Antonio González, Público, 21/01/2011
Poco parecen importarle al Gobierno los últimos desplantes de la Iglesia católica, así como sus furibundos ataques contra algunos de los pilares de la política desarrollada desde 2004 por José Luis Rodríguez Zapatero, como la reforma de la Ley del Aborto o la regulación del matrimonio entre personas homosexuales. También parece que el Ejecutivo ha olvidado el mal sabor de boca que dejó en noviembre la última visita a España de Joseph Ratzinger que, pese a ser tratado con los máximos honores, denunció la existencia en España de un laicismo «fuerte y agresivo» como el de los años de la II República.
Un par de meses después de esa polémica, y cuando sólo hace unos días que el Papa cargó desde el Vaticano contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, el Gobierno puso ayer a disposición del máximo jerarca católico todos los medios necesarios para que su próximo viaje a España, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, sea todo un éxito.
En concreto, el Gobierno movilizará a siete de sus 15 ministerios Exteriores, Trabajo, Cultura, Interior, Defensa, Fomento y Presidencia para colaborar en la organización del evento, que se celebrará en Madrid del 16 al 21 de agosto. El compromiso del Ejecutivo se concretó ayer en una reunión mantenida por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui; con el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela; el nuncio del Papa en España, Renzo Fratini, y el coordinador de los viajes de Joseph Ratzinger, Alberto Gasbarri, entre otros.
El presupuesto
Los organizadores del acto religioso, que prevén una asistencia de un millón y medio de personas, manejan un presupuesto de unos 50 millones de euros, una cifra similar a la de otras ediciones de la misma celebración en otros países, aunque la cifra final podría ser menor porque «esta tiene que ser la Jornada Mundial de la Juventud de la crisis», según informaron a Público fuentes de la organización.
El comité organizador de la Jornada afirma que el evento se autofinanciará con las aportaciones de los propios peregrinos, que pagarán entre 30 y 210 euros por cabeza según la duración de la estancia y el país de procedencia de cada uno, y con los patrocinios de empresas y los donativos particulares. A su juicio, los peregrinos pagarán dos tercios del coste previsto y las empresas, que se beneficiarán de importantes beneficios fiscales, el tercio restante.
La aportación pública
En este cómputo de 50 millones no entra, sin embargo, el coste que supondrá la celebración católica para las arcas públicas, cuya cuantía sigue siendo un misterio, aunque según algunas estimaciones ya publicadas por este diario podría duplicar la citada cifra. Y es que las tres administraciones implicadas en el evento Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid pondrán a disposición de Joseph Ratzinger numerosos recursos humanos y materiales para garantizar la organización, la seguridad y el alojamiento de los millares de jóvenes que llegarán a la capital de España en esos días de agosto.
«Cordialidad y colaboración»
En lo que se refiere al Ejecutivo central, el Ministerio de la Presidencia detalló ayer, tras la citada reunión, que se celebró en un «clima de cordialidad y colaboración», que unos 6.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velarán por la seguridad de los asistentes. Además, los jóvenes de fuera del espacio Schengen (sobre todo de Suramérica y África) que llegarán a España para participar en la celebración 23.000 de un total de 240.000 inscripciones registradas a día de ayer podrán sacarse el visado gratis.
Asimismo, el Ministerio de Defensa ha cedido el uso del aeródromo de Cuatro Vientos para la vigilia y la misa con Benedicto XVI, que tendrán lugar el 20 y el 21 de agosto.
En cualquier caso, el principal apoyo del Estado a la Jornada llegará en forma de desgravaciones fiscales para las empresas que decidan aportar fondos y patrocinar la jornada, y entre las que ya figuran algunas de las principales compañías españolas como Banco Santander, Telefónica, El Corte Inglés, Endesa o FCC, entre muchas otras.
No obstante, según informaron ayer a este diario fuentes del Ministerio de Hacienda, que lidera el consorcio creado para adecuar los gastos a los objetivos del encuentro religioso, resulta muy complicado estimar a priori la cuantía de las desgravaciones, ya que se trata de una magnitud que sólo se calcula posteriormente en función de las empresas colaboradoras y de la cuantía de la colaboración.
Por su parte, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid facilitarán también ayudas en especie, como el alojamiento de los peregrinos en centros educativos públicos y polideportivos, y colaborarán en las labores de seguridad (a través de efectivos de Policía Municipal, Samur y Emergencias 112 ) y protección civil.
En cuanto al impacto global que tendrá la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud para los contribuyentes, es decir, el coste derivado tanto de los recursos humanos como de la cesión de espacios públicos, distintos departamentos gubernamentales consultados ayer prefirieron no hacer pública estimación alguna.
Desde la organización del evento tampoco evalúan el valor de estos recursos al considerar que en España «eso no se paga» por parte de los organizadores, de la misma forma que los convocantes de una manifestación tampoco pagan por la presencia de la policía. «Lo que cuesta usar la Cibeles ni siquiera está medido», argumentan las mismas fuentes, que creen que la situación es la misma que cuanto se prepara un Mundial de fútbol. Además, sostienen que la Jornada supondrá beneficios en materia de imagen tanto para Madrid como para el país, y señalan que unos 4.000 periodistas cubrirán el evento. Desde el Gobierno, se equipara la visita de Ratzinger a la de otros jefes de Estado, pese a que el viaje del jerarca católico tiene la doble consideración de visita oficial y visita pastoral, según los organizadores.
Una multinacional religiosa
El decidido apoyo del Gobierno a la celebración del evento religioso no ha pasado desapercibido para organizaciones civiles como Europa Laica, cuyo presidente, Francisco Delgado, criticó ayer duramente que, en tiempos de crisis, se dediquen fondos públicos a financiar «una multinacional religiosa inmensamente rica».
Delgado compara el «dispendio» que supondrá la visita de Ratzinger con partidas cuestionadas como los 250.000 euros que cuesta el uso de lenguas cooficiales en el pleno del Senado para criticar acto seguido que el Estado le «rinda pleitesía» de esta forma a un líder religioso cuando además España «ya no es católica socialmente».
Y es que, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque el 73% de los españoles se declara católico, casi seis de cada diez reconocen que no van a casi ningún oficio religioso.