecha y de la desconfianza similar a la ya utilizada para juzgar en su momento la ley de consultas vascas e incluso el Estatuto valenciano de 2007.

En un contexto de crisis que parece haberlo reducido a la más absoluta impotencia, se entiende que el gobierno Zapatero pretenda leer la decisión del TC como un triunfo de las propias tesis y como un “objetivo cumplido”. Sin embargo, una lectura democrática, pluralista, pero también más realista de la cuestión territorial, no admite semejante auto-complacencia.

Que Manuel Fraga haya reaccionado a la sentencia con un: “Este Estatuto no vale. ¡¡ Viva España !!”, o que José María Aznar haya entendido que el tribunal ha establecido los límites más allá de los cuales “no hay Estado”, no supone necesariamente que sea el centralismo más cerril el que se haya impuesto a lo largo de este proceso. Pero sí deja en evidencia, tras cuatro años de recortes, demoras e instrumentalización partidista, los límites de las lecturas abiertas y federalizantes que la Constitución española supuestamente admitía. Cerrada esa vía, y con el tribunal constitucional deslegitimado como “árbitro” en la materia, el escenario para la desafección y el mutuo recelo está servido. Y dicho escenario, combinado con el de la crisis económica, puede ser un cóctel explosivo de imprevisibles consecuencias. 

Gerardo Pisarello, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.

El texto de la sentencia: http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/7/9/1278677521174Sentencia%20del%20Estatut.pdf