Juan Martínez Alier - La estabilidad del latifundismo

Conclusiones


En la Campiña de la provincia de Córdoba hay un sistema de producción latifundista, que coexiste con pequeñas y medianas propiedades cultivadas personalmente por sus dueños, y que ocupan aproximadamente la mitad de la tierra cultivada. He estudiado solamente las grandes fincas, los cortijos, y por tanto sólo una parte de la agricultura de la Campiña de Córdoba. Según como se mire, es la parte más interesante. La cuestión de los latifundios, en España y en otros países, ha influido y puede influir en el rumbo de la historia. La agricultura de pequeñas y medianas propiedades, que emplea en la campiña de Córdoba a la mayor parte de la población agraria -a la totalidad del trabajo familiar y a algo así como la mitad de los obreros asalariados-, y que es tan típica de Andalucía Baja como la agricultura latifundista, ha tenido desde esta perspectiva un interés mucho menor. Excepto tal vez como un testimonio del proceso de parcelación que desde hace siglos se viene dando, es decir, como una demostración viviente del destino que han corrido muchos latifundios.

Casi todos los cortijos se llevan directamente por sus dueños, y el resto por grandes arrendatarios. En otras épocas ha sido corriente, y en otros países lo es, que los latifundios se exploten con pequeños colonos y no con obreros asalariados. Eso no ocurre en Córdoba, excepto en una forma que ha cobrado incremento recientemente: los arrendamientos y aparcerías anuales para algunos cultivos.

En la agricultura de la campiña andaluza, ni las condiciones ecológicas ni el estado de la tecnología han determinado, de manera rigurosa, el sistema de producción. Dos sistemas coexisten: el latifundista y el de pequeña y mediana propiedad. Y el sistema de producción latifundista podría haberse transformado, y en realidad casi lo hizo en algunas épocas, ya en un sistema de producción consistente en pequeños colonos que pagaban rentas a los propietarios o grandes arrendatarios, ya en uno de pequeños propietarios independientes, o en colectividad: sistemas perfectamente viables ecológica, técnica y económicamente, aunque no lo han sido política y socialmente.

El sistema productivo latifundista establece las posiciones sociales respectivas de propietarios y obreros, y fija el carácter de las relaciones entre ellos. Las actitudes y creencias respectivas pueden explicarse a partir de las relaciones de producción, es decir, de las relaciones que los hombres establecen para producir. Este es un enfoque que ha probado ser fructífero en mi análisis de la estabilidad de la estructura agraria latifundista andaluza.

Y al enfocar así mi análisis, se dejan, pues, de lado, o apenas se tocan, las actitudes y creencias de ambos grupos, y las instituciones, que parecen marginales. Por ejemplo, la vida familiar de propietarios y obreros, la función de las "sabias" y de los gitanos en la estructura social, los festivales de Semana Santa o el que a los nativos de un pueblo se les llame cucos, mientras a los del vecino se les llama malenos..., cuestiones que han sido tratadas por otros investigadores de la vida social andaluza. Tampoco he estudiado muchos de los aspectos económicos de la agricultura latifundista, ni he analizado con detenimiento si ese tipo de estructura agraria es un estímulo o un freno al desarrollo económico. No me he ocupado de la población no agraria, y de la agraria sólo de los obreros sin tierra y de los mayores propietarios. No es, pues, ni un estudio de la sociedad rural andaluza ni un estudio de la economía agraria latifundista -aunque he prestado atención especial a la utilización del trabajo.

He analizado primero el conflicto que existe, al nivel de intereses y al nivel ideológico, entre obreros y propietarios, y he tratado de explicar cómo se resuelve. El conflicto lo he analizado desde el punto de vista de los obreros, quienes ven la sociedad dividida en dos grupos en lucha, definidos como: "nosotros" -los que trabajamos...- y "ellos" -los que no trabajan... Los obreros aspiran al "reparto" de los cortijos, y tienen intereses comunes, de los que son conscientes, con respecto a empleo y jornales, intereses que tratan de defender mediante la "unión".

Hemos visto que a las diversas soluciones que el conflicto podría tener, corresponden diversos elementos de la conciencia obrera. La aspiración al "reparto" persiste, y esta sería una de las maneras hipotéticas de resolver el conflicto: una manera revolucionaria. Las posibilidades prácticas de llegar a ello son muy escasas, a juicio de los propios obreros: ellos ven la situación mas bien como una situación de predominio total de la clase dominante. Sin embargo, hasta el momento, no ha desaparecido la aspiración al "reparto", y en consecuencia, al creer que sería justo y razonable que los cortijos fueran de los obreros, éstos están poniendo muy en duda la legitimidad de la propiedad y de la autoridad de la clase dominante. Un síntoma de esa acusación de ilegitimidad es el nombre que los obreros dan siempre al dueño del cortijo donde trabajan: "el señorito".

La clase dominante no acepta como válida la aspiración al "reparto", pero acepta hasta cierto punto la defensa que los obreros hacen de sus intereses y también algunos de los medios, pero no todos, que utilizan. Instituciones tales como el salario mínimo, el pago de salarios proporcionados al esfuerzo, el reconocimiento de que el paro es un mal que se debe "remediar", la admisión, más o menos sincera, de que no se debe pagar menos de lo legislado o acordado, de que no se debe emplear mujeres mientras haya hombres en paro, de que hay que distribuir equitativamente entre todos los obreros las subvenciones para obras municipales en épocas de paro; las discusiones sobre salarios, horarios, "camino", descanso dominical, etc., son ejemplos de intereses y métodos de defensa de intereses de los obreros que la clase dominante acepta. No acepta otros, como la prohibición de destajos y aparcerías, la organización de sindicatos, o las huelgas.

Son los obreros los que más esfuerzo han de hacer para adaptarse a esa situación de tregua en algunos de los frentes de la batalla. Tanto se han de adaptar, tantos de los elementos de su moralidad propia han de abandonar, que a su juicio todas esas concesiones de la clase dominante carecen de importancia, son triviales. Por eso dicen, "estamos muy esclavituaos", indicando cómo su cooperación en el sistema productivo se logra, a su juicio, a la fuerza. Pero en la visión dicotómica de la sociedad tanto está implícito el deseo de cambiarla radicalmente como, siendo prácticamente irrealizable este deseo, la aceptación del presente estado de cosas. Así, al mismo tiempo, y como una forma de alienación de la conciencia obrera que les hace tolerable la inevitabilidad del trabajo, han internalizado la obligación de "cumplir". Que "cumplir" en el trabajo es algo bueno, es una creencia que comparten ambas clases. Su continuada existencia depende todavía de que la balanza de poder se mantenga a favor de la clase dominante; aunque la obligación de "cumplir" no se resiente, sino al contrario, aunque esté interiorizada, los rendimientos en el trabajo parecen descender algo, sin embargo, en épocas de relativa escasez de obreros -la situación hacia 1959-1963. Y los obreros vuelven -muy esporádicamente, pero vuelven- a actuaciones tales como "brazos lentos" y "sabotajes", que se pueden interpretar como formas de resistencia pasiva generadas por la negación de la legitimidad social de la autoridad de los "señoritos" -es decir, como un desafío para que se emplee fuerza, siendo la fuerza la única razón que les hace posible el mandar-; también se pueden interpretar como formas emotivas de lucha, no racionales como son las que derivan de la "unión".

Aunque los obreros cooperan en el sistema de producción latifundista, aunque poseen elementos en su cultura que favorecen esa cooperación, poseen asimismo evidentemente elementos contrarios a ella. Y esa dualidad en el sistema de valores -o, mejor dicho, conjunto de valores- de los obreros se resuelve prácticamente por la presencia o la amenaza de la fuerza: la necesidad económica, el temor a la represión política, y la represión real cuando es preciso, logran que los obreros actúen de hecho de acuerdo con aquellos de sus valores que favorecen su integración, su cooperación, en la estructura agraria latifundista. Así se impide el cambio revolucionario en la estructura agraria latifundista, un cambio que sería el resultado natural del conflicto al nivel ideológico. La balanza de poder existente hace imposible el "reparto" revolucionario.

Pero éste no es el único camino que lleve al cambio en el sistema de producción latifundista. Hay otras fuerzas, de carácter económico, engendradas también dentro de la propia estructura, que pueden conducir a que la tierra pase a manos de quienes la trabajan. La presión sobre los costes de trabajo que proviene de la "unión", podría llevar a que los latifundistas prescindieran del uso de trabajo alquilado en el mercado de trabajo, y consintieran en dar tierra a los obreros en arrendamiento o aparcería, y posiblemente en venta. Este proceso estaba ya avanzado, cuando llegó el "reparto" revolucionario y la guerra civil en 1936. La presencia y la amenaza de fuerza y la pobreza de los obreros controlan los aspectos peligrosos de la "unión", lo que hace disminuir parcialmente este riesgo, que proviene del conflicto al nivel de intereses, dentro de la estructura existente, y de los métodos empleados por los obreros para defender los suyos.

El incremento en los costes de trabajo puede también ocurrir con la ayuda de otros factores: la escasez de obreros por la emigración, y el descenso en los rendimientos en el trabajo. Esos son factores que han intervenido recientemente, y que han motivado un incremento en la cantidad de tierra que se da en arrendamiento o aparcería.

Al estudiar la actitud de los latifundistas respecto al empleo de obreros, he desarrollado este tema. He sostenido que los propietarios podrían reducir sus costes de trabajo dando tierra en arrendamiento o aparcería a los obreros, cambiando así en cierto modo la estructura agraria: las relaciones entre latifundistas y obreros sin tierra serían sustituidas por relaciones entre latifundistas y aparceros o arrendatarios. He analizado las razones de que, desde un punto de vista económico, a los propietarios les convenga realizar esta modificación, sobre todo con respecto a cultivos intensivos. Esas razones son dos: la primera, que hay trabajo disponible -horas y días de trabajo-, cuyo empleo contribuiría a incrementar la producción y que los propietarios no emplean ahora ya que estiman que la productividad sería inferior al coste; dado el ritmo estacional de la actividad agraria y sus variaciones de año a año, es inevitable que en muchas épocas el salario vigente sea superior al de equilibrio. La segunda, que hay trabajo disponible -no sólo en horas y días, sino en un mayor esfuerzo-, que los propietarios tienen ahora que pagar como ocurre en los destajos, y que no tendrían que pagar o por lo menos pagarían a un precio inferior, si los obreros se convirtieran en arrendatarios o aparceros.

A pesar del beneficio que los latifundistas podrían conseguir, su resistencia a conceder arrendamientos o aparcerías es grande. A veces lo hacen, cuando debido al incremento en los costes de trabajo no tienen más remedio como ha estado sucediendo últimamente, y como estaba ocurriendo antes de la guerra civil. Aun entonces, procuran disimular el hecho de que están renunciando a su condición de "labradores", de "empresarios agrícolas" como ellos se llaman a sí mismos. Porque si bien resultarían económicamente favorecidos si dejaran a los obreros que se convirtieran en aparceros o arrendatarios, por otro lado, desde otra perspectiva, perderían así la posición en que han basado su legitimidad social; demostrarían que son en verdad superfluos en el proceso productivo, una acusación que los obreros hacen continuamente y de la cual el gobierno y la opinión pública se han hecho eco en algunas épocas, con los proyectos y polémicas sobre reforma agraria. Hay pues una cierta incompatibilidad entre los fines económicos de los latifundistas -que en general muestran un alto grado de racionalismo económico- y su posición social. Y por tanto, aunque la estructura agraria latifundista lleva en sí misma las semillas económicas de su destrucción se estabiliza, o cambia sólo lentamente, porque los propietarios sacrifican su ganancia económica potencial en aras de establecer la legitimidad de su posición frente a la utopía del "reparto" y frente a los rumores de reforma agraria.

Otra forma posible de legitimación, su adopción de un papel "paternalista", fracasa cuando se intenta, y es poco frecuente.

A mi análisis de las actitudes de los propietarios he incorporado varios hechos importantes referentes a las actitudes de los obreros: su aspiración al "reparto", sus acusaciones de disfuncionalidad de "el señorito"- y también el que no se ofrecen por menos de las "bases", el que la "unión" ejerce una cierta presión alcista sobre los salarios, el que se trabaja menos en un cortijo precisamente por ser un cortijo, el que "se trabaja según se gana": factores éstos que contribuyen a la diferencia entre coste privado y coste "social" del trabajo asalariado. Al despilfarro que resulta -hay trabajo disponible que no se usa, hay "tierra sin hombres y hombres sin tierra"- se refieren los obreros cuando dicen "trabajo hay pero no lo dan": un hecho que refuerza su creencia en lo razonable de un "reparto" Como también la refuerza la otra posibilidad alternativa: el que algunos se conviertan en arrendatarios o aparceros, lo que a su juicio demuestra claramente su capacidad para llevar la tierra. Cualquiera que sea la decisión de los propietarios, los obreros tienen un buen argumento para apoyar la aspiración al "reparto".

La cuestión de los latifundios, en el sur de España, y en general en otros países, se ha discutido a menudo como una cuestión de tamaño: como si ésta fuera la variable crucial. El tamaño por sí solo no explica las tendencias y las resistencias al cambio. El tamaño de las fincas no determina el que se emplee obreros asalariados; podría haber fincas de gran tamaño en manos de los propios obreros, como pequeños colonos, como colonos en arrendamiento colectivo.

El tipo de trabajo, el que se emplee trabajo alquilado, es la variable que explica, a mi juicio, la inestabilidad potencial del latifundismo. Por razones económicas, presentes siempre en este tipo de sistema de producción, convendría a los propietarios sustituir los obreros asalariados por arrendatarios y aparceros, tanto más cuanto mayores sean las posibilidades de ejercer presión sobre el nivel de salarios mediante la acción sindical. Al mismo tiempo, este riesgo de ceder la tierra a los que la trabajan, sumado al del "reparto" revolucionario y a las amenazas contra los propietarios absentistas, riesgos que los propietarios conocen muy bien, explican el tipo de ideología que éstos han desarrollado, y que frena, por lo menos algo el proceso de conversión de los obreros en colonos -y posiblemente, poco a poco, en propietarios, según en que coyuntura económica: eso ha ocurrido lentamente en Andalucía desde hace muchos años, al compás de la intensificación de los cultivos.

El paso revolucionario, no gradual, de "la tierra a quienes la trabajan", una aspiración que proviene de las características estructurales del sistema de producción latifundista, se produciría seguramente como casi ocurrió, si la represión, el temor a la represión y la necesidad económica no impidieran la existencia de un movimiento político encaminado a lograrlo. También impiden una fuerte acción sindical basada en la "unión" que fácilmente podría hacer aumentar los costes de trabajo de manera prohibitiva. El mismo radicalismo de los obreros, tan previsible en ese tipo de estructura agraria, explica la represión.

Así se cierra mi interpretación. Al mismo tiempo que he analizado las razones de la inestabilidad de la estructura agraria latifundista, he puesto de manifiesto cuáles son las condiciones de su estabilidad. Condiciones que son respuestas al desafío de los obreros, y que resultan de la convicción -muy justificada- que la misma clase dominante tiene de que esa estructura es muy fluida.

Hay pues fuerzas, dentro del sistema de producción latifundista, que tienden a modificarlo -a realizar una "reforma agraria" espontánea- y hay fuerzas que tienden a conservarlo. Entendiendo por "reforma agraria", en su significado tradicional, la redistribución de la tierra (lo que incluiría el "reparto", económicamente equivalente a una expropiación sin indemnización) o de derechos sobre la tierra (lo que incluiría aparcerías y arrendamientos, económicamente equivalentes a una expropiación con la indemnización valorada a precio de mercado: una especie de colonización demócrata-cristiana). Sería espontánea ya que surge del propio sistema, sin la intervención del Estado -aunque la política fiscal, o de salarios y precios puede acelerar o retrasar el cambio y aunque la política de represión es esencial para frenarlo. Son fuerzas que provienen en gran parte de las características estructurales que tiene la actividad agrícola, cuando se desarrolla en latifundios con numerosos obreros asalariados. Tal vez, para ponerlas en movimiento, sea necesario una pequeña ayuda exterior: tanto la utopía del "reparto" como la ideología del "empresario agrícola" necesitan propagandistas; pero el terreno es fértil.

En el caso concreto de Andalucía, de la región de la Campiña en la provincia de Córdoba que es la que he estudiado, la "reforma agraria" espontánea no llegará. Aparte de las condiciones que impiden el cambio y que se dan vigorosamente, la emigración de los obreros al norte de España, a Francia, a Alemania, en plena expansión, es extraordinariamente intensa, como también lo es la sustitución de trabajo manual por medios mecánicos y químicos. Las necesidades de trabajo se van a reducir drásticamente, y el carácter de las relaciones sociales cambiará. Así pues, mi análisis, aunque explica lo que ha ocurrido y lo que ha podido ocurrir en la estructura latifundista andaluza, no tiene un valor predictivo para Andalucía, debido al factor excepcional de la rapidísima despoblación que se avecina. Esta forma de resolver las tensiones generadas por el sistema de producción latifundista no se va a dar muy frecuentemente en otras regiones del mundo, donde las posibilidades de emigración son muy inferiores y donde la tasa de natalidad es más alta que en Andalucía.

Mi estudio tiene pues ciertas pretensiones teóricas. Es decir, puede proporcionar hipótesis para estudiar situaciones análogas. Se podría subtitular "Antecedentes para una reforma agraria". Las fuerzas que operan en la estructura latifundista andaluza es muy probable que existan, o lleguen a existir, en otras regiones latifundistas. Saber cuál es la dirección probable en que se va a mover el sistema de producción latifundista, y saber cuales pueden ser las condiciones de su forzada estabilidad, son antecedentes a tener en cuenta para quienes predican distintos programas de reforma agraria.

Fuera de mi análisis queda la consideración de la estabilidad del latifundismo cuando el trabajo lo proporcionan mayormente colonos. Esta situación existía en la campiña andaluza hace treinta o cuarenta años y es la usual en otras regiones latifundistas del mundo, como en muchas de América latina.

Es útil distinguir entre dos clases de explotación indirecta de los latifundios: 1) el colonato tradicional, tal como existe aun en los países andinos, en que el propietario no aspira a maximizar beneficios, sino a conservar la tradición en que basa su legitimidad; 2) el colonato rentable, en que la remuneración del colono tiene la función de un salario con incentivo.

Cualquiera de estas dos formas parece ser incompatible con la ideología del "empresariado agrícola" que seguramente se va a difundir en América Latina. Es muy posible que el estímulo inicial a su adopción no provenga de la aspiración equivalente a la del "reparto", sino más bien de las amenazas, más o menos serias, de las leyes de reforma agraria promulgadas en los últimos años (1). Así, por ejemplo, la Ley de Reforma Agraria peruana (1964) "...considera que la propiedad rural no se usa en armonía con el interés social en cualquiera de los siguientes casos: ...b) Subsistencia de formas antisociales o feudatarias de explotación de tierras" (artículo 13). Y "son feudatarios los Colonos, Yanaconas, Aparceros, Arrendires, Allegados y otras formas similares de explotación indirecta de la tierra, vinculada a la prestación de servicios personales con retribución salarial o sin ella" (artículo 17) (2).

¿Por qué los gobiernos amenazan así, y qué intereses va a servir en definitiva esa amenaza? Puede ser que el origen esté en algo tan simple como la presión internacional contra la supervivencia de un modo de producción feudal. Además, los propietarios probablemente se beneficiarán económicamente al prescindir de algunas de las formas tradicionales de explotación -en las que el trabajo se paga con el uso de un trozo de tierra: un tipo de remuneración que seguramente no es un incentivo al esfuerzo-, y al sustituirlas por la conducción directa con obreros asalariados o con formas rentables de explotación indirecta disfrazadas o no como contratos de trabajo, o participación en beneficios, según sea de fuerte el prejuicio del legislador contra arrendamientos y aparcerías. Por ejemplo, un estudio sobre la reforma agraria boliviana en la que se ha tendido cada vez más a glorificar la imagen empresarial de los grandes propietarios que quedaron, cita "el testimonio del Dr. Enrique Levy Meruvia, quien... refiriéndose a aquellos casos en los que el latifundista conservó una mediana propiedad que la volvió a trabajar no con maquinarias ni capital sino por el sistema de compañía con sus ex-colonos [y] puntualiza que estos contratos, que fueron respetados, "han determinado una paradójica situación para la mentalidad reaccionaria de algunos terratenientes: han recibido mayor cantidad de productos que la que cosechaban cuando toda la tierra era suya y cuando los trabajadores campesinos estaban sujetos a la servidumbre" (3).

Es posible que algunas de las formas de explotación indirecta en América Latina -no todas- sean en realidad formas rentables, a pesar de su apariencia antigua. El criterio para distinguirlas es notar si la participación del colono -en el producto, en tierra o mixta- cambia cuando cambian las circunstancias económicas. Varios de los informes del CIDA insisten que así ocurre, incluso cuando se trata de formas que se podría estar tentado a calificar de feudales por cuanto el colono debe prestar servicios, días de trabajo en las tierras del dueño. Parece que algunas de estas formas son tipos de remuneración cuidadosamente calculados para lograr la disminución en los costes de trabajo. En estos casos, como cuando se trata de aparcerías y arrendamientos tan claramente capitalistas como los de Andalucía, el sacrificio del latifundista al renunciar también a esas formas rentables de conducción indirecta puede ser el precio que deba pagar para demostrar que ya no es un señor feudal, que ya se ha convertido en empresario. Al mismo tiempo, al aumentar la presión demográfica, puede ser que el sacrificio de emplear obreros asalariados en vez de formas rentables de explotación indirecta sea menos doloroso.

La nueva clase agraria latino-americana, o la vieja clase con la cara remozada se va a definir probablemente como empresarial. Al mismo tiempo habrán de convertir el trabajo servil en trabajo asalariado, remunerado en diversas formas, si no se ha convertido ya. Y entonces se utilizará el trábalo disponible, si no se utiliza ya, en forma que resulta privadamente provechosa y socialmente pródiga. Así se da, sin quererlo, impulso y base razonable a la aspiración al "reparto" dirigida a lograr que la tierra y el trabajo se empleen plenamente.

También es posible que el latifundismo desemboque en un sistema de arrendamientos y aparcerías que no despilfarre el trabajo disponible y que proporcione rentas sabrosas a los propietarios. Este es un caso que no he considerado porque no se da en Andalucía, y cuando se dio, antes de la guerra civil, fue superado temporalmente por el "reparto" revolucionario.¿Sería ese sistema estable sin tener que recurrir al auxilio de la represión y la pobreza? Evidentemente es incompatible con la ideología empresarial, ya que la disfuncionalidad del perceptor de rentas es patente. Habría un fuerte estímulo para pedir que la tierra fuera de quienes la trabajen.

La adopción de la ideología del "reparto" se estableció firmemente en Córdoba por obra de la propaganda anarquista. Es muy posible que cualquier otra ideología que predique lo mismo, aunque se diferencie en otros aspectos, como en la actitud hacia el poder político, puede jugar un papel similar en otras regiones de latifundismo. Lo importante es notar como una ideología de este tipo contribuye primero a destruir lo que reste de la legitimación tradicional, y destruye después la legitimación racional, que es imposible porque en la naturaleza del latifundismo no patriarcal está el despilfarro del trabajo -lo que es de una irracionalidad manifiesta- y el que los propietarios puedan considerarse plausiblemente como innecesarios en el proceso productivo, dada la relativamente simple organización técnica y administrativa que exige la actividad agraria, aun si se aprovechan las economías de dimensión. Se pasa directamente del "amo" natural al "señorito" aberrante, sin pasar por el "labrador", "empresario", "manager" funcional. En América latina se está tal vez en varios países en la última etapa de la vigencia del "amo", del "patrón", tanto desde el punto de vista de los trabajadores como de los propietarios y de los gobiernos. Y la alternativa será un recrudecimiento de la violencia y un mantenimiento de la pobreza y de la ignorancia como controles; o bien un "reparto". No será, dada la probable ideología de los obreros, fundamentada en la propia estructura agraria latifundista, un pacífico capitalismo agrario.

Las dos conclusiones finales del estudio del CIDA sobre el Brasil (4) son que las relaciones humanas en el campo se basan "en el poder, no en la ley", y que el latifundismo resulta en "beneficios privados y despilfarro social", y a conclusiones similares llegan varios de los informes sobre otros países, aunque no las formulan con tanta fuerza. Mi hipótesis es que los campesinos no aceptarán, o no aceptan ya, la legitimidad del latifundismo porque no considerarán como necesaria la actividad de los grandes propietarios, y más aun, la considerarán como nociva por cuanto utilizan "mal" los recursos de trabajo y tierra disponibles. Si ya no son señores feudales con la obligación de acoger a sus siervos, sino empresarios modernos, los tienen que utilizar "mal" y peor aun si son "absentistas" prescindiendo más o menos a propósito de mano de obra para conservar una reserva de trabajo -una acusación que se les hace frecuentemente, pero que es difícil verificar.

Y si los obreros no aceptan la legitimidad del latifundismo, las relaciones sociales se han de basar en el poder, en la fuerza, no en la ley. La violencia es parte integral del latifundismo, y no se debe a los malos sentimientos de propietarios y autoridades, sino al rechazo comprensible por los obreros de un tal sistema. Las dos conclusiones, que son las mías, del estudio sobre el latifundismo brasileño son interdependientes: se condicionan recíprocamente.

Hay aun otro camino, el camino actual en Andalucía: los latifundios permanecen y los obreros se van. La emigración masiva -del tipo propuesto en la "Operación Colombia", por ejemplo- y la sustitución del trabajo por máquinas y medios químicos resultaría en una estructura agraria no muy distinta a la de algunas regiones de Inglaterra, de Francia o de Estados Unidos, para poner ejemplos de países donde la cuestión agraria hace ya tiempo que desapareció de las polémicas políticas. Es indudable, sin embargo, que esa emigración masiva no será, en la mayor parte de los países de América latina, una alternativa practicable; la población rural de esos países crece al dos o tres por ciento anual; el empleo en el sector no agrario debería crecer a un ritmo totalmente implausible, tanto más teniendo en cuenta que el empleo en el sector industrial apenas va a crecer dada la tecnología que se importa, y teniendo en cuenta que el sector servicios está ya más que repleto. Por supuesto, es muy posible que resulte provechoso sustituir trabajo por máquinas y herbicidas, aun sin que disminuya la población agraria; eso puede convenir a los latifundistas tanto por motivos de rentabilidad como por consideraciones "absentistas", es decir, para prescindir de obreros por motivos más o menos racionales; y también, posiblemente, para complicar la organización técnica de sus empresas. El resultado sería una manifestación más del conflicto entre lo que a los propietarios conviene y lo que a los obreros conviene, y agudizaría las contradicciones que ya existen sin que cambien las "fuerzas productivas".

En cuanto al empleo de la población agraria en la misma agricultura, en las tierras disponibles, éste es en realidad el problema que estamos discutiendo cuando esas tierras disponibles están controladas por los latifundistas. Cuando no lo están -cuando son tierras públicas o cuando se aumenta la capacidad de empleo por irrigación-, la capacidad económica del país puede poner rápidamente límites a esta actividad. No obstante, es obvio que esta es una manera, más o menos factible, de disminuir algo la presión de los hombres sin tierra sobre la tierra sin hombres, sin alterar la estructura agraria y social latifundista, como lo haría una reforma agraria, espontánea o gubernamental.

En este libro he hablado mucho de ideologías. Mi análisis se puede también usar ideológicamente, como un argumento "científico" en contra del latifundismo, si se aceptan las premisas de valor de que la represión es mala, una disminución del desempleo es buena, y un aumento en la producción aunque sea pequeño, es bueno. Pero si se acepta como premisa de valor fundamental, como tanta gente lo hace, que la concordia social, la colaboración pacífica entre clases, es aun mejor, mi análisis puede servir para justificar el aumento de la actividad en contra de las ideas disolventes de los obreros, y a favor de la prohibición y control de la sindicalización hasta que en la conciencia obrera triunfen las vigencias de cooperación sobre las de conflicto, por muy fundamentadas que sean éstas -o para que no se difundan, si el análisis se aplica a otras regiones de latifundio donde recién están llegando. Así podrían vivir en paz las dos clases, bien como patronos y obreros, bien como propietarios y colonos.

La forma de presentación de mi análisis, y los comentarios gratuitos y algo demagógicos que a este efecto he incluido de cuando en cuando, creo que hacen claro que mis valores son los primeros. Y mi análisis, espero, hace claro que son incompatibles con los segundos, al juzgar el latifundismo.

En una estructura agraria latifundista del tipo andaluz, si existe la conexión entre relaciones de producción e ideologías que he explicado -y creo que es probable que exista-, quien está a favor de la concordia social, de la sociedad "integrada", está a favor del desempleo y de la represión; y quien quiere que desaparezcan el desempleo y la represión, está a favor de algo muy serio: un cambio, posiblemente revolucionario, en la distribución de los medios de producción, y por tanto de la estructura social y de poder, que tal vez no podría restringirse solamente al campo.

En la medida que el latifundismo cuenta en la historia de España (5) -y en la medida que mi análisis sea adecuado-, se explica así la derrota del liberalismo y el triunfo del maximalismo. Los actores han adoptado actitudes -razonables según mi análisis- para cambiar, o para impedir el cambio del latifundismo. Por un lado, los obreros han creído que era razonable, como técnicas para luchar contra el desempleo, tener "unión" y conseguir un "reparto". Por otro, los propietarios, ante estas demandas maximalistas pero inevitables, han tenido que impedir, represivamente, la "unión" que es incompatible con el latifundismo, y las actividades encaminadas al "reparto". En cuanto les ha sido posible, se han resistido también a ceder tierra en arrendamiento y aparcería a los obreros, ya que de otro modo la legitimidad de su posición se hubiera puesto aun más en duda; pero así, al dar trabajo a obreros asalariados con criterios de rentabilidad, han perpetuado una situación en que hay "tierra sin hombres y hombres sin tierra", que a su vez explica el desempleo y por tanto la existencia de "unión" y de la aspiración al "reparto". El Estado ha contribuido a esta situación, con sus amenazas anti-absentistas y sus elogios al propietario capitalista que no cede tierra en explotación indirecta, y ha llevado a cabo la política represiva esencial para la continuación del latifundismo, hasta el día en que desaparezca la amenaza de revolución agraria por la expansión de los otros sectores de la economía y la conversión de los revolucionarios obreros campesinos en reformistas obreros ciudadanos, o en oficinistas. Una evolución que es ahora probable en España e improbable en otros países donde hay también latifundismo.


Juan Martínez Alier
Septiembre de 1966


NOTAS

1. Tal vez no solamente en América latina. También en India el programa de reforma agraria "ha eliminado o limitado la explotación de la tierra por los propietarios no-cultivadores (es decir, absentistas) y ha dado ánimos al crecimiento de la agricultura capitalista". (Hamza Alavi, "Peasants and Revolution", The Socialist Register 1965, edited by R. Milliband and J. Saville, Londres 1965, p. 271).

2. Otros ejemplos. El programa agrario del Partido Demócrata Cristiano chileno dice (2,d): "Absentismo del propietario -Todos los predios que no son trabajados personalmente por sus dueños, sino en forma indirecta mediante arrendamiento, mediería, aparcería u otros sistemas de explotación por terceros y que para sus propietarios constituyen un simple medio de rentabilidad o recreo, quedarán sujetos a expropiación total". Y la Junta Militar de Ecuador, en la exposición de motivos a la Ley de Reforma Agraria de 1964, se lamentaba característicamente de que "en general, pero especialmente en el caso del latifundio, falta el auténtico empresario agrícola; la posibilidad de gozar de una alta renta de la tierra... ha llevado a un absentismo generalizado y a la proliferación de formas precarias de tenencia".

En Chile tiende a disminuir el número de inquilinos. También en los países andinos tienden a desaparecer las formas de colonato tradicional, que en Bolivia fueron suprimidas en la Revolución de 1952. El texto siguiente, de la Sociedad Nacional de Agricultura chilena, en 1962, indica cómo la "participación de beneficios" se ve como una solución no incompatible con la ideología empresarial: "...los empresarios agrícolas tienen conciencia de la responsabilidad que les incumbe", y "especialmente la Sociedad patrocina el establecimiento de sistemas de participación a favor de los obreros, ya sean ellos sobre los ingresos brutos o líquidos de la empresa a fin de crear una verdadera solidaridad en el trabajo". El estímulo en este caso tal vez proviene, parcialmente, de los comienzos de un movimiento obrero de que da cuenta el mismo texto: el primer congreso campesino "de claro control y organización comunista". (Documentos citados en Osear Delgado (ed.). Reformas Agrarias en la América Latina, F.C.E., México, 1965, p. 580, 697, 292, 305. La palabra empresarios la subrayan ellos mismos. Se puede profetizar, sin gran riesgo, que pronto se fundarán Escuelas de Empresarios Agrícolas).

Como en España la ideología empresarial se traduce, en el terreno jurídico, en la defensa de la doctrina de la función social de la propiedad -esto es, del propietario. Los tratadistas de derecho agrario latinoamericanos mencionan con frecuencia esta doctrina, ilustrada con citas de Duguit. El corolario es, naturalmente y con palabras de uno de esos tratadistas, que hay "un privilegio de mayor seguridad jurídica en favor de las (fincas) explotadas directamente por el dueño". (A. Aguilera Camacho, Derecho agrario colombiano, Bogotá, 1962, p. 235). El símbolo de justificación de los latifundistas es la explotación directa. Las amenazas de los distintos gobiernos contra los propietarios que eligen la explotación indirecta no son pues gratuitas. (Frente a esto, las recomendaciones del último informe del Banco Mundial y la FAO sobre la agricultura española, en 1967, sobre la conveniencia de fomentar los arrendamientos para fomentar la producción en las zonas latifundistas, pecan de ingenuas).

3. A. Canelas, Mito y realidad de la reforma agraria. La Paz-Cochabamba l966, p. 208.

Rafael Baraona ha dicho (Una tipología de haciendas en la sierra ecuatoriana, en Óscar Delgado, op. cit., p. 695: "el terrateniente remozado... el terrateniente transformado... reduce su dotación de mano de obra a sus verdaderas exigencias y se muestra dispuesto a remunerarla mediante salario. Las investigaciones realizadas permitieron determinar que estos pagos en efectivo son universalmente inferiores al equivalente de los ingresos compuestos (explotación de una parcela, crianza animal, y salario reducido) de los trabajadores de vinculación tradicional. En suma, el paso de huasinpunguero a asalariado implicaría, para aquellos que lo logran, un descenso en sus ingresos reales", y por tanto un aumento para los propietarios, que pasan a comportarse como capitalistas, como empresarios, con respecto al empleo de mano de obra, aunque tal vez no tanto con respecto a la acumulación de capital. Se pasa a una situación análoga a la que se ha dado en Andalucía desde hace por lo menos cien años.

Esa es la evolución que Max Weber indicaba que ocurría a finales del siglo pasado en la Alemania al este del Elba, y que él lamentaba porque los obreros que se contrataban temporalmente y que estaban progresivamente sustituyendo a los semi-siervos permanentes de vinculación tradicional eran eslavos y no germanos (Die Verhältnisse der Landarbeiter im Ostelbischen Deutschland, 1892)

4. Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, formado por FAO, OEA, BID, CEPAL, IICA: Land Tenure Conditwns and Socio-Economic Development of the Agricultural Sector, Brazil, Unión Panamericana, Washington, 1966, p. 562 y 573.

5. Hay que tener en cuenta que en 1936 sólo uno de cada diez españoles activos era un obrero sin tierra en la zona latifundista; ahora es aproximadamente uno de cada veinte.