La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 y la crisis subsiguiente del régimen franquista acentuaron la necesidad de evaluar el peso relativo de los diversos grupos políticos franquistas. Los primeros días de 1974 supusieron una tregua para dirimir asuntos internos en el seno de la clase dominante, merced al reforzamiento del «orden público» y a una serie de declaraciones «aperturistas» que hicieron entrar en el juego político del régimen, a ciertos sectores políticos, hasta entonces marginados. A través de los medios típicos de expresión política franquista, afloraron preferencias y apuntaron programas futuros. Proliferaron los editoriales, las declaraciones, las cenas y las conferencias en grandes hoteles, que reflejaron, por un lado el deseo de la burguesía de protagonizar la vida política, y, por otro, la imposibilidad de hacerlo a corto plazo.

La Iglesia española, que parecía olvidada en este concierto privado de voces, desencadenó poco tiempo después un enfrentamiento con el régimen, que confirmó la fuerza que aún detentaba en España y la necesidad de contar con ella a la hora de planear el posfranquismo.

A partir de enero, se produjeron continuas huelgas y manifestaciones a cargo de las fuerzas sociales que en los últimos años se venían mostrando más irreductibles a la política del régimen: la clase obrera y los estudiantes. La represión militar, judicial y policiaca se incrementó, mientras que el gobierno presidido por Arias Navarro al día siguiente del discurso «aperturista» de éste (12 de febrero), daba carta de inmunidad a la policía «en acto de servicio». La lucha de clases continuaba en continuo ascenso y radicalízación. Los arreglos, pactos y repartos de la clase dominante sólo servían para evidenciar más el objetivo político de este impúdico destape político: cada uno de los distintos grupos integrantes del franquismo buscaban y planteaban sus soluciones, unificaban sus filas, incrementaban la actividad de sus clubs, en un intento de mostrarse aptos para colocarse al frente y contar con el apoyo de los sectores más potentes de la burguesía industrial, terrateniente y financiera.

Dentro de este contexto nos parece oportuno sacar a la luz la historia, o datos para la historia, de una de las fuerzas protagonistas a todo lo largo del régimen franquista: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas [ACNP].

Aunque ya existen hoy algunos trabajos con referencias a la actuación de Herrera y de los propagandistas, creemos que ninguno ha abordado su dimensión histórica, naturaleza política y su encuadramiento en el régimen franquista (1)

La ocasión de analizar la naturaleza y función política de la ACNP se presentó cuando, a finales de 1972, nos llegó a las manos un manuscrito original de A. Sáez Alba sobre el affaire de El Correo de Andalucía, que hoy constituye el capítulo final de la presente obra. Tras la lectura de aquél, sugerimos al autor su ampliación, profundizando en el estudio de los protagonistas del dominio de El Correo. A. Sáez Alba nos mandó así, poco tiempo después, un informe apresurado sobre la ACNP que, tras algunos arreglos de estructura aunque no de contenido, constituye los capítulos 1 a 7. Lo apresurado del informe así como su enfoque nos obligaron a elaborar una introducción con el doble objetivo de completar algunas lagunas y marcar algunas distancias respecto a la ideología del autor. Este era el único medio de compaginar la norma de no ejercer censura alguna sobre los autores, con nuestra postura de no avalar una ideología de la que no nos sentimos del todo solidarios. La edición por Ruedo ibérico se seguía imponiendo, sin embargo, por la imposibilidad de publicar en España, todavía en 1974, un manuscrito como el que nos ocupa, a pesar de la «liberalización» proclamada a los cuatro vientos por el equipo ministerial formado en enero de 1974.

El valor del manuscrito reside en el hecho de constituir una crítica al catolicismo español, por persona y desde sectores conocedores de aspectos internos que podrían escapar a cualquier analista político. Aporta además documentos de escasa circulación, como los Estatutos de la ACNP y la lista de sus miembros, así como informaciones confidenciales. Pero la crítica de A. Sáez Alba es incompleta por haber sobreestimado la perspectiva religiosa. El autor deja la puerta abierta a la posibilidad de «cambio auténtico» en la Iglesia.

Este prólogo fue convirtiéndose en una investigación autónoma, al contar con un mayor número de fuentes; entre ellas una colección de Boletines internos de la ACNP, facilitada por el autor. Llegada dicha colección a nuestras manos cuando esta obra estaba ya en imprenta, hemos optado por incorporar los nuevos datos pese a ser conscientes de inevitables repeticiones.

I. LA ACNP Y LAS DERECHAS CATÓLICAS ESPAÑOLAS ANTES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

La creación en 1909 de la ACNP no constituyó un hecho aislado ni una innovación original. Cuando a finales del siglo XIX empieza a organizarse en España el movimiento obrero, y las bases sociopolíticas e ideológicas del orden tradicional empiezan a tambalearse, la burguesía se inquieta y se moviliza para hacer frente al progreso histórico. Para ello, encontrará en la Iglesia católica un firme aliado, utilizando a fondo la ideología desmovilizadora segregada por aquélla. La ideología de las derechas va a adoptar los esquemas católicos, como más tarde adoptará los esquemas fascistas, después los tecnocráticos desarrollistas y mucho más recientemente los «aperturistas» seudodemocráticos. A través de las diversas cuberturas ideológicas, algo debe permanecer: la propiedad privada de los medios de producción, y el Estado que la garantice.

Casi todos los grupos políticos burgueses que surgen en España a finales del siglo XIX y principios del XX se declaran católicos, cuando no son simplemente grupos confesionales, autodenominados asociaciones religiosas para encubrir sus funciones fundamentalmente políticas. Nacen con un doble propósito: de autodefensa de clase, y sometimiento de la clase obrera, mediante la creación en el seno del movimiento obrero de organizaciones obreristas -después sindicatos- que preconizan la armonía social y, dentro de las empresas la armonía -después «comunidad»- de intereses entre patronos y obreros.

La Iglesia católica toma parte en la ofensiva, al comprobar la pérdida progresiva de su clientela obrera. Ante el «peligro» revolucionario, anarquista, socialista y comunista, inicia el proceso que más tarde denominaría de «recristianización»; en realidad, intentó hasta 1931, frenar la toma de conciencia de la clase obrera y su organización; desde 1940, recuperarla, mediante la violencia moral y física y, a partir de los años 50, mediante desplazamientos tácticos a derecha e izquierda.

Dentro de esta estrategia se sitúa la dirección imprimida a la Iglesia por León XIII, con sus encíclicas «sociales», entre las que destaca Rerum Novarum (1891), punto de referencia de todos los posteriores ideólogos de la «doctrina social de la Iglesia». Esta nueva estrategia de la Iglesia se tradujo, en la práctica, el la creación de organizaciones confesionales católicas de diverso signo. El 29 de enero de 1881 se publican en España las «bases constitutivas» de la Junta Central de los Consejos Católicos Nacionales (2), antecedente de la Acción Católica actual. El mismo año, Cascajares, obispo de Calahorra, preconiza la creación de un partido confesional católico que una a todos los católicos en la defensa de los principios de la moral católica y de lo que con eufemismo será llamado en adelante, «los derechos de la Iglesia».

En esta época proliferan los partidos, grupos, organismos e instituciones, conducentes a los mismos fines de defensa y, posteriormente, de ofensiva, frente al auge del movimiento obrero. El miedo contra-revolucionario no será, por el momento, factor de unión como llegará a serlo en 1936. La atomización de la derecha católica constituye una de las características de este periodo. Las causas de división eran múltiples: la cuestión dinástica; la intransigencia doctrinal de las derechas más integristas, como la corriente carlista y, a su derecha, el partido de Nocedal (1888); el aferramiento al viejo estilo por líderes católicos como el marqués de Comillas, con sus creaciones obreristas (1895-1896); el protagonismo que ha caracterizado y sigue caracterizando la actividad política en España y, quizá (a título de mera hipótesis abierta a una posterior investigación), la falta de homogeneidad de los intereses económicos detrás de cada grupo; todo ello hizo fracasar los intentos de unificación de las derechas católicas hasta 1936.

De este gran mosaico de grupos y partidos políticos de derecha destaca la Junta de Vizcaya, creada por un grupo de capitalistas vascos encabezados por José María de Urquijo. El órgano de expresión del grupo La Gaceta del Norte, apareció en 1901, editado por la Editorial Vizcaína. La finalidad política de la Junta de Vizcaya era promover una campaña de oposición a la política de Canalejas, a la que calificaba de anticlerical y enemiga de la Iglesia. Nacida la Junta frente a una politica gubernamental concreta, tenía un carácter coyuntural, e intentó agrupar, primero con carácter local y, posteriormente nacional, a las dispersas fuerzas católicas en un programa específico de acción. Así organizó las manifestaciones marianas de 1903 en Vizcaya, con un carácter político. Una vez más se puso de relieve el peso económico de la Iglesia española y su alianza a la burguesía. La Compañía de Jesús constituyó, con su órgano Razón y Fe, una de las fuerzas católicas más integristas. El jesuita Ángel Ayala, amigo y condiscípulo de Urquijo, colaboro estrechamente con la Junta, así como Ángel Herrera Oria.

A las manifestaciones mañanas de Begoña, en 1903 y 1904, siguieron las protestas contra la ley de Asociaciones, en 1906, y por último la abierta ofensiva contra la «ley del Candado» en 1910. A partir de la Junta de Vizcaya se crearon grupos semejantes en otras provincias, tarea en la que tuvo un papel destacado Herrera Oria, que recorrió en 1910 el noroeste de España promoviendo grupos y pulsando la actitud política de la derecha.

Para entonces Ángel Ayala ya ha creado la ACNP, que es encargada por el nuncio del Vaticano en España, Vico, de organizar la Acción Católica y Social, cuyas normas se publican en 1910. Un año después, Herrera y Urquijo acordaron la necesidad de tener un órgano de expresión nacional. Así, por 25 000 pesetas, compraron El Debate que había comenzado a editarse en octubre de 1910. La Gaceta del Norte financió la operación; en 1912, El Debate fue cedido, a título gratuito, a la ACNP; Herrera Oria figuró como propietario para facilitar la operación jurídica.(3)

La creación del diario que habría de jugar un papel esencial en la política española, contaba con la aprobación de Pío X, a quien Herrera y Urquijo habían visitado previamente, consultándole sus planes.

La ACNP nacía así con el apoyo del Vaticano, estrechamente ligada a la Compañía de Jesús y sostenida por la gran burguesía vasca, como organización confesional permanente. Otros grupos surgen con el beneplácito de la Iglesia; así, el «Grupo de la Democracia Cristiana», creado en 1919, inspirado por Arboleya Martínez y presidido por Severino Aznar. Las relaciones entre la ACNP, el Grupo de la Democracia Cristiana y otros de menor importancia, como la «Casa social católica» de Valladolid (1915) o la «Acción social popular» de Barcelona (1907), no fueron siempre buenas.(4) Herrera no había querido participar en el primero de los grupos, a cuya constitución había sido invitado; sin embargo, pertenecieron al mismo propagandistas destacados como Bofarull y Minguijón. La mayoría de los grupos confesionales tuvieron una visión localista y coyuntural; de los dos que tuvieron una perspectiva más global, la ACNP y el Grupo de la Democracia Cristiana, habría de sobre- vivir aquel que ofreciera más garantías a la jerarquía eclesiástica, y que estuviera más ligado a la aristocracia y a la burguesía. El mayor conservadurismo de la ACNP, la renovación formal que aportaba, su sometimiento a la Jerarquía, expresado en un clericalismo reprobado incluso por otros grupos confesionales y sus estrechos lazos con la burguesía, serán las causas de su éxito.

Paralelamente a los grupos confesionales que negaban su carácter de partidos políticos, existieron repetidos intentos de unificación de los católicos a través de partidos como la Unión Católica de Pidal, el formado por los seguidores del general Polavieja en Cataluña, la Unión Regionalista o la Unión Nacional de Paraíso y Costa (Valladolid 1900).

Comprobando estos fracasos, los hombres de la ACNP van a intentar conseguir esta unión mediante la creación de partidos políticos propios y la participación en partidos políticos ajenos. La originalidad de la ACNP respecto al resto de los grupos confesionales radicó pre- cisamente en su objetivo nunca ocultado de «formar hombres para la vida publica». En 1909, son un grupúsculo con ambiciones. En 1911, poseen un órgano de expresión a nivel nacional con posturas políticas definidas respecto a la política nacional e internacional. (5)

En 1920, son ya un centenar los propagandistas y constituyen la élite de la Acción Católica Española, que en estas fechas es ya el órgano principal de actuación de la jerarquía; su organización supuso un avance respecto a la situación existente en 1889, cuando se celebra el Primer Congreso Católico con el fin de unificar la acción de los grupos confesionales. Entre éstos, hay que aludir a las asociaciones obreras católicas, creadas por sacerdotes como Vicent, Palau, Arboleya y Gafo, antecedentes inmediatos de los sindicatos católicos.

Cuando nace la ACNP, el sindicalismo católico esta ya en marcha. Los acenepistas se enganchan al carro, pero sin intentar monopolizar su dirección. Su objetivo no se dirigía a influir a la clase obrera masivamente -quizá fueron siempre conscientes de su imposibilidad- sino a contar con líderes obreros católicos que propagasen la «doctrina social de la Iglesia» (reconocimiento de la autoridad patronal, colaboración de clases, cumplimiento de las obligaciones laborales...). La obra principal de la ACNP en este sentido fue la creación del Instituto Social Obrero, en 1934; secundariamente, participaron en la creación de algunos sindicatos católicos.

La Dictadura de Primo de Rivera proporcionó a los propagandistas la ocasión de actuar como grupo desde el poder. La Dictadura necesitaba una ideología y los acenepistas le proporcionan una teoría del corporativismo. El estudioso del corporativismo italiano fue Fernando Martín-Sánchez Juliá cuyas conferencias sobre el sindicalismo y el Estado fascista italianos En los centros de la ACNP son publicadas íntegramente por sus boletines internos en los años 1925 y 1928. El apoyo no fue sólo ideológico sino fundamentalmente político. Herrera Oria fue el inspirador de la Unión Patriótica, partido único creado en 1924 para dar una base política a la Dictadura. El núcleo fue la Unión Regional de Castilla, partido creado previamente por la ACNP. Fundadores y miembros destacados de la Unión Patriótica fueron los propagandistas Pradera, Gil Robles, Ibáñez Martín y José María Pemán. Este mismo año, los propagandistas fomentaron las Ligas municipales. De la Asamblea corporativa que sustituyó a las Cortes fueron miembros 34 propagandistas. Igualmente, éstos aportaron su capacidad técnico-jurídica. José Larraz fue asesor jurídico de la presidencia del Consejo. Gil Robles redactó parte del Estatuto municipal. También fue obra de los propagandistas un proyecto de ley de prensa presentada a la Asamblea nacional. (6)

La Unión Regional de Castilla fue en realidad el segundo intento de la ACNP de crear un partido político propio. El primero había sido, en 1922, la creación del Partido Social Popular, cuyo núcleo fue el centro de Zaragoza de la ACNP y figuras destacadas, los propagandistas Víctor Pradera y Sancho Izquierdo. Previamente, sin embargo, otros acenepistas Habían formado parte aisladamente de partidos conservadores como el maurista o la organización antimarxista Acción Ciudadana (1919).

La mediación política para el reclutamiento fue El Debate, órgano que durante su existencia representó la manera de pensar de la mayoría de los miembros de la ACNP, pero que en ningún caso ha de ser confundido con ésta, error frecuente cometido por la generalidad de los historiadores de este periodo.

La Dictadura de Primo de Rivera, en contrapartida, proporcionó a la ACNP la oportunidad de adquirir una experiencia política de la que se servirían en 1934 y durante los años 40. Su actuación durante la misma reveló definitivamente sus preferencias por un Estado autoritario frente a un Estado liberal; de unas libertades restringidas frente a los derechos de la Revolución francesa. En materia de asociación, libertad sólo para la Iglesia y sus organizaciones; corporativismo, frente a la libertad de sindicación; partido único, frente al pluralismo de partidos. Frente al Parlamento, la asamblea corporativa. Nacida la ACNP en un régimen monárquico, la mayoría de sus hombres mantendrán sus preferencias monárquicas a lo largo de su actuación política, unos abiertamente, como Vegas Latapié Lamamié de Clairac (7), y otros de manera velada, tras su «accidentalismo» táctico, adoptado al proclamarse la segunda República. A la caída de la Dictadura, El Debate apoyó decididamente el régimen del general Berenguer.

La Dictadura de Primo de Rivera creó las condiciones que permitieron un desarrollo vertiginoso de la ACNP. En 1931, el número de propagandistas asciende a 537, máxima cifra alcanzada por la Asociación antes de la implantación del franquismo. Para entonces, la ACNP es ya el principal instrumento del Vaticano en España. Herrera Oria había dedicado gran parte de su actividad a obtener la dirección de la Acción Católica Española para la ACNP. En este fecha es su presidente. En 1934, la ACNP dirigía ya las Semanas Sociales,

De 1909 a 1931 la ACNP se ha convertido en un grupo clave de las derechas católicas españolas, ha conseguido la representación casi monopólica de los intereses eclesiásticos y se ha configurado como una base esencial de reclutamiento de los partidos políticos conservadores españoles. A finales de la segunda República se habrá convertido en uno de los grupos más representativos de la burguesía española.

II. LA ACNP, LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL

La proclamación de la República fue sentida por los propagandistas como una amenaza a los intereses de la Iglesia, a los de la burguesía y a su propia existencia. Dentro de su ideología «legalista» de aceptar los gobiernos constituidos, el grueso de la ACNP impulsado por Ángel Herrera Oria acepta jugar dentro de las instituciones republicanas. Para ello, crean en 1931 la Acción Nacional, después Acción Popular, primer partido propiamente acenepista con una proyección política importante. La constitución de este partido no supuso sin embargo el fin del pluralismo restringido a la derecha católica que constituyó una de las características esenciales de la ACNP. No todos los miembros de ésta se integraron en el partido recién creado que agrupó en su seno católicos y monárquicos no pertenecientes a la Asociación. Dicho pluralismo permitió en este periodo la convivencia en el interior de ésta de carlistas como Pradera y José María Valiente (este último desde su expulsión de Acción Popular); monárquicos de Acción Española como Fernández Ladreda, Vegas Latapié y Puigdollers; católicos fascistas como Gonzalo Ortiz Portillo y Onésimo Redondo Ortega, este último fundador en 1931, junto con otros miembros de las Juventudes de Acción Popular (JAP), de la Junta Castellana de Acción Hispánica (más tarde fusionada con la JONS); políticos oportunistas y autoritarios como Gil Robles; demócratacristianos como Giménez Fernández; regionalistas como Luis Lucia (8) y Bosch Marín fundador el primero, en 1930, y miembro destacado el segundo, de la Derecha Regional Valenciana, o Carreras Guiteras miembro de la Lliga catalana; y, por último, autonomista, como José Antonio Aguirre Lecube (9) presidente del Partido Nacionalista Vasco y después del gobierno autónomo vasco.

A pesar de este pluralismo, la ACNP ejerció su influencia principal durante la República a través de la Acción Popular. El Debate expresaba las ideas de Ángel Herrera Oria y su equipo, mayoritarias en el seno de la ACNP, por lo menos hasta 1936; durante estos años, los temas de estudio de la Asociación giraron en torno a las formas de gobierno (1932), sobre la base de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, la crisis y crítica del liberalismo (1933), «ideas y hechos corporativos en el extranjero», corporativismo y sindicalismo (1934) y el fascismo italiano (1935). Precisamente, durante estos años hubo desacuerdos entre sus miembros sobre las formas de gobierno (colaboración o no con la República), la cuestión del autonomismo y el mayor o menor «progresismo» de las reformas sociales. Martín-Sánchez Juliá exponía durante estos años las tesis oficiosas de la ACNP: desconfianza respecto al régimen nazi (no suficientemente respetuoso de los derechos de la Iglesia católica) y simpatía abierta por el régimen fascista italiano que la ACNP pretende tomar como modelo. (10)

La Acción Popular, sin embargo, no había logrado, en 1933, agrupar a toda la derecha católica. En esta fecha aquella constituirá el núcleo de la Confederación Española de Derechas Autónomas [CEDA], que respondía a los mismo objetivos de defensa de los intereses de clase y de los privilegios de la Iglesia católica. Esta vez la coalición tuvo una base más amplia y, en consecuencia, más heterogénea. Su carácter católico ha sido puesto de relieve por G. Jackson, cuando afirma que «el denominador común de los partidos que formaban la CEDA era la defensa de los sentimientos e intereses católicos contra las actitudes y leyes anticlericales de las Cortes constituyentes. No tenía un programa económico coherente, representando, como representaba a la vez, a los grandes terratenientes de Castilla, los pequeños agricultores del norte de España y las organizaciones y cooperativas obreras católicas». (11) A propósito de la representación de los intereses de los propietarios agrícolas, no puede pasarse por alto la especial preocupación de la ACNP por los mismos. Así por ejemplo, en 1927, El Debate anunciaba la celebración de un «cursillo social-agrario», organizado por la Confederación Nacional Católico-Agraria, igualmente creada con la participación destacada de acenepistas.

La actuación de la CEDA fue todo lo consecuente que permitía la heterogeneidad de las fuerzas que la integraban. Hoy día es ya claro que su función objetiva fue la de boicotear las reformas burguesas realizadas por la República (13).

La CEDA, a impulsos de su jefe Gil Robles, fue deslizandose progresivamente hacia el totalitarismo de los partidos aleman, italiano y, sobre todo austríaco, a pesar de que en 1931, los miembros más totalitarios de las JAP se habían salido de éstas para integrar partidos netamente fascistas, como Onésimo Redondo. Tras el estilo fascista de las campañas electorales de Gil Robles, se encontraba la experiencia de Herrera Oria y de su equipo, que, en 1922, intentaron llevar a cabo una «Gran Campaña Social» importando métodos de propaganda americanos. Cuando la CEDA gana las elecciones en 1933, la ACNP ya ha conseguido los objetivos que se proponía en 1922: «[...] formar prácticamente a los jóvenes en Ciencias políticas, administrativas y sociales y habilitarlos para el desempeño de cargos públicos, el periodismo y la propaganda [...] para imponer un dique a la difusión de ideas sindicalistas revolucionarias [...]» (14). El carácter elitista y contrarrevolucionario de la ACNP no hubiera podido ser expresado con más precisión.

El «bienio negro» fue obra, en parte, de los propagandistas, que para entonces contaban con un equipo de juristas y, sobre todo, con la experiencia política adquirida durante la Dictadura de Primo de Rivera. En las elecciones de 1933 la ACNP cuenta con 33 diputados en las Cortes. En mayo de 1935, con tres ministros: Gil Robles, ministro de la Guerra; Luis Lucia, ministro de Comunicaciones y Federico Salmón, ministro de Trabajo. Poco después, Giménez Fernández, vicepresidente primero del Congreso, era nombrado ministro de Agricultura. Bajo éstos se constituyen los equipos políticos acenepistas (usuales después en el franquismo): así, por ejemplo, Bosch Marín es nombrado subsecretario de Obras publicas (el 15 de noviembre de 1935, subdirector general de sanidad), Manuel García Atance, director general de Justicia; Luis Montes López de la Torre, secretario de Comunicaciones; José María Alarcón Ruiz de Pedrosa, director general de Beneficiencia; Nicolás_Carreras, asesor jurídico de la dirección general de Seguridad; Gonzalo de Meras Navia Osorio, vocal del Tribunal de garantías constitucionales; Manuel Attard, vicepresidente de la Confederación hidrográfica del Júcar.

La participación masiva en el poder fue la culminación de la monopolización previa de la Acción Católica en todas sus variantes (asociaciones católicas de padres de familia, Confederación de estudiantes católicos, Confederación de San Vicente, Cofradía de San Cosme y San Damián, Unión para la Defensa de Intereses Católicos [UDIC], Pax Romana...) (15). Por otro lado venía preparada por una labor continua de propaganda a través de la prensa, campo en que son ya fuertes en esta época. Aparte de El Debate, en 1932 fundan El Ideal, en Granada; La Editorial Católica, órgano fundamental de expresión de la ACNP fundada en 1913, crea por estas fechas Ya en Madrid, cuyo primer director fue el propagandista Vicente Gállego. Por otro lado ejercía una influencia evidente en El Correo Español - El Pueblo Vasco, fundado por el propagandista de Bilbao, Gabriel María de Ybarra y de la Revilla, fundador también del Banco de Vizcaya; en el diario Gaceta Regional, de Salamanca, dirigido en 1934 por el propagandista Eduardo Jiménez; en el Diario Vasco, de San Sebastián, dirigido en 1935 por el propagandista Ramón Sierra; en el diario Euzkadi, cuya página social era dirigida en 1932 por el propagandista de Bilbao Julio Jáuregui; en la Revista de las JAP, dirigida, en 1934, por el propagandista Francisco Sánchez Miranda, y cuyo gerente era el acenepista J.L. Izquierdo; y en El Noticiero, de Zaragoza, a través de Sánchez Ventura. Con todo este aparato propagandístico, pudieron organizar en 1934 la campaña en favor de la prensa católica. A pesar de ello, no llegaron a hacer aprobar su proyecto de Ley de prensa, discutido en las Cortes en 1935, lo que constituyó el segundo fracaso en materia de prensa (el primero no llegó a ser aprobado durante la Dictadura de Primo de Rivera).

La ACNP ha llegado a su plenitud política. Su actividad se multiplica; elaboración de proyectos de ley (en 1935. el centro de la ACNP de La Coruña redacta el proyecto de ley de bases de Instrucción pública y otro sobre reforma de los artículos de la Constitución referentes a la enseñanza), formación de equipos en la Administración central y en la Administración local (diputaciones y ayuntamientos), realización de planes técnicos (16), debates parlamentarios...

A diferencia de lo que ocurrirá durante los primeros años del franquismo, el ejercicio del poder no unió a los miembros de la ACNP, sino que agravó sus discrepancias políticas. Los enfrentamientos de los propagandistas en la acción política fueron numerosos. Así, las reivindicaciones autonomistas de Aguirre sólo fueron apoyadas por propagandistas aislados como Luis Lucia. Mientras tanto, otros acenepistas actuaban en un sentido completamente opuesto: Bofarull mantenía ante el Tribunal de Garantías constitucionales la inconstitucionalidad de las leyes agrarias votadas por el parlamento catalán. Las reformas agrarias propuestas por Giménez Fernández (más conservadoras todavía que las ya votadas durante los primeros años de la República) fueron boicoteadas por los miembros de su propio partido (17).

Este pluralismo y las disensiones condujeron a leves fraccionamientos que hicieron disminuir el número de miembros. Si, en 1931, eran 537, en 1933, serán 489, y en 1934, 485 (las bajas son más importantes de lo que dejan traslucir estas cifras, puesto que en 1933 son 56 los aspirantes y 242 los inscritos, mientras que, en 1934, el número de aspirantes contabilizados es de 86 y el de inscritos, de 189). De estas bajas, la ACNP sale beneficiada en lo que se refiere a su homogeneidad interna. De algún modo, puede considerarse que la Asociación tiene preparado el camino para su etapa posterior de monolitismo.

En resumen, durante la etapa republicana, la ACNP consiguió ser el grupo mayoritario de polarización de las fuerzas políticas conservadoras católicas. Cuando las derechas sufrieron la derrota electoral en febrero de 1936, la Asociación conservó, a pesar de aquélla, dieciocho puestos en las Cortes. En 1936, puede afirmarse que la ACNP fue, no como afirman los propagandistas, «madre de partidos políticos», sino la principal fuerza de reclutamiento de los partidos políticos de derechas.

Al estallar la sublevación militar el 18 y 19 de julio de 1936, la ACNP, como institución, se colocó al lado de los rebeldes. La participación de los propagandistas en la guerra civil fue diversa. Parte de ellos, los monárquicos y los falangistas de primera hora habían colaborado previamente en la preparación del golpe militar. Sus militares, como Peñaranda, Echánove, Zoilo Tejedor, Montes López de la Torre, Coronel Velázquez..., optaron sin excepción por la rebelión. Fernández Ladreda colaboró de manera esencial en la defensa de Oviedo bajo las órdenes del general Aranda. Otros propagandistas jugaron un papel más modesto como oficiales provisionales, o en operaciones de retaguardia, como Ruiz Alonso, en la represión en Granada. Sin embargo, el apoyo fundamental a los sublevados lo proporcionaron los propagandistas que participaron en la Junta técnica de Burgos, como Pérez de Ayala, Martín-Sánchez Juliá, José María Pemán y Bofarull. Otros propagandistas colaboraron de una manera «original» como José Larraz que se puso a las órdenes del gobierno de la República; encargado por éste de comprar armas, se pasó con los fondos destinados a esta compra a la zona nacionalista.

La mitad de los propagandistas se hallaban en la zona republicana al estallar la sublevación. Muchos pasaron a la otra zona, como Martín-Sánchez Julià; otros fueron muertos en el intento, como Bosch Marín (uno de los que habían colaborado en la preparación del golpe); otros se refugian en embajadas, como Albareda, Ibáñez Martín, Balbín Lucas (que coinciden en la embajada de Chile), Fernando María Castiella o Serrano Suñer (este último conseguiría pasar después a Burgos). Muchos propagandistas participaron en la guerra en calidad de quinta- columnistas, como Jaime Guasp Delgado, en Madrid, o Alfredo Sánchez Bella y Rafael Calvo Serer, en Valencia. Los propagandistas que habían desempeñado cargos políticos importantes y que no pudieron escapar fueron ejecutados: así por ejemplo, Federico Salmón, Alarcón Ruiz de Pedrosa, Sánchez Miranda, Gonzalo Meras... (18)

Mención aparte merecen los casos de Gil Robles, Jiménez Fernández, Lucia y Aguirre. El primero no participó en la guerra junto a los militares pese a su deseo de hacerlo, por oponerse a ello los falangistas. Se adhirió al «Movimiento Nacional», sin embargo; disolvió la Acción Popular, plegándose al decreto de unificación de todas las fuerzas políticas franquistas (1937) y colaboró desde Portugal en el tráfico de armas en favor de los sublevados. (19)

Giménez Fernández adoptó una postura de neutralidad que le valió su confinamiento en su casa de Chipiona. Desconocemos cualquier declaración que indique una toma de postura neta contra la sublevación; en todo caso, siguió perteneciendo a la Asociación hasta su muerte. (20)

Luis Lucia fue procesado y absuelto por el gobierno de la República, gracias a un telegrama difundido por la radio en el que tomaba postura a favor de la República. Probablemente, al redactarlo, confiaba todavía en la posibilidad de participar en el eventual gobierno de Martínez Barrio-Mola que hubiese evitado la guerra civil. Además su actitud preservaba a los miembros de su partido, que se encontraban mayoritariamente en Valencia. No había participado en la preparación del golpe militar, aunque conocía la colaboración de los miembros de su partido en aquélla. Posteriormente fue procesado y condenado a muerte por los franquistas. Fue indultado tras la petición de gracia del arzobispo de Valencia.

El único propagandista que participó en la guerra civil al lado de la República fue José Antonio Aguirre; suponemos que ello implicó la interrupción de toda relación con la Asociación y los propagandistas.

La vida interna de la ACNP durante la guerra civil continuó a pesar de las dificultades y la dispersión. El único año en que no celebró su Asamblea anual fue 1936. En marzo de 1937, celebra su XXIII Asamblea en Pamplona. En ella constatan que la mitad del censo se halla «bajo dominio rojo», pero que casi todo el Consejo nacional se ha «salvado». Este es un hecho esencial para comprender la supervivencia de la ACNP a través de la guerra. La XXIII Asamblea marca el inicio de lo que denominamos la ACNP monolítica franquista. Fernando Martín-Sánchez Juliá transmite el saludo de Herrera Oria, entonces en Friburgo (Suiza), que encierra una clara consigna: «[...] entiende su deber estar al servicio del Gobierno Nacional, acatando sus órdenes [...]» Martín-Sánchez, añade por su cuenta: «Estamos en la hora de vencer. Luego vendrá la de convencer. Convencer a los vencidos y ayudar a los vencedores a forjar una España grande para un Dios inmenso [...]» La conclusión octava de esta Asamblea fue la de estudiar y divulgar las encíclicas contra el comunismo.

En septiembre del mismo año, celebran excepcionalmente su XXIV Asamblea en Loyola, a la que asisten unos 30 propagandistas. Deciden crear una «Comisión encargada de informarse de los propagandistas que sufren bajo los rojos y de procurar socorrerlos...» (22). En este mismo año, continúan celebrando reuniones y ejercicios espirituales. La asistencia a éstos de políticos no propagandistas, como Esteban Bilbao, Severino Aznar, Garrigues, Rodríguez Aniceto..., es un dato significativo de la voluntad de la ACNP de agrupar a las fuerzas políticas católicas. La ACNP cuenta para su actuación durante la guerra civil con la caución moral de la Jerarquía eclesiástica española, que se había colocado decididamente al lado de los sublevados. Propagandistas como Antonio González colaboran estrechamente con el cardenal Gomá y otros obispos. Mientras tanto, otros propagandistas obtienen el apoyo de las fuerzas católicas no españolas, estableciendo contactos con ocasión de los congresos de estudiantes católicos y de los congresos Eucarísticos Internacionales. Al de Budapest de 1938, asistieron Mariano Puigdollers y el conde de Trígona. Fue precisamente en este congreso donde Goma declaró que no había compromiso posible ni solución distinta a la de las armas.

En definitiva, durante la guerra civil, la ACNP no fue una fuerza política autónoma, dentro de la coalición franquista. Sus miembros actuaron aisladamente, y el apoyo oficial de la ACNP como institución fue un reflejo de la caución aportada por la Iglesia católica. En 1939, los propagandistas eran un grupo más de la burguesía española, a la que todavía no representan. Reunidos este año, en San Sebastián, el secretario de este centro afirmaba: «La guerra [...] ha reunido [...]a propagandistas de regiones dominadas por el marxismo; las grandes victorias del ejército español, liberando a la patria de yugos extranjeros, permite la vuelta a sus hogares de nuestros buenos compañeros, convertidos ya en amigos entrañables [...] En el acto de hoy [acto de despedida] se dan las características de todas nuestras reuniones cuales son: congregarse personas representativas de las aristocracias de la sangre, de los grandes negocios, de la literatura y de la ciencia, acogidas bajo el patronato de la Jerarquía Eclesiástica significada en la persona del Consiliario». (23)

La ACNP salió trasformada de la guerra civil. Su homogeneización fue paralela a la de los carlistas y la Falange. En 1a franquistización de estas dos fuerzas políticas jugaron los propagandistas un papel fundamental. Respecto a los carlistas, José María Valiente fue uno de los protagonistas de la evicción de Fal Conde, en favor del franquista Rodezno. Serrano Suñer y Gamero del Castillo fueron los artífices materiales del Decreto de Unificación y de la transformación de la Falange, a partir de entonces, en principal instrumento político de Franco.

III. LOS PROPAGANDISTAS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADO EN LOS AÑOS CUARENTA

En 1940, los propagandistas son 580, según el censo interno. A pesar de las bajas, ésta es la cifra máxima alcanzada desde la creación de la ACNP hasta esa fecha. Con estos efectivos inician su reorganización interna. Durante los primeros años del régimen, la ACNP intenta compaginar la ideología fascista pura y el corpo- rativismo cristiano. En 1940 estudian las ideas corporativas de Quadragessimo Anno y el «imperio de los Reyes Católicos». En 1941, la situación de la Iglesia católica en otros países; en 1942, el «ideario católico del imperio español», y el «materialismo ateo contemporáneo»; en 1943, la especie y la raza; en 1944, la ideología de Balmes, Donoso Cortés, Canovas y Menéndez Pelayo. Simultáneamente, intentan encontrar soluciones de compromiso, frente a los proyectos falangistas, en materias como la enseñanza (1942) y el sindicalismo (1945). En estos años, actúan abiertamente en el terreno religioso eclesiástico. En 1942 la ACNP pedía la provisión de las sedes episcopales vacantes, sobre la que ejercerán posteriormente una influencia considerable.

1. La monopolización de la representación eclesial

Para analizar la función política de la ACNP en los años cuarenta, es imprescindible exponer la de la Iglesia católica española; durante la guerra civil, la jerarquía eclesiástica actuó directamente; en la posguerra se servirá de la ACNP como mediación política.

La Iglesia española tomó partido por el «frente de clase» contrarrevolucionario que se forma en los primeros meses dela guerra civil, en favor del orden tradicional del que había sido secularmente beneficiaría y pilar ideológico. La fusión de la Iglesia española con el régimen se estableció como parte de la clase dominante, en favor de un régimen político que siguiera permitiendo su situación privilegiada. Esta fusión no supuso el abandono de sus intereses y objetivos propios. Por el contrario, el Estado franquista respetó su autonomía jurisdiccional y no la relegó a la esfera exclusivamente religiosa.

El nacionalcatolicismo (24) es el término más apropiado para expresar la simbiosis política de la Iglesia con el régimen franquista, el carácter clerical de la dictadura de Franco. Con esta fórmula, el Estado totalitario y la Iglesia relativizaron sus posiciones: ni el franquismo ha sido un régimen fascista clásico, ni la Iglesia ha jugado únicamente el papel de legitimadora del poder político establecido. El nacionalismo patriotero identificó lo español con lo católico. La integridad del Estado con su confesionalidad religiosa. La Iglesia fue repuesta con creces en su poder económico y se afincó en el poder político.

El fin político de este nacionalcatolicismo fue el mismo que había prometido la unión del bando franquista en la lucha armada: la defensa de la propiedad privada, de las instituciones y de la ideología en que se apoyaba el poder de la burguesía. La Iglesia justificó el aniquilamiento de los que lucharon en contra de estos objetivos, obteniendo en pago una posición privilegiada para la consecución de su fin «espiritual»; la cristianización de la nación, e incluso, en los años más fascistas del régimen, la recristianización del mundo a partir del bastión español. La religión nacionalcatólica se hizo aparatosa, misional e inquisicional.

La unificación de las derechas españolas en el franquismo exigió como condición previa la cohesión y el monolitismo de cada una de las fuerzas (sociales, políticas e ideológicas) aliadas en la sublevación militar.

Los elementos discrepantes en el interior de cada una de ellas fueron eliminados en el curso de la guerra civil o después de ella.

También la Iglesia salió de la guerra civil transformada. Con mayor cohesión interna. Los elementos católicos «desafectos» al franquismo y discrepantes con la beligerancia de la jerarquía habían sido ejecutados o relegados con la aprobación de ésta. En el interior de la Iglesia, la «unificación» se concretó en el predominio de su fracción integrista.

En la posguerra, la Iglesia prodigó su apoyo al régimen. Crearon una imagen pública mistificadora de Franco. En contrapartida, obtuvo una posición privilegiada. En el ámbito jurídico, fue restablecido el Concordato de 1851. De 1936 a 1939 habían sido promulgadas 64 leyes y decretos relativos a la preminencia de la institución eclesiástica y la religión católica en el nuevo régimen.

Los privilegios fiscales y económicos (especialmente el presupuesto de culto y clero) se multiplicaron. Los sacerdotes obtuvieron la exención del servicio militar. A través de los capellanes, consiliarios y asesores, la Iglesia española se introdujo en la Administración pública, los «sindicatos verticales» y la Falange. Ya en mayo de 1937, se organizó el servicio religioso castrense, la garantía de la entente entre el Ejército y la Iglesia.

En todos los órganos políticos del nuevo Estado (Consejo del Reino, Consejo de Estado y Cortes) ocupó puestos la jerarquía eclesiástica española, conforme a las previsiones de las respectivas leyes que crearon dichos órganos. A pesar de esta intervención directa en el poder político, la Iglesia católica española se servirá además de mediaciones políticas como la ACNP y el Opus Dei.

En la vida social, la Iglesia ha controlado la enseñanza y ejercido su censura sobre los medios de comunicación; a través de la enseñanza y de la información, ha conformado a la juventud e imprimido una dirección clerical al pensamiento colectivo.

En la vida familiar, la Iglesia ha intervenido de manera opresiva. Obtuvo del Estado la imposición del matrimonio canónico (con plenitud de efectos civiles); la anulación de la Ley de la República sobre el divorcio; la prohibición del aborto y los medios contraconceptivos; y, en definitiva, mediante la imposición autoritaria una moral sexual retrógrada y de una concepción autoritaria del núcleo familiar, como primera célula del Estado.

De la simbiosis entre la Iglesia y el régimen, éste también salió beneficiado. La utilización de la etiqueta católica le sirvió de legitimación al ser derrotado el fascismo; posteriormente el Vaticano abrió la brecha en el bloqueo internacional impuesto al régimen hasta 1953. El grueso de la base social de éste fue aportado por la Iglesia al caucionar el apoyo al franquismo de su clientela católica; parte de esta base fue organizada por la Iglesia, a través de la Acción Católica y otros movimientos confesionales, sobre todo en las zonas rurales y urbanas más atrasadas; de la Acción Católica saldría parte de la élite política local.

En definitiva, la Iglesia católica ha puesto todo su peso en favor del régimen cada vez que éste lo ha necesitado: guerra civil, posguerra, referéndum de 1947, reconocimiento diplomático en los años cincuenta... Los católicos españoles han seguido en cada ocasión las consignas de apoyo al régimen de la Iglesia. La dirección impresa a la base católica militante fue marcadamente «espiritualista», evasiva de la problemática política y social (25). La participación en las organizaciones eclesiales supuso para muchos un salvoconducto en medio de la represión de los años cuarenta. A los burgueses bien pensantes les proporcionó un seguro moral.

Al no ser la Falange un instrumento adecuado para el encuadramiento de la clase obrera, la Iglesia crea en la segunda mitad de los años cuarenta organizaciones obreras dentro de la Acción Católica. Así nacieron la Juventud Obrera de Acción Católica (JOAC), las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) (1946), y posteriormente las Vanguardias Obreras Juveniles (VOJ), estas últimas bajo la dirección de los jesuitas.

En 1953, la Iglesia católica española se encuentra en la cima de su influencia social y política. Marca los ritmos políticos de la dictadura, aprueba los pactos internos del régimen, controla la trayectoria ideológica del mismo y propicia la progresiva transformación del capitalismo autárquico español. Sintetizamos con la ayuda de Hermet (26), las diferentes funciones políticas desempeñadas por la Iglesia en el régimen franquista. En primer término, la función ideológica y programática, mediante la legitimación de la naturaleza, leyes fundamentales y actos del régimen, y mediante la participación en la organización y proyectos del mismo. Además, la institución eclesiástica cumplió unas funciones excepcionales, sólo explicables por la naturaleza antidemocrática del franquismo: el reconocimiento de libertad de asociación y expresión para la Iglesia y la negación de estos derechos a toda organización política distinta del partido único, hicieron posible que la Iglesia desarrollara un papel de formación y encuadramiento de masas, de reclutamiento de élites y de correa de transmisión de ciertas demandas populares. La función ideológica y programática ha exigido una relación directa de la Iglesia con el régimen. Las otras funciones excepcionales la han situado de manera privilegiada en el centro de la vida social y política. Merece destacarse al margen de esta tipología, la mediación diplomática ya aludida, que la Iglesia realizó en favor del franquismo.

Durante los años cuarenta, la ACNP se afianzará como la principal mediación política de los intereses de la Iglesia católica española. Será artífice destacado del nacionalcatolicismo; en el plano ideológico, interpreta y difunde la doctrina de la Iglesia, adaptándola a las necesidades del régimen; en el plano orgánico, colabora en la creación de organizaciones e instituciones confesionales y las dirige. La Iglesia católica continúa teniendo en la ACNP su instrumento más eficaz. La Asociación se servirá del apoyo de la Iglesia para su reimplantación y potenciación política.

Los propagandistas fueron los promotores de la nueva Acción Católica franquista, cuyos estatutos fueron aprobados en 1939. De 1943 a 1946, copan la casi totalidad de su Junta técnica (organismo superior de dirección) (27). En 1940, ocupan todos los cargos dirigentes de la Confederación Católica Nacional de padres de familia. El mismo año crean la Rama de Hombres de Acción Católica, que igualmente dirigen. En todos estos organismos se encuentran los mismos hombres, cooptando puestos simultánea o sucesivamente (28). Al mismo tiempo, controla las Juntas diocesanas de Acción Católica, que se organizan en las provincias. No solamente monopolizan los cargos directivos de los organismos ya existentes, como las Juventudes de Acción Católica (JAC), sino también los de nueva creación, como el Secretariado de Apostolado Social creado en 1944 (29). El control de la ACNP se extiende a otras organizaciones confesionales, especialmente relacionadas con la Compañía de Jesús, como las Congregaciones marianas (de cuya confederación fue presidente el propagandista Pascual Dodero, al mismo tiempo que lo era de la de padres de familia) y las Asociaciones de antiguos alumnos de jesuitas.

Toda esta monopolización sirvió a la ACNP para afianzar su poder político, y además para administrar los medios económicos anejos; para obtener puestos remunerados en la posguerra; para mantener contactos internacionales; para detentar una autonomía ideológica y organizativa y, sobre todo, para cohesionarse internamente.

Los propagandistas administrarán los fondos de Caritas diocesana (organismo principal de beneficiencia de la jerarquía eclesiástica española) (30), y muchas de las instituciones benéficas locales, como los patronatos arzobispales de viviendas. Así, en 1951, acenepistas ocupan puestos dirigentes en el de Valencia. Las obras eran subvencionadas por el Banco de la Virgen de los Desamparados, dirigido también por propagandistas. Su participación en la construcción de viviendas revela parte de la ideología «social» de la ACNP y los beneficios económicos subyacentes. El mismo año, el centro propagandista de Bilbao presentaba el proyecto «Obra de Viviendas diocesanas» al obispado. La justificaban por la insuficiencia de las realizaciones de los organismos estatales (desde 1947, el propagandista Francisco Prieto-Moreno Pardo había sido director general de Arquitectura). Los objetivos declarados del proyecto eran crear las condiciones para el desarrollo de un «hogar cristiano» y acallar las críticas populares sobre la construcción de iglesias. Los propagandistas concretaban las características de las futuras viviendas: «viviendas modestas», construidas en terrenos baratos, apartados del centro de la ciudad; con materiales baratos; eliminación de patios y balcones que «encarecen los precios». Para obtener el máximo de financiación del Instituto Nacional de la Vivienda, proponían someterse a todas las condiciones establecidas por éste. Otros patronatos son subvenvionados mediante «tómbolas benéficas» organizadas por éstos. Esta participación fue un reflejo pálido de la infeudación de los propagandistas en los Bancos y, sobre todo, en las Cajas de Ahorros cuyo volumen de depósitos ha sido siempre superior al de los Bancos. La Iglesia española ha depositado sus fondos principalmente en Bancos como el Urquijo, el Central y el Continental, además de fundar sus propias instituciones de depósito, origen de algunas Cajas de Ahorro. Los propagandistas van a ser los administradores, hombres pantalla del dinero eclesiástico. Este dinero, unido a los ahorros de los particulares, se reinvierte en obras eclesiales, además de servir para financiar las actividades propias de las dos principales sectas clericales (primero de la ACNP y después del Opus Dei).

En el plano ideológico, los propagandistas actúan a través de su prensa (p. XXXVII) y de la colaboración con los órganos de difusión propiamente eclesiásticos. En 1934 habían creado su Oficina de Propaganda para difundir las publicaciones de la Acción Católica. En 1941, participan en la publicación de Ecclesia, portavoz oficial de la jerarquía eclesiástica española. En 1943, habían difundido 800 000 ejemplares de las encíclicas papales, de los cuales, 600 000 antes de 1935. También confeccionan muchas de las hojas parroquiales, como Alleluya de Valencia, con una tirada de 40 000 ejemplares. La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), creación de la ACNP, dependiente de La Editorial Católica (LEC), había editado en 1960 doscientos títulos, con una tirada total de dos millones de ejemplares.

La colusión de la ACNP y la jerarquía eclesiástica española fue total durante los años cuarenta. Cuando en 1945 Pío XII proveyó, según los deseos de los propagandistas, 32 diócesis vacantes, muchos de los nuevos obispos eran proacenepistas como Bueno Monreal y Yuramendi. Otros nombrados con anterioridad eran militantes acenepistas, como Cantero Cuadrado. A partir de 1945, la ACNP promociona obispos, como Pedro Gúrpide (obispo de Sigüenza en 1951); Llopis Iborra, de Soria; Aurelio del Pino (obispo de Lérida en 1947), que habían sido con anterioridad propagandistas o consiliarios de la ACNP (31).

En la segunda mitad de los años cuarenta, Herrera Oria funda diversas escuelas sacerdotales (Santander, Vitoria y Málaga -esta última, la más conocida, en 1947 siendo ya obispo-), con sacerdotes que actuasen con el espíritu y métodos acenepistas. La ACNP es tanto instrumento de la jerarquía eclesiástica como institución fundamental de la Iglesia Española, de cuya orientación es copartícipe junto con la jerarquía. A nivel anecdótico, puede señalarse la colaboración de los propagandistas en la construcción de nuevas iglesias (32) y la instalación del centro de la ACNP de Granada en el palacio arzobispal. En 1951, consiguen la aprobación de Pla y Deniel para constituir un Secretariado «pro beatificación» de un propagandista, con el objeto de tener sus propios santos (33).

La ACNP ha intervenido en la opinión eclesiástica no sólo con el apoyo de la jerarquía española sino también con el del Vaticano. En 1943, el papa renovó y amplió los privilegios religiosos de la ACNP: celebración de misas en los domicilios privados de sus socios; posibilidad de tener el «Santísimo Reservado en todas las casas de San Pablo» -así se llaman sus centros oficiales-; misas a media noche en las vigilias eucarísticas... En 1944, Pío XII «elogia y bendice» las actividades de la ACNP. Según afirmaba Sagüés de Irujo en 1946, la ACNP contaba con el apoyo especial del cardenal Tedeschini y con el de miembros de la curia romana como Manuel Fernández Conde, los jesuitas Letuna, Ulpiano López y Enrique Pérez García, este último antiguo redactor de El Debate. Sin embargo, la ACNP nunca intentó actuar al margen de la jerarquía española, como lo hará más tarde el Opus Dei; esto explica en parte, la permanencia de su monopolización de la representación eclesial.

2. La ACNP, la Falange y el Estado franquista

La participación de los propagandistas en la construcción del nuevo Estado fue al menos tan esencial como la de la Falange. Destruido el Estado republicano constituido sobre el consenso popular en 1931, el nuevo régimen político necesitaba políticos, juristas y técnicos para construir una nueva estructura. La Falange no los podía proporcionar, siendo como era un partido de reciente creación, carente de equipos y de experiencia gubernamental. La ACNP poseía dos experiencias concretas y parte de los equipos que las habían protagonizado; sin embargo, carecía de la capacidad de mobilización necesaria para encuadrar a la población; la escasez de sus miembros no les permitió ser los agentes directos de la represión.

Estas dos funciones fueron cumplidas por la Falange. Sin embargo, fueron los propagandistas los constructores del Estado al nivel superior: elaboración de su legitimación jurídica; formulación de la doctrina penal justificadora de la represión; redacción de las leyes políticas (llamadas «leyes fundamentales»), administrativas, laborales y, especialmente, las concernientes a educación e información; creación del sistema económico autárquico y organización de la Administración pública. Gran parte de los propagandistas admitieron «falangistizarse» formalmente durante los primeros años de la posguerra. Otros han sido permanentemente falangistas. Las funciones de la ACNP y de la Falange fueron complementarias.

Los círculos de estudio de la ACNP desarrollaron la teoría de la guerra civil como «cruzada contra el comunismo y los enemigos de la religión y de la patria» en base a las encíclicas de los papas. El nuevo Estado tenía que ser un bastión de la religión y de la Iglesia católicas. El Fuero del Trabajo de 1938, la Ley de Cortes de 1942 y el Fuero de los Españoles de 1945 fueron leyes de compromiso entre las concepciones fascistas del Estado y la nacionalcatólica. Los propagandistas, junto con otros católicos como Rodezno o Esteban Bilbao (este último en buenas relaciones con aquéllos), influyeron decisivamente para inclinar la balanza en favor del aspecto católico de las leyes mencionadas, base de la estructura jurídica del Estado franquista durante los años cuarenta. Una de las principales instituciones segregadoras de la ideología del Espado franquista fue el Instituto de Estudios Políticos. Su segundo director fue el propagandista Fernando Castiella (1943-1948). Posteriormente lo será Fraga Iribarne (1961). Entre sus primeros miembros, destacamos Martín-Sánchez Juliá (que formó parte de su sección de «leyes políticas», a la que pertenecerán después Ruiz-Giménez y Silva Muñoz), Alberto Martín-Artajo, Bartolomé Mostaza, García Escudero, Corts Grau, y Luque Díaz y Larraz. A lo largo del franquismo, siempre ha Habido propagandistas en el Instituto de Estudios Políticos. Este Será uno de los instrumentos de presión de la ACNP. En 1974, serán profesores en el mismo Sánchez Agesta, Martínez Esteruelas, y Adolfo Muñoz Alonso, entre otros.

Durante estos años, la ACNP evitó los enfrentamientos con la Falange. De hecho, muchos de los propagandistas ingresaron en la misma «a título individual» y a igual «título» la irán abandonando posteriormente. Algunos, sin embargo, fueron falangistas convencidos como Manuel Torres López, consejero nacional de la Falange, Fernando Castiella, delegado nacional de su Servicio exterior; Barcia Goyanes, «delegado de Educación nacional de FET y de las JONS», en 1944; Corts Grau, delegado de Educación popular, o Rigoberto Albors, delegado local De prensa y propaganda, en 1941. Esta compatibilización se ha perpetuado a lo largo del régimen en hombres como Adolfo Muñoz Alonso, acenepista y teórico oficial de la Falange, José María Ruiz Gallardón (delegado nacional de Asociaciones en 1969). Propagandistas falangistoides o falangistas clericales como los mencionados, han sido los hombres puente entre la ACNP y la Falange; una especie de «colchón amortiguador» de las fricciones naturales entre dos grupos con concepciones opuestas del Estado; entre estos hombres puente, hay que contar a falangistas simpatizantes de la ACNP como Fueyo Alvarez (34), exdirector del Instituto de Estudios Políticos, y a los propagandistas sindicalistas como Iglesias Selgas, Fernández Sordo, Carlos García de Ceca y Jiménez Torres (35). La colaboración entre falangistas y propagandistas en los años cuarenta fue más lejos del simple reparto de funciones y de puestos. Los propagandistas participaron en los cursillos para formar instructores del Frente de Juventudes, y dieron frecuentes conferencias en organismos falangistas como Educación y Descanso.

En esta época ya han sido formados en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), creado por la ACNP en el periodo republicano, los juristas necesarios para elaborar la doctrina jurídica del nuevo régimen y para construir un Estado fundamentalmente burocrático. Desde las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho natural, Derecho político, administrativo y penal, que empiezan a copar en este periodo, reemplazaron las doctrinas jurídicas elaboradas durante la República. El Derecho natural, «emanación de la Ley eterna», construcción de los propagandistas, ha servido para justificar toda la estructura jurídica franquista y la represión de la posguerra.

Exilados o encarcelados penalistas de renombre internacional como Jiménez de Asúa o Antón Oneca, propagandistas como José Guallart, Ferrer Sama o Cuervo Radigales, catedráticos de Derecho penal los dos primeros (36), y Director general de este último, construyeron la nueva doctrina penal. Cuervo Radigales fue el fundador del Patronato central de Redención de penas por el trabajo. Los propagandistas ocuparon la mayoría de los cargos de este patronato y de sus Juntas locales. A partir de 1943, empezaron a ser nombrados miembros de las Juntas de Libertad vigilada. Desde estos organismos imprimieron una «orientación cristiana» (37), a la represión compatible con la recepción y administración de los jornales de los presos que reducían sus penas trabajando. En 1942, la suma de estos salarios percibida por el Patronato ascendió a quince millones de pesetas, según la memoria que elevó este año al gobierno.

Igualmente dirigieron la represión de los «hijos de los rojos», a través del Consejo Superior de protección de menores y de los tribunales dependientes de éste (38), y de las mujeres; en 1942, crearon el Patronato de Protección a las mujeres para colaborar en la «regeneración moral y física» de las mujeres que «fomentan la corrupción social» (39).

Encontramos entre los propagandistas, jueces militares, como Francisco Villaure, gobernador militar de Oviedo en 1946; jueces del Tribunal especial para la masonería y el comunismo, como Jesús Riaño Goiri (1943); o jefes de policía, como José de Diego López, de Barcelona, hasta 1957, y de Madrid, a partir de esta fecha. Sin embargo, los acenepistas han actuado en este terreno dentro de la «legalidad». Legislan, juzgan y organizan. De la ejecución de las tareas inferiores se encargaron los falangistas. Los hombres de la ACNP avalaron la represión participando en los organismos judiciales superiores (40).

Aunque las Cortes de los años cuarenta no jugaron ningún papel político significativo, puede señalarse la presencia en las mismas de los propagandistas Aresio González Vega, Isidro Delclaux, Julián Laguna, Andrés Marín, el marqués de la Vega de Anzó (éstos desde su creación), y de Francisco de Luis Díaz, Mariano Navarro Rubio y Antonio Mateos Mancilla (en los años inmediatos), como reflejo de la participación de la ACNP en todos los órganos políticos del régimen, desde su creación.

Más relevante que esta participación fue la organización de la vida política provincial, a través de las gobernaciones civiles, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Estos puestos los compartieron con los falangistas. Muchos propagandistas iniciaron sus carreras políticas como gobernadores civiles de sucesivas provincias. Así, Francisco Sáenz de Tejada, gobernador civil de Zaragoza (1940-1942), Guipúzcoa (1944) y Palma de Mallorca, sucesivamente; Clavero Núñez, de Santa Cruz de Tenerife (41) (hasta 1943) y de Segovia (a partir de esta fecha). En Las Palmas de Gran Canaria era gobernador en las mismas fechas Fermín Zelada. Luis Martín Ballesteros, de Logroño (1944-1946) y después de Álava. En esta ciudad lo sería posteriormente Claudio Colomer Marqués (1961). Estos gobernadores civiles fueron los pioneros de los propagandistas-gobernadores de las décadas posteriores, como Garicano Goñi, a quien sucede en el gobierno civil de Barcelona (1970) Tomás Pelayo Ros, previamente gobernador civil de Zamora y Córdoba; Oltra Moltó, de San Sebastián (1969) y previamente de Murcia y Valencia. (42)

Durante los años cuarenta, los ayuntamientos de los pueblos o ciudades menos importantes fueron ocupados por falangistas, caciques locales u hombres de la Acción Católica, cualidades las tres que pudieron coincidir en una misma persona. Una excepción ha sido la ocupación de los cargos municipales de Alcoy y Jerez de la Frontera, feudos tradicionales de la ACNP. En los primeros años de la posguerra eran propagandistas los alcaldes de Avila, Salamanca, Toledo y Palencia, entre otras ciudades. No es pura coincidencia la tradición católica conservadora de las mismas. Ocuparon cargos de concejales en Barcelona, Madrid y Sevilla. Estos cargos municipales eran simultaneados con otros puestos locales, como el de teniente alcalde, jefe de obras públicas de Granada (1944) e ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, coincidentes en el miembro de la oligarquía granadina y propagandista, José Méndez y Rodríguez Acosta. Simultáneamente, fueron propagandistas los presidentes de las diputaciones provinciales de Valencia, Barcelona, San Sebastián y Navarra (diputación foral). En algunos casos, los propagandistas locales ocuparon estos puestos; en otros, fue un solo propagandista quien creó el centro de la ACNP local, a partir del cargo político. Este aspecto y el de la implantación geográfica (importante en algunas provincias y escasa en otras) necesitaría una investigación ulterior.

La burocracia sindical y del Ministerio de Trabajo ha sido feudo tradicional de los falangistas. Pero no lo ha sido en exclusiva. En 1940, fueron nombrados inspectores de trabajo «por oposición» ocho propagandistas (entre ellos, Tomás Cerro Corrochano y Fermín Zelada); también fueron nombrados magistrados de Trabajo desde la creación de esta magistratura el 17 de octubre de 1940, o delegados regionales de trabajo (Burgos). Uno de los organizadores del Ministerio de Trabajo (en su origen Ministerio de Organización y Acción sindical) fue Pérez de Ayala, su primer subsecretario. En la estructura sindical los propagandistas ocuparon desde el primer momento cargos menores como vicesecretarías provinciales de ordenación social (Murcia).

Pero la actuación principal de los propagandistas en los años de posguerra se desarrolló en el terreno económico, en el de la información y el de la educación.

El control de los propagandistas de las Cajas de Ahorro es evidente ya en los años cuarenta (43) Sin embargo, nunca se ha puesto de relieve su participación en los grandes Bancos, oficiales y privados. Esta participación ha sido efectuada a títulos diversos: de propiedad, como testaferros, como profesionales y como burócratas del Estado. En el primer caso, los hombres claves de la ACNP en los Bancos Urquijo y de Vizcaya han sido, respectivamente José María Urquijo Landecho y Gabriel María de Ybarra. Del segundo Banco fue director José María Melendres Rúe, José María Sagüés de Irujo fue director general del Banco Central desde 1949; junto a Juan Villalonga Villalba, hermano del presidente de este Banco (Ignacio) ha sido la vía de acceso al mismo. José Núñez Moreno fue el testaferro del Banco Hispano-Americano (del que fue secretario general, desde 1946). El hombre clave en el Banco Exterior de España ha sido Fermín Zelaya, su secretario general. En el Banco de España, los propagandistas han tenido una participación más destacada: a título de ejemplo, Santos Gallán fue su interventor general en 1948; Sánchez Ventura, miembro del Consejo de Administración; Condomines Valls, uno de sus asesores (desde 1940); Mariano Sebastián Herrador, subdirector del Servicio de Estudios (1945); directores en León y Burgos, Carbonell Miralles y Santos Gallán, respectivamente. Posteriormente seguirán entrando propagandistas, como Jesús de la Fuente Martín, consejero de valores, en 1965. En otros Bancos, la participación de los propagandistas ha sido aislada (44). Estos datos sueltos podrían constituir el punto de partida de una verdadera investigación sobre las relaciones personales (pertenencia a la Asociación), como factor auxiliar de las relaciones económicas entre la Banca privada, la Banca estatal y las Cajas de Ahorro.

Desde el Ministerio de Hacienda, José Larraz fue uno de los introductores principales de los propagandistas en la Adminístración pública; a partir de su gestión ministerial, la Dirección general de lo Contencioso se convirtió en uno de los más sólidos feudos de la ACNP dentro de la burocracia estatal. Del equipo de propagandistas del Ministerio hay que destacar su subsecretario, Calabia López, el director general de propiedades y contribución territorial, González Tarrio y al jefe de la sección de estudios del Instituto de Moneda extranjera, Rodríguez Salmones. Bajo este equipo se inició la economía de posguerra (reforma fiscal de 1940), unificación de la moneda de las dos zonas mediante la devalorización de la peseta republicana, recuperación de los bienes y valores que el gobierno republicano había colocado en el extranjero, anulación de las expropiaciones efectuadas durante la segunda República y la guerra civil; los propagandistas ocuparon los puestos de dirección, como Julián Quevedo (45), director de la Caja de Reparaciones para devolución de lo incautado. Al mismo tiempo se introdujeron en las empresas estatales; en la RENFE y en el INI (Instituto Nacional de Industria) se han sucedido los propagandistas sin interrupción. En 1946, José María Peñaranda ocupaba la presidencia del Consejo ordenador de minerales especiales de interés militar; Javier Echánove, la secretaría general. El Ministerio de Hacienda y las empresas estatales han sufrido la influencia de los miembros de la ACNP, incluso cuando el ministro no ha sido propagandista. Gómez de Llano (1951-1957) ha estado tan próximo a la Asociación que repetidamente se ha afirmado su pertenencia a la misma. (46) Navarro Rubio (1957-1965) era miembro del Opus Dei a su designación como ministro; sin embargo, había pertenecido a la ACNP. (47)

En los puestos inmediatamente inferiores, se perpetuaban los propagandistas como Jesús Marañón (inspector general de Hacienda, jefe de la Sección especial de Derechos reales y subdirector general de lo contencioso, sucesivamente), Sanchez-Cortés o Guijarro Arrizabalaga (véase biografías). La doctrina financiera la han construido desde la Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública. Desde 1941, ejercen su influencia además desde el Consejo de Economía nacional. Perpiñá Grau, Sebastián Herrador y Martín-Sánchez Juliá han sido miembros permanentes de este órgano consultivo. En 1969 encontramos otros propagandistas, como Antonio Robert.

Con esta cubertura en altas instancias gubernamentales, fueron durante la posguerra los administradores de las materias primas (Fernández Ladreda en la comisaría de combustibles -1942-, José María Peñaranda, vocal de la Comisión reguladora de la distribución del carbón, y Narciso Carreras, secretario de la subcomisión reguladora del algodón -1941-...).

En definitiva, no hubo actividad económica que no organizasen o en la que no estuvieran presentes (incluyendo las Cámaras oficiales sindicales agrarias). (48) Sin generalizar sobre la participación de los propagandistas en la corrupción extendida a todos los niveles de la vida económica y política de estos años, señalamos casos como el de Luis Piñana Delmás, acenepista de Barcelona y delegado de la comisaría de abastecimientos, que estuvo ligado a la política venal del entonces gobernador civil de esta ciudad, Correa Véglison.

a) La ACNP y la información

El nuevo Estado transformó el sistema informativo y de Educación. En el primer terreno, la ACNP contaba con una larga experiencia. En el segundo, la adquirieron rápidamente. La prensa ha sido una plataforma política excepcional para la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. A partir de ella, fue penetrando en la vida pública y aglutinando a un sector de la derecha católica. Esta actividad «propagandista» ha deformado frecuentemente su imagen pública, reduciéndola a la de un grupo de opinión que abordaba tareas típicamente políticas sólo coyunturalmente. La ejecución de éstas ha sido permanente. Los diarios de la Editorial Católica han sido un medio para facilitar su escalada al poder, al igual que su sumisión a la voluntad eclesiástica.

La elección de la prensa como eje fundamental de intervención en la política respondió a la conciencia de la eficacia de un instrumento tradicionalmente mal explotado por la derecha. Además, la Asociación contaba con hombres de acción, no con intelectuales destacados; de aquí que no eligiera desde su origen la Universidad o una revista especializada, cultural o política, como órgano de propaganda.

Herrera Oria atribuyó un papel estratégico a las fuentes informativas. Para él, la prensa era medio útil, pero peligroso, al poder ser utilizado también por sus enemigos políticos. La ACNP adoptará su doctrina informativa, que parte de la existencia de una «libertad para el bien» y una «libertad para el mal»... Reclamar la libertad de información para la Iglesia católica es coherente, por ser ella la única institución legitimada para juzgar entre el bien y el mal.

Los acenepistas fueron los protagonistas de la información durante la posguerra: crearon las condiciones para la difusión de la ideología del nuevo régimen; sus periódicos sirvieron de tribuna al gobierno; administraron la censura. Aniquilada toda la prensa «enemiga», los hombres de la ACNP pugnaron con los falangistas para obtener la total libertad informativa para la Iglesia católica. La ley de prensa de 1938 fue de inspiración acenepista, aunque no fiel reflejo de sus deseos. Permitió la dirección de la prensa por una «minoría responsable», según la fórmula de los propagandistas, pero en su opinión otorgaba excesivo control al Estado (por ejemplo, Herrera Oria era contrario a la designación de los directores de periódicos por el Estado). Además un régimen de prensa provisional para una situación de excepción (la posguerra) no era el marco ideal para el desarrollo de la «información católica».

Como el caso de la enseñanza, la Iglesia pretendía organizar su aparato de propaganda e información con total autonomía. La Iglesia fue consiguiendo un status privilegiado, con el apoyo de sus representantes en el gobierno -los propagandistas- a cambio de la caución ideológica permanentemente ofrecida al régimen. Formalizar legalmente los privilegios y sentar un aparato organizativo de prensa propio fue un objetivo a más largo plazo. Mientras, se conformó con la exención de la censura de los boletines de la jerarquía eclesiástica y de su órgano oficial, Ecclesia (la de éste a partir de 1944), la censura eclesiástica previa de libros y folletos y otros privilegios. (49)

Los primeros propagandistas artífices del sistema informativo fueron al mismo tiempo falangistas. El sistema resultante fue híbrido: nacionalcatólico fascistizante.

Desde el gobierno de Burgos, Serrano Suñer tomó a su cargo el control de la propaganda y la información; primero al frente del Ministerio de Gobernación, y después desde la jefatura de la Falange. Fermín Yzurdiaga, sacerdote falangista, que había sido consiliario de la ACNP en Pamplona, fue el primer jefe nacional de Prensa y Propaganda, en 1937. Fue destituido, poco después de ser nombrado, por presión de la jerarquía eclesiástica que consideraba «incorrecto» que un simple sacerdote ocupara el cargo de ministro. (50) También debió influir la desconfianza de la jerarquía en el enfebrecido falangismo de Yzurdiaga. Le sucedió el entonces propa- gandista y falangista Enrique Giménez Arnau, (51) principal artífice de la Ley de prensa de 1938.

A partir de 1941, dos falangistas clericales, Arias Salgado y Juan Aparicio, fueron los responsables de la información. El segundo había sido miembro de la redacción de El Debate, y formado en su escuela de periodismo, fundada por Herrera Oria en 1924 para la preparación de periodistas católicos. Durante su mandato la Secretaría de Educación popular pasó de la Falange al ministerio de Educación nacional, del que era titular el propagandista Ibáñez Martín. En enero de 1946, los propagandistas Ortiz Muñoz y Cerro Corrochano sucedieron a Arias Salgado y Juan Aparicio, dentro del proceso de desfalangistización de la etapa siguiente.

En 1942, Francisco de Luis, consejero de la Editorial Católica, resumía la potencia informativa de la ACNP: «La Editorial tiene ahora el periódico Ya, el semanario Dígame y la revista Letras, en Madrid, más la agencia Logos, con sus dos secciones de Información y Colaboración; tiene Ideal, de Granada; Hoy, de Badajoz; una participación importante en la Editorial Celta, propietaria de El Ideal Gallego de la Coruña. En nuestros talleres se edita el Boletín de la ACNP y el del CEU; Ecclesia, Signo, Revista de Medicina, Hoja del Lunes, el diario El Alcázar y Redención... » (52) En 1945 la ACNP controlaba siete diarios y varias revistas nacionales. A esto hay que añadir la participación de los propagandistas en diarios y revistas ajenas. (53) Los periodistas necesarios para sostener esta estructura informativa habían salido de la Escuela de El Debate o fueron formándose en la Escuela oficial de Periodismo, muchos de cuyos profesores han sido propagandistas (véase índice biográfico). En los años cuarenta sentaron las bases para ejercer una presión que desembocará en la seudo-liberalización informativa de 1966, tras haber conseguido la creación de una cadena radiofónica eclesial (COPE), de la Escuela de periodismo de la Iglesia, otras medidas como la abstención del Estado en el nombramiento de directores de sus propios diarios (1950). Los propagandistas han considerado siempre la información como feudo natural. Desde la fecha de su creación han ocupado mayoritariamente todas las instituciones relacionadas con la información: Consejo nacional de Prensa; Tribunal de Honor de periodistas; Federación nacional de Prensa y Asociaciones locales.

b) La ACNP y el nuevo sistema educativo

El condicionamiento cultural de la población fue completado con la implantación de un nuevo sistema educativo. Había que formar a las nuevas generaciones en una visión nacionalcatólica del mundo y reconstituir las estructuras educativas tras la desorganización producida por la guerra civil y la depuración de gran parte del cuerpo docente. Los propagandistas se lanzaron a una tarea que ya les había preocupado con anterioridad: la formación de élites católicas. Obtuvieron sólo parte de sus objetivos: la orientación católica de la enseñanza y el mantenimiento de la enseñanza privada. En contrapartida, desde la Universidad, se elabora la justificación de la guerra civil, como una necesidad histórica, para combatir a los «enemigos seculares de la Religión, de la Patria», y del régimen, como el «reencuentro de España con su tradición histórica». Sin embargo, no obtendrán el establecimiento de Universidades católicas hasta 1962 y muy limitadamente (Universidad de Deusto, Bilbao, y Universidad de Navarra).

La orientación de la enseñanza en el régimen fue íntegramente católica, con concesiones menores y más bien formales a la ideología falangista, demasiado pobre para hacer sombra al nacionalcatolicismo ideológico. El propagandista José María Pemán inició la depuración del cuerpo docente de la República, como máximo responsable de la cultura en la Junta de Burgos. La labor la continuó el miembro de la Asocia- ción Ibáñez Martín, ministro de Educación nacional de 1939 a 1951.

La depuración se centró ideológicamente contra el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza. (54) Los propagandistas sustituyeron en sus cátedras a los catedráticos muertos, exilados o depurados, especialmente en las cátedras de Derecho y de Medicina. Gran parte de los propagandistas catedráticos obtuvieron sus cátedras en la primera mitad de los años cuarenta. En 1940 la obtuvieron, por ejemplo, Ignacio de Casso, Isidoro Martín, Jaime Guasp o Jesús Rodríguez Salmones. Muchos de ellos habían convivido previamente en el Colegio Mayor Beato Ribera de Burjasot o en la residencia de CEU. La mayoría de los catedráticos de Derecho pasaron por el Colegio San Clemente de los Españoles de Bolonia (Italia); éstas fueron las canteras de la ACNP e instrumentos de su cohesión interna (55). La relación de catedráticos, actuales propagandistas o que lo fueron al ganar su cátedra, no es exhaustiva, pero refleja la dedicación de la ACNP a la conquista de la Universidad, lo que, durante tres décadas (40-70), ha constituido una de sus preocupaciones. (Para facilitar la consulta de este texto en nuestra web hemos suprimido las listas de catedráticos y otros miembros de la ACNP que constan en el libro).

Otros muchos catedráticos no propagandistas pasaron por el CEU durante los años cuarenta. Florentino Fueyo Alvarez fue profesor de Derecho natural. Eduardo García de Enterría (catedrático de Derecho administrativo) preparó sus oposiciones a letrado del Consejo de Estado. Los socios del Opus Dei, López Rodó y Alberto Ullastres fueron catedráticos del CEU hasta 1945. Así la ACNP ha ejercido una influencia ideológica sobre el cuerpo docente y ha tenido acceso a cada uno de sus miembros. La construcción de esta estructura universitaria fue posible gracias a la cubertura ministerial de Ibáñez Martín; en su equipo, además de los propagandistas dedicados a la censura de prensa, colaboraron Luis Ortiz Muñoz, director general de Enseñanza media, y Juan Contreras, director general de Bellas artes. Otros propagandistas participaron en la redacción de las Leyes, de Enseñanza primaria, como Alfonso Iniesta (asesor técnico de la Delegación general de Enseñanza primaria), de Enseñanza media (1938), y de Enseñanza universitaria (1942), como Manuel Torres López e Isidoro Martín. Ibáñez Martín facilitó la introducción masiva de los católicos (propagandistas y opusdeistas) en las cátedras de Universidad. Para él lo importante eran «los hom- bres que permanecen», y no «las leyes que pueden ser derrogadas. (56)

En 1944, declaraba en la XXXI Asamblea de la ACNP que el objetivo de una Universidad católica (se refiere a la catolicización de la enseñanza) había sido posible gracias a la labor previa del Ministerio de educación y a la «organización de la cultura»; poniendo de relieve el papel del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En todo ello, afirmaba haber actuado siempre como «propagandista ministro» y como «ministro propagandista». (57)

El CISC fue obra de los propagandistas y de los miembros del Opus Dei. Creado en 1939 para crear una «cultura nacional» y una «investigación autónoma», instrumentos de la fase de autarquía que se inauguraba, se convirtió en la base del monopolio cultural clerical; en el feudo de las élites fieles a la Iglesia. Los objetivos de éstas fueron: agrupar a los «intelectuales» católicos en una plataforma común que dirigiera la política cultural del régimen; contar con un trampolín político para introducirse en la Administración pública (especialmente en los puestos relacionados con la administración de la enseñanza); ocupar el máximo de cátedras para imprimir una orientación nacionalcatólica a la Universidad; disponer libremente de fondos del Estado para cubrir sus necesidades propias.

Entre los propagandistas con puestos relevantes en el CSIC, destacamos a Ibáñez Martín, presidente vitalicio. Su primer secretario general, José María Albareda Herrera y Rafael Balbín Lucas (vicesecretario general en 1950 y secretario de la Junta rectora de la División de Humanidades, en 1964, entre otros cargos). Los tres habían coincidido en la embajada de Chile en Madrid, durante la guerra civil. (58) Miembros de la Junta del CSIC fueron también Juan Contreras Burgos (este desde 1944) Dentro de la División de Humanidades, Viñas Mey y Sancho Izquierdo fueron miembros del Patronato Raimundo Lulio desde 1941, y Fernando María Castiella y Luna Serrano, desde 1948. Desde 1940, los propagandistas Carlos Cañal y Felipe Mateu Llopis fueron miembros respectivamente, de los patronatos Diego Saavedra Fajardo y José María Cuadrado. Sebastián Herrador y Sánchez Ramos ocuparon la secretaría y la vicesecretaría del Instituto Sancho de Moncada (1946). Desde 1940, los propagandistas coparon la dirección del Instituto Francisco Vitoria, dedicado a las ciencias jurídicas. La dirección, secretaría y vicesecretaría del Instituto fueron ocupadas por Luna Serrano, Torres López y Rocamora Valls, respectivamente. En 1942, Casso Romero sucede a Luna, entrando como vicedirector segundo, Fernando Castiella (en este año, el vicedirector primero es Torres López). En la División de Ciencias, Torneo Lacrúe fue miembro del Patronato Alfonso X el Sabio (1946). Del Santiago Ramón y Cajal (1946), Barcia Goyanes y Manuel Bermejillo. Posteriormente (1964), Ángel González Alvarez será su presidente, al tiempo que director del Instituto Gregorio Marañón; esto indica que los miembros del Opus Dei, siendo mayoritarios en el CSIC no han llegado a monopolizarlo. En el Patronato Juan de la Cierva, volvemos a encontrar a Torneo Lacrúe, esta vez junto a Fernández Ladreda (1946). Todas las personas mencionadas (la relación no es exhaustiva) ocuparon cargos de dirección. No hemos incluido a simples colaboradores como Ferrer Sama, Manzano Manzano, Sánchez Agesta o becarios como Sánchez Castañer.

El órgano general del CSIC, Arbor, ha sido dirigido por propagandistas en su primera época. Sánchez de Muniaín (1946-1947) Calvo Serer (59) le sucedió, teniendo como subdirector a Balbín Lucas, (1946-1953); a la destitución de aquél por Ruíz-Giménez, la revista fue dirigida por Otero Navascués. Colaboradores desde la aparición de la revista en 1944 fueron los propagandistas José Maldonado y Ángel Alvarez.

Al mismo tiempo, los miembros de la Asociación se hallaban presentes en otros altos organismos educativos como el Consejo Nacional de Educación (Isidoro Martín, Eduardo Cantó, Alfonso Iniesta...). Al no conseguir la creación de Universidades católicas, la ACNP y el Opus Dei organizarán como paliativo sus «Universidades de Verano» en Santander y la Rábida (Huelva) respectivamente. La primera tuvo su origen en los cursos de verano organizados por Herrera Oria en el Colegio Cántabro de Santander en 1933. Estos eran una réplica de los cursos de verano de la Institución Libre de Enseñanza que, durante la segunda República, dirigió Pedro Salinas.

En definitiva, los propagandistas fueron el principal instrumento de la Iglesia católica española para la obtención de un status docente privilegiado, impidiendo la total estatizacíón de la enseñanza requerida por la Falange. (60) La Iglesia pudo ampliar su red de colegios de enseñanza media, dedicados mayoritariamente a los hijos de la burguesía. (61)

Simultáneamente a la labor docente, los religiosos realizaban la de encuadramiento en asociaciones religiosas para adolescentes, en las que se formaba más profundamente al niño en la moral, los objetivos y la ideología de la clase dominante. Los «cruzados», las congregaciones marianas, la catequesis, han servido para estimular la fidelidad a la religión católica y sus prácticas. Así la Iglesia consiguió para sí y para el régimen mayores resultados que la Falange con su «Frente de Juventudes», en los «campamentos de verano»; durante el año académico, la influencia del «partido» estuvo restringida a la disciplina de Formación del espíritu nacional. Al principio, los colegios de religiosos participaron preceptivamente en los desfiles y cantos fascistas, pero estos usos se fueron extinguiendo a medida que la influencia política de la Falange fue decreciendo.

Muchos de los consiliarios de la ACNP fueron profesores de religión en los Institutos estatales de Enseñanza media. Sin embargo, los acenepistas no necesitaban crear sus propios centros puesto que los fines de formación de élites los cumplían en la Universidad; a ésta llegaban los alumnos tras un proceso de ideologización católica suficiente; sólo en los años cincuenta y sesenta crearán algunos Colegios Menores como los de Badajoz, Huelva y Lorca. A continuación ofrecemos una relación de los catedráticos de Enseñanza media, de cuya militancia en la Asociación dan noticias diferentes Boletines internos: Eduardo del Arco Alvarez, José Luis Arranz Pérez de Leceta, Barquero Lomba, Juan Blanco Díez Díez, José Boluda San José, Comenge Navas, José Cos Beamud, José Estevan, Gómez López, José González Falomir, Teófilo González Vila, Salvador Granell Viñoles, José Ibáñez Martín, Mariano Hernández Fernando, Ramón Luelmo Alonso, Manuel Mozas Mesa, José Oñate Guillen, Luis Ortiz Muñoz, Arsenio Pacios López, Luis Rey, Julio San Ramón, José Solas, Alfonso Vázquez Martínez, Ramón Vigas.

Para los hijos del proletariado, la Iglesia organizó «la catequesis» en los suburbios en los que se enseñaba la colaboración de clases. La Iglesia católica ha sido el instrumento esencial de la ideologiza- ción y encuadramiento de la juventud en el régimen franquista, cum- pliendo las funciones propias de los partidos únicos en los regímenes fascistas.

En 1945, la ACNP ya había establecido las primeras bases según las consignas dadas por Martín-Sánchez Juliá en 1940: fomentar la sección de San Pablo (para el fortalecimiento interno de Asociación); opositar a cátedras, ayudar los opositores y formar «jóvenes selectos». (62) Sin embargo, no están satisfechos con lo obtenido, según parece deducirse de la consigna de su presidente Martín-Sánchez en 1944, en la XXX Asamblea: «Los propagandistas hemos estudiado bastante [...] con lo que hemos estudiado podemos lanzarnos a una acción que en los últimos años ha estado aletargada, a la acción en conferencias en la prensa, a la radio» [sic]. (63) Esta declaración es reveladora de la ambición de la ACNP como grupo político; por otro lado da pie a la hipótesis de que durante los años de inmediata posguerra, los propagandistas actuaron bajo la etiqueta general de católicos y no bajo la de propagandistas. Dentro de su pragmatismo político se esforzaron por adaptarse al nuevo régimen, sólo en parte por ellos configurado, y lo lograron. En la etapa siguiente, se consolidarán como grupo, apareciendo como tal en la escena política.

3. La consolidación interna de la ACNP y el inicio de la desfalangistización del régimen (1945-1951)

De 1945 a 1951, ingresaron en la «Asociación» 140 miembros. Este año alcanzan la cifra máxima de su historia hasta 1969: 720. En la década de 1940, ingresaron 252 nuevos socios. La derrota del fascismo en 1945 planteó a los propagandistas la continuidad de su apoyo al régimen o su unión a fórmulas de recambio como la restauración de la monarquía en Juan de Borbón y Battemberg. Los propagandistas estaban demasiado comprometidos con el régimen para arriesgarse a un cambio político radical. Prefirieron actuar desde dentro, para adaptar más el régimen a sus ideas eclesiales. Para ello, se exigieron continuidad en su unión interna y lanzaron llamamientos a los católicos para apoyar al régimen frente al bloqueo internacional. El apoyo fue renovado en 1947, con ocasión del referéndum sobre la Ley de Sucesión, que aplazaba la solución monárquica, legitimando a sus ojos el poder personal de Franco. Los propagandistas que optaron por la solución monárquica como José María Gil Robles fueron criticados por los órganos oficiales de LEC, como el Ya. Sin embargo siguieron perteneciendo a la Asociación. (64) En 1945, Herrera Oria reactivó sus actividades públicas y su intervención en la vida interna de la Asociación. Multiplicó sus declaraciones en favor del régimen; en 1947 fue nombrado obispo. Martín-Sánchez secundó las llamadas a la unidad de los propagandistas, con un pragmatismo notable. (65)

De 1944 a 1945, la ACNP sufrió algunas modificaciones en su organización. Se «depuran los censos»; se renovaron los secretarios de los Centros, cargo que hicieron incompatible con el de presidente de las Juntas diocesanas de Acción católica; constituyeron «asambleas regionales». Todo ello respondía a un relanzamiento político. La coyuntura internacional les era favorable, al convertirse la Iglesia católica en la principal caución internacional del régimen. En 1946, crearon los «círculos de jóvenes» para asegurar la continuidad de la Asociación, de los que se encargó desde el primer momento Silva Muñoz. La renovación continuaba siendo elitista, como se deduce del informe de éste en la LII Asamblea general de la. ACNP, muchos años después, en la que declaraba haber formado 25 jóvenes universitarios «maduros ya para el ingreso en la Asociación».

Como representantes oficiales de la Iglesia católica, los propagandistas aumentaron su peso político dentro del régimen, iniciando la desfalangistización del mismo. En la crisis ministerial producida en 1945, Alberto Martín-Artajo sustituye al conde de Jordana. Propagandistas vaticanistas sustituyen a propagandistas fascistoides a otros niveles. Aparecen hombres no excesivamente comprometidos. En la etapa anterior, los diplomáticos acenepistas que habían «representado» a España en el extranjero formaron el nuevo equipo del Ministerio de Asuntos exteriores. Así por ejemplo, Antero de Ussía es nombrado jefe del gabinete diplomático, director general de Asuntos consulares en 1951, y de Régimen interior en 1952. Carlos Cañal, director general de Relaciones culturales. Giménez-Quiles, comisario de Extensión cultural. La Orden Miracle, jefe de la sección de Publicaciones de la Dirección general de Relaciones culturales. Dependiente de ésta, monopolizaron el Instituto de Cultura Hispánica, creado para ejercer una influencia en los países latino-americanos. En 1946, fue nombrado director Ruiz-Giménez; subdirector, Alfredo Sánchez Bella; secretario general. Francisco Sintes Obrador; y asesor, Antonio Luna. Al ser nombrado Ruiz-Giménez embajador en el Vaticano, le sustituyó en la presidencia del Instituto Sánchez Bella. A éste le sustituirá, en 1951, Fraga Iribarne. A partir del Instituto de Cultura Hispánica, coparán otros organismos burocráticos relacionados con el mismo, como el Patronato del Museo de América (Sánchez Bella y Sintes Obrador) y el Instituto de Cultura Hispánica de Aragón (Bastero Beguiristán). Desde el ministerio de Asuntos exteriores, los propagandistas incrementaron sus relaciones internacionales, mantenidas hasta entonces a través de Pax Romana (de la que Ruiz-Giménez era presidente) y los Congresos católicos internacionales. Potenciaron así su imagen de demócrata-cristianos, ante la democracia cristiana internacional que les considerará sus únicos representantes en España, sobre todo en la etapa siguiente. Herrera reanudó sus contactos con la democracia cristiana italiana en 1945, entrevistándose en Italia con Fanfani, Dossetti, de Lucca, Maritain y con altas jerarquías eclesiásticas como el cardenal Tisserand y Gillé (superior de los dominicos). (66)

Herrera había ido a Italia junto con Ángel Ayala, y, a su vuelta, éste aconsejó a los propagandistas reiterar su apoyo a Franco, dándole un margen de confianza para «instaurar definitivamente un Estado de Derecho», proponiendo como modelo de acción política a los católicos italianos. (67) Esta declaración evidenciaba la conformidad en la ACNP con los fundamentos del régimen y su desacuerdo respecto a las formas fascistas. Esta actitud era el reflejo de la adoptada por el Vaticano.

Dentro de la labor antibloqueo de los propagandistas, Ruiz-Giménez consiguió el apoyo de Fanfani para que el Congreso de Pax Romana de 1946 se celebrara en Salamanca, a pesar de la oposición de algunos de los participantes. La labor del Ministerio de Asuntos exteriores se orientó hacia el atlantismo que en la etapa siguiente desembocará a la firma de los acuerdos militares con Estados Unidos, el incremento del apoyo vaticano y, en definitiva, a obtener el desbloqueo internacional. La estrategia anticomunista fue reforzada para hacer olvidar las relaciones fascistas anteriores. (68) En el cambio ministerial de 1945, permanecieron católicos como el proacenepista Esteban Bilbao, como ministro de Justicia y, bajo él, Puigdollers como director general de Relaciones eclesiásticas que ocupaba el cargo desde 1938, conviviendo en el Ministerio con otros propagandistas como Ignacio de Casso, director general de Registros y Notarías desde 1940 o el ya citado director general de Prisiones, Cuervo Radigales.

El propagandista Fernández Ladreda fue nombrado ministro de Obras públicas. Francisco Prieto-Moreno, director general de Arquitectura (1947). En esta época fueron introduciéndose en otros Ministerios. Por ejemplo, en el de Agricultura, fue nombrado director general de colonización Antonio Montero (1946) y jefe de la sección Estadística, Juan Miranda González. Cambios más importantes se producen en el Ministerio de Educación que controla la censura de prensa desde 1946. Bajo Cerro Corrochano y Ortiz Muñoz entraron los propagandistas José Luis García Rubio, secretario general de la dirección general de Prensa y Guillermo Escribano Ucelay, secretario general de Propaganda. Desde entonces, y salvo el paréntesis 1951-1957 en que la dirección general de Prensa fue ocupada de nuevo por el falangista «herreriano» Juan Aparicio, los acenepistas controlarán directamente la información: Rocamora Valls, García Escudero, Muñoz Alonso, Giménez Quílez y Fernández Sordo, se sucederán en la Dirección general de Prensa.

En este periodo, los miembros de la Asociación empezaron a manifestarse abiertamente. En 1948, estudiaron las reformas a introducir en la enseñanza primaria. Este mismo año organizan la I Reunión Nacional de Educación, a través del Consejo Superior de Hombres de Acción Católica. Se trataba de una ofensiva siempre con los mismos fines: la obtención de mayores subvenciones estatales. En su defecto, el CEU es utilizado como Facultad de Derecho paralela. Por orden ministerial de 16 de mayo de 1944, las cátedras en el CEU fueron asimiladas a las de la Universidad (los años de docencia en el CEU serán en adelante contabilizados a efectos de concursos de méritos y de ascenso en el escalafón, como los de la Facultad). El mismo año fueron aprobados los estatutos del Colegio Mayor San Pablo. Un año después, por orden de 11 de julio de 1945, el CEU fue adscrito a la universidad de Madrid. En 1945, empezaron a considerar la reconstrucción de la Federación de Estudiantes, fusionada con el SEU (Sindicato Español Universitario). Aquí entraban ya en un terreno feudo de los falangistas: el sindicato único. Este mismo año, el sindicalismo fue uno de los temas de sus círculos de estudio. Alfredo López, comentando un discurso de Pío XII, señalaba la necesidad de las «asociaciones de trabajadores católicos», ya que en el sindicato único existe el peligro de infiltraciones provocadoras de cambios de dirección. Para evitar el riesgo, no propugnaba «sindicatos profesionales, sino asociaciones a través de las cuales se realice por la Iglesia y por la Acción Católica una tarea formativa...». (69) Sin embargo, la ACNP ha apoyado siempre el sindicalismo vertical del régimen. En 1964, sostendrán que «la fórmula de sindicación vertical sigue teniendo vigencia». (70) El sindicalismo vertical ha sido expresión más acabada del corporativismo sostenido por la ACNP.

El discurso de Rafael de Luis en la XXXII Asamblea (1945) pone al descubierto la actitud de los propagandistas frente a la clase obrera. Tras referirse al auge de la democracia cristiana italiana justificaba a Pío XII por haber transigido con la constitución inicial de una única central sindical: «las razones que le han obligado a aceptar esto son poderosísimas. En primer lugar, el hecho de que a los obreros católicos se les ha acostumbrado a vivir juntos [con comunistas y socialistas], contentos o descontentos, pero juntos. Además, muchos obreros católicos han tenido durante veinte años un punto en común de unión con socialistas y comunistas: la oposición al fascismo. Y siempre es peligroso que la gente se acostumbre a estar unida, aunque sea con signo negativo». (71)

En esta Asamblea se pusieron de manifiesto las divergencias tácticas ante la situación política. Mientras que Martín-Sánchez Juliá manifestaba que «los tres problemas fundamentales eran la espiritualidad, la juventud y la cultura», Herrera Oria proponía una acción inmediata de «organización y encauzamiento de la multitud» y otra a largo plazo de formación de élites para la «organización definitiva y más perfecta del estado llano». Ninguno de los dos abordó el problema político de la organización del Estado, como lo harán otros propagandistas en los años sucesivos. La Asamblea decidió (conclusión séptima) crear escuelas de aprendices. La primera fue creada por Herrera en 1947 en Santander. En 1948, los propagandistas de San Sebastián crearon en Hernani la Escuela profesional «Don Carmelo Labacea», que no fue reconocida como centro oficial de formación profesional hasta 1960. La escuela fue regida, hasta 1958, por la Agrupación de Técnicos para el Fomento de la Enseñanza Profesional Cristiana (ATEP), rama de la ACNP, creada con la intención de organizar escuelas profesionales. La Escuela de Hernani recibía subvenciones de industrias vascas. Entre otros, fueron protectores de la escuela, desde su creación, la Caja de Ahorros de San Sebastián, Fundiciones del Norte, Papelera Guipuzcoana de Zicuñagra, SA, Papelera Mendía SA, Papelera de Urrutia, etc. En 1960, contaba con 194 alumnos. En 1969, habían «promocionado» 499 oficiales industriales y 43 maestros; contaba con su patrimonio inmovilizado de 23 millones de pesetas.

En 1950, los propagandistas de Sevilla intentaron crear una «Hermandad de Obreros de la Construcción». En 1958 Angel Ayala creará las Escuelas profesionales Labor (Madrid); en 1968 la Escuela profesional «San Jerónimo», en Murcia. En la década de los sesenta esta escalada obrerista culminará con la creación del Centro de Estudios Sociales de Valencia, para formar trabajadores de élite. En la Administración, los propagandistas han tenido representantes como Urbano Domínguez Díaz, secretario de la Junta Central de Formación profesional, también vocal de la comisión para la redacción del Estatuto de Formación Profesional obrera.

La preocupación por contar con una minoría de dirigentes obreros para encauzar a la clase obrera se revela en cada uno de sus proyectos. Martín-Sánchez Juliá declaraba en 1950 que los alumnos del Instituto Social Obrero (ISO) «recibían una formación selectísima de un grupo de propagandistas profesores [...] se fundaron [durante la República] sindicatos libres, dirigidos ya por estos hombres, casi todos ellos mártires de la revolución [...] Hoy los que han sobrevivido están en puestos preeminentes y singulares, unos dentro de la vida pública y otros dentro del obrerismo actual». (72) La concepción clasista se trasluce en cada uno de los informes. En 1932, el responsable de los «equipos de propagandistas obreros» informaba que estos «soldados auxiliares de la Iglesia», habían recibido los «rudimentos científicos necesarios» para ser inscritos en ejercicios espirituales para obreros; igualmente daba cuenta de un «cursillo social» que se estaba celebrando, al cabo del cual «como premio se les otorgará un certificado o diploma que les pueda servir, entre otras cosas, de recomendación para sus necesidades». (73) En 1938, la fórmula obrerista de la ACNP fue: «Pan y catecismo; esto es; capacitación profesional y, mediante ella, formación en todos los demás órdenes.» (74)

La «intromisión» en el feudo de los sindicatos verticales no llegaría a convertirse en polémicas hasta la década de los años sesenta y más por la importancia numérica de las HOAC, JOC y VOJ y la actuación antiverticalista de éstas que por las creaciones obreristas de la ACNP. De 1945 a 1951, la ACNP presionó para una completa desfalangistización del régimen. En numerosas conferencias, se inquietaban por el «exceso de patriotismo» y sugerían correcciones: «El justo amor a la Patria no debe dejar de reconocer la universalidad cristiana». Se trata, en definitiva, de que «predomine la Religión sobre la Patria» (75), según las concepciones de los catedráticos de Derecho canónico propagandistas: la Iglesia y el Estado son las dos únicas «sociedades perfectas», independientes; pero el Estado debe tomar como modelo a la Iglesia y acatar sus directivas morales. Al final de este periodo, algunos propagandistas se atreven a propugnar, de una manera vergonzante, la utilidad de los partidos políticos, pero preconizando el sufragio indirecto. (76)

Otros toman parte en diversos congresos europeos. (77) Los propagandistas eran los únicos bien situados para asistir a todas las manifestaciones europeas; por su etiqueta católica y sus relaciones con los demócratacristianos de otros países. La ACNP se mantenía al corriente de las tendencias políticas europeas.Su «europeismo» avant la lettre, entraba dentro de la estrategia vaticana de construir fuertes partidos demócratacristianos en la Europa de posguerra, para poner freno al auge comunista.

En 1951, puede afirmarse que la ACNP, como grupo político, representaba mejor los intereses de la gran burguesía. La Falange debería de ser un instrumento secundario limitado a una tarea encuadradora. La Falange representaba ya sólo a una parte de la pequeña burguesía y a la mayoría de la burocracia estatal creada durante los años cuarenta. Esto puede explicar las pugnas entre católicos y falangistas en las décadas siguientes.

IV. EL FRACASO DEL ESTADO NACIONALCATOLICO, 1951-1965

A principios de los años cincuenta, la ACNP acelera su distanciamiento de las formas fascistas y reafirma su autonomía como grupo con intereses diferenciados en el interior del régimen. La ACNP tiene conciencia de constituir una fuerza política anterior al régimen, y posee una interpretación propia del mismo y de la guerra civil. Según su fundador, la etapa fundamental de la Historia de España se abrió en 1931, en que se inicia una «corriente de renovación espiritual» (la de los propagandistas) que fue capaz de agrupar a las fuerzas católicas. La guerra civil sería la continuación de la etapa anterior pero «con formas distintas». (78) En 1951, Herrera Oria expone sus ideas respaldado por la autoridad de su cargo episcopal (otorgado simultáneamente al referéndum de 1947). A través de sus homilías en la catedral de Málaga pone en guardia contra el «centralismo, estatismo, totalitarismo, bucrocratismo» del Estado. Para evitarlos, propone fórmulas vagas como «anticipación de las Sociedades infrasoberanas, las asociaciones privadas y los individuos a la acción directa tutelar del supremo poder», e insiste en la «cooperación y colaboración, de unas clases con otras y de todas con el gobierno». (79)

En el plano interno, la ACNP inició un periodo de revisión. El poder alcanzado requería fortalecer la estructura formal. Este mismo compromiso con el poder político exigía redefinir los principios teóricos y elaborar autojustificaciones. En 1951, se constituyó el secretariado de jóvenes, unido como todos a la presidencia. Se reunió por primera vez la Asamblea de Conciliarios formados en el grupo sacerdotal creado por Herrera Oria. Con la potenciación del grupo se pretendía concretizar la doctrina de la ACNP y controlar su ortodoxia. La preocupación por el estatuto canónico de la Asociación aparecía por primera vez reconociendo «no estar al día» y posponiendo la cuestión por presentar demasiadas dificultades. La ACNP no ha tenido un estatuto canónico como el Opus Dei. En 1967, declaraba estar sometida a la Ley de Asociaciones, como una asociación más. En el plano eclesiástico, solicitaba en 1963 la calificación de la Asociación, como una organización «filial» de la Junta Nacional de la Acción Católica. En el Ideario publicado en 1974, afirmaba continuar siendo intérprete de la doctrina oficial de la Iglesia. En este año, el presidente de la ACNP declaraba que ésta se hallaba acogida a las disposiciones transitorias del decreto de 1964, regulador de las asociaciones religiosas.

En el terreno político, Martín-Sánchez Juliá insistía una vez más en 1951 (XLIII Asamblea de Secretarios y XXXVIII Asamblea general de la Asociación) en la norma tradicional de la ACNP: «acuerdo en lo fundamental», «discrepancia enlo contingente». Al mismo tiempo, formulaba sus «ventajas»: «proporcionar a España valores selectos en diversas situaciones contingentes», y no ser confundida con un partido político. La consigna, para mantener la cohesión y unidad alcanzadas, será la de no tratar en el seno de la Asociación temas de «política contingente»; de tratar todos los temas políticos en el «terreno de los principios» (80) Se renovaba así el pragmatismo político de la ACNP que le ha permitido sobrevivir a todas las crisis políticas. Sin embargo, los temas de sus «círculos de estudio» han versado casi siempre sobre cuestiones que, en los años sucesivos, van a ser regulados legalmente. Así, por ejemplo, en 1951, trataban las relaciones Iglesia-Estado; en 1953, se firma el Concordato con la Santa Sede, cuyos principales autores materiales fueron Martín-Artajo y Ruiz-Giménez. En 1952, estudiaban el cine católico y los problemas de vivienda. Posteriormente se organizará el festival de Cine católico de Valladolid y, en 1957, se creará el ministerio de la vivienda. En 1955, los problemas de la emigración. Posteriormente se crearía el Instituto español de Emigración.

En 1953, Guijarro Arrizabalaga sustituye en la presidencia a Martín-Sánchez, dentro del proceso de renovación de cargos y de ampliación de las facultades del Consejo nacional. La ACNP constituye ya un complejo entramado de intereses y de relaciones.

1. La ACNP, élite de la burguesía

Históricamente, se ha considerado como mafia a todo grupo que, mediante métodos ilegales, ha constituido una especie de Estado dentro del Estado, cuando éste ha tenido una estructura débil. Este no ha sido el caso del Estado franquista ni de la ACNP. Sin embargo, la incrustación de la ACNP en la administración del Estado y su adopción de métodos «mafiosos» permitirían compararla a una mafia. Los propagandistas siempre han negado constituir una secta, afirmando que sus ritos son los de la Iglesia católica. Pero la propia definición de Martín-Sánchez de una secta conviene totalmente a la ACNP: «La secta obliga a sus miembros a trabajar para ella, los trae, los lleva, los coloca, los encumbra, los derriba, les exige acatamiento, los vigila y les pide cuentas.» (81)

Es difícil determinar el grado de independización de los fines de la ACNP, respecto a los de la Iglesia católica. En todo caso la ACNP siempre ha considerado más importante las élites que las instituciones. En este sentido, Martín-Sánchez declaraba en 1943: «Las sociedades [...] han ido sustituyendo a las instituciones que periclitaban y caían por individuos o grupos de individuos muy reducidos, hasta el punto de que hoy, las grandes naciones puede decirse que dependen sólo y exclusivamente de la suerte de un hombre o de un grupo reducido de hombres». (82) La ACNP pretende ser este grupo reducido de hombres. Los propagandistas han negado siempre ser un partido político. Efectivamente, nunca lo han sido en la medida en que no han pretendido tener una gran base social para tomar el poder. Sin embargo, han cumplido las funciones de un partido político, transformando las demandas aociales de la burguesía en opciones políticas, proporcionando las élites gobernantes y, a partir de los años sesenta, élites de recambio de la «oposición tolerada».

La composición social de la ACNP no ha sido exclusivamente «profesional liberal». Gran parte de sus miembros pertenecen a la aristocracia, a la burguesía financiera, industrial y terrateniente.

Al tratar de las relaciones de la ACNP y la Banca constatamos la pertenencia a la ACNP de financieros como Ybarra Oriol, Villalonga Villalba y Urquijo Landecho. Entre las grandes familias, encontramos Delclaux Aróstegui, Gómez-Acebo, Mazarraza Quijano, Luis Lucia. Dentro de las burguesías locales, encontramos a Rodríguez Acosta (Granada), Blasco del Cacho (Zaragoza), Carlos Careaga (Bilbao), y José María y Antonio Huarte (Pamplona) (estos tres últimos eran propagandistas en los años treinta). Entre los terratenientes des- tacamos a Francisco Abascal Fernández. Entre los industriales, resaltamos a Mariano Puigdollers por haber compatibilizado esta condición con cargos específicamente clericales. (83)

Además de participar en las Cámaras Industriales y de Comercio que han cumplido las funciones de sindicatos patronales, la ACNP ha creado instituciones como la Asociación Católica de dirigentes (1951), atendiendo a las recomendaciones de Pío XII y a imitación de la Fédération des Patrons catholiques de Bélgica, del Centre français du Patronat chrétien, y de la Catholic Industrialísts Conference, de Inglaterra.

Para ocupar una posición hegemónica entre los profesionales, la ACNP ha creado hermandades y asociaciones diversas. Antes de la guerra, fundaron la Hermandad de San Cosme y San Damián (de médicos), que influyó decisivamente en la obtención de las cátedras de medicina para sus miembros en la posguerra. Sánchez Movellán fundó la Asociación San Alfonso María de Ligorio, que ha agrupado jueces y fiscales. Posteriormente, se llamaría de la Inmaculada y San Alfonso, admitiendo abogados del Estado, notarios, registradores y miembros de otros cuerpos jurídicos. La finalidad de crear o de intervenir en las Hermandades profesionales la exponían en 1942, fecha en que se introducen en otras Hermandades: «El apostolado entre nuestros compañeros que por sus títulos, posición y ejercicio profesional casi siempre directivo constituyen la minoría rectora, es una fácil multiplicación del esfuerzo, y cada uno que atraemos nos aproxima a una nueva masa de apostolado; resolviendo así el problema de los selectos y la masa. Pronto se advierte la mano del propagandista en la Hermandad». (84)

Algunas Hermandades han sido tradicionalmente dirigidas por propagandistas, como la Hermandad de San Carlos Borromeo (profesionales de Bolsa y Banca), cuyos dos primeros presidentes fueron José María Sauras y Ricardo Fernández Maza.

En 1951 parece existir una ofensiva propagandista en los medios profesionales. Crearon en este año la Hermandad de Hombres de carrera, fundada por el centro de Vitoria; la Hermandad de San Cosme y San Damián (centro de Alcoy); la Hermandad del Ecce-Homo (centro de Lérida); la Hermandad de San Alberto Magno y San Francisco de Asís (centro de Zaragoza). En Madrid se organizaban este año ejercicios espirituales para profesionales. La intervención de los propagandistas en Hermandades profesionales ha reforzado su participación en los Colegios profesionales en cuyas juntas han intentado tener siempre algún miembro. (85) La presencia acenepista entre los profesionales ha culminado en las máximas instituciones como las Academias de Jurisprundencia y Legislación, de Farmacia y de la Lengua y Literatura. (86) Los propagandistas han Cumplido un papel fundamental en la cohesión de la burguesía española. Al mismo tiempo, han reforzado su propia cohesión interna mediante las vinculaciones familiares, la educación en los mismos centros y la participación en las mismas actividades económicas y políticas. A lo largo del tiempo, la ACNP ha adquirido caracteres de casta y clan. Los más conocidos propagandistas lo han sido de padres a hijos como Enrique Gil Robles y José María Gil Robles, Lavilla Vergés y Lavilla Alsina, Leal Ramón y Leal García, Marcelino Oreja y Marcelino Oreja Aguirre, Sancho Izquierdo y Sancho Rebullida. Entre los miembros de la derecha más reaccionaria, fueron propagandistas, por ejemplo, los hermanos Redondo (Onésimo y Andrés) y Leopoldo Calvo Sotelo, sobrino de José Calvo Sotelo. El Opus Dei, a causa del voto de castidad, sólo puede renovarse como casta por la vía tío-sobrino.

Mediante sus lazos familiares los propagandistas han llegado a constituir verdaderos clanes. A título de ejemplo, las dos hermanas de Alberto y Javier Martín-Artajo, María e Isabel Martín-Artajo, se casaron con los propagandistas Francisco Abascal y Mazarrasa Quijano, respectivamente. La hija de José Larraz con el propagandista Gregorio Santiago Castiella; María Teresa Castiella Maíz (hermana de Fernando María Castiella) con Mariano Sebastián Herrador. Los propagandistas se congratulan de las posiciones alcanzadas. En 1958, la secretaría general informaba a sus miembros sobre la composición social de la Asociación y las esferas de poder según el siguiente cuadro (87):

El cuadro refleja de manera pobre el poder real; para enriquecerlo, habría que establecer un gráfico de relaciones. Basta a título de ejemplo señalar la pertenencia a la ACNP de José María Alonso Vega, hermano del ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega (1957-1969); Enrique Cavestany y Anduaga, hermano del ministro de Agricultura, Rafael Cavestany y Anduaga (1951-195), o las relaciones a nivel institucional: Carrero Blanco fue miembro de la Junta Técnica Nacional de Acción católica en 1940 (compuesta mayoritariamente por propagandistas). José Luis Arrese, exsecretario general del Movimiento (1941-1945) y exministro de la Vivienda (1957-1962), fue miembro del Consejo directivo de la primera Asociación Patronal Católica española, creada en 1935 por el propagandista Colomina. Otros ministros han manifestado su proacenepismo dando conferencias en los «círculos de estudio», como Gual Villalbí, ex ministro sin cartera (1957-1965).

En el ejército, la ACNP ha tenido siempre una vía de acceso, institucionalizada: el Cuerpo jurídico. A él pertenecen, entre otros, Algora Marco, Alvarez Romero, Coronel Velásquez (1960), García de Ceca, García Escudero, Garicano Goñi, Jiménez Jillarejo, Lasala Samper, Navarro Rubio, Juan de los Ríos Hernández, Rodríguez Pastrana, Soler Díaz Guijarro (fallecido en 1963). El Cuerpo jurídico no sólo es un cuerpo prestigioso sino también temido por controlar la disciplina interna (son intérpretes oficiales del Código de Justicia militar). Dentro del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), encargado de reunir la información policiaca interna y externa al ejército, encontramos acenepistas como Pérez Jiménez.

Al Estado Mayor pertenecen acenepistas como José María Peñaranda o Javier Echánove. Desde el Estado Mayor y, a través del CESEDEN (Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, en el que dan frecuentes conferencias los propagandistas, el ejército segrega su ideología. Otros propagandistas han ocupado cargos político-militares, como Luis Montes y López de la Torre, que fue secretario general de la Dirección de Enseñanza militar, o Antonio Coronel Velázquez que fue secretario general de la Dirección de Enseñanza militar.

La influencia clerical en el ejército ha utilizado también otras vías como la organización Forja, creada por el jesuita José María Llanos y el teniente coronel Pinilla. En ella se integraron según J. Busquets (88) oficiales y cadetes. El grupo Forja creó un colegio de preparación militar en el edificio y con profesores del ICAI (Instituto Católico de Artes e Industrias), instituto perteneciente a los jesuitas. Disuelto en 1958, sus miembros, diplomados del Estado Mayor en su mayoría, se reagruparon alrededor de la revista Pensamiento y Acción.

En cuanto al carácter «mafioso» de sus métodos, la ACNP siempre ha declarado actuar a la luz del día. Sus miembros nunca han ocultado su pertenencia a la Asociación; sin embargo, la han diluido en su pertenencia general a la Iglesia católica; sólo que pertenencia privilegiada, en cuanto que pretenden ser mejores católicos que el resto. Sin embargo, sus boletines son de circulación interna. Afirman que la edición del censo (el último, de 1969) está agotada. (89) La historia de la Asociación, Seglares en la historia del catolicismo español editada por la ACNP. «tiene carácter restringido», debiendo solicitarla los propagandistas a la secretaría nacional. (90) La «discreción» ha podido escudarse en las directivas vaticanas. En 1958, por ejemplo, la secretaría general de Episcopado español comunicaba a la ACNP, que la secretaría de Estado del Vaticano había decidido que no se diesen a la publicidad los estudios y estadísticas de sociología religiosa.

Internamente, los propagandistas han fomentado el espíritu de clan: «Siendo el factor humano de la amistad cristiana muy importante para una sección concorde, los secretarios de los Centros procurarán estimularla entre los propagandistas...» (Conclusión cuarta de la XXIII Asamblea). (91)

Los «ejercicios espirituales» anuales, las asambleas nacionales de secretarios y regionales, son los instrumentos para «fomentar la amistad cristiana» que no excluye la ayuda mutua y el reparto de puestos políticos y económicos. El espíritu que revela el llamamiento siguiente ha permanecido a lo largo de la historia de la Asociación: « Los propagandistas deben enviar a la Secretaría general información sobre sus éxitos personales: Unas matrículas de Honor, un premio en la Licenciatura, un puesto, por modesto que fuere, ganado en oposición o concurso, etc., deben ser divulgados, para honra de la Asociación y gozo de los propagandistas [...]. La gran familia que formamos los propagandistas se unirá a los sentimientos de cualquiera de sus miembros.» (92)

El culto a la personalidad ha sido característica permanente de la Asociación. Parte del boletín está dedicado a informar sobre los «éxitos» de sus miembros: nombramientos políticos u otros, obras publicadas, condecoraciones obtenidas. (93)

Los terrenos en que se han puesto de manifiesto con más evidencia los métodos «mafiosos» han sido la información y la enseñanza. Respecto a la información es ejemplo suficiente el capítulo final de esta obra, sobre el dominio por LEC de El Correo de Andalucía. Respecto a la enseñanza, resaltamos la labor del Instituto Jurídico de Preparación profesional, creado por la ACNP Centro del CEU, en 1944, para preparar a los opositores de los cuerpos jurídicos «cerrados»: abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, notarios, registradores de la propiedad... Su profesorado -no todos miembros de la Asociación- pertenece a dichos cuerpos. Alguno de los miembros del cuerpo docente se encuentran posteriormente en el tribunal que juzga a los opositores. (94) Se constituye así una especie de bola de nieve: profesores que preparan opositores, opositores que ingresan en los distintos cuerpos que, a su vez, van a ser profesores, simultaneando su participación en los tribunales de oposición. (95)

Los Colegios Mayores han sido centros de estrechamiento de relaciones. (96) Respecto a los métodos «mafiosos» en las relaciones económicas, aparte del nepotismo señalado, queda abierta la investigación a posteriores informaciones. (97)

En el Ideario editado en 1974, la ACNP ponía en guardia a sus miembros contra la elección para un «puesto de autoridad» en razón de la pertenencia a la Asociación (punto I, 16 del Ideario). Reconocía así una práctica tradicional. El preámbulo de las «Orientaciones» del mismo afirmaba su descarada voluntad de continuar siendo un grupo políticamente coherente: «La ACN de P, respetando la pluralidad de opciones temporales de sus socios, precisa, en la presente etapa, fijar las líneas directrices que caractericen las actitudes, los pensamientos y las acciones de sus miembros, con dos objetivos: Hacia el interior de la Asociación, para crear una base congruente de coincidencias esenciales, irrenunciables, susceptibles de dar cohesión y fuerza operativa testimonial a la Asociación. Y respecto al exterior, para dar una imagen clara y veraz de lo que somos y queremos en este momento concreto de la historia, procurando el mayor acercamiento de la Asociación a las realidades comunitarias, único medio de poder servirlas.» El lenguaje no ocultaba su intención de seguir jugando un papel político, desde concepciones elitistas y con conciencia de su superioridad. (98) Esta conciencia era puesta de relieve por Angel Alaya ya en 1957, en que se quejaba de que el influjo de la Asociación era menor que su fuerza real, y de que, a pesar de la «atonía» de la Asociación en la posguerra (lo que demuestra su insatisfacción respecto al poder alcanzado en esa época), «el poder de la Asociación es tal, por virtud de su propia naturaleza, que actualmente dos de sus ministros son propagandistas, y varios, directores generales, gobernadores y rectores de Universidad». Alentaba a la Asociación a ejercer más influencia en la vida política, declarando: «En todas partes hay imposibles perfectamente posibles; en España más posibles por la fuerza de los católicos, porque los españoles, aunque parezcan rebeldes, son dóciles; sólo les falta dirección; perfectamente posible.» (99)

En resumen, la ACNP, ha desarrollado un entramado de relaciones que ha adquirido independencia propia. La Asociación es una especie de «superélite» de la burguesía, que aglutina élites parciales y submafias.

2. La ACNP y la monopolización de la corriente demócratacristiana española

A partir de la entrada de Ruiz-Giménez en el gobierno como ministro de Educación nacional en 1951, permaneciendo Martín-Artajo como ministro de Asuntos exteriores, la ACNP refuerza su ofensiva para constituir un Estado católico franquista, sin residuos fascistas. La legitimidad del Estado nacido de1 golpe militar de 1936 no va a ser planteada. La coyuntura era propicia. Los demócratacristianos europeos ocupan el poder (de Gasperi en Italia como primer ministro -1945-1953- y Adenauer en Alemania como canciller -1949-1963-). Dentro de la estrategia de «guerra fría», Martín-Artajo consigue el desbloqueo del régimen mediante la firma de los Acuerdos militares con los Estados Unidos y del Concordato con el Vaticano. (100) Las relaciones con éste han sido llevadas mayoritariamente por propagandistas. Castiella había sustituido a Ruiz-Giménez como embajador en el Vaticano. Anteriormente lo había sido Yanguas Messía. Como Director general de Asuntos eclesiásticos continuaba Puigdollers Oliver, a quien sustituirá el propagandista Balbín Lucas en 1965.

El Ministerio de Asuntos exteriores, y el Instituto de Cultura Hispánica fueron utilizados como trampolín definitivo de los acenepistas para proyectarse internacionalmente. Si hasta entonces habían gozado de la confianza de la Jerarquía eclesiástica española, el espaldarazo recibido por parte del Vaticano hizo que los propagandistas fueran considerados como los representantes españoles de la corriente demócratacristiana internacional, ya sin recelos.

La ACNP había creado en 1950 un secretariado de relaciones internacionales. En esta fecha la Compañía de Jesús organizó una peregrinación a Japón, para celebrar el «centenario de San Francisco Javier», con la colaboración de los Ministerios de Asuntos exteriores y Educación nacional. Como representante del gobierno español iba el propagandista Antonio Ortíz Muñoz. Marcelino Oreja presidía el mismo año la delegación de «200 jóvenes» españoles, en «peregrinación» a Roma, para asistir al Congreso Internacional de Juventudes Católicas. En la época del bloqueo, fueron de los pocos que mantuvieron contactos internacionales, financiando sus devociones con los presupestos del Estado. Los acenepistas fueron organizadores y participantes muy activos en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952, en el que el cardenal Tedeschini y Franco concelebraron ritos de victoria sobre la «Barcelona roja». Pemán fue el autor del himno eucarístico de corte nacionalcatólico y de una cursilería difícilmente igualable.

En los años cincuenta, la Iglesia católica empezó a construir su «imagen social» y a transmitir al gobierno las conclusiones de sus sondeos. La Acción católica inició un periodo de renovación; sus miembros denominaron esta actuación como «una pastoral de testimonio», contrapuesta a la «pastoral de autoridad» que había dominado la etapa anterior. (101) La renovación consistió principalmente en los intentos de infiltración en la clase obrera. Las organizaciones obreras confesionales favorecieron -quizá a su pesar- un proceso de concienciación de clase que, en la década de 1960, sería uno de los factores de crisis de la Iglesia (distanciamiento de la base católica de la jerarquía) y de las dificultades entre la Iglesia y el Estado (defensa de sus militantes por la jerarquía eclesiástica frente a los sindicatos verticales). Los obreros católicos han tenido una cobertura para su actuación (la «doctrina social de la Iglesia») y unos medios negados a otras organizaciones (medios de expresión propios, facilidades de reunión, etc.). Algunos obispos, presionados por su base católica sugirieron medidas sociales, condenaron el «lujo excesivo», y constataron públicamente situaciones de injusticia.

Simultáneamente, los propagandistas revalorizaban el sentido católico de la iniciativa privada y proponían la reforma de la empresa, desde la empresa. En este tema insistirían en sus círculos de estudios de 1962, «a la luz de la encíclica Mater et Magistra». En los años cincuenta convirtieron en doctrina pública una de sus preocupaciones esenciales: la función supletoria del Estado respecto a la iniciativa privada. Esta idea-base y la defensa de los privilegios de la Iglesia católica constituyen los dos puntos claves que han permitido considerar a la ACNP como parte integrante de 1a democracia cristiana, a pesar de su repetida oposición a esta etiqueta, y de las enormes diferencias respecto a los partidos demócratas cristianos. Entre el «catolicismo social» y el «liberalismo católico», origen de la actual democracia cristiana, la ACNP siempre ha estado más cerca del primero que del segundo. El «liberalismo católico» consistió en la recuperación de los valores de la revolución francesa, mediante la fundamentación católica de los «derechos humanos» (burgueses) conquistados por aquélla. El «catolicismo social» consistió en la elaboración de unos principios y la creación de formas de acción, como freno a las doctrinas anarquista y marxista y al auge del movimiento obrero. La ACNP ha puesto siempre el acento en la defensa de los intereses de la Iglesia y de su corriente ideológica más reaccionaria, esquivando las conquistas de la democracia burguesa (derechos de asociación y sindicación, libertad religiosa, separación de poderes) y haciendo hincapié en los «derechos naturales de la persona», emanación del «Derecho natural» tan caro a los acenepistas, como el derecho a la procreación y a fundar una familia, el derecho de formación (siempre religosa) de los hijos por los padres, etc.

A una Iglesia católica española a remolque de los cambios estratégicos del Vaticano, corresponde una democracia cristiana sui generis. Una democracia cristiana clerical y eclesial. Una democracia cristiana unida a un régimen político apoyado por la Iglesia católica: la francocracia cristiana de la ACÑP. El Concordato fue no sólo la consagración jurídica de la sitúación privilegiada de la Iglesia, sino también el instrumento para impedir la entrada del protestantismo estadounidense tras la firma de los acuerdos militares. En 1951 la ACNP era admitida como miembro colectivo de Pax Romana. Ese mismo año asiste oficiosamente a las reuniones de la organización Pax Christi, de creación francesa. Martín-Artajo estrechaba sus relaciones con los demócratacristianos alemanes, Strauss y Von Merkatz, con los que mantendrá en adelante contactos permanentes. (102) El Colegio Mayor San Pablo sirvió de centro de reuniones internacionales y nacionales de católicos. (103)

En 1955, Herrera Oria y Martín-Artajo creaban el Centro Pío XII por un «mundo mejor». Toda la actividad de la ACNP se integraba en la corriente anticomunista de la guerra fría. (104) Entre sus resultados destaca la admisión de España a la ONU, en 1955 y, en 1958, con Castiella al frente del Ministerio, la adhesión al FMI, al BIRD y a la OECE.

Al mismo tiempo proliferaron instituciones proeuropeas que, sin embargo, no conseguirán el ingreso de España en el Mercado Común. El Instituto de Estudios europeos, creado por los propagandistas de Barcelona, Jorge Prat (presidente), Riera Clavillé (director), Juan Emilio Luque (vicepresidente) y Colomer Marqués, respondió a la estrategia de Pío XII de promover organizaciones católicas europeistas. Pretendió conectar con las aspiraciones europeistas de la burguesía catalana, con una óptica tradicional (afirmaba su voluntad de imprimir al pensamiento español la interpretación de Vives, Vitoria, Suárez y Balmes). En 1954, otros propagandistas crearon la AECE (Asociación Española de Cooperación Europea), junto con antiguos miembros sindicalistas de la CEDA. (Los propagandistas Fernández Ladreda y Simón Tobalina fueron su primer presidente y secretario, respectivamente). El grupo fue el núcleo de la constitución en 1959 de la Democracia Social Cristiana, presidida por Gil Robles. En 1956, otros propagandistas participaron en la creación de la Liga Europea de Cooperación Económica (LECE), de cuya sección española será presidente, en la década de 1970, Arteaga Piet. La creación de todos estos grupos respondió al deseo de una parte de la burguesía española de integrarse a la Europa democristiana. En el plano político, se inició en esta década lo que, en la siguiente, constituyó el fraccionamiento de la corriente demócratacristiana.

Entre 1950 y 1956, Giménez Fernández se dedicó a promover entre determinados intelectuales lo que, en 1957, se formalizaría como la Izquierda Demócratacristiana (IDC) (105) que presidirá hasta su muerte, en 1968. Nunca pasó de ser un grupo universitario, con buenas relaciones con otros propagandistas como Ruiz-Giménez. A lo largo de su existencia, puede considerarse como uno de los grupos «más a la izquierda» dentro de la corriente demócratacristiana. La ideología del grupo puede aproximarse a la de la IDC italiana. En 1966 se declaraba aconfesional. Giménez Fernández no iba a ser el único que intentase dirigir la corriente demócratacristiana. La DSC se presentó bajo la etiqueta europeísta primando sobre su monarquismo primero, su accidentalismo posterior, y su juancarlismo definitivo, a partir de 1969.

Al crearse la Democracia Social Cristiana, un grupo de miembros acudió a Estoril a presentar sus bases programáticas al pretendiente, al tiempo que eran distribuidas a gran número de obispos españoles. Con ocasión de la visita a Estoril, Gil Robles Robles declaraba que: 1°. No eran presentadas las bases para su aprobación por Juan de Borbón y Battemberg, ya que la DSC no pretendía ser el «único partido futuro de la monarquía»; 2º Se confesaban «cristianodemócratas» por considerarse «hijos y fieles de la Iglesia católica y de la doctrina de Cristo» y «sinceramente demócratas». 3º. Preconizaban una monarquía constitucional (juanista) como forma de gobierno. (106) Tres años más tarde, quizá por no recibir el apoyo que esperaban del pretendiente o por haber constatado que las posibilidades de que éste llegara a ocupar el trono disminuían, la DSC reemplazó la parte de su programa en que se pronunciaba por la monarquía y reconocía «los derechos» del pretendiente, afirmando «el derecho del pueblo español de escoger, por procedimientos auténticamente democráticos la forma de su gobierno». (107) En la misma línea, Gil Robles firmaba un documento en 1965, proclamando el «accidentalismo» de su grupo. Este documento fue hecho circular en los medios políticos de Madrid, y, según se rumoreó, habría tenido el apoyo de la jerarquía eclesiástica española (o, al menos, de una parte de ésta), a pesar de contener párrafos de distanciamiento del régimen, que habrían de ser papel mojado cuatro años después. Así, una vez designado Juan Carlos de Borbón Borbón, príncipe heredero (del franquismo), en octubre de 1969, «la Democracia Social Cristiana de Gil Robles acuerda cortar los lazos con los monárquicos liberales [sic], al quedar Juan de Borbón fuera del juego político. Aceptando el hecho consumado, la nueva estrategia deberá orientarse hacia el «asociacionismo» y el establecimiento de contactos informales con las personas allegadas a Juan Carlos de Borbón». (108) Esta orientación fue reforzada con la creación por «demócratas-socialcristianos» de la revista Discusión y Convivencia, en 1970. Sus inspiradores fueron el monárquico Alvarez Miranda y el propagandista Cavero Lataillade (director de la revista). (109)

Otra nueva tendencia en el interior de la corriente demócratacristiana se fue afirmando en torno a Ruiz-Giménez, a partir de la creación de la revista Cuadernos para el Diálogo, en 1963, cuyos primeros números fueron anunciados en el Boletín interno interno de la ACNP. Paulatinamente, y contando con una cierta tolerancia por parte del régimen, este órgano de expresión se convirtió en uno de los polos de atracción de la clientela potencial de la corriente. Mientras que los grupos de Giménez Fernández y Gil Robles fueron siempre minoritarios -el primero, de intelectuales y universitarios y el segundo de financieros y hombres de empresa principalmente-, Cuadernos para el Diálogo logró atraerse a parte de la burguesía profesional católica y a parte del estudiantado universitario -mayor en sus inicios que a principio de los años setenta-. Al poco tiempo de su lanzamiento, contó con el apoyo de la UED (Unión de Estudiantes Demócratas); este apoyo inicial llevó a las posiciones radicales de los primeros años de la revista. La tendencia agrupada en torno a Ruiz Giménez ha funcionado más como un grupo de opinión amplio, que como un grupo político organizado con programa y actividades propios de partidos políticos. En este sentido -de influir en la opinión pública, idea muy herreriana-, a partir de la revista se creó la editorial del mismo nombre.

En 1962, personalidades de las diversas tendencias de la corriente demócratacristiana participaron en el Congreso de Munich, junto con los partidos políticos en el exilio y en la clandestinidad. La respuesta del régimen (que obligó a los participantes a exilarse o quedar confinados en Fuerteventura) dejó claro que la corriente demócratacristiana no oficial no podía ser todavía absorbida legalmente. Ello colocó a los grupos representantes de la misma, en una situación objetiva más a la «izquierda» de lo que ellos mismos habían pretendido. Seguían siendo grupos ilegales semitolerados, sus actividades eran conocidas por la policía, pero no eran reprimidas con la misma dureza que las del resto de los partidos políticos clandestinos, salvo cuando sobrepasaron el ámbito «doméstico», como había ocurrido con el Congreso de Munich. Este sirvió como antecedente y toma de contacto para posteriores intentos de unificación y de actuación conjuntas.

Un año más tarde, la DSC y la IDC, como partidos demócratacristianos españoles, la Unión Demócrata de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco, como partidos demócratacristianos de Cataluña y el País vasco, respectivamente, acordaron formar el equipo español de la NEI, conforme a los principios fijados en los estatutos de las NEI (Unión Internacional de las Democracias Cristianas), para implantar en España un sistema po1íticosocial democrático y cristiano. A partir de entonces, cada uno de los grupos y partidos mencionados obtuvieron un puesto en aquélla. El de la DSC fue ocupado por Gil Robles y el de la IDC, por Giménez Fernández. A la muerte de éste, Ruiz Giménez pidió su ingreso en la Izquierda Demócrata Cristiana, para ocupar el puesto vacante que ha desempeñado activamente hasta que el golpe militar chileno de 1973 y la la participación el mismo de la democracia cristiana chilena le decidieron a pedir la excedencia, aunque no la renuncia, a pesar de sus declaraciones repetidas públicamente de que desde entonces, se considera «más socialdemócrata que demócratacristiano».

El equipo español de la NEI, aparte de haber conseguido un reconocimiento internacional, no ha logrado unificar la corriente. En todo caso, el equipo era heterogéneo. No se puede pasar por alto la diferencia existente entre el Partído Nacionalista Vasco (110) y la Unión Democrática de Catalunya, (111) por un lado, y la DSC, la IDC y Cuadernos para el Diálogo, por otro. Mientras que los dos primeros constituyen auténticos partidos políticos de oposición al régimen, nacidos con anterioridad a la guerra civil, los últimos tres grupos no pasan de ser intentos organizativos minoritarios o grupos de opinión. La DSC y la IDC no han logrado tener audiencia fuera de los restringidos círculos, económicos, intelectuales o universitarios en que nacieron. La procedencia de anteguerra del PNV y de la UDC, su situación de exilio o de clandestinidad y, sobre todo, el unir a la orientación cristiana de sus respectivos programas la cuestión nacionalista periférica los colocan objetivamente a la izquierda de la corriente demócratacristiana. El factor nacionalista, que podría servir como punto de unión (concretamente en Cataluña, de monárquicos, antiguos cedistas, exmiembros de la Lliga catalana), no ha impedido el surgimiento de nuevos grupos demócratacristianos, unas veces, por escisión a la izquierda, como en el caso del Partido Demócratacristiano Catalán (escisión de la UDC) y otras por diferencias accidentales; como en el caso de Comunitat Catalana. La atomización se ha producido a nivel de la democracia cristiana peninsular y de las democracias cristianas nacionalistas periféricas.

En enero de 1965, más de cien delegados de los diversos grupos y tendencias de la corriente demócratacristiana se reunieron en Los Molinos (Segovia) creando las bases de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) que al año siguiente entraría en crisis, al producirse una serie de separaciones voluntarias, expulsiones y contraexpulsiones. A la reunión asistió Alberto Martín-Artajo. Supuso un intento de toma de posturas demócratacristianas «europeas» (aconfesionalidad del Estado y del partido demócratacristiano, accidentalismo, definición como partido de «oposición activa», etc). El único acto relevante de esta efímera Unión parece haber sido la redacción de un documento dirigido a Franco para que retrasase la fecha del referéndum sobre la Ley orgánica en 1966, de manera que éste no se convirtiera en un plebiscito (112). De su actitud se deducía que votarían «no», pero que de todas maneras, no querían quedar marginados del régimen. Y ésta ha sido una de las características de los grupos demócratacristianos españoles: su capacidad de integración en el régimen franquista, por poco que éste abriese la mano en materia de pluralismo político. La crisis definitiva se produjo tras la publicación por la Unión de Juventudes Demócratacristianas (procedentes de las Juventudes Demócrata-cristianas promovidas en 1964 por la IDC) de un manifiesto de inspiración socialista que provocó ciertas fricciones con la Unión Internacional de las Democracias Cristianas. La crisis de la UJDC se saldó con el paso de gran parte de sus miembros al tercer FLP (Frente de Liberación Popular) y al PCE (Partido Comunista de España). (113)

La francocracia cristiana se desintegra en la década de 1960, y los grupos resultantes intentan adaptarse a las nuevas orientaciones de la democracia cristiana internacional. Se inició así un sutil proceso que podríamos denominar de retorno a los orígenes: la presencia acenepista -más bien omnipresencia- en todos los grupos de derechas católicas. La oposición tolerada de algunos de ellos no puede engañar sobre la naturaleza política conservadora de todos los grupos demócra- tacristianos españoles (114). Todos ellos tienen mas eco en los medios demócratacristianos internacionales que en la vida política oficial española o en las luchas obreras y el movimiento popular.

Los propagandistas han empleado así dos tácticas para la integración del régimen en el capitalismo europeo: la acción política desde sus Instituciones (115) y la participación simultánea en grupos de «oposición tolerada». Desde el Ministerio de Educación nacional, Ruiz Giménez intentó ampliar las bases de reclutamiento de élites; se rodeó de un equipo constituido principalmente por propagandistas: Fraga Iribarne (secretario general técnico), Sánchez de Muñían (director general de Enseñanza media), Eduardo Cantó Rancaño (director general de Enseñanza primaria), Francisco Sintes Obrador (director general de Archivos y Bibliotecas). (116) De los dos ideólogos de la renovación cultural, los ex falangistas Antonio Tovar (rector de la universidad de Salamanca) y Laín Entralgo (rector de la de Madrid), este último había pertenecido a la ACNP. (117) Tras el fracaso de Ruiz-Giménez y de su equipo, provocado, en parte, por la oposición de la Falange y de su sindicato universitario (SEU) a las reformas de los propagandistas, la crisis ministerial de 1957 dio entrada a un falangista en el Ministerio de Educación nacional. Martín-Artajo fue sustituido en Asuntos exteriores por el propagandista falangista Castiella Maíz. El cambio más significativo fue la entrada de los economistas del Opus Dei para resolver la crisis económica: Ullastres Calvo, como ministro de Comercio, y Navarro Rubio como ministro de Hacienda. (118)

3. La ACNP y el Opus Dei

La política que iniciaron los nuevos ministros correspondió, en lo económico (obra de los opusdeistas) a la que, en lo cultural, habían intentado los acenepistas. Podemos pues interrogarnos sobre la oposición o colaboración de las dos grandes mafias católicas españolas; sobre la identidad, paralelismo o diferencia de sus fines y métodos; sobre sus respectivas naturaleza y funciones políticas. Siendo las dos fuerzas políticas franquistas más parecidas en cuanto a su estructura y finalidades confesadas, su distinción se hace más necesaria. (119)

A excepción de Giménez Fernández, que negó en su día cualquier parecido entre ambas mafias, la mayoría de los observadores coinciden en señalar su mayor o menor grado de convergencia en métodos y fines. El socio del Opus Dei Antonio Fontán dedica parte de su polémica obra Los católicos en la Universidad española a demostrar el paralelismo entre ambos grupos confesionales. Por su parte, Artigues afirma justificadamente una influencia indirecta de la ACNP sobre el Opus Dei. Ynfante, recogiendo la tesis de aquél, la exorbita para formular otra distinta y personal: el Opus Dei no sólo copia a la ACNP, sino que la supera en los objetivos comunes perseguidos; esta tesis entraría dentro de la óptica subjetiva de Ynfante de «inflar» la importancia de la «santa mafia», en detrimento de todos los demás grupos «clerical-autoritarios» (según su terminología); entre ellos, «la otra cosa nostra». Varios de los primeros miembros del Opus Dei habían pertenecido a la ACNP, como Albareda, y otros continuaron simultaneando su militancia como Balbín Lucas o Alfredo López. Otros como Calvo Serer, Navarro Rubio, han militado en algún momento en ambos. Ello abona la hipótesis de que el Opus Dei fue una especie de desgajamiento de la ACNP: una «obra» más en la que esta pretendía estar presente, y que posteriormente se independizaría de una manera insospechada. El fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer había sido profesor de la escuela de El Debate fundada por Herrera Oria.

No es necesario insistir sobre los objetivos ideológicos idénticos en lo esencial en ambos grupos: la influencia en las «actividades seculares», «infundidas de espíritu católico». Las matizaciones son secundarias: la ACNP confiesa abiertamente su intención de formar hombres para la «vida pública» (política en definitiva), el Opus Dei declara actuar en la «vida profesional» (en definitiva, igualmente política pues nada impedía que las actividades «profesionales» consistieran, años después, en actividades ministeriales).

Ambos grupos surgieron como reacción frente al proceso de «secularización», de la toma de conciencia de clase y, en definitiva, de ateización y alejamiento de la Iglesia católica. Sin embargo, mientras que el Opus Dei pretende defender la ideología del catolicismo más tradicional y el sistema confesional católico, la ACNP, además, se pone permanentemente desde sus orígenes al servicio de la política concreta de la jerarquía eclesiástica española. El Opus Dei es una organización integrada, lo mismo que la ACNP, por individuos no autónomos, necesitados permanentemente del respaldo paterno para todas sus actuaciones; respaldo que los opusdeistas obtienen en sus «directores espirituales» y en «el Padre» (presidente de la Organización) y los acenepistas en los obispos; ambos, en última instancia, en el papa, a cuya autoridad hacen todos ellos referencia por encima de las discrepancias accidentales.

A partir de estos orígenes comunes, la actuación concreta diferirá a veces notablemente. La ACNP nunca ha tenido, una ideología monolítica y permanente. Ha adaptado a las circunstancias la ideología de la Iglesia católica. La calificación que mejor conviene a la ideología política acenepista es la de conservadora pragmática: en cada circunstancia han interpretado el Derecho natural inmutable y la doctrina de la Iglesia católica como mejor convino a los intereses de ésta y a los suyos propios. Los hombres del Opus Dei han elaborado una ideología tecnocrática, desarrollista, apropiada a la nueva fase del régimen de total integración en el capitalismo mundial; según esta ideología -que niega su carácter de tal- el desarrollo económico sería el principal objetivo a alcanzar, posponiendo todos los demás posibles; éstos se resolverían por sí mismos una vez alcanzado un determinado grado de desarrollo capitalista. Una fracción de los miembros del Opus Dei, con Calvo Serer a la cabeza, intentó elaborar otra ideología integrista y promover un movimiento político (la Tercera Fuerza Nacional). Al no ser seguido por la dirección del Opus Dei, el movimiento quedó aislado. (120)

Tanto el Opus Dei como la ACNP han hecho doctrina para negar su participación en actividades políticas, a partir de la misma fórmula: la participación de sus miembros «a título personal». (121) Sin embargo, los miembros del Opus Dei han aprovechado la ocasión, siempre que han podido, para marcar sus distancias con la ACNP en este terreno. (122) En general han manifestado públicamente su mutuo respeto y admiración. Durante los años sesenta, han sido los opusdeistas quienes han escrito más libros polémicos en defensa de sus posiciones, aunque esta defensa supusiera tener que seguir tomando distancias críticas respecto a los componentes de la mafia eclesiástica ajena. Esta mayor beligerancia de los miembros del Opus Dei, además de explicarse por sus formas distintas de comportamiento (suaves modales y guante blanco de acenepistas, frente a la «santa intransigencia» y la «santa desvergüenza» de opusdeistas), tiene una causa objetiva: la de haber atraído el Opus Dei la mayor parte de las críticas de los medios católicos, (123) así como de otras fuerzas políticas, como la Falange, sobre todo de 1962 a 1973, años durante los que el Opus Dei participó mayoritariamente en el gobierno franquista, que llegará casi a monopolizar en 1969; en esta crítica generalizada participaron algunos miembros del Ejército. Los ataques al Opus Dei se generalizaron tras la publicación de varias obras que, no sólo destaparon la polémica, sino que aportaron datos para que ésta se hiciera sobre informaciones, a partir de entonces públicas, y no ya sobre suposiciones y rumores. Mientras tanto, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas proseguía sus actividades en la ignorancia pública general, sobre los mismos presupuestos ideológicos y con los mismos objetivos que la «santa mafia».

Ninguna de las organizaciones pertenecientes a los movimientos nacionalistas vasco, catalán o gallego han denunciado específicamente que sepamos, el profundo centralismo de ambos grupos confesionales, tan profundo como el de los falangistas aunque basado en otras doctrinas. Centralismo justificado para los acenepistas a través de su nacional-catolicismo; encubierto por los opusdeistas bajo su etiqueta tecnocrática: los nacionalismos periféricos peninsulares, según ésta, no corresponderían a condicionamientos históricos ineludibles ni a aspiraciones profundas, sino que sólo plantearían problemas «técnicos» a resolver (de «orden público» o «administrativo»). Esta ideología centralista justificó a los acenepistas, por ejemplo, la sustitución en Cataluña de todos los católicos catalanistas por hombres propios, catalanes o no, que, en caso de serlo, fueron considerados siempre por sus compatriotas como «españolistas de ocupación». En cuanto a los socios del Opus Dei, son sobrados los ejemplos del centralismo de sus miembros. A título de ejemplo, baste la gestión «españolista» del artífice de la reforma administrativa, López Rodó, opusdeista y catalán.

Este centralismo ha sido igualmente encubierto por parte del Opus Dei bajo sus pretensiones de «universalismo». La ACNP, ha sido creación exclusivamente celtibérica y de «consumo nacional»; nunca ha pretendido extenderse más allá de los Pirineos, sino, en todo caso, servir de modelo a organizaciones similares en otros países. Por el contrario, el Opus Dei ha ambicionado una expansión internacional, pretendiendo posteriormente no constituir una institución exclusivamente española. La «discreción» sobre la pertenencia de los miembros a una y otra organización ha sido norma de ambas; mucho más exagerada en el caso del Opus Dei. Este posee una estructura más rígida y autoritaria. La pertenencia no ha sido hecha pública sino en raras ocasiones. Ello ha permitido durante mucho tiempo que las conexiones y nepotismos hayan pasado más desapercibidos. Las normas 299 a 340 de sus Constituciones, que tratan de la elección y competencias del presidente del Instituto o «Padre», parecen pensadas exclusivamente en Escrivá de Balaguer, que ocupa el cargo por vida. Igualmente los miembros de su Consejo general son designados por «el Padre» y ratificados por los «electores» (normas 341 y siguientes). Comparándolas con las correspondientes a los estatutos de la ACNP, se explica cómo han sido posibles en esta ciertos virajes, especie de «golpes de mano internos», encaminados a sucesivas readaptaciones; el más visible será la elección de Algora Marco como presidente de la «Asociación» en 1965.

Este margen de representatividad restringida de la ACNP se ve contrarrestada por una mayor dependencia de la jerarquía eclesiástica. Y es aquí donde reside una de las más notables diferencias entre ambos grupos confesionales: la autonomía adquirida por el Opus Dei respecto a la jerarquía eclesiástica española, cuyas posiciones no ha apoyado siempre, lo que no ha impedido tener simpatizantes entre los miembros de aquéllas. Esta autonomía nunca la pretendió la ACNP y de aquí precisamente le viene su fuerza y su permanencia.

Respecto al reclutamiento, composición social y relaciones entre los miembros de ambas mafias hay que señalar que ambas organizaciones son elitistas. Ninguna de las dos se ha propuesto en ningún momento ampliar su base social entre la clase obrera; entre otras razones, por la conciencia de su imposibilidad, así como por lo superfluo de la pretensión para los fines de dirección que se proponen. En consecuencia, ambas son minoritarias respecto, no ya sólo la población española, sino también al resto de las organizaciones confesionales católicas. El mayor número de miembros del Opus Dei le hace apto para encuadrar una parte de la burguesía católica; el número más restringido de la ACNP y sus métodos, para dirigirla.

Sus bases de reclutamiento han sido similares: la Acción católica, los antiguos alumnos de las órdenes religiosas elitistas (jesuitas, dominicos, agustinos, marianistas...), los exmiembros de congregaciones marianas. Esto respecto a los medios católicos. Respecto a los medios profesionales, la Universidad y los Colegios mayores han sido el semillero de acenepistas y opusdeistas; en menor medida, la Administración pública, los colegios profesionales y las empresas privadas.

Todas estas similitudes explican las buenas relaciones mantenidas, a nivel de las dos organizaciones y a nivel de sus miembros. La colaboración recíproca ha llevado a confundir a Infante entre acenepistas y opusdeistas, en algunas ocasiones. Como la historia de las mafias, precisamente por la «discreción» de que se rodean, no puede escribirse sin errores, nos permitimos hacer algunas correcciones a la obra de J. Ynfante, en la esperanza de que también los posibles errores de este estudio den lugar a correcciones posteriores.

En base a fuentes confidenciales próximas en algún momento al Opus Dei, podemos afirmar que los siguientes acenepistas, incluidos en la relación de socios del Opus Dei de Ynfante no son miembros del Opus Dei: Juan Cabrera Felipe, Tomás Garicano Goñi, Ángel González Alvarez, Guijarro Arrizabalaga, Otero Navascués, Federico Rodríguez Rodríguez, Alfredo Sánchez Bella (éste se había salido antes de 1970), José María Sanz Pastor, Santiago Udina Martorell. Sin embargo, algunos de ellos sí que son simpatizantes, como Ángel González Alvarez o Santiago Udina Martorell. De los acenepistas incluidos en la relación de simpatizantes del Opus Dei confirmamos a Coronel de Palma, Iglesias Selgas y Silva Muñoz. Pero no lo son Alejandro Fernández Sordo ni Alfonso Osorio García. (124)

Conforme a los datos expuestos podría establecerse una tipología aproximada de acenepistas simpatizantes y acenepistas no simpatizantes del Opus Dei y viceversa. Pero, la generalización correría el riesgo de constituir una aproximación grosera a una realidad mucho más compleja. En todo caso es verosímil la hipótesis de que ha existido un cierto trasvase de la ACNP al Opus Dei, aparte del inicial que conexión directa con el Vaticano, eludiendo, en la medida que le ha sido posible y le ha convenido, la mediación de la jerarquía española. A pesar de ello, nunca logró un birreta cardenalicia para ninguno de sus miembros.

En el plano económico, el Opus Dei intentó introducirse desde su inicio entre la nueva burguesía adinerada de la posguerra y, después, del desarrollo. Miembros de la burguesía tradicional y de la burguesía profesional entraron en el Opus Dei, atraídos por su imagen de eficacia. Sin embargo, la política económica llevada a cabo desde el gobierno por los hombres del Opus Dei, terminó decantando la clientela de uno y de otro grupo confesional. Tras el cambio ministerial de 1962, en el que entró otro opusdeista (López Bravo como ministro de Industria), el Opus Dei logró introducirse en la Banca privada rompiendo así el monopolio bancario, y en las industrias de nueva creación (las del «desarrollo»), generalmente incluidas en el sector terciario (turismo, distribución, etc.) y necesitadas del crédito estatal; su poder económico lo ha forjado así a partir de su poder político (entrada en el aparato estatal) y no a la inversa.

Al principio, los propagandistas colaboraron en el ascenso e implantación del Opus Dei, en tanto que éste era un grupo confesional de parecida ideología y fines, buen aliado (teóricamente) frente a la burocracia falanjosindical. A finales de los años sesenta, las alianzas cambiaron de signo y propagandistas destacados se aliaron con representantes de la burocracia falangista.

Las Cajas de Ahorro fueron el instrumento principal a través del cual los acenepistas financiaron obras del Opus Dei. (128) Los hombres clave de esta financiación fueron sucesivamente Sinués Urbiola y Coronel de Palma. Esta colaboración ha sido más destacada en organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Consejo Nacional. Por su carácter de organización confesional, la pertenencia al Opus Dei o a la ACNP no ha impedido a sus miembros la militancia en otras fuerzas políticas. Mientras que se concibe difícilmente la posibilidad en España de una doble militancia carlista y falangista por parte de la misma persona, cualquier acenepista u opusdeista ha podido ser monárquico juanista, carlista o falangista (las otras tres fuerzas políticas del régimen): observación superflua en cualquier país de democracia formal; necesaria en España por haber cumplido estas dos organizaciones confesionales alguna de las funciones propias de los partidos políticos.

La ACNP no se ha hecho portaestandarte de una fracción determinada de la burguesía. Desde su nacimiento asumió objetivamente los intereses de la burguesía tradicional, aunque no llegó a representarla hasta los años cincuenta. Durante la Dictadura de Primo de Rivera y la segunda República, sólo representó alguna de las fracciones católicas de la burguesía. La ACNP ha aportado a la burguesía la ideología católica. El Opus Dei intentaría hacerse con esta representación a finales de los años cuarenta y durante toda la década de los cincuenta, aprovechando el desgaste paulatino sufrido por la ACNP en el poder, y de su desprestigio como «anticuada», por parte de la misma burguesía. Para ello contó con el apoyo del Vaticano; no descartaba jugar otras bazas de recambio. El intento de representación de toda la burguesía abocó en la representación de una fracción de la misma.

Los tecnócratas del Opus Dei entraron en el gobierno en 1957, para salvar a su organización de una bancarrota económica inminente causada por una ambiciosa política de petición de créditos, iniciada años antes. (129) Los tecnócratas tenían que sacar al régimen del impasse económico del final de la autarquía. Desde el gobierno, se introdujeron en los sectores económicos ligados al crédito oficial, que lograron controlar, dando lugar en 1969 al escándalo financiero conocido como el affaire Matesa. (130) Al estarles cerrado el acceso a las industrias básicas (siderurgia, minería...), coto cerrado de la oligarquía tradicional, llevaron a cabo una política objetivamente favorecedora de las empresas del sector de servicios o de aquellas no implantadas sólidamente en España con anterioridad, como el ramo de las industrias químicas. Su clientela ha llegado a ser principalmente la nueva burguesía abierta a las inversiones extranjeras. El Opus Dei se ha convertido así en el representante objetivo de esta fracción de la burguesía. A partir de esta afirmación puede aventurarse la hipótesis de que los enfrentamientos entre acenepistas y opusdeistas, más frecuentes a final de los años sesenta y principios ñola, había «treinta y cuatro diarios dóciles a las consignas de los obispos,lo que representa el 30% del número y el 20% de las tiradas das» (142). En 1960, la Iglesia consiguió del Estado el derecho de crear escuelas de periodismo. El mismo año se inauguró la Escuela de periodismo de la Iglesia, puesta bajo la tutela de la ACNP. La Escuela fue sometida al control de la Comisión episcopal de prensa e información, conforme el artículo 31 del Concordato y al canon 1375 del Código de Derecho canónico. Fuenturar la hipótesis de que ésta es más opuesta a todo cambio ya que, al no contar con bases económicas sólidas propias (dependencia del crédito estatal), sus intereses objetivos se hallan ligados a la permanencia del régimen; cualquier cambio, pondría en cuestión las condiciones indispensables de su supervivencia y desa- rrollo. Por su parte, la burguesía tradicional, poseyendo unas sólidas bases económicas propias, es consciente de que sólo un cambio revolucionario la haría desaparecer como clase.

4. El fin del nacionalcatolicismo

En lo que concierne a la Iglesia católica, hay que matizar la utilización de la misma por las mafias clericales y viceversa. La ACNP ha obtenido todo su poder económico y político asumiendo el monopolio de la representación eclesial durante décadas. Una vez solidificada como organización, las relaciones establecidas le harían permanecer como un grupo de presión más, si se independizase de la Iglesia. Sin embargo, su permanencia como fuerza política va unida a la propia supervivencia de la Iglesia católica; la desaparición de ésta arrastraría la de la ACNP, al perder toda su razón de ser, la ideología que la soporta y la clientela que representa.

La Iglesia católica nunca ha reiterado su confianza a los acenepistas. Únicamente, les retiró el monopolio, al jugar simultáneamente la carta del Opus Dei. La aparición a la luz pública eclesiástica de éste coincidió con el inicio del pluralismo restringido de la Iglesia española, tras el nacionalcatolicismo. Si los acenepistas no van ya a ejercer el monopolio de la interpretación de la «voz del papa y de la jerarquía», sí defenderán celosamente cotos más tradicionalmente acenepistas como la «doctrina social de la Iglesia».

El Opus Dei no ha intentado representar globalmente a la Jerarquía española o a la Iglesia vaticana, ni hacerse el intérprete oficial de su doctrina, sino influir en aquéllas, conforme a sus intereses (consecución del estatuto de Instituto secular, consecución de la Universidad de Navarra, etc.)

Hasta el cambio de gobierno de 1957, la actuación de la Iglesia puede resumirse así: acuerdo generalizado de la jerarquía eclesiástica con el Régimen; aceptación por una masa importante de católicos de militar en las organizaciones «de apostolado seglar» para alcanzar fines sociales y políticos diversos, pero con la voluntad de encontrar una fórmula alternativa a las estructuras de encuadramiento estatales. Al amparo del Concordato, muchos católicos gozaron de condiciones privilegiadas para opinar, reunirse e incluso ensayar internamente un funcionamiento democrático.

La crisis económica, las huelgas obreras y la aparición del movimiento estudiantil fueron tres factores determinantes de la crisis política de 1957. La Iglesia se vio comprometida doblemente: de un lado, por el fracaso de los propagandistas católicos para dominar la situación desde el poder; de otro, por la ineficacia de las organizaciones católicas, fuertemente jerarquizadas y tímidamente críticas, para atraer hacia ellas la mayoría de los obreros y reducir así el conflicto de clases.

Tras la breve sustitución en la hegemonía del gobierno de los acenepistas por miembros de Falange, la Iglesia se sirvió de un tipo de mediación político-civil: el Opus Dei. La «Obra de Dios» significó la posibilidad de plantear al régimen su supervivencia a partir de soluciones económicas «nuevas», marginando el «revisionismo» político de Ruiz-Giménez y Martín-Artajo. Se esperaba así, mediante la normalización del aparato económico capitalista y su posterior desarrollo, conseguir la integración del movimiento obrero a largo plazo. Y, en primer término, responder a las necesidades del capitalismo monopolista, liberándole de sus rémoras autárquicas.

La crisis de la ACNP, a partir de 1957, se explica tanto por su fracaso político dentro del régimen como por la crisis de la Iglesia católica. En torno al año 1960 se manifiestan los primeros síntomas de la distensión internacional. Juan XXIII, interlocutor más idóneo de las grandes potencias, no contaba con el pasado profascista de su predecesor. De la predicación de la lucha contra el comunismo, el Vaticano pasó a hablar del diálogo. Del exclusivismo en la fe al «ecumenismo». Si la Iglesia católica quería seguir teniendo un lugar destacado en el mundo capitalista, debía facilitar las uniones internacionales, apoyar el fin de la «guerra fría» y colocarse al lado del intento integrador capitalista iniciado por Estados Unidos.

En el ámbito interno, Juan XXIII era alentado por gran número de católicos europeos, que exigían una amplia introspección de la institución eclesiástica. El Concilio Vaticano II fue la expresión más clara de esta presión interna. Los documentos salidos del Concilio supusieron la «legalización» de las posturas reformistas y críticas previas. En definitiva, el papado de Juan XXIII supuso la adaptación de la Iglesia católica a las nuevas condiciones políticas mundiales y el reconocimiento de jure de las posiciones reformistas en el seno de la Iglesia.

En España, a causa de la despoblación rural, acentuada por la emigración producida tras el plan de estabilización de 1959, la Iglesia perdió uno de los pilares fundamentales de su dominio social. Durante la década de 1960, descendió la práctica religiosa y simultáneamente el número de seminaristas. Una parte de la base católica (sobre todo, obrera y universitaria) inició un despegue de la disciplina impuesta por la jerarquía eclesiástica, militando en número apreciable en las organizaciones de oposición al régimen. La jerarquía eclesiástica española se vio obligada a adoptar posiciones tácticas de recuperación: el primado declaraba en 1957 a los miembros de las HOAC con motivo del primero de mayo: « [...] Tampoco debe convertirse jamás una Hermandad de Obreros de Acción Católica en una asociación obrera que pueda ser tachada de «amarilla», manejada por los patronos, ni en una asociación de saboteadores de las justas reivindicaciones obreras.» (131) Dos años más tarde, los obispos afirmaron en una declaración conjunta: « [...] la Acción Católica, aun sin hacer política en el sentido estricto de la palabra, prepara a sus adeptos para que hagan buena política [...]. Es la táctica apostólica, acomodada a las exigencias de los tiempos, lo que exige esta primacía de la Acción Católica ». (132)

Esta política llevó a la jerarquía española a las primeras fricciones con el gobierno. Ecclesia denunciaba en 1960 las violencias ejercidas contra los detenidos por los sucesos provocados por la visita de Franco a Barcelona. El principal acusado, Jordi Pujol, era dirigente de las juventudes católicas catalanas.

En 1961, tuvo lugar el primer enfrentamiento grave de la jerarquía episcopal con miembros del gobierno: el de Pla y Deniel con el ministro de Sindicatos Solís Ruiz al rechazar éste la petición de las HOAC de ampliar el plazo de presentación de candidaturas a las elecciones sindicales. El hecho dio lugar a una polémica en torno a las HOAC y a las JOC, las cuales, desde hacía tiempo, manifestaban una postura beligerante contra los sindicatos verticales. La JOC reivindicó el derecho a participar en las actividades sindicales y Ecclesia acabó por pedir, más que la colaboración entre sindicatos oficiales y organizaciones católicas, el reconocimiento recíproco. Los miembros de la JOC y de las HOAC podrían salir del seno de sus agrupaciones para asumir responsabilidades sindicales. La baza era importante: planteaba a los sindicatos oficiales un rival, un grupo de presión dispuesto a modificar el papel del sindicalismo falangista en la organización del Estado.

Ese mismo año, el tema del circulo de estudios del centro propagandista de Madrid era «Panorama del sindicalismo mundial»; en él participaron, entre otros dirigentes sindicales, el propagandista Giménez Torres, entonces vicesecretario de la orga¬nización sindical. Entre las conclusiones destacaba la aceptación de la «unidad sindical», y la propuesta de reforma de la Ley sindical. Partiendo del sindicalismo vertical, proponían la creación de «asociaciones obreras» independientes del sindicato. Por último, los propagandistas reivindicaban la «acción social y pastoral» de las HOAC y de la JOC, conforme al artículo 34 del Concordato. (133) La ACNP actuaba ya como un grupo de presión en el interior de la estructura estatal.

La postura del primado en favor de su base contrastaba con la condena que todos los obispos habían pronunciado meses antes contra 339 curas vascos que, en un escrito dirigido a su obispo, denunciaban la falta de libertades, la ausencia de garantías jurídicas, «el estatismo y la doctrina de la infalibilidad del jefe», la prensa como «instrumento de deformación de la opinión pública», el sindicalismo español -«todo lo contrario del sindicalismo libre»- y reclamaban el derecho a la autonomía lingüística y cultural para el pueblo vasco (134). Esta carta ponía de manifiesto la complicidad de la jerarquía con el desorden establecido; la respuesta fue fulminante: todos los obispos, individual y colegiadamente, el nuncio, la prensa española y el mismo Vaticano se unieron en una llamada intransigente a la disciplina. Este suceso marcó un importante hito en la crisis del nacionalcatolicismo: simbolizaba la ruptura de la sumisión del clero a su obispo; la iniciativa colectiva de un grupo de sacerdotes para realizar una protesta política, suponía una interpretación contraria a la de la Iglesia institucional, sobre el sentido de la misión del sacerdote y de la religión misma. Además, incorporaba un nuevo dato decisivo: los curas vascos asumían públicamente, como hacía años, el problema nacional de su país. Este acontecimiento evidenciaba que cualquier ataque contra el régimen franquista repercutía de manera inmediata en la Iglesia institucional.

Pero las circunstancias externas al Estado y a la Iglesia que los habían fundido sólidamente con anterioridad, comenzaban ahora a separarlos. A pesar de la imagen pública de mutuo acuerdo que la Iglesia española y el Estado se forzaban en proporcionar, ambos se iban separando progresivamente al dar respuestas diferentes a los problemas políticos planteados. Comenzó a producirse entonces la recíproca ingerencia en las jurisdicciones ajenas. La jerarquía católica española se encontraba cada vez más presionada por su base clerical y seglar y por el mismo Vaticano. Para los católicos de otros países, el Vaticano podía aparecer como una instancia moderada, puede ser incluso que retardatriz; pero en relación con la Iglesia española había jugado el papel de una fuerza de promoción y de ejerciendo el derecho de presentación y los obispos seguían prestandojuramento de fidelidad ante él.

La fracción minoritaria de obispos «conciliares» contaba con el apoyo del Vaticano, cada vez más decidido a distanciarse del Régimen, a medida que el fin del franquismo parecía más próximo. Comoquiera que el régimen no renunciaba a su prerrogativa en la elección de obispos, Pablo VI congeló las sedes vacantes por el fallecimiento o la renuncia de sus titulares. Salvo raras excepciones, el Vaticano comenzó a nombrar obispos auxiliares y administradores apostólicos, eludiendo el nombramiento de los residenciales, que permanecía sujeto a la cláusula concordataria del derecho de presentación. De esta forma se operó una transformación del colegio episcopal. Este cambio cualitativo de la Conferencia episcopal no se manifestó claramente hasta los años setenta.

En la segunda mitad de los años sesenta se multiplicaron las manifestaciones antifranquistas y antijerarquía de los militantes católicos. Muchos de ellos pasaron a formar parte de la oposición no ya católica, sino marxista o libertaria. A principios de los años setenta, el cuerpo episcopal ya no sería franquista militante, sino «centrista».

En este contexto, la ACNP inició una etapa de revisión interna. En 1959, A. Martín-Artajo fue nombrado presidente de la Asociación. El número de propagandistas se incrementó lentamente hasta estabilizarse entre 650 y 700. Al amparo de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, cuya interpretación adaptaron al régimen, continuaron intentando hacer evolucionar al régimen para conservarlo. Así por ejemplo, en 1963, el Ya multiplicó sus editoriales preconizando el «diálogo», y la «participación política», advirtiendo a las «clases poseedoras» de los peligros de una actitud intransigente. (139)

La Ley de Principios del Movimiento no fue ni la ley estatizante pretendida por Arrese y la fracción integrista de la Falange, ni la «constitución católica» querida por A. Martín-Artajo. Una vez más el régimen mostró ser el resultado de los intereses en pugna de sus distintas fuerzas políticas, sin el predominio absoluto de ninguna de ellas. De 1957 a 1965, considerado comúnmente como el periodo de alejamiento del poder de los propagandistas, encontramos en el Ministerio de Asuntos exteriores, bajo Castiella Maíz, a los acenepistas Marcos Peña Royo (director general de Política exterior), Marcelino Oreja (director del gabinete técnico) y Pedro Rodríguez Ponga (subdirector de la Escuela diplomática). En 1958, entraron en el Consejo nacional del Movimiento los propagandistas Castiella Maíz, Navarro Rubio, Muñoz Alonso, Blas Piñar López y Joaquín Ruiz-Giménez. Ese mismo año, Franco nombraba procuradores en Cortes a Colomer Marqués, Alfredo López Martínez, Alberto Martín-Artajo, Martín-Sánchez Juliá, Puigdollers y Sinués Urbiola. Piñar López no se había convertido todavía en líder de grupos parapoliciacos de extrema derecha.

En este periodo, los propagandistas continuaron administrando la censura e incrementando su poder informativo. Muñoz Alonso desempeñó la dirección general de Prensa de 1958 a 1962. En 1962, Fraga Iribarne fue nombrado ministro de Información y Turismo. Los propagandistas formaron parte de todos los órganos relacionados con la información (Consejo nacional de Prensa, Escuela oficial de Periodismo, Agencia EFE, etc.) (140) No se trataba sólo de imponer la línea doctrinal de Herrera Oria, (141) sino de crear unas condiciones propicias para que la Iglesia obtuviera mayor autonomía en su labor ideológica. A partir de 1959, los católicos intentaron consolidar una prensa paralela a la oficial. En enero de dicho año, se renovó la Junta nacional de Prensa católica, con motivo de la Conferencia de Metropolitanos. Se constituyó la Comisión episcopal de Prensa e Información, de la que formaban parte Herrera Oria y le sucedió Eugenio Beitia (obispo de Santander promocionado por la ACNP). El propagandista y director de la Gaceta del Norte, Antonio González, ocupó la vicepresidencia y como vocales, entre otros, figuraban Mariano Rioja, Fernández de Mesa, consejero delegado de la Administración de la Editorial Católica, S.A., y Antonio Montero. Las funciones asignadas a dicha Junta eran amplias: organizar congresos, establecer escuelas de periodismo y ofrecer a la prensa católica los servicios necesarios para su incremento y mejora. Seis años después, según la oficina de Estadística de la Iglesia española, había «treinta y cuatro diarios dóciles a las consignas de los obispos, lo que representa el 30% del número y el 20% de las tiradas das» (142). En 1960, la Iglesia consiguió del Estado el derecho de crear escuelas de periodismo. El mismo año se inauguró la Escuela de periodismo de la Iglesia, puesta bajo la tutela de la ACNP. La Escuela fue sometida al control de la Comisión episcopal de prensa e información, conforme el artículo 31 del Concordato y al canon 1375 del Código de Derecho canónico. Fue instalada en el edificio del Instituto Social León XIII de Madrid. En 1959, los propagandistas dieron los primeros pasos para redactar un nuevo estatuto de la prensa, siguiendo la doctrina de Herrera Oria. Formaron parte del equipo de redacción propagandistas destacados como Martín-Sánchez Juliá, Muñoz Alonso, Valentín Gutiérrez Duran, Fraga Iribarne y el entonces subsecretario de Información, el opusdeista José Luis Villar Palasí. Del Pleno de la Comisión especial formada en 1961 encargada de elaborar el Proyecto de Ley de bases de la Información, formó parte Herrera Oria. Su primera redacción o borrador había sido fruto del Círculo de Estudios de la Asociación Nacional de Propagandistas de Madrid. El obispo de Málaga, junto con el de Ciudad Real, Hervás, propusieron las enmiendas necesarias para el nihil obstat eclesiástico. En 1965, Fraga Iribarne declaraba en un homenaje a Martín-Sánchez reconocer que la ley de prensa (pendiente de aprobación por las Cortes por entonces) recogía lo esencial de las ideas del homenajeado, quien había colaborado en su redacción desde el Consejo nacional de Prensa. La Ley de Prensa de 1966 más que Ley Fraga, (143) podía calificarse de la ley ACNP-Herrera. La Asociación obtuvo con ella lo que habían intentado desde la Dictadura de Primo de Rivera: la institucionalización de la censura, con visos liberalizantes.

A principios de los años sesenta, la jerarquía eclesiástica seguía contando con su órgano informativo Prensa Asociada, que suspendería sus servicios en 1967, quizá por bastarle la agencia Logos dependiente de LEC. Sin embargo, la cadena radiofónica de la jerarquía española (Cadena de Ondas Populares Españolas -COPE- fue afirmándose, con la estrecha colaboración de los propagandistas. (144)

La influencia política de los propagandistas durante el periodo 1957-1965 fue mucho más evidente en materia de educación. En 1960, la Iglesia católica consiguió el reconocimiento de sus Universidades católicas. La ACNP, el Opus Dei y todas las órdenes religiosas habían actuado en estrecha unión para la consecución de su objetivo. Ese mismo año Herrera Oria inauguraba su «Escuela de Ciudadanía Cristiana» para la formación de periodistas, licenciados en ciencias Políticas o en ciencias sociales. Su fin era el de «formar minorías dirigentes escogidas para restaurar un orden nuevo». (145) En 1961, se organizó el Colegio Mayor Pío XII en el que se atribuyó una planta a la ACNP. (146) Todo ello venía a completar el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, creado por Herrera Oria en 1957 con la intención de que constituyera el núcleo de la futura «Universidad Social de España». El Instituto Social León XIII ha sido el principal organismo del Centro, del que fue nombrado secretario Sánchez Agesta. En 1967, el Instituto Social León XIII fue reconocido como sección de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1961, la ACNP había creado la Asociación de Amigos de esta universidad para aportarle «ayuda espiritual y material». A través de esta Asociación consiguieron subvenciones de entidades públicas y privadas. Con la creación del Instituto Social León XIII, la ACNP consiguió institucionalizar un cierto monopolio de la sociología oficial. Desde Larraz a Severino Aznar, los católicos clericales siempre habían pretendido encauzar la sociología. (147) Tras la creación del Instituto, Sánchez Agesta promocionó un grupo de catedráticos de sociología que llegó a elaborar la «sociología oficial» en España, desde la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Español de la Opinión Pública. A él pertenece Amando de Miguel, director de los oficiosos Informes sociológicos sobre la situación social en España, editados por la Fundación FOESSA, presidida por Guijarro Arrizabalaga y financiada por Euroamérica de Publicaciones S.A.. filial de LEC. (148) Los jefes del grupo fueron los granadinos Jiménez Blanco (cuñado de Sánchez Agesta), Murillo Ferrol, Cazorla Pérez y Díez Nicolás. En enero de 1967, de Miguel inauguraba el ciclo de conferencias en el Colegio Mayor San Pablo, sobre la situación social de España.

Para presionar sobre la legislación y como reacción a «ciertos movimientos desviacionistas del ser católico en la Universidad» los propagandistas crearon en 1960 el «grupo Universitas», que presidió Sánchez Agesta. (149) En su III Reunión de enero de 1962, presentaron un «anteproyecto de ley de bases de reforma universitaria», adhiriéndose a sus acuerdos treinta y siete catedráticos. En ese mismo año, el tema central de los círculos de estudios de la ACNP era la «Universidad y sus problemas». Siendo ya ministro de Educación el opusdeista Lora Tamayo, algunos propagandistas ocuparon cargos importantes como la presidencia del Patronato de Protección Escolar (PIO). A Isidoro Martín, le sucedería, en 1967, bajo Villar Palasí, el propagandista Sánchez Apellániz.

El pensamiento de la ACNP sobre la enseñanza era expresado por Herrera Oria en su epílogo a la encíclica Pacem in Terris: «El Estado tiene el derecho y el deber de intervenir, de reservarse una parcela. Es injusto afirmar que corresponde sólo a la Iglesia, a la familia o a la sociedad.» Aducía como razón, el que la educación iba ligada al desarrollo económico -al «puesto de España entre las naciones»- y a «la defensa nacional». (150) En definitiva, durante el periodo 1957-1965, la ACNP actuó desde dentro del Estado, obteniendo el máximo de objetivos y cumpliendo fundamentalmente el papel de grupo de presión sobre la política del gobierno. Intentó aglutinar diversos sectores, como los catedráticos. Respecto al resto le los católicos, la ACNP inició una táctica de acercamiento ,en plano de pretendida igualdad. Así, por ejemplo, en 1960 crearon los «cenáculos» para contactar a los otros grupos católicos. (151)

V. LA PREPARACIÓN DEL POSFRANQUISMO

1. El triunfo del «taranconismo»

La evolución acelerada de la Iglesia católica mundial en la década de 1960, la agudización de las contradicciones en la Iglesia católica española, la evolución de la democracia cristiana internacional y, por último y como causa más inmediata, la presencia prepotente del Opus Dei en la vida política del régimen, produjeron la crisis de la ACNP, de la que salió reforzada, a principios de los años setenta. Los datos más significativos de la crisis fueron el fin del monolitismo de la organización («un solo pensar, un solo querer, un solo obrar») en el aspecto interno, y la ausencia de alternativas globales al régimen, en el aspecto político.

A partir de 1965, la postura política de la ACNP se identificó con el sector mayoritario de la jerarquía eclesiástica. La jerarquía española y la ACNP apoyaron sin reserva la Ley orgánica de 1966, intento de institucionalizar el posfranquismo. Sin embargo, los conflictos entre el gobierno y la jerarquía se agudizaron, a causa de la continua presión que la base católica ejerció sobre ésta. Esta presión no pudo ser evitada por los obispos a pesar de sus continuos intentos de imponer disciplina a una base que se alejaba de ella. La Conferencia episcopal española es impotente para resolver sus múltiples contradicciones. El «neutralismo» preconizado por su presidente, Casimiro Morcillo, era incompatible con su presencia y la de otros obispos en las Cortes y otros altos órganos del Estado. Pero esta preocupación de la jerarquía católica para recuperar el terreno perdido no se manifestó de manera coherente en la práctica. El Vaticano empezó a diferenciar claramente entre el sistema y el régimen, apoyando las ideas renovadoras de manera indirecta, mediante el sistema de renovación del episcopado.

La ofensiva de los católicos «conciliares» por la separación de la Iglesia y del poder franquista se acentuó a partir de 1968. Se pusieron en práctica nuevos métodos de impugnación: encierros en iglesias y en seminarios y huelgas de hambre se generalizaron hasta convertirse en algo usual. Las tensiones entre los obispos y la Acción católica -dependiente de la tutela del ultraderechista Guerra Campos- llegaron al límite, multiplicándose las dimisiones de dirigentes seglares. El estado de excepción de 1969 obligó a la Iglesia institucional a tomar posturas más decididas. La declaración de la Comisión permanente de la Conferencia episcopal apoyó la medida del gobierno. Este utilizó la declaración como caución. Varios grupos de católicos rechazaron la declaración. En febrero de aquel año, se celebraron elecciones en el seno de la Conferencia episcopal y la candidatura de Morcillo y los obispos franquistas se impuso a la de los «conciliares» y vaticanistas representados por Enrique y Tarancón. A raíz de este desenlace electoral, Pablo VI manifestó claramente su deseo de alejamiento del episcopado español respecto del poder político.

La situación de la Iglesia católica española a comienzos de 1970 puede ser resumida así: a) progresiva incorporación de católicos a las luchas obreras y profesionales; b) escisión de la base católica en varías direcciones: católicos tradicionales, católicos «conciliares» y católicos de oposición. Entre los dos primeros grupos, se desarrolla una dialéctica paralela a la que existe en el seno de la Conferencia episcopal; c) polarización en el interior de esta última en torno a las posiciones de Morcillo y Enrique y Tarancón, no como dos polos antagónicos, pero sí disconformes en la táctica a seguir frente al franquismo, planteando ya el problema de la sucesión de Franco.

Las relaciones con el régimen, especialmente a partir del cambio ministerial de 1969, se hicieron más difíciles. Mientras que el franquismo refuerza el aparato represivo, la Iglesia se distancia a marchas forzadas. En los momentos más decisivos de la lucha de clases en el periodo 1970-1974 es patente la progresiva vinculación y solidaridad de las organizaciones católicas a las luchas sindicales y políticas: sucesos de Granada, juicio de Burgos, huelga general del Ferrol, huelgas de Vigo y Pamplona, y enfrentamientos de San Adrián del Besos. Multas, procesos y las condenas consiguientes afectan tanto a los seglares como al clero católico. A comienzos de 1970, los procesos contra los miembros de la JOC y las HOAC y sacerdotes desbordan lo anecdótico para convertirse en una constante. El régimen crea la cárcel de Zamora, para los sacerdotes condenados por el Tribunal de Orden público y los tribunales militares. Los católicos son transformados por la lucha política, y a su vez la transforman. La escisión de la base católica se produce en torno a dos ejes: el político y el religioso. Los católicos moderados, conscientes de la decadencia contemporánea del cristianismo en la sociedad española son partidarios de las reformas «conciliares» y de la separación Iglesia-franquismo, en la línea «taranconista». Están representados políticamente por los sectores vinculados a la tendencia de la corriente demócrata cristiana agrupada alrededor de Cuadernos para el Diálogo. Su función es de dar una imagen nueva de la Iglesia, con sus «comunidades espontáneas de base», su testimonio y sus propósitos de «evangelizar el mundo obrero». Desde comienzos de 1973, se manifiesta un movimiento de «Cristianos por el socialismo», nueva versión de grupos que pretenden que la confesionalidad de sus miembros no obstaculice los análisis y la práctica inspirados en la tradición marxista. Estos constituyen la mejor garantía de permanencia de la institución eclesiástica. Las advertencias repetidas de Pablo VI hicieron modificar sus principios a la Conferencia episcopal. Este viraje tiene lugar en la última etapa del mandato de Morcillo y permite la celebración de la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes. (152) Desde principios de la década constituía una preocupación fundamental de la jerarquía episcopal ofrecer una imagen pública unitaria. Muestra de esta voluntad unificadora fueron, por ejemplo, la solidaridad de la Conferencia con la pastoral de los obispos de las diócesis vascas en relación con el proceso de Burgos y la dimisión de Morcillo de sus cargos públicos. Los obispos más conservadores van asumiendo la defensa de la separación de poderes entre Iglesia y Estado, urgiendo al mismo tiempo al Estado para que reconozca los derechos de asociación, reunión, expresión y las garantías jurídicas, y a la puesta en práctica de una «política social».

La jerarquía episcopal fue haciendo suyas las peticiones de la Asamblea conjunta, admitiendo o dando curso legal a las reivindicaciones que muchos católicos planteaban desde hacía años y por las cuales habían sido desplazados de sus puestos eclesiásticos, encarcelados o empujados al exilio.

Estos últimos eran sólo una minoría con respecto a la totalidad del bloque católico. Las medidas de la Asamblea conjunta sirvieron para poner de relieve la actitud de muchos católicos españoles. Mientras que la Comisión de Justicia y Paz se hacía eco de dicha reunión, desarrollando más sus conclusiones, (153) el Opus Dei maniobró desde el Vaticano para desautorizarla. (154) Se pudo constatar entonces también la disminución del número de católicos «tradicionales», en favor del bloque conciliar o «moderado», verdadero fruto de las aspiraciones integradoras o recuperadoras del Vaticano II.

La Conferencia episcopal cambió definitivamente su relación interna de fuerzas tras las elecciones de 1972. La Comisión permanente fue renovada en cerca de un tercio. Esa misma ocasión fue aprovechada por el nuncio para puntualizar la postura del Vaticano; recomendó la independencia de la Iglesia, sin confundirla con la hostilidad frente al Estado. Con todo, la permanencia en el gobierno de los miembros del Opus Dei, impulsores de la maniobra de 1971 y acérrimos partidarios de «el Concordato o nada» (rechazo de acuerdos parciales) influyó en un nuevo enfrentamiento al celebrarse la segunda asamblea del episcopado español en 1972. El primer borrador de uno de los documentos de la misma, titulado «Iglesia y orden político» produjo la oposición de gran número de obispos franquistas y las presiones del ministro de Justicia sobre el primado para evitar su aprobación. (155) Las posiciones de la Iglesia, desde 1973 se concretan en lo que denominamos el «moderantismo» de Enrique y Tarancón o «taranconismo». La Iglesia abre en este periodo el abanico de posibilidades posfranquistas, que aseguran la continuidad sin graves rupturas internas, con las instituciones y la estructura social establecida. Internamente la Conferencia episcopal ha eliminado sus fricciones internas, al menos en apariencia, para ofrecer una imagen «de marca» sólidamente «aperturista», descomprometida y crítica respecto al régimen.

De las actuaciones y declaraciones públicas de Enrique y Tarancón puede deducirse la posición de la Iglesia española: firme decisión de separar los poderes eclesiásticos y civil, sin detrimento de beneficios ni fin de la preeminencia de la institución eclesiástica dentro de la sociedad; no se cuestiona al sistema político ni económico como tales, sino que se hacen críticas de corte reformista con las que puede estar de acuerdo cualquier «derecha civilizada»; las diferencias con el régimen no se han referido normalmente mas que a determinados gobiernos y personas, especialmente del Opus Dei en su etapa mayoritaria del poder. (156) En el momento más decisivo del franquismo de los últimos 25 años, el bloque arzobispal estará en el entierro de Carrero Blanco. Los contactos con el nuevo primer ministro, Arias Navarro, se establecieron con total optimismo, una vez que la solución concordataria defendida por la Iglesia -«acuerdos parciales»- fue aceptada por el nuevo gabinete; la Iglesia no obstante continúa guardando distancias respecto al régimen y acelerando el proceso de recuperación de su base católica; la nueva función pretendida de la Iglesia católica es la de servir como factor principal de unión para la «reconciliación de todos los españoles» (Declaraciones de Enrique y Tarancón en Radio Vaticana, en abril de 1974). Este proceso es arduo y de resultados dudosos; supone pasar por alto su reciente pasado.

Los católicos, tanto seglares como clérigos, que han sido represaliados por el franquismo, no se reclaman de su catolicismo, sino de su humanismo cristiano. Y al margen de cualquier actitud subjetiva, su actuación ha respondido a posiciones de clase. El «taranconismo», bajo su apoyo a la «apertura», revela sus preferencias por la implantación de un sistema «suavemente autoritario», sin el pasado del actual, pero desarrollado a partir de la «constitución franquista»; capaz de adaptar las estructuras económico-políticas a las del contexto europeo. Un sistema en el que la Iglesia pueda seguir ocupando el centro de la escena social, esta vez como elemento unificador. Para ello necesitaría hombres desprovistos de su memoria histórica; una clase obrera que no reconociera en ella a la institución que caucionó moralmente los cientos de miles de asesinatos de la guerra y de la posguerra, al aliado todopoderoso del poder político y económico, y que le permitiera volver a ejercer libremente sus funciones de conciliación de clases sociales.

2. La crisis y el reforzamiento interno de la ACNP

Dentro del marco eclesial expuesto, ante los cambios «izquierdizantes» de la democracia cristiana internacional y la proximidad de una necesaria transformación del régimen tras la muerte de Franco, la corriente demócratacristiana se reaviva en España. Los propagandistas van a jugar mayoritariamente dentro de dicha corriente. Surgen nuevos grupos y «la Asociación» entra en crisis, para salir reforzada de ella una vez más. Aprovechando la extrema división de las tendencias en que se divide el cristianismo de izquierda a derecha, la ACNP intenta reagrupar de nuevo a ciertos sectores católicos y, por otro, estar presente en el máximo de organizaciones. Inicia una nueva fase para constituirse en impulsadora de «asociaciones políticas».

En esta tercera fase, «la Asociación» inicia una nueva adaptación ideológica, cambiando el acento que había puesto en el «catolicismo social» al «liberalismo católico»; este liberalismo católico, aplicado a la fase previa del posfranquismo, se ha concretado en la defensa de una libertad religiosa limitada del «asociacionismo» político y en la preconización de la mutua independencia de la Iglesia y el Estado, sin pérdida de las buenas relaciones entre ambos. Sin embargo, a diferencia de los grupos demócratacristianos «dialogantes con el marxismo» (157) el órgano oficial de la ACNP publica en 1973 artículos manteniendo que «con los violentos y totalitarios no cabe el diálogo»; (158) se refería a los partidos políticos clandestinos. En todo caso, los propagandistas «dialogantes» llegan con retraso de varias décadas a jugar la baza del «liberalismo católico».

La mayoría de los grupos democristianos han sido o son monárquicos. Lo cual deba quizá explicarse por las experiencias anticlericales de las dos Repúblicas de 1873 y 1931. Todos ellos insisten en que en España la mayoría de la población es católica. Con ello justifican la posición privilegiada de la Iglesia católica española, en un eventual futuro de libertad religiosa, que no pueden menos que preconizar, tras la celebración del Concilio Vaticano II. Esta afirmación gratuita de la existencia de una mayoría católica en España, les es imprescindible para afirmarse como corriente política y justificar su existencia. Esto explica la necesidad de cada uno de ellos de contar con el apoyo de la jerarquía eclesiástica española que, en general, intentan oficializar. La «prudencia táctica» de ésta y del propio Vaticano impiden aventurar hipótesis seguras sobre cuál de los grupos puede lograr el apoyo oficial, con independencia de que todos ellos puedan contar con un mayor o menor grado de aprobación moral. En todo caso, ante la opinión pública ínternacional, parece ser el grupo polarizado en torno a Ruiz-Giménez el considerado como el mayoritario dentro de la corriente demócratacristiana. (159)

Hoy día se realizan las previsiones en 1967 de R. Bulnes y J. Semprún cuando, al analizar la ACNP dentro del «sector conservador del movimiento católico español que toma posiciones para el proyecto "liberalizador"», afirmaban que aquélla, junto con el Opus, las HOAC y otras organizaciones confesionales constituían un complejo que formaría «la estructura del movimiento conservador de corte demócratacristiano, en el seno del cual se ventilarán las contradicciones secundarias entre el sector avanzado de la ideología neocapitalista y el sector más atrasado de las fuerzas sociales de la burguesía.» (160)

Respecto al resto de las organizaciones demócratacristianas provenientes de Herrera Oria, concordamos con José Bergamín que éstas llevarían consigo «desde su origen» la mancha de su pecado original: el de la continuidad sucesoria del régimen franquista (su colaboradora complicidad)...» (161)

El revisionismo interno de la ACNP bajo el mandato de A. Martín-Artajo desembocó en 1965 en un periodo de reforzamiento interno, con el nombramiento de Algora Marco como presidente nacional de la Asociación. Sin haber llegado a ser el líder indiscutido, su función corresponde a la de Enrique y Tarancón en el seno de la Conferencia episcopal; pasa a ser así el centro de gravedad de las distintas tendencias en el interior de la ACNP. Su función es la de impedir que el movimiento centrífugo iniciado en la década de 1950 y acentuado a partir de 1965, aboque en la escisión. El reforzamiento interno de la ACNP fue potenciado por el nombramiento de Silva Muñoz como ministro de Obras públicas, también en 1965. Desde su nombramiento inició la promoción política de jóvenes propagandistas, por él formados, convirtiéndose el Colegio Mayor San Pablo en un centro paralelo de poder. Entre los propagandistas miembros de su equipo destacamos Reguera Guajardo (secretario general técnico del ministerio); S. Udina Martorell (subsecretario); Santos Rein, Cruylles Peratallada, Peñaranda y Ossorio García. Relanzamiento político y potenciación interna corrían paralelos.

En 1967, el presidente de la ACNP se quejaba de la falta de unidad, de la diáspora y del incumplimiento por parte de los propagandistas de sus obligaciones. En 1969, impulsa otra nueva renovación de la Asociación. (162) Esta renovación desembocó en la puesta al día del «ideario» aludido, publicado en 1974, y en la LXI Asamblea general, celebrada en junio de 1974. De ella debería salir una reforma de los estatutos y la redefinición de la actitud política de la Asociación en el posfranquismo.

Preocupación esencial en esta fase es la entrada de jóvenes en la Asociación, tema que ocupaba todos los años un lugar destacado en los círculos de estudios, junto con el de la Universidad. En 1967, la ACNP organizó las Primeras Convivencias nacionales de Jóvenes propagandistas, que se celebraron anualmente a partir de ese año. Estas fueron institucionalizadas en los «círculos de jóvenes», a los que invitan a los jóvenes susceptibles de entrar en la ACNP por sus potenciales cualidades de «apóstol y líder público». (163) A partir de 1968 abundaron los nombramientos de jóvenes en el Colegio Mayor San Pablo y en la Residencia de los graduados San Alberto Magno. La renovación biológica había comenzado. (164)

Ignoramos el número de propagandistas ingresados tras 1969. La eventual publicación del nuevo censo permitirá calibrar el alcance de la renovación. En 1971, la ACNP constituyó el secretariado de «promoción de la Mujer» dentro de la Asociación. Hasta esa fecha, la ACNP había sido masculinista, a pesar de la pertenencia a la misma en 1969 de por lo menos tres muieres.

En el curso 1967-1968, la ACNP creó los «círculos especializados de estudios» para tratar «problemas actuales». Con ellos evidenciaba y reforzaba la función que como grupo de presión venía cumpliendo desde 1957. La ACNP, sin haber dejado nunca de estar en el poder, ha cumplido simultáneamente funciones de partido político y de grupo de presión. Cuando los propagandistas han intervenido más masivamente en los ministerios, sus funciones de partido político han aumentado. De 1965 a 1973, a pesar de la participación de Silva en el Consejo de ministros hasta 1970, puede considerarse que la ACNP actuó más como grupo de presión.

El centro de sus obras continuó siendo la Editorial Católica (LEC) y el diario Ya, como órganos ideológicos, y el CEU como instrumento principal de reclutamiento, formación e irradiación políticas. LEC posee una estructura que limita el poder de los accionistas. La renovación de su consejo de administración se efectúa por un sistema tradicional de cooptación entre antiguos miembros, dificultando la entrada de los jóvenes. Ello permite la independencia relativa del Consejo de redacción de Ya, difí- cilmente modificable. (165)

El CEU se hallaba estructurado en 1969 en cuatro institutos y un departemento: Instituto universitario y técnico superior (equivalente a Facultades y Escuelas técnicas industriales); Instituto de estudios profesionales superiores (para opositores); Instituto de investigación; Instituto de estudios preuniversitarios y Departamento de formación y de Colegios Mayores. (166) El servicio de publicaciones del CEU contaba ya con dos años de existencia, siendo el medio de dar a conocer las obras de los propagandistas y de los profesores y becarios del CEU. El mismo año -1967- se creó la Fundación benéfica docente San Pablo para otorgar becas a los estudiantes del CEU. La ACNP aportó un millón de pesetas, que se invirtió en valores bursátiles de fácil realización. En 1969, el Consejo nacional de la ACNP, que era al mismo tiempo el patronato de la fundación, hacía una llamada a todos los propagandistas para que participaran en una suscripción abierta con el fin de ampliar el capital de la fundación. (167) En otras ciudades los propagandistas empezaron a montar Colegios Mayores. En Zaragoza, por ejemplo, en colaboración con la Acción católica inauguraron en 1968 el Colegio Mayor Nuestra Señora del Pilar. La potencialización interna de la ACNP era planteada a nivel nacional y no sólo de Madrid; el reclutamiento debía así extenderse a las capitales de provincia. (168) Al transformarse el curso preunivesitario en COU (Curso de Orientación Universitaria), tras la Ley de Educación de Villar Palasí, los propagandistas organizaron centros para impartir las enseñanzas correspondientes al COU en Barcelona, Valencia y Valladolid.

En 1969, los círculos de estudios propagandistas se ocupaban de la Universidad, la Información y las Regiones. Dos años más tarde impulsan siete asambleas regionales de la ACNP. En ellas se defendió ya oficialmente lo que había sido tema de estudio en 1970: la necesidad de «asociaciones políticas». El vocabulario de las asambleas era el oficial de la prensa del régimen en sus polémicas políticas: necesidad de realizar «el contraste de pareceres y la concurrencia de criterios». No tomaban los propagandistas prestado este vocabulario: habían sido sus creadores. La Asamblea de Madrid defendía al mismo tiempo el derecho a la libertad sindical y a la huelga. Todo ello con un propósito claro y formulado por las mismas asambleas: impedir la «frustración» de determinados sectores sociales que favorece la «clandestinidad y la violencia»; impedir igualmente la politización de «estamentos, instituciones y grupos sin acción específicamente política». (169) La alusión a los grupos católicos de base, a los colegios profesionales y a los estudiantes no podía ser más evidente.

Todo ello entraba dentro de las proposiciones elaboradas por el centro de Barcelona en 1965, como «desarrollo y actualización del ideario»; el punto quinto proponía el estudio v actuación de los propagandistas en vista a una «reconciliación social, nacional e internacional». La reconciliación propuesta entonces oficiosamente y hecha doctrina oficial posteriormente por la ACNP, no incluye las fuerzas políticas vencidas en la guerra civil, sino «a título individual». A nivel personal, pueden reconciliarse con los que «pecaron» o «erraron»; a nivel institucional, no pueden admitir la reorganización de los partidos que no son de «orden». El punto décimo reiteraba la intención de la ACNP de seguir siendo el canal de comunicación oficial entre la jerarquía eclesiástica y la base católica: «Los propagandistas harán saber a la Jerarquía las necesidades y los deseos de los laicos...» (170)

A pesar de que, de 1965 a 1973; la Iglesia católica utilizó más intensamente la mediación gubernamental del Opus Dei, la ACNP no perdió un ápice de la confianza depositada en ella ni de su influencia. Así, por ejemplo, Alberto Martín-Artajo era nombrado por el Vaticano en 1969 consultor de la comisión pontificia para las comunicaciones sociales. Herrera Oria se encontraba en la cima de su poder y prestigio. Dentro de su feudo de obras propagandistas, podía colocar a los obispos simpatizantes o expropagandistas. Así, en 1968 designaba a Benavent, Echamendi y González Moralejo, miembros de la Fundación Pablo VI. Su prestigio entre los propagandistas y su poder respecto de la curia romana, no se vio disminuido a pesar de que sus declaraciones durante los años sesenta correspondían cada vez menos a las posturas tácticas adoptadas por los propagandistas. (171)

3. El relanzamiento político

El reforzamiento interno de la ACNP constituyó la etapa previa al relanzamiento político «banderas desplegadas y alta la visera» producido en 1974. La presencia de Silva Muñoz en el Ministerio de Obras públicas (1965-1970) fue más un punto de apoyo de este reforzamiento que una actuación gubernamental de toda la Asociación. Durante estos años las discrepancias políticas de los propagandistas «en lo accesorio» se acentuaron Así, mientras que Ruiz-Giménez y Sánchez Agesta preconizaban la libertad religiosa, Martín-Sánchez Juliá asesoraba la revista Punta Europa que se expresaba abiertamente en contra de la misma. (172) Dos años antes, Castiella declaraba al Catholic Herald que la situación de los protestantes en España era contraria al «verdadero pensamiento de la Iglesia». (173) En 1966, el Ya se pronunciaba por la supresión del «derecho de presentación» de obispos.

En el plano político no hubo desacuerdo en «lo fundamental». El nombramiento de Juan Carlos de Borbón fue aceptado por juanistas como Pemán Pemartín, Rodríguez Salmones, Sánchez Agesta o Zelada de Andrés. En realidad el acuerdo de los propagandistas era anterior. Durante el bachillerato de Juan Carlos de Borbón Borbón, uno de sus preceptores fue el dominico Aguilar, próximo a la ACNP y cuñado de Joaquín Ruiz-Giménez. Posteriormente lo fueron Vegas Latapié e Ignacio Zulueta Pereda. El Opus Dei también ejerció su influencia a través de su socio Ángel López Amo, preceptor de 1952 a 1955. Sin embargo los cargos de confianza de la «casa del príncipe» los han ejercido acenepistas. A Jacobo Cano, secretario privado, le sucedió en 1974 Joaquín Puig como jefe de relaciones públicas. Las audiencias a propagandistas son frecuentes. La postura del Ya es de las más juancarlistas. (174)

A finales de los años sesenta, la ACNP fue acentuando su postura contraria a la gestión de los hombres del Opus Dei. La crisis ministerial de 1969 fue facilitada por Fraga Iribarne y Solís Ruiz destapando el escándalo Matesa contra los opusdeistas. El hombre puente entre ambos fue el propagandista Fernández Sordo, entonces delegado nacional de prensa. El resultado de la crisis fue analizado como un triunfo paradójico de los miembros del Opus Dei, protagonistas de la malversación de los créditos oficiales y como una confirmación de la pérdida de poder de los falangistas. Sin embargo, no se puso de relieve la entrada de dos acenepistas en un gobierno que fue considerado como «monocolor» (monopolizado por los miembros del Opus Dei). Sánchez Bella, del equipo de Fraga Iribarne, sustituyó a éste. Garicano Goñi, técnico de la represión, sustituyó como ministro de Gobernación a Camilo Alonso Vega ya gastado y con una imagen represiva contraproducente para el periodo posfranquista.

Con ocasión del proceso de Burgos, en diciembre de 1970, y ante el auge del movimiento popular en favor de los procesados miembros de ETA, el Opus Dei y la ACNP publicaron dos comunicados significativos, en tonos diferentes. Ambas organizaciones reafirmaban su carácter «exclusivamente religioso»; aquél, sin embargo, exculpaba a la organización de toda culpa por la actuación de sus miembros en el gobierno. La ACNP hacía una llamada a la concordia y a la «participación política» «desde la legalidad» para «fomentar una verdadera paz social». (175)

El distanciamiento progresivo de la ACNP respecto del Opus Dei a cuyo ascenso inicial había colaborado, ha desembocado en una actitud abiertamente crítica de la gestión gubernamental de sus miembros. La postura oficial de la ACNP al respecto ha sido formulada en el «ideario» de 1974; «para nosotros, preparar el futuro está tan lejos de la programación tecnocrática como de la improvisación arbitraria»; «consideramos deshumanizante y anticristiano el intento de sustituir la política por la economía o por la técnica y rechazamos el culto idolátrico de la pura "eficacia".» (176)

La postura de la ACNP respecto al Opus Dei, quedó avalada por la jerarquía eclesiástica española tras el cambio ministerial de 1974. Vida Nueva, órgano oficioso de la línea episcopal taranconista, afirmó en esta ocasión que la salida del equipo ministerial opusdeista había sido un bien para el Estado, para la Iglesia y para el propio Opus Dei. (177) El ascenso del Opus Dei en España corrió paralelamente a su ascenso en el Vaticano. Su ocaso fue simultáneo al cese de dos altos responsables de la organización, Salvador Canals y Alvaro del Portillo, en los cargos que ocupaban en la Curia vaticana. La Iglesia confirmaba así de manera oficial lo negativo del balance de la utilización del Opus Dei como mediación política ante el gobierno español. Por otro lado, la gestión del opusdeista López-Rodó como ministro de asuntos exteriores (12 de junio de 1973-4 de enero de 1974) había agravado las dificultades para la negociación de un nuevo concordato, a causa de su posición estatizante (predominio de los intereses del Estado sobre los de la Iglesia). El Ya, por el contrario, adoptó las tesis de la Iglesia, exigiendo acuerdos parciales, para resolver las dos materias más conflictivas (derecho de presentación de obispos y fuero eclesiástico), aplazando el resto. Al mismo tiempo, aprovechaba la ocasión para defender a los artífices del Concordato de 1953, afirmando que éste no fue «el resultado de la debilidad de una España acosada internacionalmente». (178)

A finales de 1973, podía ya efectuarse el balance de las funciones cumplidas por la ACNP y por el Opus Dei respecto al régimen. Ambas organizaciones han proporcionado al régimen las soluciones imprescindibles para la supervivencia de éste. La ACNP había colaborado de manera esencial en la construcción jurídica y burocrática del Estado. Posteriormente resolvió una de las crisis más importantes del régimen: la producida por el bloqueo internacional. Lograda la imagen de «democracia orgánica» anticomunista y occidental, consiguió introducir al régimen en la política internacional. El Opus Dei tomó el relevo para llevar a cabo la etapa siguiente del «desarrollo»; resolvió la crisis económica de 1956-1958, imponiendo el Plan de estabilización (1959); en la década posterior los tecnócratas del Opus Dei fueron los protagonistas de la nueva etapa de desarrollo capitalista (estímulo de inversiones extranjeras, concentración de empresas, etc.). Las funciones de ambas organizaciones fueron cumplidas con la eficacia requerida por la burguesía. Las críticas vendrían después. Los enfrentamientos con el Opus Dei por parte de las otras fuerzas políticas fueron más numerosos y agudos por el carácter más cerrado de su actuación. Los propagandistas han sido «comprensivos» . Los opusdeistas «exclusivos». Aquéllos se escudaron en la ideología oficial de la Iglesia católica. Estos segregaron una sicología propia, la desarrollista (alcanzado el desarrollo económico, los problemas políticos se resuelven por sí mismos), encubierta bajo la ausencia de toda ideología («el fin de las ideologías»). La ACNP cumplió funciones jurídicas y culturales. El Opus Dei, económicas. Ambos, sin embargo, han confluido en la institucio- nalización del régimen, elaborando la Ley orgánica y preparando la «reinstauración» monárquica en la persona de Juan Carlos de Borbón Borbón.

La ACNP tras la muerte de Carrero Blanco

La desaparición de Carrero Blanco, obra de militantes vascos, puso al descubierto que éste era la pieza fundamental del posfranquismo y no Juan Carlos de Borbón Borbón. Carrero Blanco había sido mantenido por la burguesía al margen de las querellas internas de las fuerzas políticas franquistas. Carrero era el único interlocutor oficial de Franco; el máximo intérprete de la ortodoxia del régimen, por delegación; el jefe efectivo de la Administración del Estado y el tutor de facto del «príncipe». Ninguna figura del régimen podía cumplir de la noche a la mañana todas estas funciones. La designación de Arias Navarro para sucederle a la cabeza del gobierno fue el resultado de las presiones de las diferentes fuerzas franquistas pero, sobre todo, de razones coyunturales. El «equipo» ministerial revelaría igualmente la falta de homogeneidad de las distintas fuerzas políticas. Elegido en varios días de conciliábulos precipitados, celebró su primer consejo de enero de 1974, decidido a gobernar durante los cinco años sucesivos.

La mayoría de los ministros procedían del Ministerio de Gobernación; colaboradores de Arias Navarro, habían sido formados a la sombra del antiguo ministro de la Gobernación Blas Pérez González (1945-1957). El «orden público» se anunciaba como la principal preocupación del nuevo gobierno. Junto a ellos entraba en el gobierno el propagandista Fernández Sordo, como ministro de Relaciones sindicales. Cambiaba de Ministerio su correligionario Martínez Esteruelas (del Ministerio de Planificación del Desarrollo al de Educación y Ciencia). Como ministro de Información y Turismo fue nombrado Cabanillas Gallas, miembro del equipo de Fraga Iribarne. Llamados los ministros del «bar de las Cortes», constituyeron el núcleo «aperturista» del nuevo gobierno.

En tres meses los nuevos ministros nombraron 15 nuevos subsecretarios, 60 directores generales, 11 secretarios generales técnicos y otros 72 cargos políticos. (179) En esta renovación los propagandistas entraron masivamente. Entre ellos destacamos a Alvarez Romero, subsecretario del despacho del presidente del gobierno; Jáudenes y García de Sola, Director general de servicios de la Presidencia; Oreja Aguirre, subsecretario del Ministerio de Información y Turismo; Jiménez Quílez, director general de Coordinación informativa; Carriles Galarraga, presidente de la Comisión de consumo del Ministerio de Planificación; Santos Rein, director central del secretariado de Asuntos económicos sindicales; Lavilla Alsina, subsecretario del Ministerio de Industria; Sánchez-Agesta, presidente del Consejo nacional de educación. En el Consejo del reino permanecia Cantero Cuadrado y González Alvarez juraba su cargo el 21 de febrero, como representante de los rectores de Universidad.

A esta entrada masiva en el gobierno precedió una polémica en el seno de la Asociación sobre su oportunidad o inoportunidad. Algora Marco cumplió su función conciliadora, pero inclinando la balanza en desfavor de Silva Muñoz, partidario de la abstención. Otros miembros como Ruiz-Giménez apoyaron la participación, aunque con reservas sobre su eficacia. La doctrina de Oreja Aguirre se impuso y en mayo de 1974, el presidente de la ACNP declaraba que «[...] el cristiano sólo puede aceptar puestos de gobierno cuando esté convencido de que las circunstancias le permitirán actuar de forma realmente renovadora al servicio de la justicia social y, por supuesto, sin comprometer con ello ni a la Iglesia ni a la Asociación». (180)

La política seguida por el nuevo gobierno durante los seis primeros meses de su gestión y la respuesta dada a los problemas que se le plantearon desvaneció las esperanzas de los que quisieron creer en una pretendida liberalización del régimen. La continuidad en sus cargos de los propagandistas permite afirmar su responsabi- lidad en todos y cada uno de los actos del nuevo gobierno. El 2 de marzo era asesinado tras apariencia de proceso y condena «legal», el militante libertario Puig Antich. El hecho puso de relieve ante la opinión pública internacional que la naturaleza represiva del régimen no había cambiado. En realidad, el encarcelamiento de militantes de la oposición clandestina se había intensificado desde la primera semana de gestión del nuevo gobierno. Se convocaron concursos para cubrir las nuevas plazas creadas de «policía armada» y de la «Brigada social»; se aumentaron los sueldos de la policía y del ejército; se creó un cuerpo especial de policía en los Bancos, que aumentan su demanda de aparatos de alarma. La policía aumentó el número de «víctimas» en la calle y en las comisarías. (181)

La policía ha llegado a constituir una burocracia con relativo peso político en el interior del régimen franquista. Este podría llegar a utilizarla como una segunda columna de apoyo (la primera es el ejército) en vista del progresivo distanciamiento de la Iglesia católica. La jerarquía eclesiástica española se apresuró a ponerse al lado del gobierno y a condenar la violencia, tras la muerte de Carrero Blanco. Poco después suscitó el primer problema grave del nuevo gobierno. En medio de las deliberaciones sobre la renovación o no del concordato, Añoveros Ataún, obispo de Bilbao era retenido por la policía en su domicilio (24 de febrero) por haber incluido en su homilía de ese día una defensa de los derechos vascos. El affaire absorbió la atención de la opinión pública durante varias semanas. El cuerpo episcopal se solidarizó con Añoveros y con él gran parte de los católicos españoles. Varios ministros (entre ellos Martínez Esteruelas y Barrera de Irimo) amenazaron con dimitir. La Iglesia ganó la baza y tras unas declaraciones de Añoveros explicando el alcance de sus palabras, el asunto fue archivado.

Mientras, las huelgas y el movimiento popular siguieron incrementándose. Las subidas de salarios fueron absorbidas por un alza del coste de la vida superior a todos los precedentes. La nueva Ley de Convenios colectivos imponía el plazo de dos años de vigencia de cada convenio que se firmase e introducía el convenio colectivo a escala nacional. Así, los aumentos de salarios son espaciados de dos en dos años (pero no así los aumentos de precios). Los convenios nacionales serán el instrumento complementario del proceso de concentración de empresas. La huelga sigue prohibida.

El 12 de febrero, Arias Navarro anunciaba unos plazos para acelerar determinados cambios esperados por la burguesía (estatuto de asociaciones políticas, elección de alcaldes y presidentes de la diputación, etc.) A los pocos meses, la burguesía se impacientaba a través de su prensa. Nuevo Diario, órgano oficioso del gobierno durante la gestión ministerial de López-Rodó, acentuó su actitud crítica iniciada desde las primeras semanas. Los miembros del Opus Dei pasaban así a la «oposición tolerada», mientras que el Ya hacía desaparecer el tono crítico del periodo anterior.

En el terreno informativo y cultural, durante los primeros meses se produjeron numerosos cambios para la burguesía. Se permitieron algunas obras hasta entonces prohibidas; los periódicos pudieron incluir noticias sobre huelgas (la palabra quedó autorizada pero no el ejercicio del derecho a llevarla a cabo), actos del gobierno, conflictos universitarios, internacionales como la toma del poder por los militares en Portugal. Aparecieron nuevas revistas de humor y nuevas portadas eróticas para consumo celtibérico. Ciertos sectores de la burguesía creyeron vivir en el régimen democrático deseado. Otros jugaron a fondo la baza que se les ofrecía para recuperar su Protagonismo político cedido en 1936. El «equipo» ministerial, incoherente en su origen, utilizó esa misma incoherencia; los «funcionarios del orden» necesitaban una caución internacional e interna, para limpiar el terreno de miembros de la oposición y montar los mecanismos represivos necesarios para la continuidad del franquismo a la muerte de Franco. La imagen «liberal» de sus colegas «aperturistas» y sus concesiones formales permitía a los primeros cumplir eficazmente su función. Los «aperturistas» eran conscientes de que sin esa represión paralela sus medidas eran impracticables. Las contradicciones de esta doble política se resolvieron en favor del «orden». A los cuatro meses de inaugurada la nueva política cultural, se habían producido suficientes secuestros de revistas, prohibiciones de actos culturales y procesos por el Tribunal de Orden Público (TOP) para echar por tierra las ilusiones de los «participantes» en el juego. (182) Las ambiciones de De la Cierva Codomiú, director general de cultura popular y principal instrumento de Cabanillas Gallas en su maniobra de mixtificación, se vinieron abajo. (183) Pretendía ser el artífice de la «liberalización cultural» del régimen, entendida dentro de los límites de lo no «subversivo»; los intelectuales debían autocensurarse para no verse él en la obligación personal de tener que manifestar sus amplios criterios sobre la «subversión».

Al compás de la «liberalización cultural», la represión gubernativa y judicial se centró en la clase obrera y los militantes de las organizaciones clandestinas. Mientras que se mantuvieron o agravaron las condenas de éstos, los miembros de la oposición burguesa (profesionales) vieron reducidas sus condenas respecto a las peticiones fiscales, o fueron absueltos. Las multas impuestas gubernativamente a los sacerdotes fueron sustituyendo los encarcelamientos y procesos.

El ejército tenía que seguir desempeñando su función de «última garantía del orden» dentro de su «unidad esencial». No cabían aperturismos ni integrismos (al menos demasiado evidentes). Iniesta Cano, polo de atracción de los integristas, pasó a la reserva, cesando como director general de la guardia civil. Díez Alegría, en quien muchos seudoopositores al régimen ponían sus esperanzas para una futura democratización, fue cesado en junio como jefe del Alto Estado Mayor. El ejercito debía seguir siendo «apolítico» (entendiendo el término sólo como la imposibilidad para sus miembros de tomar posturas personales). Sin embargo, en abril de 1974, el teniente general Coloma Gallegos, hermano del ministro del ejército, era nombrado asesor militar «para la Delegación nacional de la Juventud», dirigida por el ultra Valentín Gamazo. El ejército podrá contar así con fuerzas paramilitares en caso de necesidad. En sustitución de Díez Alegría, fue nombrado Fernández Vallespín, clerical y exmiembro de la División Azul. El «centrismo» quedaba así asegurado en el gobierno, la Iglesia y el Ejército.

Mientras tanto, los propagandistas relanzaban grupos y asociaciones, preparándose para el «asociacionismo político» sugerido por ellos en la década anterior.

Los acenepistas «del Movimiento» junto con otros miembros conspicuos del mismo habían inscrito el 2 de septiembre de 1969 la ANEPA (Asociación nacional para el estudio de problemas actuales), en la «Delegación nacional de participación política». Entre sus fines, incluía «la promoción y redacción de estudios e investigaciones sobre el desarrollo institucional de la realidad española, en el orden político, social, económico y administrativo.» (184) Los fines se parecen a los de los círculos de estudios propagandistas: los confesados y los reales. La ANEPA pretende en realidad imponer una evolución del régimen velando por que éste no se aparte excesivamente del «espíritu del 18 de julio» y, al tiempo, promocionar a sus hombres. Su antecedente sería la alianza establecida por Fraga y Solís en 1969 contra los miembros del Opus Dei en el gobierno. En 1974 contaba con 3 000 socios, entre ellos, los dos exministros citados, el exministro Nieto Antúnez y los ministros Cabañillas y Gutiérrez Cano. Católicos falangistas y falangistas Clericales constituyen esa especie de partido político de notables con el estilo propio de la ACNP: «libertad de sus miembros» en sus opciones políticas concretas; convivencia en el seno de la ANEPA de miembros de la generación de la guerra y miembros de la generación posterior (fundamental para la supervivencia de «las esencias del 18 de Julio»); captación de miembros en provincias, etc. Alrededor del diario Ya, se constituyó en 1973 un grupo de opinión que bajo el seudónimo Tácito firmaba artículos políticos; su comité ejecutivo fue integrado por Ossorio García, Lavilla Alsina y Oreja Aguirre (estos dos hasta su entrada en el gobierno). Entre sus fundadores se encontraba Apostúa, José Luis Gutiérrez (director del BACNP durante más de diez años) y Jáudenes. Posteriormente se integraría Cavero Lataillade, con lo que el grupo amplió su audiencia al poder utilizar la revista Discusión y Convivencia. En 1974, sin llegar a constituir una asociación, el grupo se fue estructurando, multiplicando sus actividades (conferencias, cenas políticas, etc.). Tácito ha sido interpretado como un «intento de convocatoria de la Democracia cristiana española» y como «la futura asociación demócrata cristiana con el apoyo de La Editorial Católica». (185) En realidad, podría interpretarse que el grupo Tácito es a la ACNP actualmente, lo que El Debate fue en las décadas de los años veinte y treinta: tendencia mayoritaria en el seno de la Asociación. En todo caso, ha expresado siempre las últimas posturas de la jerarquía eclesiástica española, a pesar de autodefinirse como grupo no confesional. Por otro lado, adoptó desde enero de 1974 una postura abiertamente progubernamental.

La influencia en la opinión pública había ya sido reforzada en 1967 en que el diario Informaciones (uno de los diarios que más esperanzas puso en el «aperturismo» del gobierno presidido por Arias Navarro), fue adquirido por un grupo tras el que se encontraba Silva Muñoz. A partir de entonces secundó la línea de Ya, pero ocultando su clericalismo. La omnipresencia de los propagandistas se extiende a diarios de nueva creación. Entre los accionistas de El País (no aparecido en la fecha de redacción de este estudio) se encuentran Castiella, Cavero, Fraga, Giménez Torres y Zulueta.

El relanzamiento político de la ACNP a través de grupos y órganos de expresión no excluye la multiplicación de declaraciones de su presidente o de su Consejo nacional y la publicidad dada a algunos de sus actos, a partir de enero de 1974. Táctica más inteligente que la utilizada por el Opus Dei durante la gestión ministerial de sus miembros. La ACNP puede así ser diferenciada por la opinión pública, de las asociaciones en que interviene. Entre éstas, los propagandistas han dedicado una especial atención a las proeuropeas. El Centro de Documentación y Estudios (CEDI) es presidido por Sánchez Bella. Su vicepresidente segundo es Sánchez Agesta; vocales, García de Ceca, José Luis Messía y Gabriel Peñaranda. El carácter «comprensivo» y no exclusivo de la ACNP, permite la presencia de miembros del Opus Dei en el CEDI, como Pérez Embid y Thomas de Carranza. Las reuniones de «europeístas» están encaminadas a eliminar las dificultades políticas que impiden la entrada del Estado español en el Mercado Común. (186)

Las discrepancias entre los propagandistas son, una vez más, accesorias. Ante la aceptación por todos ellos de la legitimidad del régimen impuesto tras la guerra civil y de su continuidad, el «pluralismo» de sus miembros se difumina en cuestiones como el ritmo mayor o menor de evolución del régimen, la conveniencia o no del derecho de huelga o de partidos políticos. Demócratacristianos de uno u otro signo, sindicalistas, carlistas (187), falangistas y juanistas, todos son admitidos en la ACNP, a condición de actuar políticamente dentro del marco del posfranquismo y, sobre todo, de someterse a la «doctrina social de la Iglesia».

Tras este recorrido de la historia de la ACNP, resultan una broma pesada las declaraciones de su presidente al afirmar «...la Asociación no toma nunca opciones políticas; esto es una realidad. Porque es sabido qué grupos políticos son aquellos que tienden a la conquista del poder. La Asociación lo que está haciendo es apostolado para la vida pública». (188)

Efectivamente, la ACNP no ha sido un partido político. La ACNP no pretende aumentar su base indefinidamente, sino sólo de modo selectivo. Sin embargo, como cualquier partido político (aunque sin asumir abiertamente responsabilidades políticas) ha proporcionado al régimen equipos políticos, le ha presentado las exigencias de la burguesía y las ha transformado en opciones políticas. La naturaleza de la ACNP, sin embargo, es difícil de desvelar, por confluencia en ella de tres aspecto: grupo confesional católico; grupo con funciones políticas y mafia con intereses propios.

En resumen, la ACNP nació como grupo confesional para formar católicos que actuasen políticamente conforme a los intereses de la Iglesia. Hasta la proclamación de la segunda República creció de manera selectiva hasta alcanzar 500 miembros. Consiguió un puesto privilegiado entre los demás grupos confesionales para representar los intereses de la Iglesia católica. Formó a sus miembros políticamente, proporcionándoles la experiencia en las tareas de gobierno, durante la Dictadura de Primo de Rivera. Al proclamarse la segunda República, reafirmó su posición privilegiada respecto a la Iglesia católica. Politizó a gran número de católicos en contra de las reformas de la República y sirvió como base de reclutamiento de los líderes de los partidos conservadores. Durante la guerra civil y la posguerra, los propagandistas aportaron su técnica jurídica y política para la construcción del nuevo Estado. Monopolizaron la representación de la jerarquía eclesiástica en la posguerra y se consolidaron como mafia. De 1940 a 1957, cumplieron las funciones de un partido político. A partir de esta fecha, intensificaron sus funciones paralelas de grupo de presión. En los años sesenta continuaron siendo la mediación política de la Iglesia católica, pero ya no de manera monopólica. A partir de 1965, la ACNP ha cumplido una función más de partido político: presentar las alternativas de recambio para la perpetuación del régimen, proporcionando equipos gubernamentales y, al mismo tiempo, líderes de la «oposición» tolerada que puedan jugar un papel político en un eventual régimen no franquista. La perpetuación del sistema y de la organización predominarían sobre la misma supervivencia del régimen.

Tras este intento de síntesis damos paso a La otra «cosa nostra».

Colectivo 36

1. La mayoría de las obras sobre Herrera y la ACNP son parciales o panegíricas. La obra de A. Fontán: Los católicos en la Universidad española, las de Fernández Areal: El control de la prensa en España y La política católica en España, y la de Domingo Benavides: El fracaso social del catolicismo español, Arboleya Martínez (1870-1951), parecen más bien ajustes de cuentas, sobre todo en el caso de los dos primeros autores, entre diferentes grupos político-religiosos, que análisis históricos o políticos objetivos.

2. Los antecedentes de la Acción Católica se encuentran en la Declaración colectiva de los Reverendísimos metropolitanos, Acción Católica, Madrid, 1959.

3. Del carácter beligerante del nuevo rumbo impreso al diario, da una idea el encabezamiento del editorial del primer número de la nueva serie, «A banderas desplegadas, alta la visera...». Boletín de la ACNP, nº 790, 1 de enero de 1965.

4. La obra citada de Benavides contiene numerosos datos sobre los diferentes grupos católicos y su lucha por el poder. La obra es una apología de Arboleya Martínez. Para obtener una visión general de los grupos políticos españoles en este periodo, véase Brenan, G.: El laberinto español. Ruedo ibérico. París, 1962.

5. Durante la primera guerra mundial El Debate mantuvo una actitud claramente germanófila.

6. Los redactores de este proyecto fueron Herrera Oria, Francisco de Luis, Nicolás González Ruiz, Gil Robles y Vicente Gallego, que lo enviaron a la Sección de Leyes políticas de la Asamblea nacional. (BACNP, nº 171, 15 de mayo de 1934).

7. Lamamié de Clairac fue uno de los primeros fundadores de la_ACNP, según la obra de Ángel Ayala Formación de selectos citada por BACNP, no 861, julio de 1968. Vegas Latapié fue propagandista de Madrid según el BACNP n.° 173. junio de 1934.

8. Los historiadores oficiales de la ACNP, Isidoro Martín y Nicolás González Ruiz (Seglares en la historia del catolicismo español), ignoran la pertenencia de Luis Lucia a la ACNP, afirmada claramente en los boletines internos del año 1935 (por ejemplo, nº 195, de 15 de mayo, que da la noticia de su nombramiento de ministro de Comunicaciones).

9. Su pertenencia a la ACNP no ha sido puesta de relieve. Sin embargo, en los boletines internos de los años treinta pueden leerse noticias como: «Nuestro compañero del centro de Bilbao José Antonio Aguirre Lecube, diputado a Cortes, ha visto bendecido su hogar con el nacimiento de una niña que es su primogénita. Muy enhorabuena.» (BACNP, nº 197, 15 de junio de 1935).

10. Del 24 de abril al 4 de mayo de 1935, la Acción católica organizó un curso en Italia sobre corporativismo, al que asistieron entre otros los propagandistas Tomás Cerro Corrochano, Jesús García Rodríguez de los Salmones, Eugenio Beitia y Pedro Cantero Cuadrado (estos dos, posteriormente obispos franquistas).

11. Jackson, G.: La segunda República y la guerra civil española, México, 1967, p. 105.

12. Benavides, D.: Op. cit., p. 342.

13. Tras las investigaciones de Paul Preston («El asalto monárquico contra la segunda república» y «El «accidentalismo» de la CEDA: ¿Aceptación o sabotaje de la República?», Cuadernos de Ruedo ibérico, [CRI], no 41-42, febrero-mayo de 1973, p. 27-47 y 65-67), son insostenibles tesis como las de J. Tusell (Historia de la Democracia Cristiana en España, Madrid, 1974), que intenta reivindicar la actuación de la CEDA, a la que califica de partido católico moderado, con el objeto demasiado evidente de entroncar históricamente con la tendencia «centrista», en la que se autoincluyen la mayoría de los grupos demócratacristianos españoles en la década del setenta.

14. Benavides, D.: Op. cit., p. 305. La idea no era completamenteoriginal. La Iglesia católica venía formando tradicionalmente a la burguesía en sus centros de enseñanza. La única innovación consistiría en perfeccionar los métodos, continuando la formación más allá de las enseñanzas preuniversitarias.

15. La UDIC fue creada en 1931 para orientar a las asociaciones católicas en la defensa de sus intereses; en su comité director figuraban tres propagandistas: Campos, Duato y Trígona. Un año más tarde eran cuatro los propagandistas miembros de dicho comité. Pax Romana había sido fundada en 1921 por estudiantes católicos de Holanda, Suiza y España: su primer vicepresidente fue Martín-Sánchez Juliá. Las federaciones de Estudiantes Católicos fueron creadas por los propagandistas de cada centro de las ciudades en que existían facultades universitarias, para hacer frente a la FUE (Federación Universitaria de Estudiantes), de signo laico; colaboraron frecuentemente con los falangistas en sus enfrentamientos con aquélla.

16. Así por ejemplo, la Cofradía de San Cosme y San Damián, ya aludida, que agrupaba a gran número de médicos católicos, fue encargada por la CEDA, de realizar la parte técnica de los planes antituberculosos.

17. Es conocido el enfrentamiento del entonces ministro de Agricultura con su correligionario de la ACNP, Lamamié de Clairac. Posturas integristas como la de ésta no eran incompatibles con la redacción oficiosa de proyectos de leyes agrarias por la ACNP, como el proyecto sobre arrendamientos rústicos, redactado por el círculo propagandista de estudios agrarios (publicado parcialmente en BACNP, nº 139, 15 de enero de 1933)

18. Sobre las bajas producidas en la guerra, distintos boletines de la ACNP proporcionan cifras diferentes. Según el nº. 679, de 1 de abril de 1960, al final de la guerra serían 50 los propagandistas muertos; es decir el 12%. En 1940 (nº. 251/252), afirmaban que los muertos pasaban de 80. En todo caso, en estos boletines y en otros, como el 446, de 1 de diciembre de 1949, queda bien clara la participación en la sublevación de los propagandistas ejecutados en la zona republicana o su actuación reaccionaria con anterioridad.

19. Vilar, S.: Protagonistas de la España democrática. La Oposición a la Dictadura, 1939-1969, París, 1968, p. 559. Jaime del Burgo afirma en Conspiración y guerra civil que Gil Robles donó medio millón de pesetas para la causa nacionalista, sacado de los fondos de la CEDA (citado por Fernández Areal: El control de la prensa en España, Madrid, 1973, p.159). Este dato fue previamente recogido por Payne, S. G.: Los militares y la política en la España contemporánea. Ruedo ibérico, París, 1968.

20. El BACNP, nº 869, de febrero de 1969, al dar la noticia de su muerte dedica un homenaje a este «ilustre propagandista».

21. BACNP, nº 222, de 1 de abril de 1937, subrayados del Boletín.

22. BACNP, nº 224, de 1 de enero de 1938.

23. BACNP, nº 229, 10 de febrero de 1939. La justeza de esta descripción de la composición social de la ACNP puede comprobarse en la parte dedicada a la misma, p. 229.

24. Este vocablo ha sido popularizado por Max Gallo en su Historia de la España franquista, Ruedo ibérico. París, 1972, p. 155. Sin embargo, este autor limita el término al sustrato ideológico del franquismo. En esta obra lo utilizamos para abarcar en su totalidad la inserción de la Iglesia en el régimen, en sus aspectos ideológico, político y social.

25. En 1939 y 1940, Arboleya Martínez, que por entonces recorría las cuencas mineras asturianas, resumía la situación de la posguerra: «...No hay peligro de que volvamos a las andadas "mientras siga aquí la tropa"», le respondía un sacerdote a sus preguntas. Otro afirmaba refiriéndose a los obreros: «Antes no venían a misa, ahora nos los traen formados». Citado por Benavides, D.: Op. cit., p. 779. Por estas fechas, los propagandistas del centro de Oviedo colaboraban en la organización de ejercicios espirituales para obreros.

26. Hermet, G.: «Reflexiones sobre las funciones políticas del catolicismo de los regímenes autoritarios contemporáneos», traducción del francés por Manuel de la Rocha en Sistema, nº 4, enero de 1974.

27. Martín-Sánchez Juliá fue su presidente, cargo anejo a la presidencia de la ACNP; Alberto Martín-Artajo, director técnico; Alfredo López, secretario; Martínez Pereiro, vicesecretario. Entre los vocales, destacamos Cuervo Radigales, Echánove y González de Vega, militares los tres; Mayans de Sequera, Sagüés de Irujo, Mariano Puigdollers y Francisco de Luis, miembro de la aristocracia el primero, y pertenecientes a la gran burguesía industrial los demás.

28. En 1940, era presidente de la Confederación Católica nacional de padres de familia Mayans de Sequera, conde de Trigona; en 1941, le sucede en el cargo Julián Pascual Dodero. En la Rama de Hombresde Acción Católica volvemos a encontrar a Mariano Puigdollers y Alfredo López, entre otros. Cuando se amplía en 1941 el Consejo Superior de esta Rama, entran en el mismo nuevos propagandistas (Martínez Pereiro y César Granda).

29. De este Secretariado, el propagandista González Vega fue el primer director; Cerro Corrochano, el primer secretario. En el Consejo Superior de las JAC encontramos en estos años a Aparici, Pérez Balcea y Ruiz-Giménez, presidente, vicepresidente primero y secretario de asuntos exteriores respectivamente.

30. Esta es una de las instituciones en que los propagandistas han perpetuado su monopolización. Así en 1961, su presidente era el sacerdote y expropagandista Vicente Pascual Dodero; el subdirector nacional Francisco Guijarro; el secretario general Vicente Segrelles, y uno de los consejeros Jesús García Valcárcel.

31. Según BACNP, nº 461, de julio de 1950, hubo una época en que los sacerdotes pudieron pertenecer a la Asociación en calidad de militantes.

32. En 1938, la XXV Asamblea nacional de la ACNP decidió colaborar con los obispos en la reconstrucción de iglesias (conclusión tercera). En 1945, en Valencia, idearon y llevaron a cabo la emisión de un empréstito diocesano con este objetivo.

33. El «Beato Antonio Rivera» había sido secretario del centro acenepista de Toledo. Los propagandistas le han denominado «el ángel del Alcázar». El presidente de este secretariado, que desencadenó una «campaña de oraciones» para obtener la beatificación, fue Blas Pinar López. En 1961, intentaron promover la «beatificación» del propagandista Luis Campos.

34. Catedrático de Derecho político y letrado del Consejo del Estado ha estado siempre relacionado con la ACNP, en cuyos centros ha dado conferencias. BACNP, nº 717, de 15 de diciembre de 1961.

35. Jiménez Torres fue jefe nacional de la Obra sindical de Cooperación en 1952 y secretario de la Organización sindical en 1962; principal instrumento de Solís Ruiz en su intento de desfalangistizar la Organización sindical, dándole una mayor autonomía dentro del Estado, con ocasión del Congreso de Tarragona, en 1966.

36. Estos dos catedráticos obtuvieron la cátedra en noviembre de 1940. José Guallart no había obtenido éxito en ninguno de sus intentos de obtener la cátedra durante la segunda República.

38. En 1940, fueron miembros de este Consejo superior Mariano Puigdollers (vicepresidente primero), Gregorio Santiago Castiella (secretario general), ambos propagandistas de Madrid, y los propagandistas Gabriel María de Ibarra (Bilbao), Juan Bosch-Marín (Valencia) y José María Mayáns (vocales). Del Tribunal de apelación de menores, fueron miembros Mariano Puigdollers (presidente), Cuervo Radigales (vicepresidente), Gregorio Santiago Castiella y Ruiz-Giménez. Herrera Oria fue vocal de la Junta de protección de menores de Santander en 1944. Otros propagandistas colaboraron a otros niveles, como el arquitecto de la Dirección general de prisiones, José María de la Vega, que construyó el reformatorio regional de menores de Valladolid, o el ingeniero Pérez Laborda que montó los talleres del reformatorio «Sagrado Corazón de Jesús» en Carabanchel Bajo, Madrid. José Guallart, Santiago Castiella y Prieto Noriega miembros del Consejo Superior de protección de menores al renovarse éste en 1944, habían ocupado puestos similares durante el «bienio negro». Aportaron así su experiencia para la nueva orientación de la «protección de menores».

39. Su primer vicepresidente fue Alberto Martín-Artajo, y miembros, los propagandistas Puigdollers (vocal nato), Julián Pascual Dodero (secretario) y Gregorio Santiago Castiella.

40. En los años cuarenta fueron magistrados del Tribunal Supremo los propagandistas Ángel Villar Madrueño y Sáez de Tejada, barón de Benasque; fiscal, Sabino Alvarez Gendín; igualmente fueron propagandistas los presidentes de las Audiencias territoriales de Madrid y de Vitoria, entre otras. Otros fueron magistrados del Tribunal Supremo con posterioridad, como Juan Ríos Hernández, o fiscales del mismo como Eleuterio González Zapatero, Antonio García de Vinuesa, Rodríguez Villamil... La ACNP ha estado siempre representada en el órgano superior del poder judicial, por no aludir a las audiencias territoriales y provinciales, donde la relación de acenepistas se haría interminable.

41. Queda para una posterior investigación micropolítica explicar los mecanismos de monopolización por los propagandistas de los gobiernos civiles de ciudades como Santa Cruz de Tenerife. Hasta 1958, fue gobernador civil Andrés Martín Moreno. Desde esta fecha, Santiago Galindo Herrero. A partir de 1964, Juan Pablos Abril, que cesaba en el gobierno civil de Teruel.

42. Algunos de estos nombres no aparecen en el censo de 1969. Ignoramos si se dieron de baja con anterioridad. En todo caso, todas las personas que mencionamos han sido propagandistas en las fechas en que han ocupado lo cargos atribuidos. Algunos han podido fallecer, como lo indicamos en los casos por nosotros conocidos. Las enumeraciones no son nunca completas. Esta es la razón de no introducir en el texto otros gobernadores como Antonio Gómez Jiménez de Cisneros (Logroño y Granada), Marcos Peña Royo (Oviedo) o Montolíu de Carrasco (Guadalajara) o Cremades Royo (Lérida).

43. En 1940 eran propagandistas, el presidente de la Confederación, Pedro Sangro y Ruiz de Olano, y el secretario general, Francisco Ruiz de Diego. En 1944, vicepresidente, Luño Peña, que en 1965 alcanzará la presidencia. La presidencia y dirección de la Confederación siempre han sido ocupadas por un propagandista (Véase biografías de Sinués y Urbiola y Coronel de Palma). De la Caja de Madrid era director en 1940, Alberto Martín-Artajo, subdirector Sagüés de Irujo y consejeros, Manuel Bofarull y José María Tabeada. En Alcoy, eran consejeros Enrique Albors y Luis Gisbert. En Gijón, Agustín Saralegui e Ibarra. En Vitoria, director técnico (1942), Vicente Botella Altube... Los puestos han sido ocupados por los propagandistas en las sucesivas renovaciones. Así, en 1942, Manuel Bofarull pasará a la presidencia del Consejo de administración de la Caja de Madrid y Alberto Martín-Artajo a la vicepresidencia, entrando en el consejo nuevos propagandistas (Juan de los Ríos Hernández). Con posterioridad, han continuado creando Cajas de Ahorro, como la Caja de Ahorros de la Inmaculada, fundada en 1965 por el propagandista Manuel Sanz Ajer. Otros puestos pueden encontrarse en el índice biográfico de esta obra.

44. Como ejemplo, pueden mencionarse los Bancos de Bilbao (Ramón Rey fue su apoderado en Gijón); Rural y Mediterráneo (José María Sanz Pastor Mellado ha sido vocal de su consejo de administración); de San Sebastián (Andrés Redondo); Banco de Aragón (Sánchez Ventura -fallecido-)...

45. Julián Quevedo, viejo propagandista, había pertenecido a la Organización antimarxista creada por el coronel Orduña en 1919. Fue miembro destacado de la Unión Patriótica y, posteriormente, de la Acción Popular.

46. José Luis de Illanes, socio del Opus Dei e hijo de propagandista, incluyó a Gómez de Llano entre los propagandistas en el artículo «La acción política de los católicos en la España de hoy», publicado en Studi Catolici, marzo/abril de 1960, citado por BACNP, nº 683, de 1 de junio de 1960, que desmiente esta pertenencia. Jesús Ynfante afirmó dicha pertenencia en La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, Ruedo ibérico, París, 1970.

47. En 1952, el BACNP nº 495, de 15 de marzo se congratula de su nombramiento como letrado del Consejo de Estado. Durante la guerra obtuvo el grado de capitán del ejército franquista. A principios de los años cuarenta fue profesor del CEU y, desde 1945, del Instituto jurídico de preparación profesional, creado por la ACNP para la formación de miembros de los altos cuerpos jurídicos estatales. Hasta 1915 fue delegado del Banco Popular Español. Subsecretario de Obras públicas, con anterioridad a su nombramiento como ministro de Hacienda. Gobernador del Banco de España, en 1965 y presidente del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo y del Instituto para las Cajas de Ahorro. General del cuerpo jurídico y presidente de la Junta rectora de la Confederación de las Cajas de Ahorro.

48. Por ejemplo, en 1948, Cándido Jornet era vicepresidente de la Cámara sindical agraria de Tarragona y miembro del Comité directivo de la Federación arrocera. En 1947, el propagandista Luis Maldonado fue nombrado secretario del ministro de Industia y Comercio.

49. La Falange no consiguió la total autonomía informativa a pesar de la gestión en este sentido de Ridruejo y Tovar (jefe nacional de prensa y subsecretario de Educación popular, respectivamente), máximos responsables de la censura desde 1947.

50. Ayerra Redín: No me avergoncé del evangelio, Buenos Aires, 1959, citado por Southworth, H.R.: Antifalange: Estudio crítico de «Falange en la guerra de España» de M. García Venero, París, Ruedo ibérico,1967, p. 168.

51. Illanes, J.L.: Art. cit., afirmó la pertenencia de Giménez Arnau a la ACNP, sin que ésta la haya desmentido nunca. De algunos boletines internos, puede deducirse que, en 1951, aquél pertenecía todavía a la Asociación.

52. BACNP, nº 296, 15 de octubre de 1942. Por entonces, eran consejeros de LEC, entre otros, A. Martín-Artajo, Fernando Martín-Sánchez, José María de Peñaranda, Alfredo López, Luis de Zulueta, Cuervo Radigales, José Larraz y Vega de Anzó. De la orientación de La Editorial en esta época, es un ejemplo la edición de un Manual del soldado (Madrid, 1944) «el nuevo regalo para los que son o van a ser soldados. El más grato e inseparable compañero de cuartel», según rezaba su publicidad.

53. Propagandistas fueron los directores de los diarios Línea (1946), Ayer (Jerez de la Frontera, 1948), el redactor-jefe de El Día de Palencia (1939). Colaboraron en revistas como Mundo, Economía Mundial y Educación...

54. En 1940, se publicó la obra Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza, ataque desmesurado y acientífico contra la Institución y sus hombres. Obra colectiva, entre sus autores se encontraban Martín-Sánchez Juliá, Sancho Izquierdo y Juan de Contreras, marqués de Lozoya. En 1941, fueron difundidos profusamente, en los colegios de religiosos, estudios y comentarios sobre esta obra.

55. En la Residencia del CEU convivieron profesores y alumnos durante la segunda República. En ella, coincidieron Pedro Cantero Cuadrado, Gamero del Castillo, Castiella Maíz, y Sebastián Herrador. El Colegio Burjasot había sido núcleo relevante de los Estudiantes Católicos durante la República. De él salieron, entre otros, los entonces propagandistas Calvo Serer, Corts Grau y Laín Entralgo. En el Colegio de San Clemente, en Bolonia, han redactado sus tesis gran parte de los catedráticos de Derecho. El nivel intelectual que la Universidad de Bolonia ha requerido para otorgar los títulos de doctor ha sido más bien modesto. Sin embargo, los «bolonios» han constituido una submafía con pretensiones de superélite, dentro del cuerpo de catedráticos. Por ejemplo, en 1934, coincidieron los propagandistas Isidoro Martín y Beltrán de Heredia.

56. Según testimonio de Isidoro Martín en la XXIX Asamblea de la ACNP (1942) en la que exponía las dificultades de sacar adelante las leyes sobre enseñanza por chocar con concepciones estatistas. Los propagandistas redactaron, según el mismo testimonio, los reglamentos de los Colegios Mayores, con los que se intentó complementar la formación universitaria.

57. BACNP, nº 338, de 20 de octubre de 1944.

58. Albareda y Balbín pertenecían ya al Opus Dei. Balbín nunca abandonó la ACNP. Respecto a Albareda, sabemos su pertenencia a la misma, por lo menos hasta 1940. El BACNP n°. 258, de 1 de diciembre, da la noticia del «propagandista José María Albareda Herrera, que tras brillante oposición ha ganado la cátedra de Mineralogía y Zoología de la Universidad de Madrid». En 1935, el BACNP, nº 203/204, de 15 septiembre-1 de octubre, informaba del traslado de Albareda de Huesca a Madrid, como catedrático de Enseñanza media.

59. Calvo Serer, conocido miembro del Opus Dei perteneció en los primeros años cuarenta a la ACNP, con la que nunca rompió sus lazos. El BACNP, nº 242, de 1 de febrero de 1940 contiene la noticia: «Rafael Calvo, del Centro de Valencia, ha sido nombrado profesor de Historia en la Universidad. Pertenece al fecundo Colegio de Burjasot, en el que es este año decano».

60. La participación de propagandistas como García Llácer, en «stages pedagógicos» en Alemania, en 1940, pudo influir en la aprensión de la ACNP respecto al poder excesivo del Estado. Ya en los años treinta, Martín-Sánchez Juliá había criticado la preeminencia del Estado nazi sobre la Iglesia católica.

61. La situación privilegiada de la Iglesia no alcanzó el grado que los propagandistas hubieran deseado, según se deduce del informe presentado por los propagandistas de la «Asociación de padres de familia», a la Asamblea de la ACNP en 1942. En él, exponían cómo la «libertad de enseñanza» se hallaba obstaculizada y su deseo de introducir modificaciones en la Ley de Segunda Enseñanza.

62. «Discurso de las tres preocupaciones», BACNP, no 256, de 1 de noviembre de 1940.

63. BACNP, nº 388, de 20 de octubre de 1944.

64. Es probable que la ruptura de Gil Robles con la ACNP no se produjera hasta 1962, tras su participación en el Congreso de Munich. En 1949, el BACNP, n°. 434, de 1 de mayo, le da un «sentido pésame» por la muerte de su hermana. Posteriormente, Gil Robles acusaría a la ACNP de haberse apartado de su fin primitivo (propaganda católica) y de sus normas de actuación (independencia de los partidos políticos), en su obra No fue posible la paz. Isidoro Martín en «La Asociación ayer, idea fundacional» (BACNP, nº 878, de enero de 1969), polemiza con Gil Robles en defensa de la Asociación.

65. En 1943, daba la consigna de que en los Círculos de Estudios se buscasen soluciones prácticas para el «problema social», abandonando las «monsergas teóricas» (Discurso de los cuatro consejos, XXX Asamblea de 1943). En septiembre de 1946, invitaba a la unidad a los ejercitantes reunidos en Aranjuez, poniéndoles en guardia contra mimetismos extranjeros. Su fórmula política del momento era: «ni fusión Iglesia-Estado, ni separación». BACNP, no 377, de 1 de octubre de 1946.

66. BACNP, nº 365, de 1 de febrero de 1946. El viaje tuvo como objetivo oficial crear una sección de estudios contemporáneos en la Universidad de Menéndez Pelayo de Santander, invitando a ella profesores católicos europeos. Sin embargo, no es pura coincidencia que el relanzamiento político de Herrera se iniciara en estas fechas. Las «conversaciones católicas internacionales» fueron el resultado de las gestiones de Herrera; se celebraron a partir de finales de la década de 1940, y editaron la revista Documentos; introducían así en España la ideología católica europea de los años de la «guerra fría».

67. Ibid.

68. No obstante, se creó el Patronato de refugiados extranjeros indigentes, al que se acogieron nazis y fascistas italianos. Del Patronato fue vocal, entre otros, el propagandista Jesús García Valcárcel.

69. BACNP, nº 354, de 1 de julio de 1945.

70. Titular del BACNP, nº 776, de 1 de junio de 1964

71. BACNP, nº 358, de 15 de octubre de 1945.

72. BACNP, nº 454, de 1 de abril de 1950.

73. BACNP, nº 131, de 15 de septiembre de 1932.

74. BACNP, nº 411. de 15 de abril de 1948.

75. Conferencias publicadas por el BACNP, nº 375. de 1 de agosto de 1946.

76. Conferencia de Simón Tobalina, «Incorporación del pueblo a las Cortes a través de las distintas formas de sufragio», BACNP, nº 438, de 1 de julio de 1949.

77. En el Congreso «Pro Unidad de Europa», celebrado en 1947, en Friburgo (Suiza), participaron Sánchez de Muniaín, Inza y Sebastián Herrador. El diplomático propagandista Gonzalo Puente Ojea informaba a la XXXIX Asamblea de la ACNP (1949) sobre las perspectivas de la Unión europea, tras su participación en la Conferencia europea de Estrasburgo.

78. Conferencia sobre su viaje a Italia citada en BACNP, nº 365, de 1 de febrero de 1965.

79. Homilía reproducida por el BACNP, nº 489, de 15 de diciembre de 1951. El llamamiento a la cooperación de clases lo desarrollaba con los siguientes consejos, a los obreros y empleados: «[...] Si la riqueza tiene un fin social, también lo tiene el trabajo. Que tú, obrero, si no rindes lo que debes, y tú, empleado, si no cumples fielmente, faltas a una doble justicia: a la conmutativa porque quebrantas tu compromiso con el patrono o la empresa, y a la social, porque niegas a la sociedad el fruto de tu trabajo, que ella te demanda en nombre del bien común.»

80. BACNP, nº 484, de 1 de octubre de 1951.

81. Discurso en la XXIV Asamblea de la ACNP (1937), BACNP, nº 224, de 1 de enero de 1938.

82. BACNP, nº 316 de 1 de octubre de 1943. (XXX Asamblea.)

83. En 1934, informaba en el círculo de Estudios sobre instituciones corporativas que los industriales del ramo de joyería «estuvimos de acuerdo para formar una especie de corporación con el objeto de impedir la entrada de joyas alemanas». A continuación, daba cuenta de los despidos masivos que habían llevado a cabo porque los obreros pedían salarios «excesivos». BACNP, nº 166, de 1 de marzo de 1934. Recordamos que Alberto Martín-Artajo es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Metales preciosos.

84. Informe de Jesús Riaño Goiri, en BACNP, nº 301, de 1 de enero de 1943. Enumeraba las siguientes Hermandades en que debían ejercer su «apostolado»: San Isidro (ingenieros agrónomos); Nuestra Señora de Belén y Huida a Egipto (arquitectos); Santo Domingo de la Calzada (obras publicas); San José y Sagrada Familia de Nazareth (industriales); San Isidoro (artes y ciencias geográficas y estadísticas); Santa Bárbara (minas); San Francisco de Asís (forestales de montes); Inmaculada y San Fernando (ingenieros militares); San Isidoro de Se villa (doctores y licenciados); San Carlos Borromeo (profesionales de la Banca y de la Bolsa); Nuestra Señora del Pilar y Santiago Apóstol (respectivamente, de correos y telégrafos); San Fructuoso (ingenieros del ICAI).

85. Sobre las Juntas de Colegios de Abogados, véase índice biográfico. Sobre otros Colegios pueden citarse los ejemplos del Patronato local de Farmacia (La Coruña) presidido por Fermín Zelada o el Colegio de Registradores, cuyo presidente nacional fue el propagandista Francisco Cervera.

86. Participación masiva y fácilmente comprobable, que resulta tedioso y superfluo documentar.

87. BACNP, nº 639-640, de 11-31 de agosto de 1958. Hacemos notar que el cuadro corresponde al año en que el número de propagandistas decrece. Por otro lado, no han debido contabilizar más que una vez a un mismo que puede ser militar y director de una sociedad de inversiones financieras como Algora Marco, o catedrático de Universidad y joyero, como Mariano Puigdollers.

88. El militar de carrera en España, Barcelona, 1971. p. 156.

89. En la fecha de redacción de estas líneas, la ACNP tenía anunciado un nuevo censo, cuya difusión pública serviría para corregir posibles errores en la próxima edición de esta obra.

90. Anuncio en el BACNP, nº 861, de julio de 1968. La decisión de hacer una «tirada restringida y numerada» fue tomada por el Consejo Nacional, según el BACNP, nº 855, de enero de 1968.

91. BACNP, nº 222, de 1 de abril de 1937.

92. BACNP, nº 177, de 15 de agosto/1 de septiembre de 1934.

93. Existe una sección de «Honores» en la que abundan las «cruces», «grandes placas», «encomiendas». Una vez más, renunciamos a ejemplificar la afirmación. Proponemos al lector descubrir propagandistas no condecorados. Resaltamos, no obstante, la dedicación íntegra de un boletín a las felicitaciones recibidas por Martín-Sánchez Juliá al recibir la «Gran Cruz de Isabel la Católica», BACNP, nº 477, de 1 de mayo de 1951.

94. Su primer director fue M. Amorós, siendo subdirector García Vinuesa. Entre sus primeros profesores, Giménez Arnau, Antonio Luna, García Valcárcel, Navarro Rubio, Alberto Ullastres y López Rodó. Amorós y Giménez Arnau habían «ganado» las notarías en 1942, junto con los propagandistas Clavero Núñez, Leiros, Moisés González Ruiz, Flores Micheo e Ignacio Prada.

95. En 1969, era director del Instituto Jurídico de Preparación Profesional Carriles Galarraga. Según la memoria del Colegio Mayor San Pablo de 1971, habían aprobado las oposiciones desde 1951: 11 inspectores fiscales (inspectores del timbre); 8 abogados del Estado; 9 catedráticos; 4 inspectores diplomados de tributos; 19 técnicos de administración civil del Estado; 2 letrados del Consejo de Estado y de las Cortes; 13 ingenieros del Estado. En 1958, eran profesores del Instituto los abogados del Estado J. Sánchez Cortés, Silva Muñoz, A. Osorio y L. Coronel de Palma. Carro Martínez (en 1974, subsecretario de la Presidencia) preparaba a los opositores a letrados del Consejo de Estado.

96. Por ejemplo, en 1944, Blas Piñar López se casaba en el Colegio Mayor Jiménez de Cisneros, dirigido por Rocamora Valls. A la inauguración del Colegio, habían asistido Herrera Oria y Martín-Sánchez Juliá. Este Colegio fue «vivero» de propagandistas hasta la construcción del de San Pablo.

97. Es sintomático de los procedimientos acenepistas el siguiente hecho: Herrera Oria desató una campaña contra la utilización del bikini al iniciarse el boom turístico, que suspendió al negociar con el gobernador civil de Málaga la construcción de un polígono de viviendas (que lleva el nombre de Herrera) y otros proyectos.

98. El punto 5 del mismo preámbulo declaraba: «Frente a la falta de claridad y solidez que caracteriza el tono de las comunidades sociales y de las relaciones humanas en amplios sectores de nuestro país, se hace imprescindible afirmar con nuestras propias vidas la fecundidad de un estilo rigurosamente ético».

99. Recuerdos y criterios de un viejo, p. 138-146, reproducidas por BACNP, nº 627/628, de 1-15 de febrero de 1958. Este boletín está fechado, por error, como 1-15 de febrero de 1858.

100. Sobre el contenido del Concordato y las concesiones recíprocas del Estado y de la Iglesia, véase Georgel, J.: El franquismo: historia y balance, 1959-1969, Ruedo ibérico, París, 1972

101. Benzo Mestre, M.: «Tres etapas de la Acción Católica Española», Signo, nº 1403, de marzo de 1967.

102. Garruccio, L.: Spagna senza miti, Milán, 1968, p. 381.

103. A título de ejemplo, en 1951, tuvieron lugar en el Colegio: la reunión de la Mesa directiva del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos; la Asamblea Nacional de Dirigentes de Acción católica; el Congreso de Apostolado de los Seglares; la clausura de la asamblea de las HOAC.

104. En 1945, los propagandistas habían creado la Obra Católica de Asistencia Universitaria (OCAU), para acoger a los estudiantes «huidos de los países dominados por el comunismo»: Ruiz-Giménez consiguió una subvención de la National Catholic Welfare Conference (NCWC). El Ministerio de Asuntos exteriores participó en la financiación a través de la Dirección general de Relaciones culturales. El Ministerio de Educación nacional, a través de las subvenciones otorgadas al Colegio Mayor Apóstol Santiago. Alvarez-Gendín afirmaba en la inauguración del Curso 1949-1950, en la Facultad de Derecho de Oviedo, que el comunismo era el instrumento del judaísmo para «el dominio de la masa trabajadora»

105. La IDC fue en realidad la transformación giménez-fernandista de la Unión Demócrata Cristiana, creada un año antes por el monárquico Barros de Lis.

106. Información de uno de los asistentes al acto de Estoril, reproducida por el Boletín del Centro de Documentación y Estudios (CDE), París, 4 de diciembre de 1960.

107. Le Monde, 9 de noviembre de 1963, citado por Fernández de Castro, I. y Martínez, J.: España Hoy, Ruedo ibérico. París, 1963, p. 420.

108. Horizonte español 1972. Ruedo ibérico. París, 1972. T. I, p. 173.

109. Cavero ingresó en la ACNP en 1965; adjunto de la cátedra de Derecho político. En 1969 fue nombrado miembro del Patronato del Colegio Mayor San Pablo por Algora Marco, al mismo tiempo que Ruiz-Giménez lo era del de San Alberto Magnº Alvarez Miranda perteneció desde 1963 al Consejo privado de Juan de Borbón y Battemberg. Su concepción demócrata cristiana fue influida por Frei y Caldera.

110. El PNV procede de la Comunión Nacionalista Vasca, creada en 1895 a impulsos de Sabino Arana. Su tradicionalismo y su clericalismo se fueron decantando tras sucesivas escisiones. Durante la segunda República elaboró proyectos de ley recogiendo la «doctrina social de la Iglesia» -proyecto de ley sobre «el salario justo»-. A partir de la firma del Pacto de Bayona en 1945, su anterior presidente, Aguirre, le dio su actual orientación atlantista y proamericana. En la declaración política del partido de 1949, se define formalmente como partido «cristiano y demócrata». (Véase la Declaración política, editada por el Consejo Nacional del Partido Nacionalista Vasco, fechada en Euzkadi, 5 de marzo de 1949.)

111. La UDEC fue fundada hacia 1931 por Manuel Carrasco y Formigüera, fusilado por los franquistas en 1938. Durante la segunda República se aglutinó alrededor del periódico El Matí, siendo siempre minoritario, quizá por su sincero republicanismo. Con posterioridad a la guerra civil, el centro de gravedad ideológico del partido ha sido la Abadía de Montserrat.

112. Georgel, J.: Op. cit., p. 385.

113. Bulnes, R. y Semprún: «Dos posiciones erróneas», CRI, nº 11, febrero-marzo de 1967.

114. En este sentido nos unimos a la tesis de Jorge Semprún, cuando afirma que la democracia cristiana, como tal «no se propone ni tiene que proponerse la transformación del sistema social español, sino tan sólo su racionalización: el ajuste de las estructuras del régimen político actual a las exigencias objetivas de la expansión neocapitalista». «La oposición política en España: 1956-1966», Horizonte español 1966, II, p. 17.

115. En 1952, por ejemplo, seis propagandistas fueron nombrados procuradores en Cortes: Enrique Albors Vicéns, Manuel Bofarull Romana, Julián Laguna Serrano, José Ibáñez Martín, Fernando Montero y Antonio Blasco del Cacho.

116. Parte del equipo había sido formado en el Instituto de Cultura Hispánica. A niveles inferiores, otros propagandistas formaron parte del equipo; así, por ejemplo, Ruiz Navarro (del círculo de jóvenes)fue nombrado secretario particular de Cantó Rancaño.

117. Laín Entralgo ingresó en el Centro de la ACNP de Madrid en 1932. (BACNP, nº 117, de 15 de enero de 1932). Estudió en el Colegio Mayor de Burjasot. En 1968, participaba todavía en los ciclos de conferencias de la ACNP, inaugurando el del curso 1968-1969. (BACNP, nº 866, de diciembre de 1968).

118. Ignoramos si en esta fecha Navarro Rubio había abandonado la ACNP o si, por el contrario, continuó su doble militancia en el Opus Dei y en la Asociación.

119. El Opus Dei ha sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, todavía falta un análisis estrictamente político de esta organización. La obra de Artigues desvela sobre todo la naturaleza católica integrista del Opus Dei; la de Ynfante, sus conexiones económicas; y la de Le Vaillant: Sainte Maffia. Le dossier de l'Opus Dei no aporta ningún elemento nuevo. Hermet hace extensiva esta crítica a la obra de Saunier: L'Opus Dei et les sociétés secrètes catholiques. («L'action des technocrates catholiques. L'Opus Dei: thème polémique et succès de librairie », Le Monde Diplomatíque, febrero de 1974). No hacemos mención de las obras apologéticas de miembros o simpatizantes. En todo caso, las relaciones ACNP-Opus Dei no han sido abordadas más que tangencialmente por estas obras.

120. Véase la certera crítica de Artigues, D.: El Opus Dei en España: su evolución ideológica y política, Ruedo ibérico. París, 1971, p. 147 y s., sobre todo en su parte dedicada a comentar las obras de Calvo Serer, España sin problema y Teoría de la Restauración, y de López Amo, La Monarquía de la reforma Social sobre el contenido de la Tercera Fuerza, íbid., p. 164. Esta «tercera fuerza nacional» presentaba un cuadro de referencia ideológico más reaccionario que el de la ACNP. Paradójicamente, sin embargo, planteaba una alternativa política que, en aquella época, representaba una solución más progresiva que la ensayada por Martín-Artajo y Ruiz-Giménez. Calvo Serer proponía la restauración de la monarquía en Juan de Borbón y Battemberg, acompañada de una política de fiscalización de gastos públicos y descentralización administrativa.

121. Esta política a «título personal» incluía, por ejemplo que en la Asamblea de la ACNP celebrada en Valladolid en diciembre de 1932, cada centro informase sobre el influyo de los socialistas en sus respectivas ciudades y la manera de oponerse a ellos.

122. Por ejemplo, cuando Jerónimo Padilla, miembro del Opus Dei presidente del centro opusdeista Tajamar, fue interrogado en 1964 sobre la actividad política de los socios del Opus Dei, respondió: «Su pregunta [...] podría dirigirse a la Acción Católica Nacional de Propagandistas, que desde hace muchos años han participado con muchos de sus miembros y de modo eficacísimo en las nobles tareas políticas.» Signo, nº 1278, de agosto de 1964.

123. «Esta especie de confabulación de los más diversos sectores católicos contra el único común blanco del Opus Dei, puede degenerar en un gran gesto hipócrita, que pretenda ocultar las propias manchas, llamando excesivamente la atención hacia una única víctima expiatoria» (González Ruiz, J.M.: «El Opus Dei hijo de su tiempo», Signo, nº 1280, de 15 de agosto 1964).

124. En base a las mismas fuentes confidenciales, podemos afirmar que no son miembros del Opus Dei, Barrera de Irimo -más próximo, por su educación y sus conexiones a la ACNP-, ni Fernando Benzo Mestre, hermano del consiliario nacional de «la asociación».

125. BACNP, nº 222, de 1 de abril de 1937.

126. La memoria de la secretaría general de la ACNP de 1957 presentaba un cuadro sinóptico de centros y miembros en el BACNP, nº 384, de 1 de octubre de 1951; señalaba que algunos centros no habían enviado datos.

127. Artigues, D.: op.cit., p. 163. Un caso de enemistad personal es el de Sánchez Cortés respecto a López Rodó que impidió el nombramiento de aquél como ministro de Hacienda en 1969.

128. Así por ejemplo, el 10% del capital de la sociedad de publicaciones del Opus Dei, SARPE, pertenecía a las Cajas de Ahorro; la Caja de Ahorro de Álava participó en la creación del Banco Europeo de Negocios; el Centro de Tajamar fue financiado con ocho millones de pesetas y las casas de Londres y de Roma con partidas de exportación. Ynfante, J.: Op. cit., p. 45.

129. Artigues, D.: Op. cit., p. 224.

130. Sobre el escándalo Matesa, véase el estudio monográfico publicado en Horizonte español, 1972. III, Ruedo ibérico, 1972.

131. Boletín de la HOAC, nº 351, de abril de 1962. No es superfluo recordar que con motivo de las huelgas de 1957, una gran parte de la base católica había manifestado sus simpatías por las reivindicación obreras.

132. Declaración colectiva de los Reverendísimos Metropolitanos, Madrid, 1959.

133. BACNP, nº 711, de 15 de septiembre de 1961.

134. Chroniques étrangéres, julio-agosto de 1960.

138. La religión católica siguió siendo la oficial del Estado. El estatuto concedido a otras religiones era abiertamente desfavorable para estas en relación con la situación de los católicos. Lo único que legalmente cambió fue el reconocimiento de su posible existencia, siempre que las instituciones religiosas se registraran como una asociación más y sus miembros declararan su pertenencia a las mismas. De la eficacia práctica de esta norma es muestra elocuente, entre otras, su aplicación para el servicio militar: en 1973 había 268 presos por negarse a vestir el uniforme en virtud de sus creencias.

139. Entre otras, véase editoriales del 19 de abril y 2 de junio de 1963 (citado por Chroniques étrangères, nº 63/6).

140. Por ejemplo, Juan Beneyto fue el director del Consejo nacional de Prensa institucionalizado por él en 1957. Martín-Sánchez Juliá fue miembro de dicho Consejo desde 1963 como representante de la Comisión episcopal de Prensa e Información (en 1960 había publicado La prensa en el Estado moderno). El propagandista Bartolomé Mostaza era director de la Escuela oficial de Periodismo (al que sustituirá Muñoz Alonso).

141. En la polémica que Herrera Oria había mantenido con Arias Salgado, aquél reconocía el derecho del Estado a ejercer la censura, pues gracias a ella se habían evitado «daños inmensos». Lo que propugnaba Herrera era una mayor reglamentación de la censura.

142. Citado por J. Beneyto en Revista de la Opinión Pública, agosto de 1965.

143. Fraga Iribarne, siendo ministro de información actuó influenciado por las ideas de Herrera. Según Calvo Serer (La dictadura de los franquistas, París, 1973), rechazó la intervención de A. Garrigues a favor del diario Madrid, respondiéndole que ciertos periódicos españoles eran, como bien había dicho Herrera, «órganos irresponsables y dañinos para la sociedad, a los que en consecuencia había que someter por la fuerza». El nuevo ministro nombró como subsecretario de su departamento a un hombre de su confianza, Pío Cabanillas, y como director general de Prensa al propagandista Giménez Quílez. Fraga formó un equipo en estrecha relación con la ACNP. Véase también G. Dueñas: La ley de prensa de Manuel Fraga, Ruedo ibérico, París, 1969.

144. Por ejemplo, en 1960, los propagandistas de Pamplona participaban en la emisión «La hora de la Iglesia». En 1962, los propagandistas de Huelva constituyeron la sociedad anónima FIRRSA que financió la emisora local. De acuerdo con el Secretariado Diocesano de Radio, Cine y TVE, la explotación económica de la emisora corrió a cuenta de FIRRSA.

145. Discurso de inauguración de Herrera Oria, reproducido parcialmente por Chroniques étrangères, nº 237, de 30 de noviembre de 1961. Del decálogo impuesto al alumno, a cuya elaboración era aficionado Herrera Oria, el precepto octavo prescribía que aquel debía «estar siempre dispuesto a defender la pública autoridad y a colaborar con ella, sin perjuicio del legítimo derecho de exponer sus necesidades o las de su clase.»

146. Las becas del Colegio Mayor Pío XII así como las del Instituto León XIII son subvencionadas, en parte, por un grupo de oligarcas malagueños agrupados por Herrera Oria.

147. Las primeras cátedras de sociología fueron creadas en España por los obispos, a raíz de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. La primera, en 1901, por el arzobispo de Toledo. En 1905 existían 24. Cinco años después, 46, imponiéndose ese año la sociología como asignatura obligatoria en los seminarios.

148. El grupo fue creado con la colaboración de Juan Linz, intelectual español no católico y profesor de sociología en Yale, bajo cuya dirección han estudiado la mayoría de los miembros del grupo. Algunos de estos son granadinos. La mafia granadina de catedráticos juega un papel fundamental en la obtención de cátedras.

149. Su vicepresidente fue Isidoro Martín Martínez, y vocales Ruiz-Giménez, Viada, Oreja y Algora. El grupo fue animado por Martín-Artajo. BACNP, nº 709, de 15 de agosto de 1961.

150. Citado por Chroniques étrangères, nº 6311, p. 17.

151. Según el BACNP, nº 678, de 15 de marzo de 1960, ese año se celebraron treinta.

152. La Asamblea conjunta pidió: la revisión del Concordato de 1953; la participación de los ciudadanos en la gestión pública; la verdadera libertad de expresión y respeto de las minorías étnicas; y condenaba los tribunales de excepción y las torturas físicas o sicológicas. Estos acuerdos fueron adoptados por más de dos tercios de los asistentes (192 contra 41). Además se pronunciaba a favor de una mayor independencia entre la Iglesia y el Estado, y a favor de la separación de los obispos de los cargos políticos y de la abolición del derecho de presentación.

153. Ningún documento de la Comisión nacional de Justicia y Paz fue reproducido íntegramente por la prensa. Cuadernos para el Diálogo publicó uno de ellos, siendo secuestrado por tal motivo.

154. Desde Roma, publicó un documento en contra de la Asamblea, rubricado por la Congregación del clero. Este documento se volvió contra el Opus Dei, al descubrirse que ni la secretaría de Estado vaticana ni la Jerarquía eclesiástica española estaban al tanto del documento que, por lo tanto, no era oficial.

155. La declaración fue difundida por la agencia clandestina de información API, en el número 1 de Documentos API y reproducida en CR1 37/38. En la introducción a dicho documento se cuentan las vicisitudes que atravesó el mismo. Constituye una buena fuente de información para calibrar la situación interna del episcopado español y su capacidad «de riesgo» frente a las relaciones con el régimen.

156. Esta tensión con los miembros del Opus Dei es consecuencia lógica del acaparamiento por parte de éstos desde 1969 de la cartera de Asuntos exteriores, que tradicionalmente habían detentado miembros de la ACNP, quienes en contraste con López Bravo y López Rodó se mostraron siempre más clericales que estatistas en las relaciones diplomáticas con el Vaticano.

157. En la Asamblea de Cataluña, constituida en 1972, como intento de unificación de la acción antifranquista de los grupos de oposición catalanes, participan los grupos demócratacristianos, junto a los marxistas. Los militantes de la JOC y de las HOAC y los grupos sindicales cristianos clandestinos, como la AST, han venido colaborando habitualmente en las huelgas con comunistas y socialistas. La DSC y Cuadernos para el Diálogo apoyan las tesis del PCE de la «reconciliación nacional».

158. Editorial del Ya, titulado: «El marxismo también asesina» (29 de septiembre de 1973), citado por La Voz Comunista, 1 de octubre de 1973. La ACNP reafirmaba su postura anticomunista. Por ejemplo, en 1935, el BACNP, (804-808, 1/15 de agosto) reproducía un artículo publicado en Civilitá Cattolica, del jesuita Giuseppe di Rosa, titulado «No hay terreno común alguno entre católicos y comunistas».

159. Para constatarlo, basta con leer las informaciones sobre España de diarios como Le Monde, o las tesis de Blaye, en su obra Franco ou la monarchie sans roi. París, 1974.

160. «Dos posiciones erróneas», art. cit. Hacemos constar nuestra valoración opuesta respecto al papel «avanzado» o regresivo de la «burguesía neocapitalista» y de la «burguesía tradicional», p. LXXXII.

161. «Herrera, Cardenal de España», CRI nº 2, agosto-septiembre de 1965.

162. En esta ocasión se dirigió a todas las «comunidades contemplativas de religiosas» para pedirles oraciones por el éxito de la «renovación de espíritu y métodos». BACNP, nº 868, 28 de julio de 1969. El «espíritu» de la ACNP permanecía a pesar de las sucesivas revisiones internas. Ante el sesenta aniversario de la Asociación, el BACNP (nº 876 de noviembre) definía al propagandista como el «apóstol de Cristo donde quiera que esté: en el hogar, en la cátedra, en la redacción, en el Ayuntamiento, en la Dirección general.» Discretamente la enumeración terminaba aquí, en la antesala del despacho ministerial.

163. En realidad los círculos de jóvenes existían ya en 1960, pero se generalizaron y renovaron a partir de 1967. En 1960, el círculo de jóvenes de Madrid fue nutrido por la Congregación Mariana dirigida por el jesuita Granda. El círculo se dividía en tres grupos: «universitario» (para establecer contactos con las provincias); el «social» que ejercía su apostolado en el Monte del Tío Pío, en el suburbio madrileño de Vallecas; y el de «cursos y proyectos», que organizó un curso de sociología (BACNP, nº 678, 15 de marzo de 1960).

164. Por ejemplo, Francisco Godea Oltra, colaborador de cátedra de Hacienda pública de la Universidad de Madrid fue nombrado director de la Residencia San Alberto Magno.

165. Herrera Oria quiso dotar al Consejo de redacción de una cierta autonomía, inspirándose en la estructura del Times. La relativa independencia de los diarios de LEC explica las tensiones producidas en los años sesenta entre aquéllos y ésta.

166. En noviembre de 1969, la Residencia San Alberto Magno albergaba 51 residentes, de los que 10 preparaban oposiciones a cátedras;11 al cuerpo de Abogados del Estado; 4 al cuerpo diplomático; 7 al de inspectores técnicos fiscales y 5 preparaban oposición a notarías.

167. En el curso 1966-1967, de los 118 alumnos del Colegio Menor San Pablo, 112 eran becarios del Patronato de Igualdad de Oportunidades (PIO). Isidoro Martín Martínez era «comisario general» del PIO. Al estructurarse el CEU fue nombrado director del Departamento de Formación y de Colegios Mayores.

168. En 1969, por ejemplo, fue «contactado» (sic) un joven catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela (Luis Suárez de Llanos) para reclutar jóvenes propagandistas. BACNP, nº 868, febrero de 1969.

169. BACNP, nº 896, julio de 1971.

170. BACNP, nº 804-805, 1-15 de agosto de 1965. El mismo año de elaboración de estos puntos, el Boletín interno quedaba oficialmente exento de censura. Suponemos que con anterioridad los mismos propagandistas habían ejercido como autocensores, desde sus equipos en el Ministerio de Información y Turismo.

171. En 1963 por ejemplo ponía en guardia a los católicos españoles contra la utílización de los textos de Juan XXIII, afirmando que su aportación habla sido «ante todo de orden espiritual» (Articulo publicado en Ya, 4 de junio de 1960, cit. por Chroniques étrangères, noviembre de 1960) Así desautorizaba a los católicos que aducían los textos de Juan XXIII para denunciar el «carácter no cristiano» del régimen. En el epílogo de la traducción española de la encíclica Pacem in terris editada por la BAC y comentada por propagandistas en su mayoría, Herrera justificaba la falta de texto constitucional en España y la ausencia de una democracia parlamentaria, por «no ser apropiada para los pueblos latinos». Calificaba la revolución como «arma de pueblos inexpertos» y preconizaba la evolución «realizada por la autoridad» y que calificaba de «revolución inteligente, legal, dirigida, controlada»Citado por Chroniques étrangères, ibid.

172. En 1965, su director Vicente Marrero (del Opus Dei) dirigió una carta al episcopado español en pro de la unidad religiosa, que firmaron entre otros Blas Piñar López y Vegas Latapié (Mañana 10 de diciembre de 1965). Ignoramos si éste ha seguido perteneciendo a la ACNP. Piñar López parece haber sido dado de baja hacia 1973 cuando sus posturas comenzaron a ser embarazosas para la línea «moderantista» adoptada por Tarancón y seguida por Algora.

173. Citado por Chroniques étrangères, abril de 1963.

174. Así por ejemplo, en enero de 1974 se manifestaba en contra de la polémica suscitada en la prensa en torno a la sucesión de Franco, con ocasión del viaje de Juan Carlos de Borbón Borbón; estimaba que la polémica perjudicaba el prestigio de éste al que consideraba «libremente llamado por la mayoría de los españoles».

175. Comunicados de la Secretaría del Opus Dei en Italia y del Consejo Nacional de la ACNP, publicados en La Vanguardia, 24 de diciembre de 1970, reproducidos por Martínez Cuadrado, Anuario político español 1970, Madrid 1970, p. 650 y 651.

176. Puntos 2 y 4 del título II del ideario «Orientaciones sobre el pensamiento de la Asociación». La crítica ya no corresponde a miembros aislados de la ACNP sino a la organización en cuanto tal; en el comunicado citado (véase nota 175), con motivo del proceso de Burgos, el Consejo nacional de la ACNP informaba que «las declaraciones oficiales del pensamiento de la asociación sólo corresponden a sus órganos de gobierno». La crítica a la «pura eficacia» puede extenderse a la gestión de Silva Muñoz que preocupado por crearse una imagen de hombre público eficaz, emprendió numerosos proyectos sin considerar las incidencias negativas de su financiación sobre el presupuesto estatal; muchos proyectos fueron emprendidos otorgando condiciones excesivamente favorables a las empresas privadas concesionarias, pero gravosas para el contribuyente. Sin embargo, la razón fundamental de que no haya llegado a ser el líder de la ACNP, sucesor de Martín-Sánchez Juliá y de A. Martín-Artajo, parece haber sido las libertades que se ha tomado en su vida sexual, normales en países civilizados, pero reprensibles conforme a la moralidad acenepista.

177. Citado por Ibérica, febrero de 1974.

178. Ya, 17 de marzo de 1973, citado por Triunfo nº 599, 23 de marzo de 1974.

179. Cambio 16, nº 126, 20 de abril de 1974.

180. Algora, A.: «En la ceremonia de la des-confusión». Tele-Express, 11 de mayo de 1974. Según el punto 13 del «ideario» de 1974, «el cristiano puede sentirse llamado al desempeño de un cargo de autoridad». En tal caso debe decidirse «a la luz de la oración»

181. El 21 de diciembre de 1973 era tiroteado por la policía en Madrid Pedro Barrios González, que muere el 5 de enero de 1974. Era ajeno a la operación policiaca que se desarrollaba. Pocos días después la policía disparó en Alcobendas (Madrid) sobre un joven que se negaba a entregar su documentación (Francisco Madrigal, de 21 años). Otro era asesinado por la Guardia civil en Alicante. En las comisarías de San Sebastián y Valladolid dos estudiantes eran arrojados por la ventana. En esta última comisaría, el método se institucionalizó: el 18 de mayo José Luis Cancho Beltrán presentaba una denuncia por este hecho. De este último hecho daba cuenta El Norte de Castilla, 29 de mayo de 1974, citado por Triunfo, 8 de enero de 1974. Los anteriores son resúmenes de informaciones recogidas en OPE y otras publicaciones prohibidas en España.

182. A título de ejemplo, recordemos el secuestro de las revistas Hermano Lobo, Sábado Gráfico y Cambio 16; la prohibición de un coloquio sobre la situación en Portugal; la comparecencia ante el TOP de Cortés Cavanillas, colaborador del monárquico ABC (1 de mayo) por un artículo sobre la igualdad de los españoles ante la ley; de Herrera Losada, director de la agencia Europa Press (controlada por el Opus Dei) [2 de mayo], por una información de dicha agencia sobre la «asamblea de eclesiásticos»; del humorista Chumy Chúmez (3 de mayo), por una portada en la revista Hermano Lobo; el proceso del editor Carlos Barral (absuelto en junio) por la publicación de una obra de Antonin Artaud; el proceso del escritor mallorquín López Crespí.

183. De la Cierva Codorniú ha estado siempre ligado al equipo acenepista de Sánchez Bella y Cabanillas. Fue alumno de los jesuitas. Con anterioridad a su nombramiento como director general había sido director de la Editora Nacional, desde donde inició una campaña personal de tergiversación de la historia de la guerra civil, sobre la que ha escrito una obra distribuida en fascículos en los kioskos de periódicos. Sus ideas sobre la «libertad de información» son íntegramenteherrerianas. Siendo Director general recibió el premio Luque de Tena en enero de 1974; en él le habían precedido, entre otros los propagandistas Vegas Latapié, Pérez Embid (después miembro del Opus Dei) y José María Ruiz Gallardón.

184. La Vanguardia Española, 27 de marzo de 1974.

185. Mundo Diario, 9 de mayo de 1974 y El Socialista, nº 21, 1ª quincena de mayo de 1974, respectivamente.

186. La reunión tenida en Barcelona por los miembros del Instituto de Estudios Europeos, la Asociación española de cooperación europea (AECE) y la Liga española de cooperación (LICE), en mayo de 1974, reunió 200 asistentes. Entre ellos los propagandistas Joaquín Ruiz-Giménez y el marqués de la Vega Inclán. Las declaraciones públicas conjuntas fueron prohibidas por el gobernador de Barcelona. Sobre la reunión, véase Cambio 16, nº 132, 27 de mayo de 1974.

187. Además de la pertenencia señalada de José María Valiente, en el centro propagandista de Huelva se agrupan varios carlistas, entre ellos el expresidente de la Junta carlista de Huelva, el farmacéutico Vázquez Carrasco.

188. «En la ceremonia...», art. cit.