Salvador López Arnal, Rebelión, 25.1.2012

Para Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, 
Sefarín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.
In memorian et ad honorem

Iñigo Aduriz publicó el pasado martes en Público un artículo con el título “Las primeras víctimas de la Transición”, con una mayúscula – la T de “Transición”- innecesaria en mi opinión. Afirma en él, refiriéndose a la matanza de los abogados laboralistas de CC.OO, que “la noche de 24 de enero de 1977 él [Alejandro Ruiz-Huerta, que sigue “sintiendo culpa por no haber fallecido”] sobrevivió al atentado que paradójicamente es considerado por muchos como el umbral de la Transición –de nuevo con mayúscula- que devolvió la democracia a los españoles”.

No hubo ninguna democracia devuelta.

Que la matanza fuera o no el umbral de la transición, no parece tema decisivo. Acaso asunto de alguna insustantiva tesis doctoral.
Lo que sí tiene interés es recordar que la matanza tiró para atrás al movimiento obrero y antifranquista (en Barcelona, por ejemplo, la manifestación de protesta por lo sucedido fue silenciosa; nadie se atrevió a gritar, una y mil veces, lo que pedía el alma de todos nosotros: “¡Asesinos!, ¡abajo el fascismo!”). Se tuvo miedo, mucho miedo; no era para menos. No se andaban con chiquitas. No sabíamos exactamente qué hilos y grupos movían las actuaciones de los asesinos pero olían a azufre.

No es una estupidez conjeturar que la dirección del PCE, tras los atentados, pensara que era necesario de todas-todas un pacto con el sector evolucionista del régimen. Los otros, los denominados inmovilistas querían llevarnos a otra guerra incivil (o acaso no, y todas las piezas y acciones estaban ensayadas). Un pacto se imponía como fuese y a costa de lo que fuera. Tragando sapos, monarquías, desaparecidos, asesinatos del fascismo, muertos en cunetas y fuerzas represivas sin depurar, por no hablar de poderes eclesiásticos y grandes poderes económicos.

Tal vez no había otra vía… o tal vez sí. Sea como fuere, no parece que la transición fuera inmaculada y, desde luego, la “democracia” que “se devolvió” a los españoles distó mucho de ser un sistema político que recogiera el sentir, las finalidades y el esfuerzo de tantos y tantos luchadores antifranquistas. Que el día de la matanza, sobre que Bardem y Morán realizaron una película, no sea recordado por la Comunidad de Madrid como un día de homenaje a los combatientes es corroboración de los peores atributos de la transición-transacción.

Dos notas finales.

Los cinco asesinados no fueron víctimas de los últimos sicarios del franquismo como señala Aduriz. Hubieron otras víctimas antifranquistas y otros sicarios fascistas, muy cubiertos por el aparato de Estado franquista, que actuaron de forma similar.

Para vergüenza de todos, ninguno de los familiares de los luchadores asesinados es considerado “víctima del terrorismo”. Sí lo son, en cambio, los familiares del almirante fascista Carrero Blanco y los del torturador franquista y ex colaborador de la Gestapo Melitón Manzanas.

PS. Vale la pena recordar las declaraciones de Alejandro Ruiz-Huerta. Dicen mucho de las CC.OO de aquellos años, algo distintas de las actuales. Ligados al PCE y CC.OO, señala Aduriz, construían la democracia desde abajo. “No éramos expertos en derecho del trabajo, sino que estábamos comprometidos con los trabajadores”. La noche de la matanza celebraban una reunión de asesoramiento y coordinación para su trabajo en los barrios populares de Madrid: legalización de asociaciones, tramitación de expedientes urbanísticos. Les salió cara. Joaquín Navarro, líder clandestino de la sección de Transportes, se salvó por los pelos.

Nota:
[1] Iñigo Aduriz, “Las primeras víctimas de la transición”. Público, 24 de enero de 2012, p. 21. (http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/418403/las-primeras-victimas-de-la-transicion)

Ver también: Julio Sanz Oller (José Antonio Díaz), Entre el fraude y la esperanza. Las comisiones obreras de Barcelona. http://www.ruedoiberico.org/libros/textos.php?id=178

Quienes vivieron de cerca aquellos días recordarán la máxima tensión que se respiraba en Madrid el 24 de enero de 1977 y siguientes, con un riesgo de involución política permanente. En esa fecha fueron asesinados en un despacho laboralista del Partido Comunista, en la calle de Atocha, Luis Javier Benavides, Ángel Rodríguez, Enrique Valdevira, Javier Sauquillo y Serafín Holgado.

Aquel fue un crimen franquista, realizado por un comando de ultraderecha, cuyos inductores máximos -según los abogados encargados de la acusación particular- no llegaron a sentarse nunca en el banquillo por la lamentable instrucción que hizo del caso el juez Rafael Gómez Chaparro. Anotaba Bonifacio de la Cuadra, en un artículo publicado hace un par de años, que fue el magistrado José Antonio Martín Pallín quien calificó aquel juicio como el primero y el último contra el franquismo, vista la imposibilidad de que la vía judicial abierta por Baltasar Garzón para investigar los crímenes y las desapariciones durante la dictadura contara con el apoyo del ministerio fiscal.

Paradójicamente, un bienio después y el mismo día en que se cumplen 35 años de ese último crimen franquista que marca los albores de la Transición, es el juez Garzón quien se sienta en el banquillo, acusado de prevaricación por  un pseudosindicato de ultraderecha y Falange Española de las JONS, organización esta última de las más caracterizadas en la represión franquista durante la Guerra Civil.

Creo, si mal no recuerdo, que fueron 300.000 las personas que asistieron a la manifestación de duelo que se celebró en Madrid con motivo del atentado de la calle de Atocha. Quienes estuvieron presentes no la olvidan por la intensidad, emoción y fervor democrático que se respiró en la masiva convocatoria que colmó la Plaza de Colón.

No hubo gritos entonces, sino un impresionante silencio, aunque todos los concurrentes podrían haber coreado a una sola voz el verso de Paul Eluard que ayer sirvió de lema en el homenaje celebrado en la sede de Comisiones Obreras en memoria de los abogados asesinados: Si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Veremos qué hace la justicia con la voz de Baltasar Garzón, sentada hoy en el banquillo.

Fuente:http://blogs.publico.es/felix-poblacion/518/garzon-y-los-abogados-de-atocha/

Diego Barcalá, Público, 29.1.2012

La viuda de José Luis Sánchez Bravo, el último fusilado por el franquismo, el 27 de septiembre de 1975, nunca denunció en España a los responsables del crimen. Silvia Carretero, que siempre ha reclamado la anulación de la sentencia que condenó a su pareja sin las más mínimas garantías procesales, ni siquiera acudió a la Audiencia Nacional cuando el juez Baltasar Garzón abrió la causa contra los crímenes de la dictadura en 2008. Siempre desconfió de los tribunales españoles. Visto lo ocurrido con el juez, que el martes se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo acusado únicamente por dos colectivos de ultraderecha, el tiempo le ha dado la razón.

Carretero decidió exiliar su demanda a Argentina. El 14 de abril de 2010 fue presentada en Buenos Aires una querella que apela a la justicia universal para acabar con la impunidad de la dictadura franquista. La demanda se inició a partir de dos familiares de víctimas de la represión de la Guerra Civil. A los pocos días, se sumaron Carretero y un colectivo de víctimas de Galicia. A la vista del funcionamiento de la Justicia española, el goteo de denunciantes es constante. Los últimos en adherirse han sido los familiares de los fusilados en Pajares de Adaja (Ávila), cuyos restos fueron trasladados sin su consentimiento al Valle de los Caídos.

“El Tribunal Constitucional rechazó el recurso para que se reabriera la causa de mi hermano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también e incluso la ONU. Cuando un país se califica de democracia, lo tiene que demostrar”, resume Flor Baena, hermana del militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) Humberto Baena, ejecutado por un pelotón de voluntarios junto con José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz en septiembre de 1975. A la vista del escaso resultado de su intento por reabrir la causa que condenó a muerte a su hermano sin pruebas, Flor medita incorporar su caso a la querella argentina. “De momento, no lo he hecho porque Silvia [Carretero] ya ha abierto el camino”, explica.

La jueza argentina María Servini de Cubría reclamó el pasado 13 de diciembre al Estado español “los nombres de los que se presentaron como voluntarios para los fusilamientos” de los condenados a muerte en 1975. “Creemos que el Gobierno no va a contestar pero nosotros reclamaremos igualmente las imputaciones que creamos necesarias”, explica el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy.

“Vamos a ir donde haga falta a denunciar esta violación de los derechos humanos”, advierte Fausto Canales desde el despacho del notario. Junto con otros ocho familiares de fusilados en Pajares de Adaja, acordaron el pasado viernes adherirse a la querella de Buenos Aires. “Pusimos la primera denuncia ante la Audiencia Nacional el 24 de diciembre de 2007, dos días antes de que se aprobara la Ley de la Memoria Histórica”, recuerda Canales. Desde su punto de vista, la ley no iba a cumplir con lo que ellos reclamaban: la recuperación de los restos de los republicanos que fueron llevados al Valle de los Caídos sin el permiso familiar. “Lo que nosotros reclamamos sobre todo, es que en sede judicial se aclaren los hechos. Que un juez diga lo que realmente ocurrió”, explica Canales, cuyo padre fue fusilado por los sublevados.

Fusilados en 1940
La imagen de Garzón sentado en el banquillo por dos asociaciones simpatizantes con el franquismo, Manos Limpias y Libertad e Identidad, ha terminado de convencer a las familiares de las víctimas del franquismo. “La denuncia en Argentina demuestra la gran vergüenza que es el Tribunal Supremo. Quieran o no quieran el franquismo será juzgado”, advierte Críspulo Nieto, hijo y sobrino de dos militantes socialistas fusilados el 20 de noviembre de 1940.

Nieto acudió al despacho de Garzón en la Audiencia Nacional el 12 de septiembre de 2008 con una copia del sumario de su padre. “No aparece ni fiscal ni abogado defensor. Encontré un superviviente del juicio y me contó que no les dejaron ni hablar. Le condenaron por auxilio a la rebelión. Por rebelarse contra los sublevados”, resume. Asegura que acudirá “donde haga falta” para reclamar “verdad, justicia y reparación”.

La experiencia de la investigación de Garzón ha servido para que los denunciantes añadan nuevos crímenes a la dictadura para investigarla en su totalidad. La pasada semana anunciaron su intención de presentarse en Buenos Aires los presos de los años 60 y 70. La asociación La Comuna quiere que un juez investigue quiénes fueron los responsables de las torturas sufridas en comisarías y prisiones.

Fuente:http://www.publico.es/espana/419226/las-victimas-de-franco-se-refugian-en-la-justicia-argentina

Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.

La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido.

De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.

Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.

Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.

No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.

¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).

Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4598/garzon-y-la-transicion/

La celebración de los dos juicios orales por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón es un signo más de la crisis del Estado de derecho en España. El primer juicio que va a celebrarse, el de las escuchas telefónicas de los principales imputados del caso Gürtel con sus abogados, supone, por sí solo, una ofensa a la conciencia democrática. Los principales responsables de la trama, que permanecen en prisión preventiva desde hace tres años, son los acusadores del juez que los investigó.

La sola admisión de la querella ya constituyó la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y la corrupción, porque transmitió un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Y significa que los presuntamente corruptos han conseguido ya una victoria: someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos.

El juez Barreiro, instructor de este proceso contra Garzón –que tanto empeño ha puesto en amparar, decía, el derecho de defensa– ha contribuido decisivamente al archivo definitivo de la causa por el genocidio cometido por la República Popular China contra el pueblo tibetano. En una resolución, ramplona desde el punto de vista jurídico, de 6-10-2011, de la que fue ponente, le dio un hachazo al principio de justicia universal manteniendo la impunidad de tal genocidio. Pero, eso sí, la investigación de la corrupción y del blanqueo de capitales tiene, a su juicio, límites infranqueables que el juez Garzón traspasó.

Respecto al juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo conviene recordar ciertos antecedentes para situar el contexto en que se produce. El juez, ante las denuncias de los familiares de los desaparecidos en 2006, acordó una investigación penal –el sumario 53/2008– por “delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero de las víctimas en el contexto de crímenes contra la humanidad”, con una rigurosa fundamentación jurídica nacional e internacional. Por esta y otras resoluciones, el TS está a punto de juzgarlo por un inexistente delito de prevaricación.

El juez hizo una estimación provisional de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra: 114. 266. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, actualmente existen 1.204 fosas pendientes de actuación extendidas por todo el territorio nacional donde permanecen abandonados los restos de las víctimas de los “escuadrones de la muerte franquistas”, según dijo el Consejo de Europa. ¿Será posible que alguna vez el Estado y los tribunales abandonen la “lógica hobbesiana del poder” y se alineen con la “lógica de las víctimas”? El TS tiene la ocasión de hacerlo.

¿Cómo pueden estimarse válidas las resoluciones dictadas durante la fase de instrucción de los dos procesos por tribunales declarados parciales? Y cuando son sustituidos por otros magistrados, concurren en estos fundadas razones para estimarlos tanto o más parciales que los anteriores. Es el caso de los jueces Varela y Marchena, nuevos miembros de la Sala que va a enjuiciar el caso de las escuchas de Gürtel.

Todas las resoluciones dictadas por esas dos salas, declaradas parciales, están empañadas de injusticia. Y todo el material probatorio acumulado contra el juez Garzón en estas dos causas está viciado y no puede fundamentar, en un régimen procesal de garantías democráticas, una acusación formal contra el mismo.

Además, en el proceso contra el juez por los crímenes del franquismo concurre una circunstancia excepcional que permite dudar de la imparcialidad de los magistrados Soriano Soriano, Sánchez Melgar y Andrés Ibáñez. La Audiencia Nacional (AN), a finales de 2008, privó de competencia al juez Garzón para conocer las desapariciones forzadas y, consecuentemente, el citado sumario 53/2008 se fragmentó y se enviaron las piezas separadas en que se dividió el procedimiento a 66 juzgados de instrucción de España. Tantos como fosas comunes se habían localizado hasta esa fecha.

Pero dos de ellos, los de El Escorial y el 3 de Granada, entendieron que no eran competentes para conocer crímenes contra la humanidad y devolvieron los procedimientos a la AN. El conflicto de competencia planteado fue resuelto por el TS. Y el 26-03-2010, la Sala, de la que formaban parte dichos magistrados, en lugar de decidir qué juez era competente para conocer dichos delitos, adoptó una decisión tan insólita como irracional. Se subordinó y aplazó la resolución del conflicto a determinar si el juez Garzón había o no prevaricado.

Decisión de gravísimas consecuencias, porque desde aquella fecha muchos juzgados de instrucción, ante la ausencia de un criterio jurisprudencial definido, han estado archivando denuncias por desapariciones, archivos que, por el tiempo transcurrido, han resultado ya firmes e irreversibles. Por tanto, la decisión de aquellos magistrados, que estaban obligados a prever estas consecuencias, ha intensificado el desamparo de las víctimas negándoles para siempre derechos reconocidos por el Derecho Humanitario Internacional vigente en España.

Ya veremos cómo concluyen estos dos juicios, pero la sociedad española e internacional tiene una clara percepción: el TS, como cúspide del Poder Judicial, no inspira excesiva confianza a nuestra sociedad democrática. En cambio, la dignidad profesional del juez Garzón no sólo permanece intacta, sino que se ha acrecentado. (los subrayados son míos-mb)

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4585/malos-tiempos-para-el-supremo/

Abundan en el mundo los excomunistas; de exfascistas, en cambio, hay muy pocos. De Arthur Koestler a Jorge Semprún, se cuentan por millares las personas que abandonaron el comunismo, reflexionaron públicamente sobre su experiencia y contribuyeron a la crítica del totalitarismo.

En el universo fascista estas figuras escasean. Con honrosas excepciones (de las cuales Dionisio Ridruejo…), los fascistas españoles mutaron conforme a la nueva circunstancia democrática, sin sentirse apelados a dar explicación alguna. Y muchos se han vanagloriado de su pasado de servicio al régimen del general Franco.

Manuel Fraga ha sido uno de ellos. Siempre mostró orgullo de haber trabajado por un régimen del que siempre omitía la condición de dictadura. Fraga, esforzado jefe de propaganda del franquismo desde el Ministerio de Información, ha jugado también un papel destacado en los reiterados intentos de la derecha por blanquear la dictadura, como si hubiese sido un inevitable periodo de excepción. De la cultura de “la calle es mía” a la cultura democrática hay un trecho. Fraga nunca creyó que tuviera que dar explicaciones por este tránsito. Quizás porque este tránsito no existió y porque en el fondo creía que entre el franquismo sociológico y la mayoría natural, las bases sobre las que fundó sus sueños de poder, tampoco había una distancia tan grande.

La muerte estiliza. Cuando una persona muere se genera una espiral de silencio que niega lo malo y solo muestra el buen perfil del que se va. Es una forma que los humanos tenemos de negociar la terrible sensación de injusticia que acompaña a la muerte. Pero cuando se trata de una persona pública, 60 años en escena, el rito de los halagos puede llegar a ser grotesco. Y, a menudo, pone en evidencia a sus celebrantes. Decir, como Núñez Feijoo, que Fraga tuvo la mala suerte de haber nacido en un régimen sin libertades es patéticamente enternecedor.

Millones de personas nacimos bajo este régimen y no nos hicimos fascistas, ni servimos al dictador. Decir, como Mariano Rajoy, que Fraga sentía pasión por la libertad genera dudas preocupantes sobre la idea de libertad que tiene el presidente del Gobierno.

Desde luego, lo menos que puede decirse es que fue una pasión muy tardía, si es que llegó a desarrollarse algún día. También buena parte de la oposición se ha sumado al espectáculo. Sin duda, Fraga jugó un papel en la incorporación de la derecha española a la democracia, sobre todo cuando vio que el nuevo régimen era irreversible. No se olvide que en las primeras elecciones se presentó al frente de una espectacular brochette de fascistas. Los que tienen que estarle agradecidos son los socialistas. Ni en sueños Felipe González habría imaginado tener un líder de la oposición tan inofensivo electoralmente.

La despedida a Fraga nos ha recordado cómo todavía pesan algunos tabús construidos en la Transición. Todavía hay miedo a hablar mal del mal, a hablar de la dictadura por su nombre. Y proliferan los eufemismos para rebajar la calidad dictatorial del régimen anterior. En este sentido, Fraga no deja de ser un símbolo de una democracia lastrada por su incapacidad de afrontar el pasado.

La providencia ha querido que la desaparición de Fraga coincidiera con el inicio de la ruta de Garzón por los banquillos. Ver a los responsables de la trama Gürtel y a los gerifaltes del franquismo como víctimas y al juez que atrapó a los primeros y que osó desafiar el tabú judicial sobre la dictadura como verdugo, es una imagen que proyecta todo tipo de sombras sobre las instituciones españolas y resulta incomprensible para gran parte de la prensa extranjera. También en la justicia los tabús de la Transición siguen vivos. La endeblez de las acusaciones contra Garzón, que ni siquiera la fiscalía apoya; la tenacidad de sus perseguidores, y la historia de encuentros y desencuentros, de idas y venidas, que jalonan la vida de un juez expuesto en el aparador mediático hasta la obscenidad, transmiten a la opinión pública una imagen de la justicia muy regresiva. De este episodio judicial solo retengo una conclusión positiva: que los jueces son humanos como todos, con sus resentimientos y sus vanidades, con sus pasiones y con sus odios. Nada me daría más miedo que un juez perfecto. A veces, los jueces creen serlo. Y se producen choques frontales como en el caso que nos ocupa. La democracia la hacen los humanos, son las dictaduras las que viven de los hombres perfectos.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Regreso/pasado/elpepusocdgm/20120122elpdmgpan_7/Tes

Iñaki Iriondo, Gara, 17.1.2012

El actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró ayer que «todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga, y ahí está ya en la historia de España, como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos». Palabras que recuerdan a las que el propio Fraga dedicó a otro «grande». El día de la muerte de Francisco Franco, su exministro afirmó que el dictador fue «un gran hombre», «el mayor y más representativo de los españoles del siglo XX» y «uno de los mayores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia». La similitud de las comparaciones no es una casualidad sino un hilo conductor.

Como no es casualidad que Rajoy alabe, entre otras facetas de Fraga, «al joven ministro de Información y Turismo que, en tiempos difíciles, consiguió proyectar al mundo la imagen de una España que despertaba poco a poco a la modernidad». Con «tiempos difíciles» el presidente del Gobierno español se refiere a una dictadura criminal y a movimientos que surgieron en toda Europa para protestar por esa criminalidad. Y si Rajoy no pronuncia la palabra dictadura, será quizá porque comparte, como dijo Fraga 28 de junio de 1962 ante el Consejo de Europa, que bajo la bota de Franco en España regía una «democracia institucional» con «algunas libertades políticas limitadas pero no abolidas».

«Spain is different»

La misión de propagandista del régimen en el exterior, en su versión turística, se sintetizó en el lema «Spain is different», que también resume el futuro del propio Manuel Fraga. Porque «España es diferente» se pudo consentir que un ministro de la dictadura que nunca rompió con ella, un gobernante que en 1976 sostuvo que matar obreros en una huelga en Gasteiz era «una gran lección para todo el país en los próximos meses», pudiera poco tiempo después participar en la redacción de una constitución que se pretendía democrática.

En los seis meses que estuvo al frente del Ministerio de la Gobernación, las FSE mataron a quince personas. Se lamenta la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de que haya muerto sin responder ante los tribunales de esas y otras muchas muertes. Pero ocurre que intentar juzgar a Manuel Fraga por esos hechos es no solo pretender juzgar a la dictadura franquista, sino también juzgar toda la reforma y a sus protagonistas.

En Argentina se ha abierto una tenue luz en esa dirección, porque hace tiempo que en el Estado español se renunció a ello. La «modélica transición española» se sustentó sobre una Ley de Amnistía que, en realidad, constituyó también una Ley de Punto Final para «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas». Ningún franquista fue a la cárcel por sus actos y ninguno tuvo nunca que devolver ni el poder ni las fortunas que amasó durante la dictadura, poder y fortunas que en muchos casos fueron conseguidos robando y expoliando a los vencidos.

Y, sin embargo, como «Spain is different» -aunque le encanta dar lecciones a otros estados-, ahora nos encontramos con que Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente del Gobierno y precandidato a liderar el PSOE, asegura que Manuel Fraga «fue un servidor público impecable». ¿Cuándo? ¿Cuándo según el documento clasificado con número F 2428 -del que en su día dio información el periodista José Félix Azurmendi-, siendo ministro de Gobernación, financió a los carlistas ultraderechistas que mataron a dos personas en Montejurra en 1976? Gregorio Peces Barba, también del PSOE, lo define como «un hombre muy institucional». Tan institucional que cuando le preguntaron sobre las acciones del GAL en 1985 defendió que «contra ETA hay que llegar al límite de los límites». Quizá en eso coincidió con la generación de Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y Gregorio Peces Barba. Al parecer, tenían el mismo «sentido de Estado».

Sin perdón

La vida de Manuel Fraga fue larga y todo el mundo puede tener derecho a cambiar de opinión y adaptarse a los tiempos, pero más cuestionable es que quien gobierna en una dictadura pueda luego seguir haciéndolo sin rendir cuentas de sus actuaciones anteriores.

El director de «Egin», Xabier Salutregi, y su subdirectora, Teresa Toda, están en la cárcel, como otros cientos de presos políticos vascos. Para optar a sus derechos penitenciarios se les exige que pidan perdón y muestren el deseo expreso de reparar a las víctimas, según explicó el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ayer aseguró que «si de alguien hemos podido aprender lo que significa servir al Estado y a los españoles, el mejor referente es la persona de Manuel Fraga».

No se sabe quiénes son las víctimas de Salutregi y Toda, pero sí hay nombres de las muchas de Manuel Fraga, ¿cuándo les pidió perdón? ¿Cuándo tuvo ánimo de reparar el dolor causado?

Manuel Fraga Iribarne murió anteayer a los 89 años de edad. Visto lo visto y, emulando al teatral capitán Diego Acuña de Carvajal, tendría perfecto derecho a que en un hipotético epitafio político quedara grabado aquello de «¡España y yo somos así, señora…!»

Fuente:http://gara.net/paperezkoa/20120117/315878/es/La-transicion-espanola-es-el

Manuel Fraga, presidente fundador del Partido Popular, falleció en la noche de ayer, sobre las 22.30 horas, en su domicilio de Madrid a los 89 años de edad. Vivió en la más absoluta impunidad tras los crímenes cometidos a lo largo de su carrera política, y murió en la cama como su mentor el genocida Francisco Franco.

Y se fue… sin que se lo hubiera podido juzgar por sus crímenes. Hace una semana, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CMRH) remitió un documento a la Justicia argentina para que investigaran su pasado franquista. En una reciente entrevista Rubén Alfonso Lobato, miembro de la CMRH, responsabilizó al dirigente del Partido Popular de reprimir a los demócratas, del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau y el ajusticiamiento de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.

Nacido en Vilalba (Lugo) el 23 de noviembre de 1922. Manuel Fraga se afilió muy joven a la Falange Española de las JONS (el partido único de Franco). Fue un miembro muy destacado del régimen de terror de Franco: secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951; secretario nacional del Consejo de Educación Nacional, secretario general técnico del Ministerio de Educación en 1953, y Consejero Nacional del Gobierno de Franco. Finalmente, fue recompensado por el Caudillo con el Ministerio de Información (ministerio de Agitación y Propaganda) y con la Vicepresidencia en el primer gobierno de la monarquía española.

Durante su mandato como Ministro de Información, cargo para el que Fraga fue nombrado en 1962, ordenó la publicación de la extremadamente represiva Ley de Prensa e Imprenta (ver:http://www.ruedoiberico.org/libros/index.php?id=32), junto con el Estatuto de la Publicidad, dos de los más importantes pilares del régimen fascista.

En 1973, Manuel Fraga fue nombrado Embajador de España en el Reino Unido, un cargo que ocupó durante dos años. En 1975, tras la muerte de Franco, Fraga regresó a España con la idea en mente de ser nombrado sucesor del Caudillo. Cuando el rey Juan Carlos decidió no nombrarle a él como presidente del gobierno español, Manuel Fraga montó en cólera y exigió a Juan Carlos ser nombrado Ministro de Gobernación. Desde ese cargo, Fraga ordenó los asesinatos de Montejurra (http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Montejurra?), en los que tres personas fueron asesinadas por cuerpos de paramilitares españoles.

Fraga Iribarne, asesino de obreros

Durante el mes de enero de 1976 unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaban por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Ese mismo día la policía armada entró en la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria, en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores y, haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del Concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante medio asfixiados y con pañuelos en la boca fueron apaleados por los flancos y a los del frente les dispararon.

Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, resolvieron la situación a tiro limpio. La represión en Vitoria produjo cinco muertos y centenares de heridos.
(ver:http://www.ruedoiberico.org/libros/index.php?id=15)

Ese mismo año Manuel Fraga fundó Alianza Popular y colaboró en la redacción de la Constitución Española. Años después, en 1989, refunda AP que pasa a ser Partido Popular y del que se haría cargo José María Aznar, que fue designado candidato a la presidencia del Gobierno.

Como el mejor maestro de la propaganda española de todos los tiempos, desde el 5 de febrero de 1990, Manuel Fraga ocupó el puesto de presidente de la Xunta de Galicia, tras tres procesos electorales cada vez más y más manipulados. Curiosamente, él había sido en 1978 el líder del movimiento fascista que se opuso a las autonomías en España, y muy especialmente a la gallega.

Durante su mandato como Presidente de la Xunta, Fraga fomentó el nepotismo, los sobornos y la corrupción. Convirtió al Parlamento gallego en un órgano muerto, y obtuvo un peculiar éxito: mientras que España creció económicamente en el periodo 1991-1999, Galicia se hundió sin embargo más y más en el paro
y la miseria.

Seguidor de las doctrinas del fascismo radical internacional, Manuel Fraga se ha distinguido en los últimos años por sus declaraciones, en las que niega el Holocausto judío y los crímenes de la Inquisición española, o por considerar que Pinochet cometió “algunos excesos” pero dejó Chile mejor de lo que se lo encontró. Como hombre ególatra y despótico fue muy conocido -incluso admirado- a causa de sus arranques de mal humor y por su insistencia personal en ser llamado “Don Manuel”.

En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Unida (IU) para rehabilitar la memoria de Julián Grimau, porque el Partido Popular consideró que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. A lo que el diputado de IU Luis Carlos Rejón contestó: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado consejo de ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142986

Ver también:

Fraga justifica el fusilamiento de Julián Grimau, y lo tacha de “sanguinario asesino” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31282

Fraga sostiene que “Franco sentó las bases para una España con más orden” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61211

Vídeos sobre los sucesos de Vitoria:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wZIurkLo2P0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i2DEadZ-d_I

Human Rights Watch, 13.1.2012

(Madrid) – El juicio que se iniciará próximamente contra el juez español Baltasar Garzón por haber investigado crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo atenta contra el concepto mismo de justicia tanto dentro como fuera de España, señaló hoy Human Rights Watch.

La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.

“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”, manifestó Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. “Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.

El juicio de Garzón en el caso de “memoria histórica” está programado para el 24 de enero de 2012. Se le acusa del presunto delito de prevaricación –dictar a sabiendas resoluciones injustas- por intentar llevar a cabo una investigación efectiva de crímenes de detención ilegal y desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil española y la dictadura del general Franco, a pesar de que en 1977 España aprobó una ley de amnistía para “actos de intencionalidad política”.
 
La decisión de Garzón de no aplicar la ley española de amnistía encuentra sustento en el derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un delito de carácter permanente mientras no se de razón del paradero de las víctimas. De hecho, la reacción en cadena provocada por el histórico pronunciamiento que Garzón dictó en 1998 contra el Gral. Augusto Pinochet de Chile por el asesinato y la tortura de miles de personas dio lugar a la derogación de las leyes de amnistía en numerosos países en todo el mundo.


El el caso de las “escuchas Gürtel”, cuya vista se ha señalado para el 17 de enero, Garzón ha sido acusado de prevaricación y violación de garantías constitucionales. Esta causa se relaciona con la intervención de las comunicaciones efectuadas por personas detenidas en el contexto de un escándalo sobre una extensa trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, actualmente en el gobierno”.

Garzón ordenó una serie de escuchas telefónicas de conversaciones que mantuvieron los presuntos cabecillas de esta red con sus abogados mientras estaban en prisión, ante la sospecha de que los abogados pudieran estar involucrados en las actividades ilícitas .  Al menos, uno de los abogados está imputado en la causa por blanqueó de dinero. No obstante, las grabaciones afectaron conversaciones con otros abogados que no estaban involucrados en el blanqueo de los fondos.

En los dos procesos contra Garzón, la fiscalía ha pedido que se archivara la causa penal ya que, según señaló, los hechos no serían constitutivos de delito. No obstante, las causas han prosperado como acciones particulares y fueron sustanciados por el Tribunal Supremo, que tiene facultades para juzgar a jueces en ejercicio. En la causa sobre la investigación de los crímenes del franquismo, los querellantes son dos organizaciones de significado carácter franquista. En la causa “Gürtel”, los querellantes son los abogados y los detenidos cuyas conversaciones fueron intervenidas, incluso imputados en el caso de corrupción.

Garzón fue suspendido de sus funciones hasta el pronunciamiento definitivo en 2010 tras la apertura de juicio oral en el caso de los crímenes del franquismo.

La querella contra Garzón por el caso “Gürtel” fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo en febrero de 2010, nueve meses después de la admisión de la causa de la “memoria histórica”, en mayo de 2009. Además de otros actores consultados, un ex miembro del Tribunal Supremo recién jubilado señaló a Human Rights Watch que creía que los enemigos de Garzón en el poder judicial habían adelantado la causa “Gürtel” para que el proceso contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo, claramente más controvertido, tuviera menor difusión pública y permaneciera a la sombra de esta otra causa. El País señaló que la causa sobre el período franquista quedó “curiosamente paralizada” en el tiempo, en alusión a las demoras en el señalamiento del juicio.
(http://www.elpais.com/articulo/english/The/indictment/of/Garzon/elpepueng/20110413elpeng_12/Ten)

Human Rights Watch no ha adoptado una posición respecto de la legalidad de las grabaciones o de si estas pueden considerarse procedentes. Sin embargo, acudir a la interposición de una querella penal, cuando existen otras vías posibles, constituye una medida a primera vista injustificada. El enjuiciamiento de jueces por el delito de prevaricación es un hecho prácticamente sin precedentes en España, manifestó Human Rights Watch.

Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados han señalado que los jueces no deberían ser juzgados por sus pronunciamientos a menos que se configuren circunstancias absolutamente excepcionales, y que “con el fin de proteger a los jueces de acciones judiciales injustificadas… [es] esencial que también se [les] conceda… cierto grado de inmunidad penal”. Estos expertos de la ONU han concluido que “la comisión de errores judiciales, la revocación en apelación o la revisión por una instancia judicial superior de una decisión adoptada por un juez no debe ser motivo para su separación del cargo”.

“A menos que existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un juez por su actuación judicial atenta contra la independencia judicial”, señaló Brody. “Son muchos los gobernantes antidemocráticos que no dejarían pasar la oportunidad de aplicar sanciones penales para silenciar a jueces cuya labor se opone a intereses creados”.

Además del caso de Pinochet, Garzón se ha declarado competente en casos de abusos cometidos en numerosos países. El ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo, imputado por Garzón por el asesinato de presos políticos durante la dictadura militar de ese país, cumple actualmente una condena de 30 años de prisión en España. El pedido presentado por Garzón a México permitió la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, otro ex militar argentino. Cavallo fue extraditado a España en 2003 y posteriormente fue enviado a Argentina para ser juzgado por la justicia de ese país.

Más recientemente, en abril de 2009, Garzón admitió a trámite una demanda interpuesta por particulares e inició una investigación penal sobre presuntos abusos sufridos por cuatro detenidos en Guantánamo que tenían vínculos con España. Varios cables diplomáticos divulgados por Wikileaks revelan que en varias oportunidades funcionarios estadounidenses habrían intentado de manera privada presionar a fiscales y funcionarios públicos españoles para evitar que prosperaran las investigaciones y lograr que la causa no fuera asignada a Garzón, considerado por el embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre (h), como “antiamericano”.
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“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional. Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.
Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch

Fuente:http://www.hrw.org/es/news/2012/01/13/espa-proceso-contra-garz-n-supone-una-amenaza-para-los-derechos-humanos

Diego Barcalá, Público, 8.1.2012

Tan sólo dos años después de la caída del muro de Berlín, el escritor alemán Georg Dreyman acude a los archivos de la Stasi, la poderosa policía secreta de la antigua RDA, a comprobar quién era el policía encargado de espiarle, qué escribió sobre él, qué sabía de su vida… La conocida escena pertenece a la película La vida de los otros (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) y representa la ruptura con el pasado que España no hizo en su transición. Los expresos políticos españoles no sólo desconocen qué fue de sus informes policiales sino que los que ordenaron su elaboración, los utilizaron para condenarlos, los encarcelaron y hasta les torturaron siguieron en sus puestos o incluso fueron condecorados por el nuevo régimen democrático.

El próximo 21 de enero se presenta la asociación de expresos del franquismo La Comuna. Militantes de la Liga Comunista Revolucionaria, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), el PCE o la prehistórica ETA VI Asamblea que reclaman la nulidad de sus juicios y sentencias como un hecho que va más allá de un simple reconocimiento moral a su lucha por la democracia. “Los tres presidentes que tuvo el TOP (Tribunal espacial de Orden Público o represión en vigor desde 1963 a 1977) se reintegraron en el Tribunal Supremo y los 11 jueces acabaron haciendo sus carreras en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales”, ejemplifica José María Galante, militante de la Liga Comunista Revolucionaria que fue detenido cuatro veces entre 1968 y 1973.

Como asociación tienen un símbolo. No es otro que la desaparecida cárcel de Carabanchel, por donde pasaron miles de presos políticos y ahora mismo no hay una simple placa que los recuerde. “Hace tres años apareció por ahí Rubalcaba diciendo que corría mucha prisa construir sobre la cárcel. Y hoy sigue siendo un solar. Tenían mucha prisa por hacer desaparecer los muros”, explica Galante, conocido por todos como Chato.

“Lo mejor es que en la puerta del edificio una pancarta dice: Bienvenidos”, recuerda sobre la sede de la Stasi de La vida de los otros Luis Roncero, de 69 años, exmilitante del FRAP y que pasó cuatro años detenido en la cárcel de Carabanchel. Miles de militantes antifranquistas como Roncero, condenados por los tribunales ilegales e ilegítimos durante los años sesenta y setenta, nunca han confiado en la Justicia española para reclamar responsabilidades por las tropelías franquistas. “Estamos encandilados con la querella de Argentina porque es la única vía donde puede haber justicia. Aquí ya sabemos que no la va a haber. Y ya se ha visto en casos como el de Grimau o Humberto Baena que se da por causa juzgada”, opina Galante.

Las torturas sufridas por esta generación de entonces jóvenes que heredaron de sus padres derrotados en la Guerra Civil la dignidad, el coraje y la persistencia han quedado impunes. “Yo caí en Santander y me libré de las palizas porque me pusieron contra un muro y me pegaron un tiro en la espalda que me atravesó los pulmones. Como le gustaba decir a Franco, no hay mal que por bien no venga”, ironiza el exmilitante de ETA de 68 años, Enrique Guesalaga.

“En mi pueblo, en Eibar, donde todo el mundo hablaba en euskera, te castigaban si lo hablabas y antes de cada partido de pelota en el frontón te hacían cantar el Cara al sol. Esa es nuestra generación”, explica Guesalaga, condenado en el proceso de Burgos a 50 años de prisión por un delito de terrorismo. Con la Ley de Amnistía de 1977 salió en libertad. “La gran trampa de la Transición”, califica a esta norma su compañero Josu Ibargutxi, de 62 años. “Por 800 presos que había entonces en las cárceles, consiguieron aprobar una ley de punto final”, añade Ibargutxi.

Detenido en coma

Una selección de expresos reunidos en un bar irlandés junto a la antigua sede del TOP, ahora Tribunal Supremo, en Madrid, describen a Público cómo fueron sus detenciones. “Yo caí detenido como activista en abril de 1968, antes incluso del mayo francés, por acudir a desactivar un artefacto que la organización había decidido poner en la delegación de uno de los aparatos de propaganda franquista más importante de entonces, que era el periódico El correo español. Fui a desactivarlo para evitar que hiriera a alguna persona que pudiera pasar y me explotó en el morro. Me quedé malherido y en coma. Por eso evité las torturas de la comisaría”, describe Ibargutxi.

“La trampa de la Transición fue que el sistema perduró”, opina Puig

Cuando recuperó sus facultades, Josu fue sometido a los temidos interrogatorios. “Como no cantaba todo lo que querían, me amenazaban con hacerme pasar por las manos de Melitón Manzanas, el temido torturador franquista, que en agosto la organización decidió ejecutar”, recuerda. El Gobierno de José María Aznar condecoró en 2001 a Manzanas con la Medalla de Oro al Mérito Civil.

El grado de las palizas dependía del momento de la detención. Valentín García, de 68 años, fue detenido el 29 de enero de 1969, en pleno estado de excepción por la muerte días antes del estudiante antifranquista Enrique Ruano. “Estuve 15 días detenido e incomunicado. Me ataban a la silla y me desnudaban por el efecto psicológico. Me pegaron noche y día, aunque ni me acuerdo de qué horas eran”, recuerda.

Los expresos del tardofranquismo se reconocen a sí mismos como una organización huérfana de padres políticos. El PSOE apenas contó con presos en la Transición y el PCE “se olvidó de los suyos”, como destaca Galante. “La frase que define ese olvido es la de Santiago Carrillo cuando dice que el PCE ya ha enterrado a sus muertos”, explica (Marcelino Camacho aseguró en 1977 que el PCE había “enterrado sus muertos y sus rencores”). “¡Con todos los que todavía tienen desaparecidos en cunetas!”, exclama Guesalaga.
Aznar condecoró al torturador Manzanas en 2001 como víctima de ETA (ver:http://www.elpais.com/articulo/domingo/HABLAN/VICTIMAS/MELITON/MANZANAS/elppor/20010128elpdmg_12/Tes)

Tres décadas después de la Ley de Amnistía, los expresos se preguntan por qué no la han debatido hasta ahora. “Cuando salimos, pensábamos en el futuro. Éramos gente joven, nuestra generación no es la que vivió la guerra y teníamos muchos proyectos por hacer. El objetivo era derrocar a la dictadura. Queríamos romper con el sistema y transformarlo. Buscábamos la emancipación social. La Transición fue una trampa que hizo perdurar el sistema”, analiza Acacio Puig, de 63 años, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria.

Puig pide un té y sonríe a Chato al recordar sus tiempos entre rejas. “Tomábamos siempre té. Era como un ritual”, recuerda de sus días en Carabanchel. Acacio cayó en 1973 en un piso de Vallecas donde su organización tenía un almacén de propaganda electoral. Tras pasar por los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, tuvo un juicio militar. “Me metieron 13 años por asociación ilícita, propaganda ilegal y añadieron terrorismo porque les interesaba por haber sido un juicio militar”, concluye.

Si hay algún personaje de los calabozos que todos recuerdan es Saturnino Yagüe, jefe de la Brigada Político Social, excombatiente de la División Azul que falleció en 1978 después de haber recibido una medalla al mérito policial, entre otras condecoraciones. “Fue el que refinó las torturas. Hasta entonces eran muy borricos y este refina los métodos”, añade Puig. “Yagüe refinó las torturas en la Brigada Político-Social”, dice un ex preso

Perfil del funcionario

“El perfil del jefe de las prisiones cambia. Ya no son gente acostumbrada a sacar a fusilar cada día a un puñado de presos. A partir de los setenta saben que no se puede hacer eso. Por ejemplo, el jefe de la prisión en Segovia nos permitía tener equipos de música. Bueno, y además, con tal de que no hiciéramos ruido, nos dejaba en paz hasta tal punto de que preparamos dos fugas consecutivas”, apunta Chato. “Nuestra gran reclamación era el estatuto del preso político. Nunca lo conseguimos, pero éramos tratados como presos políticos”, matiza Ibargutxi.

Con un proceso de anulación de una sentencia, los expresos aspirarían a tirar de la manta de miembros de la brigada político social, guardias civiles o incluso de jefes de prisiones. Acacio apunta a alguno de esos funcionarios de prisiones como represores: “Javier Cabezudo Hernández, director de Carabanchel, José Manuel de la Fuente, de Soria, Antonio Rodríguez Alonso, del Puerto de Santamaría, o Prudencio de la Fuente, de Burgos”.

“El PSOE no tenía presos y el PCE se olvidó de ellos”, denuncia Chato

Todos coinciden en señalar que las peores experiencias que se vivieron en las cárceles fueron sufridas por los jóvenes. “Éramos unos 15 presos políticos de menos de 20 años. Nos juntaron con el resto de presos comunes que nos hicieron la vida imposible dirigidos por los funcionarios. No podíamos mantener ni la comida por la mafias que se formaban. Cómo sería que, cuando me trasladaron al módulo de adultos, creía que eso era la libertad”, recuerda Ramiro, ex del reformatorio de Carabanchel.

Fuente; http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/415817/amenazaban-con-llevarte-a-manos-de-meliton-manzanas