Para la mayoría de quienes la vivieron, Manuel Azaña personificó, como ningún otro de sus protagonistas, la Segunda República. Para sus partidarios, encarnaba los valores cívicos y laicos del régimen, como para sus enemigos los demoniacos y antinacionales. Para bien o para mal, él era la República. Y con razón, según se deduce de este libro de Santos Juliá. Un libro muy esperado por quienes habían seguido la trayectoria de este autor, que sobre Azaña publicó ya en 1990 una biografía excelente -aunque parcial, pues sólo cubría la política y sólo los años 1930-1936-, prologó en 1997 los Cuadernos robados y recopiló e introdujo el año pasado las Obras completas. Nadie, pues, más cualificado para ofrecer, como hace ahora, una biografía completa del segundo y último presidente de aquel régimen iniciado en la euforia multitudinaria de abril de 1931 y hundido en el sangriento enfrentamiento de 1936-1939.

Este volumen es mucho más que una repetición o resumen de ideas o páginas anteriormente publicadas por Santos Juliá. Se trata de una obra nueva, coherente y cerrada en sí misma. Una obra, además, centrada en el personaje, pues debatir los problemas políticos del largo periodo que cubre hubiera exigido una extensión inabarcable. Su tema no es la política española de 1900 a 1939: es Manuel Azaña, su evolución intelectual, estética y política, su psicología íntima, los dilemas específicos con que se enfrentó, las soluciones que ideó y defendió para ellos; y, en especial, los instrumentos políticos que utilizó, lo que casi equivale a decir sus discursos.

Respecto de la imagen conocida de Azaña, lo más innovador que ofrece esta biografía es que no fue un oscuro funcionario catapultado al escenario público por el 14 de abril y que se adueñó de la situación un poco por azar y un mucho por influencia de tenebrosas logias. Juliá dedica casi trescientas páginas al Azaña anterior a 1931, en las que sigue con detalle su formación intelectual y política. Deshace ahí la imagen, que el propio biografiado cultivó, de “señorito benaventino”. Nada de bohemia ni de indolencia; por el contrario, trabajo metódico, cuidadosa preparación de conferencias, lectura de libros de difícil acceso en el Madrid de la época; y actividad trepidante, con años en los que pudo ser a la vez secretario del Ateneo, funcionario de la Dirección de Registros y Notariado, pensionado en París, activista aliadófilo y director de revistas literarias como España o La Pluma. Nada, tampoco, de genialidades o giros políticos caprichosos; coherencia, en cambio, alrededor de una idea fija: la transformación del Estado, como instrumento de modernización de la sociedad. Y, pese a ello, tampoco jacobinismo: por el contrario, implicación seria en la opción posibilista dirigida por Melquíades Álvarez hasta que, tras concluir que la monarquía era el obstáculo más insalvable para la democratización y modernización del Estado, se sumó a quienes llamaban a la revolución republicana.

Lo que sí confirma esta biografía es que Azaña era un político “intelectual”, en el mejor sentido de este término, es decir, alguien que estudiaba a fondo los problemas, tanto a partir de la historia española como por comparación, en especial del modelo francés. Pero intelectuales metidos en política había habido en España desde hacía décadas: desde Salmerón o Azcárate hasta Ortega, pasando por los noventayochistas y los trágicos exégetas del “problema español”. ¿En qué se diferenciaba Azaña? De la generación del 98, en que veía en ellos pura rebeldía sin objetivo político, sin plan alguno para reformar el Estado; en que proponían caudillos, hombres providenciales, “cirujanos de hierro”, sin comprender que sólo la democracia asentaba la legitimidad del sistema. De Azcárate u Ortega, que no piensan en política, sino en principios ético-filosóficos o en tarea pedagógica. Aunque cabría preguntarse si el propio Azaña no relegó también la política. Porque su propio planteamiento de estadista, sus serios y coherentes diagnósticos histórico-políticos -que hacían de él un ser tan “raro”-, son la base de su convicción y de su atractivo, pero también de su insoportable sentimiento de superioridad, de su convencimiento de que todo lo podía resolver con un discurso. Lo que le llevaba a no dedicar tiempo a organizar un partido, a crear redes de clientelas, a buscar acuerdos con intereses corporativos; que son la esencia de la política.

Otro aspecto en el que esta biografía pulveriza la imagen acuñada por los enemigos de Azaña es el de su supuesto antipatriotismo. Azaña defiende el sentimiento nacional, pero en la línea de Cicerón o Maquiavelo: como orgullo de pertenecer a una sociedad capaz de dotarse de instituciones libres. La nación, así entendida, es para él un instrumento de modernización. Las identidades culturales se forjan, sin duda, a lo largo de siglos, pero sólo son naciones modernas cuando se asocia a ellas el sentimiento de soberanía colectiva sobre el territorio que convierte a los súbditos en ciudadanos. De ahí que las naciones, lejos de ser eternas, sean necesariamente recientes, observación en la que Azaña se adelanta a los enfoques hoy dominantes sobre el tema. La nación en la que él piensa es, además, compleja, y permite el reconocimiento de identidades culturales diversas. Lo que le hace defender el Estatuto catalán (a diferencia de Ortega, que sólo predica “conllevar” el “problema”), como instrumento de modernización, como avance hacia la adecuación del Estado a la realidad social. Siempre, claro está, que no fomente sentimientos patrióticos basados en la identificación étnica, que responden -en palabras del propio Azaña- a un “concepto islámico de la nación y del Estado” y cuyo modo de expresión es el “alarido”.

En conjunto, el retrato que de Azaña ofrece Santos Juliá es muy positivo. Se identifica, en buena medida, con su biografiado, en el que apenas aprecia carencias o errores. No se plantea si la actuación de Azaña durante el segundo bienio no coadyuvó al triste final del régimen. No pidió, sostiene Juliá, la disolución de las Cortes tras los resultados electorales de 1933. Pero su pasividad como diputado en 1934-1935 no es coherente con su reiterada defensa del Parlamento como eje de la democracia; y su participación en las maniobras para desbancar a los radicales tras el asunto del estraperlo ayudó a liquidar el centro político en los cruciales meses anteriores a febrero de 1936. Ante la intentona revolucionaria de octubre de 1934, Juliá reconoce su ambigua actitud; y detalla sobre sus iniciativas en pro de una mediación británica durante la Guerra Civil, que en alguna ocasión sobrepasaron sus atribuciones constitucionales.

Los últimos momentos de la vida de Azaña son sobrecogedores. La Guerra Civil, drama personal y colectivo para todos, lo fue en especial para él. Era lo peor que podía imaginar. Todo su esfuerzo por civilizar el sistema político, por crear una nación de hombres libres, se venía abajo. Ante la tragedia sintió horror, asco, tentaciones de dimitir, en especial cuando le llegó la noticia de los asesinatos en la Modelo de Madrid, entre otros el de su antiguo jefe, Melquíades Álvarez. Pero eso no quiere decir, insiste Juliá, que fuera una “tercera España”. Supo siempre muy bien que los culpables de la matanza eran quienes habían urdido y perpetrado el golpe de Estado, un crimen de lesa patria. Los siguientes, en orden de culpabilidad, eran las democracias europeas, que habían abandonado al régimen republicano a su suerte. Pero atribuía también responsabilidad a los “leales”, por ser incapaces de imponer disciplina e impedir los desmanes de sus grupos más radicalizados. Todo ello explica su aislamiento y su depresión, que le acabó llevando a su shakespeariana agonía de 1940, en un hotel provinciano, protegido por la bandera mexicana de los nazis y los comandos enviados por Serrano Suñer para raptarle y poderle fusilar en España.

Un libro apasionante. Será, durante mucho tiempo, la biografía de referencia de Manuel Azaña.

Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940), Taurus Madrid, 2008, 394 pp,

Navarra sufre un grave trastorno más propio de la Edad Media que del siglo XXI. El Opus Dei, prelatura de la iglesia católica, mantiene su imperio en la comunidad foral, con la generosa aportación de los contribuyentes, a pesar de lo cavernario de sus planteamientos ideológicos y de que su nacimiento e implantación están estrechamente vinculados con el franquismo.

Durante 2008-2009, 13197 alumnos (el 40% vascos) cursaron estudios en la universidad del Opus Dei y en su clínica trabajaron 499 médicos y 768 enfermeras. También le pertenecen el PIUNA (Plan de Investigación de la UN), el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, en busca de un premio Nobel que justifique las decenas de millones invertidos en el proyecto y el ICT (Instituto Científico y Tecnológico). Cuenta además en sus bibliotecas con un fondo bibliográfico de más de un millón de volúmenes y su editorial, EUNSA, publica casi un centenar de títulos nuevos al año.

La obra del santo y marqués Escrivá es la historia de la filia y obediencia franquistas, de un brillante proyecto que sabe succionar las ubres de las arcas públicas y del tirón populista de San Josemaría, quien dejara clara su santificada modestia el 25 de octubre de 1960 en Iruñea: “Señor alcalde: al recibir de vuestras manos el honroso título de hijo adoptivo de esta noble ciudad de Pamplona, no voy a caer en la falsa humildad de decir que no merezco tan alta distinción. Si lo hiciera, faltaría a la verdad y causaría agravio a vuestra justicia”. La inauguración de la universidad se convirtió en una cumbre del nacionalcatolicismo español con la presencia de numerosos cardenales, capitanes generales, ministros y gobernadores. Preguntado Escrivá ¿por qué en Navarra? contestaba: “Ésas son cosas de Dios, que tiene un gran amor a Navarra”. Y la diputación navarra y el ayuntamiento pamplonés correspondieron con desprendimiento a ese amor divino.

INMUDENSA, CIUNSA E INUNSA se convirtieron en las empresas clave del imperio poniendo así en evidencia que ni tan siquiera es una universidad de la iglesia católica sino un megaproyecto privado de la Obra. La diputación puso a su disposición el edificio de la Cámara de Comptos y el Museo de Navarra para la incipiente facultad de derecho y construyó gratis la de medicina. El ayuntamiento cedió 300 mil metros cuadrados y abrió el expediente de expropiación de otros 900 mil, mientras la banca pública les concedía créditos inmejorables. Aún así, gracias a la lucha de concejales como M.A. Muez, J. Martínez Alegría y J. Velasco, y a pesar de que les intentaron sobornar con pisos, coches y dinero, se construyó el Instituto Politécnico de Pamplona, cuyo solar pretendía la Obra para su nueva facultad de arquitectura. Con ellos había dado un vuelco la relación de fuerzas del ayuntamiento y el Opus perdió el control absoluto del que disfrutaba.

Ante la férrea oposición de los nuevos ediles tuvo que ser el Consejo de Ministros, capitaneado por Carrero Blanco, quien aprobara la expropiación forzosa de los golosos terrenos municipales en favor de la universidad, lo que obligó al ayuntamiento a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios para, inmediatamente, entregárselos al Opus. Esta carísima parcialidad hacia la Obra llegó a provocar la airada protesta del procurador Fernando Suárez que denunció en las Cortes franquistas (1967) el favoritismo con esta universidad.

En 1968 el 70% de lo presupuestado para investigación en los centros universitarios del estado iba a parar a la del Opus. En 1980 se calculaba que el dinero que aportaba la diputación a la universidad era de 100 mil pesetas de media por alumno navarro al año, beca casi del techo de Oxford.

El Opus dice financiarse con las dádivas de los fieles, lo aportado por sus empresas, sobre todo en el sector de la edición de libros y medios de comunicación, arrendamientos (todo un imperio inmobiliario en Iruñea gracias a la universidad y a la clínica) herencias, sus millonarias inversiones (como la agencia de fondos de inversión Sextante Partners AV, participada por la Fundación Universitaria de Navarra) y las subvenciones públicas que supondrán cerca del 40% de los 98,5 millones de euros presupuestados para el cuatrienio 2009-2013. Las arcas públicas siguen financiando un emporio creado para preparar los cuadros de mando de una sociedad conservadora y expandir la doctrina del fundamentalismo católico.

Para el Opus “el pecado original lo explica todo maravillosamente”, en la misma línea de los neocon estadounidenses que cuestionan el evolucionismo (en 2010 César Martínez, director creativo de G. Bush, McCain y Sarah Palin, impartió un máster en comunicación política en la UN) lo que convierte a la pobre enseñanza impartida en su universidad en sectaria, sexista y decimonónica. Influir en la sociedad del modo más discreto posible ha sido su máxima; asumió con clarividencia que la economía es ideología concentrada y fue fiel al consejo del Caudillo: “Haced como yo, no os metáis en política”, lo que a algunos fieles de la Obra no les ha impedido cometer el pecadillo de mantener una doble militancia en UPN, PP o PNV.

El Opus nació en Italia con Mussolini y en el estado español con Franco, de quien San Josemaría se convirtió en director espiritual. Destacados numerarios y supernumerarios de la Obra fueron máximos responsables del aparato franquista durante sus últimos 15 largos años (Carrero, López Rodó, López Bravo, el profesor de Juan Carlos Borbón, A. Fontán) durante los que se reprimió, torturó y fusiló sin denuedo. También se preocuparon de diseñar una transición basada en la conocida cita de Francisco Franco: “lo dejo todo atado y bien atado”.

La constitución de la II República establecía la separación entre Iglesia y Estado, suprimía el presupuesto para el clero e implantaba la educación laica que Franco desbarató devolviendo a la Iglesia la responsabilidad en la enseñanza de las nuevas generaciones. En cualquier sociedad verdaderamente democrática se pedirían cuentas por el bagaje histórico de la Obra y, por supuesto, se dejaría de financiar a una institución tan sumamente impresentable.

Patxi Zamora es periodista.

El juicio que en el futuro se haga a la democracia española deberá tener en cuenta su incapacidad para erradicar de la esfera pública todos los restos del franquismo. Más de 30 años después, las tibias políticas de memoria histórica del Estado español no sólo no han logrado devolver la dignidad a las víctimas, sino que tampoco han instaurado en la ciudadanía una cultura jurídica y política plenamente democrática. Este déficit contribuye a que en nuestras instituciones subsistan hoy esos “focos de supervivencia” del franquismo de los que advierte Carlos Jiménez Villarejo.

Son las sombras del franquismo, que se proyectan sobre la esfera pública y afectan a sus integrantes.
Uno de estos focos resiste aún en la universidad española. Sabido es que la dictadura franquista provocó “el atroz desmoche” (véase el libro así titulado de Jaume Claret) en los cuerpos docentes universitarios. Las mejores cabezas de la época fueron aniquiladas, depuradas o tuvieron que marchar al exilio. Ello generó un páramo científico e intelectual; un vacío que fue rápidamente ocupado por los partidarios de la dictadura, quienes no dudaron en servirse de la universidad como instrumento para sus fines políticos y personales. La ciencia fue sometida a la ideología fascista, primero, y nacional-católica, después. Y los principios de mérito y capacidad en la selección del profesorado se sustituyeron por la adhesión inquebrantable al régimen dictatorial.
Fueron demasiados los años durante los que se reprodujo y potenció este sistema.

Aunque con el transcurrir de la dictadura la universidad se convirtió en un semillero de la oposición democrática y no pocos de sus miembros pasaron después a desempeñar cargos de gobierno en las propias universidades, no se consiguió terminar con la herencia del franquismo. Quizá fuera un tanto ingenuo pensar que prácticas tan enraizadas iban a desaparecer de un día para otro. Máxime cuando no se produjo una depuración de los integrantes de la eufemísticamente llamada “vieja escuela” quienes, tras la muerte del dictador –y los días de luto oficial–, continuaron dando clase y ejerciendo su poder como si nada hubiera pasado.
Mucho es lo que ha avanzado la universidad española desde entonces, pero largo es el camino que le queda todavía por recorrer para convertirse en un espacio libre de ese autoritarismo que, más descarada que sibilinamente, se deja sentir en sus estructuras organizativas y de gobierno. En su interior a veces pesa más la jerarquía y el temor reverencial a la autoridad que la libre discusión racional de los argumentos en juego. A ello contribuye que las escuelas sigan siendo el elemento básico de reclutamiento y promoción del personal docente e investigador. Por supuesto que nada obsta a que los profesores se agrupen por afinidades temáticas, metodológicas o ideológicas, pero frecuentemente bajo esa fórmula se generan reinos de taifas, presididos por criterios ad hoc de índole más personal que profesional, donde a sus integrantes se les exige lealtad y adhesión a los principios no del Movimiento Nacional, sino de la propia escuela.

Salvo honrosas excepciones, funcionan con pretensión de hegemonía, vetando el acceso a la carrera universitaria a quienes no pertenezcan a ella e instaurando sin rubor la dialéctica del “amigo-enemigo” que los teóricos del franquismo aprendieron de Carl Schmitt.
Y qué decir de la igualdad de género. Las mujeres son mayoría en la universidad, sí, pero esa mayoría no se traslada simétricamente a los núcleos de poder, es decir, a los lugares donde se toman las decisiones que van a conformar la realidad presente y futura. En general, el número de hombres es desproporcionadamente superior al de mujeres en cátedras, cargos y tribunales de oposiciones, por citar los ejemplos más significativos.
Hoy, la universidad española vive bajo los efectos del Plan Bolonia, un proceso que está llamado a converger con el resto de Europa y a elevar el nivel de nuestras enseñanzas. Contadas son las universidades que están desarrollando este proceso de forma transparente, abriendo canales de diálogo con docentes, personal y alumnos que permitan la participación real de la comunidad universitaria en asuntos de su incumbencia.

No es esta la tónica general. La implantación de los nuevos títulos, el diseño de la carrera docente y la regulación de las relaciones laborales en la universidad recuerda sospechosamente a esa forma de gobernar “por decreto” típica de la dictadura.
Lo que sucede con el Plan Bolonia no es más que una manifestación de esa aversión a la política que profesaba el franquismo. En este sentido, de tanto en cuando se escuchan voces autorizadas que reclaman la salida del ámbito universitario de lo político, lo asociativo o lo sindical. Se afirma que la universidad ha de ser el espacio de la excelencia científica y no contaminarse por debates de tintes ideológicos. El de la excelencia funciona como un nuevo credo, un ideal no ideologizado que ha de permanecer al margen de cuestiones terrenales como la política. A sus apologetas cabría recordar las palabras del jurista Hans Kelsen, quien basaba la supremacía moral de la democracia y la libertad en su capacidad de generar mayores avances científicos. Sigamos su criterio: profundicemos en más y mejores prácticas democráticas, ya que sólo así podremos alcanzar la excelencia en nuestros campus.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2094/¿franquismo-en-la-universidad/

En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.

El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.

Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).

Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.

Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).

Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.

Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University

Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.



El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.



Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.



Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?



También merecen un reproche en el mismo sentido los responsables institucionales de diversa procedencia política que están convocando una manifestación para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos políticos que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia. 

La discusión sobre el lema de la marcha resulta tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias?



En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado, más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y produce un miedo más que justificado tanto desafío irracional al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.

Rafael Simancas

Tengo demasiado respeto a Santos Juliá como para despachar este asunto de la manera simplista en que lo hace Intereconomía; pero no puedo evitar la expresión de algunas discrepancias. Lo que había en España el 18 de julio de 1936 era un régimen democrático empeñado en una política reformista, definida así en el pacto del Frente Popular: “La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social”. Los “partidos obreros” habían aceptado estos límites por unas razones que Martínez Barrio expuso claramente en 1937: “El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria”.

Aunque hablasen de revolución para azuzar los miedos de la derecha, los militares y sus asociados se sublevaron en realidad contra la democracia republicana. Lo dicen sus primeros textos internos, como el de Mola, que proclama: “Es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder”. Lo que debía hacerse era “un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo”, de modo que en el futuro “nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (…), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo”. De forma más expresiva lo decían los militares de su entorno, que, como nos cuenta su secretario en la primera versión de sus recuerdos, sostenían que “hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”, lo que ejemplificaban con “la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros”.
Cuando se analiza la violencia inicial del levantamiento, se puede ver que se trata sobre todo de asesinatos preventivos, movidos por el deseo de desarticular hasta sus raíces la sociedad republicana. Se mata a alcaldes y concejales, a sindicalistas o a maestros de escuela. ¿Cómo explicar de otro modo el asesinato en los primeros días de tantos maestros de escuela? ¿O el hecho de que hubiese tantas víctimas en provincias que votaban tradicionalmente a las derechas y donde el movimiento había triunfado sin resistencia? No eran víctimas de una guerra civil que no existía aún cuando sus muertes fueron decididas, sino de un proyecto de exterminio colectivo.

En un balance sobre la violencia roja y azul que aparecerá próximamente, José Mª García Márquez ha reconstruido la realidad de los asesinatos del verano de 1936 en la provincia de Sevilla. Se trata de hombres y mujeres que murieron sin dejar rastro, no porque fuesen víctimas de actos incontrolados, sino porque hubo una voluntad deliberada de ocultación. Una de las aportaciones más interesantes de su investigación es la certeza de que las autoridades de la revuelta tenían exacta noticia de cada muerte que se producía.

Esta primera oleada salvaje de los muertos en los descampados y en las cunetas, realizada cuando no había motivo alguno que pudiera legitimarla, es la que revela con más claridad la naturaleza y el sentido de esta violencia fundacional. Después empezó una Guerra Civil que desbordó el proyecto político republicano y dio paso a una situación nueva, en que el análisis de la violencia de ambos bandos debe hacerse sin duda con algunas de las cautelas que preocupan a Santos Juliá. Pero la suposición de que la crisis del proyecto del Frente Popular se hubiese producido de todos modos sin la provocación inicial de la revuelta no aparece justificada por el estudio de lo que ocurrió en la primavera anterior. Y, privada de esta legitimación, la violencia azul del verano de 1936 resulta ser el mayor crimen colectivo de la historia de España: un crimen contra la humanidad que no tiene amnistía ni perdón.

Josep Fontana,  miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es catedrático emérito de Historia y  dirige el Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Maestro indiscutible de varias generaciones de historiadores y científicos sociales españoles, investigador de prestigio internacional e introductor en el mundo editorial hispánico, entre muchas otras cosas, de la gran tradición historiográfica marxista británica contemporánea, Fontana fue una de las más emblemáticas figuras de la resistencia democrática al franquismo y es un historiador militante e incansablemente comprometido con la causa de la democracia republicana y el socialismo.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3454

Me apena pero no me sorprende que la llamada del Presidente Montilla y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la movilización popular en Cataluña, en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), haya creado una respuesta de gran animosidad en sectores intelectuales basados en Madrid, no sólo entre las derechas, sino también en sectores del socialismo madrileño, que han definido tal llamada a la movilización popular como “desaforada”, “insensata” e “histriónica” (entre otros adjetivos) frente a una sentencia del TC que consideran “madura”, “equilibrada”, “sensata” y “ejemplar”, considerando a tal TC como un tribunal motivado única y exclusivamente por criterios jurídicos, deseosos de que cualquier ley en España encaje con la Carta Magna que “los españoles nos dimos en el año 1978”. Se juzga como desproporcionada tal respuesta, pues se asume que la sentencia del TC avala nada menos que el 90% del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y refrendado por el pueblo catalán. Y para añadir más fuego, se acusa al Presidente Montilla de tener una actitud “impropia” de un Estado de Derecho, pues lo que le toca hacer es acatar la sentencia y dejar de movilizar protestas contra el TC. Es más, tales voces insinúan que el Presidente Montilla tiene unas prioridades en su gobierno equivocadas, abandonando los problemas reales de la población en Cataluña entre los cuales el debate del Estatuto palidece en importancia frente a otras áreas algo descuidadas por su Gobierno.

Ante tantas críticas y observaciones insultantes, cabe preguntarse “¿de dónde viene tanto adjetivo descalificador?”. Y la respuesta es que viene de dos visiones muy distintas, no sólo de lo que es España, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. No coincido con la idealización de la Transición que supone la frase “de que los españoles nos dimos la Constitución (como un regalo, por lo visto) en 1978”. La Constitución, como la Transición que la produjo, fue inmodélica, resultado de un proceso muy desigual en el que las fuerzas conservadoras controlaban el aparato del Estado y dominaban el proceso de la Transición. Las izquierdas salían de la clandestinidad y no eran pares en aquel proceso. 

Ni que decir tiene que la gran conquista de las izquierdas (y muy en particular, de las movilizaciones obreras) fue que se aceptara en la Constitución que la soberanía viniera del pueblo. Pero, los elementos claves de como esta soberanía se refleja a través de los organismos del Estado, fue dictado por las derechas, bajo la supervisión del Ejército franquista, dificultando enormemente la expresión del poder popular.

Desde la Ley Electoral hasta el establecimiento de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el establecimiento del Tribunal Constitucional (así como su composición) fueron resultado de aquellas influencias, siendo estas instituciones gestionadas por un cuerpo judicial enormemente conservador. Como consecuencia de ello, tales organismos están profundamente politizados, siendo utilizados por las derechas para parar las leyes resultado de la soberanía popular. Una ley, aprobada por los dos parlamentos, el catalán y el español, y refrendada por el pueblo catalán está ahora siendo recortada sustancialmente por un tribunal claramente politizado, además de desacreditado. 

El PP está utilizando tal tribunal para conseguir lo que no ha conseguido a través de los parlamentos catalán y español, y está enojado además por el resultado del referéndum en Cataluña, que no deseaba. Leo hoy, por cierto, que está llevando al TC la ley del aborto y así un largo etcétera. No es la función de un Tribunal Constitucional hacer de tapón de la voluntad popular. Basado en esta experiencia, me parece una idealización de tal Tribunal definirlo como un organismo neutro y técnico. No lo es y ahí está parte del desacuerdo. Lo que el TC decide depende de la sensibilidad política de sus jueces, convirtiéndose así en una minicámara legislativa politizada. El sistema de selección de sus miembros es único y no se reproduce en otros tribunales de semejante responsabilidad en otros países. De ahí que tal tribunal ha sido utilizado predominantemente por el PP, el cual ha estado dividiendo a los españoles como parte de su estrategia política.

Partido enraizado en una dictadura, que justificó su existencia “apelando a la defensa de la unidad de España” frente a lo que llamaba comunistas y separatistas, el PP ha utilizado el TC para parar el Estatuto de Cataluña. La mejor prueba de ello es que llevó al Tribunal Constitucional, muchos elementos que han sido aprobados en otros estatutos (como el andaluz y el valenciano) sin que lo recurrieran. 

La movilización del 10 de julio no es contra España, y el Presidente Montilla ha clarificado este punto en su llamada. Dejó muy claro que la protesta no es contra España (de la cual Cataluña es parte), sino en contra del dictamen del TC. Y por razones, además, que exigen una protesta. Fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia no se entiende el genocidio cultural que la dictadura intentó hacer sobre las culturas y lenguas catalanas, vascas y gallegas. La primera vez que tuve problemas con la policía nacional fue a la temprana edad de siete años cuando uno de ellos me abofeteó por hablar en catalán (mi lengua materna) insultándome y gritándome que no “hablara como un perro sino como un cristiano”. Le escupí en la cara, por lo que me detuvieron y me llevaron al cuartelillo, llamando a mis padres. Mi padre, que luchó en varios frentes defendiendo a la República española y a la Generalitat de Catalunya, me acarició en la cara y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande que me dio en su vida. Los dos fueron antifascistas hasta el último día de su vida, y amaban profundamente a Cataluña y a España, por lo cual fueron brutalmente represaliados. Y parte de la humillación que sufrieron fue por su defensa de la identidad catalana. Sólo aquellos que sufrimos estas humillaciones pueden entender la intensidad de nuestro interés en defender nuestro idioma y nuestra cultura. Cataluña es además un país pequeño que puede fácilmente quedar absorbido y perder su cultura y su lengua, tal como ha ocurrido en la Cataluña francesa, donde se ha dejado de hablar catalán y las nuevas generaciones ni siquiera lo reconocen. Muchos jacobinos en España desearían que esto ocurriera también en Cataluña. Pero una persona de izquierdas no puede aceptar esto. De ahí la importancia de que sea una lengua preferente y no sólo igualitaria, pues hoy, por mucho que sorprenda, el catalán es todavía el idioma minoritario en los medios en Cataluña. Para que haya dos idiomas en iguales condiciones se requiere, paradójicamente, que, entre iguales, el catalán sea el preferente, es decir, el primero. Ello no implica una discriminación en contra del castellano, sino la necesidad de potenciar el catalán. 

Entiendo que se pueda estar en desacuerdo con esta postura que sostengo, pero tal desacuerdo no puede basarse en una situación de imposición y fuerza. El castellano se impuso en Cataluña (y el bofetón del policía es un ejemplo entre miles). De ahí que mis amigos castellanos y del centro de España tienen que ir con pies de plomo y ser súper cautos en sus comentarios, pues son vulnerables de ser acusados de defender intereses que se impusieron por la fuerza en su día en Cataluña.

Esta es una realidad, que fue habitualmente utilizada por la derecha nacionalista catalana por causas electorales. Pero el éxito de sus campañas se debía a que había una base real sobre la que se edificaba la protesta. Referirse a esto como meramente victimismo es semejante a desmerecer la causa sindical por querer corregir injusticias laborales. En España, la dictadura se basó en una imposición de clase y de nación. Esto está ampliamente concienciado en las izquierdas catalanas, cuya proclama en la lucha antifascista durante la clandestinidad era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”.

La gran sorpresa del socialismo centrado en Madrid fue que cuando ganaron las izquierdas, éstas fueron incluso más exigentes en su demanda de autogobierno y reconocimiento identitario, olvidando que fueron las izquierdas (y no las derechas nacionalistas, con notables excepciones) las que, durante la dictadura, defendieron la identidad catalana. Para colmo, hoy tal demanda la lidera un catalán nacido en Andalucía, un “charnego” como decían las derechas catalanas. De ahí el odio que recibe dentro y fuera de Cataluña. Unos lo consideran un impostor, otros un traidor (o, como dijo un socialista establecido durante treinta años en Madrid, un socialista contaminado de nacionalismo). Montilla es, como millones de catalanes, un catalán que se siente español, pero que se indigna por la falta de sensibilidad que se tiene en Madrid hacia la redefinición de lo que es España. 

Durante cuatro años se ha ido desarrollando el estatuto sin que España se rompiera. Pero las derechas y algunas izquierdas no quieren que se redefina esta España. Y el TC es uno de ellos.

Esta redefinición incluye la sustitución de una España radial centrada en Madrid por una España plurinacional en que, como en EEUU, algunos órganos del Estado central están ubicados en Madrid y otros en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Badajoz, y otras capitales de España, con pérdida del excesivo protagonismo que tiene Madrid y que es lo que explica, en gran parte, la resistencia del establishment político y mediático madrileño a esta redefinición, sea del color que sea. Y esta plurinacionalidad tiene que respetar las especificidades de cada componente, y no tratar de frenar o inhibir la diversidad que enriquece España. 

Ni que decir tiene que estas resistencias a redefinir España están azuzando el independentismo, que ha crecido enormemente. El 25% de la población catalana se muestra favorable a la independencia. Esta lucha ideológica la tenemos que llevar a cabo en Cataluña y se vencerá o perderá en Cataluña. Pero pediríamos a nuestros amigos del resto de España que ayudarían en lugar de animar al independentismo que es lo que hacen cuando insultan y muestran su enorme incomprensión. 


Una última observación referente a la supuesta falta de atención del gobierno de izquierdas a los problemas de cotidianeidad del pueblo catalán. El gobierno catalán ha sido uno de los gobiernos en las CCAA que ha mostrado mayor compromiso social (disminuyendo considerablemente el déficit de gasto publico social en Cataluña con el promedio de la UE-15), habiendo sido el primero en aumentar los impuestos de las rentas superiores, algo que no ha hecho el gobierno español socialista, y sobre el cual, las izquierdas socialistas madrileñas han guardado un silencio ensordecedor. Ganarían credibilidad en sus críticas si mostraran mayor protagonismo en la defensa de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, y menos en su defensa del TC. 



Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado entusiasta con el fallo del tribunal constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Acorralado por una crisis que no consiguió anticipar y por las presiones de la Unión Europea, las agencias de calificación de deuda y los poderes fácticos locales, parece haber recibido la noticia de la sentencia como un alivio. Como una suerte de respiro que, como mínimo, le permitirá quitarse de encima un “embrollo” que lo persigue hace cuatro años. Al igual, empero, que en otras cuestiones, el optimismo gubernamental parece basado más en el wishfull thinking que en un análisis realista de la situación.

Y es que la sentencia, sin ser la peor de las posibles, adolece de dos vicios insalvables. El primero, que resulta insuficiente, a estas alturas, para sanear la pérdida de legitimidad de un tribunal cuyo papel de árbitro en materia territorial se encuentra profundamente cuestionado, sobre todo desde un punto de vista político. El segundo, que el propio tribunal, para alcanzar una decisión, se ha visto forzado a hacerse eco del sentido común medio dominante en el PSOE y el PP. Para ello, ha trazado sus líneas rojas en torno a las dos cuestiones respecto de las cuales el Estatut podría haber supuesto un cierto avance: la consolidación de una mayor cultura federal y un genuino reconocimiento del pluralismo nacional.

El gobierno se ha apresurado en sugerir que el fallo podría haber sido más restrictivo, sobre todo si el ala más conservadora del TC hubiera conseguido imponer su criterio en torno a una mayoría que incluyera a algún miembro del sedicente sector “progresista”. Eso es parcialmente verdad y en muchos casos el arsenal argumentativo más centralista acabará engrosando los votos particulares sin afectar, como se podía temer, la decisión final ni los fundamentos jurídicos mayoritarios. Es posible, por tanto, que el fallo no sea el que los sectores más extremistas hubieran querido. Pero de allí a pretender convertirlo en una “derrota” de las tesis del PP y en una confirmación del Estatut aprobado en las Cortes existe un largo trecho.

El PP había impugnado 114 artículos y 12 disposiciones del Estatut. De este total, el TC ha declarado inconstitucionales y nulos 14 preceptos, aunque es probable que dichas nulidades incidan en un sentido restrictivo en la interpretación de otros preceptos impugnados. Más allá de la cuestión cuantitativa, en todo caso, el problema de fondo radica en otro sitio: en la abierta desconfianza que la sentencia proyecta sobre aquellos temas que podrían suponer una superación, en términos de autogobierno y de pluralismo, de la lógica autonómica vigente en los últimos años.

Algunos de esos temas tienen que ver sencillamente con el impulso, dentro del marco constitucional, de una auténtica cultura federal. Las limitaciones impuestas por el fallo, por ejemplo, al Consejo de Justicia, y con ello, a las posibilidades de una mayor desconcentración del Poder Judicial, así como al Consejo de Garantías Estatutarias, afectan a cuestiones que resultarían naturales en la mayoría de ordenamientos federales. Y lo mismo ocurre respecto de los límites a la llamada legislación básica del Estado central, que como el propio TC ha reconocido, ha sido un instrumento frecuente de vaciamiento de competencias autonómicas.

Es verdad que mucho de lo que el Estatut pretendía hacer en estos ámbitos podría impulsarse a través de la propia legislación estatal. Con todo, la experiencia de los últimos treinta años (y la de los últimos siglos, si nos remontamos a las amargas consideraciones de Valentí Almirall o del propio Pi i Margall en torno a las posibilidades de una federalización “desde arriba”) justifica un elevado grado de escepticismo respecto de estas vías.

Este escepticismo crece, en rigor, cuando lo que está en juego no es sólo la cultura federal sino el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado. También aquí las preocupaciones del TC parecen consistir en mantener a raya algunas exigencias que, en el caso de Catalunya, pero también de Euskadi o Galiza, se remontan como mínimo a los tiempos de la transición: el estatuto de las lenguas propias y cooficiales como lenguas vehiculares, cierta bilateralidad en la relación con el Estado, un régimen de financiación razonable y la admisión, en general, de los símbolos y de la identidad nacionales.

De todos estos aspectos en los que el TC interviene en términos restrictivos desde la perspectiva del autogobierno, la cuestión “nacional” es quizás una de las que más debates ha concitado. Naturalmente, resulta legítimo discutir el sentido de la afirmación de Catalunya como nación, democráticamente inscrita en el Preámbulo del Estatut. No obstante, las extensas disquisiciones del TC acerca de dicha categoría y de sus límites, con constantes y obsesivas apelaciones a la unidad e indisolubilidad de la nación española, sólo reflejan un nacionalismo de Estado que, a más de treinta años de la muerte del dictador, debería estar desterrado de la cultura política y jurídica. Si lo que se pretende, con estas disquisiciones, es impedir cualquier posibilidad futura de ejercicio del derecho a decidir por parte de quienes viven en Catalunya, el empeño será seguramente vano. Como ya apuntó en su momento el Tribunal Supremo de Canadá, cualquier gobierno -democrático, claro está- quedaría obligado, más allá de lo que estipule la Constitución, a negociar en caso de que una mayoría clara, articulada en torno a una pregunta clara, propusiera una reformulación de la organización territorial del poder (incluso si dicha reformulación condujera a la secesión o a la creación, desde abajo, de un nuevo modelo federal o confederal).

Al menos por lo que se conoce hasta ahora, la sensibilidad federalizante y pluralista del TC ha sido mínima, la justa como para contentar a unos partidos mayoritarios que, en el fondo, querían quitarse de encima un asunto percibido como un “problema”. Poco ha pesado la vía especial de acceso a la autonomía que la propia Constitución reconoció en su momento a Catalunya, precisamente en razón de su singularidad histórica y de su específica voluntad de autogobierno. O el hecho de que el Estatut haya sido aprobado con amplias mayorías en el Parlament de Catalunya y en las Cortes Generales -donde fue debidamente recortado con el objetivo declarado de “ajustarlo a la Constitución”-, además de en referéndum.

Más que con la presunción de constitucionalidad -que debería ser especialmente fuerte en aquellas normas con mayor legitimidad procedimental- el TC ha preferido operar –queda por constatar hasta qué punto- con la lógica de la inconstitucionalidad preventiva, una lógica de la sospecha y de la desconfianza similar a la ya utilizada para juzgar en su momento la ley de consultas vascas e incluso el Estatuto valenciano de 2007.

En un contexto de crisis que parece haberlo reducido a la más absoluta impotencia, se entiende que el gobierno Zapatero pretenda leer la decisión del TC como un triunfo de las propias tesis y como un “objetivo cumplido”. Sin embargo, una lectura democrática, pluralista, pero también más realista de la cuestión territorial, no admite semejante auto-complacencia.

Que Manuel Fraga haya reaccionado a la sentencia con un: “Este Estatuto no vale. ¡¡ Viva España !!”, o que José María Aznar haya entendido que el tribunal ha establecido los límites más allá de los cuales “no hay Estado”, no supone necesariamente que sea el centralismo más cerril el que se haya impuesto a lo largo de este proceso. Pero sí deja en evidencia, tras cuatro años de recortes, demoras e instrumentalización partidista, los límites de las lecturas abiertas y federalizantes que la Constitución española supuestamente admitía. Cerrada esa vía, y con el tribunal constitucional deslegitimado como “árbitro” en la materia, el escenario para la desafección y el mutuo recelo está servido. Y dicho escenario, combinado con el de la crisis económica, puede ser un cóctel explosivo de imprevisibles consecuencias. 

Gerardo Pisarello, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.

El texto de la sentencia: http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/7/9/1278677521174Sentencia%20del%20Estatut.pdf

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha pedido “coraje al conjunto de los pueblos de España para avanzar en un estructura federal más sólida”, y ha añadido que “España debería empezar a reconocerse a sí misma en sus diversas lenguas y en sus diversas energías creadoras y artísticas”.

En sus primeras palabras tras publicarse la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, no se ha referido explícitamente en ningún momento a ella, aunque ha criticado que existen en España algunos sectores de tendencia “recentralizadora y uniformizadora, que no han asumido aún que la diversidad es la esencia cultural y patrimonial de la España del 2010″.

Para el también líder del PSC, el federalismo es “la solución más práctica” para favorecer el progreso de la sociedad, y lo ha defendido porque es la mejor manera de coordinar las políticas autónomas de cada territorio desplegadas desde la máxima proximidad posible a los ciudadanos, según ha dicho en el discurso de clausura de las jornadas de socialistas europeos ‘Por una nueva política cultural de progreso en la UE’.

Desde un atril en el que se podía leer el lema ‘Sigo creyendo en el Estatut’, ha afirmado que “la diversidad es la esencia de la riqueza cultural”, sobre todo en el ámbito de las lenguas. “La cultura ha contribuido a cohesionar España”, ha sentenciado. Por este motivo ha criticado a los que desaprobaron que hablara recientemente en catalán en el Senado, y les ha acusado de hacer un gesto “triste, reaccionario, ofensivo y nada inteligente”, el mismo gesto que considera que han hecho los que han criticado la ley del cine catalán recién aprobada por el Parlament.
Entre los retos de la cultura, Montilla ha señalado que los gobiernos deben definir “un marco moderno para promover el mecenazgo cultural” con el objetivo de encontrar los mecanismo legales para atraer recursos privados al fomento de la cultura. “Es una asignatura pendiente de España y Catalunya”.

Cultura pese a la crisis

El President también ha explicado que, aunque la sociedad está en una crisis por la que los gobiernos ajustan sus presupuestos, la cultura no debe considerarse “un gasto prescindible”, sino una inversión. Ha pedido a la Unión Europea que promocione iniciativas culturales en sus Estados miembros, y ha avanzado que uno de los factores clave en el futuro será implementar programas para “detectar el talento” entre los más jóvenes.

Iñaki Iriondo, Gara 20.6.2010

Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale suscribirán hoy un acuerdo estratégico entre ambas formaciones que, según señalan en el documento al que ha tenido acceso GARA, «tiene la dimensión política y social para poder articular un espacio progresista en favor de la independencia y poder así incidir de forma adecuada en la dirección del necesario cambio político en Euskal Herria».

Ambas partes son conscientes de que vienen de tradiciones y experiencias políticas distintas que en algunos momentos incluso han llegado a chocar entre sí, pero sostienen que ahora les corresponde responder a un momento en la historia del país que consideran crucial, y también a un sentimiento amplio de los sectores abertzales de la sociedad vasca. Por ello, presentan este acuerdo como «un instrumento táctico-estratégico» que mira a un nuevo tiempo que se debe desarrollar en Euskal Herria.

En el texto se insiste en que son tiempos de unir fuerzas y aunar esfuerzos y teniendo claro que el objetivo estratégico es la creación de un Estado vasco.

El acuerdo se firmará hoy a la conclusión de un acto político público que comenzará a las 12.00 en el Palacio Euskalduna de Bilbo y en el que se congregarán cientos de militantes de ambas formaciones y decenas de invitados de otros partidos de todo el mundo. El documento, acordado tras varios meses de trabajo por Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale, tiene como base el respeto y compromiso el pueblo vasco y se centra en sumar adhesiones a un proyecto independentista que los firmantes consideran que será beneficioso para el país, tanto en el apartado institucional como en los ámbitos cultural, económico, social…

La apuesta es poder lograr un pueblo libre y en paz, dueño de su destino. Pero el acuerdo tiene además una importante dimensión social, ya que se hacen continuas referencias a la justicia social y también a la paridad entre hombres y mujeres.

Respeto y confianza mutua
El documento señala que, como es natural, el acuerdo debe basarse en el respeto entre las partes y la confianza mutua. De su lectura queda claro que ambas formaciones seguirán manteniendo su propia identidad aunque con compromisos de colaboración mucho más estrechos que hasta ahora. Se habla de una relación especial entre las partes, con un carácter preferente, y de la necesidad de alimentarla con diálogo, búsqueda de acuerdos y lealtad a lo que se vaya consensuando.

No cabe olvidar que Eusko Alkartasuna parten de culturas políticas diferentes y también han mantenido posiciones distintas sobre cuestiones concretas. Sin embargo, muestran su intención de superar las diferencias que puedan surgir en el proceso con respeto y la voluntad positiva de lograr consensos y tratando de evitar que cualquiera de las partes pretenda imponer sus propias conclusiones, puesto que ello no redundaría en el camino a recorrer conjuntamente en el futuro.

Ámbito nacional
EA y la izquierda abertzale no dejan dudas en su documento sobre el ámbito del acuerdo, puesto que afirman que el sujeto al que va destinado es el conjunto de los territorios vascos, es decir, tiene ámbito nacional.
Pero también se aclara en el acuerdo que el desarrollo de esa dimensión nacional la harán desde la conciencia de que existen distintos ritmos en los diferentes territorios y marcos de decisión. La intención de EA y la izquierda abertzale es respetar esos ritmos diferentes e incluso proteger la diversidad existente dentro de una misma nación.

Ambos apuestan, por lo tanto, por respetar la diversidad desde una perspectiva nacional, lo que significa que los planteamientos que se hagan responderán a esa visión de conjunto y que el acuerdo tendrá su aplicación en todo el territorio y en todos los ámbitos sociales de Euskal Herria.

El documento, denominado «Bases de un acuerdo estratégico entre fuerzas políticas independentistas», recoge puntos generales. Por ejemplo, tiene un gran apartado destinado al ámbito institucional, en el que entre otras cuestiones se recoge la necesidad de crear estructuras jurídico políticas nuevas para los territorios vascos y también instituciones nacionales, desde las realidades existentes en este momento.

Violencia y libertades
En otro gran epígrafe se abordan los puntos referidos a la resolución del conflicto político. En este punto figura el compromiso de los firmantes con los «principios Mitchell», pero también se habla de otras cuestiones relativas a la legalización de partidos y el traslado de los presos a Euskal Herria.

En el acuerdo figuran también diversos puntos sectoriales que influyen en el modelo de sociedad y sobre los que tanto EA como la izquierda abertzale se comprometen a «compartir y gestionar una unidad de acción». Se trata de aspectos como la democracia participativa, la justicia social, el desarrollo sostenible y la ordenación territorial, la paridad, el euskara, la educación, la salud y la nacionalidad y ciudadanía.

Algunas de estas materias serán desarrolladas en el acto de hoy en el Euskalduna por personas que son referenciales en cada ámbito.

El acuerdo estratégico entre EA y la izquierda abertzale, fruto de muchos meses de trabajo y abierto a otros agentes independentistas, supone una novedad en el escenario político vasco y da la impresión de encerrar potencialidades para agitarlo en el futuro más próximo.

Expectativa, desconocimiento e intoxicaciones
El acto político conjunto convocado para hoy por EA y la izquierda abertzale ha suscitado expectación, pero también ha levantado en días anteriores no pocas especulaciones, algunas realizadas probablemente desde el desconocimiento de lo que se venía gestando y otras con un carácter nítidamente intoxicador. En todas las etapas que la izquierda abertzale ha ido cubriendo en su proceso de debate interno y de expresión pública de sus conclusiones, determinados medios han seguido una actuación consistente en alimentar primero falsas ideas sobre el mismo, criticar después que no se cumplieran y terminar semanas después reconociendo su importancia.

I.I.
Apoyo internacional y retransmisión por internet

Los firmantes del acuerdo y convocantes del acto dieron a conocer el pasado jueves que en el mismo estarán presentes representantes de diversos partidos del mundo. Son formaciones con las que históricamente han mantenido relaciones y alianzas bien Eusko Alkartasuna, bien la izquierda abertzale o, en algunos casos, incluso ambas partes.

El listado remitido a los medios de comunicación señala que entre los asistentes estarán el Sinn Féin (Irlanda); N-VA (Flandes) partido que acaba de convertirse en el más votado en las elecciones belgas; el FMLN que gobierna en El Salvador; FPLP (Palestina); representación del grupo parlamentario Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo, incluido su vicepresidente; ERC, CUP y Endavant (Cataluña); BNG, NOS-UP y FPG (Galicia); BIC (Aragón); Corriente Roja (Estado Español) e IZCA (Castilla).

En el acto habrá diversas intervenciones en las que se irán explicando los diversos aspectos del acuerdo.
También está previsto que haya actuaciones musicales y de danzas. Un vídeo recogerá la trayectoria de ambas formaciones.

El acto conjunto se cerrará con la firma del acuerdo por parte de dirigentes de Eusko Alkartasuna y de la izquierda abertzale.

Dado que el aforo de la sala es limitado, y aunque está prevista la colocación de pantallas para poder seguirlo desde otros puntos del Euskalduna, se hará una retransmisión en directo a través de las páginas web www.euskoalkartasuna.org y www.ezkerabertzalea.info.

Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20100620/206001/es/Izquierda-abertzale-EA-firmaran-hoy-dar-impulso-Estado-vasco