Félix de Azúa, El País, 26.1.2012

Muchos lectores pensarán que exagero, pero yo diría que los dos fenómenos periodísticos del inacabable periodo franquista fueron: en sus inicios, La Codorniz, y en su acabamiento, El País. Ambos tienen más de una raíz común.

En casi todas las sociedades sometidas a una explotación represiva la vida del espíritu subsiste bajo un disfraz irónico, sarcástico y paródico. Así era el Simplicissimus que se reía (temblando) del militarismo prusiano y eso fue Krokodil en la desolada Rusia comunista. En la España de Franco esa función la cumplió durante casi 40 años La Codorniz, cuyo subtítulo (“La revista más audaz para el lector más inteligente”) ya concedía que había que ser muy espabilado para sugerir y captar la disidencia en un país cómodamente sometido a un régimen que moriría en la cama.

Aquella revista de aspecto inconfundible llegaba a innumerables hogares españoles semana tras semana y se mantenía a la vista para que la leyeran las visitas. Aunque su tirada llegó a ser muy elevada (en su mejor momento alcanzó los 150.000 ejemplares) mucho mayor era el número de lectores. Yo la recuerdo como si fuera hace 40 años, en casa de mis abuelos, donde la leían por riguroso turno mis incontables tíos y primos cuando pasaban a rendir pleitesía. Y si no la compraban era, o bien por avara povertà, o bien porque no les parecía elegante. Sin embargo, pocas revistas han sido más elegantes que aquella, sobre todo comparada con las zafias revistas actuales. Todo lo cual puede constatarse en una impagable exposición del Museo de la Ciudad de Madrid.

La Codorniz tuvo varias vidas, todas ellas explicadas por el comisario Felipe Hernández Cava en un catálogo imprescindible. La primera, la de junio de 1941, es un invento de tres talentos literarios y gráficos, Mihura, Tono y Herreros, hijos del surrealismo, del futurismo y del constructivismo ruso, padres de un humor disparatado, desatinado y absurdo que duraría hasta Tip y Coll. Junto a ellos, escritores como Edgar Neville, Fernández Flórez, Jardiel Poncela, Gómez de la Serna, Conchita Montes, Clarasó o Manuel Halcón.

Ya en esta primera etapa figuraba como redactor jefe Álvaro de Laiglesia, un jovenzano de 19 años, chuleta, simpático y vivalavirgen que pasó su infierno en la División Azul. Luego volveremos a él. El tiraje inicial fue de unos 30.000 ejemplares y se vendía al precio de 50 céntimos. El diseño era de Herreros, un soberbio dibujante en la mejor herencia de Goya y Solana. Tanto dibujantes como escritores se sentían próximos al estilo italiano, el del Bertoldo, del Marc’Aurelio, de Pitigrilli, Mosca o Guareschi, pero también de los americanos que comenzaban en el New Yorker, sobre todo de Otto Soglow, James Thurber y Peter Arno, a los cuales Herreros copiaba con seudónimo cuando había que llenar espacio. A finales de 1942 se incorpora la fuerza real de la revista, Fernando Perdiguero (Menda), quien había sido indultado tras vivir el terror de una condena a muerte suspendida sobre su cabeza. Nada mejor, tras ese trago, que una revista de humor.

La segunda Codorniz nace en marzo de 1944 cuando Mihura, que estaba deseando dedicarse al teatro, vende la cabecera por 90.000 pesetas a Godó, Pradera y Pombo Angulo. El nuevo director es Álvaro de Laiglesia y su redactor jefe el eficaz Perdiguero. En esta etapa, De Laiglesia pone la revista en los 150.000 ejemplares. Es la apoteosis. Se incorporan Goñi, Mingote, Chumy, Kalikatres, Ops, y una cierta crítica política sustituye el estilo “poético e irreal” que en opinión del nuevo director era ya “una fórmula agotada”. Le añadió el subtítulo sobre la audacia de la inteligencia en 1951.

Con De Laiglesia empiezan los conflictos. En noviembre de 1952 aparece una rechifla sobre el diario más brutal del movimiento, el Arriba. La Codorniz publica un Abajo con una cazuela y tres cucharas en lugar del yugo y las flechas. Un grupo de matones destroza la redacción y amenaza de muerte al director. En 1973 el Gobierno, o lo que fuera, cierra la revista cuatro meses con gran cabreo de Godó, que no concibe perder dinero molestando a los franquistas. En 1975 viene el secuestro administrativo y otros tres meses de cierre. De Laiglesia está condenado.

La tercera y última Codorniz vuela en 1977 y la dirige Summers. El equipo de dibujantes es impresionante: El Roto, Chumy, Mingote, Gila, Máximo, Ballesta… El nuevo director continúa la línea absurda y disparatada que es marca hispana: Un señor entra en una librería, “¿Tiene usted mis memorias?”. “¿Y quién es usted?”. “Es que no me acuerdo” (Gila), pero el país había cambiado enormemente y se encontraba en estado convulso. La revista cierra en enero de 1978. Tres meses más tarde llega el célebre rebote del gato muerto con una nueva dirección, esta vez de Cándido, amigo de Felipe González, pero solo duraría nueve meses.

En la lista de nombres hasta ahora mencionados han ido apareciendo una buena cantidad de firmas que han colaborado o colaboran con El País. Hay muchos más ya que apenas hemos mencionado a los escritores, pero en sus últimas etapas la revista lanzó nuevos talentos (una jovencísima Rosa Montero, por ejemplo) junto a consagrados como Torrente. Por eso decía yo al comienzo que si la una fue el fenómeno de comienzos del franquismo, el segundo lo fue tras su defunción. De alguna manera el alma codornicesca de una sociedad caricatural, transmigró a El País y a la democracia una vez muerto el tirano.

La fabulosa originalidad de Tono, Mihura y Herreros (hay dibujos de Tono que deberían exponerse en el Reina Sofía), la grandeza de artistas como Chumy (que tenía el brochazo de Franz Kline) o El Roto, un dibujante que podría tomar café con Daumier, son solo cimas en una cordillera de cumbres. En buena medida todo ello fue obra de Álvaro de Laiglesia, uno de los personajes destacados de la época y uno de los escasos escritores cuyas novelas se han vendido por millones. Hombre difícil, arisco, frívolo, de una vitalidad envidiable, representante magnífico de aquella España que vivía con Franco, pero le detestaba. Su hija Beatriz de Laiglesia hace de él un retrato espléndido, tan bueno como el de Joaquín Calvo Sotelo, escritor muy sobresaliente, por cierto.

Según cuenta Bea, su padre tenía una voz campanuda y engolada, como de barítono, y también el tipo. Cantaba en ruso mientras se arreglaba por las mañanas y pasaba mucho rato peinándose hasta conseguir un rizado de aspecto natural, pero despeinado. No usaba gomina, pero sí Floïd después de afeitarse aplicándoselo a implacables tortazos. Fumaba mucho, bebía mucho, trasnochaba mucho, trabajaba mucho… de todo mucho. Y no soportaba que en su presencia se contasen chistes. Era un solitario disfrazado.

Como padre fue un desastre. Abandonó a la familia cuando la niña tenía 10 años y ya no regresó nunca más. Eso no impidió que tanto su mujer como su hija le vieran con frecuencia (en bares), con más simpatía que amor. Cuenta Bea aquella ocasión en la que Paco Rabal entró en el local y tras saludar a Álvaro, quien la presentó al actor muy caballerosamente, se sentó en una mesa a espaldas del escritor. Desde allí se timaba con Bea de la manera más seductora: alzando repetidas veces el peluquín que gastaba (llevaba la calva cruzada de esparadrapos) y guiñándole un ojo. El humor de La Codorniz, en este país, a veces no es surrealismo, es realismo socialista.

Fuente:http://cultura.elpais.com/cultura/2012/01/26/actualidad/1327610303_655739.html

León Paneta se estrenó como secretario de defensa de la OTAN, el pasado miércoles, anunciando a bombo y platillo que España se sumaba al escudo antimisiles que  presuntamente tiene como objetivo la defensa occidental ante un posible ataque de Irán o de Corea. Si es que su objetivo real no es, precisamente, el de atacar a Corea o a Irán, con las espaldas cubiertas.

El famoso escudo es una vieja aventura para fomentar la industria armamentística que la Administración Bush se sacó de la manga en el año 2000, recreando la guerra de las galaxias de Ronald Reagan. Los atentados del 11-S y la operación Justicia Duradera contra Afganistán provocaron que este formidable negocio para transnacionales como Lockeed se ralentizara a favor del trasiego de armas convencionales y de todo tipo que las sucesivas ofensivas contra Kabul y Bagdad fueron exigiendo. Sin embargo, Barack Obama relanzó este programa con la instalación de escudos antimisiles terrestres  en Polonia y Chekia o sobre soporte marino en el mar de China.

De entrada, cuando comenzaba la década, José María Aznar ya hizo amago de sumar a nuestro país a dicho proyecto, hasta el punto  de que, en 2001, un joven portavoz socialista llamado José Luis Rodríguez Zapatero, le afeó en su primer debata cara a cara en sede parlamentaria que hubiera anunciado su entrada en vigor en territorio patrio sin pasar siquiera por el Congreso. Ahora, el propio ZP voló raudo a Bruselas, con las Cortes ya prácticamente disueltas, a anunciar públicamente la adopción de una medida de tal envergadura, que viene a confirmar su reciente propensión a imponer reformas laborales por decreto, a incluir en la Constitución la contención del déficit sin referéndum alguno y a hacernos partícipes de un despliegue teóricamente defensivo que incluso aliados occidentales como Rusia consideran hostil.

Zapatero vuelve al redil.

Panetta estaba contento el pasado 5 de octubre.  El presidente español volvía al redil y se entregaba, nunca mejor dicho, con armas y bagajes. Así que agradeció a Zapatero sus esfuerzos por profundizar en la cooperación bilateral entre España y Estados Unidos, ya muy lejos de la valiente retirada de las tropas españolas de Irak que adoptó su primer consejo de ministros en 2004.

Cuatro barcos dotados con el sistema antimisiles Aegis se instalarán en Rota, como una fuerza naval combinada que operará en el Mediterráneo, de común acuerdo con España y otros aliados europeos como Rumanía y Polonia, así como otros países ribereños como Turquía: “Este anuncio –afirmó Panetta en un comunicado—supone una clara señal de que los Estados Unidos continuarán invirtiendo en esta alianza y que estamos comprometidos con nuestras relaciones en materia de Defensa con Europa incluso haciendo frente a los crecientes recortes presupuestarios en nuestro país”.

“Estos barcos también apoyarán los esfuerzos críticos de la OTAN para construir una efectiva defensa antimisiles”, afirma Panetta en relación con la cumbre que dicha organización celebró en Lisboa a finales de 2010 y en donde se adoptó la decisión de dotar a esta organización de un mejor sistema de protección anti misiles.

EPAA.

Todo ello parte de la llamada European Phased Adaptive Approach, que suele traducirse como Enfoque Europeo de Adaptación Gradual. Se trata de una propuesta del presidente Obama, formulada a 17 de septiembre de 2009 que replanteó la defensa contra misiles balísticos en Europa.

“Para decirlo simplemente –afirmó entonces el actual inquilino de la Casa Blanca–, nuestra nueva arquitectura de defensa antimisiles en Europa proporcionará unos sistemas de defensa más fuertes, más inteligentes, y  más rápidos para las fuerzas estadounidenses y los aliados de Estados Unidos. Es más amplio que el programa anterior. Despliega potenciales que ya han demostrado su rentabilidad y se basa en nuestro compromiso de proteger el territorio de los EE.UU. en contra de largo alcance amenazas de misiles balísticos, y que garantiza y refuerza, al mismo tiempo, la protección de todos nuestros aliados de la OTAN “.
Estamos en la primera fase de dicho despliegue, que concluirá de hecho a finales de este año y por la cual ya se han establecido radares terrestres  AN/TPY-2 en Polonia, al tiempo que el sistema Aegis BMD se ha incorporado a barcos como el USS Monterey que, desde la pasada primavera, ya patrulla por el mediterráneo con dichos equipos a bordo. Sin embargo, el acuerdo que alcanzó Bush con el gobierno polaco no se quedaba en un simple radar, sino que consistía en la ubicación de diez unidades de misiles con un alcance de seiscientos kilómetros y una velocidad de cinco kilómetros  medio por segundo. Demasiado lejos de Corea o de Irán, pero muy cerca de Rusia, dicho sea de paso. Así que no extraña que Moscú haya protestado de inmediato por la confirmación de que cuatro buques dotados con el sistema Aegis recalarán en España.

La siguiente fase se prolongará hasta 2015, con la instalación de una versión más avanzada de los interceptores SM-3, desde una base terrestre que ya ha sido localizada en Rumanía, tras una selección conjunta que dicho país llevó a cabo con Estados Unidos durante el pasado mes de mayo. Tres años más tarde, en 2018, se completará la fase 3, con un interceptor de ese mismo tipo que mejorará los ya existentes, desde 2009, en Polonia. Para completar el calendario, se ha fijado la fecha de 2020 para desplegar el SM-3 Block Interceptor IIB, que supuestamente mejorará la capacidad del continente para hacer frente a misiles de medio y largo alcance.

Aunque el grueso de los países europeos ha eludido  situar en su territorio este tipo de defensas, Estados Unidos ha logrado incluso vencer la resistencia de Rusia que había mostrado serias críticas en el pasado pero que en noviembre de 2010 durante una reunión del Consejo OTAN-Rusia (Nato Russia Council) alcanzaron un principio de acuerdo en aras de “explorar oportunidades de cooperación de defensa antimisiles”, incluyendo la puesta a punto de una junta de evaluación de amenaza de misiles balísticos.
Desde Africa al Golfo Pérsico.

¿Quiénes tienen estos misiles balísticos? Al-Qaeda, no: contra el terrorismo yihadista, la opción norteamericana es el Africom, un nuevo comando operativo que actualmente tiene sede oficial en Stugart, en Alemania, pero que contará con una base propia en la zona marroquí de Tan Tan, muy próxima al Sáhara Occidental. El acuerdo firmado esta semana también incluye la cooperación de la base española en tareas de apoyo a este mando africano de Estados Unidos, así como al USS Central Commands, un dispositivo estadounidense que se creó en 1983 y que habitualmente patrulla el Mar Rojo, el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico y el Mar de Arabia.

Aunque numerosos países cuentan con misiles de largo y medio alcance, en el actual escenario, se perfila Irán y Corea como los nuevos malos de la película. Sin embargo, cabe preguntarse si ambas naciones tienen capacidad operativa para lanzar sus misiles contra España. En absoluto. Como objetó Vladimir Putin en su día,  ni Irán ni Corea cuentan aún con capacidad para lanzar misiles de un alcance de hasta ocho mil kilómetros ni los va a tener en un futuro previsible, a pesar de sus experimentos nucleares: “También es obvio que un hipotético lanzamiento de un misil de Corea del Norte contra Estados Unidos vía Europa Occidental contradice las leyes de la balística.”, comentaba hace años el líder ruso. Y esas leyes no han variado tampoco con el paso del tiempo.

Sin embargo, nuestro país ha decidido darles asilo en una base española aunque todavía con fuerte dependencia estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos no se ha decidido en cambio por la base de Gaeta, en Sicilia, un lugar mucho más próximo a Irán que la Península? Quizá por su proximidad al polvorín libio. Desde el aznarato, existía la tentación de trasladar a Rota buena parte de las actividades de la US Navy en dicha base italiana, pero todo quedo en suspenso cuando se enfriaron las relaciones entre Washington y Madrid a raíz de la derrota electoral del PP en 2004.

Nápoles se convirtió entonces en a nueva sede de las Fuerzas Navales de EE UU en Europa (CINCUSNAVEUR), mientras que Gaeta (Sicilia) mantuvo la VI Flota (COMSIXFLT),  con la presencia permanente del US La Salle y su grupo aeronaval al completo  se había ofrecido en principio a Rota y a Oeiras, en Portugal. Esta última fue descartada por su alto coste y la opción de Rota se rechazó de plano tras el desencuentro entre el ultramontano Bush y el entonces aparentemente pacifista Zapatero.
La presión estadounidense estaba clara. Era un toma y daca. Como España se retiró de Irak, tampoco hubo opción a que, en 2005, se convirtiera en el cuartel general de la estructura estática de la «NATO Response Force» (NRF). Sin embargo, el acuerdo que estaba dispuesto a firmar Aznar iba mucho más lejos, con la derogación del acuerdo que tan sólo permite la presencia de buques de propulsión o carga nuclear en el puerto de Cartagena. El de Rota, dejó de recibirlos desde que en 1979, en plena transición, se logró un acuerdo que impedía la presencia en sus dársenas de los temibles Polaris.

El caramelo de los astilleros

A cambio, Estados Unidos se comprometió verbalmente con Aznar a que los astilleros de San Fernando, en Cádiz, que entonces gestionaba Izar, se convirtiesen en el principal  centro de reparaciones de la Sexta Flota en el Mediterráneo: esto es, la ITV de 60 unidades navales tanto de guerra como civiles. A pesar de dicho fiasco, la base de Rota prosiguió la ampliación de sus atraques y hangares, por lo que todo parece indicar que sigue adelante el plan “Rota Visión 2015”, que supone la inversión de más de 40.000 millones de las antiguas pesetas en dicha base.

Ahora, Estados Unidos ha reconstruido su red de intereses con las últimas mesnadas de Zapatero y quizá haya negociado la incorporación de esos cuatro buques a Rota, a cambio de que sean reparados en los astilleros de la Bahía de Cádiz, como una bomba de oxígeno al fuerte paro que experimenta dicha provincia. En octubre del pasado año, el nuevo embajador de Estados Unidos, Alan D. Solomont visitó las tres factorías navales de la Bahía gaditana, por invitación expresa de Navantia, a fin de recobrar el viejo proyecto de convertirlas en el centro de reparación de la VI Flota.  Acto seguido, el embajador de EEUU ha declarado a los medios de comunicación que, “en un  futuro”, podría haber “más carga de trabajo”. Allí, en la unidad de reparaciones Cádiz-San Fernando ya se han reparado algunos buques estadounidenses, como la fragata ‘USS John L. Hall’ con número F-32 de la US Navy.

Hasta ahora, de lo único que se habla es de que este nuevo refuerzo para la principal base de la Península supondría la creación de 300 puestos directos y 1000 indirectos. El aumento de la dotación estadounidense, que volvería a superar los 10.000 soldados, ya que hoy apenas llega a los 9000, difícilmente crearía semejante expectativa de empleo. Los trabajadores españoles de la base que no han logrado ver reconocidos sus derechos a la negociación por parte de las autoridades españolas, saben en sus propias carnes que se trata de un empleo precario.

Por otra parte, la marina española es dependiente de Estados Unidos en su tecnología militar y de hecho el sistema Aegis ya figura a bordo de varias fragatas de nuestro país. Es más sofisticado, sin embargo, el que se incorpora a estos nuevos cuatro buques que pretenden venir a Rota para quedarse. Estos sistemas se incorporan a barcos construidos en Bath Iron Works, el mayor astillero norteamericano, localizado en Kennebec River Bath, en el estado de Maine. Por lo que no cabe pensar en ningún caso que vayan a trasladar su tecnología a España para construirlos a partir de ahora en las depauperadas factorías navales del sur.

Los buques que llegarán a Rota son destructores y se encuentra previsto que se incorporen a los grupos marítimos permanentes de la OTAN, tanto en ejercicios navales como en visitas a puertos y cooperación en materia de seguridad. En Rota, hay mucha gente que creen que las calles volverán a llenarse de marines como en los años 50 y 60, que se multiplicarán las licencias de taxis y puede, incluso, que las güisquerías. Aquí se piensa en amarrar los perros con longaniza, pero nadie se percata de que el peligro para la población civil de la zona: millones de habitantes que pueblan las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, aumenta más cada año que pasa. Los muertos, por cierto, no trabajan. Pero corren malos tiempos para la lírica.

Fuente:http://tellez.periodismohumano.com/2011/10/07/rota-intercambia-escudo-antimisiles-por-empleo-precario/

Poco parecen importarle al Gobierno los últimos desplantes de la Iglesia católica, así como sus furibundos ataques contra algunos de los pilares de la política desarrollada desde 2004 por José Luis Rodríguez Zapatero, como la reforma de la Ley del Aborto o la regulación del matrimonio entre personas homosexuales. También parece que el Ejecutivo ha olvidado el mal sabor de boca que dejó en noviembre la última visita a España de Joseph Ratzinger que, pese a ser tratado con los máximos honores, denunció la existencia en España de un laicismo “fuerte y agresivo” como el de los años de la II República.

Un par de meses después de esa polémica, y cuando sólo hace unos días que el Papa cargó desde el Vaticano contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, el Gobierno puso ayer a disposición del máximo jerarca católico todos los medios necesarios para que su próximo viaje a España, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, sea todo un éxito.

En concreto, el Gobierno movilizará a siete de sus 15 ministerios Exteriores, Trabajo, Cultura, Interior, Defensa, Fomento y Presidencia para colaborar en la organización del evento, que se celebrará en Madrid del 16 al 21 de agosto. El compromiso del Ejecutivo se concretó ayer en una reunión mantenida por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui; con el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela; el nuncio del Papa en España, Renzo Fratini, y el coordinador de los viajes de Joseph Ratzinger, Alberto Gasbarri, entre otros.

El presupuesto

Los organizadores del acto religioso, que prevén una asistencia de un millón y medio de personas, manejan un presupuesto de unos 50 millones de euros, una cifra similar a la de otras ediciones de la misma celebración en otros países, aunque la cifra final podría ser menor porque “esta tiene que ser la Jornada Mundial de la Juventud de la crisis”, según informaron a Público fuentes de la organización.

El comité organizador de la Jornada afirma que el evento se autofinanciará con las aportaciones de los propios peregrinos, que pagarán entre 30 y 210 euros por cabeza según la duración de la estancia y el país de procedencia de cada uno, y con los patrocinios de empresas y los donativos particulares. A su juicio, los peregrinos pagarán dos tercios del coste previsto y las empresas, que se beneficiarán de importantes beneficios fiscales, el tercio restante.

La aportación pública

En este cómputo de 50 millones no entra, sin embargo, el coste que supondrá la celebración católica para las arcas públicas, cuya cuantía sigue siendo un misterio, aunque según algunas estimaciones ya publicadas por este diario podría duplicar la citada cifra. Y es que las tres administraciones implicadas en el evento Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid pondrán a disposición de Joseph Ratzinger numerosos recursos humanos y materiales para garantizar la organización, la seguridad y el alojamiento de los millares de jóvenes que llegarán a la capital de España en esos días de agosto.

“Cordialidad y colaboración”

En lo que se refiere al Ejecutivo central, el Ministerio de la Presidencia detalló ayer, tras la citada reunión, que se celebró en un “clima de cordialidad y colaboración”, que unos 6.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velarán por la seguridad de los asistentes. Además, los jóvenes de fuera del espacio Schengen (sobre todo de Suramérica y África) que llegarán a España para participar en la celebración 23.000 de un total de 240.000 inscripciones registradas a día de ayer podrán sacarse el visado gratis.

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha cedido el uso del aeródromo de Cuatro Vientos para la vigilia y la misa con Benedicto XVI, que tendrán lugar el 20 y el 21 de agosto.

En cualquier caso, el principal apoyo del Estado a la Jornada llegará en forma de desgravaciones fiscales para las empresas que decidan aportar fondos y patrocinar la jornada, y entre las que ya figuran algunas de las principales compañías españolas como Banco Santander, Telefónica, El Corte Inglés, Endesa o FCC, entre muchas otras.

No obstante, según informaron ayer a este diario fuentes del Ministerio de Hacienda, que lidera el consorcio creado para adecuar los gastos a los objetivos del encuentro religioso, resulta muy complicado estimar a priori la cuantía de las desgravaciones, ya que se trata de una magnitud que sólo se calcula posteriormente en función de las empresas colaboradoras y de la cuantía de la colaboración.

Por su parte, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid facilitarán también ayudas en especie, como el alojamiento de los peregrinos en centros educativos públicos y polideportivos, y colaborarán en las labores de seguridad (a través de efectivos de Policía Municipal, Samur y Emergencias 112 ) y protección civil.

En cuanto al impacto global que tendrá la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud para los contribuyentes, es decir, el coste derivado tanto de los recursos humanos como de la cesión de espacios públicos, distintos departamentos gubernamentales consultados ayer prefirieron no hacer pública estimación alguna.

Desde la organización del evento tampoco evalúan el valor de estos recursos al considerar que en España “eso no se paga” por parte de los organizadores, de la misma forma que los convocantes de una manifestación tampoco pagan por la presencia de la policía. “Lo que cuesta usar la Cibeles ni siquiera está medido”, argumentan las mismas fuentes, que creen que la situación es la misma que cuanto se prepara un Mundial de fútbol. Además, sostienen que la Jornada supondrá beneficios en materia de imagen tanto para Madrid como para el país, y señalan que unos 4.000 periodistas cubrirán el evento. Desde el Gobierno, se equipara la visita de Ratzinger a la de otros jefes de Estado, pese a que el viaje del jerarca católico tiene la doble consideración de visita oficial y visita pastoral, según los organizadores.
Una multinacional religiosa

El decidido apoyo del Gobierno a la celebración del evento religioso no ha pasado desapercibido para organizaciones civiles como Europa Laica, cuyo presidente, Francisco Delgado, criticó ayer duramente que, en tiempos de crisis, se dediquen fondos públicos a financiar “una multinacional religiosa inmensamente rica”.

Delgado compara el “dispendio” que supondrá la visita de Ratzinger con partidas cuestionadas como los 250.000 euros que cuesta el uso de lenguas cooficiales en el pleno del Senado para criticar acto seguido que el Estado le “rinda pleitesía” de esta forma a un líder religioso cuando además España “ya no es católica socialmente”.

Y es que, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque el 73% de los españoles se declara católico, casi seis de cada diez reconocen que no van a casi ningún oficio religioso.

La igualdad en la ley y, sobre todo, en la aplicación de la ley es un valor democrático fundamental. Es una expresión del respeto a las personas por razón de su dignidad. Pero también es uno de los medios básicos para frenar o impedir el abuso por los poderes públicos mediante actos o decisiones arbitrarias. Así lo proclama el art. 14 de la Constitución y es exigible a todos los poderes públicos. Es un derecho de todos los ciudadanos que tiene una particular relevancia ante los jueces, a los que es exigible la prohibición de cualquier forma de subjetivismo o arbitrariedad que conduzca a la desigualdad de trato de los ciudadanos sujetos a ellos, a un trato que resulte discriminatorio.

Y en los procesos contra el juez Garzón, particularmente el derivado de la investigación de los crímenes del franquismo y el de unos supuestos cobros indebidos que le atribuyen los querellantes por razón de unos cursos impartidos en una universidad de Nueva York, concurren serios indicios de la vulneración por el Tribunal Supremo (TS ) de dicho principio constitucional.

A cinco meses de la expulsión del juez Garzón de la función judicial, cada vez se hace más patente el trato discriminatorio de que es objeto. En el primero de ellos, es alarmante y reprochable cómo el TS demora injustificadamente el proceso, retrasa varios meses sin fundamento legal la resolución de recursos que debía haber resuelto en varios días y mantiene al juez en una posición de evidente indefensión. Hasta el pasado 8 de octubre no se ha resuelto, desestimándolo, el recurso que a finales de abril interpuso Falange contra su expulsión del proceso. Los meses transcurren con una escasa actividad procesal mientras el juez Garzón continúa expulsado. Todo imputado, cualquier querellado, tiene derecho a que se practiquen “sin demora las diligencias pertinentes” y los trámites procesales siguientes, sobre todo cuando ya se ha acordado la apertura del juicio oral. El juez Garzón también tiene derecho a una tramitación diligente de la causa, derecho que es un contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y que el TS le está objetivamente denegando y, por tanto, discriminando.

Este trato desigual es aún más patente en el proceso que instruye el magistrado Marchena, siempre con la oposición del fiscal, por los supuestos cobros en la citada universidad. Los querellantes denunciaron ante el TS al juez Garzón el 12 de junio de 2009. A partir de ahí se suceden actos procesales insólitos en un Estado democrático de derecho. El 15 de dicho mes, el TS acuerda la apertura de una causa penal por los hechos denunciados y el 15 de septiembre acuerda practicar unas “diligencias de prueba” para la comprobación de la denuncia.
Todo ello, sin ponerlo en conocimiento del querellado. Ciertamente, estaba facultado legalmente para tomar esa decisión, pero no podía hacerlo sin informar de ella al juez Garzón. El TS actuó, pues, de forma oculta desconociendo un derecho fundamental reconocido en la ley procesal penal: “La admisión de denuncia o querella y cualquier otra actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados”. Precepto ignorado por el TS en perjuicio del derecho de defensa del juez Garzón. Finalmente, el 28 de enero de 2010 se admite a trámite la querella y comienzan las investigaciones del instructor Marchena.

El TS lleva, pues, investigando al juez Garzón por esta causa trece meses, lo que revela una preocupante impericia investigadora por más que Marchena, en el Auto de 9 de septiembre, atribuya la dilación de una investigación injustificable al “desgobierno contable” de la referida universidad. Incapacidad instructora que llega al extremo de acordar una medida absolutamente desproporcionada y vulneradora de derechos: ordenar a la Guardia Civil investigar indiscriminadamente todas las cuentas del juez Garzón durante un año. Mientras tanto, se sabe que una asociación judicial en 1989, percibió, naturalmente en pesetas, “generosas aportaciones”, por decirlo en los propios términos del TS contra el juez Garzón, de varias entidades de crédito: 500.000 de la Caja de Ahorros de S. Sebastián, 200.000 de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y 1.000.000 de la Caja de Ahorros de Madrid. Los jueces así beneficiados lo fueron, como todas las asociaciones de jueces y fiscales durante 25 años, por razón del “cargo público que desempeñaban” como razona el TS para justificar el reproche penal al juez Garzón. Así sigue ocurriendo y nadie ha abierto un proceso penal contra los jueces o fiscales que formularon la solicitud de la aportación y se beneficiaron de ella.

Pero hoy, además, ya está funcionando el “Club Banesto Justicia” para jueces y fiscales. Una oferta de cuentas corrientes con un “atractivo interés al 1,25%, sin comisiones de administración ni mantenimiento”, una “hipoteca bonificada, sin comisión de apertura, y con un tipo de interés inicial de Euribor + 0,65% y que, en función de los productos contratados, puede verse reducido hasta un mínimo de Euribor + 0,40%”, préstamos personales “hasta 72 meses al 7,90%”, y otras ventajas como “leasing mobiliario e inmobiliario”, ”con un gran tratamiento fiscal”, y así sucesivamente. Es un ejemplo de cómo la magistratura es cuidada por los poderes económicos. Y una muestra de un trato desigual, que es más reprochable al TS que, objetivamente, se perfila como un poder incontrolado e incontrolable. Grave problema para nuestro sistema democrático.

Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción

Para la mayoría de quienes la vivieron, Manuel Azaña personificó, como ningún otro de sus protagonistas, la Segunda República. Para sus partidarios, encarnaba los valores cívicos y laicos del régimen, como para sus enemigos los demoniacos y antinacionales. Para bien o para mal, él era la República. Y con razón, según se deduce de este libro de Santos Juliá. Un libro muy esperado por quienes habían seguido la trayectoria de este autor, que sobre Azaña publicó ya en 1990 una biografía excelente -aunque parcial, pues sólo cubría la política y sólo los años 1930-1936-, prologó en 1997 los Cuadernos robados y recopiló e introdujo el año pasado las Obras completas. Nadie, pues, más cualificado para ofrecer, como hace ahora, una biografía completa del segundo y último presidente de aquel régimen iniciado en la euforia multitudinaria de abril de 1931 y hundido en el sangriento enfrentamiento de 1936-1939.

Este volumen es mucho más que una repetición o resumen de ideas o páginas anteriormente publicadas por Santos Juliá. Se trata de una obra nueva, coherente y cerrada en sí misma. Una obra, además, centrada en el personaje, pues debatir los problemas políticos del largo periodo que cubre hubiera exigido una extensión inabarcable. Su tema no es la política española de 1900 a 1939: es Manuel Azaña, su evolución intelectual, estética y política, su psicología íntima, los dilemas específicos con que se enfrentó, las soluciones que ideó y defendió para ellos; y, en especial, los instrumentos políticos que utilizó, lo que casi equivale a decir sus discursos.

Respecto de la imagen conocida de Azaña, lo más innovador que ofrece esta biografía es que no fue un oscuro funcionario catapultado al escenario público por el 14 de abril y que se adueñó de la situación un poco por azar y un mucho por influencia de tenebrosas logias. Juliá dedica casi trescientas páginas al Azaña anterior a 1931, en las que sigue con detalle su formación intelectual y política. Deshace ahí la imagen, que el propio biografiado cultivó, de “señorito benaventino”. Nada de bohemia ni de indolencia; por el contrario, trabajo metódico, cuidadosa preparación de conferencias, lectura de libros de difícil acceso en el Madrid de la época; y actividad trepidante, con años en los que pudo ser a la vez secretario del Ateneo, funcionario de la Dirección de Registros y Notariado, pensionado en París, activista aliadófilo y director de revistas literarias como España o La Pluma. Nada, tampoco, de genialidades o giros políticos caprichosos; coherencia, en cambio, alrededor de una idea fija: la transformación del Estado, como instrumento de modernización de la sociedad. Y, pese a ello, tampoco jacobinismo: por el contrario, implicación seria en la opción posibilista dirigida por Melquíades Álvarez hasta que, tras concluir que la monarquía era el obstáculo más insalvable para la democratización y modernización del Estado, se sumó a quienes llamaban a la revolución republicana.

Lo que sí confirma esta biografía es que Azaña era un político “intelectual”, en el mejor sentido de este término, es decir, alguien que estudiaba a fondo los problemas, tanto a partir de la historia española como por comparación, en especial del modelo francés. Pero intelectuales metidos en política había habido en España desde hacía décadas: desde Salmerón o Azcárate hasta Ortega, pasando por los noventayochistas y los trágicos exégetas del “problema español”. ¿En qué se diferenciaba Azaña? De la generación del 98, en que veía en ellos pura rebeldía sin objetivo político, sin plan alguno para reformar el Estado; en que proponían caudillos, hombres providenciales, “cirujanos de hierro”, sin comprender que sólo la democracia asentaba la legitimidad del sistema. De Azcárate u Ortega, que no piensan en política, sino en principios ético-filosóficos o en tarea pedagógica. Aunque cabría preguntarse si el propio Azaña no relegó también la política. Porque su propio planteamiento de estadista, sus serios y coherentes diagnósticos histórico-políticos -que hacían de él un ser tan “raro”-, son la base de su convicción y de su atractivo, pero también de su insoportable sentimiento de superioridad, de su convencimiento de que todo lo podía resolver con un discurso. Lo que le llevaba a no dedicar tiempo a organizar un partido, a crear redes de clientelas, a buscar acuerdos con intereses corporativos; que son la esencia de la política.

Otro aspecto en el que esta biografía pulveriza la imagen acuñada por los enemigos de Azaña es el de su supuesto antipatriotismo. Azaña defiende el sentimiento nacional, pero en la línea de Cicerón o Maquiavelo: como orgullo de pertenecer a una sociedad capaz de dotarse de instituciones libres. La nación, así entendida, es para él un instrumento de modernización. Las identidades culturales se forjan, sin duda, a lo largo de siglos, pero sólo son naciones modernas cuando se asocia a ellas el sentimiento de soberanía colectiva sobre el territorio que convierte a los súbditos en ciudadanos. De ahí que las naciones, lejos de ser eternas, sean necesariamente recientes, observación en la que Azaña se adelanta a los enfoques hoy dominantes sobre el tema. La nación en la que él piensa es, además, compleja, y permite el reconocimiento de identidades culturales diversas. Lo que le hace defender el Estatuto catalán (a diferencia de Ortega, que sólo predica “conllevar” el “problema”), como instrumento de modernización, como avance hacia la adecuación del Estado a la realidad social. Siempre, claro está, que no fomente sentimientos patrióticos basados en la identificación étnica, que responden -en palabras del propio Azaña- a un “concepto islámico de la nación y del Estado” y cuyo modo de expresión es el “alarido”.

En conjunto, el retrato que de Azaña ofrece Santos Juliá es muy positivo. Se identifica, en buena medida, con su biografiado, en el que apenas aprecia carencias o errores. No se plantea si la actuación de Azaña durante el segundo bienio no coadyuvó al triste final del régimen. No pidió, sostiene Juliá, la disolución de las Cortes tras los resultados electorales de 1933. Pero su pasividad como diputado en 1934-1935 no es coherente con su reiterada defensa del Parlamento como eje de la democracia; y su participación en las maniobras para desbancar a los radicales tras el asunto del estraperlo ayudó a liquidar el centro político en los cruciales meses anteriores a febrero de 1936. Ante la intentona revolucionaria de octubre de 1934, Juliá reconoce su ambigua actitud; y detalla sobre sus iniciativas en pro de una mediación británica durante la Guerra Civil, que en alguna ocasión sobrepasaron sus atribuciones constitucionales.

Los últimos momentos de la vida de Azaña son sobrecogedores. La Guerra Civil, drama personal y colectivo para todos, lo fue en especial para él. Era lo peor que podía imaginar. Todo su esfuerzo por civilizar el sistema político, por crear una nación de hombres libres, se venía abajo. Ante la tragedia sintió horror, asco, tentaciones de dimitir, en especial cuando le llegó la noticia de los asesinatos en la Modelo de Madrid, entre otros el de su antiguo jefe, Melquíades Álvarez. Pero eso no quiere decir, insiste Juliá, que fuera una “tercera España”. Supo siempre muy bien que los culpables de la matanza eran quienes habían urdido y perpetrado el golpe de Estado, un crimen de lesa patria. Los siguientes, en orden de culpabilidad, eran las democracias europeas, que habían abandonado al régimen republicano a su suerte. Pero atribuía también responsabilidad a los “leales”, por ser incapaces de imponer disciplina e impedir los desmanes de sus grupos más radicalizados. Todo ello explica su aislamiento y su depresión, que le acabó llevando a su shakespeariana agonía de 1940, en un hotel provinciano, protegido por la bandera mexicana de los nazis y los comandos enviados por Serrano Suñer para raptarle y poderle fusilar en España.

Un libro apasionante. Será, durante mucho tiempo, la biografía de referencia de Manuel Azaña.

Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940), Taurus Madrid, 2008, 394 pp,

Navarra sufre un grave trastorno más propio de la Edad Media que del siglo XXI. El Opus Dei, prelatura de la iglesia católica, mantiene su imperio en la comunidad foral, con la generosa aportación de los contribuyentes, a pesar de lo cavernario de sus planteamientos ideológicos y de que su nacimiento e implantación están estrechamente vinculados con el franquismo.

Durante 2008-2009, 13197 alumnos (el 40% vascos) cursaron estudios en la universidad del Opus Dei y en su clínica trabajaron 499 médicos y 768 enfermeras. También le pertenecen el PIUNA (Plan de Investigación de la UN), el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, en busca de un premio Nobel que justifique las decenas de millones invertidos en el proyecto y el ICT (Instituto Científico y Tecnológico). Cuenta además en sus bibliotecas con un fondo bibliográfico de más de un millón de volúmenes y su editorial, EUNSA, publica casi un centenar de títulos nuevos al año.

La obra del santo y marqués Escrivá es la historia de la filia y obediencia franquistas, de un brillante proyecto que sabe succionar las ubres de las arcas públicas y del tirón populista de San Josemaría, quien dejara clara su santificada modestia el 25 de octubre de 1960 en Iruñea: “Señor alcalde: al recibir de vuestras manos el honroso título de hijo adoptivo de esta noble ciudad de Pamplona, no voy a caer en la falsa humildad de decir que no merezco tan alta distinción. Si lo hiciera, faltaría a la verdad y causaría agravio a vuestra justicia”. La inauguración de la universidad se convirtió en una cumbre del nacionalcatolicismo español con la presencia de numerosos cardenales, capitanes generales, ministros y gobernadores. Preguntado Escrivá ¿por qué en Navarra? contestaba: “Ésas son cosas de Dios, que tiene un gran amor a Navarra”. Y la diputación navarra y el ayuntamiento pamplonés correspondieron con desprendimiento a ese amor divino.

INMUDENSA, CIUNSA E INUNSA se convirtieron en las empresas clave del imperio poniendo así en evidencia que ni tan siquiera es una universidad de la iglesia católica sino un megaproyecto privado de la Obra. La diputación puso a su disposición el edificio de la Cámara de Comptos y el Museo de Navarra para la incipiente facultad de derecho y construyó gratis la de medicina. El ayuntamiento cedió 300 mil metros cuadrados y abrió el expediente de expropiación de otros 900 mil, mientras la banca pública les concedía créditos inmejorables. Aún así, gracias a la lucha de concejales como M.A. Muez, J. Martínez Alegría y J. Velasco, y a pesar de que les intentaron sobornar con pisos, coches y dinero, se construyó el Instituto Politécnico de Pamplona, cuyo solar pretendía la Obra para su nueva facultad de arquitectura. Con ellos había dado un vuelco la relación de fuerzas del ayuntamiento y el Opus perdió el control absoluto del que disfrutaba.

Ante la férrea oposición de los nuevos ediles tuvo que ser el Consejo de Ministros, capitaneado por Carrero Blanco, quien aprobara la expropiación forzosa de los golosos terrenos municipales en favor de la universidad, lo que obligó al ayuntamiento a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios para, inmediatamente, entregárselos al Opus. Esta carísima parcialidad hacia la Obra llegó a provocar la airada protesta del procurador Fernando Suárez que denunció en las Cortes franquistas (1967) el favoritismo con esta universidad.

En 1968 el 70% de lo presupuestado para investigación en los centros universitarios del estado iba a parar a la del Opus. En 1980 se calculaba que el dinero que aportaba la diputación a la universidad era de 100 mil pesetas de media por alumno navarro al año, beca casi del techo de Oxford.

El Opus dice financiarse con las dádivas de los fieles, lo aportado por sus empresas, sobre todo en el sector de la edición de libros y medios de comunicación, arrendamientos (todo un imperio inmobiliario en Iruñea gracias a la universidad y a la clínica) herencias, sus millonarias inversiones (como la agencia de fondos de inversión Sextante Partners AV, participada por la Fundación Universitaria de Navarra) y las subvenciones públicas que supondrán cerca del 40% de los 98,5 millones de euros presupuestados para el cuatrienio 2009-2013. Las arcas públicas siguen financiando un emporio creado para preparar los cuadros de mando de una sociedad conservadora y expandir la doctrina del fundamentalismo católico.

Para el Opus “el pecado original lo explica todo maravillosamente”, en la misma línea de los neocon estadounidenses que cuestionan el evolucionismo (en 2010 César Martínez, director creativo de G. Bush, McCain y Sarah Palin, impartió un máster en comunicación política en la UN) lo que convierte a la pobre enseñanza impartida en su universidad en sectaria, sexista y decimonónica. Influir en la sociedad del modo más discreto posible ha sido su máxima; asumió con clarividencia que la economía es ideología concentrada y fue fiel al consejo del Caudillo: “Haced como yo, no os metáis en política”, lo que a algunos fieles de la Obra no les ha impedido cometer el pecadillo de mantener una doble militancia en UPN, PP o PNV.

El Opus nació en Italia con Mussolini y en el estado español con Franco, de quien San Josemaría se convirtió en director espiritual. Destacados numerarios y supernumerarios de la Obra fueron máximos responsables del aparato franquista durante sus últimos 15 largos años (Carrero, López Rodó, López Bravo, el profesor de Juan Carlos Borbón, A. Fontán) durante los que se reprimió, torturó y fusiló sin denuedo. También se preocuparon de diseñar una transición basada en la conocida cita de Francisco Franco: “lo dejo todo atado y bien atado”.

La constitución de la II República establecía la separación entre Iglesia y Estado, suprimía el presupuesto para el clero e implantaba la educación laica que Franco desbarató devolviendo a la Iglesia la responsabilidad en la enseñanza de las nuevas generaciones. En cualquier sociedad verdaderamente democrática se pedirían cuentas por el bagaje histórico de la Obra y, por supuesto, se dejaría de financiar a una institución tan sumamente impresentable.

Patxi Zamora es periodista.

El juicio que en el futuro se haga a la democracia española deberá tener en cuenta su incapacidad para erradicar de la esfera pública todos los restos del franquismo. Más de 30 años después, las tibias políticas de memoria histórica del Estado español no sólo no han logrado devolver la dignidad a las víctimas, sino que tampoco han instaurado en la ciudadanía una cultura jurídica y política plenamente democrática. Este déficit contribuye a que en nuestras instituciones subsistan hoy esos “focos de supervivencia” del franquismo de los que advierte Carlos Jiménez Villarejo.

Son las sombras del franquismo, que se proyectan sobre la esfera pública y afectan a sus integrantes.
Uno de estos focos resiste aún en la universidad española. Sabido es que la dictadura franquista provocó “el atroz desmoche” (véase el libro así titulado de Jaume Claret) en los cuerpos docentes universitarios. Las mejores cabezas de la época fueron aniquiladas, depuradas o tuvieron que marchar al exilio. Ello generó un páramo científico e intelectual; un vacío que fue rápidamente ocupado por los partidarios de la dictadura, quienes no dudaron en servirse de la universidad como instrumento para sus fines políticos y personales. La ciencia fue sometida a la ideología fascista, primero, y nacional-católica, después. Y los principios de mérito y capacidad en la selección del profesorado se sustituyeron por la adhesión inquebrantable al régimen dictatorial.
Fueron demasiados los años durante los que se reprodujo y potenció este sistema.

Aunque con el transcurrir de la dictadura la universidad se convirtió en un semillero de la oposición democrática y no pocos de sus miembros pasaron después a desempeñar cargos de gobierno en las propias universidades, no se consiguió terminar con la herencia del franquismo. Quizá fuera un tanto ingenuo pensar que prácticas tan enraizadas iban a desaparecer de un día para otro. Máxime cuando no se produjo una depuración de los integrantes de la eufemísticamente llamada “vieja escuela” quienes, tras la muerte del dictador –y los días de luto oficial–, continuaron dando clase y ejerciendo su poder como si nada hubiera pasado.
Mucho es lo que ha avanzado la universidad española desde entonces, pero largo es el camino que le queda todavía por recorrer para convertirse en un espacio libre de ese autoritarismo que, más descarada que sibilinamente, se deja sentir en sus estructuras organizativas y de gobierno. En su interior a veces pesa más la jerarquía y el temor reverencial a la autoridad que la libre discusión racional de los argumentos en juego. A ello contribuye que las escuelas sigan siendo el elemento básico de reclutamiento y promoción del personal docente e investigador. Por supuesto que nada obsta a que los profesores se agrupen por afinidades temáticas, metodológicas o ideológicas, pero frecuentemente bajo esa fórmula se generan reinos de taifas, presididos por criterios ad hoc de índole más personal que profesional, donde a sus integrantes se les exige lealtad y adhesión a los principios no del Movimiento Nacional, sino de la propia escuela.

Salvo honrosas excepciones, funcionan con pretensión de hegemonía, vetando el acceso a la carrera universitaria a quienes no pertenezcan a ella e instaurando sin rubor la dialéctica del “amigo-enemigo” que los teóricos del franquismo aprendieron de Carl Schmitt.
Y qué decir de la igualdad de género. Las mujeres son mayoría en la universidad, sí, pero esa mayoría no se traslada simétricamente a los núcleos de poder, es decir, a los lugares donde se toman las decisiones que van a conformar la realidad presente y futura. En general, el número de hombres es desproporcionadamente superior al de mujeres en cátedras, cargos y tribunales de oposiciones, por citar los ejemplos más significativos.
Hoy, la universidad española vive bajo los efectos del Plan Bolonia, un proceso que está llamado a converger con el resto de Europa y a elevar el nivel de nuestras enseñanzas. Contadas son las universidades que están desarrollando este proceso de forma transparente, abriendo canales de diálogo con docentes, personal y alumnos que permitan la participación real de la comunidad universitaria en asuntos de su incumbencia.

No es esta la tónica general. La implantación de los nuevos títulos, el diseño de la carrera docente y la regulación de las relaciones laborales en la universidad recuerda sospechosamente a esa forma de gobernar “por decreto” típica de la dictadura.
Lo que sucede con el Plan Bolonia no es más que una manifestación de esa aversión a la política que profesaba el franquismo. En este sentido, de tanto en cuando se escuchan voces autorizadas que reclaman la salida del ámbito universitario de lo político, lo asociativo o lo sindical. Se afirma que la universidad ha de ser el espacio de la excelencia científica y no contaminarse por debates de tintes ideológicos. El de la excelencia funciona como un nuevo credo, un ideal no ideologizado que ha de permanecer al margen de cuestiones terrenales como la política. A sus apologetas cabría recordar las palabras del jurista Hans Kelsen, quien basaba la supremacía moral de la democracia y la libertad en su capacidad de generar mayores avances científicos. Sigamos su criterio: profundicemos en más y mejores prácticas democráticas, ya que sólo así podremos alcanzar la excelencia en nuestros campus.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2094/¿franquismo-en-la-universidad/

En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.

El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.

Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).

Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.

Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).

Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.

Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University

Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.



El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.



Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.



Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?



También merecen un reproche en el mismo sentido los responsables institucionales de diversa procedencia política que están convocando una manifestación para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos políticos que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia. 

La discusión sobre el lema de la marcha resulta tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias?



En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado, más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y produce un miedo más que justificado tanto desafío irracional al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.

Rafael Simancas

Tengo demasiado respeto a Santos Juliá como para despachar este asunto de la manera simplista en que lo hace Intereconomía; pero no puedo evitar la expresión de algunas discrepancias. Lo que había en España el 18 de julio de 1936 era un régimen democrático empeñado en una política reformista, definida así en el pacto del Frente Popular: “La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social”. Los “partidos obreros” habían aceptado estos límites por unas razones que Martínez Barrio expuso claramente en 1937: “El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria”.

Aunque hablasen de revolución para azuzar los miedos de la derecha, los militares y sus asociados se sublevaron en realidad contra la democracia republicana. Lo dicen sus primeros textos internos, como el de Mola, que proclama: “Es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder”. Lo que debía hacerse era “un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo”, de modo que en el futuro “nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (…), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo”. De forma más expresiva lo decían los militares de su entorno, que, como nos cuenta su secretario en la primera versión de sus recuerdos, sostenían que “hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”, lo que ejemplificaban con “la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros”.
Cuando se analiza la violencia inicial del levantamiento, se puede ver que se trata sobre todo de asesinatos preventivos, movidos por el deseo de desarticular hasta sus raíces la sociedad republicana. Se mata a alcaldes y concejales, a sindicalistas o a maestros de escuela. ¿Cómo explicar de otro modo el asesinato en los primeros días de tantos maestros de escuela? ¿O el hecho de que hubiese tantas víctimas en provincias que votaban tradicionalmente a las derechas y donde el movimiento había triunfado sin resistencia? No eran víctimas de una guerra civil que no existía aún cuando sus muertes fueron decididas, sino de un proyecto de exterminio colectivo.

En un balance sobre la violencia roja y azul que aparecerá próximamente, José Mª García Márquez ha reconstruido la realidad de los asesinatos del verano de 1936 en la provincia de Sevilla. Se trata de hombres y mujeres que murieron sin dejar rastro, no porque fuesen víctimas de actos incontrolados, sino porque hubo una voluntad deliberada de ocultación. Una de las aportaciones más interesantes de su investigación es la certeza de que las autoridades de la revuelta tenían exacta noticia de cada muerte que se producía.

Esta primera oleada salvaje de los muertos en los descampados y en las cunetas, realizada cuando no había motivo alguno que pudiera legitimarla, es la que revela con más claridad la naturaleza y el sentido de esta violencia fundacional. Después empezó una Guerra Civil que desbordó el proyecto político republicano y dio paso a una situación nueva, en que el análisis de la violencia de ambos bandos debe hacerse sin duda con algunas de las cautelas que preocupan a Santos Juliá. Pero la suposición de que la crisis del proyecto del Frente Popular se hubiese producido de todos modos sin la provocación inicial de la revuelta no aparece justificada por el estudio de lo que ocurrió en la primavera anterior. Y, privada de esta legitimación, la violencia azul del verano de 1936 resulta ser el mayor crimen colectivo de la historia de España: un crimen contra la humanidad que no tiene amnistía ni perdón.

Josep Fontana,  miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es catedrático emérito de Historia y  dirige el Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Maestro indiscutible de varias generaciones de historiadores y científicos sociales españoles, investigador de prestigio internacional e introductor en el mundo editorial hispánico, entre muchas otras cosas, de la gran tradición historiográfica marxista británica contemporánea, Fontana fue una de las más emblemáticas figuras de la resistencia democrática al franquismo y es un historiador militante e incansablemente comprometido con la causa de la democracia republicana y el socialismo.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3454